El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:
“Estimado señor
Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.
El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).
A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.
Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´
La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos.
El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años.
Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.
Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.
Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)
Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc.
¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas?
¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?
Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana”
Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente:
“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:
Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.
No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.
O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.
Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.
Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.
En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”
Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:
“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.
Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile.
Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:
En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.
¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”
Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS
Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.
6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.
Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.
Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).
Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!
Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).
Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.
Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.
ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública:
Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil;
Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.
Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.
ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.
San José, sábado 20 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
La Fracción condena apoyo dado al individuo y aplausos que recibió durante el evento.
En la actividad estuvo presente el Comisionado para la Inclusión Social, Ricardo Sossa y otras personas funcionarias públicas.
Los hechos se dieron este miércoles 17 de agosto por la noche, durante una reunión de la comisión de la Mesa Técnica Interistitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La sede fue la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas.
Durante la actividad se le dio el micrófono a Luis Eduardo Varela Rojas, quien con orgullo afirmó que “Yo fue el que lo maté”, refiriéndose al recuperador y líder indígena Jehry Rivera, asesinado entre el 23 y 24 de enero de 2020.
Al final de su declaración fue vitoreado por las personas asistentes.
En la reunión estuvieron presentes personeros de gobierno, entre los que destacaba el Comisionado para la Inclusión Social designado por el Gobierno, Ricardo Sossa, entre otros.
“Estuvieron presentes cuando el asesino de Jehry Rivera emitió unas declaraciones sumamente violentas incitando al odio” denunció el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, sobre la presencia de Sossa y otras personas funcionarias.
Robles fue enfático en que el Gobierno debe responder por la lamentable situación durante una reunión de carácter oficial porque “toda violencia que se promueva en territorios indígenas deberá ser aclarada.”
El legislador frenteamplista anunció que desde ya la fracción exigirá por las vías oficiales las explicaciones a las autoridades correspondientes y que no se detendrá hasta que en los territorios indígenas exista paz y justicia.
El Foro de Justicia Costa Rica expone en un breve audio la necesidad de que las diputados y los diputados recapaciten y aprueben la reforma reglamentaria para transparentar mediante el voto público algunas de las votaciones lesgislativas, pues este «es un derecho».
Marcia Aguiluz, en representación del Foro de Justica explica que algunos argumentos como amenazas que han recibido y por ello prefieren el voto secreto no son aceptables. Si eso ocurre «deben ser denunciadas ante los organismos competentes para identificar a quienes hacen intimidaciones, pero eso no puede justificar que las votaciones sigan siendo secretas», dijo. Principios constitucionales como la publicidad de lo que se acuerda así como la transparencia y rendición de cuentas son base para que esta reforma se apruebe.
«El país necestia esa reforma para proteger y fortalecer la institucionalidad» señaló Marcia Aguiluz. SURCOS le invita a escuchar y compartir el audio de unos dos minutos y medio.
Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial
El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.
Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.
Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.
Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.
Información relevante sobre el caso:
¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?
Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?
Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?
Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.
Por Pablo Sibar Sibar, líder indígena Brörán y defensor de derechos de los pueblos indígenas
Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.
Ahí a las 2 de la madrugada abrazados para poder repeler el frío de esa Ciudad fue que conversamos que habíamos agotado todas las vías para que el Estado Costarricense nos devolviera nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.
Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los comenzamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestros territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.
Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.
En mis más de 40 años de lucha he escuchado a muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.
Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.
Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.
Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.
Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.
Imagen: Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran. Foto de la UNED.
PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y Concejo de Mayores Brörán
El día 9 de agosto de 2010 en la Asamblea Legislativa fueron sacados a la fuerza con violencia compañeras y compañeros de diferentes territorios originarios que reclamaban que se le diera trámite o se archivara el proyecto de ley de desarrollo autónomo. Hoy 9 de agosto de 2022 TRAS 12 AÑOS DE ESE ACTO VIOLENTO HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LA SITUACIÓN NO HA CAMBIADO Y POR EL CONTRARIO HAN SUCEDIDO ATROCIDADES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. El Concejo Ditsö iriria Ajkonuk de Salitre, el Concejo de Mayores Bröran de Térraba, Concejo Iriria Satkok de Cabagra y recuperador@s de China Kicha se permiten pronunciar lo siguiente:
-Tras el inicio de la reafirmación impulsada por el Pueblo Bribri de Salitre en 2010, al día de hoy se han recuperado más de 60 fincas usurpadas por personas no indígenas distribuidas en Salitre, Térraba, cabagra y China Kicha. La USURPACION es uno de los principales factores que ha traído la violencia hacia nuestros pueblos. ¿CUANTAS FINCAS HA DEVUELTO EL ESTADO COSTARRICENSE AL 2022? Tras años de reclamos el estado no ha devuelto ni una finca desde que existe la Ley 6172 en el año 1977, YA SON MÁS DE 40 AÑOS DE DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO COSTARRICENSE CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
-En el año 2014 se recuperan 2 fincas ubicadas a la entrada del territorio, en donde se reunieron más 200 personas no indígenas usurpadoras guiadas por Thais Vidal (condenada por usurpación) e indígenas malinches tales como Doris Ortiz (promotora de violencia y non grata en el territorio). Se bloquea la entrada principal al territorio y se queman y destruyen los ranchos que habían hecho los recuperadores. Antes de eso estas personas y su grupo de agresores participaron de diversas formas agrediendo al pueblo bribri de Salitre. Incluso recientemente han sido parte de las reuniones en donde se reúnen los usurpadores. TRAS TODO ESTO, LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES IRRESPETANDO Y VIOLENTANDO EL PUEBLO BRIBRI SE REÚNE EN EL TERRITORIO DE SALITRE CON AQUELLOS QUE POR AÑOS HAN VIOLENTADO LOS DERECHOS DEL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE. ESTE ACTO ES TOTALMENTE CENSURABLE Y REPROCHABLE.
En estos momentos en el Territorio Bribri de Cabagra en el sector llamado Di butuk Wuyirke la familia Sandi morales están siendo asediados por usurpadores no indígenas en la recuperación legítima que ejercieron hace unos meses, ¿QUE ESTÁ HACIENDO EL ESTADO PARA ASEGURARLES EL DERECHO A LA TIERRA A ESTA FAMILIA?
-Ha habido muchas denuncias judiciales en donde no se resuelve conforme al derecho sino más bien el Poder Judicial ha puesto todos sus departamentos en contra de la población nuestra. LA IMPUNIDAD ha jugado un rol principal en contra del cumplimiento de la ley y la aplicación de los diferentes instrumentos jurídicos que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas. Incluso el poder judicial tuvo la intención de desestimar la causa por asesinato de nuestro compañero Sergio Rojas. EXIGIMOS JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA.
-En el año 2019 es asesinado nuestro compañero Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak miembro del FRENAPI e integrante del Concejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa (CODIAW) quien fue uno de los principales compañeros que impulsan la reafirmación territorial, aquella que por muchos años ha sido negada por el Estado (Sergio fue uno de los compañeros expulsados de la Asamblea Legislativa en 2010). Esto a pesar que desde 2015 fueron dictadas medidas cautelares(MC321-12) a favor del Pueblo Bribri QUE INDICABAN EL RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA QUE CORREN LAS PERSONAS LÍDERES Y LIDERESAS DE LOS TERRITORIOS ORIGINARIOS.
En China Kicha en este 2022, recientemente hay amenazas de muerte contra los recuperadores Greivin Fernández y Juan de Dios Fernández, compañeros que han dado la lucha por defender su tierra, ¿El PODER JUDICIAL YA EMPEZÓ A INVESTIGAR ESTE CASO O UNA VEZ MÁS HARÁ CASO OMISO?
-En el 2020 es asesinado Jehry Rivera del Pueblo Bröran de Térraba por una turba de usurpadores no indígenas que al día de hoy siguen generando conflictos en el territorio, además hay múltiples amenazas contra los recuperadores tal como el compañero Pablo Sibar, líder bröran y otro de los compañeros expulsados de la Asamblea Legislativa en 2010, todo esto sucede cuando existe las medida cautelares a favor del Pueblo Bröran y que en muchas ocasiones se le ha expresado al estado gobierno que ni siquiera ha podido implementar estas medidas, ¿SERÁ QUE EL NUEVO GOBIERNO IMPLEMENTARÁ ESTAS MEDIDAS A CABALIDAD?
-En los territorios existen entes capaces de administrarse y gobernarse desde antes de la creación de la ley indígena, hoy en día después de más de 40 años de comprobar que los territorios indígenas se rigen de una forma diferente a la política del Estado, el Estado no ha hecho nada para dar seguridad jurídica y sobre todo mayor autonomía a los territorios mediante el fortalecimiento de sus organizaciones, más por el contrario se ciñe en seguir utilizando las ADIS, CONAI y otros entes para socavar los principios más básicos de la organización política de los Pueblos. EXIGIMOS SE RECONOZCAN NUESTRAS PROPIAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN.
-Los Pueblos Originarios EXIGIMOS al Estado costarricense el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para la protección de la tierra-territorio como parte de los derechos como ciudadanos. YA BASTA DE NEGAR CON LA OMISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES QUE PROMUEVE UN CLIMA DE INSEGURIDAD PARA NUESTRA POBLACIÓN.
Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, vemos y sabemos muy bien quienes son los que acusan a los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que están recuperando tierras de diferentes partes de los territorios indígenas. Somos todos y todas los y las que estamos defendiendo el derecho a la tierra, a la autonomía, a la identidad, a nuestra cultura como lo hemos venido haciendo desde el 9 de agosto del 2010 para acá, construyendo nuestra Autonomía desde los Territorios, al ser desalojados con violencia de la Asamblea Legislativa.
Toda una vida ha querido meternos en un sólo saco, y dicen que “todos somos iguales, que la Ley nos protege a todos”, pero no es así. A los usurpadores que nos han arrebatado con violencia la tierra, nadie los toca, pero cuando iniciamos el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (2010), recuperando la tierra que es nuestra, entonces dicen que estamos actuando de manera violenta, cuando la Ley Indígena dice claramente que los territorios son exclusivos de las comunidades indígenas.
También dice la Ley Indígena 6172, que desde 1977, los y las NO indígenas, NO pueden adquirir, alquilar ni usar tierras indígenas, construir casas o sembrar y que está prohibido cualquier contrato o documento que haga esos negocios, entonces, ¿quiénes son los ilegales, los usurpadores, los violentos?
Sabemos que desde hace mucho tiempo CONAI ha estado ahí, no para defender los derechos de los pueblos indígenas, nunca lo hizo y nunca lo va a hacer por cuanto es una institución del gobierno. La Ley indígena tiene más de 45 años y tampoco está funcionando, no la ponen en práctica.
Desde 1990, caminamos hasta San José en tres ocasiones, con gran sufrimiento y sacrificio, saliendo de nuestro territorio con muchas dificultades, dejando nuestra casa, nuestra familia y cuántas dificultades pasamos sin saber cuánto llevamos en el bolsillo, para poder sobrevivir, con el apoyo de muchas personas y organizaciones solidarias ,logramos hacer esas “caminatas”, sin embargo, NO escucharon los Gobiernos, desde mucho rato ya.
Desde 1977, incluso con la Ley ya aprobada, hemos perdido más territorios en manos de agresores/as usurpadores/as NO indígenas, que se han metido por la fuerza o han engañado en nuestras comunidades, muchas veces porque no hablamos el idioma, otras porque no entendemos sus leyes y otras porque nos han amenazado y agredido; se han apoyado en otras/os “indígenas” que han renunciado a su identidad, y que son ellos/as los que han traído desgracia, maltrato y asesinatos a nuestras comunidades.
Denunciamos que la defensora de los habitantes Catalina Crespo, realizó una visita a los territorios del sur del país acompañada por los indígenas renegados/as que están en contra de nuestros derechos como pueblos indígenas. Ya han pasado más de 500 años, y siguen con el discurso que impusieron los conquistadores de otro continente, así decretaron que nuestras tierras eran de ellos, se apoderaron, encarcelaron, mataron e impusieron esas sus “leyes”; que son las mismas que ahora siguen imponiendo en contra nuestra, dicen que las recuperaciones son ilegales y violentas, pero no reconocen esos siglos de arrebato, agresión y asesinato que llegan hasta nuestros días más recientes con el asesinato (2019) de nuestro compañero Coordinador de FRENAPI Sergio Rojas Ortiz, Uniwak de Salitre y Jerhy Rivera Rivera (2020), recuperante de tierras en Térraba.
Vamos a seguir recuperando lo que nos pertenece, ya les hemos avisado con mucho tiempo a los y las usurpadoras/es, que salgan y se lleven sus ganados y sus mejoras construidas ilegalmente. Estamos protegidos por las Leyes de Costa Rica, los Convenios Internacionales de la OIT en especial el 169 y las Resoluciones Judiciales del país (Sala Cuarta y Tribunales Agrarios) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH de la OEA).
La Defensora Crespo, es una agresora más, miente y está parcializada con quiénes son responsables de las usurpaciones, agresiones y asesinatos; guarda silencio cómplice de todas esas violaciones y cuando hace referencia a los “derechos humanos”, olvida la historia de terror en que hemos vivido, repite que las recuperaciones son “ilegales”, azuzando e incitando a más violencia en contra nuestra. Señora Crespo, no puede usted hablar en nombre de los Derechos Humanos, mejor renuncie y váyase, pero por favor no haga ese “papel”, que todos y todas le estamos viendo y muy de cerca.
Estamos amenazados, ahora más que nunca, pedimos acompañantes internacionales, de organizaciones de Derechos Humanos y Paz y de Organismos de la ONU.
La tierra es nuestra madre, la tierra es la medicina, la tierra es la salud, sin tierra no hay cultura, por eso luchamos y seguiremos luchando hasta donde nos den las fuerzas.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS VIVEN , LA LUCHA SIGUE !!
LA TIERRA ES LA BASE DE NUESTRA AUTONOMÍA
EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA SIGUE Y SE EXTIENDE!!
SERGIO y JERHY VIVEN , LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!!
FRENAPI VIVE – LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.
Ahí a las 2 de la madruga abrazados para poder repeler el frio de esa Ciudad fue que conversamos que habitamos agotado toda las vías para que el Estado Costarricense nos devolvieran nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.
Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los comenzaríamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestro territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.
Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.
En mis más de 40 años de lucha he escuchado muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.
Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.
Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.
Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.
Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.
