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Etiqueta: Asamblea Legislativa

¿Hay interés político de desplazar al Partido Acción Ciudadana del Gobierno?

Vladimir de la Cruz

Hace unos días participé, por voluntad propia, de convidado de piedra, en una conversación, un chat, que tenían un grupo de estimables personas, preocupadas por el devenir político del país.

La discusión se centraba, en la parte que me interesó, en el futuro político electoral del país. Las discusiones giraron alrededor de posibles reformas electorales que debían hacerse para mejorar la calidad de los diputados y el modo de escogerlos.

En esta perspectiva algunas opiniones se produjeron sobre fórmulas que hay para escoger y nombrar diputados, y algunas propuestas que se han hecho en los últimos tiempos en el país, así como las que se han llevado directamente al seno de la Asamblea Legislativa, entre ellas, ampliar el número de diputados, con lista nacional, la de hacer distritos electorales y que por ese medio se escoja un diputado por distrito, que participen con candidatos grupos organizados que no sean partidos políticos y otras propuestas, todas válidas para la discusión.

Lo que me sorprendió de ese intercambio de opiniones, con personas curtidas en procesos electorales, con personas que han participado abiertamente y con intensidad en partidos políticos y en procesos electorales, es que parecía que hablaban de otro mundo.

Ninguno de los que oí señaló que el proceso electoral está en marcha, que el primero de enero próximo, estamos a 7 semanas de eso, el Tribunal Supremo de Elecciones publicará el Calendario Electoral de las próximas elecciones, que parte desde el primero de enero del 2021 hasta el primer domingo de febrero del 2022, faltan 14 meses, y al primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda, por lo que ya no hay tiempo de hacer cambios en el modo de escoger candidatos a diputados, que requieran cambios constitucionales, como lo que discutían en ese chat.

En este momento todos los partidos tienen que someterse al actual régimen legal, establecido por el Código Electoral y los Estatutos de los partidos políticos, para definir la escogencia y el modo de nombrarlos.

Lo que los partidos políticos sí pueden hacer, todavía en tiempo, es modificar sus Estatutos sobre el método de elección, si por Convención Nacional, por Asambleas Provinciales, Cantonales o la Nacional, que siempre tiene el trámite de aprobación de lo que resuelvan las asambleas inferiores, como ya lo están haciendo unos partidos políticos.

Pero, tampoco les queda mucho tiempo. El tiempo corre, y puede suceder que cualquier acuerdo de Asambleas partidarias pueda ser impugnado legalmente y puede ir a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, y si corresponde, a la Sala IV, y esto es un problema que puede causar atrasos en la determinación de candidaturas, y de riesgo de inscripción a las mismas.

En este sentido lo más prudente para todos los partidos políticos es que los procesos de asambleas nacionales o provinciales, que tengan que hacerse, las realicen antes del mes de mayo próximo, por si tienen que repetirlas, de manera que al mes de julio, a más tardar agosto, todo lo de candidaturas esté resuelto. De esta forma, el segundo semestre del próximo año el panorama electoral estará bastante claro para todos los electores.

El otro aspecto que se ha hablado, de parte de algunos miembros y líderes, especialmente parlamentarios, de los partidos, es la posibilidad de una Coalición Política, unión de varios partidos para ir de esa manera a enfrentar el proceso electoral.

En este escenario se habla de dos dimensiones, la Coalición en toda la línea, cuando los partidos se unen para nombrar con una sola plancha presidencial y con unas únicas planchas diputadiles por provincia, a todos sus candidatos, y la otra opción, que he oído, es una Coalición presidencial pero con planchas independientes de los partidos coaligados para sus propios diputados. A mi modo de ver esto les enreda los escenarios porque los partidos tienen que hacer campaña para la coalición presidencial y para la lista propia de diputados, es un doble esfuerzo en propaganda, en gastos, en imágenes, en organización, en atención política.

El caso de las coaliciones tiene un proceso complejo. No es suficiente estar de acuerdo en unirse. Los partidos que se van a coaligar tienen que hacer un acuerdo de Asamblea Nacional, o Provincial, si es del caso, indicando que están de acuerdo en la Coalición, en el nombre de la coalición, sus estatutos, sus candidatos.

Todos los partidos que se van a coaligar tienen que aprobar en sus Asambleas los documentos del Partido que surge de la coalición, sus órganos directores, tiene que aprobar los candidatos, de los distintos partidos, donde además deben guardar las disposiciones generales de alternabilidad de género de forma vertical, por cada provincia, como horizontal, de manera que en al menos tres provincias vayan encabezando mujeres.

Sinceramente, me parece que algunas personas, quizá muchas, no tienen claro cómo funciona el proceso electoral nacional y lo peor es que esperan hasta última hora para impulsar los cambios y alianza.

A pocas semanas de iniciar el proceso electoral del 2021-2022 es necesario empezar a discutir más ampliamente sobre ese escenario que viene.

¿Hay interés político de desplazar al Partido Acción Ciudadana del Gobierno? ¿Tiene posibilidades el Partido Acción Ciudadana de tener un tercer período de gobierno consecutivo? ¿Si la gente está decepcionada del Partido Acción Ciudadana, volverá los ojos hacia los partidos tradicionales que han gobernado? ¿Qué nuevas opciones hay hoy en el escenario electoral, existentes y posibles? De estos temas seguiremos hablando las próximas semanas.

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
  5. Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
  6. Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
  7. Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
  8. Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
  9. Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

Defendamos el Derecho Humano de la Cultura. ¡Que no cercene el Presupuesto de las instituciones culturales costarricenses!

Cuando hablamos de la Cultura costarricense generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas y a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos, que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social, que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la Escuela, el Colegio y la Universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la Universidad, y en la Iglesia también.

La Cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio, y las diversas formas de trabajo, así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamientos sociales e individuales, que heredamos y en las que participamos desde pequeños.

La Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles y intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Así tenemos la Cultura Costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La Cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial, que hoy recogemos bajo la forma de Patrimonio Cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general, como las hay en Costa Rica.

La Cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la Cultura Universal, haciendo que cada pueblo tenga SU cultura, expresada en sus particularidades que provocan, en mucho hoy, los grandes procesos migratorios de turistas para ir a conocer otras regiones, o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto, o para ir a observar Museos donde se resguardan para este deleite, las obras de las distintas manifestaciones de las diversas Artes, las Ciencias, la Música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese Patrimonio Histórico Cultural y Natural de nuestro país?

Por esta razón también los pueblos y las sociedades, han construido Museos, Bibliotecas, Archivos Nacionales, Centros de Rescate de este patrimonio humano. Y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener, en estas instituciones, los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural, para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro.

En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el Siglo XIX, con una sociedad más pobre, en recursos económico financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero, en esos tiempos, habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar estas instituciones de la Memoria Nacional. Y, hubo, sobre todo, los personajes políticos, Presidentes y Diputados, personas cultas y educadas, que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales, que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente, y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos.

El Archivo Nacional fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y de especialidades archivísticas, como el depósito y la conservación de los Protocolos Notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el edificio del Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como Museo. La Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, que se fundó el 13 de octubre de 1888, y con ella crecieron, a su amparo y protección, las Bibliotecas públicas costarricenses, que en algunos cantones son grandes y muy importantes. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las siete provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). En el caso de nuestra Biblioteca Nacional tiene documentos desde el siglo XVI.

Estas Instituciones, sagradas de la Cultura costarricense, tuvieron distintas sedes físicas, hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios, propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento.

El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los tres pilares mas importantes de nuestra Identidad Nacional, de la Identidad Nacional Costarricense. En el siglo XIX otras instituciones como el Registro Nacional, de propiedades, iniciado en 1841 y fortalecido a partir de 1867, y luego el de personas, a partir de 1887, el Instituto Geográfico Nacional, nacido como Instituto Físico Geográfico en 1889, son también instituciones que ayudan a perfilar la identidad nacional costarricense. Así se podrían mencionar otras instituciones de este tipo, desarrolladas en el siglo XX.

En el campo de la Cultura Costarricense el gran viraje lo dio el Presidente José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971, con el antecedente de en que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, Isacc Felipe Azofeifa Bolaños, Daniel Oduber Quirós y Carlos Monge Alfaro presentaron una propuesta a la Junta, para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Por iniciativa, luego de Alberto Cañas Escalante, en 1963, en el gobierno de Francisco Orlich, propuso crear adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atienten a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el apoyo de Fernando Volio Jiménez y el propio Presidente José Figueres.

En el Ministerio se concentraron las instituciones Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo Nacional y el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Editorial Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la designación y declaración de los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge.

El Ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de Cultura y Juventud, y Deportes, en una parte de su historia, para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional.

En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que viene desde mediados del Siglo XIX.

Las tareas que por ley y misión histórica tiene el Ministerio son las de “Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.”

Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: La Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Pública, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección del Centro de Investigación y Conservación Patrimonio Cultural, la Dirección de Bandas. Y, los siguientes órganos, el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SIMEN), el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Historico cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer.

Junto a estas instituciones está también el Archivo Eclesiástico “Bernardo Augusto Thiel”, muy importante para la cultura nacional, no solo religiosa.

Cuando hoy los Diputados están cercenando el Presupuesto Nacional del Ministerio de Cultura, como quien corta una res en un matadero, están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad institucional. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como Nación, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra Identidad Nacional, son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los Diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la Cultura como un Derecho Humano.

De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la Historia Costarricense, y de conocimientos básicos de Cultura General, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción, para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias, que se agrupan en el campo de la Cultura, en un periodo de crisis, como el que vivimos, pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un período de crisis como éste es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la Cultura Nacional y Costarricense. En un período como el que vivimos de inserción en la economía global y de Tratados de Libre Comercio, donde tienden a desdibujarse la naciones y los país, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la Identidad Nacional y de Nuestra Cultura Costarricense, para poder sobresalir en ese mapa global.

Pero, Diputados de la Nación, Representantes Populares, del Pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su Identidad Nacional.

Perdónenme, que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio puede actuar de esa manera, o siendo personas imbéciles, es decir que sean poco inteligentes, por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y entendimiento para comprender actos que realizan. Parto de la idea que los señores Diputados no caen en estas categorías.

Espero que la Asamblea Legislativa, en su nuevo edificio, no obnubile el entendimiento, la capacidad de razonamiento de los Ciudadanos Diputados, no los egolatrice al extremo de que su auto valoración, su auto estima, su auto adoración exagerada, su auto percepción de su condición de Diputados, no lo haga sentirse Dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple Tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la Cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos.

Coherencia perversa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hay una coherencia perversa en la mayoría parlamentaria que se impone en estos momentos. Es lógico que los diputados y diputadas que le regalan 160 millones de colones a una asociación religiosa privada sin controles, o que invitan a líderes religiosos a inaugurar las nuevas instalaciones del Parlamento, confundiendo una institución pública con un sitio confesional; es lógico, digo, que sea esa misma mayoría parlamentaria la que quiera desfinanciar y asfixiar económicamente a la educación y a la cultura públicas.

No admiten más verdades que sus dogmas, por eso abominan del conocimiento científico. No conciben más texto que SUS biblias, no admiten más templos que sus iglesias, queriendo ver cerrados teatros, cines, centros culturales gimnasios y estadios. Y agitan sus demonios, pecados e infiernos para impedir que los espíritus libres conquisten el futuro.

El hilo se revienta por lo más delgado y una nación con educación pública y una inversión cultural anémicas, son la vía más rápida para acabar con la democracia. No es cualquier cosa la que se juega con esta fiesta de recortes en inversión social. Se estarán revolcando en sus tumbas las generaciones pasados que apostaron por una Costa Rica culta y educada.

¡Qué vergüenza!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Colectivos literarios envían carta a legisladores

Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.

San José, 18 de octubre de 2020

Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente

Estimados señores y señoras:

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.

De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.

Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.

Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.

Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.

Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.

Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.

Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.

Ver las firmas en la carta para descargar:

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

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