Comunicado de Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Ante la reunión que se ejecutara el día 07 de enero de 2020 en el local del Sindicato Nacional de Enfermería en relación a la formulación de una táctica y estrategia de cara al Proyecto de Ley de Empleo Público, se pretende hacer un balance político para avanzar en los 4 elementos que se exponen a continuación:
El movimiento sindical de Costa Rica y en general el movimiento social, tiene que aspirar a una rearticulación para construir un gran movimiento cívico-patriótico nacional, que tiene que tener una visión más allá del sector público y en esta coyuntura estar posicionado en los territorios con los actores hombres y mujeres que están ahí, para apostar a ese movimiento antes mencionado, sin excluir ningún actor o dirigencia de nuestros territorios.
Hacer un llamado general y concreto a que los empleados públicos y sus familias no voten por ningún partido político tradicional tales como: PLN, PUSC, PAC, evangélicos-cristianos y en general a cualquier partido político que en los últimos dos años ha castigado a los empleados públicos y privados. El país ocupa un viraje hacia el humanismo, el progresismo y hacia la solidaridad, y eso incluye la necesidad urgente de hacer un cambio dentro del marco democrático entre los diferentes estamentos de la institucionalidad, lo que incluye a la Asamblea Legislativa.
Es urgente que se reconfigure desde una táctica y estrategia jurídica el escenario de lucha en términos de fortalecer nuevamente el tema del derecho de huelga en el sector público. Lo anterior, es un elemento que puede inclinar la balanza hacia una correlación de fuerzas no pensando en esa huelga como instrumento desfavorecedor de la gente, sino más bien de inclinar la balanza para que el país empiece a caminar por una ruta distinta.
Por último, que se tenga como consigna la urgente necesidad de la defensa de la institucionalidad y plantearse una agenda país para modificar en el 2022 y en el marco democrático la asamblea legislativa. Se debe hablar claramente con empleados tanto públicos como privados y exponer con toda contundencia que se necesita una ruta que vuelva a poner a Costa Rica en la vía hacia un Estado benefactor, ya que el mercado no resuelve los problemas de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza sigue siendo un tema imperante en el país y en el mundo.
Inició el 1 de enero la tercera década del Siglo XX. Para nosotros, en el campo político, es un inicio de lucha electoral por la Presidencia de la República, sus vicepresidencias y por la integración de la nueva Asamblea Legislativa, proceso que inicia este año, se abre para la campaña electoral en octubre y finaliza en febrero, del 2022, en la primera ronda electoral, o en abril si no hubiera un resultado superior al 40 % de votos válidamente emitidos a favor de alguno de los partidos que participarán en las elecciones.
Cuando iniciamos el Siglo XXI, el 1 de enero del 2001, comercialmente se celebró en la noche del 31 de diciembre de 1999 y del inicio del 1 de enero del 2000, hubo grandes premoniciones y presagios sobre este nuevo Siglo y nuevo Milenio. Se hicieron comparaciones, se recogieron visiones del pasado sobre ese acontecimiento, se pensó, y hasta la comunidad científica cayó en el temor, que con el cambio de siglo iba a producirse un descalabro en las computadoras y sistemas informáticos a nivel mundial, lo que no ocurrió.
Algunos, como yo, pensamos que en el campo de la tecnología de los transportes íbamos a estar viendo cambios asombrosos, que no se han dado. Las líneas de diseños de autos no han cambiado sustantivamente, ni nos han metido en un siglo de transformaciones impactantes. Lo más moderno es lo que ha soñado la Primera Dama de su tren superando la chatarra y trenes de segunda que se habían comprado en España. Hasta ahora un sueño…ojalá no sea de opio.
El aerodinamismo como diseño de objetos no me ha provocado a mí nada que me diga que estamos en las primeras décadas de un siglo muy diferente a las últimas dos décadas del siglo anterior.
Los sistemas inteligentes en aparatos de la vida cotidiana no llegan todavía a consumos populares masivos domésticos, quedan fundamentalmente en los
guindajos, algunos de ellos muy caros, que usa la gente, teléfonos, relojes, anteojos, y otros objetos que permiten comunicaciones a todo dar, casi como si fueran minicomputadoras, con mediciones del estado de cuerpo, de su temperatura, de sus composiciones químicas, de la medición de pasos, de consumo de calorías, y muchas otras alternativas que son atractivas a los usuarios, como la posibilidad de control remoto de vigilancia de las casas, de abrir puertas, de prender o encender microondas, refrigeradoras, cocinas, y control de otros electrodomésticos, cerrar y abrir ventanas o cortinas o cortineros, y de pequeños, medianos y grandes robots que colaboren en tareas hogareñas. En fin, en estos aparatos se realiza, en mucho, la vida cotidiana de este nuevo Siglo XXI.
Los autos eléctricos no son una novedad de este siglo, los que se han acompañado de los autos que pueden parquearse solos, que reducen la velocidad frente a otros, para evitar choques o disminuir accidentes, en aviación de pasajeros no se ha deslumbrado con nada especial, ni en el campo de la industria turística marítima, que se mantiene con sus clásicos cruceros.
Los autos voladores se empiezan a mencionar, pero tardarán más que los eléctricos en popularizarse.
La ciencia, la tecnología y la medicina, en constante renovación y desarrollo, nos impactan de vez en cuando con algún avance significativo. Sin embargo, a mi modo de ver, lo que más va a impactar en todos estos campos es lo que se avanza en el campo médico para enfrentar la Pandemia del Coronavirus, y las futuras enfermedades y otras “pandemias” que puedan suceder, por el alto impacto que ha tenido ésta en la economía mundial. Solamente lo que se ha hecho y avanzado, con gran éxito en las distintas vacunas contra este virus es verdaderamente revolucionario en todos los campos.
Es la Pandemia la que va a marcar esta década que inicia este mes de enero. Los efectos que ha tenido en el campo económico, financiero, productivo, de las relaciones internacionales, de los mercados de producción y distribución de productos y de riquezas, de equilibrio y de lucha entre las grandes economías y países. Son los efectos en las relaciones personales, familiares, sociales y políticas que también están siendo definidas por su proyección y alcances, por los hábitos sociales y de relación interpersonal que se han establecido y que difícilmente vayan a cambiar, o a devolverse.
Los afectos y muestras de cariño de las personas cambiarán y se regularán a partir de los cuidados que se han establecido para enfrentar la pandemia, por más que queramos abrazarnos, tocarnos o besarnos socialmente.
En aulas, desde la preescolar hasta la universitaria, igualmente, se establecerán reglas de relación y de contacto personal. Se tenderá a aulas con pocos alumnos, con buen espacio entre ellos. Sus actividades físicas, deportivas y recreativas se modificarán, sin dejar de existir. Se estimularán probablemente, más los deportes de carácter más individual. Los juegos de niños se orientarán, de igual manera, a los que puedan realizar ellos solos, en juegos de mesa, de armar o de construir, de rompecabezas y de pensar. Las tablets, los ipads, los teléfonos especiales para niños que ya se emplean, se harán más universales desde la más temprana infancia, contribuyendo a este aislacionismo de relaciones personales de contactos físicos.
El teletrabajo y la educación a distancia, o teleeducación, o sistemas virtuales de trabajo y de educación, se quedan a partir de ahora. La pandemia los impuso adelantándolos muchos años, demostrando su eficacia, eficiencia, su importancia, su comodidad y su alta capacidad de rendimiento.
Las Oficinas se reducirán en espacio por la extensión a las “oficinas espacios” de los teletrabajadores desde sus viviendas o casas, con más rentabilidad laboral. Se ha demostrado que los teletrabajadores “trabajan” más desde sus hogares casas, sin pagos adicionales, y con control permanente de sus trabajos.
Los efectos organizativos de estas nuevas modalidades laborales y de estudios empezarán a sentirse. Los trabajadores en general disminuirán su capacidad organizativa sindical, los educadores, todos, tendrán que ponerse al día, y más rápidamente que sus estudiantes, en las técnicas de comunicación virtual o computacional, en las nuevas tecnologías, como si fueran chips naturales de su ADN.
La política se transformará en mucho. La Telepolítica que ya existe aumentará. Los auditorios políticos se ampliarán por medio de todas las redes y formas de comunicación colectivas que actualmente permiten reunir, ante un conferenciante, a través de zoom, por ejemplo a más de 700 personas, lo que la universidades, en sus auditorios, no alcanzan ni a 300 cupos máximos, cuando los auditorios son “gigantes”, y cuando hay una tendencia de desarrollar aulas de conferencias, al doble del tamaño de una aula normal, antes que un Auditorio de 100, 200 o 300 personas.
Los auditorios tipo zoom revolucionaron las comunicaciones de líderes, que pueden llegar a amplios públicos e interactuar con cada una de las personas que está allí, de un modo directo, personalizado, si se quiere, con posibilidad de grabar la experiencia y de repetirla y oírla cuando se desee.
¿Cuánto afectará, en estos aspectos, estos elementos de la nueva década a la próxima campaña electoral en Costa Rica? ¿Será como, en los Estados Unidos, desarrolló Donald Trump su campaña y su ejercicio de gobierno, a puros twits?
Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.
La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.
Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.
Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.
En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.
Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.
Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.
Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.
En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.
El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.
Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.
La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.
El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.
Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.
Actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley No. 20.212 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, iniciado en 2016 y cuyo vencimiento cuatrienal es el próximo 15 de diciembre de 2020.
El Sindicato de trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se opone al proyecto y envía el siguiente comunicado:
«El AyA mediante PRE-2020-00186 advierte que «En el artículo 2 dentro de los principios generales, se requiere incluir los principios que en materia ambiental sustentan la materialización de la Ley: “principio precautorio o de evitación prudente” (…) “principio de no regresión” (…) “objetivación de la tutela ambiental” (…) “uso racional del recurso”». Entre otras recomendaciones que el AyA hace al proyecto, cabe destacar el del artículo 10, que los inspectores de la Dirección Nacional de Aguas debidamente acreditados (…) están facultados cuando exista o no previa denuncia presentada al efecto, para controlar el uso y aprovechamiento sostenible y eficiente del recurso hídrico…y, para practicar inspecciones en los sitios donde se está aprovechando el recurso hídrico concesionado o no…»
Además, en el artículo 26, AyA propone que no solo los funcionarios de la DINA sino, además, de las instituciones competentes, puedan practicar las inspecciones como los estudios técnicos en las áreas de protección del recurso hídrico como en las obras de abastecimiento poblacional.
Sin las medidas anteriores, se deja por la libre un tema de prevención como de remediación, en el cuido del agua para el bien común.
También le hace observaciones al artículo 59 sobre concesiones (puesto derogaría tácitamente disposiciones de la Ley 2726 del AyA), al artículo 63 para excepcionar por emergencia caudales concesionados a favor del AyA. Observa que las ASADAS no deberían pagar cánones (artículo 106).
Entre los destinos del Fondo (artículo 108) debería incluir la compra de terrenos con fines hídricos.
La revocatoria de la concesión por incumplimiento (art. 73) no figura en el Título de Sanciones, ni tipifica la obstrucción o impedimento de servidumbres necesarias para mantenimiento, reparación o sustitución de infraestructura hídrica».
El Sindicato envió una serie de preocupaciones y cuestionamientos a la diputada Paola Vega en una transmisión en vivo el 26 de noviembre, pero de acuerdo con el Sindicato, no hubo respuesta por parte de la legisladora.
¿Necesitamos más o menos diputados? ¿Cómo elegir de otra manera los diputados? ¿Hay tiempo para hacer los cambios constitucionales o legales para implementar hacia las próximas elecciones del 2022? ¿Es caro aumentar el número de los diputados?
Estas y otras preguntas son frecuentes cuando se habla de estos cambios posibles y ¿necesarios?
La Asamblea Legislativa, como se le llama al Poder Legislativo, desde 1949, es dentro de conjunto de los Poderes Públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con su Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral, con el Tribunal Supremo de Elecciones, el más importante, en su rango, por la representatividad popular que en ella se expresa y por la función legislativa que tiene, de hacer las leyes, y porque en ella descansa, por ese motivo, la Soberanía Popular.
Por los orígenes históricos y fundamentos políticos filosóficos que justificaron la existencia de estos Poderes, en oposición a las ideas teocráticas que justificaban el poder de las monarquías, que hacían descansar su origen en una decisión divina, de Dios, son poderes totalmente laicos.
La integración de sus miembros, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es por elección popular, donde los ciudadanos depositan su poder, por delegación de su voluntad, en el gobernante y en los diputados.
En la teoría política clásica esta delegación de poder debe guardar armonía entre gobernante y gobernados, con capacidad de los gobernados para destituir al gobernante que se aparte de esa armonía convirtiéndose en un dictador, en un déspota, en un tirano o haga de su gobierno un ejercicio autoritario, opresivo, conculcador de libertades y derechos, en perjuicio de los ciudadanos.
Frente al próximo proceso electoral se han venido impulsando iniciativas, de distinto orden y escenarios, entre ellos la misma Asamblea Legislativa, con proyectos de ley para tratar de modificar la integración del número de diputados, aumentándolos.
Para avanzar en esa dirección hay que hacer cambios constitucionales y legales, para los cuales ya no hay tiempo para impulsarlos y aprobarlos de modo que empiecen a funcionar en el próximo proceso electoral, al menos en la forma que se quieren introducir.
La esencia de la discusión es si debe aumentarse el número de diputados. ¿Cuántos diputados debemos tener hoy? Antes de 1949 el Congreso tenía 47 diputados, número que se mantuvo hasta 1956, cuando los diputados aumentaron a 57, como funciona hoy la Asamblea Legislativa. Al hacerse esa reforma no se previó haberla hecho de manera que periódicamente, con base a estudios censales de crecimiento de la población, se hubiera ido aumentando el número de diputados de conformidad a ese crecimiento poblacional.
Así, antes de 1949, con una población que andaba alrededor de los 700.000 ciudadanos, los 47 diputados representaban, cada uno de ellos, a 15.000 habitantes. Cuando se elevó el número de diputados, a partir de 1956, a 57, con una población de un millón de habitantes, cada uno de los diputados representó, en ese momento a 17.500 habitantes. Hoy tenemos cinco millones de habitantes con los mismos 57 diputados, de forma tal que un diputado hoy representa a 87.800 ciudadanos.
Es lógico entender que un diputado. debe representar a un número de habitantes. Así se hace hoy para distribuir el número de diputados a elegir por las diferentes provincias. Por eso unas provincias eligen más diputados que otras, lo que puede alterarse cada diez años por el análisis censal de población, para determinar dónde debe aumentarse un diputado en una provincia y cual otra provincia lo pierde si ha reducido su población inscrita registralmente.
De este modo, si guardamos la relación de 1957 entre población y número de diputados la Asamblea Legislativa debería tener 285 diputados. Esta estrecha relación puede resultar válida para un mejor control directo de los diputados por parte de los ciudadanos. En una escala de más de 100 países con una población similar a la nuestra los países tienen parlamentos o Asambleas Legislativas que oscilan entre 180 y 220 diputados.
El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue planeado para tener más de 100 diputados, debidamente instalados. Esto ha sido un acierto en perspectiva de hacia dónde debemos avanzar.
La otra discusión vinculada es cómo elegir. Aquí hay diferentes tesis. Una es aumentar el número de diputados al menos en una treintena más, hasta 87, que podrían elegirse de la forma como se hace ahora proporcionalmente por provincias. Otra es que esa treintena de diputados se elija en lista nacional paralela a las listas provinciales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para crear 40 distritos electorales, que elegirían un diputado cada uno y otro número de diputados que se elegiría por lista nacional hasta un número superior a los 80 diputados.
Ninguna de estas propuestas es válida para empezar a funcionar en las elecciones del 2022, porque requieren reformas constitucionales que hay tiempo de hacerlas. Esto quedaría para el 2026, siempre y cuando estas reformas se hagan entre el 2022 y el 2023.
Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y electorales, sí podría hacer una reforma electoral que produciría mejores efectos de distribución y de elección de diputados, sin alterar el número total de 57 diputados que hoy tenemos, y sin modificar el número de diputados que le corresponde a cada provincia.
El Tribunal Supremo de Elecciones bien podría dividir cada provincia en regiones internas, atendiendo número de habitantes y regiones para que el número de diputados de cada provincia se elija por micro regiones, sin hacer listas separadas de la lista provincial. Tan solo se determina que los primeros puestos son electos por una de estas micro regiones, y así sucesivamente con las regiones que se establezcan. De esta manera las provincias tendrían en la Asamblea Legislativa una mejor representación regional y de sus poblaciones. A modo de ejemplo, una Provincia como Guanacaste podría dividirse a este efecto en la región de los cantones de altura y los de bajura, la Provincia de San José en la parte central, en Pérez Zeledón con algunos otros cantones, y en la zona de los cantones de los Santos, la Provincia de Alajuela igual haría con los cantones de la zona económica del norte, los de la parte central de la Provincia y con los cantones del oeste.
Si el primero de enero, como debe estar programado por Tribunal Supremo de Elecciones, se anuncia y publica el calendario electoral desde esa fecha hasta los días que siguen al primer domingo de abril del 2022, en caso de que hubiere segunda ronda electoral, ya es muy difícil hacer reformas electorales profundas, que requieran modificaciones constitucionales.
Por eso la anterior propuesta puede ser válida. No requiere reforma constitucional alguna al mantener el número nacional de diputados y el número de diputados por provincia. Y, sin lugar a dudas mejoraría la representación provincial de diputados.
En algo que no es nuevo, el señor Rubén Hernández plantea la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en la mayor parte del sector público costarricense.
Adiciona además en sus comentarios (en la Asamblea Legislativa), que en esta discusión no debemos participar los laboralistas porque no entendemos nada, y en una publicación reciente en una empresa de comunicación, señala que tampoco debe participar en esa discusión los empleados públicos y sus organizaciones, a quienes asimila a delincuentes.
Debo advertir entonces que, bajo los parámetros definidos por este abogado de larga data empresarial, intervengo desde mi doble deslegitimación, ya que soy laboralista y delincuente (en tanto empleado público y ex-asesor sindical).
No obstante, les tomo un par de minutos para valorar por el fondo lo que este jurista dice, y que es aplaudido una vez más por la Procuraduría General de La República que siempre ha insistido en esta posición.
Al efecto inicio con algo que ya había escrito hace un par de años respecto de esta posición:
Respecto del intento de don Rubén Hernández de señalar que la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional (artículo de La Nación) por haber incluido la negociación colectiva en el sector público, les puedo asegurar que, de acuerdo a los señalado expresamente por la Sala Constitucional, está totalmente equivocado.
En concreto:
La argumentación de don Rubén Hernández se cae por dos razones:
EN PRIMER LUGAR la posición inicial de la Sala Constitucional cambió, primero con un voto minoritario del magistrado Carlos Arguedas, luego de Fernando Cruz, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más reciente de la UNANIMIDAD de la Sala Constitucional.
En síntesis, Rubén Hernández está viviendo en el pasado. Hoy la Sala Constitucional sostiene, UNANIMEMENTE OTRA COSA. En la sentencia del año pasado (7721-2015) la Sala Constitucional declara constitucional la convención colectiva de trabajo en el Ministerio de Educación Pública (gobierno central), frente a la tesis que defendía Otto Guevara que es la misma que sostiene Rubén Hernández en el artículo de hoy.
EN SEGUNDO LUGAR: Dicho lo anterior, la RPL partió de los lineamientos de la sentencia 1696-92 que estableció que se pueden usar el arbitraje y la conciliación en el sector público, pero con limitaciones (todas recogidas en la RPL: por ejemplo, en art. 692 se prohíbe el arbitraje de conciencia, y en el 693 se prohíbe excepcionar leyes y normas).
También se siguió la sentencia 4453-00 en la que dijo que pueden negociar convenciones colectivas de trabajo los empleados públicos que no realicen gestión pública. La RPL definió quiénes son los que hacen gestión pública y los excluyó del derecho a la huelga (inciso 5 que se agrega al art. 112 de la Ley General de la Administración Pública; y arts. 683 y 689).
En términos generales, el proyecto de ley de empleo público en diversas versiones, que se discute actualmente tiene dos objetivos: reconcentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y establecer mecanismos unilaterales de imposición de las condiciones de trabajo para el empleo público, le guste o no le guste al empleo público, y sin derecho alguno a participar en la determinación de esas condiciones de trabajo.
Los impulsores de esta idea, incluido el señor Hernández y la Procuraduría, quedan retratados de cuerpo entero como autoritarios y antidemocráticos, ya que Hernández entiende que las personas trabajadoras son cuasi delincuentes a los cuales se les tiene que imponer las condiciones de trabajo.
Definitivamente no se percataron de que en el siglo XX se transitó, mundialmente, del constitucionalismo clásico que permitía no solo desconocer sino perseguir y penalizar a las organizaciones de trabajadores, al constitucionalismo social que entiende como parte consustancial de la democracia, la participación de las personas trabajadoras por medio de su organización colectiva.
Las teorías administrativas clásicas, que fueron abrazadas con fervor por Mussolini, Hitler y Franco, fueron abandonadas por los constitucionalistas sociales, y por el derecho administrativo moderno, que reconoce en países como Italia y España, el derecho que tiene el empleo público a negociar colectivamente, como uno de los elementos que distingue a las democracias contemporáneas.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y por Mariano Sáenz
En próximos días la Asamblea Legislativa debatirá sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, una oportunidad histórica para proteger el medioambiente y a quienes lo defienden en nuestro país.
Queremos pedir su apoyo para que la votación sea favorable: usando este enlace puede enviar un correo a diputados y diputadas pidiendo que voten a favor de la aprobación del Acuerdo: http://bit.ly/EscazuAhoraEnCostaRica. ¡Solo toma un minuto!
Con la herramienta también puede compartir la acción en las redes sociales para que podamos dar la mayor visibilidad posible a la votación. También puede ayudarnos reenviando este correo a sus contactos. ¡Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles!
Información compartida con SURCOS por Fundación Friedrich Ebert .
(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”.
Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería.
Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 «Ley de Minería Crucitas» uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía.
El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales.
El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto.
Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva.
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, por medio de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, La Rectoría, El Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, El Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, conscientes de su responsabilidad social, se han enfocado en el análisis de los efectos en la opinión pública, producto de los cambios tecnológicos, políticos y sociales, así como de las tendencias en el ámbito de los consumos informativos. Por ello, y en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la Agenda 2030 (ODS) para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se organizó el 4 de noviembre de 2020 el Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”.
Dada la complejidad en la construcción de la agenda pública, la opacidad de los líderes de opinión tradicionales, los cambios en los consumos mediáticos, la incidencia de fenómenos socio culturales más amplios y complejos, que plantean a su vez nuevas formas de producción y de intercambio del conocimiento, visiones de mundo confrontadas y a su vez complementarias, globalidad, regionalismo y localismo, el Tribunal de Honor y Ética-COLPER llevó a cabo este diálogo, que nos permitió, ahondar en el contexto y las tendencias en la construcción de la agenda de los medios y las relaciones entre Estado, Medios y Sociedad Civil. Este Foro se constituyó en un espacio de análisis y reflexión sobre estos procesos en Europa, América Latina y de sus manifestaciones en Costa Rica. El foro realizado por medio de la presencialidad remota (Zoom) generó un importante y oportuno intercambio de experiencias, teorías, metodologías y evidencia fácticas de las transformaciones de los consumos mediáticos y el relevo de los líderes de opinión, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Los expertos que compartieron sus visiones proceden de Francia, España, Colombia, México, Chile y Costa Rica:
Dr. Guilherme Canela de Souza. Consejero en comunicación e información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU
Dra. Nuria Lloret Romero. Directora del Doctorado en Comunicación – Universidad Politécnica Valencia. España.
Dr. Valerio Fuenzalida Fernández. Académico-investigador en comunicación de la Pontificia U. Católica de Chile.
Dr. Omar Rincón Rodríguez. Investigador, profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia.
Dra. Ariana Macaya Lizano. Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH.
Dr. Raúl Trejo Delarbre. Académico, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México.
Como parte de la actividad se recogieron los mensajes de las autoridades de las entidades involucradas en la organización del evento. De ahí, que el Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, hizo hincapié en el contexto actual, planteando la premisa de que hoy en día vivimos en una llamada “anarquía” de la comunicación, en donde las redes sociales muchas veces se convierten en redes antisociales, lo que llama a sentare con la academia, con profesionales e investigadores a reflexionar. Por ello, rescató la importancia de traer a diálogo los principios de un sistema democrático, fundamentalmente, el respeto a los derechos convencionales dentro de un marco ético que guíen la libertad de expresión.
El Rector de la Universidad Nacional, Master Francisco González Alvarado, reconoció el aporte de la Universidad Nacional desde el Proyecto: “Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, desde el Eje Transformación del Estado (Ética y Valores) en donde se ha venido realizando una consulta nacional para construir una propuesta del futuro para nuestro país hacia los próximos 30 años tomando como base los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De esta manera, indicó su complacencia de que el Colegio Profesional (COLPER) que reúne a los comunicadores sociales, haya tomado como principio de esta discusión los ODS y sean hoy el motivo de diálogo, para incidir en la ciudadanía, de cómo promoverlos y trabajar juntos, con la certeza de que todos los actores sociales debemos asumir los desafíos globales en el marco de las instituciones democráticas.
La Ministra de Ciencia, Tecnología y Comunicación-MICIT-Costa Rica- Dra. Paola Vega Castillo, resaltó la importancia de reflexionar en el tema del mundo digital y la comunicación avanzada, así como su influencia en la sociedad actual. En el marco del foro internacional señaló que, gracias a las telecomunicaciones hoy se transmiten los datos en gran volumen e inmediatez, con el propósito de que se convierta en información confiable y verdadera, pero que para alcanzar ese objetivo es necesario cumplir dos condiciones; por un lado, que las personas emisoras sean capaces de discriminar de manera crítica, efectiva, rápida y objetiva, dentro del margen de datos disponibles, aquello que será transmitido y por otro lado, que ante las innumerables cantidades de datos disponibles, las personas receptoras sean capaces desde una perspectiva tecnológica y cognitiva distinguir la veracidad, exactitud e intencionalidad de los mensajes de manera que puedan reaccionar consecuentemente con los valores que buscan el bien común.
El Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, enfatizó en cómo estos espacios contribuyen en la construcción de una sociedad dinámica, fuerte, y moralmente cimentada en valores universales, y en la práctica de valores ciudadanos históricos, que fortalezcan la participación responsable, demandante, capaz de aportar a la vida democrática, mediante el diálogo, el consenso en materia de transparencia y acceso de la información pública, la ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, el ejercicio de la comunicación social como el presente Foro Internacional con participantes de diversos países y organizaciones, se constituye en un compromiso para escuchar y recoger de diferentes voces, venidas de diversos sectores de la comunicación, instituciones, universidades, comunidades, regiones, países y demás sectores y personas, que advierten de la necesidad de una ética universal de la responsabilidad por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía.
El Dr. Valerio Fuenzalida, Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador en audiencias en TV Pública e Infantil, comentó que algunos problemas en materia de comunicación tienen que ver con la desconfianza de la ciudadanía en la clase e instituciones políticas indistintamente del país; además las “noticias falsas”, que no solamente engañan, sino, que dificultan la deliberación social, no contribuyen a generar una opinión, ni discusión a las soluciones de los temas a tratar: “hemos perdido la inocencia frente a las redes sociales inicialmente consideradas como campos de deliberación y participación”. Por ello, Fuenzalida invitó a la audiencia a estar alertas y tomar acciones en pro del ejercicio comunicativo, poniendo atención en la forma como la prensa escrita trata las noticias falsas, ser muy críticos frente a la promoción de series que abordan temas de corrupción, a veces ficcionales y otras basadas en casos reales; asimismo, promover sistemáticamente la conversación social, desde puntos de vista que no están habitualmente representados y propiciar la deliberación para resolver los problemas mediante ejercicios participativos.
Por su parte el Dr. Guilherme Canela de Souza, Consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU, colocó el tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el contexto de pandemia, (Covid19) e hizo referencia al concepto de “tempestad perfecta”, para definir el conjunto de desafíos y ataques a la libertad de expresión que vienen de diversas partes, primero, las medidas o desafíos regulatorias llamadas leyes o decretos de emergencia que fueron puestos para enfrentar la pandemia, pero que traen en muchos casos medidas que van contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que no están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la información pública.
Como segunda dimensión mencionó el desafío de la seguridad que alcanza a los profesionales en periodismo, dado que vemos amenazas físicas y psicológicas, prisiones arbitrarias, violencia en línea principalmente a periodistas mujeres para el ejercicio profesional. El tercer elemento que indicó Canela de Souza es el desafío laboral, como consecuencia del aumento del despido de periodistas en distintas partes del mundo y más allá el desafío de la salud, en donde han fallecido muchos profesionales en comunicación al dar cobertura informativa a la pandemia y haberse contagiado del virus.
El desafío de viabilidad económica de los medios de comunicación, ya que expertos hablan de que se estarán viviendo desiertos mediáticos en los próximos meses por el cierre de medios de comunicación afectados por la pandemia, que no han podido soportar los efectos disruptivos de las circunstancias, pero, que son fenómenos que ya se venían dando por los cambios del mundo de la publicidad y el advenimiento de plataformas de internet.
Toda esta “tempestad perfecta” se da en el marco de una ola impresionante de desinformación que afecta todo este escenario, en un momento que irónicamente quizás el periodismo nunca fue tan necesario para nuestras democracias.
La Dra. Nuria Lloret Romero, directora del Doctorado en Comunicación-Universidad Politécnica Valencia-España, abordó la temática de las noticias falsas, aludiendo que las “Fake News” no son un problema del periodismo, sino, un enemigo de la democracia, un problema de los partidos políticos, de los gobiernos, y sobre todo del ciudadano, dado que el 65% de las personas de todo el mundo se informan en primer lugar de las redes sociales. Es preocupante la incidencia negativa de estas noticias en la sociedad, por lo que se hace necesario una formación en materia digital, para interpretar los mensajes y poder diferenciar lo que verídico y lo que es falaz.
El combate de los contenidos falsos es responsabilidad de la democracia, son los sistemas y gobiernos que deben velar que no existan estos contenidos falsos. Por ello, los comunicadores deben encontrar fórmulas eficaces de hacer su trabajo e impedir que prosperen tantas mentiras en las redes. Los comunicadores no deben ser parte del problema, sino de la solución, alfabetizarse en el campo mediático y digital para contrarrestar con la verdad.
Como se mencionó en el Foro Internacional quizás de manera ingenua pensamos que el surgimiento de las redes sociales podrían ser un instrumento para la mejora de la democracia y vimos con el principio de las primaveras árabes el rol que pudo haber tenido plataformas como Facebook, para la organización de la sociedad civil, para reclamar sus derechos y derrocar Gobiernos autoritarios sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta también de los riesgos de estas redes sociales y los desafíos que imponen sobre todo para los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, que siempre han pensado la libertad de expresión en un marco tradicional de prensa escrita, televisiva, y que ahora hay que pensar en otro marco de prensa en donde primero hay carácter anónimo muchas veces, hay un carácter transnacional de las empresas que controlan estos medios de comunicación y una gran posibilidad de manipulación.
Lloret, indicó que las noticias falsas cambiaron el modelo de negocio de la información y son ellas mismas un modelo de negocio, por lo que es imposible que desaparezcan las Fake News, dado que los grandes holdings (sostenimiento) de la comunicación a nivel internacional están ganando dinero con estas formas de información. Debemos cortar ese ciclo vicioso que genera cada vez más odio, más polarización y más Fakes. Los comunicadores debemos trabajar sobre esa educación digital para que la verdad vuelva a tener prismas y no sea la verdad absolutista.
La Dra. Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió al tema de la ética y tutela de derechos humanos en materia de comunicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de forma más general de la jurisprudencia internacional de protección de los derechos humanos, pero, sobre todo hizo hincapié en los desafíos frente al cambio de paradigma en materia de información que estamos viviendo por el papel protagónico que juegan las redes sociales y su relación con la democracia.
Es pertinente evidenciar que la CIDH desde sus inicios sentó las bases y la relación íntima que existe entre la libertad de expresión y democracia. En una de sus primeras decisiones en el marco de su competencia consultiva ante una consulta realizada justamente Costa Rica en marco de la colegiación obligatoria de los periodistas, se pronunció y marcó un precedente que va a ser base para todo el desarrollo jurisprudencial de la libertad de expresión y su relación con la democracia. Dice la CIDH en su opinión consultiva la 585: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública, es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas, culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”. De esta manera, Macaya agregó que lo anterior, es, en fin, condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada, por ende, es posible afirmar que la sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Como garantizar entonces, ahora, la información de la sociedad frente a los desafíos que nos dan las redes sociales. También en el marco contencioso, en un caso que tiene que ver también con Costa Rica, caso Herrera-Ulloa vs Costa Rica del 2004, la Corte desarrolló aún más y nos dice que sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece; el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a crear el campo fuerte para sistemas autoritarios. Entonces, habla de un verdadero derecho de defender la democracia que constituye una concretización de varios derechos, en particular la libertad de expresión.
La CIDH ha hecho un especial énfasis en la importancia de la labor de los periodistas en esta relación entre libertad de expresión y democracia. Los periodistas de los medios de comunicación deben entonces tener una protección especial y una independencia para realizar sus funciones esto particularmente importante.
La Comisión Interamericana afirma que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas las cuales no pueden ser impuestas por los Estados, puede ser regulada pero necesita de un ambiente de libertad para poder ejercer estas escogencias propias de una decisión ética y ahí justamente los colegios de periodistas pueden jugar un papel muy importante, para recordar esta responsabilidad de los comunicadores frente también a estos nuevos desafíos que nos da el surgimiento primero de internet y luego de las redes sociales: “ Sabemos que este contenido llamémoslo Fake News o desinformación, puede afectar finalmente la democracia, que es lo que está en juego actualmente. Es uno de los grandes desafíos en los tribunales regionales y no hay duda de que lo que está pasando en la actualidad y será materia para que se desarrolle jurisprudencia al respecto”, acotó Macaya Lizano en el Foro Internacional.
Por su parte el Dr. Omar Rincón Rodríguez, escritor, investigador, crítico, académico y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia, hizo referencia a elementos de la información y a observaciones sobre la opinión pública.
Rincón señaló 5 elementos sobre la información actual:
Expresó que la verdad no es sexy, no ha sido sexy nunca, no es erótica, no es seductora, nadie dice la verdad todo el tiempo, este criterio de la verdad que hemos vendido y que el periodismo trató de vender nunca existió y no es absolutamente fascinante, por eso las Fake News entran tan fácil, porque uno quiere creer en las verdades de uno mismo, entonces, el concepto de verdad tiene un problema complicado visto desde este enfoque.
El periodismo clip todo lo hace por ganar un clip, por eso tiene como centro al informador, el medio o el político, pasando la noticia a ser más espectáculo público que un mensaje pertinente y oportuno para informar a la sociedad. No es que todo el periodismo de un clip sea malo, pero pareciera que lo que tiene mayor interés es sumar clips más que el mismo suceso. Y ahí reina el periodismo sensacionalista y militante.
La información ya no es un producto de los medios, es el producto fundamental de Google, Facebook, las redes y las plataformas digitales. En este sentido, los medios que eran los que se creían dueños de la información ya no lo son tanto. Hoy son las plataformas digitales las que explotan la información y la usan. El New York Times ya decidió que no es un medio de periodismo, es una plataforma digital, donde uno de sus productos es el periodismo, no el único.
Los medios de comunicación decidieron ante la crisis de credibilidad, legitimidad y de negocio volverse actores políticos. Hoy los medios son actores políticos. Por ejemplo, la oposición a Cristina Fernández en Argentina era el periódico Clarín, mientras que para Macri era su aliado fundamental. El medio O Globo estaba contra Dilma lo mismo La Folha de Sao Paulo, esto favoreció a Bolsonaro, quien a su vez ahora son su enemigo. New York Times y CNN es la oposición a Donald Trump. Todo esto indica que los medios decidieron eliminar ese papel de narrador de la sociedad y empezaron a ser actores políticos, en aras de defender el negocio y el negocio ahora es hacer el periodismo de sus dueños y sus empresas. A Clarín, por ejemplo, le interesa defender su negocio de internet y celulares más que el periodismo.
Murió el periodismo que habíamos creado en el siglo veinte, un periodismo donde supuestamente había objetividad, donde la verdad se contaba, donde supuestamente las cosas funcionaban perfectamente, eran neutrales y rigurosas. Estos medios hoy en día perdieron su lugar de referencia, no hay medios de referencia, lo último que quedaba era el New York Times y se fue para el carajo. Se muere también el periodismo de denuncia, ya no sirve para absolutamente nada. Hoy se denuncia a Donald Trump en EEUU, a Duque en Colombia y a Bukele en Salvador y no pasa absolutamente nada, no tiene incidencia pública. Todo se volvió una pirotecnia digital, cada uno en su fake, con eso también el periodismo pierde legitimidad.
Rincón, aprovechó el espacio donde participaron comunicadores, académicos y estudiantes de carreras universitarias para referirse a la opinión pública:
Los opinadores cambiaron. Antes, los líderes de opinión eran intelectuales que escribían libros, daban referencia y retaban a la sociedad. Hoy esos intelectuales fueron cambiados por influencer. Y qué es cambiarse de un líder de opinión por un influencer. El líder de opinión, el líder intelectual quería generar conversación pública, el influencer busca básicamente generar consumo, no ofender a sus audiencias y complacerlas para que lo amen y para poder mostrar productos que generen ingresos o beneficios a su red. El intelectual lo que quería generar era disenso, diversidad de opiniones en la sociedad.
Los intelectuales de hoy han sido desplazados por Twitteros superficiales, cuya lógica es una lectura a la velocidad de un clip, sin fondo ni análisis. Tenemos que empezar a entender que la opinión pública actual no es la opinión del siglo veinte cuando teníamos la prensa mandando, la televisión divirtiendo y la radio acompañando. Lo que tenemos es una opinión pública basada en redes digitales.
Hoy vemos diversos tipos de opinión pública, en un primer estadio la que llamo, opinión pública “jurásica”, que es donde habitamos los mayores de cuarenta años, quienes nos creemos todas las Fake News que nos pongan. Somos una generación que damos por un hecho que tenemos la verdad absoluta y que habitamos en el reino de Facebook, WhatsApp y Face News, que realmente deberíamos llamarle: “Fake Book”. En este mundo, nos creemos como verdades todo lo que nos pasan por redes y dispositivos móviles y lo asumimos como la gran maravilla. No obstante, estamos ante un problema complicadísimo, como es la falta de profundidad en el análisis de los mensajes y asumimos todo como válido, con grandes consecuencias, dado que somos cuatro mil millones de personas en el mundo que votamos e incidimos directamente en la democracia guiados por nuestras fake.
La opinión pública “zombie” que vive en las pantallas se cree muy cool y crítica, esos tres mil millones de jóvenes que habitan en Instagram, Tik Tok y YouTube. Todos dependen de una pantalla de celular, alucinados por el acceso a lo tecnológico, pero, que no tienen mucho espíritu crítico ante el mercado. No votan, pero tienen causas sociales como el medio ambiente y los feminismos.
“El club de la pele” que es donde viven los políticos y los periodistas peleando en Twitter. Lo que debemos entender es que Twitter es pequeña, solo tiene 300 millones de personas en su red a nivel mundial, por lo tanto, crea otra burbuja entre los que se creen opinadores y líderes, no obstante, cuenta con cero incidencia en la ciudadanía, pero como ahí están los periodistas y los políticos se creen que ese es el único mundo posible.
La esfera pública colectiva del siglo veinte ya no existe más, tenemos multiplicidad de escenarios y por eso pensar en opinión pública, es comenzar a pensarla en términos de cuáles son las redes que usamos, para que audiencias y en que estéticas y narrativas vamos a construir las opiniones públicas.
Dr. Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México, académico enfocado en proyectos de investigación, ligados al campo de la democracia, la prensa y la comunicación, articulados al modelo de desarrollo económico y político, desarrolló el tema de la responsabilidad periodística: una necesidad inclaudicable. Reconoce que al contexto del Covid-19, se le designa un carácter multidimensional y transtemporal al que èl ha propuesto que se le llame “META-EVENTO” ya que lo considera como un descomunal hecho histórico, porque una pandemia como la que ha brotado en el año 2020, no tiene una fecha de inicio, ni concluirá en un día especifico y el hecho de narrar y explicar este “metaevento” solo puede cubrirlo el periodismo. Las redes socio digitales esparcen noticias en instantes, pero, la tarea de darles coherencia y antes que nada desglosar entre los hechos falsos y verdaderos la cumple el periodismo profesional, este que coteja los hechos, que al equivocarse se reconoce. En ese sentido, la pandemia ha implicado nuevas exigencias porque es un acontecimiento que es imposible de comprender sino se le mira desde numerosos ángulos y se le reconoce su evolución constante.
Trejo mencionó que hay que ser enfático de que los periodistas son trabajadores esenciales, como el personal de salud o los trabajadores que mantienen funcionando las telecomunicaciones o la base de mercancías en la situación de emergencia que ocasionó la pandemia, sin embargo, no siempre los trabajadores de la información cuentan con las garantías materiales y jurídicas que requieren las tareas que realizan.
Con frecuencia los periodistas están expuestos a peligros que ahora se incrementan con la pandemia, a la violencia de grupos delincuenciales que les amenazan e incluso asesinan y el riesgo de contagiarse de COVID 19, pues ya son docenas los periodistas latinoamericanos que han fallecido de esa enfermedad. Se agrega a esto, la descalificación desde el poder político contra el periodismo que indaga y que refleja la diversidad de nuestras sociedades. Es la actitud vigilante y responsable de la prensa, la que se ha constituido en una de las más inquietantes amenazas de los Gobiernos de talante más autoritario, que abominan de la prensa crítica y la descreditan, por otra parte, desestiman la gravedad de la pandemia y menosprecian las indicaciones de los científicos para enfrentar esta emergencia. El periodismo profesional para hacer precisamente eso, comunicación con responsabilidad social, tiene que ser independiente de los poderes económicos y políticos.
No podemos dejar al margen, que también hay medios que informan sobre la pandemia, utilizando maniobras para generar el amarillismo y difundir el desconcierto. Pero el periodismo profesional es el que investiga, coteja los hechos y que cuando se equivoca lo reconoce y rectifica, mira desde numerosos ángulos y reconoce su evolución constante.
SURCOS recibió el siguiente documento con la comparecencia de la Red de Mujeres Rurales ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa realizada el 10 de noviembre del 2020.
Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. La situación de pandemia nos obliga a comunicarnos de esta manera.
En primer lugar queremos decir para analizar el Proyecto de Ley y para emitir nuestro criterio, partimos de nuestra realidad, de la vivencia en los territorios, que nos permite como mujeres de diversas comunidades tener conocimiento, saberes ancestrales sobre la alimentación, el uso de plantas medicinales, el cultivo de nuestra semilla criolla, local, nativa o campesina, que tenemos una espiritualidad que se vincula a nuestra forma de vida, y que tenemos formas de expresión que definen nuestra identidad.
También tenemos consciencia que somos parte importante de este país, que mucho se sustenta en el trabajo que realizamos y el producto que obtenemos.
También somos conscientes que desde muchos lados se desprecia nuestro trabajo, y se invisibiliza nuestro aporte como mujeres indígenas y campesinas. Aporte que se da no solo en la producción de bienes materiales, sino en la preservación de saberes, con nuestras luchas cotidianas y en la dignidad de nuestras comunidades.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Queremos decir y recordar que la Naturaleza es diversa, pero esa diversidad se está perdiendo rápidamente, dejando al planeta en un gran desequilibrio que está causando desastre de muchos tipos.
La mayor y más fuerte explotación de la tierra, el desarrollo de una productividad que no es sostenible, con más monocultivos, con uso de más pesticidas y semillas alteradas, no naturales, intensifica este desequilibrio. Esto le debe preocupar a toda la población, pero sobre todo a ustedes que están tomando decisiones que van a afectar el futuro próximo de la producción de alimentos, y también el futuro lejano.
Quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder. Podemos decir que hacer leyes que provoquen la concentración de las semillas es al mismo tiempo quitar el acceso a las semillas de la mayoría y por lo tanto atenta contra la democracia.
El control de las simillas afectará la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida de las personas. La diversidad de semillas es fundamental en el equilibrio de la Naturaleza, en la diversidad de alimentos, en la resistencia a los cambios climáticos y es fundamental para prevenir el hambre.
Si las semillas campesinas son restringidas se pierden; si no se pueden vender no se van a sembrar igual y si no se siembran se extinguen. Nuestra responsabilidad, en este momento de tanta crisis y destrucción, la responsabilidad de nosotras es reproducir todo lo que se pueda las semillas, todo tipo de semillas y material que ha sido la base de la diversidad alimentaria. La responsabilidad de ustedes es no impedir que las comunidades campesinas fortalezcan su producción, reproducción, conservación, venta, intercambio, regalo, trueque.
No podemos ni debemos dejar que se pierda la diversidad de alimentos, no podemos permitir que se homogenice en unos pocos alimentos industriales nuestra dieta. Si de algo ha servido la pandemia, ha sido mostrarnos la necesidad de fortalecer la producción diversa, local y en pequeñas escalas. El cierre de fronteras nos mostró que no son los mercados globalizados los que resolverán la necesidad de alimentos ante las crisis crecientes. La pandemia y las crisis climáticas nos han mostrado la necesidad de producir para los mercados locales y diversificados. La alimentación está en juego. No podemos hacerla más vulnerable dejándola acaparada en unas pocas manos.
Las grandes empresas multinacionales, productoras de semillas quieren imponerse en el mundo. No crean que es una originalidad de aquí, el control de los sistemas de semillas, y lo que provocará es se reducirá a unas pocas variedades de semillas y de alimentos. Y atrás viene la intención de digitalizar la agricultura para hacernos aún más dependientes. Y eso suma más amenaza a la diversidad; ya que la digitalización de la agricultura es para monocultivos, de alto costo, por lo que además es inaccesible. Este es un proceso de mayor concentración de la agricultura en pocas manos y por lo tanto menos democrática.
El sector agrícola monopólico no tiene ningún interés en la producción ecológica, socialmente comprometida, porque no tiene a las personas en el centro. Si les importaran las personas no fumigarían de manera despiadada a las poblaciones de las distintas comunidades. Sino que más bien promueven el uso de más y más pesticidas sintéticos.
Los registros son una forma de control de nuestra labor de siempre. Son regulaciones que pretende sacarnos de la actividad como productoras de alimentos, nos destruye a nosotras y a nuestras semillas. Si nos obligan a registrar nuestras semillas solo unos cuantos podrán sacar provecho de las semillas.
Esta historia es larga, en el 2002, o sea hace 18 años empezaron a dar pasos aquí en la Asamblea Legislativa. Y luego ha habido intereses de unos pocos que han movido estos proyectos de Ley. Y luego otros intentos: 2010, 2015, 2018. Cambian los diputados, pero la intención se repite.
Y siempre hacen lo mismo. No nos consultan a las organizaciones indígenas y campesinas, que somos población afectada por estos proyectos de Ley. Y nosotras somos las guardianas de las semillas, las que hemos hecho posible que las semillas se hayan conservado.
No se ha cumplido con el Convenio 169. El Convenio dice que “cualquier cosa que vaya a afectar los derechos y la forma de vida de las comunidades indígenas tiene que consultarse con los pueblos indígenas. Y tiene que consultarse en un idioma que entiendan con mecanismos democráticos y por sus propias autoridades”.
Además, debemos decir que el derecho a la soberanía alimentaria, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, votado a favor por Costa Rica, se describe y entiende como el derecho a que se respeten las formas de producir, de transformar, de distribuir y consumir de las comunidades campesinas. Dice también “De manera que se garantizaría a los/ las campesino-a-s el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar al diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios”. Y nosotras no hemos sido ni consultadas.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Si la intención es controlar las semillas de grandes empresas semilleras comerciales, no tiene que incluirse nuestras semillas campesinas en el Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley además es inconsistente. Por una parte dice “excepción: las semillas criollas, locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro”, pero resulta que dice que si queremos vender semillas en Costa Rica, esas semillas tienen que estar inscritas en el registro. Esas contradicciones son engañosas y peligrosas, porque deja sin definir quién decide al final sobre qué hacer. No cuesta mucho pensar que somos las personas en las comunidades las que saldremos perdiendo.
Pronunciamos nuestro acuerdo para que la producción de semillas en variedades mejoradas, las semillas alteradas genéticamente, importadas o producidas en grandes cantidades sean registradas y controlada su calidad. Pero esto no es aplicable a las semillas campesinas, semillas originarias o semillas criollas. Y como tal debe quedar muy claro en el texto del Proyecto de Ley, que ninguno de sus términos afecta a las semillas campesinas.
La destrucción de la diversidad nos deja como país en condiciones de menor capacidad de adaptación a los cambios y a la crisis climática, y aún más vulnerables en términos sanitarios y alimentarios. Por ejemplo, nosotras en el campo usamos diversos tipos de frijoles, unos más resistentes a la humedad y otros más resistentes a períodos secos. Con las variedades estamos desarrollando capacidad de adaptación, de resistencia y resiliencia para enfrentar los cambios de clima que son tan difíciles de predecir. El control y la estandarización de las semillas iría exactamente en dirección contraria a lo que dice el proyecto de Ley para procurar el abastecimiento ante la vulnerabilidad climática, sanitaria y alimentaria.
La promoción de la conservación, para la protección y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación, debe considerar de manera explícita que no se refiere, ni considera, ni incluye a las semillas de producción campesina.
En el Artículo 2. Fines de la Ley, se propone: “Promover la producción y el control de calidad de semillas comerciales, dejando sin definición a qué se refiere con calidad de las semillas comerciales. Las semillas campesinas son de calidad y han sido desde siempre comerciales. Por tanto, debe definirse de manera directa y clara que esa característica de calidad se refiere a condiciones de homogenización, formas de producción exclusiva para semillas, y no a la dinámica equilibrada y diversa de la producción campesina.
Confunde y contradice el proyecto de ley el derecho a producir semillas, ya que las homogeniza y son actividades muy distintas la producción de las empresas semilleristas, de la producción campesina de semillas, y ambas son comerciales, pero en escalas y características diferentes. Tal y como está planteado en el texto del proyecto de ley lesiona nuestro derecho a producir.
Las semillas campesinas no deben ni pueden ser certificadas. Ya que nuestras unidades de producción son un todo que busca el equilibrio entre diversas especies y variedades. En la unidad de producción, se pueden encontrar con facilidad más de cien tipos y variedades vegetales, y algunas eventualmente se venderán. Pretender la certificación de cada una nos deja en una absoluta situación injusta e inequitativa para el proceso productivo de alimentos.
Las semillas campesinas, criollas y nativas, son el resultado de miles de años de trabajo de la humanidad, su valor reproductivo no es propiedad de una determinada persona. No es ese el derecho de resguardo, sino el derecho a producir, reproducir, vender, guardar, intercambiar, es que el que debe quedar resguardado.
Para que se pueda garantizar el abastecimiento nacional y el acceso, las semillas campesinas no deben sufrir restricciones.
La base genética se amplía fortaleciendo la producción diversificada de cultivos, salvaguardando la comercialización de las semillas campesinas, que son diversas y adaptables. Esto es lo que pueda garantizar la sostenibilidad. Pero aunque el proyecto lo anuncia como una intención, el cuerpo del proyecto de Ley lo contradice.
Por lo tanto, la Ley debe especificar que regula la actividad de semillas producidas específicamente para el comercio, y no aplicable a todo tipo de semillas.
La Declaración de interés público, del Artículo 4, plantea la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, pero las regulaciones que de seguido se incorporan exactamente lo contradice y lesiona los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, al no permitirse la libre comercialización de sus semillas.
En este sentido entra en contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas de zonas rurales, Declaración votada a favor por Costa Rica. En esta se consigna el derecho de la población campesina a “guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas”. Por lo tanto, no debe ni puede ser sometida a certificaciones.
De manera que, consideramos que el proyecto de ley entra en contradicción con la responsabilidad votada por Costa Rica, que como Estado debe adoptar las medidas para “respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales.
En el artículo 5. Se enuncia como Tutela del Derecho, pero contradice en el segundo párrafo lo anunciado en el primero. Tutelar el derecho de la producción campesina es negado al establecer la obligatoriedad de normas, procedimientos y especificaciones técnicas que riñen con la producción y prácticas culturales campesinas. Por lo tanto, no Tutela el Derecho de la población campesina en su producción local.
Este proyecto de Ley propone controles que amenazan la producción diversificada y camina hacia la privatización de las semillas. Planteamos nuestro desacuerdo y consideramos que debe quedar de manera claramente definida que las semillas campesinas no son objeto de las regulaciones de esta Ley.
La ley parece estar hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas y no sobre el derecho de la mayoría de la población. En el Artículo 9, se establece concentración de poder con representantes de este sector en la toma de decisiones, sin mayores regulaciones. En eso que ambiguamente se llama “sector semillerista”, sin incluir a los y las campesinas e indígenas, y sin incluir otras representaciones de la población vinculada con las semillas.
Y ese control perjudicial para la producción y conservación de las semillas se evidencia en los detalles en varios artículos.
La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas, y para estimular su reproducción debe poder venderlas. No puede ser que se nos persiga por la sagrada labor de sembrar, guardar y distribuir semillas.
Ustedes tienen la valiosa oportunidad de reivindicar el propósito de servir a las comunidades, a las personas, y no los intereses egoístas de unos pocos. Tienen la oportunidad de promover la agricultura diversificada para la soberanía alimentaria, y de dar pasos para el cumplimento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
Muchas gracias.
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 10 de noviembre de 2020
Imagen de cabecera: Fabiola Pomareda en Revista La Agroecóloga
