En algo que no es nuevo, el señor Rubén Hernández plantea la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en la mayor parte del sector público costarricense.
Adiciona además en sus comentarios (en la Asamblea Legislativa), que en esta discusión no debemos participar los laboralistas porque no entendemos nada, y en una publicación reciente en una empresa de comunicación, señala que tampoco debe participar en esa discusión los empleados públicos y sus organizaciones, a quienes asimila a delincuentes.
Debo advertir entonces que, bajo los parámetros definidos por este abogado de larga data empresarial, intervengo desde mi doble deslegitimación, ya que soy laboralista y delincuente (en tanto empleado público y ex-asesor sindical).
No obstante, les tomo un par de minutos para valorar por el fondo lo que este jurista dice, y que es aplaudido una vez más por la Procuraduría General de La República que siempre ha insistido en esta posición.
Al efecto inicio con algo que ya había escrito hace un par de años respecto de esta posición:
Respecto del intento de don Rubén Hernández de señalar que la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional (artículo de La Nación) por haber incluido la negociación colectiva en el sector público, les puedo asegurar que, de acuerdo a los señalado expresamente por la Sala Constitucional, está totalmente equivocado.
En concreto:
La argumentación de don Rubén Hernández se cae por dos razones:
EN PRIMER LUGAR la posición inicial de la Sala Constitucional cambió, primero con un voto minoritario del magistrado Carlos Arguedas, luego de Fernando Cruz, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más reciente de la UNANIMIDAD de la Sala Constitucional.
En síntesis, Rubén Hernández está viviendo en el pasado. Hoy la Sala Constitucional sostiene, UNANIMEMENTE OTRA COSA. En la sentencia del año pasado (7721-2015) la Sala Constitucional declara constitucional la convención colectiva de trabajo en el Ministerio de Educación Pública (gobierno central), frente a la tesis que defendía Otto Guevara que es la misma que sostiene Rubén Hernández en el artículo de hoy.
EN SEGUNDO LUGAR: Dicho lo anterior, la RPL partió de los lineamientos de la sentencia 1696-92 que estableció que se pueden usar el arbitraje y la conciliación en el sector público, pero con limitaciones (todas recogidas en la RPL: por ejemplo, en art. 692 se prohíbe el arbitraje de conciencia, y en el 693 se prohíbe excepcionar leyes y normas).
También se siguió la sentencia 4453-00 en la que dijo que pueden negociar convenciones colectivas de trabajo los empleados públicos que no realicen gestión pública. La RPL definió quiénes son los que hacen gestión pública y los excluyó del derecho a la huelga (inciso 5 que se agrega al art. 112 de la Ley General de la Administración Pública; y arts. 683 y 689).
En términos generales, el proyecto de ley de empleo público en diversas versiones, que se discute actualmente tiene dos objetivos: reconcentrar el poder en el Poder Ejecutivo, y establecer mecanismos unilaterales de imposición de las condiciones de trabajo para el empleo público, le guste o no le guste al empleo público, y sin derecho alguno a participar en la determinación de esas condiciones de trabajo.
Los impulsores de esta idea, incluido el señor Hernández y la Procuraduría, quedan retratados de cuerpo entero como autoritarios y antidemocráticos, ya que Hernández entiende que las personas trabajadoras son cuasi delincuentes a los cuales se les tiene que imponer las condiciones de trabajo.
Definitivamente no se percataron de que en el siglo XX se transitó, mundialmente, del constitucionalismo clásico que permitía no solo desconocer sino perseguir y penalizar a las organizaciones de trabajadores, al constitucionalismo social que entiende como parte consustancial de la democracia, la participación de las personas trabajadoras por medio de su organización colectiva.
Las teorías administrativas clásicas, que fueron abrazadas con fervor por Mussolini, Hitler y Franco, fueron abandonadas por los constitucionalistas sociales, y por el derecho administrativo moderno, que reconoce en países como Italia y España, el derecho que tiene el empleo público a negociar colectivamente, como uno de los elementos que distingue a las democracias contemporáneas.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos y por Mariano Sáenz
En próximos días la Asamblea Legislativa debatirá sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, una oportunidad histórica para proteger el medioambiente y a quienes lo defienden en nuestro país.
Queremos pedir su apoyo para que la votación sea favorable: usando este enlace puede enviar un correo a diputados y diputadas pidiendo que voten a favor de la aprobación del Acuerdo: http://bit.ly/EscazuAhoraEnCostaRica. ¡Solo toma un minuto!
Con la herramienta también puede compartir la acción en las redes sociales para que podamos dar la mayor visibilidad posible a la votación. También puede ayudarnos reenviando este correo a sus contactos. ¡Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles!
Información compartida con SURCOS por Fundación Friedrich Ebert .
(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”.
Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería.
Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 «Ley de Minería Crucitas» uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía.
El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales.
El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto.
Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva.
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, por medio de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, La Rectoría, El Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, El Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, conscientes de su responsabilidad social, se han enfocado en el análisis de los efectos en la opinión pública, producto de los cambios tecnológicos, políticos y sociales, así como de las tendencias en el ámbito de los consumos informativos. Por ello, y en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la Agenda 2030 (ODS) para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se organizó el 4 de noviembre de 2020 el Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”.
Dada la complejidad en la construcción de la agenda pública, la opacidad de los líderes de opinión tradicionales, los cambios en los consumos mediáticos, la incidencia de fenómenos socio culturales más amplios y complejos, que plantean a su vez nuevas formas de producción y de intercambio del conocimiento, visiones de mundo confrontadas y a su vez complementarias, globalidad, regionalismo y localismo, el Tribunal de Honor y Ética-COLPER llevó a cabo este diálogo, que nos permitió, ahondar en el contexto y las tendencias en la construcción de la agenda de los medios y las relaciones entre Estado, Medios y Sociedad Civil. Este Foro se constituyó en un espacio de análisis y reflexión sobre estos procesos en Europa, América Latina y de sus manifestaciones en Costa Rica. El foro realizado por medio de la presencialidad remota (Zoom) generó un importante y oportuno intercambio de experiencias, teorías, metodologías y evidencia fácticas de las transformaciones de los consumos mediáticos y el relevo de los líderes de opinión, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Los expertos que compartieron sus visiones proceden de Francia, España, Colombia, México, Chile y Costa Rica:
Dr. Guilherme Canela de Souza. Consejero en comunicación e información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU
Dra. Nuria Lloret Romero. Directora del Doctorado en Comunicación – Universidad Politécnica Valencia. España.
Dr. Valerio Fuenzalida Fernández. Académico-investigador en comunicación de la Pontificia U. Católica de Chile.
Dr. Omar Rincón Rodríguez. Investigador, profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia.
Dra. Ariana Macaya Lizano. Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH.
Dr. Raúl Trejo Delarbre. Académico, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México.
Como parte de la actividad se recogieron los mensajes de las autoridades de las entidades involucradas en la organización del evento. De ahí, que el Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, hizo hincapié en el contexto actual, planteando la premisa de que hoy en día vivimos en una llamada “anarquía” de la comunicación, en donde las redes sociales muchas veces se convierten en redes antisociales, lo que llama a sentare con la academia, con profesionales e investigadores a reflexionar. Por ello, rescató la importancia de traer a diálogo los principios de un sistema democrático, fundamentalmente, el respeto a los derechos convencionales dentro de un marco ético que guíen la libertad de expresión.
El Rector de la Universidad Nacional, Master Francisco González Alvarado, reconoció el aporte de la Universidad Nacional desde el Proyecto: “Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, desde el Eje Transformación del Estado (Ética y Valores) en donde se ha venido realizando una consulta nacional para construir una propuesta del futuro para nuestro país hacia los próximos 30 años tomando como base los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De esta manera, indicó su complacencia de que el Colegio Profesional (COLPER) que reúne a los comunicadores sociales, haya tomado como principio de esta discusión los ODS y sean hoy el motivo de diálogo, para incidir en la ciudadanía, de cómo promoverlos y trabajar juntos, con la certeza de que todos los actores sociales debemos asumir los desafíos globales en el marco de las instituciones democráticas.
La Ministra de Ciencia, Tecnología y Comunicación-MICIT-Costa Rica- Dra. Paola Vega Castillo, resaltó la importancia de reflexionar en el tema del mundo digital y la comunicación avanzada, así como su influencia en la sociedad actual. En el marco del foro internacional señaló que, gracias a las telecomunicaciones hoy se transmiten los datos en gran volumen e inmediatez, con el propósito de que se convierta en información confiable y verdadera, pero que para alcanzar ese objetivo es necesario cumplir dos condiciones; por un lado, que las personas emisoras sean capaces de discriminar de manera crítica, efectiva, rápida y objetiva, dentro del margen de datos disponibles, aquello que será transmitido y por otro lado, que ante las innumerables cantidades de datos disponibles, las personas receptoras sean capaces desde una perspectiva tecnológica y cognitiva distinguir la veracidad, exactitud e intencionalidad de los mensajes de manera que puedan reaccionar consecuentemente con los valores que buscan el bien común.
El Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, enfatizó en cómo estos espacios contribuyen en la construcción de una sociedad dinámica, fuerte, y moralmente cimentada en valores universales, y en la práctica de valores ciudadanos históricos, que fortalezcan la participación responsable, demandante, capaz de aportar a la vida democrática, mediante el diálogo, el consenso en materia de transparencia y acceso de la información pública, la ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, el ejercicio de la comunicación social como el presente Foro Internacional con participantes de diversos países y organizaciones, se constituye en un compromiso para escuchar y recoger de diferentes voces, venidas de diversos sectores de la comunicación, instituciones, universidades, comunidades, regiones, países y demás sectores y personas, que advierten de la necesidad de una ética universal de la responsabilidad por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía.
El Dr. Valerio Fuenzalida, Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador en audiencias en TV Pública e Infantil, comentó que algunos problemas en materia de comunicación tienen que ver con la desconfianza de la ciudadanía en la clase e instituciones políticas indistintamente del país; además las “noticias falsas”, que no solamente engañan, sino, que dificultan la deliberación social, no contribuyen a generar una opinión, ni discusión a las soluciones de los temas a tratar: “hemos perdido la inocencia frente a las redes sociales inicialmente consideradas como campos de deliberación y participación”. Por ello, Fuenzalida invitó a la audiencia a estar alertas y tomar acciones en pro del ejercicio comunicativo, poniendo atención en la forma como la prensa escrita trata las noticias falsas, ser muy críticos frente a la promoción de series que abordan temas de corrupción, a veces ficcionales y otras basadas en casos reales; asimismo, promover sistemáticamente la conversación social, desde puntos de vista que no están habitualmente representados y propiciar la deliberación para resolver los problemas mediante ejercicios participativos.
Por su parte el Dr. Guilherme Canela de Souza, Consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU, colocó el tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el contexto de pandemia, (Covid19) e hizo referencia al concepto de “tempestad perfecta”, para definir el conjunto de desafíos y ataques a la libertad de expresión que vienen de diversas partes, primero, las medidas o desafíos regulatorias llamadas leyes o decretos de emergencia que fueron puestos para enfrentar la pandemia, pero que traen en muchos casos medidas que van contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que no están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la información pública.
Como segunda dimensión mencionó el desafío de la seguridad que alcanza a los profesionales en periodismo, dado que vemos amenazas físicas y psicológicas, prisiones arbitrarias, violencia en línea principalmente a periodistas mujeres para el ejercicio profesional. El tercer elemento que indicó Canela de Souza es el desafío laboral, como consecuencia del aumento del despido de periodistas en distintas partes del mundo y más allá el desafío de la salud, en donde han fallecido muchos profesionales en comunicación al dar cobertura informativa a la pandemia y haberse contagiado del virus.
El desafío de viabilidad económica de los medios de comunicación, ya que expertos hablan de que se estarán viviendo desiertos mediáticos en los próximos meses por el cierre de medios de comunicación afectados por la pandemia, que no han podido soportar los efectos disruptivos de las circunstancias, pero, que son fenómenos que ya se venían dando por los cambios del mundo de la publicidad y el advenimiento de plataformas de internet.
Toda esta “tempestad perfecta” se da en el marco de una ola impresionante de desinformación que afecta todo este escenario, en un momento que irónicamente quizás el periodismo nunca fue tan necesario para nuestras democracias.
La Dra. Nuria Lloret Romero, directora del Doctorado en Comunicación-Universidad Politécnica Valencia-España, abordó la temática de las noticias falsas, aludiendo que las “Fake News” no son un problema del periodismo, sino, un enemigo de la democracia, un problema de los partidos políticos, de los gobiernos, y sobre todo del ciudadano, dado que el 65% de las personas de todo el mundo se informan en primer lugar de las redes sociales. Es preocupante la incidencia negativa de estas noticias en la sociedad, por lo que se hace necesario una formación en materia digital, para interpretar los mensajes y poder diferenciar lo que verídico y lo que es falaz.
El combate de los contenidos falsos es responsabilidad de la democracia, son los sistemas y gobiernos que deben velar que no existan estos contenidos falsos. Por ello, los comunicadores deben encontrar fórmulas eficaces de hacer su trabajo e impedir que prosperen tantas mentiras en las redes. Los comunicadores no deben ser parte del problema, sino de la solución, alfabetizarse en el campo mediático y digital para contrarrestar con la verdad.
Como se mencionó en el Foro Internacional quizás de manera ingenua pensamos que el surgimiento de las redes sociales podrían ser un instrumento para la mejora de la democracia y vimos con el principio de las primaveras árabes el rol que pudo haber tenido plataformas como Facebook, para la organización de la sociedad civil, para reclamar sus derechos y derrocar Gobiernos autoritarios sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta también de los riesgos de estas redes sociales y los desafíos que imponen sobre todo para los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, que siempre han pensado la libertad de expresión en un marco tradicional de prensa escrita, televisiva, y que ahora hay que pensar en otro marco de prensa en donde primero hay carácter anónimo muchas veces, hay un carácter transnacional de las empresas que controlan estos medios de comunicación y una gran posibilidad de manipulación.
Lloret, indicó que las noticias falsas cambiaron el modelo de negocio de la información y son ellas mismas un modelo de negocio, por lo que es imposible que desaparezcan las Fake News, dado que los grandes holdings (sostenimiento) de la comunicación a nivel internacional están ganando dinero con estas formas de información. Debemos cortar ese ciclo vicioso que genera cada vez más odio, más polarización y más Fakes. Los comunicadores debemos trabajar sobre esa educación digital para que la verdad vuelva a tener prismas y no sea la verdad absolutista.
La Dra. Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió al tema de la ética y tutela de derechos humanos en materia de comunicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de forma más general de la jurisprudencia internacional de protección de los derechos humanos, pero, sobre todo hizo hincapié en los desafíos frente al cambio de paradigma en materia de información que estamos viviendo por el papel protagónico que juegan las redes sociales y su relación con la democracia.
Es pertinente evidenciar que la CIDH desde sus inicios sentó las bases y la relación íntima que existe entre la libertad de expresión y democracia. En una de sus primeras decisiones en el marco de su competencia consultiva ante una consulta realizada justamente Costa Rica en marco de la colegiación obligatoria de los periodistas, se pronunció y marcó un precedente que va a ser base para todo el desarrollo jurisprudencial de la libertad de expresión y su relación con la democracia. Dice la CIDH en su opinión consultiva la 585: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública, es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas, culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”. De esta manera, Macaya agregó que lo anterior, es, en fin, condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada, por ende, es posible afirmar que la sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Como garantizar entonces, ahora, la información de la sociedad frente a los desafíos que nos dan las redes sociales. También en el marco contencioso, en un caso que tiene que ver también con Costa Rica, caso Herrera-Ulloa vs Costa Rica del 2004, la Corte desarrolló aún más y nos dice que sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece; el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a crear el campo fuerte para sistemas autoritarios. Entonces, habla de un verdadero derecho de defender la democracia que constituye una concretización de varios derechos, en particular la libertad de expresión.
La CIDH ha hecho un especial énfasis en la importancia de la labor de los periodistas en esta relación entre libertad de expresión y democracia. Los periodistas de los medios de comunicación deben entonces tener una protección especial y una independencia para realizar sus funciones esto particularmente importante.
La Comisión Interamericana afirma que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas las cuales no pueden ser impuestas por los Estados, puede ser regulada pero necesita de un ambiente de libertad para poder ejercer estas escogencias propias de una decisión ética y ahí justamente los colegios de periodistas pueden jugar un papel muy importante, para recordar esta responsabilidad de los comunicadores frente también a estos nuevos desafíos que nos da el surgimiento primero de internet y luego de las redes sociales: “ Sabemos que este contenido llamémoslo Fake News o desinformación, puede afectar finalmente la democracia, que es lo que está en juego actualmente. Es uno de los grandes desafíos en los tribunales regionales y no hay duda de que lo que está pasando en la actualidad y será materia para que se desarrolle jurisprudencia al respecto”, acotó Macaya Lizano en el Foro Internacional.
Por su parte el Dr. Omar Rincón Rodríguez, escritor, investigador, crítico, académico y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia, hizo referencia a elementos de la información y a observaciones sobre la opinión pública.
Rincón señaló 5 elementos sobre la información actual:
Expresó que la verdad no es sexy, no ha sido sexy nunca, no es erótica, no es seductora, nadie dice la verdad todo el tiempo, este criterio de la verdad que hemos vendido y que el periodismo trató de vender nunca existió y no es absolutamente fascinante, por eso las Fake News entran tan fácil, porque uno quiere creer en las verdades de uno mismo, entonces, el concepto de verdad tiene un problema complicado visto desde este enfoque.
El periodismo clip todo lo hace por ganar un clip, por eso tiene como centro al informador, el medio o el político, pasando la noticia a ser más espectáculo público que un mensaje pertinente y oportuno para informar a la sociedad. No es que todo el periodismo de un clip sea malo, pero pareciera que lo que tiene mayor interés es sumar clips más que el mismo suceso. Y ahí reina el periodismo sensacionalista y militante.
La información ya no es un producto de los medios, es el producto fundamental de Google, Facebook, las redes y las plataformas digitales. En este sentido, los medios que eran los que se creían dueños de la información ya no lo son tanto. Hoy son las plataformas digitales las que explotan la información y la usan. El New York Times ya decidió que no es un medio de periodismo, es una plataforma digital, donde uno de sus productos es el periodismo, no el único.
Los medios de comunicación decidieron ante la crisis de credibilidad, legitimidad y de negocio volverse actores políticos. Hoy los medios son actores políticos. Por ejemplo, la oposición a Cristina Fernández en Argentina era el periódico Clarín, mientras que para Macri era su aliado fundamental. El medio O Globo estaba contra Dilma lo mismo La Folha de Sao Paulo, esto favoreció a Bolsonaro, quien a su vez ahora son su enemigo. New York Times y CNN es la oposición a Donald Trump. Todo esto indica que los medios decidieron eliminar ese papel de narrador de la sociedad y empezaron a ser actores políticos, en aras de defender el negocio y el negocio ahora es hacer el periodismo de sus dueños y sus empresas. A Clarín, por ejemplo, le interesa defender su negocio de internet y celulares más que el periodismo.
Murió el periodismo que habíamos creado en el siglo veinte, un periodismo donde supuestamente había objetividad, donde la verdad se contaba, donde supuestamente las cosas funcionaban perfectamente, eran neutrales y rigurosas. Estos medios hoy en día perdieron su lugar de referencia, no hay medios de referencia, lo último que quedaba era el New York Times y se fue para el carajo. Se muere también el periodismo de denuncia, ya no sirve para absolutamente nada. Hoy se denuncia a Donald Trump en EEUU, a Duque en Colombia y a Bukele en Salvador y no pasa absolutamente nada, no tiene incidencia pública. Todo se volvió una pirotecnia digital, cada uno en su fake, con eso también el periodismo pierde legitimidad.
Rincón, aprovechó el espacio donde participaron comunicadores, académicos y estudiantes de carreras universitarias para referirse a la opinión pública:
Los opinadores cambiaron. Antes, los líderes de opinión eran intelectuales que escribían libros, daban referencia y retaban a la sociedad. Hoy esos intelectuales fueron cambiados por influencer. Y qué es cambiarse de un líder de opinión por un influencer. El líder de opinión, el líder intelectual quería generar conversación pública, el influencer busca básicamente generar consumo, no ofender a sus audiencias y complacerlas para que lo amen y para poder mostrar productos que generen ingresos o beneficios a su red. El intelectual lo que quería generar era disenso, diversidad de opiniones en la sociedad.
Los intelectuales de hoy han sido desplazados por Twitteros superficiales, cuya lógica es una lectura a la velocidad de un clip, sin fondo ni análisis. Tenemos que empezar a entender que la opinión pública actual no es la opinión del siglo veinte cuando teníamos la prensa mandando, la televisión divirtiendo y la radio acompañando. Lo que tenemos es una opinión pública basada en redes digitales.
Hoy vemos diversos tipos de opinión pública, en un primer estadio la que llamo, opinión pública “jurásica”, que es donde habitamos los mayores de cuarenta años, quienes nos creemos todas las Fake News que nos pongan. Somos una generación que damos por un hecho que tenemos la verdad absoluta y que habitamos en el reino de Facebook, WhatsApp y Face News, que realmente deberíamos llamarle: “Fake Book”. En este mundo, nos creemos como verdades todo lo que nos pasan por redes y dispositivos móviles y lo asumimos como la gran maravilla. No obstante, estamos ante un problema complicadísimo, como es la falta de profundidad en el análisis de los mensajes y asumimos todo como válido, con grandes consecuencias, dado que somos cuatro mil millones de personas en el mundo que votamos e incidimos directamente en la democracia guiados por nuestras fake.
La opinión pública “zombie” que vive en las pantallas se cree muy cool y crítica, esos tres mil millones de jóvenes que habitan en Instagram, Tik Tok y YouTube. Todos dependen de una pantalla de celular, alucinados por el acceso a lo tecnológico, pero, que no tienen mucho espíritu crítico ante el mercado. No votan, pero tienen causas sociales como el medio ambiente y los feminismos.
“El club de la pele” que es donde viven los políticos y los periodistas peleando en Twitter. Lo que debemos entender es que Twitter es pequeña, solo tiene 300 millones de personas en su red a nivel mundial, por lo tanto, crea otra burbuja entre los que se creen opinadores y líderes, no obstante, cuenta con cero incidencia en la ciudadanía, pero como ahí están los periodistas y los políticos se creen que ese es el único mundo posible.
La esfera pública colectiva del siglo veinte ya no existe más, tenemos multiplicidad de escenarios y por eso pensar en opinión pública, es comenzar a pensarla en términos de cuáles son las redes que usamos, para que audiencias y en que estéticas y narrativas vamos a construir las opiniones públicas.
Dr. Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México, académico enfocado en proyectos de investigación, ligados al campo de la democracia, la prensa y la comunicación, articulados al modelo de desarrollo económico y político, desarrolló el tema de la responsabilidad periodística: una necesidad inclaudicable. Reconoce que al contexto del Covid-19, se le designa un carácter multidimensional y transtemporal al que èl ha propuesto que se le llame “META-EVENTO” ya que lo considera como un descomunal hecho histórico, porque una pandemia como la que ha brotado en el año 2020, no tiene una fecha de inicio, ni concluirá en un día especifico y el hecho de narrar y explicar este “metaevento” solo puede cubrirlo el periodismo. Las redes socio digitales esparcen noticias en instantes, pero, la tarea de darles coherencia y antes que nada desglosar entre los hechos falsos y verdaderos la cumple el periodismo profesional, este que coteja los hechos, que al equivocarse se reconoce. En ese sentido, la pandemia ha implicado nuevas exigencias porque es un acontecimiento que es imposible de comprender sino se le mira desde numerosos ángulos y se le reconoce su evolución constante.
Trejo mencionó que hay que ser enfático de que los periodistas son trabajadores esenciales, como el personal de salud o los trabajadores que mantienen funcionando las telecomunicaciones o la base de mercancías en la situación de emergencia que ocasionó la pandemia, sin embargo, no siempre los trabajadores de la información cuentan con las garantías materiales y jurídicas que requieren las tareas que realizan.
Con frecuencia los periodistas están expuestos a peligros que ahora se incrementan con la pandemia, a la violencia de grupos delincuenciales que les amenazan e incluso asesinan y el riesgo de contagiarse de COVID 19, pues ya son docenas los periodistas latinoamericanos que han fallecido de esa enfermedad. Se agrega a esto, la descalificación desde el poder político contra el periodismo que indaga y que refleja la diversidad de nuestras sociedades. Es la actitud vigilante y responsable de la prensa, la que se ha constituido en una de las más inquietantes amenazas de los Gobiernos de talante más autoritario, que abominan de la prensa crítica y la descreditan, por otra parte, desestiman la gravedad de la pandemia y menosprecian las indicaciones de los científicos para enfrentar esta emergencia. El periodismo profesional para hacer precisamente eso, comunicación con responsabilidad social, tiene que ser independiente de los poderes económicos y políticos.
No podemos dejar al margen, que también hay medios que informan sobre la pandemia, utilizando maniobras para generar el amarillismo y difundir el desconcierto. Pero el periodismo profesional es el que investiga, coteja los hechos y que cuando se equivoca lo reconoce y rectifica, mira desde numerosos ángulos y reconoce su evolución constante.
SURCOS recibió el siguiente documento con la comparecencia de la Red de Mujeres Rurales ante la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa realizada el 10 de noviembre del 2020.
Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. La situación de pandemia nos obliga a comunicarnos de esta manera.
En primer lugar queremos decir para analizar el Proyecto de Ley y para emitir nuestro criterio, partimos de nuestra realidad, de la vivencia en los territorios, que nos permite como mujeres de diversas comunidades tener conocimiento, saberes ancestrales sobre la alimentación, el uso de plantas medicinales, el cultivo de nuestra semilla criolla, local, nativa o campesina, que tenemos una espiritualidad que se vincula a nuestra forma de vida, y que tenemos formas de expresión que definen nuestra identidad.
También tenemos consciencia que somos parte importante de este país, que mucho se sustenta en el trabajo que realizamos y el producto que obtenemos.
También somos conscientes que desde muchos lados se desprecia nuestro trabajo, y se invisibiliza nuestro aporte como mujeres indígenas y campesinas. Aporte que se da no solo en la producción de bienes materiales, sino en la preservación de saberes, con nuestras luchas cotidianas y en la dignidad de nuestras comunidades.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Queremos decir y recordar que la Naturaleza es diversa, pero esa diversidad se está perdiendo rápidamente, dejando al planeta en un gran desequilibrio que está causando desastre de muchos tipos.
La mayor y más fuerte explotación de la tierra, el desarrollo de una productividad que no es sostenible, con más monocultivos, con uso de más pesticidas y semillas alteradas, no naturales, intensifica este desequilibrio. Esto le debe preocupar a toda la población, pero sobre todo a ustedes que están tomando decisiones que van a afectar el futuro próximo de la producción de alimentos, y también el futuro lejano.
Quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder. Podemos decir que hacer leyes que provoquen la concentración de las semillas es al mismo tiempo quitar el acceso a las semillas de la mayoría y por lo tanto atenta contra la democracia.
El control de las simillas afectará la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida de las personas. La diversidad de semillas es fundamental en el equilibrio de la Naturaleza, en la diversidad de alimentos, en la resistencia a los cambios climáticos y es fundamental para prevenir el hambre.
Si las semillas campesinas son restringidas se pierden; si no se pueden vender no se van a sembrar igual y si no se siembran se extinguen. Nuestra responsabilidad, en este momento de tanta crisis y destrucción, la responsabilidad de nosotras es reproducir todo lo que se pueda las semillas, todo tipo de semillas y material que ha sido la base de la diversidad alimentaria. La responsabilidad de ustedes es no impedir que las comunidades campesinas fortalezcan su producción, reproducción, conservación, venta, intercambio, regalo, trueque.
No podemos ni debemos dejar que se pierda la diversidad de alimentos, no podemos permitir que se homogenice en unos pocos alimentos industriales nuestra dieta. Si de algo ha servido la pandemia, ha sido mostrarnos la necesidad de fortalecer la producción diversa, local y en pequeñas escalas. El cierre de fronteras nos mostró que no son los mercados globalizados los que resolverán la necesidad de alimentos ante las crisis crecientes. La pandemia y las crisis climáticas nos han mostrado la necesidad de producir para los mercados locales y diversificados. La alimentación está en juego. No podemos hacerla más vulnerable dejándola acaparada en unas pocas manos.
Las grandes empresas multinacionales, productoras de semillas quieren imponerse en el mundo. No crean que es una originalidad de aquí, el control de los sistemas de semillas, y lo que provocará es se reducirá a unas pocas variedades de semillas y de alimentos. Y atrás viene la intención de digitalizar la agricultura para hacernos aún más dependientes. Y eso suma más amenaza a la diversidad; ya que la digitalización de la agricultura es para monocultivos, de alto costo, por lo que además es inaccesible. Este es un proceso de mayor concentración de la agricultura en pocas manos y por lo tanto menos democrática.
El sector agrícola monopólico no tiene ningún interés en la producción ecológica, socialmente comprometida, porque no tiene a las personas en el centro. Si les importaran las personas no fumigarían de manera despiadada a las poblaciones de las distintas comunidades. Sino que más bien promueven el uso de más y más pesticidas sintéticos.
Los registros son una forma de control de nuestra labor de siempre. Son regulaciones que pretende sacarnos de la actividad como productoras de alimentos, nos destruye a nosotras y a nuestras semillas. Si nos obligan a registrar nuestras semillas solo unos cuantos podrán sacar provecho de las semillas.
Esta historia es larga, en el 2002, o sea hace 18 años empezaron a dar pasos aquí en la Asamblea Legislativa. Y luego ha habido intereses de unos pocos que han movido estos proyectos de Ley. Y luego otros intentos: 2010, 2015, 2018. Cambian los diputados, pero la intención se repite.
Y siempre hacen lo mismo. No nos consultan a las organizaciones indígenas y campesinas, que somos población afectada por estos proyectos de Ley. Y nosotras somos las guardianas de las semillas, las que hemos hecho posible que las semillas se hayan conservado.
No se ha cumplido con el Convenio 169. El Convenio dice que “cualquier cosa que vaya a afectar los derechos y la forma de vida de las comunidades indígenas tiene que consultarse con los pueblos indígenas. Y tiene que consultarse en un idioma que entiendan con mecanismos democráticos y por sus propias autoridades”.
Además, debemos decir que el derecho a la soberanía alimentaria, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, votado a favor por Costa Rica, se describe y entiende como el derecho a que se respeten las formas de producir, de transformar, de distribuir y consumir de las comunidades campesinas. Dice también “De manera que se garantizaría a los/ las campesino-a-s el derecho a gestionar los recursos colectivos y a participar al diseño de las políticas públicas para mejorar la regulación de los sistemas agrícolas y alimentarios”. Y nosotras no hemos sido ni consultadas.
Sobre el proyecto de Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas, expediente 21087, no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas.
Si la intención es controlar las semillas de grandes empresas semilleras comerciales, no tiene que incluirse nuestras semillas campesinas en el Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley además es inconsistente. Por una parte dice “excepción: las semillas criollas, locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro”, pero resulta que dice que si queremos vender semillas en Costa Rica, esas semillas tienen que estar inscritas en el registro. Esas contradicciones son engañosas y peligrosas, porque deja sin definir quién decide al final sobre qué hacer. No cuesta mucho pensar que somos las personas en las comunidades las que saldremos perdiendo.
Pronunciamos nuestro acuerdo para que la producción de semillas en variedades mejoradas, las semillas alteradas genéticamente, importadas o producidas en grandes cantidades sean registradas y controlada su calidad. Pero esto no es aplicable a las semillas campesinas, semillas originarias o semillas criollas. Y como tal debe quedar muy claro en el texto del Proyecto de Ley, que ninguno de sus términos afecta a las semillas campesinas.
La destrucción de la diversidad nos deja como país en condiciones de menor capacidad de adaptación a los cambios y a la crisis climática, y aún más vulnerables en términos sanitarios y alimentarios. Por ejemplo, nosotras en el campo usamos diversos tipos de frijoles, unos más resistentes a la humedad y otros más resistentes a períodos secos. Con las variedades estamos desarrollando capacidad de adaptación, de resistencia y resiliencia para enfrentar los cambios de clima que son tan difíciles de predecir. El control y la estandarización de las semillas iría exactamente en dirección contraria a lo que dice el proyecto de Ley para procurar el abastecimiento ante la vulnerabilidad climática, sanitaria y alimentaria.
La promoción de la conservación, para la protección y uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación, debe considerar de manera explícita que no se refiere, ni considera, ni incluye a las semillas de producción campesina.
En el Artículo 2. Fines de la Ley, se propone: “Promover la producción y el control de calidad de semillas comerciales, dejando sin definición a qué se refiere con calidad de las semillas comerciales. Las semillas campesinas son de calidad y han sido desde siempre comerciales. Por tanto, debe definirse de manera directa y clara que esa característica de calidad se refiere a condiciones de homogenización, formas de producción exclusiva para semillas, y no a la dinámica equilibrada y diversa de la producción campesina.
Confunde y contradice el proyecto de ley el derecho a producir semillas, ya que las homogeniza y son actividades muy distintas la producción de las empresas semilleristas, de la producción campesina de semillas, y ambas son comerciales, pero en escalas y características diferentes. Tal y como está planteado en el texto del proyecto de ley lesiona nuestro derecho a producir.
Las semillas campesinas no deben ni pueden ser certificadas. Ya que nuestras unidades de producción son un todo que busca el equilibrio entre diversas especies y variedades. En la unidad de producción, se pueden encontrar con facilidad más de cien tipos y variedades vegetales, y algunas eventualmente se venderán. Pretender la certificación de cada una nos deja en una absoluta situación injusta e inequitativa para el proceso productivo de alimentos.
Las semillas campesinas, criollas y nativas, son el resultado de miles de años de trabajo de la humanidad, su valor reproductivo no es propiedad de una determinada persona. No es ese el derecho de resguardo, sino el derecho a producir, reproducir, vender, guardar, intercambiar, es que el que debe quedar resguardado.
Para que se pueda garantizar el abastecimiento nacional y el acceso, las semillas campesinas no deben sufrir restricciones.
La base genética se amplía fortaleciendo la producción diversificada de cultivos, salvaguardando la comercialización de las semillas campesinas, que son diversas y adaptables. Esto es lo que pueda garantizar la sostenibilidad. Pero aunque el proyecto lo anuncia como una intención, el cuerpo del proyecto de Ley lo contradice.
Por lo tanto, la Ley debe especificar que regula la actividad de semillas producidas específicamente para el comercio, y no aplicable a todo tipo de semillas.
La Declaración de interés público, del Artículo 4, plantea la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, pero las regulaciones que de seguido se incorporan exactamente lo contradice y lesiona los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, al no permitirse la libre comercialización de sus semillas.
En este sentido entra en contradicción con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas de zonas rurales, Declaración votada a favor por Costa Rica. En esta se consigna el derecho de la población campesina a “guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas”. Por lo tanto, no debe ni puede ser sometida a certificaciones.
De manera que, consideramos que el proyecto de ley entra en contradicción con la responsabilidad votada por Costa Rica, que como Estado debe adoptar las medidas para “respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales.
En el artículo 5. Se enuncia como Tutela del Derecho, pero contradice en el segundo párrafo lo anunciado en el primero. Tutelar el derecho de la producción campesina es negado al establecer la obligatoriedad de normas, procedimientos y especificaciones técnicas que riñen con la producción y prácticas culturales campesinas. Por lo tanto, no Tutela el Derecho de la población campesina en su producción local.
Este proyecto de Ley propone controles que amenazan la producción diversificada y camina hacia la privatización de las semillas. Planteamos nuestro desacuerdo y consideramos que debe quedar de manera claramente definida que las semillas campesinas no son objeto de las regulaciones de esta Ley.
La ley parece estar hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas y no sobre el derecho de la mayoría de la población. En el Artículo 9, se establece concentración de poder con representantes de este sector en la toma de decisiones, sin mayores regulaciones. En eso que ambiguamente se llama “sector semillerista”, sin incluir a los y las campesinas e indígenas, y sin incluir otras representaciones de la población vinculada con las semillas.
Y ese control perjudicial para la producción y conservación de las semillas se evidencia en los detalles en varios artículos.
La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas, y para estimular su reproducción debe poder venderlas. No puede ser que se nos persiga por la sagrada labor de sembrar, guardar y distribuir semillas.
Ustedes tienen la valiosa oportunidad de reivindicar el propósito de servir a las comunidades, a las personas, y no los intereses egoístas de unos pocos. Tienen la oportunidad de promover la agricultura diversificada para la soberanía alimentaria, y de dar pasos para el cumplimento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
Muchas gracias.
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 10 de noviembre de 2020
Imagen de cabecera: Fabiola Pomareda en Revista La Agroecóloga
Hace unos días participé, por voluntad propia, de convidado de piedra, en una conversación, un chat, que tenían un grupo de estimables personas, preocupadas por el devenir político del país.
La discusión se centraba, en la parte que me interesó, en el futuro político electoral del país. Las discusiones giraron alrededor de posibles reformas electorales que debían hacerse para mejorar la calidad de los diputados y el modo de escogerlos.
En esta perspectiva algunas opiniones se produjeron sobre fórmulas que hay para escoger y nombrar diputados, y algunas propuestas que se han hecho en los últimos tiempos en el país, así como las que se han llevado directamente al seno de la Asamblea Legislativa, entre ellas, ampliar el número de diputados, con lista nacional, la de hacer distritos electorales y que por ese medio se escoja un diputado por distrito, que participen con candidatos grupos organizados que no sean partidos políticos y otras propuestas, todas válidas para la discusión.
Lo que me sorprendió de ese intercambio de opiniones, con personas curtidas en procesos electorales, con personas que han participado abiertamente y con intensidad en partidos políticos y en procesos electorales, es que parecía que hablaban de otro mundo.
Ninguno de los que oí señaló que el proceso electoral está en marcha, que el primero de enero próximo, estamos a 7 semanas de eso, el Tribunal Supremo de Elecciones publicará el Calendario Electoral de las próximas elecciones, que parte desde el primero de enero del 2021 hasta el primer domingo de febrero del 2022, faltan 14 meses, y al primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda, por lo que ya no hay tiempo de hacer cambios en el modo de escoger candidatos a diputados, que requieran cambios constitucionales, como lo que discutían en ese chat.
En este momento todos los partidos tienen que someterse al actual régimen legal, establecido por el Código Electoral y los Estatutos de los partidos políticos, para definir la escogencia y el modo de nombrarlos.
Lo que los partidos políticos sí pueden hacer, todavía en tiempo, es modificar sus Estatutos sobre el método de elección, si por Convención Nacional, por Asambleas Provinciales, Cantonales o la Nacional, que siempre tiene el trámite de aprobación de lo que resuelvan las asambleas inferiores, como ya lo están haciendo unos partidos políticos.
Pero, tampoco les queda mucho tiempo. El tiempo corre, y puede suceder que cualquier acuerdo de Asambleas partidarias pueda ser impugnado legalmente y puede ir a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, y si corresponde, a la Sala IV, y esto es un problema que puede causar atrasos en la determinación de candidaturas, y de riesgo de inscripción a las mismas.
En este sentido lo más prudente para todos los partidos políticos es que los procesos de asambleas nacionales o provinciales, que tengan que hacerse, las realicen antes del mes de mayo próximo, por si tienen que repetirlas, de manera que al mes de julio, a más tardar agosto, todo lo de candidaturas esté resuelto. De esta forma, el segundo semestre del próximo año el panorama electoral estará bastante claro para todos los electores.
El otro aspecto que se ha hablado, de parte de algunos miembros y líderes, especialmente parlamentarios, de los partidos, es la posibilidad de una Coalición Política, unión de varios partidos para ir de esa manera a enfrentar el proceso electoral.
En este escenario se habla de dos dimensiones, la Coalición en toda la línea, cuando los partidos se unen para nombrar con una sola plancha presidencial y con unas únicas planchas diputadiles por provincia, a todos sus candidatos, y la otra opción, que he oído, es una Coalición presidencial pero con planchas independientes de los partidos coaligados para sus propios diputados. A mi modo de ver esto les enreda los escenarios porque los partidos tienen que hacer campaña para la coalición presidencial y para la lista propia de diputados, es un doble esfuerzo en propaganda, en gastos, en imágenes, en organización, en atención política.
El caso de las coaliciones tiene un proceso complejo. No es suficiente estar de acuerdo en unirse. Los partidos que se van a coaligar tienen que hacer un acuerdo de Asamblea Nacional, o Provincial, si es del caso, indicando que están de acuerdo en la Coalición, en el nombre de la coalición, sus estatutos, sus candidatos.
Todos los partidos que se van a coaligar tienen que aprobar en sus Asambleas los documentos del Partido que surge de la coalición, sus órganos directores, tiene que aprobar los candidatos, de los distintos partidos, donde además deben guardar las disposiciones generales de alternabilidad de género de forma vertical, por cada provincia, como horizontal, de manera que en al menos tres provincias vayan encabezando mujeres.
Sinceramente, me parece que algunas personas, quizá muchas, no tienen claro cómo funciona el proceso electoral nacional y lo peor es que esperan hasta última hora para impulsar los cambios y alianza.
A pocas semanas de iniciar el proceso electoral del 2021-2022 es necesario empezar a discutir más ampliamente sobre ese escenario que viene.
¿Hay interés político de desplazar al Partido Acción Ciudadana del Gobierno? ¿Tiene posibilidades el Partido Acción Ciudadana de tener un tercer período de gobierno consecutivo? ¿Si la gente está decepcionada del Partido Acción Ciudadana, volverá los ojos hacia los partidos tradicionales que han gobernado? ¿Qué nuevas opciones hay hoy en el escenario electoral, existentes y posibles? De estos temas seguiremos hablando las próximas semanas.
Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense
El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.
Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:
Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente)el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa;y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.
Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.
Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.
En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.
Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.
Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.
Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.
Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.
Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.
Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.
Dos apuntes finales:
¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?
Cuando hablamos de la Cultura costarricense generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas y a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos, que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social, que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la Escuela, el Colegio y la Universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la Universidad, y en la Iglesia también.
La Cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio, y las diversas formas de trabajo, así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamientos sociales e individuales, que heredamos y en las que participamos desde pequeños.
La Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles y intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.
Así tenemos la Cultura Costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La Cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial, que hoy recogemos bajo la forma de Patrimonio Cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general, como las hay en Costa Rica.
La Cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la Cultura Universal, haciendo que cada pueblo tenga SU cultura, expresada en sus particularidades que provocan, en mucho hoy, los grandes procesos migratorios de turistas para ir a conocer otras regiones, o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto, o para ir a observar Museos donde se resguardan para este deleite, las obras de las distintas manifestaciones de las diversas Artes, las Ciencias, la Música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese Patrimonio Histórico Cultural y Natural de nuestro país?
Por esta razón también los pueblos y las sociedades, han construido Museos, Bibliotecas, Archivos Nacionales, Centros de Rescate de este patrimonio humano. Y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener, en estas instituciones, los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural, para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro.
En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el Siglo XIX, con una sociedad más pobre, en recursos económico financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero, en esos tiempos, habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar estas instituciones de la Memoria Nacional. Y, hubo, sobre todo, los personajes políticos, Presidentes y Diputados, personas cultas y educadas, que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales, que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente, y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos.
El Archivo Nacional fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y de especialidades archivísticas, como el depósito y la conservación de los Protocolos Notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el edificio del Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como Museo. La Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, que se fundó el 13 de octubre de 1888, y con ella crecieron, a su amparo y protección, las Bibliotecas públicas costarricenses, que en algunos cantones son grandes y muy importantes. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las siete provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). En el caso de nuestra Biblioteca Nacional tiene documentos desde el siglo XVI.
Estas Instituciones, sagradas de la Cultura costarricense, tuvieron distintas sedes físicas, hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios, propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento.
El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los tres pilares mas importantes de nuestra Identidad Nacional, de la Identidad Nacional Costarricense. En el siglo XIX otras instituciones como el Registro Nacional, de propiedades, iniciado en 1841 y fortalecido a partir de 1867, y luego el de personas, a partir de 1887, el Instituto Geográfico Nacional, nacido como Instituto Físico Geográfico en 1889, son también instituciones que ayudan a perfilar la identidad nacional costarricense. Así se podrían mencionar otras instituciones de este tipo, desarrolladas en el siglo XX.
En el campo de la Cultura Costarricense el gran viraje lo dio el Presidente José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971, con el antecedente de en que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, Isacc Felipe Azofeifa Bolaños, Daniel Oduber Quirós y Carlos Monge Alfaro presentaron una propuesta a la Junta, para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Por iniciativa, luego de Alberto Cañas Escalante, en 1963, en el gobierno de Francisco Orlich, propuso crear adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atienten a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el apoyo de Fernando Volio Jiménez y el propio Presidente José Figueres.
El Ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de Cultura y Juventud, y Deportes, en una parte de su historia, para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional.
En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que viene desde mediados del Siglo XIX.
Las tareas que por ley y misión histórica tiene el Ministerio son las de “Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.”
Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: La Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Pública, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección del Centro de Investigación y Conservación Patrimonio Cultural, la Dirección de Bandas. Y, los siguientes órganos, el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SIMEN), el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Historico cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer.
Junto a estas instituciones está también el Archivo Eclesiástico “Bernardo Augusto Thiel”, muy importante para la cultura nacional, no solo religiosa.
Cuando hoy los Diputados están cercenando el Presupuesto Nacional del Ministerio de Cultura, como quien corta una res en un matadero, están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad institucional. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como Nación, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra Identidad Nacional, son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los Diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la Cultura como un Derecho Humano.
De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la Historia Costarricense, y de conocimientos básicos de Cultura General, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción, para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias, que se agrupan en el campo de la Cultura, en un periodo de crisis, como el que vivimos, pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un período de crisis como éste es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la Cultura Nacional y Costarricense. En un período como el que vivimos de inserción en la economía global y de Tratados de Libre Comercio, donde tienden a desdibujarse la naciones y los país, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la Identidad Nacional y de Nuestra Cultura Costarricense, para poder sobresalir en ese mapa global.
Pero, Diputados de la Nación, Representantes Populares, del Pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su Identidad Nacional.
Perdónenme, que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio puede actuar de esa manera, o siendo personas imbéciles, es decir que sean poco inteligentes, por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y entendimiento para comprender actos que realizan. Parto de la idea que los señores Diputados no caen en estas categorías.
Espero que la Asamblea Legislativa, en su nuevo edificio, no obnubile el entendimiento, la capacidad de razonamiento de los Ciudadanos Diputados, no los egolatrice al extremo de que su auto valoración, su auto estima, su auto adoración exagerada, su auto percepción de su condición de Diputados, no lo haga sentirse Dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple Tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la Cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos.
