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El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral

Escrito en 19/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…

No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.

En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.

Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.

Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.

La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.

De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.

Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.

El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.

El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.

El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.

En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.

En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.

Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.

En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.

En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.

Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.

El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.

En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.

Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.

Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.

El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.

Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES

Escrito en 15/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Yamileth González García*

El Informe dictamen de mayoría, (Expediente 21.052) de la “Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de Ley o Reformas en relación con la administración del FEES” (CE-FEES), de la Asamblea Legislativa es bastante deficiente, parte de premisas a las que no se les da comprobación con hechos y documentos fehacientes, por lo tanto, resultan poco cercanas a la “verdad”.
Tiene muy débil sustento, dice estar realizado “… con base en la normativa vigente y en la información que trascendió en prensa, en las manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior” (CE-FEES), o sea que la parcialidad campea, es un estudio hecho sobre diversas opiniones, sin una necesaria base documental. No es una investigación como debería demandar una institución como la Asamblea Legislativa, la cual, después de un año de trabajo, consista simplemente en un cúmulo de audiencias descoordinadas.
Además, como muestra de inconsistencia, por ejemplo, el Informe señala una “metodología” acordada por la Comisión, que consiste nada más que en fijar un horario, recibir audiencias y establecer tiempo de exposición, como ellos lo señalan: “La Comisión estableció como horario de sesión los días lunes de 9 a.m. a 11 a.m.; la dinámica de la investigación es la recepción de audiencias por sesión, además de realizar consultas a las diferentes instituciones y partes interesadas” (CE-FEES).
Como un dato que revela la falta de seriedad el “estudio” centra su atención en probar lo que los diputados y diputadas dijeron antes de iniciarlo; no aporta nada nuevo a lo que mencionaron antes de hacer esta “investigación”.
Es un “estudio” que le sirve de excusa a la comisión para ir más allá del encargo original (proponer proyectos o reformas en relación con la administración del FEES); no obstante, se excede en espacios académicos, más allá de lo que significa la administración de los recursos.
Por otra parte, el Informe parece responder a los requerimientos que varios de los organismos internacionales vienen señalando, desde décadas atrás: la necesidad de que las universidades generen sus propios recursos, aumenten el costo de la matrícula, fortalezcan las carreras técnicas y los diplomados, que se le de freno a la autonomía universitaria, ya que la conciben como un obstáculo para someter las universidades a las decisiones políticas y económicas del Gobierno, etc…,etc., Así tenemos, por ejemplo:

 Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.

 Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).

Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.

Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.

 También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”

Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.

Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.

Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.

El Informe contiene afirmaciones y propuestas que evidencian un enorme desconocimiento de la realidad universitaria, por ejemplo:

 La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”

Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.

Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…

Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.

Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.

 Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.

El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”

¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?

 Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).

Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.

Se señala que: “El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio.” Y que por eso consideran que “es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido” (CE-FEES. Y también que “es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos” (CE-FEES).

La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?

Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.

Señala el Informe que “LA OFERTA ACADÉMICA ESTÁ OBSOLETA Y DIVORCIADA DEL SECTOR PRODUCTIVO, LO QUE PRODUCE SOBRE OFERTA EN CIENCIAS SOCIALES Y UN ALTO DÉFICIT EN CARRERAS STEM”. Y que “Genera gran preocupación entre los miembros de esta Comisión, lo obsoleta y divorciada del sector productivo, que está la oferta académica, principalmente de la UCR, UNA y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (CE-FEES)…

Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.

Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.

La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…

El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»

Se insiste en el fortalecimiento de las carreras técnicas, pero eso siempre se ha hecho en las universidades y, si en este momento existe una demanda laboral hay que atenderla y fortalecerla; pero, desde luego no limitando o cerrando otros ámbitos. Si el mercado laboral demanda más técnicos, hay que atender la demanda, pero no cerrando ciencias sociales o artes… ¿Que haría la sociedad sin un pensamiento filosófico, sin escritores, artistas, historiadores, educadores…? El desarrollo es integral y a él caminamos desde diferentes perspectivas disciplinarias.

Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.

“LA ENTREGA DE DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS: UNA FORMA DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS REGIONES”, pregona el Informe.

“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”

Esa afirmación me genera dos comentarios:

El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.

En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.

Hay otros temas complejos en el Informe, sobre la repartición del FEES y la recomendación que hacen para que recursos del presupuesto de la UCR y de la UNA se trasladen al ITCR que, las diputadas y los diputados, asumen como la universidad del futuro en Costa Rica.

Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.

La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.

Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)

https://www.larepublica.net/noticia/tres-universidades-publicas-destacan-en-la-lista-de-las-mejores-del-mundo

Es importante concluir señalando que las universidades pueden recibir todo tipo de observaciones y recomendaciones, sobre salarios, empleo, etc. Etc. sin que eso signifique violentar la autonomía. Sugerir, proponer, lo que no sería admisible es ordenar. De manera que la afirmación que se hace en el informe, (“…estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto… No puede ser de recibo.

* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).

Imagen ilustrativa.

El autogol político 9796

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.

Una chispa podría encender la pradera

El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.

Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.^[1]

Un remedio peor que la enfermedad

El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.^[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.^[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).

Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.

Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?

Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»^[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.

No solo es regresiva sino también desproporcionada

Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;^[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.

¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?^[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?^[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?

¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».^[8]

Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.^[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.

Pero nadie más sordo que quien no quiere oír

No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?

De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»^[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).

Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.

Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?

El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?

¿Y cuándo rendirán cuentas?

Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.

Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».

La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».

Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.^[11]

^[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»

^[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

^[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.

^[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.

^[5] Convenio 102 de la OIT.

^[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.

^[7] Según CEPAl es de 22,4%.

^[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».

^[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.

^[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».

^[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/

Foto: AFUP

El disparate legislativo 9796

Escrito en 31/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

«La mentira puede correr un año,
la verdad la alcanza en un día.»^[1]

Hernán Alvarado

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.^[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.^[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»^[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.^[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?^[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.^[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.^[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

^[1] Según un refrán africano.

^[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

^[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

^[4] Constitución de la República de Costa Rica.

^[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

^[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

^[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

^[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

Imagen ilustrativa tomada de https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/autonomia-docente

¿Puede sacar provecho político el Gobierno de la Pandemia?

Escrito en 28/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con bastante frecuencia se viene señalando por parte de algunos actores políticos, también interesados en la POLITICA, y algunos de ellos respondiendo a sus intereses partidarios y PARTIDOS POLITICOS, y a su chata visión electoral, y especialmente electorera, en el manejo que el Gobierno hace del tratamiento público de la Pandemia del Coronavirus en el país.

Lo que más les preocupa no es que se atienda con acierto, como lo ha venido haciendo el Ministro de Salud, el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministro de Seguridad, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, sino que sean ellos los que cotidiana y diariamente, casi todos, dan la cara informando al país de la situación, del avance del crecimiento de contagiados, del número de internados y de los que están en la Unidades de Cuidados Intensivos, de los fallecidos, y de vez en cuando el Presidente de la República, que los acompaña, así como otros funcionarios públicos que tienen que ver con la situación en general, la Ministra de Turismo, la de Comercio Exterior, y los otros funcionarios médicos muy importantes en su rango de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Ministerio de Salud.

¿Y, si no son ellos, quién va a estar informando? Ellos son los que le llevan el pulso diario a la situación, y son los que científicamente pueden dar las respuestas objetivas y veraces, sin provocar alarmas, y sin generar falsas noticias o mágicas informaciones, y han logrado concentrar la información para que no se disparen por la libre informantes, que puedan desorientar, cuando el país requiere unidad nacional para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

Para mí el Gobierno no saca provecho de su lucha contra la pandemia. Esa es su tarea y su obligación. Si no lo hiciera, toda la jauría política ladraría en contra suya. Por dicha hay funcionarios que saben hacer las cosas y saben en qué puestos están.

En lo que a mí respecta me parece muy adecuada, oportuna, correcta y transparente la forma como ha venido operando ese Comando de Información. No me desvela ni me preocupa que estos funcionarios salgan todos los días informando de lo que saben, y de lo que todos queremos saber y aprender.

La gente espera los minutos prolongados, a veces casi a de dos horas con el interrogatorio de los periodistas, para llevarle el pulso a la situación. Esto da confianza personal, familiar, pública y política en las autoridades a cargo. Crea un liderazgo consentido con estos funcionarios, a quien honestamente nadie está viendo que saquen tajada política de lo que informan. Son ellos los más autorizados a dar esa información, y lo han hecho bien. Por sus funciones públicas todos son funcionarios y líderes políticos de la institucionalidad costarricense, guste o no a algunas personas.

El presidente Carlos Alvarado no ha tenido que “robar el show”. Es la figura menos decorativa de ese elenco de actores. De vez en cuando aparece, con un papel segundón, casi de director de debates, sin que se sienta su peso presidencial. Si él quisiera “robarse” ese espacio lo haría como lo hacen los presidentes en otros países.

El presidente Carlos Alvarado ha sabido delegar, cosa que cuesta mucho en líderes políticos deseosos de la atención pública. No lo necesita, tiene su lugar.

Aquí el presidente Carlos Alvarado, en este asunto de la información de la Pandemia y sus repercusiones no ha querido ser ni la Prima Donna de esta ópera, u opereta nacional, ni ha querido ser el centro de mesa, el florero de la mesa, o el muerto de la vela para llamar la atención.

Hasta ahora la ópera nacional, como drama está armonizada, tiene buen canto y lleva buen acompañamiento. Los cantantes de esta ópera no se dividen más que por sus funciones institucionales para explicar, sin tonos agudos y graves. Ni siquiera el Ministro de Salud hace de barítono, la más grave de las voces de los cantantes de la ópera, más aguda que el bajo, pero con sobriedad, con cierto carácter, sin perder la compostura, llama la atención con fortaleza, como lo hace un buen padre cuando tiene que educar y llamar la atención, como muchas veces lo tiene que hacer ante los ciudadanos irresponsables que no acatan, no siguen ni atienden las instrucciones que se dan para evitar la expansión de la pandemia y para controlar el virus.

Los que se enfrentan a estos funcionarios públicos, desde sus palcos y escenarios políticos, justamente, son los que se colocan como si actuaran en una opereta política, con trama incierta, disparatada, inventada, sacada de un sombrero de mago político, como quien saca un conejo de esa chistera.

Los que se colocan en el escenario de la opereta política lo hacen de manera ligera, como francotiradores cobardes, reclamando en el fondo que ellos deberían estar en el tablao principal. Como si fuera una zarzuela política estos políticos, críticos del gobierno y sus altos funcionarios, en la primera fila de lucha contra la pandemia, parecieran tener más un libreto cómico reflejando su vida política cotidiana, de chismes, de baja ralea, de acciones complicadas y alambicadas.

En la ópera, la opereta y la zarzuela se requiere gusto musical. Algunos de estos actores nacionales ni gusto tienen musical. Lo que les gusta es el escándalo, la bulla. No educan su voz, educan sus gritos. Ellos sí desearían ser el muerto de la vela del coronavirus político que los abraza, asintomáticamente en algunos casos, y en otros descarada y lloronamente, contratan plañideras y plañideros para que en su nombre ataquen al gobierno, al presidente y a estos altos funcionarios públicos que están haciendo muy bien su labor.

Las plañideras oficiales generalmente debían recordar las virtudes del fallecido. Aquí estas plañideras políticas, que están aterrorizadas, no por el más allá sino por el más acá del 2022, violando su buen papel solo tratan de bajarle el piso a los buenos funcionarios. Un triste papel que los coloca en sitios en que ellos mismos ni siquiera se han dado cuenta de dónde están.

Todo lo que se hace en el país desde los Poderes Públicos es político. Lo es más, por su naturaleza lo que surge en actos, acciones, o leyes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Poder Legislativo hace las leyes, pasa discutiendo proyectos de ley presentados por los propios diputados, por sus partidos políticos y por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Cuando aprueban los Proyectos de Ley en el Plenario Legislativo hacen surgir las Leyes de la República.

Esta Asamblea Legislativa en las dos Legislaturas que lleva, especialmente en esta última, presidida por el Diputado Carlos Ricardo Benavides, hizo leyes muy importantes para el país, nos gusten o no. Esa enorme cantidad de leyes quedan para los anales legislativos, pero para los Anales Históricos todo lo que hace la Asamblea Legislativa se abona a la imagen del Poder Ejecutivo, es como si el Poder Ejecutivo las hubiera, hecho cuando tan solo las sanciona para su publicación.

Hay leyes que el Poder Ejecutivo vetó y que la Asamblea Legislativa se las impuso, y quedan para la memoria histórica como si fueran del gobierno que no estaba de acuerdo con esas leyes. Así sucedió con la Ley del Aguinaldo, propuesta por Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional, que el presidente Echandi vetó, que el Congreso volvió a aprobarla, la refrendó y, para la memoria, hay quienes se la achacan al Gobierno de Echandi, cuando se mandó a publicar sin su firma.

Señores diputados pongan los pies sobre la tierra. Todo lo bueno que ustedes hagan, en aprobaciones de leyes, quedará a favor de la Memoria Histórica del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Excepcionalmente, alguna ley de alguno de ustedes podrá ser que se le recordará como de su confección, o de su partido político. No recuerdo de la última campaña política nacional que ustedes, como partidos políticos, hicieran mención alguna de leyes que sus diputados hubieran impulsado, se hubiera aprobado y tuvieran, esas leyes asiento en la grata memoria y en la conciencia de los costarricense.

En este Congreso no hay un solo diputado que evoque alguna ley como se recuerda la famosa Ley Ferreto, la del diputado Arnoldo Ferreto Segura. Ninguna Ley de las aprobadas hasta ahora lleva firma pública. Pero si hay un reconocimiento nacional a un grupo de diputados que se ha puesto las pilas, con todas las responsabilidades y consecuencias que ello tiene, y como grupo se les reconoce.

No se preocupen por criticar al Gobierno del manejo de la pandemia, si ni siquiera pueden manejar que la buena labor legislativa que se les reconoce, no la puedan achacar a sus respectivos nombres. Salen aprobadas como Leyes de la República, aprobadas en tal Legislatura del Gobierno o Administración de Carlos Alvarado Quesada. Así de simple. Ustedes hacen la imagen pública del gobierno de Carlos Alvarado Quesada cuando hacen buenas leyes y de calidad. Si hacen malas leyes y de baja calidad nacional reconocidas, esa mala imagen se achaca a ustedes y no al Gobierno. Así es como opera la política, la Política Legislativa y la Política Nacional.

Si quieren cuestionar la presencia pública de los funcionarios a cargo de la lucha contra la pandemia, háganlo contra sus resultados.

Si alguno de ellos aspirara a ser Candidato Presidencial para las elecciones del 2022, con todo derecho que tienen, hay que esperar hasta el primer semestre del próximo año, cuando los funcionarios del barco del Gobierno, tienen que abandonar la nave porque así lo exigen la Constitución y las Leyes de la República. En ese momento sabremos si alguno de los actuales funcionarios querrá ser candidato. Por ahora son altos funcionarios del gobierno a cargo de esta lucha nacional.

Apoyarlos es lo que corresponde. Criticarlos perversa y malintencionadamente es traicionar la buena labor que hacen. Si tienen alguien o algunas personas que creen que pueden sustituirlos en esa labor informativa propóngalo. Pero cualquier persona que esté al frente de esta tarea tendrá todas las luces de la ciudad en su figura.

Lo peor de un Congreso de diputados es cuando algunos de sus integrantes, queriéndose pintar como las Primas Donnas de la labor legislativa y del control político, no tienen idea de lo que hacen, y lo único que revelan es su estrechez de miras, su verdadero cálculo politiquero, su falta de inteligencia, su falta de sentido común, su plañiderismo político por todo, su desconocimiento del entorno político que habitan, y lo peor, su falta de inteligencia emocional política.

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Entre gaviotas y delfines*

Escrito en 25/04/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Al movimiento estudiantil que luchó contra ALCOA por defender la soberanía del país y preservar el patrimonio ecológico para las nuevas generaciones.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Estamos abordando la lancha, después de ponernos los chalecos salvavidas. El guía es realista y nos advierte lo difícil que es observar las ballenas, pero se cuida, al hacerlo, de no matarnos las ilusiones:

–No les garantizo que logremos avistar las ballenas; no es la mejor temporada, pero algunas veces nos sorprenden y cuando menos pensamos están allí. Por el contrario, sí, es muy probable que veamos los delfines. Es muy curioso que este lugar tan frecuentado por las ballenas cuente con una formación de arena de playa que tiene la forma de la cola de una ballena, ¿no les parece? La pueden apreciar mejor ahora que estamos a distancia. ¿Verdad que es bonita? Pero todo ese paisaje de montañas verdes al fondo sería un desierto si el gobierno de Costa Rica, por los años de 1970, hubiese mantenido la firma de los contratos con la compañía ALCOA, la famosa Aluminum Company of America, para explotar las minas de bauxita de toda esta zona. Exactamente allí en Bahía Ballena iban a construir un puerto para exportar la bauxita ¿Se pueden imaginar cómo sería este lugar? Sí, un desierto ¿Saben un detalle interesante? Uno de los primeros extranjeros que se vino a vivir a este lugar, siendo un joven, y que ahora tiene un pequeño hotel ecológico en la playa, se llama don John; trabajaba para ALCOA pero se enamoró de esta playa y de estas montañas. Dicen que le pasaba información al movimiento social que estaba en contra de los contratos con esta compañía, razón por la cual lo echaron de la empresa, y entonces se vino a vivir aquí. Miren, se los dije que si teníamos suerte íbamos a ver delfines; hay como tres que están tratando de cazar un pez grande que está debajo de ese tronco que flota; alisten las cámaras que esto va a ser una linda aventura.

No era para menos. Los delfines se habían preparado muy bien para ofrecernos una coreografía magistral. Una secuencia de saltos sincronizados, en curvatura, nos hacen movernos de un lado hacia otro de la lancha para tratar de tener el mejor ángulo con nuestras cámaras fotográficas. El guía nos advierte de mantenernos en los asientos porque podemos volcarnos pero la adrenalina está al tope y casi nadie le hace caso. Algunos piensan que por una buena fotografía se puede correr el riesgo; de todas maneras estamos con los chalecos salvavidas y el mar está tranquilo. Un delfín salta y los otros dos parecen imitarlo. Están rodeando al pez, y aunque parece como si jugaran, se trata, más bien, de una estrategia de ataque, nos dice el guía. El pez salta como queriendo salirse del círculo de la muerte que han construido los delfines, pero en ese preciso momento el delfín más grande salta también para cazarlo en el aire, ofreciéndonos el espectáculo de cierre perfecto: un salto mortal… para el pez. Increíble, parecía como que el delfín le había adivinado las intenciones al pez y en cuestión de segundos se cerró aquella casería marina con un delfín triunfante y un pez menos. Así es la lucha por la vida en el mundo marino. No alcanzamos a avistar las ballenas; será en la próxima.

De regreso a la playa me detengo a contemplar la bahía, ahora convertida en un parque nacional protegido. Me imagino lo que sería este lugar con un puerto construido exactamente allí, donde se dibujaban los montículos de arena en forma de cola de ballena, y como siguiendo un trazo parecido en dirección al mar aparecen los barcos mercantes. Sí, barcos enormes cargando la bauxita; tráileres en fila india; una pila o montículo de contendores como si fuese un edificio de apartamentos; movimiento y ruidos que aturden; bares, sodas y pequeños hoteles en los pocos predios donde se aprecian pequeñas, pequeñísimas, manchas de verde en medio de aquel desierto de polvo que se levanta para contaminar el aire y el mar; los animales marinos huyendo en estampida, aturdidos y desesperados; las ballenas jorobadas ahora en otros mares y bahías.

Y, aquel joven de escasos veinticinco años –sí, esa sería su edad, según la información que nos brindó el guía–, siente una angustia tan intensa que sería capaz de quitarle el sosiego hasta a un monje budista; una angustia que se transforma en un deseo de organizar un boicot para ahuyentar a aquellos “corsarios” de la compañía ALCOA. Está pensando en las ballenas y los delfines con sus movimientos dancísticos cuando se trata de jugar, y en los movimientos circulares cuando llega la hora de comer; en los riachuelos y cataratas que son como hilos de plata que se abren paso entre esas montañas de verde multicolor; en los pájaros, esa gaviotas que se desplazan plácidamente surcando el cielo, en esas lapas rojas teñidas de azul y en los tucanes que miran con reverencia mientras tuercen el pico y parecen saludarnos con esa ternura del niño sonriente. Sí, aquella exuberante naturaleza lo ha atrapado; con la suavidad del viento y aquel oleaje de colores esmeralda y azulado se fue adentrando en un mundo que hablaba un lenguaje extraño y esotérico, pero tan cálido y noble como convincente. Sin duda, se decía, la riqueza de este lugar está en su belleza y nada más; es un lugar para ser contemplado, admirado, adorado… y nada más. ¿Acaso puede haber un bien más preciado que la belleza? No, no quiere convertirse en cómplice de aquella empresa devastadora de ese mundo tan espléndidamente bello y generosamente acogedor. Se siente un miserable, un pendenciero, un ser sin alma que simplemente se ha dejado llevar por la ambición y el egoísmo que empobrece el espíritu y lastima la piel.

El joven John, mochila en mano, camina hasta el cuarto del hotel; se queda en la salita de espera y pide un café fuerte –“americano”, para su gusto–; luego prende un cigarrillo –“ticos” sin filtro– y empieza a maquinar. Tiene acceso a los planos del proyecto; los presupuestos, incluidas las ganancias exorbitantes que obtendrá la compañía; la estrategia de cabildeo para una votación favorable de los contratos por parte de la Asamblea Legislativa; algunas medidas de seguridad para los funcionarios; uno que otro informe con posibles sugerencias de estrategia anti-motines, de las que se aprenden en la Escuela Militar de las Américas en Panamá, para contener las manifestaciones del movimiento estudiantil. Prende otro cigarrillo y pide otra taza de café –más fuerte, por favor–. Su mente vuela, pero trata de apaciguarla. No es posible soltar toda la información y salirse del negocio, podría costarle no solo el puesto sino la vida. Se decide por el camino más lento pero más seguro. Continuar en la empresa y entregar la información en pequeñas dosis. Así lo hace. El movimiento estudiantil cuenta ahora con un poderoso aliado, ahí donde lo necesita; la información es cada vez más y fluye con mayor rapidez. El movimiento se fortalece en las calles de San José, y John pende de un hilo porque se sospecha de su colaboración: son muy frecuentes sus viajes a San José y últimamente se muestra un poco tenso, dicen los jefes.

El gobierno se ve obligado a echar marcha atrás con los contratos que ya había firmado porque el país está que arde. Una revuelta civil como la de 1948 estaba a la vuelta de la esquina; los estudiantes de secundaria y universitarios se convirtieron en la vanguardia de un movimiento que unió sindicatos, educadores y gente de la zona sur del país –los primeros que se opusieron a los contratos–. La victoria fue celebrada en las calles josefinas, como si hubiese sido una gesta parecida a la de 1856, cuando se expulsó a los filibusteros esclavistas.

A John no le pudieron comprobar la complicidad con el movimiento, pero bastó la sospecha para que lo echaran de la compañía. Ya él lo tenía previsto; su decisión era quedarse en el sur para disfrutar de sus bellezas naturales y, de paso, montarse un negocito para tener de qué vivir en un lugar donde abundaban los motivos para quedarse, hasta morir.

¡Qué mundo este!, los problemas de ayer se parecen tanto a los de hoy, y los años se pasan volando. Don John es un sesentón como muchos que cargamos la nostalgia de esos tiempos…de “paz y amor”.

* Relato tomado de Vega, Alvaro (2016) Entre gaviotas y delfines. Vivencia en la Costa rica. San José, BBB Producciones.

UCR: Universitarias respaldan ampliación de plazo para denunciar acoso sexual

Escrito en 06/02/2020. Publicado en Derechos.

Iniciativa busca ampliar de 2 a 8 años el plazo para denunciar y de esta forma, evitaría la prescripción de los casos y la impunidad de los agresores

Estudiantes universitarias afirmaron que su apoyo a la propuesta del diputado Enrique Sánchez «es política más no partidaria». Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) respaldaron la propuesta presentada por el diputado el Diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez a fin de ampliar el plazo para denunciar situaciones de acoso sexual en el espacio académico y laboral.

Las jóvenes forman parte de la colectiva “Me pasó en la UCR” y junto a las agrupaciones “Me pasó en la UNA y “Comisión Feminista TEC” acompañaron al legislador el miércoles 5 de febrero durante la conferencia de prensa en donde hizo pública la propuesta.

La iniciativa pretende modificar el artículo 38 de la Ley N.° 7476 “Contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia” creada en el 1995 y que establece un plazo de 2 años para formalizar una denuncia tras el último hecho de acoso experimentado por la víctima.

La propuesta del diputado pretende ampliar el plazo a 8 años, pues reconoce la complejidad emocional de estos procesos y la existencia de relaciones de poder que impide que las víctimas formalicen denuncias mientras existe algún vínculo con el agresor.

Sánchez reconoció la importancia de haber consolidado la ley N.° 7476 hace más de 25 años pero señaló que la realidad ha evidenciado la necesidad de actualizarla para garantizar que ningún caso de acoso u hostigamiento sexual quede en la impunidad.

Las estudiantes afirman que en los casos de acoso y hostigamiento por parte de docentes, es común que las víctimas se abstengan de denunciar mientras siguen cursando sus carreras por temor a represalias y al existir un plazo tan corto para denunciar, los casos prescriben.

La estudiante de la colectiva “Me pasó en la UCR”, Fabiola Bermúdez señaló la necesidad de “reconocer que muchas leyes de nuestro país se rigen a partir de estereotipos patriarcales que dificultan que las mujeres denunciemos”.

“Denunciar requiere tiempo, pues enfrentarse a procesos de denuncia culpabilizadores y revictimizantes no es sencillo, requiere tiempo porque sabemos que muchas personas y que incluso el sistema jurídico de nuestro país, no nos cree de primera entrada” enfatizó la joven.

La estudiante de la “Comisión Feminista TEC”, Daniela Cortes señaló la importancia de ampliar estos plazos de denuncia para poder avanzar en las reformas de los reglamentos internos de las universidades que se encuentran regidos por la actual ley.

“Queremos dejar claro que nuestra participación en esta mesa es política más no partidaria, ya que nuestro compromiso no está con los partidos políticos ni con las personas legisladoras de esta Asamblea” enfatizó la universitaria.

La propuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y tras ser convocado por Casa Presidencial sería enviado a la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Sánchez, quien espera que sea aprobado en el primer semestre del año.

La estudiante de la UCR, Fabiola Bermúdez reiteró la necesidad de dar tiempo a las víctimas para enfrentarse a «procesos de denuncia culpabilizadores y revictimizantes». Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

UCR trabaja para fortalecer reglamento institucional

El rector a.i de la UCR, Fernando García y la directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Montserrat Sagot, comparecieron el miércoles 5 de febrero ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer respecto a la situación de acoso sexual en la institución.

Sagot reconoció la situación como un problema presente en la institución y afirmó que desde el año anterior, se conformó una comisión institucional que trabaja para reformar el actual reglamento contra hostigamiento sexual.

Según la académica, se pretende ampliar las sanciones y reorganizar la instancia para fortalecer la atención del tema, que según reconoció, les obliga a luchar contra resistencias de algunos sectores y hasta “triquiñuelas” legales para dificultar los procesos.

La propuesta que trabaja esta comisión, en la que está presente la representación estudiantil, deberá ser presentada ante el Consejo Universitario en los próximos meses para su revisión y eventual aprobación.

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Foro de Justicia lanza campaña #VotoPúblicoYA para el proceso de selección de magistraturas

Escrito en 06/12/2019. Publicado en Derechos.

Se promueve la eliminación del voto secreto en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y en el plenario de la Asamblea Legislativa
Diputadas y diputados deberían aprobar un cambio en el Reglamento Legislativo

Las organizaciones integrantes del Foro de Justicia, los paneles independientes de observadores de las elecciones a Magistraturas, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, otros grupos y personas expertas han realizado una serie de propuestas para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas. En esta ocasión, el Foro de Justicia hace un llamado especialmente urgente para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todo el proceso de selección, desde la valoración en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN), hasta la votación final en el plenario, de tal forma que así, al menos se elimine la opacidad y falta de rendición de cuentas, mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son indispensables para que estos procesos cumplan con los mejores estándares internacionales.

Solo en el período 2014-2018 se han efectuado ocho procesos de elección de magistraturas y cuatro de reelección, que impactan sustancialmente la dirección del Poder Judicial, institución que garantiza los derechos y el acceso a la justicia a todos los habitantes. La escogencia de estas magistraturas ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario mediante una votación secreta. Además, los informes finales sugieren nombres para la terna, generalmente sin motivación o fundamentación alguna.

Para empeorar el clima de opacidad, una vez trasladado el informe o los informes al Plenario, los diputados y diputadas votan también en secreto, no solo por los nombres sugeridos, sino que pueden votar por cualquier persona que tenga los requisitos constitucionales, aunque no haya participado en el proceso de selección.

Estas prácticas contradicen abiertamente los principios constitucionales de representación, idoneidad y rendición de cuentas. Perjudican no solo la imagen del Poder Legislativo, sino también a las personas que se eligen y a aquellas que sometieron sus nombres al proceso. Además, se mina la posibilidad de fortalecer el Poder Judicial con personas que ejerzan sus cargos de manera independiente.

La votación secreta en la CPEN puede ser fácilmente revertida si los diputados y diputadas que la integran así lo aprueban, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el Plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Es decir, solo se requiere de la voluntad política de quienes integran este poder de la República. Ambos temas, valga mencionar, se encuentran pendientes de resolución en diversas acciones que está conociendo la Sala Constitucional.

Ante esta situación el Foro de Justicia lanza su campaña #VotoPúblicoYa en la Asamblea Legislativa, la cual busca exigirle a la Asamblea Legislativa un ejercicio de transparencia mediante dos acciones clave: 1) que se introduzcan los cambios necesarios al Reglamento Legislativo y la metodología de la CPEN para garantizar la publicidad del voto en futuras elecciones de este tipo; 2) que mientras se gestan dichos cambios normativos, los legisladores y las legisladoras hagan público su voto.

El Foro de Justicia alienta a la ciudadanía a exigir estas acciones en redes sociales mediante estas sencillas acciones:

Etiquete el usuario de los y las integrantes de la Asamblea Legislativa
Exíjales que hagan su #VotoPúblicoYa

También instamos a los medios de comunicación a unirse y difundir la campaña #VotoPúblicoYa en la Asamblea Legislativa. Esta es una manera de recordarle a las legisladoras y legisladores que son nuestros representantes, y que cómo tales, deben rendirnos cuentas sobre qué tipo de decisiones y negociaciones están realizando en un tema tan trascendental como la elección de quienes dirigen el rumbo del Poder Judicial. Este es un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos sin discriminación alguna.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Foto: https://www.ucr.ac.cr/

Enviado a SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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SALA CONSTITUCIONAL SE NIEGA A PONER LÍMITES A ASAMBLEA LEGISLATIVA EN PROCESOS DE ELECCIÓN DE MAGISTRATURAS

Escrito en 28/10/2019. Publicado en Derechos.

En días recientes, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad (expediente No. 19-016721-0007-CO) que pretendía poner límites a la discrecionalidad en la elección de magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa.

Por mayoría, la Sala decidió no entrar a conocer el fondo de la acción; todavía no se conoce la redacción del voto ni los criterios que utilizó para tal decisión. Una vez que se reciba la notificación del voto de la Sala, las personas accionantes valorarán acudir a instancias internacionales para que se garantice el acceso a una justicia independiente y libre de injerencias indebidas.

La acción de inconstitucionalidad había sido interpuesta en setiembre de este año por 34 destacadas personalidades del mundo científico, académico y de derechos humanos. Su objetivo era lograr que la Asamblea Legislativa enmendara sus actuaciones, ya que los procesos de elección actual no respetan las obligaciones internacionales que tiene el Estado costarricense y menoscaban la independencia del Poder Judicial.

La decisión de la Sala es preocupante pues valida la discrecionalidad en la elección de magistraturas, dejando a la población indefensa ante las actuaciones de los y las diputadas. El pasado 23 de octubre, por ejemplo, se conoció de la conformación de una terna para llenar una vacante de la Sala Primera, la cual se definió mediante votación secreta, teniendo como resultado la selección de tres personas que no fueron las mejores calificadas durante el proceso de valoración de atestados. De esta manera, los y las diputadas hicieron caso omiso a las recomendaciones dadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, así como de amplios sectores de la sociedad civil.

Las personas firmantes reiteramos la preocupación por la forma en cómo se están llevando a cabo estos procesos de elección. Sin publicidad, ni transparencia, ni criterios objetivos, existe un alto riesgo de que las personas que se elijan respondan a intereses particulares y no ejerzan el cargo con independencia. Las consecuencias de esto serían irreparables para los derechos humanos y la democracia.

San José, 28 de octubre de 2019

Suscriben: Ana Marcia Aguiluz Soto; Dr. Walter Antillón Montealegre; Msc. Andrés Araya Montezuma – Presidente, Costa Rica Íntegra; Dra. Gabriela Arguedas Ramírez; Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Msc. Larisa Arroyo Navarrete; Dra. Roxana Arroyo Vargas; Dr. Francisco Barahona Riera; Licda. Yolanda Bertozzi Barrantes; Ana María Botey Sobrado; Msc. Héctor Ferlini Salazar; Luis Antonio González Jiménez; Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez; Dr. Alexander Jiménez Matarrita; Dr. Arnoldo Mora Rodríguez; Dra. Henriette Raventós Vorts; Dr. Miguel Angel Sobrado Cháves; Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño

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Organizan lucha en defensa del cine y la cultura

Escrito en 18/10/2019. Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR

En la Asamblea Legislativa fue aprobada una la moción presentada por la diputada Shirley Diaz para el recorte de 225 millones de colones en el sector cultura, de los cuales 100 millones son directamente recortados del presupuesto del Centro de Cine.

El Centro de Cine representa un ente fundamental para la inversión en la producción audiovisual costarricense. Resaltamos la importancia de este fondo ya que es el único fondo estatal designado para cine en el país. También resaltamos el valor que programas del Centro de Cine como Preámbulo o CRFIC tienen como difusores de cine y plataformas para cineastas centroamericanos. Asimismo, el Centro de Cine cuenta con el fondo El Fauno, para el fomento audiovisual y cinematográfico, el cual es indispensable para el financiamiento de proyectos audiovisuales en el país, y que desde su fundación en el 2015 ha apoyado a más de cuarenta películas.

El recorte comprometería la ejecución de todos estos programas, que además de cesar su funcionamiento, se llevarían con ellos oportunidades laborales que nacen cuando se producen productos audiovisuales: hospedaje, alimentación, transporte, compra de materiales, etcétera.

Desde la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva, condenamos este accionar y les invitamos a asistir a la reunión convocada por el sector audiovisual el día de hoy a las 7pm en el Mini Auditorio 414 de la Universidad Veritas, en donde se discutirá qué acciones tomar en relación al tema.

Invertir en cine es invertir en el país.

#LeyDeCineYa #Noalrecorteencine

Compartido con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández

Etiqueta: Asamblea Legislativa

Yamileth González García*

Vladimir de la Cruz

Iniciativa busca ampliar de 2 a 8 años el plazo para denunciar y de esta forma, evitaría la prescripción de los casos y la impunidad de los agresores

UCR trabaja para fortalecer reglamento institucional

Se promueve la eliminación del voto secreto en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y en el plenario de la Asamblea Legislativa

Diputadas y diputados deberían aprobar un cambio en el Reglamento Legislativo