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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Coherencia perversa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hay una coherencia perversa en la mayoría parlamentaria que se impone en estos momentos. Es lógico que los diputados y diputadas que le regalan 160 millones de colones a una asociación religiosa privada sin controles, o que invitan a líderes religiosos a inaugurar las nuevas instalaciones del Parlamento, confundiendo una institución pública con un sitio confesional; es lógico, digo, que sea esa misma mayoría parlamentaria la que quiera desfinanciar y asfixiar económicamente a la educación y a la cultura públicas.

No admiten más verdades que sus dogmas, por eso abominan del conocimiento científico. No conciben más texto que SUS biblias, no admiten más templos que sus iglesias, queriendo ver cerrados teatros, cines, centros culturales gimnasios y estadios. Y agitan sus demonios, pecados e infiernos para impedir que los espíritus libres conquisten el futuro.

El hilo se revienta por lo más delgado y una nación con educación pública y una inversión cultural anémicas, son la vía más rápida para acabar con la democracia. No es cualquier cosa la que se juega con esta fiesta de recortes en inversión social. Se estarán revolcando en sus tumbas las generaciones pasados que apostaron por una Costa Rica culta y educada.

¡Qué vergüenza!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Colectivos literarios envían carta a legisladores

Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.

San José, 18 de octubre de 2020

Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente

Estimados señores y señoras:

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.

De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.

Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.

Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.

Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.

Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.

Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.

Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.

Ver las firmas en la carta para descargar:

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

No a los recortes en cultura. Un país sin cultura es un país sin identidad

SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.

Compartimos la carta:

17 de octubre 2020, San José, Costa Rica

Señoras y señores Diputados

Comisión de Asuntos Hacendarios

Asamblea Legislativa

Asunto: No a los Recortes en Cultura

Estimadas señoras y señores Diputados,

Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.

Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.

Lamentablemente estos recortes representan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.

Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:

  • Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
  • Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
  • Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
  • Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.

Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.

Un país sin cultura, es un país sin identidad.

Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)

Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)

Consorcio Animation Costa Rica (ACR)

Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds

Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)

 

Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.

Cuatro Presidentes y cuatro experiencias de luchas históricas, ALCOA, la lucha magisterial de 1995, el Combo del ICE y el TLC

Vladimir de la Cruz

Es usual, en la memoria colectiva de las luchas sociales y populares, revivir algunas luchas, intensas, que marcan todavía el recuerdo de muchas personas, activistas de ella, como grandes episodios de la lucha popular del pueblo costarricense. En las cuatro he participado, he sido testigo y actor.

I.

La lucha de ALCOA, que culminó el 24 de abril de 1970, fue una lucha surgida en el movimiento estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica, por parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, del cual era uno de sus dirigentes estudiantiles, y llevada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, entonces única Universidad en el país.

En aquellos años el Partido Comunista, Vanguardia Popular, en una relativa legalidad, venía publicando artículos del Ing. Fernando Chaves Molina, en su periódico “Libertad”, desde principios de la década del 60, sobre la Aluminiun Company of América, ALCOA, sus actividades extractoras mineras en el Caribe y la amenaza que significaba para Costa Rica, porque ya se venía promoviendo un Contrato Ley con esa empresa. Fernando Chaves había publicado un folleto ilustrativo “La ALCOA, un matapalo”, 1969, cuando estaba iniciando su trámite legislativo.

El FAU había empezado sus actividades en 1967, con gran presencia universitaria, a partir de ese año.

La FEUCR realizaba sus Congresos Estudiantiles anuales, en el mes de marzo, para renovar sus autoridades y dirigentes. No había elecciones directas, que se ganaron por la lucha del FAU para obtenerlas.

En ese Congreso de marzo de 1969 propusimos luchar contra la aprobación del Contrato Ley con la ALCOA, para realizar extracciones de Bauxita en el Valle de El General. El Congreso Estudiantil aprobó integrar una Comisión de Estudio del Contrato que trabajó el resto del año.

En noviembre de 1969, cuando iniciaban las Sesiones Extraordinarias Legislativas que se prolongaban hasta abril de 1970, el Gobierno del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, aprovechó para enviar el Proyecto para su aprobación parlamentaria, aprovechando la entrada a vacaciones, y pensando en la desmovilización de los estudiantes. El Proyecto había iniciado su trámite parlamentario el 19 de diciembre de 1968.

Para ese momento los estudiantes comunistas habíamos adquirido una gran experiencia en luchas estudiantiles y en huelgas. A ello se habían sumando, muy significativamente, grupos estudiantiles cristianos, organizados en la UCR, inspirados en las transformaciones que venía sufriendo la Iglesia Católica en América Latina, después del Concilio y de la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968.

La lucha contra la ALCOA así se dio en la práctica durante 1969 y culminó el 24 de abril de 1970 cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Esta lucha proyectó al movimiento estudiantil en los estudiantes de secundaria, que poco a poco fuimos visitando, agitando y organizando. Durante su discusión parlamentaria hubo muchas movilizaciones y luchas populares que producían estudiantes detenidos con frecuencia.

Un elemento clave en esta lucha fue que había un núcleo de diputados que estaban en contra el Proyecto de la ALCOA, lo que servía de vértice de llegada a la Asamblea Legislativa, para apoyarlos en su oposición parlamentaria. Del mismo modo, especialmente uno de ellos, Rodrigo Carazo Odio, acompañaba a los dirigentes estudiantiles a los colegios. Los otros diputados opositores a la ALCOA eran Fernando Volio Jiménez, Jorge Luis Villanueva Badilla, Uriel Arrieta Salas, José Hine García, José Antonio Bolaños Rojas, Cecilia González, Arnulfo Carmona Benavides, Fernando Gutiérrez Benavides, Fernando Guzmán Mata y Armando Arauz Aguilar. El Contrato de ALCOA tuvo una gran atención y debate público durante ese año. Sin esos diputados la lucha no hubiera tenido el alcance que tuvo.

La presión de los estudiantes se hacía en la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, entonces ubicada donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus paredes y puertas daban directamente a la acera, con una entrada principal al este frente al Parque Nacional. Allí mismo hacia el norte, antes de llegar a la esquina, había una puertita pequeña.

En la Asamblea Legislativa se presionaba para que no aprobaran el Contrato Ley, y en la Casa Presidencial para que el Presidente retirara el Contrato de la corriente legislativa.

Un día, con la Casa Presidencial rodeada de estudiantes, por esa puertita salió el Presidente Trejos Fernández, con uno de sus hijos, y otros funcionarios. Los estudiantes lo rodeamos, con respeto, exigiéndole el retiro del Proyecto. Su hijo nos manifestó que el Presidente tenía que ir al edificio de Correos porque tenia allí una reunión, e iba ir caminando. Y con el Presidente nos fuimos un grupo de estudiantes, y dirigentes, no solo para mantener nuestra exigencia sino para velar también de su seguridad personal en ese trayecto. Esto que he contado, el 18 de abril del 2016, cuando se cumplió el Centenario del nacimiento del Presidente Trejos Fernández, en un acto que se hizo oficial en el Museo del Niño, en el que intervine recordando su Gobierno, su hijo, justamente hizo un recuerdo de aquella caminata al edificio de Correos.

El Contrato de la ALCOA se aprobó pero no llegó a ejecutarse. El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho, hizo su tesis de graduación sobre la figura jurídica del Contrato Ley, para eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico, lo que poco tiempo después se logró. Y el Contrato finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del diputado José Manuel Salazar Navarrete.

Esa lucha de ALCOA tuvo fuertes enfrentamientos con la policía, particularmente el 24 de abril cuando se aprobó el Contrato por los diputados, lo que provocó que se reaccionara quebrando los vidrios de la Asamblea Legislativa, y desconectando la electricidad, debido a que el panel de breckers estaba afuera. Momentos antes el Padre Benjamín Núñez Vargas y el abogado Oscar Chacón Jinesta habían estado arengando y motivando a los estudiantes en su lucha, de manera muy exaltada. El enfrentamiento con la policía dio por resultado más de 200 jóvenes detenidos “a la pura bulla”. La policía procedió a detener jóvenes que anduvieran con uniforme estudiantil en las paradas de buses aun cuando no habían estado presentes en la Asamblea Legislativa.

II.

A José María Figueres lo conocí en un tope en el Paseo Colón, en 1994, viendo pasar el tope, él venía con su primera esposa Josette Altmann Borbón, a caballo. Josette era alumna mía en la Universidad y yo participaba del Tribunal de Tesis suyo, que la tenía en preparación. Josette al verme cruzó la calle para saludarme. Detrás de ella llegó José María, a quien me lo presentó. Poco tiempo después, 1994, ganó José María la Presidencia y Josette el Despacho de la Primera Dama.

Yo seguía en mis clases. Un día una llamada de la Primera Dama me hizo ir a la Casa Presidencial. Quería que le ayudara en algunos asuntos de su Despacho, revisándole o haciéndole escritos y discursos, y pidiendo consejos. Me puso en una oficinita a la par de la suya, a la que yo podía llegar. Le ayudé varios meses. Al Presidente no lo veía.

Por la confianza y el cariño que le tenía me daba el lujo de criticarle, cuando así lo consideraba, a su esposo, el Presidente, respecto a su gestión. Cuando se vino la huelga del magisterio, que yo apoyaba, había mucha presión interna para que el Presidente apretara a los educadores. Yo metía carbón para que no fuera así, que no ahogara el movimiento magisterial, y sus luchas, que prácticamente lo podía liquidar según lo veía yo en ese momento, que diera algo, que cediera en algo.

En una de las grandes manifestaciones que se hicieron a la Casa Presidencial, estando yo allí, el Presidente me pidió mi opinión sobre el movimiento y la situación. Mi tesis fue de que recibiera a los dirigentes sindicales. Estaba listo el Presidente para recibirlos cuando llegó una Ministra y le dijo, delante de mí, que uno de los dirigentes sindicales desde la tumba cocos estaba insultándolo y ofendiéndolo, y a su familia, y que no los recibiera. Y así sucedió…no fueron recibidos.

Me quedé unos minutos más conversando sobre la situación cuando se presentó un Alto Oficial de Seguridad y le dijo, delante de mí: “Tenemos informes de que los manifestantes van a invadir el recinto presidencial”. El Presidente Figueres se quedó pensando unos segundos, para mí minutos, y serenamente le dijo: “Déjelos que se brinquen la tapia, la valla, déjelos que estén en el jardín, pero, si entran al edificio… son suyos”. Nada de eso llegó a suceder.

III.

Para la elecciones de 1998 yo había participado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Fuerza Democrática. La Presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Una campaña electoral intensa que nos permitió elegir tres diputados, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz.

El Presidente Rodríguez impulsó el Proceso de la Concertación, con más de 200 organizaciones presentes, y con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, excepto dos, la liberalización o apertura del ICE y del INS.

Habiendo terminado yo en tercer lugar en el proceso electoral, y habiendo elegido tres diputados, me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la Concertación. Resultado positivo de este Proceso y de la Administración Rodríguez Echeverría fue la Ley de Protección del Trabajador, que podría considerarse la más importante reforma social que, después de 1943 y 1948, se había logrado.

La privatización o apertura del ICE, como se conoció popularmente el Proyecto, que se puso en discusión de la Asamblea Legislativa, puso en tensión al país, especialmente por los sindicatos del ICE, que eran tres los más importantes, que habían participado en el Proceso de la Concertación, y que habían hecho propuestas para la apertura en un plazo de cinco años. El Gobierno quería que fuera a seis meses, y había otra propuesta que se orientaba por dos o tres años.

La apertura del ICE implicaba reformar un conjunto de leyes, lo que en paquete se denominó, popularmente, y así se sigue recordando, el Combo del ICE. El “combo” porque en esos días se acaba de introducir en las comidas rápidas el paquete de varios alimentos que llamaban “combo”.

De nuevo, como en ALCOA, el movimiento estudiantil universitario, ya con varias universidades públicas, y más politizado, con mayor presencia de estudiantes de izquierda, con los sindicatos del ICE a la cabeza, y con el resto del movimiento sindical y organizaciones populares apoyando la no apertura, se empezaron a dar movilizaciones populares a la Asamblea Legislativa, que ya no era la misma. En 1970 no tenia los muros que tenía en el 2000, no había acceso directo al edificio, que ya estaba bien resguardado de manifestaciones que llegaran hasta la puerta y ventanas del edificio.

Elemento clave, como en 1970, fue la presencia de los tres diputados de Fuerza Democrática. El más sólido parlamentariamente, José Manuel Núñez, el más emblemático ante las masas, que llegaban a la Asamblea Legislativa, y por sus vínculos sindicales, y gran orador, José Merino, y el arenguero de plaza pública, Célimo Guido. Como en ALCOA los tres se convirtieron en el punto de llegada a la Asamblea legislativa. Sin diputados esa lucha hubiera sido más dura.

La lucha contra el Combo del ICE adquirió una magnitud nacional por la presencia de la misma institución en todo el país, y con ello de las seccionales sindicales que actuaban por todo el territorio, junto a los sindicatos locales o regionales, y junto a los estudiantes que de igual manera se sumaron a esa lucha. Un jueves santo en la noche se aprobó la apertura del ICE.

Igual que en ALCOA, de inmediato el Presidente Rodríguez como lo hizo el Presidente Trejos, retiraron los Proyectos de Ley de las Sesiones Extraordinarias, para paralizar la Asamblea y con ello apagar a los estudiantes y sindicatos. Pero no sucedió así.

En ALCOA no tuvimos la capacidad ni la visión de continuar la lucha después de su aprobación. En el Combo del ICE la lucha inmediatamente se sostuvo, y se mantuvo in crescendo en todo el país, paros, bloqueos, piquetes, movilizaciones. Tres semanas intensas de luchas llegaron a paralizar totalmente el país. La policía no podía cubrir los más de 300 puntos de luchas que se daban casi a diario. La policía incluso fue incomunicada por las acciones de calle, y debilitada en su capacidad represiva. Pérez Zeledón se había convertido en uno de esos baluartes. Allí la policía quedó inmovilizada y sin parque de ningún tipo. No se podía entrar a Pérez Zeledón, ni por tierra ni por aire, todo estaba bloqueado. Tres días de lucha y la policía estaba sin poder actuar. Cañas, en Guanacaste, fue otro baluarte de lucha. Una foto de esos días, en un periódico nacional… una señora, del Partido Fuerza Democrática, sola en la carretera panamericana, paralizando los trailers y otros automotores en la carretera.

El gobierno empezaba cierta inmovilización, que pienso que si se hubiera mantenido, se pudieron haber creado condiciones para que el Gobierno se cayera.

Uno de esos días, en plena lucha, me llamaron, como dirigente y asesor parlamentario que era de Fuerza Democrática, de un Colegio de Monjas de Cartago. Llegué a las 7 a.m. Me esperaba y atendió la Directora. Fue directa y me dijo: “¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, los estudiantes vienen de sus casas, no se quedan en el Colegio, y se van para las manifestaciones. Sus padres creen que están en el Colegio y están en la calle”. Hablamos de la situación y le dije que cerrara el Colegio y le trasladara la responsabilidad de los muchachos a los padres, y así lo hizo de manera inmediata.

A mi regreso de Cartago, en el Alto de Ochomogo, en el Plantel de RECOPE, había un molote de gente, a la entrada, discutiendo con un destacamento policial sobre abrir los portones. Me bajé del carro. Me dirigí a la entrada. De inmediato se me presentó un Oficial de la Fuerza Pública, al reconocerme me saludó militarmente, diciéndome: “Usted es un político, yo soy un policía. Tengo la obligación de cumplir una orden, la de abrir el portón para que que puedan salir trabajadores, que estos señores, los sindicalistas, no quieren abrir”. Me dirigí, con el Oficial, a los trabajadores, que algunos me conocían, hablamos de la situación y acordamos que la policía se retiraba y que ellos abrían el portón. Así sucedió. El plantel de RECOPE permaneció en manos de los sindicalistas y la policía se retiró. Pero el Gobierno no se sentía. El que yo hubiera actuado como autoridad superior en ese momento ante los policías, que respetaron lo actuado, me hacía ver que el Gobierno estaba demasiado débil, sin controlar el territorio nacional.

Una noche, estando en la Asamblea Legislativa coordinado con el diputado Franz Acosta Apolonio, de Liberación Nacional, el control de la ruta al Atlántico, que estaba paralizada por bloqueo de trailers, que Franz coordinaba, me solicitaron abrir la ruta para un traslado de emergencia de una paciente a un hospital josefino. Hablé con Franz, él hizo un par de llamadas a los traileros y a quienes coordinaban el cierre de la carretera, en el Atlántico…y el problema se resolvió… se abrió el paso para la ambulancia.

En una de las concentraciones de manifestantes, que se hizo en la Casa Presidencial, se llegó al punto de que se sentía que se iban a meter. El Presidente Miguel Ángel Rodríguez no había abandonado la Casa Presidencial. Prácticamente a la fuerza los sacaron sus escoltas, por su seguridad. Antes de dejar la Casa Presidencial reunió a las fuerzas policiales que estaban allí, les dirigió unas palabras haciéndoles ver su papel y su responsabilidad, hizo una oración con ellos, y les dijo “recuerden que allí, refiriéndose a los manifestantes, hay personas, hay costarricenses”.

Al final, la lucha popular tan intensa se impuso en la práctica. Hubo que crear una Comisión Extraparlamentaria, que incluyó a las dos Vicepresidencias, a los sectores que se habían opuesto y lo que se aprobó en esa Comisión lentamente fue desenredando lo que se había aprobado como Combo del ICE.

La inteligencia del Presidente Miguel Rodríguez le había dado aire a la democracia resultado de esa lucha.

IV.

El Presidente Abel Pacheco de la Espriella había terminado de negociar, aprobar y firmar el TLC en diciembre del 2004, pero no lo envió a la Asamblea Legislativa, para su ratificación hasta diciembre del 2005, ya en elecciones, con receso legislativo hasta pasadas las elecciones, para que se le diera el trámite de ratificación al Tratado.

Obviamente no envió el TLC, en el 2005, a la Asamblea Legislativa porque eso hubiera empañado el proceso electoral, y porque en años electorales estos temas no pueden convertirse en temas de campaña, y se lo dejó al siguiente Presidente y Asamblea Legislativa, que serían electos en febrero, que pudo ser Otón Solís, a quien Oscar Arias le ganó por 18.000 votos.

Así empezó la Administración de Oscar Arias, con el TLC en trámite legislativo. Es claro que Oscar Arias estaba de acuerdo con el TLC, pero él no lo negoció y aprobó, aunque a él le echan la culpa de eso. Lo ratificó la Asamblea Legislativa que entró con el Gobierno de Oscar Arias.

En esa Asamblea jugó de nuevo el diputado José Merino, ahora, por el Frente Amplio, en ese momento un partido provincial. Se convirtió Merino en el principal referente opositor de masas desde la Asamblea Legislativa al TLC, y recibió de nuevo el apoyo de los sindicatos y grupos sociales, que también se habían movilizado contra el Combo del ICE.

La discusión parlamentaria se había enredado, se alargaba y la gestión de gobierno se frenaba. El exdiputado José Miguel Corrales promovió un Referéndum, como consulta ciudadana del TLC, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó. Eso significaba de 6 a 9 meses más de atraso en la discusión mientras se recogían las firmas del Referéndum. Ya se había perdido el primer año de gobierno. Frente a esa situación, con audacia, el Presidente Oscar Arias, con un número de diputados, como lo permite la Ley, convocó el Referéndum, ahorrándose tiempo para tratar de realizar su Gobierno.

El Ex diputado Corrales reclamaba que no le habían permitido recoger firmas. Parecía no interesarle la discusión del TLC sino atrasar su discusión recogiendo firmas. Al final, al Presidente Arias, que había convocado por su iniciativa el Referéndum, y que ponía por primera vez, en la Historia Nacional, a funcionar la democracia directa, y la participación ciudadana, como elemento constitucional, haciendo de cada ciudadano un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar y opinar, como Presidente, a favor del mismo. Por ello en la práctica se crearon los dos comités, a favor y en contra del TLC.

En octubre del 2007 se aprobó por votación ciudadana el TLC, con un margen muy pequeño a su favor, lo que obligó a los diputados a probarlo, aún con obstáculos legislativos, pero así es como funciona la democracia, con elecciones, con toma de decisiones electorales que dan Gobierno a un Partido y a un grupo gobernante, que debe realizarlo conjuntamente, con los pesos y contrapesos constitucionales, de la representación popular legislativa.

Para eso están también los diputados, para aprobar leyes, que son los únicos que pueden aprobar leyes o rechazar proyectos de ley.

Si se trata de una lucha contra leyes es en la Asamblea Legislativa donde se debe presionar y donde se deben movilizar los opositores.

El resultado del Gobierno de Oscar Arias se evidenció en la siguiente elección nacional, 2010, cuando fue electa Laura Chinchilla, su Vicepresidenta, con un 48% de votación, 8 puntos más que Oscar Arias en el 2006.

Proceso de reelección de presidente de la Corte evidencia la necesidad de mejorar procedimientos legislativos

Para el Foro de Justicia, el controversial episodio legislativo durante la reelección del magistrado de la Sala Constitucional y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, evidencia la necesidad de mejorar el proceso de selección de magistraturas.

San José, 09 de octubre de 2020- El Foro de Justicia externa públicamente su más alta preocupación por los acontecimientos del pasado 5 de octubre en la Asamblea Legislativa, con motivo de la votación para la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Fernando Cruz Castro; lo cual justifica reiterar el llamado para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas y ajustarlo a los estándares internacionales.

El ingreso de dos diputados y una diputada al Plenario legislativo por zonas no habilitadas al efecto, burlando el cierre formal del recinto de votación, empaña este acto formal y debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo. Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional.

Asimismo, el Foro de Justicia considera inaceptable que una vez más, se votara de manera secreta y sin fundamentación, la reelección de una magistratura.

Resulta también preocupante la decisión de la Presidencia del Congreso, de conminar con la nulidad de su voto a aquellas diputadas y diputados quienes, amparándose en los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, pretendieran hacer su voto público. Se vulneró así el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de sus representantes y a fiscalizar los actos del poder público.

Además, desde el Foro de Justicia se reprueba la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistratura para ajustar cuentas con las personas magistradas por los votos emitidos en determinados casos. La Constitución Política señala a la Asamblea Legislativa requisitos específicos a cumplir en caso de considerar que un magistrado o magistrada no debe seguir en su cargo: que exista una causa justificada para no continuar en el cargo y que se cuente con el voto de una mayoría calificada (38) de los y las legisladoras. Adelantándose a su tiempo, la fórmula ideada por los constituyentes de 1949 garantiza la estabilidad en el cargo y fomenta la independencia del Poder Judicial, a efectos de que, los máximos jueces y juezas no deban su puesto a fuerzas políticas particulares.

Cabe recordar que la independencia judicial es un derecho de todas las personas a que sus conflictos se decidan por terceros conforme al derecho vigente y sin sumisión a criterios partidarios o personales.

Actuar contrariamente a los preceptos constitucionales y los estándares internacionales en la materia, propicia la instauración de una judicatura complaciente con los intereses de los grupos dominantes, los cuales pueden variar en cada momento, perdiéndose la protección de la independencia judicial para la resolución de los conflictos sociales.

El Foro de Justicia insta respetuosamente a los señores diputados y a las señoras diputadas a que asuman la responsabilidad de modificar el Reglamento Legislativo eliminando todas las normas que suponen la votación secreta para estos casos y fortalezcan los mecanismos para la designación de las magistraturas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mostrarse vigilante de sus representantes legislativos, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.comluisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Foro de Justicia llama al voto público en el proceso de selección o reelección de magistraturas

Llama a la ciudadanía a sumarse a la campaña #VotoPublicoYa para pedir a las y los diputados que asuman el compromiso de dar a conocer por quién votan y con qué criterios deciden. La información de la campaña se encuentra en el Facebook @Forodejusticiacr

San José, 21 de setiembre de 2020- El Foro de Justicia reitera el llamado para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todos los procesos de decisión referentes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye tanto la votación en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) como en el plenario e insta a cada diputado y diputada para que, en atención al principio constitucional de transparencia, emita su voto de forma pública, procurando así que se elimine la opacidad y falta de rendición de cuentas. Este sería un gesto mínimo e indispensable mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son necesarias para cumplir con los mejores estándares internacionales de idoneidad.

La escogencia o reelección de las últimas magistraturas titulares (cerca de ocho procesos entre 2014 a 2019), ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario, mediante una votación que, hasta la fecha, ha sido secreta. Además, los informes finales generalmente se remiten sin motivación o fundamentación alguna.

En Plenario, los diputados y diputadas votan también en secreto y, en caso de ternas para llenar vacancias, ha ocurrido que se incorporan nombres que no pasan por escrutinio alguno. Estas prácticas contradicen abiertamente los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad constitucional, perjudicando no solo la imagen del Poder Legislativo, sino también a las personas que se eligen y a aquellas que sometieron sus nombres al proceso. Además, si se nombran personas sin respetar criterios objetivos se corre el riesgo de afectar la independencia judicial.

Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de los diputados y diputadas que la integran, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el Plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Ante esta situación, el Foro de Justicia alienta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a unirse y difundir la campaña #VotoPúblicoYa, en redes sociales mediante estas sencillas acciones:

  1. Etiquete el usuario de los y las integrantes de la Asamblea Legislativa
  2. Exíjales que hagan su #VotoPúblicoYa

Más información sobre la campaña está disponible en el Facebook del Foro, en la cuenta @Forodejusticiacr. Se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos sin discriminación alguna.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com