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Etiqueta: Asamblea Legislativa

¿Los partidos políticos jaguares ganarán la mayoría parlamentaria?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cada día que pasa se perfila mejor el panorama electoral hacia febrero. Los partidos políticos en proceso de inscripción ya están saliendo del huevo. El Tribunal Supremo de elecciones va sacando su tarea, avalando los que están con todos los trámites de inscripción en forma.

¿Cuántos partidos nacionales tendremos inscritos para la próxima campaña electoral? ¿25 como en la elección pasada, 13 como en la del 2018, 13 como en la del 2014, 9 como en la del 2010, 7 en la del 2006?

En todas las campañas tenemos partidos políticos tradicionales y nuevos. Los tradicionales los que ya han participado en varios procesos electorales, o que al menos repiten una elección. Los nuevos los que se inscriben por primera vez. Así de simple. En los tradicionales están los más viejos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que también eligen diputados desde el 2006. Le siguen en antigüedad Acción Ciudadana, el de Fabricio Alvarado.

Si se trata por elección de diputados, donde hay una mayor cantidad de partidos inscritos, en la elección del 2006 y la del 2010, ocho partidos eligieron diputados, en la del 2014 y 2018, nueve partidos eligieron diputados, en la del 2022, con 26 partidos participando para diputados, solo seis partidos eligieron diputados.

En estos procesos electorales, que estoy mencionando, desde el 2006, que estoy comentando el número de partidos que eligió diputados es el siguiente.

En la elección del 2006 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2010 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2014 solo dos partidos eligieron 10 o más diputados y solo uno Liberación Nacional, eligió 18.

En la elección del 2018 solo 3 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 17.

En la elección del 2022 solo 2 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 19.

Esta es la realidad electoral de los últimos cinco procesos electorales, y del comportamiento, más o menos estable del electorado.

A partir de la elección del 2014 se rompió la tradición y el comportamiento electoral. Llegó a la Presidencia de la República un nuevo partido, Acción Ciudadana, rompiendo el bipartidismo tradicional que tenían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de ganar la Presidencia. En la elección del 2018, nuevamente Acción Ciudadana se impone como el partido ganador, y por primera vez Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedan fuera de llegar a la segunda ronda. En la elección del 2022, de nuevo se produce una ruptura con la elección presidencial y se produce una sorpresa con el triunfo de un nuevo partido político, que no había participado en procesos electorales anteriores, el Partido Progreso Social Democrático, con un candidato, Rodrigo Chaves Robles, que era un “perfecto desconocido” político en el país por haber vivido fuera de Costa Rica más de 30 años, que había regresado para incorporarse al Gobierno de Carlos Alvarado, por un breve período de seis meses como Ministro de Hacienda, y sorprendió en la campaña electoral agitando problemas sensibles que lo identificaron con la ciudadanía electoral decepcionada de las prácticas de gobiernos anteriores, de sus ejercicios gubernativos políticos, especialmente dominado por el bipartidismo tradicional.

A las puertas del próximo proceso electoral tenemos una proyección parecida de gran cantidad de partidos políticos nacionales y provinciales en posibilidad de presentarse ante el electorado.

En el siglo XX, se han experimentado las segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, cuando los electores no le dan los votos suficientes al partido ganador en la Presidencia. Solo el Partido Liberación Nacional ganó, sin segunda ronda, las elecciones del 2006 y 2010. Ello se debió, entre otros factores a los candidatos liberacionistas de esas campañas electorales, Oscar Arias y Laura Chinchilla. Liberación Nacional estuvo a punto de ganar el gobierno, en la segunda ronda, con José María Figueres, en el 2022, quien había ganado la primera vuelta electoral.

Las segundas rondas electorales ya se quedaron instaladas en la realidad nacional, lo que no es obligatorio para cada proceso electoral, que siempre es una sorpresa, que puede resultar como apretar un jabón, que nadie sabe para donde sale.

El otro elemento que es gravitante en los procesos electorales es el de la reelección de partidos políticos en el gobierno. Esto solo lo ha logrado Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 y 1974, en 1982 y 1986, y En el 2006 y 2010, el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión, 1998 y 2002 y el Partido Acción Ciudadana, en el 2014 y 2018. Al Partido Progreso Social Democrático no lo veo repitiendo gobierno…pero cualquier cosa puede suceder en política.

En mi opinión no veo, por ahora, que estas tendencias electorales de los últimos cinco procesos electorales vayan a cambiar sustancialmente.

Lo que veo, por ahora, es el riesgo de un partido, Liberación Nacional, con un candidato electoral más fuerte que sus tradicionales, para las próximas elecciones que le da posibilidad de acariciar la Presidencia y de mantener la mayoría de los diputados que hasta ahora ha sostenido, entre 17 y 24 diputados. Esto estará en relación directa a los candidatos que ofrezca, con la nueva cara presidencial que tiene, y con el programa electoral que agite.

El Frente Amplio en posibilidad de aumentar su número de diputados, de los seis actuales a una decena por lo menos, sobre todo si la lista la encabeza alguien como su dirigente político José María Villalta. Su candidato presidencial lo pueden sacar de sus actuales diputados, que buena imagen pública tienen.

A los otros partidos políticos parlamentarios y hacia las elecciones no les veo todavía una buena proyección. La Unidad Social Cristiana en este momento ni se siente. Su candidato presidencial está en la estratosfera, no está presente en nada ante los grandes y graves problemas que hay en el país, además con planteamientos políticos y económicos sociales sumamente conservadores, que no le van a ayudar nada en su campaña.

El partido Liberal Progresista es un desastre parlamentario y organizativamente pareciera ser lo mismo. Eli Feinzaig obligadamente tendrá que ser el candidato para tratar de mantener alguna presencia política como partido, si es que quiere tener un partido como proyecto político y personal. Si no asume este reto pasará como un fisco electoral. Su planteamiento parlamentario no le ha permitido destacar como un líder en capacidad de ofrecer un proyecto renovador costarricense. Se quedó en el conservadurismo y el retroceso social.

Fabricio Alvarado seguirá jugando a la presidencia, pero no lo veo aumentando su número de diputados. Los electores cautivos de sus templos religiosos le votarán, pero se le han movilizado a las “tiendas” del actual inquilino de Zapote y hacia las que él oriente en búsqueda de votos para sus partidos jaguares.

Del caso del presidente Chaves Robles es políticamente interesante. No puede reelegirse él, porque tiene impedimento constitucional para hacerlo. Pero, se quema por hacerlo. Cómo él no puede, ha impulsado la creación de varios partidos políticos nuevos para que “continúen” su proyecto político desmantelador del Estado Social de Derecho del país. Ya ha logrado que tres de sus partidos estén debidamente inscritos, lo que le da margen de actuar en las elecciones, directamente si se lo propone, o indirectamente como lo viene haciendo los miércoles, y cada vez que puede, en su forma beligerante de su discurso político contra toda la institucionalidad y contra todos los partidos políticos, que le puedan ofrecer oposición y que le impidan que sus “jaguares” logren elegir sus 40 o 38 diputados como desea para de esa forma acabar, desde la Asamblea Legislativa con toda la institucionalidad democrática nacional e instaurar su régimen autoritario, despótico, tiránico, sin controles institucionales, que le permitan actual libremente y con la billetera abierta del Estado en los negocios propios o de sus amigos políticos, nacionales y extranjeros.

La figura del “jaguar” como emblema político ya la tiene uno de sus partidos. Ha provocado la ira de la diputada mentirosa que es la titiritera, o marionetista, de todo ese grupo político, que es la que mueve y articula a la marioneta que tiene en Zapote, porque tenía reservada esa figura del “jaguar” para otro de sus partidos inscritos.

Pero este no es un problema. Electoralmente los partidos del presidente y de su marionetista pueden tener todos su “jaguar” como emblema, para que sea más fácil su identificación grupal. El Tribunal Supremo de Elecciones no podría negar ese emblema salvo que el que lo inscribió primero impugne su uso. Pero, como todos son coyotes de la misma loma, que pertenecen a la misma condición de manada de animales “jaguar”, que pertenecen a la misma red de intereses políticos, no tienen por qué tener problemas con usar ese emblema. Además, están considerando constituir una coalición con esos jaguares. Demás está decir que en las papeletas electorales muchos partidos tienen banderas muy similares en sus colores.

El tema principal de los “jaguares” es si tendrán posibilidad de repetir gobierno, como lo hizo el partido Acción Ciudadana. Con el nombre del Partido Social Democrático, con el que fue electo Rodrigo Chaves pareciera que no hay posibilidad alguna. Ya está buscando candidato entre los “chavistas” de gobierno, sin que su eventual candidato el exministro Amador represente al presidente Chaves o sea su continuador.

En las tiendas “chavistas” eso todavía no está decidido, porque no es él quien decide esa candidatura, la que será definida por el grupo que económicamente le ha apoyado desde la campaña electoral del 2022, junto con la marionetista de Cuesta de Moras. Podría ser definido ese candidato en el Cantón de Santa Ana, como ya se rumora.

El proyecto de los 38 o 40 diputados “jaguar” que se quieren elegir por parte del gobierno y de su presidente no es fácil lograrlo. Las “pintas” que hay en esos partidos jaguar, disputando esos puestos, al margen de lo que decida la marionetista y el animal de Zapote, el Jaguar mayor, son de la casa de los sustos.

El próximo Congreso, Asamblea Legislativa, va a necesitar, este es el reto para todos los partidos, candidatos de mucha calidad política, personal, profesional. Eso es lo que se requiere para la Costa Rica a partir del 2026, si se quiere avanzar hacia la modernización de todo el aparato institucional del país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y hacia una Costa Rica más próspera, más justa, más democrática.

El peso de la elección nacional va a girar, así lo veo, alrededor de los candidatos a diputados, para que al apoyarlos a ellos se apoye al candidato presidencial que los proponga.

La elección del presidente siempre va a tener la luz y el foco principal, pero está demostrado electoralmente que los electores, los votantes, quiebran, parten, su voto para que desde la Asamblea Legislativa se ejerzan y lleven controles sobre el actuar del Poder Ejecutivo.

¿Variará esto hacia una super mayoría legislativa, parlamentaria, como se propone Rodrigo Chaves, impulsando sus animales, sus jaguares?

Compartido con SURCOS por el autor.

Prohibido sacar la calculadora

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El Presidente de la República, como miembro de un Poder Supremo, debe ser juzgado mediante un procedimiento penal especial. En teoría, se supone que algunas de las máximas autoridades de un Estado, deben gozar de este privilegio para evitar que, de manera fácil y expedita, puedan ser cuestionadas y removidas de la función pública que ejercen. El tema no es pacífico pues se critica que estos procedimientos especiales se pueden prestar para fomentar protecciones extraordinarias, opuestas al principio de igualdad y muy cercanas a la impunidad. Pero eso es lo que está dispuesto por la Constitución y las leyes que nos rigen, y deben ser aplicadas mientras estén vigentes.

         En Costa Rica presenciamos en la actualidad el transcurso de un enjuiciamiento de esta naturaleza. Conforme lo hemos ido conociendo, existió una denuncia penal contra el Presidente Chaves; el Fiscal General –por mandato legal- llevó a cabo personalmente una Investigación Inicial y ha concluido que hay elementos suficientes para levantar una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia.

         Aquí da inicio una de las fases especiales a las que nos referimos. Se requiere un antejuicio en el que la Corte votará si, en efecto, nos encontramos ante la comisión de uno o varios delitos (ateniéndonos estrictamente a la descripción de hechos que hace el Fiscal), y si procede el pase o traslado del asunto a la Asamblea Legislativa para que ésta, a su vez decida, por mayoría calificada de 38 votos, si se levanta el fuero que protege al Presidente, y corresponde regresar el asunto a sede jurisdiccional, esta vez a la Sala Tercera de la Corte Suprema, encargada de instruir la causa y dictar sentencia. El derecho a la doble instancia está garantizado por un recurso ante el Pleno de la Corte.

         Para esta etapa de antejuicio, tanto en sede de Corte como en sede legislativa, no corresponde hacer juicios de culpabilidad o inocencia; tampoco procede valorar la prueba aportada, ni si ésta es decisiva, pertinente o suficiente.

         Como puede verse, nos enfrentamos a un procedimiento complejo, que mezcla elementos políticos con elementos jurídicos, razón por la cual vale la pena detenerse en las debilidades y riesgos que alberga nuestro régimen para el juzgamiento de miembros de supremos poderes, y advertir acerca de ciertos riesgos o vicios a los que podemos vernos arrastrados.

         En primer lugar, los juzgadores, en este caso Magistradas y Magistrados de Corte, han jurado cumplir con la Constitución y las leyes. Sus decisiones han de regirse estrictamente por el contenido de estas normativas y no se vale hacer cálculos (personales o de grupo), ni siquiera en función de valoraciones subjetivas de lo que puede ser más justo o más oportuno.

         En segundo lugar, sea lo que sea que decidan estos altos jueces, la legitimidad política de lo que resuelvan, sólo puede radicar en las buenas razones que le den, tanto a las personas involucradas en el conflicto, como sobre todo a la comunidad ciudadana que espera, no sólo que las decisiones se tomen, sino que éstas resulten razonablemente convincentes.

         Nos vemos entonces obligados a considerar algunas de las debilidades y vicios de nuestro sistema. Las magistraturas, titulares y suplentes, son nombradas por la Asamblea Legislativa, órgano político por excelencia. Existe el peligro que el magistrado (a) titular “saque la calculadora” y empiece a preocuparse por su próxima reelección, o por el efecto que su decisión pueda tener en uno u otro sector partidario; o más grave aún, existe el riesgo de que el magistrado (a) suplente considere seriamente si la decisión a tomar afectará sus legítimas aspiraciones de llegar a titular. Tampoco podemos descartar, en el peor de los casos, la existencia del juez (a) venal, aquél que tiene afinado su olfato para congraciarse, en toda circunstancia, con el poder de la clase política.

         En esta trama de sutilezas y detalles (donde se oculta el diablo), también hay que vigilar con atención, quiénes de los llamados a dictar decisiones, se ausentan, se enferman o se inhiben, y por cuáles motivos. De nuevo sólo las buenas razones serán validadas por un público que no coma cuento.

         En fin, pensando más a futuro, para mitigar estas falencias, riesgos y vicios de nuestro sistema, deberíamos reformar el procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes. Si bien puede mantenerse un procedimiento especial para definir si se levanta el fuero, lo más sano sería que el juzgamiento en sí esté a cargo de las autoridades judiciales competentes conforme el procedimiento ordinario, y no vernos en la riesgosa situación de ver magistrados(as) juzgando presidentes, ministros, diputados y hasta compañeros de magistratura.

¿Qué es lo que realmente se quiere con la nueva jornada de trabajo de 12 horas si ya existe su autorización?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.

En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.

Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.

En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.

El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.

En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.

Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.

En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.

La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.

A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.

En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.

En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.

En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.

En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.

En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.

Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica

Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.

Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.

Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.

¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.

Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.

Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.

Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo llega a Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com

En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).

El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016. 

Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.

Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa

Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).

Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa). 

Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.

Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.

Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM

En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura. 

La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia. 

Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:

«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.

Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM. 

El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,

«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.

 (véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria). 

El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:

«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.

Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica  decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).

Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos

Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno  apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.

Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511). 

Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:

«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.

No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente. 

Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente

Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM,  observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales. 

Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron 

– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«); 

– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).

En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:

“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.

Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten  dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.

Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:

«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.

No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa  “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.

Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.

La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:

«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.

A modo de conclusión

El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.

Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.

–  –  Notas  –  –

Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí. 

Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio:  situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí. 

Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véase texto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.

Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»

Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).

La jornada de 12 horas no se justifica, ni es necesaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando se invita a empresas y a empresarios extranjeros a invertir en Costa Rica, los organismos especializados en la atracción de capitales y de la llamada Inversión Extranjera Directa, les informan del entorno jurídico que van a tener, relacionada con impuestos, exoneración de impuestos, ventajas fiscales, seguridad jurídica existente en el país, capacidad intelectual nacional de personas preparadas para las nuevas tecnologías y ciencias informáticas, así como de otras ventajas nacionales para esas empresas y empresarios.

Una información valiosa que se les suministra es el cumplimiento de la legislación nacional de trabajo, el régimen jurídico que lo regula y las obligaciones que se tienen con los trabajadores, relacionadas con jornadas, salarios, libertades de asociación laboral.

Así operan, y están obligadas a hacerlo, la Asociación de empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, la Unión de cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Comercio Exterior, y la Cámara de Comercio Norteamericana Costarricense.

Hace algunos años, cuando fui Embajador en Venezuela traje al país grupos empresariales venezolanos, en una ocasión 56 empresarios, que se reunieron con sectores empresariales nacionales con la intención de comprar productos nacionales y de realizar inversiones en el país. En todas las sesiones que pude participar de esos encuentros pude aquilatar y valorar el papel de los empresarios nacionales informándoles a los venezolanos de los aspectos legales que debían cumplir y someterse, entre ellos la legislación laboral y social. Siempre que he puesto ese ejemplo de relación he destacado la responsabilidad de los empresarios, en esas cámaras, de hacer valer esa legislación. La realidad puede ser otra, pero fui testigo de que se les informaba de sus obligaciones., especialmente en el campo laboral y social.

Desde principios del siglo XX se viene intentando introducir en el país la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, lo que se ha llamado popularmente la ley de la jornada 4-3, que garantiza el cumplimiento de la jornada de 48 horas a la semana, que jurídicamente se establece en seis jornadas de ocho horas cada una.

Con el criterio de concentrar en cuatro días las 48 horas se trata de vender a los trabajadores actuales y futuros, una ventaja de darles tres días de descanso. Teóricamente así parece. La realidad se impondrá brutalmente sobre los trabajadores y las personas que así se contraten.

Las nuevas jornadas de 12 horas de trabajo serán devastadoras físicamente para los trabajadores, agotadoras, productoras de mayor estrés físico y mental, de tensión física y emocional, de mayor frustración, de estrés agudo y prolongado, de mayor desgaste nervioso y generador de furias y enojos, generador de dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos, de alteración de los estados de sueño, de mayor irritabilidad y dificultad para concentrarse en el trabajo y en las relaciones familiares. La violencia doméstica y familiar probablemente se incremente.

Para empezar un trabajador o trabajadora, para incorporarse a una jornada de 12 horas, debe prepararse en su hogar por lo menos dos horas antes de desplazarse a su sitio de trabajo, para prepararse personalmente, desayunar y trasladarse al sitio de trabajo. Al finalizar las doce horas de trabajo, igualmente tendrá de disponer de otras dos horas para regresar al hogar, habiendo de esa manera dispuesto en el día, entre 14 y 16 horas fuera del hogar.

Con las actuales jornadas de ocho horas de trabajo se producen al año más de 110.000 (ciento diez mil accidentes de trabajo) atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y el Hospital del Trauma, con altos porcentuales de muerte y de incapacidades parciales y totales. Con 12 horas de trabajo sin ninguna duda esta situación se va a incrementar.

A nivel familiar se realizará un desgaste de las relaciones de pareja, de los esposos, de los padres y madres con sus hijos. Se debilitará la relación de colaboración entre ellos.

No hay condiciones nacionales de cuido para los niños en edad preescolar, de primera infancia, y de la atención escolar que deben brindar los padres. El sistema educativo está totalmente debilitado en términos generales y sin capacidad alguna de proteger a la infancia nacional en las condiciones de trabajos de sus padres de 12 horas o más fuera de sus hogares.

Las empresas carecen de la condiciones de facilitarles cuido y educación a los niños, mientras sus padres trabajan en ellas. Ni siquiera, en el proyecto de ley de estas doce horas se contempla esta posibilidad, y la garantizar el transporte seguro y acorde al salario real del trabajador al centro de trabajo y de retorno a su casa.

Salarialmente va a producirse un impacto muy grande en los trabajadores. De conformidad a la legislación nacional cuando se trabajan más de ocho horas, lo que se permite, hay que pagar un sobre sueldo de un 50% por cada hora de trabajo adicional. Así, si un trabajador, por ejemplo, gana 100 colones por hora, en la hora extra debe ganar 150 colones, o si gana 1000 colones debe ganar 1500 colones. Este plus salarial se pierde. Todas las 12 horas se van a pagar con un salario común por hora, y las horas extras adicionales que deberían pagarse con el 50% de más, van a pagarse, en el salario integrado por menos del 15%.

Aquí, con esta jornada de trabajo de 12 horas, que es como las que se aplicaban en el siglo XIX y parte del siglo XX, de tipo esclavista, se va a producir una rebaja real del salario de los trabajadores, produciéndole una ganancia al empleador, al empresario o a la empresa.

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, tipo pago de horas extras, se reconoce en el pago de aguinaldo en el mes de diciembre. Con el régimen de jornadas de 12 horas no se va a pagar ningún incremento en el aguinaldo. Se recibirá un salario igual al que se ganará mensualmente, lo

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, también repercute en el reconocimiento final al momento de pensionarse una persona, que se le hace un recuento de todos sus ingresos, por más de 30 años de trabajo o por tener la edad de retiro legalmente establecida. Con ese recuento se le establece una pensión correspondiente a un porcentaje de los salarios ganados, que generalmente es un 40% menos del salario que se recibió. En este momento también hay un proyecto de ley que quiere aumentar la edad de retiro, a más de 65 años y hasta los 70 años de edad, debido a la longevidad de los costarricenses estimada en 82 años para las mujeres y 78 para los hombres.

Brutalmente, el ROP lo están reformando para que el ahorro “voluntario” de los trabajadores se le pueda pagar en tractos hasta la edad de 110 años, como si toda la gente de Costa Rica pudiera vivir como doña Marita Camacho de Orlich, nuestra Primera Dama que goza felizmente de esa edad.

En otro orden de cosas, en la discusión que ha tenido este Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, los diputados defensores de los empresarios esclavistas, que quieren implantar la jornada de trabajo de 12, no han podido demostrar, que realmente sea una necesidad esa jornada para establecerla de manera nacional. No han podido señalar una sola empresa que pida esa jornada. No han podido demostrar que empresas que quieran instalarse en Costa Rica pidan o exijan esa jornada esclavista.

Las empresas extranjeras en general están obligadas a cumplir la leyes laborales, en las mismas condiciones que se cumplen en sus países de origen. Las empresas estadounidenses están obligadas en ese sentido a cumplir las jornadas de ley nacional y las de su país, que también son de 8 horas diarias.

En este momento asesores de Donald Trump están proponiendo establecer la jornada de 60 horas semanales, a razón de 12 horas diarias. Por ahora es solo una propuesta y un discurso. En Europa, al contrario, en países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos, se está orientando la jornada semanal a 35 y 36 horas sin disminuir salarios, con jornadas diarias de seis horas. En algunos países que tienen la jornada de 48 horas semanales están proponiendo reducirla a 40 horas, y en algunos de estos países proponen jornadas de 10 horas diarias por cuatro días a la semana, que es otra cosa y otro aspecto laboral que también se discute.

El actual sistema productivo moderno, de alta tecnología especialmente, impone en algunos trabajos y empresas sistemas constantes de trabajo, de manera que las empresas o fábricas deben trabajar las 24 horas continuas, sin parar. Eso es normal que así suceda. Las empresas han adaptado sus sistemas de contratación laboral para realizar tres turnos de trabajo de ocho horas cada uno. Con esto mantienen en funcionamiento sus sistemas de producción, con tras grupos de trabajadores. Si se establece la jornada de 12 horas la realidad va a provocar que una parte de esos trabajadores se quede sin trabajo, un turno de trabajo puede desaparecer totalmente.

No es cierto que con las jornadas de 12 horas de trabajo vaya a aumentar el empleo. Los datos empleo y desempleo son claros en el sentido de que está disminuyendo el empleo. ¿Por qué va a aumentar con las jornadas de 12 horas? No hay nada que así demuestre. Ni hay en el país una sola empresa que pueda hacer esta demostración.

La esencia de todo el proyecto de ley de las jornadas esclavistas de 12 horas es reducir la mano de obra, reducir sus salarios reales e incrementar las ganancias de las empresas y sus empresarios.

El presidente de la República está empeñado en que se apruebe la jornada de trabajo de 12 horas diarias de la manera más rápida posible, ojalá sin discusión alguna. En su trabajo internacional en países de sistemas políticos no democráticos, o poco democráticos, se acostumbró a proyectos que le tocaba impulsar que imponían o se realizaban bajo esas condiciones de trabajo esclavista.

Este Proyecto de Ley debe detenerse en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos, los padres de familia deben pronunciarse y movilizarse contra la ley esclavista. La Iglesia Católica ya ha llamado la atención en este asunto. Se ha opuesto a la jornada de trabajo de 12 horas, siguiendo la tradición de la Justicia Social Cristiana desarrollada desde 1891, a partir de la Encíclica Rerum Novarum.

Al menos debe producirse un gran debate nacional, en términos de un debate parlamentario que no se someta al llamado trámite rápido, que es la forma vulgar de imponer esta Ley.

Cuando se discutía el Contrato de la ALCOA a finales e 1969 e inicios de 1970, el entonces diputado Rodrigo Carazo Odio, opuesto con otros diputados a ese Proyecto de Ley, no decía a los dirigentes estudiantiles que estábamos en la lucha contra la ALCOA, que a los diputados a favor de ALCOA les habían pagado más de 100.000 dólares. Por eso había en las marchas letreros que preguntaban: “¿Diputados, how much?”. Estaremos en una situación como esta ante la ley esclavista de las jornadas de las 12 horas diarias. “¿Diputados, how much?”

Compartido con SURCOS por el autor.

UCR recomienda rechazar proyecto de ley que amenaza la zona marítimo-terrestre

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomienda no aprobar el proyecto de ley expediente N.° 23.148, titulado Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril de 2025 (a partir del minuto 1:07:00).

Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas —incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)—, la UCR advierte que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.

“Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.

La Universidad subraya que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.

Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:

  • Los tipos de organizaciones beneficiarias de los permisos propuestos, ya que podrían abrir portillos para actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural de estas zonas.

  • La necesidad de que las actividades permitidas sean claramente delimitadas, con base en criterios técnicos que consideren las características ecológicas y geomorfológicas de cada territorio. La UCR enfatiza que estas actividades deben priorizar el beneficio de las comunidades costeras, y no el lucro de grandes empresas hoteleras. Se citan como ejemplo las experiencias lideradas por mujeres y grupos comunales en turismo de bajo impacto, como la observación de aves en manglares o la educación ambiental.

  • La importancia de incluir criterios de gestión del riesgo, considerando las condiciones oceanográficas y climáticas que podrían afectar significativamente la zona pública en ambas costas.

  • La necesidad de contar con un estudio de capacidad de carga, que funcione como instrumento técnico para que las municipalidades puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad de permisos a otorgar.

  • Finalmente, la Universidad insiste en que las municipalidades deben contar con un Plan Regulador Costero aprobado antes de autorizar cualquier permiso, ya que, de lo contrario, no se dispondría de criterios técnicos suficientes para garantizar una planificación responsable.

Esta postura coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones sociales, ambientales, comunales y académicas, que denuncian que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. El manifiesto advierte:

“La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, lo cual contraviene el principio de acceso universal consagrado en la Constitución Política.

Ambas voces —la académica y la ciudadana— coinciden en que el desarrollo sustentable de las zonas costeras no puede basarse en decisiones unilaterales ni en criterios meramente economicistas, sino en procesos de planificación integral, con participación comunitaria y sólidos fundamentos científicos.

La Universidad de Costa Rica y las organizaciones firmantes llaman a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La jornada esclavista de 12 horas de trabajo a discusión amplia, en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El expediente legislativo de la jornada esclavista que quiere establecer jornadas de trabajo de 12 horas diarias, sin pago de horas extras, con reducción proporcional del aguinaldo y de las futuras pensiones que los trabajadores podrían llegar a tener, se rechazó para ser discutido en el trámite parlamentario, bajo la modalidad de “trámite rápido”.

Este trámite permite discutir el expediente del proyecto de ley en trámite de una manera muy rápida, de allí su nombre, “trámite rápido”. De esa manera se reduce el tiempo de discusión de las mociones, y del mismo proyecto de ley, a fracciones ridículas de tiempo reloj de los diputados que quieran opinar sobre el Proyecto de Ley. Pero, especialmente, el «trámite rápido” está hecho para limitar el tiempo y reducirlo de los que se oponen al proyecto de ley bajo esa modalidad de discusión. En la práctica es para aprobarlo sin discusión.

Para establecer el trámite rápido de discusión se requiere una votación calificada de 38 diputados. Es natural que así sea por la importancia de reducir el tiempo y calidad de discusión del proyecto sometido a este trámite, de un tema tan sensible como es el establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas diarias.

El lunes pasado en la Asamblea Legislativa votaron en contra de la aplicación del trámite rápido nueve diputados del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, Oscar Izquierdo, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Pedro Rojas y Monserrat Ruiz, los cinco diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio y los diputados Gloria Navas, Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba, Johana Obando, considerados “independientes”, además de Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progresista Social Demócrata.

De estos diputados, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero, a pesar de estar a favor del proyecto de la jornada de 12 horas, votaron en contra del trámite rápido porque responsable y conscientemente consideraron que por la importancia de la discusión el trámite debe ser el ordinario, con una discusión amplia, profunda, más seria, por la importancia de lo que se quiere aprobar. Bien hicieron estos diputados a favor de la democracia nacional y parlamentaria, de darle más pensamiento a este Proyecto de Ley. Además, señalaron estos diputados que se necesitaba que en el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo diario, se establecieran propuestas que reforzaran la inspección laboral, las redes de cuido, las situaciones particulares de los trabajadores independientes, y negociaciones que incluyeran a otros sectores y actores sociales.

No es un problema de creer o no creer en el Proyecto, como el diputado Daniel Vargas señaló. Es un asunto que debe aprobarse no por creencias favorables, sino por datos que así confirmen y justifiquen la necesidad y bondad de la jornada de 12 horas diarias. En el mundo, en Europa particularmente, en los países de la OCDE, organización de la cual formamos parte, la tendencia es a reducir el tiempo de trabajo semanal a 36 horas o menos, y de rebajar la jornada diaria a 6 horas sin disminución del salario. Esto sí garantiza mayores oportunidades a más trabajadores. Esto sí garantiza turnos de trabajo con mayor contratación de trabajadores, mayor calidad en el trabajo y menor cantidad de accidentes de trabajo que se producen por el estrés de la extensión de las jornadas, como por las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional. En Costa Rica el promedio anual de accidentes de trabajo, atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y su maravilloso Hospital del Trauma, atiende más de 110.000 (ciento diez mil) trabajadores, personas atendidas, por accidentes bajo la modalidad de jornadas de ocho horas. ¿Qué tal sería con jornadas esclavistas, extenuantes de 12 horas de trabajo, con menos horas garantizadas para el descanso diario?

El expediente legislativo de la jornada esclavista se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Actualmente tiene alrededor de 200 mociones presentadas para ser conocidas. Con el trámite rápido pudieron haberse cortado. Sin el trámite rápido pueden aumentarse las mociones de discusión, alargando su discusión a varios meses que se mezclarían con los meses del proceso electoral, lo que no quieren los representantes de los esclavistas en la Asamblea Legislativa, que así se mezcle. Recordemos una situación parecida, la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El Tratado había sido negociado por los gobiernos socialcristianos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. En diciembre del 2004 el presidente Pacheco firmó el Tratado, que se discute entre gobiernos, a nivel de los Poderes Ejecutivos. El trámite que seguía era presentarlo a los diputados para que le dieran el aval respectivo en el año 2005. Pero, el año 2005 era, como ahora, 2025, un año electoral. Las elecciones serían en febrero del 2006, como serán en el 2026.

Inteligentemente, Abel Pacheco, y los sectores que le apoyaban en ese Tratado, entendieron que no era un tema de discusión parlamentaria en período electoral. Así, Abel Pacheco le dio el trámite legislativo al Tratado en diciembre del 2005 que era, en ese tiempo, período de sesiones extraordinarias, que estaba suspendido por las elecciones. De esa manera, el Tratado iniciaría su discusión parlamentaria en febrero, pasadas las elecciones, ganara quien ganara, fuera Oscar Arias u Ottón Solís, finalistas principales de ese proceso electoral, con Ottón Solís, quien tenía una posición floja de oposición al Tratado, que terminó discutiéndose, con un amplio debate nacional durante el 2006 y 2007, cuando se resolvió su aprobación por la convocatoria de un Referéndum Nacional, en el gobierno de Oscar Arias, quien se impuso en las elecciones.

En mi opinión esto es lo que más le conviene a la discusión del proyecto de ley de la jornada esclavista de 12 horas diarias. Que se discuta en el 2026, pasadas las elecciones, con el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa.

Si el actual gobierno de Rodrigo Chaves se siente afectado por el trámite ordinario y no rápido que se aprobó el lunes, no tiene nada que perder porque está confiado, el presidente Rodrigo Chaves, de que la próxima Asamblea Legislativa tendrá un mínimo de 38 diputados a su favor, que continuarán su obra de gobierno, y con ellos podría aprobar esa jornada de trabajo, si así de fácil fuera.

La decisión de los diputados del lunes pasado puso en evidencia algunas cuestiones políticamente importantes.

1.- El candidato presidencial del partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se opuso al trámite rápido. No se ha opuesto de manera definitiva al fondo de la Ley, pero ya es algo. Hizo bien Álvaro Ramos de oponerse al trámite rápido. No fue suficiente su posición para haber logrado mayor cohesión en la fracción de diputados de ese partido, que solo puso nueve diputados de los 18 que tiene en contra del trámite rápido. Evidencia en cierta forma su débil candidatura, no tan consolidada como líder político interno en ese partido. ¿O, jugaron las dos cartas, a favor y en contra? Solo ellos, como partido lo saben. Liberación Nacional, con su tradición social demócrata, debió estar defendiendo la jornada de ocho horas diarias, así lograda desde 1920, fortalecida en 1943 y 1949, y respetada desde entonces en los nueve gobiernos que tuvo Liberación Nacional desde 1953 hasta el 2014.

Ninguno de los ministros de Trabajo de Liberación Nacional alzó su voz o se hicieron sentir en la actual discusión para imponer la jornada esclavista de 12 horas.

Liberación Nacional ha bajado sus banderas laborales, de defensa y de representación de sectores laborales. No tiene la influencia que antaño tenía en sindicatos, ¿o la tendrá negativamente, en el momento actual, haciendo que los sectores laborales organizados que se identifican con ellos no se pronuncien en contra de la jornada de 12 horas y de otros temas sensibles, como la defensa de los salarios y pensiones?

2.- El partido Unidad Social Cristiana con ocho de sus diputados, Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, Carlos Robles, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas, se abanderaron con el proyecto de las jornadas esclavistas. Con ellos estaban igualmente abrazados los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, y el hasta ahora candidato presidencial de ese partido, Juan Carlos Hidalgo. Grave error político.

La Reforma Social más importante del país, la lograda en 1943, fue hecha en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y con el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Pilar esencial de la Costa Rica democrática a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Reforma Social, en este campo fue respetada por el jefe y presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres, lo que se materializó en la Constitución actual de 1949. Allí también quedaron inscritas, entre otras cosas, en letra de oro, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, instituciones atacadas a muerte por el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

El Partido Unidad Social Cristiano, impulsado por Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del caudillo de la Reforma Social, ha claudicado de la Reforma Social. Se ha empeñado con sus diputados en venir acompañando todas las políticas anti sociales, anti Reforma Social, que se han venido implementando desde 1990.

El Partido Unidad Social Cristiano que se decía el heredero de esa Reforma Social ya no existe. De hecho, ha eliminado su adjetivo de socialcristiano. Sus principales dirigentes son neoliberales en todas sus concepciones políticas y económicas. Cuando desde el 2012 Rafael Ángel Calderón Fournier y otros dirigentes de la Unidad Social Cristiana, iniciaron procesos de coalición, con sectores derechistas y neoliberales, echaron por la borda las banderas social cristianas de la Reforma Social, y borraron de la memoria histórica la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

En las elecciones del 2014 la ruptura de Rafael Ángel Calderón Fournier con la Unidad Social Cristiana impulsando al Dr. Rodolfo Hernández, quien renunció a su candidatura, a pocos días del cierre de inscripción de candidato ante el TSE, les llevó a formar el partido Republicano Social Cristiano, que trataba de reivindicar para sí la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia sin éxito alguno, al punto de que este partido ya ni existe ni sus dirigentes opinan de nada, relacionado con la defensa de los temas sociales de la Reforma Social de 1943. Rafael Ángel Calderón Guardia está casi convertido en un recuerdo antediluviano, que las lluvias del tiempo han ido borrando.

La Unidad Social Cristiana ante las próximas elecciones iza las peores banderas, las políticamente antisociales. Se alía y casa con el actual gobierno antidemocrático, autoritario, despótico, antisistema de Rodrigo Chaves. En nada se distingue de este gobierno. Están como si fueran el furgón de cola del gobierno. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez avalando la jornada de 12 horas empieza a borrar la importante reforma laboral de su gobierno a favor de los trabajadores.

3.- El partido Nueva República, con sus diputados Rosalía Brown, Olga Morera, David Segura, José Pablo Jiménez y su candidato presidencial Fabricio Alvarado, estuvieron, como han estado de furgón de cola del actual gobierno de Rodrigo Chaves, apoyando las jornadas, nada cristianas y esclavistas de 12 horas de trabajo diario.

4.- Tres diputados del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, y su candidato presidencial Eliécer Feinzaig, de igual modo se montaron en el tren antisocial del gobierno chavista.

Contradictorio comportamiento cuando al mismo tiempo Eliécer Feinzaig, y sus diputados, acusan al presidente de la República, ante la Fiscalía General de la República, por sus aviesas y perversas amenazas directas a la democracia, al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la paz social.

5.- Los diputados del Frente Amplio, Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro, hicieron honor a su trabajo parlamentario y a la defensa que han mantenido de los temas sociales. La única fracción parlamentaria que ha sido consecuente en esta lucha y con estas banderas.

Este fue el escenario político de la sesión parlamentaria del lunes. ¿Qué sigue? La lucha sostenida contra la Jornada esclavista de trabajo de las 12 horas diarias. El apoyo a los diputados que se oponen a ella. Llevar esta discusión hasta el nivel de las elecciones que se aproximan obligando a que los candidatos presidenciales y a diputados se pronuncien sobre este tema. Obligar a que los partidos políticos que participarán en las elecciones digan con claridad de qué lado están, del lado de las jornadas esclavistas o en contra de ellas. Hacer de la discusión de las jornadas esclavistas una jornada de lucha similar a la de la oposición contra el Tratado de Libre Comercio y del Referéndum.

6.- El Proyecto de Ley de la Jornada esclavista de 12 horas ya había sido aprobado en el 2023, pero fue rechazado por la Sala Constitucional, que lo anuló por vicios en el trámite de su aprobación legislativo.

7.- Ninguno de los partidos que ya están inscritos en el proceso electoral próximo, se ha pronunciado sobre este régimen de jornadas de trabajo. Por ahora siguen siendo partidos mudos, ciegos y sordos frente a la discusión de los grandes temas nacionales. ¿Qué esperan de los electores? ¿Qué ofrecen a los electores?

8.- La ley de 12 horas que se pretende imponer es violatoria de Tratados Internacionales, de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Costa Rica, de Tratados que tienen que ver con Derechos Humanos y con la propia Constitución Política nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

“Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.