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Etiqueta: Asociación Americana de Juristas

Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante graves violaciones de los derechos humanos en el Ecuador

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresa su preocupación ante el grave peligro y momento crítico de la falta de protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República del Ecuador, principalmente por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del gobierno del presidente Daniel Noboa. Pese a las reiteradas advertencias de organizaciones políticas y de derechos humanos, de no involucrar a las Fuerzas Armadas, así lo hizo, incluyendo, en una consulta popular, una enmienda que las vinculó, bajo el pretexto de enfrentar una supuesta guerra interna contra bandas criminales. Como resultado, algunos militares han causado la desaparición forzada de niños, entre 11 a 15 años, tras ser detenidos, violando todos los principios y protocolos. Saúl Arboleda, Steven Medina, Josué Arroyo e Ismael Arroyo desaparecieron luego de ser detenidos por militares el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas en Guayaquil.

Al momento de esta declaración, la Fiscalía ha formulado cargos contra los presuntos autores, al haberse encontrado, el 31 de diciembre, los cuatro cuerpos calcinados, en un pantano cercano a la Base Militar de Taura. Los cadáveres están, además, desmembrados y las pruebas de ADN de sus familiares determinaron, que los cuerpos encontrados eran los de sus hijos.

Por otra parte, resulta intolerable que Noboa pretendió destituir a su propia vicepresidenta, Verónica Abad, a quien, una juez, en sentencia, absolvió de una sanción de suspensión por 150 días, por el supuesto abandono a su cargo de trabajo, como “embajadora” en Israel y luego transferida a Turquía, ciudad a la que no llegó en los tres días que le dispuso la Canciller. La sentencia “fue acatada” por Noboa para, inmediatamente, volver a designarla como funcionaria -no como embajadora- de la misión diplomática en Turquía.

Noboa ha mantenido en estado de excepción al país durante todo su periodo, incluso en este momento, que el 5 de enero del 2025 se inicia, un proceso electoral, en el que Noboa participará, violentando expresas normas constitucionales. Finalmente, designó a otra vicepresidenta, pese a que la actual, ha sido reconocida por los organismos judiciales del Ecuador.

El presidente Daniel Noboa no acata lo dispuesto en el Art. 93 del Código de la Democracia, e incumple lo dispuesto en el Art. 225 de la Constitución que obliga al funcionario público a solicitar una licencia, para participar en las elecciones en las que busca su reelección, aparte de impedir que la vicepresidenta Abad asuma la presidencia. Además, el 4 de enero de 2025, la Asamblea Nacional, en su sesión 1002, resolvió, con la presencia de 129 Asambleístas, con 79 votos a favor, 19 abstenciones y 31 votos en contra, que:

“Todos los Asambleístas que participen en el proceso electoral, en busca de su reelección, deben pedir licencia sin sueldo, pues así lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional, la propia Constitución en su Art. 225 y el Código de la Democracia, en su Art. 93.” Es claro que, si se llega a una función pública mediante un proceso electoral, y el resultado es ser electo por la participación en ese proceso como candidato, al buscar una segunda participación al mismo cargo, en un proceso electoral consecutivo, eso es optar por la reelección. Noboa no ha solicitado licencia y aparentemente no lo hará pues el plazo vence 5 de enero.

Por tanto, ante los hechos expuestos, la AAJ exige una exhaustiva investigación para traer a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los cuatro niños. Asimismo, responsabiliza a Noboa por las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido en Ecuador durante su mandato y acate las disposiciones de la Constitución y el Código de la Democracia.

A 5 de enero de 2025

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro. Secretario General

Compartido con SURCOS por Carlos Meneses Reyes.

Asociación Americana de Juristas reclama la libertad inmediata de Daniel Jadue

La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales. 

El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas. 

Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.

Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.

La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares. 

En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación. 

Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.

A 10 de julio de 2024

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental 

Luis Carlos Moro. Secretario General 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación

permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

En relación con este caso, la Agrupación de Chilenos y Chilenas del Exilio en Costa Rica organizó un acto de solidaridad con Daniel Jadue.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.

La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.

Día Internacional de Al-Quds: webinario sobre la condición jurídica de Jerusalén

La conmemoración del Día Internacional de Al-Quds es un momento de reflexión y diálogo sobre la situación legal en torno a Jerusalén. Por ello, se llevará a cabo un webinario bajo el título «La Condición Jurídica de Jerusalén».

Este evento, programado para el jueves 4 de abril de 2024, de 12:00 p.m. a 1:30 p.m., reunirá a destacados expertos en el tema: Tatiana Rivadeneira Cabezas, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ, Rama Ecuador);Excmo. Señor Ahmad Pabarja, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán; Enrique Arias, ex subsecretario de África, Asia y Oceanía, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Pablo A. de la Vega M., coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti; y Alicia H. Moreno, coordinadora del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI) en Ecuador.

El webinario se realizará de forma virtual a través de Zoom. Aquí están los detalles para unirse:

Enlace de la reunión: https://us06web.zoom.us/j/83455695617?pwd=6SJ50jGQvG3ib9L6TtzuCJo875aJaz.1
ID de reunión: 834 5569 5617
Código de acceso: 854472

Esta actividad es organizada por la Asociación Americana De Juristas (Rama Ecuador), la Cátedra África, Medio Oriente Y Asia, y el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI). 

AAJ Rama Costa Rica propone al Colegio de Abogadas y Abogados plan por el respeto a la legalidad, a la institucionalidad y a la sana convivencia democrática

SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica al Colegio de Abogadas y Abogados.

El documento, dirigido a Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica señala que “conforme con lo prometido, le remito la propuesta de la AAJ, Rama Costa Rica, consultada con otras organizaciones”. El envío fue realizado por el reconocido jurista costarricense Walter Antillón Montealegre, quien lo compartió con SURCOS.

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS AL COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA

Preámbulo:

En vista de la seria crisis que atravesamos en Costa Rica, ante el deterioro cada día más grave y profundo del Estado de Derecho que construimos especialmente durante el siglo pasado, que dio estabilidad y mejor cumplimiento a los principios constitucionales de búsqueda de la igualdad, mejor distribución de la riqueza y una adecuada división de poderes, siguiendo el principio clásico de “frenos y contrapesos”, para garantizar un más adecuado cumplimiento de los sólidos principios democráticos, para una más adecuada gobernabilidad, inspirada en el estado de derecho, el respeto de la legalidad, alejado de la arbitrariedad y la improvisación.

Cada día se profundiza más la injusticia, lo cual pone en peligro la institucionalidad democrática, por lo que nos unimos a amplios sectores de la población en hacer un llamado para unir esfuerzos, a fin de encontrar soluciones concertadas, inspiradas en principios garantistas.

Dentro de las iniciativas de las cuales ya forma parte, como en el “Foro de Justicia”, la Asociación Americana de Juristas solicitó una cita al señor Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Francisco Cruz Marchena, quien nos atendió junto con el Director Ejecutivo, Lic. Gerardo Solís, para exponerle la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actividades, lideradas por el Foro, por los abogados, para encontrar soluciones, hacer propuestas, y volver a encauzar nuestro país por la vía del respeto a la legalidad, a la institucionalidad por una sana convivencia democrática.

Con miras a un primer encuentro durante el próximo mes de julio del 2024, a fin de ir haciendo un diagnóstico, que nos permita definir parámetros, hacemos la siguiente propuesta provisional, tentativa, a partir de la cual las diferentes organizaciones de la sociedad civil podamos contribuir a mejorar el funcionamiento -entre otros- del Poder Judicial, como baluarte de la equidad y la justicia; avanzar en proyectos de seguridad que den estabilidad a nuestro país, y alejen a la juventud y a la población del flagelo del crimen, la inestabilidad y del narcotráfico.

Esperamos sus sugerencias, observaciones y contribuciones, para que entre todos podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad y país.

ESBOZO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR LAS CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DESEMPEÑO

POLICIAL Y JUDICIAL

Walter Antillón

Sabemos con toda certeza que las causas principales de los fenómenos delictivos que se suceden cotidianamente cada vez con mayor frecuencia (homicidios, asaltos, sicariato derivado del narcotráfico, etc.), se encuentran en la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión de grandes grupos de jóvenes pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad costarricense; y estamos convencidos de que el remedio más eficaz para conjurar aquellos daños es una política de justicia social que elimine dichas causas. Pero desde hace muchos años ningún gobierno, incluido el actual, ha asumido dicha política; por el contrario, más bien han agravado el problema general al debilitar los servicios de policía y justicia. Y siendo así las cosas, este programa se moverá en el nivel de los síntomas, no de las causas.

En efecto, las crisis por las que atraviesan la seguridad ciudadana y los servicios policiales y judiciales son palpables en nuestro País, y se agravan aceleradamente. Pero entre las actividades conducentes a ponerles remedio debemos distinguir nítidamente las de carácter urgente de las que, en el mediano y largo plazo, tratarían de alcanzar soluciones de fondo. Esta distinción se articulará en sendas diferentes estrategias que albergarán otros tantos programas de acción.

I.- LAS MEDIDAS URGENTES

Obviamente la toma de las medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y en materia de administración policial y de justicia es del resorte de los Poderes del Estado, de manera que a nuestras organizaciones lo que corresponde es:

  1. a) Investigar e informar detalladamente a las autoridades competentes y a la comunidad ciudadana en general, acerca de las dimensiones reales de la crisis y las medidas urgentes a tomar;
  2. b) Incitar especialmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a que asuman sus respectivos roles dirigidos a preparar los marcos jurídicos y la pronta ejecución de las estrategias adoptadas;
  3. c) Vigilar durante el transcurso de dicho proceso que todas las medidas que vayan siendo institucionalizadas garanticen plenamente el respeto de los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones involucradas.

II.- Iniciaremos con un SEMINARIO PARA LAS MEDIDAS URGENTES

Se convocará la organización de un seminario con participación de periodistas de investigación, científicos sociales, médicos, abogados y funcionarios especializados para que, en comisiones de trabajo, se distribuyan las tareas respectivas para la elaboración de sendos diagnósticos acerca de:

1º) la situación actual de:

  1. a) Los cuerpos de la Policía Administrativa;
  2. b) El Organismo de Investigación Judicial;
  3. c) El Poder Judicial.

2º) Las medidas de urgencia recomendadas para conseguir que los distintos servicios policiales y judiciales enfrenten exitosamente las crisis actuales.

El Seminario comunicará sin demora sus conclusiones a los Poderes del Estado.

III. ACTIVIDADES ATINENTES A LAS MEDIDAS DE FONDO

Simultáneamente tendría inicio el conjunto de actividades dirigido a instaurar las medidas de fondo, que darían respuestas más definitivas a los requerimientos de seguridad y de justicia en Costa Rica.

  1. A) Los perfiles de los operadores

Como una línea transversal entre las diferentes tareas del conjunto es necesario trazar sendos perfiles de los operadores policiales y judiciales:

  1. a) De la policía administrativa
  2. b) De la medicatura forense
  3. c) De la policía judicial
  4. d) Del ministerio público de la defensa
  5. e) Del ministerio público de la acusación
  6. f) De la judicatura.

1.- La discusión de los distintos perfiles se llevará a cabo a través de sendas mesas redondas que alimentarán el trabajo de las comisiones redactoras, cuyas conclusiones se someterán al plenario.

  1. B) La organización

Una vez establecido cada perfil, de ello debe seguirse la configuración orgánica administrativa de cada uno de los servicios del conjunto:

  1. g) La organización de la policía administrativa
  2. h) La organización de la medicatura forense
  3. i) La organización de la policía judicial
  4. j) La organización del ministerio público de la defensa
  5. k) La organización del ministerio público de la acusación
  6. l) La organización de la judicatura.
  1. C) Los congresos

La organización modélica de los diversos servicios se llevará a cabo en sendos congresos de carácter nacional, policiales y judiciales, con participación de todas las profesiones involucradas:

I.- CONGRESO NACIONAL DE LA POLICÍA

II.- CONGRESO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

III.- CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.- CONGRESO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

Las organizaciones involucradas en el proyecto podrán privilegiar o posponer la celebración de alguno o algunos de los congresos mencionados, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos humanos y/o financieros, u otras circunstancias relevantes.

Cultura e Independencia de la Judicatura

La Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica organizó el pasado 8 de setiembre un coloquio sobre “Cultura y la Independencia de la Judicatura”. 

 

El espacio abarcó temas como : 

  • Funciones de Garantía y funciones de gobierno
  • La cultura de la Judicatura
  • ¿Cómo se escoge a la Judicatura?
  • La paridad y la independencia de la Judicatura
  • ¿Qué es la jurisdicción constitucional? 

Para observar las intervenciones de los y las diferentes ponentes puede visitar el siguiente enlace : https://www.facebook.com/AAJRamaCostaRica/videos/3911581622275795

 

Información compartida con SURCOS por Arturo Fournier.

Declaración de la Asociación Americana de Juristas tras el intento de golpe en los EE.UU.

La AAJ repudia los actos de violencia del 6 de enero en Washington DC, que resultaron en la muerte de cinco personas, lo cual pudiera repetirse durante o antes del acto de toma de posesión del presidente electo Joseph Biden. La insurrección ejecutada en el Capitolio fue impulsada por Trump esa mañana, mintiendo sobre un presunto fraude electoral. Una turba ultraderechista, fascista, antisemita y neonazi, y de supremacistas blancos, irrumpió y ocupó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y varios edificios del Capitolio estatal en un intento de interrumpir el proceso de certificación de las elecciones, encontrar, agredir, o inclusive secuestrar y asesinar a legisladores y legisladoras, aparentemente con la complicidad de efectivos de las fuerzas del orden y colaboración de legisladores como Ted Cruz y muchos otros. Así lo reflejan los medios de prensa. Incluso se documentó que algunos agentes de policía abrieron barricadas para dejar pasar a las turbas y se retrataron en “selfies”. Además, se informó que el Departamento de Defensa no dio aprobación para la entrada de guardias nacionales de otros estados hasta horas después. Resulta significativo que un buen número de los insurrectos fueron integrantes de las fuerzas armadas de los EE. UU.

La AAJ considera que los hechos acaecidos confirman una tentativa de golpe de estado con el objetivo de anular los resultados de las elecciones, certificados por el Colegio Electoral. El fracaso de la tentativa posibilitó la decisión de la Cámara de Representantes del 13 de enero, promoviendo un segundo proceso de destitución de Trump por incitación, y no pueden descartarse nuevos intentos.

Hay que analizar seriamente el comportamiento y complicidad de las fuerzas del orden al tratarse de manifestantes supremacistas y compararlo cuando se trata de manifestantes negros, latinos, progresistas, LGBTQ, naciones originarias, mujeres, y de quienes luchan contra la discriminación y el racismo.

Un ejemplo, es el del pasado mayo y posteriormente: la policía de Washington DC actuó con fuerza excesiva y detenciones masivas de miembros de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y grupos en solidaridad, por protestar contra el racismo y la violencia policial a raíz del asesinato de George Floyd. Así mismo fue el comportamiento de las fuerzas policiales en eventos similares en todo el país.

Otro ejemplo es la respuesta policial a la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, VA en 2017, cuando operativos de extrema derecha y fascistas se congregaron con antorchas, símbolos del nazismo, para revertir la decisión de remover los monumentos racistas. La policía, en otra demostración de racismo, tuvo una actitud complaciente hacia los supremacistas, que tomaron represalias e irrumpieron en medio de una contra protesta anti racista, hiriendo a decenas y matando a la joven Heather Heyer.

Por tanto,

La AAJ llama a una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente de los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición tomando las medidas necesarias para desmantelar toda forma de racismo institucional y estructural.

16 de enero de 2021

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Compartido con SURCOS por Walter Antillón.

AAJ: PELIGRO DE GOLPE O INVASIÓN A VENEZUELA

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), reafirma sus objetivos de lucha por la autodeterminación de los pueblos; la acción contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo; el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia; y la movilización de los juristas de los países americanos, a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socio económicos.

Le invitamos a leer el comunicado recibido por SURCOS aquí:

 

Enviado por Carlos Meneses.

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Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre la inhumana política migratoria de los Estados Unidos

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, expresa su enérgica condena a la cruel e inhumana política migratoria de los Estados Unidos de separar a niños y niñas migrantes de sus padres y madres en flagrante violación de los derechos humanos. La brutal y despiadada política del presidente Trump de “tolerancia cero” ha causado la separación de cerca de más de 2.400 niños entre el 5 de mayo y principios de junio. La administración Trump, que se caracteriza por la falta de transparencia, trata como criminales a los migrantes que entran a los EEUU huyendo del clima de violencia y falta de garantías a la vida e integridad física en sus respectivos países. La mayoría de los inmigrantes proceden de Honduras, el Salvador y Guatemala, algunos de México y hasta donde sabemos también Brasil, países que han sido intervenidos desde tiempo inmemorial, por las políticas imperiales de los EEUU, país responsable de golpes de estado, guerras e intervencionismo en Latinoamérica. La AAJ repudia la criminalización de las familias inmigrantes y la política de la administración Trump, implementada por el fiscal general Jeff Sessions, de ordenar procesar a los detenidos con cargos criminales, arrebatar a los niños de los brazos de sus padres y madres, quedando bajo la custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), agencia federal. Una vez formulados cargos criminales, se posibilita acelerar la deportación e impedir radicar solicitudes de asilo político. Mientras, en el momento de detención, el gobierno de Trump encierra a los inmigrantes en jaulas, incluyendo a los niños, inhumanamente separados de su familia, entre llantos y escenas desgarradoras. Aunque la intensa ola de indignación y protestas obligaron a Trump a firmar una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias, se mantiene el procesamiento por la vía criminal a quienes entran al país en condición irregular, y los niños estarán encerrados con sus padres y madres en centros de detención y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Con ese objetivo, el ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas.

(…)

Por tanto, la AAJ expresa lo siguiente:

1. El cese inmediato de tanta crueldad, cesar de procesar criminalmente a los inmigrantes y proceder a la reunificación de las familias. Los niños y niñas no pueden ser piezas de negociación ni rehenes para los fines racistas e inhumanos de la administración Trump.

2. Que los estados que integran los EEUU, como también los y las procuradores generales, demanden al gobierno federal estadounidense por violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los padres, madres, niños y niñas separados al llegar a través de la frontera con México.

3. Aunque los EEUU es el único país miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y no sea operativa, sus principios tienen validez internacional. La Convención establece que al niño le incumben los derechos de los mayores más los derechos del niño pues es sujeto especial de derechos. Entre los principales principios se encuentran el interés superior del niño y escuchar al niño. El interés superior está vinculado a otros principios, no es el orden público el que lo impone, sino la Convención, escuchando al niño, empoderándolo y protegiendo a la familia. (Ver art. 12, escuchar al niño; art. 9 y 14 inc. 2, los padres; art. 10, encuentro familiar; art. 18 inc. 2; art. 27, proteger a los padres para poder proteger al niño; art. 22, casos de refugiados).

4. Además, exigimos de los EEUU respetar las reglas mínimas de tratamiento de personas detenidas de cualquier forma y en cualquier lugar (Reglas de Mandela de ONU):

  • Regla 1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos.
  • Regla 58 1. Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y b) recibiendo visitas. 2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad.
  • Regla 59. En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.
  • Regla 62 1. Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales.
  • Regla 68. Todo recluso tendrá derecho a informar inmediatamente a su familia, o a cualquier otra persona que haya designado como contacto, de su encarcelamiento, su traslado a otro establecimiento y cualquier enfermedad o lesión graves, y recibirá la capacidad y los medios para ejercer ese derecho. La divulgación de información personal de los reclusos estará sujeta a la legislación nacional.
  • Regla 106. Se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes.

5. Las actuaciones del gobierno estadounidense violan la Convención contra la tortura, que en su art. 1 la define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

6. Permitir de inmediato misiones investigadoras en los lugares donde se encuentran detenidos los niños y niñas.

7. Permitir de inmediato que el cuerpo consular de los países de procedencia de los niños y niñas tengan acceso personal a éstos.

8. Garantizar y proveer a los niños y niñas tratamiento médico, servicios sociales y educativos.

 

Le invitamos a leer el documento completo en el siguiente enlace:

Declaración de la AAJ sobre política migratoria inhumana de los EEUU

 

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Meneses.

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La Asociación Americana de Juristas sobre la situación en Siria e Irak

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre la situación en Siria e Irak

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, se une a las reacciones de preocupación y condena manifestadas por varios mandatarios latinoamericanos en la 69 sesión de la Asamblea General de la ONU a la agresión militar emprendida unilateralmente por los Estados Unidos mediante ataques aéreos a Siria e Irak, con las consecuentes violaciones del derecho humanitario,utilizando el pretexto de la lucha contra el terrorismo del llamado “Estado Islámico” y el grupo extremista ISIS . Estas acciones decididas por el Presidente Barack Obama constituyen una flagrante violación del derecho internacional, la Carta de la ONU (capítulos I, VI y VII) y la propia Constitución de los Estados Unidos (art. 1, sec. 8), que requiere la previa autorización del Congreso.

Los ataques a Siria violan la soberanía del estado sirio, sin el consentimiento de su gobierno, sin resolución o mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que tiene la obligación de velar por la paz y seguridad internacional.

ISIS y el Estado Islámico son grupos terroristas organizados, armados y entrenados como consecuencia directa de la política de agresión de los Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Qatar y Turquía para destruir a Siria, fragmentar y balcanizar la región, y asegurarse el dominio del petróleo que se produce en ella. Al mismo tiempo, son funcionales a la carrera armamentista que permanentemente promueve el complejo militar industrial y al negocio de la reconstrucción posterior. En consecuencia, los crímenes de estos grupos terroristas, se constituyen en crímenes de guerra y de lesa humanidad, imputables a los Estados Unidos y los estados cómplices de haber estimulado su creación. Demostrando que en el caso de Siria el objetivo sigue siendo derrocar a su gobierno, los bombardeos han sido acompañados por el Presidente Obama con la promesa de asistencia de $ 500.000 para apoyar a los supuestamente «moderados», indistinguibles de ISIS, en medida sustancial “mercenarios”, que cometieron crímenes horribles provocando miles de muertes de la población civil, millones de desplazamientos, destrucción de la infraestructura y el patrimonio arqueológico. El bombardeo de Irak se da en el contexto de la presión ejercida por los Estados Unidos para la sustitución del presidente Nouri Al-Maliki, por Haidar al-Abadi, que formó su gobierno el 8 de septiembre de 2014, y aprobó los ataques aéreos estadounidenses a su país. Así, la guerra contra Irak es la continuación de la invasión del país por los Estados Unidos en el 2003, violando su integridad territorial para dividirlo en tres estados y controlar sus abundantes recursos petroleros.

La AAJ recuerda los principios de Nuremberg, según los cuales una guerra de agresión constituye un crimen internacional y advierte el peligro de que una conflagración prolongada en la región puede extenderse sin límites previsibles, poniendo en riesgo a toda la humanidad.

Por ello, la AAJ:

 Solicita que se tomen las medidas necesarias para asegurar la ayuda humanitaria a las poblaciones civiles afectadas;

 Exige que los Estados Unidos y sus aliados, entre ellos el Reino Unido, Canáda, Australia, Francia, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes, cesen de inmediato los bombardeos a Siria e Irak, y la injerencia en sus asuntos internos;

 Demanda que las Naciones Unidas convoquen a todos los gobiernos involucrados, incluyendo a Irán, China y la Federación Rusa, a una Conferencia especial para generar una solución consensuada a todos los conflictos de la región, y una acción conjunta que permita eliminar las fuentes de financiamiento, armamentismo y la actividad de los grupos terroristas.

 

6 de octubre de 2014

Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.

Presidenta AAJ Continental Secretario General

Beinusz Szmukler

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

 

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Meneses.

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