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Etiqueta: Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

 

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Asociación ecologista exige reformas inmediatas a reglamentos de aviación agrícola

Limón, 14 de mayo de 2025 (SURCOS) – La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una réplica formal a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, manifestando su preocupación por la insuficiencia de las medidas actuales para regular las actividades de aviación agrícola en el país.

Mediante el oficio AEL-00218-2025, la organización ecologista señala que el Decreto No. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS y la propuesta de reglamento para aplicaciones terrestres de agroquímicos no abordan adecuadamente los riesgos asociados con la aspersión aérea de sustancias químicas en plantaciones agrícolas.

La Asociación indica que la normativa actual carece de regulaciones específicas sobre la toxicidad de los productos utilizados y que la fiscalización de las recetas profesionales exigidas por el Artículo 9 del decreto es inconsistente, con sanciones poco efectivas para quienes incumplen las disposiciones.

«En los cantones bananeros, es una realidad comprobable que madres y niños, al trasladarse en bicicleta hacia escuelas, son frecuentemente rociados por agroquímicos», menciona el documento, destacando que estas personas evitan denunciar por temor a represalias de las empresas agroindustriales.

Entre las principales deficiencias señaladas está la ausencia de barreras de protección -vegetativas o artificiales- en escuelas, centros de salud y comunidades cercanas a las plantaciones donde se realizan fumigaciones aéreas, además de la permisividad para que las empresas determinen la composición de mezclas de agroquímicos sin controles rigurosos.

La organización solicita al Ministerio de Salud adoptar como referencia las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consideradas estándares integrales para la prevención de riesgos y protección de la salud pública.

Adicionalmente, la Asociación ha solicitado un informe técnico detallado que demuestre, mediante comparación punto por punto, que el decreto actual supera o iguala las guías de la FAO para la aviación agrícola, especialmente en lo referente a controles de toxicidad, implementación de barreras protectoras, distancias de aplicación y mecanismos de fiscalización.

El documento concluye exigiendo que la prevención sea el principio rector en la gestión de este problema de salud pública, calificando como intolerable la exposición continua de comunidades vulnerables a agroquímicos.

SURCOS comparte mediante este enlace la carta del Ministerio de Salud a la que se refiere la nota de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.

Asociación reitera denuncia contra ministro de Ambiente por presuntos delitos ambientales

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) envió el pasado 7 de mayo un oficio al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reiterando su denuncia formal contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntos delitos ambientales.

En el documento AEL-00209-2025, la organización aclara y enfatiza los puntos expuestos en una denuncia previa (AEL-00201-2025) del 3 de mayo, señalando que la respuesta recibida por parte de la Fiscalía General fue inadecuada al remitir el caso a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, instancia que, según indican, carece de potestad para investigar a un miembro de los supremos poderes.

La asociación manifiesta que el ministro Tattenbach Capra emitió la Directriz 09-2023, que habría permitido desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas como humedales, bosques, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, causando daños al Sitio Ramsar 783, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Adicionalmente, la AEL denuncia el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), cuestionando su idoneidad para el cargo por ser especialista en Turismo Sostenible y no reunir, según su criterio, las condiciones necesarias para el manejo de Áreas Silvestres Protegidas.

En el oficio, la asociación refiere la existencia de un expediente penal (23-000041-0611-PE) que, señalan, permanece inactivo. También hacen mención a un insumo (DFOE-DEC-01-00004-2024) dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La organización solicita la intervención directa del fiscal general para detener lo que describen como «desmanes del ministro» y expresan preocupación por una posible situación de crimen organizado en la gestión de recursos naturales. El documento fue remitido también a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía de la República.

Puede consultar los siguientes documentos como referencia del caso:

Directriz No.09-2023-ACLAC (2)

SINAC-SE-DE-0046-2025-

RESOLUCION_DFOE-DEC-5250(20012)-2024

Ambientalista solicita intervención urgente para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a altas autoridades del país para proteger el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y el Sitio Ramsar 783, ubicados en el Caribe Sur de Costa Rica.

En el documento AEL-00201-2025, con fecha del 3 de mayo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirige un llamado a la procuradora general de la República, la contralora general de la República, la fiscal de la República y el fiscal general de la República.

Incumplimiento de sentencia constitucional

La solicitud señala que existe un incumplimiento de la sentencia 2019-12745 de la Sala Constitucional, que ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Procuraduría General de la República delimitar y reincorporar 188 hectáreas de bosque al refugio en un plazo de 12 meses. Según indica el documento, este mandato no se ha cumplido a más de cinco años de emitido.

Cuestionamientos a informes técnicos

El escrito cuestiona la credibilidad de los informes técnicos del SINAC y el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). Menciona específicamente que en mayo de 2024, el SINAC desacreditó un estudio previo que identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, reduciendo esta área en 91,7 hectáreas «sin justificación técnica sólida», según lo cuestionado por la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría.

Situación del Sitio Ramsar 783

La denuncia señala que la administración del REGAMA ha centrado su narrativa en la recuperación de 188 hectáreas de bosque, «ignorando la integridad del Sitio Ramsar 783». Según el documento, este humedal de importancia internacional sufre drenajes, cambios en los cursos de quebradas, y ausencia de delimitación de RIAS, humedales y manglares.

El texto menciona que la directriz 09-2023, emitida por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, invalidó un estudio de 2021 sobre 13 humedales en Talamanca.

Presuntas irregularidades administrativas

El documento señala presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés, mencionando específicamente el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del ACLAC y la emisión de permisos de tala cuestionados, como el 011-2024-ACLAC-SLT otorgado a Playa Manzanillo S.A.

Denuncias sobre acoso a defensores ambientales

Levy Virgo menciona en el documento que, como denunciante y defensor de los derechos humanos ambientales, ha sido «víctima de vandalismo en mi vivienda y vehículo, así como de acciones legales intimidatorias en los tribunales de Limón».

Peticiones concretas

El documento concluye con seis peticiones específicas:

  1. La recusación de funcionarias y funcionarios del SINAC involucrados en la gestión técnica del REGAMA.
  2. Un abordaje integral del Sitio Ramsar 783.
  3. El nombramiento de una fiscalía especial para investigar las presuntas redes de crimen organizado.
  4. Coordinación interinstitucional para supervisar el cumplimiento de sentencias.
  5. Protección a personas defensoras ambientales.
  6. Investigación de responsabilidades de exfuncionarias y exfuncionarios.

Esta denuncia se suma a otras acciones que el ambientalista ha realizado previamente, y que han sido publicadas en SURCOS.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita informe sobre cumplimiento ambiental en Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Municipalidad de Talamanca exigiendo un informe actualizado sobre el cumplimiento del oficio ALMT-37-2022, relacionado con irregularidades en la zona marítimo-terrestre y afectaciones a un humedal.

En el documento AEL-00186-2025, con fecha del 24 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, se dirigió al alcalde Rugeli Morales Rodríguez solicitando detalles sobre las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el asesor legal municipal en julio de 2022.

Según la misiva, el oficio ALMT-37-2022 ordenaba suspender permisos de construcción en el plano L-840924-2003, clausurar una remodelación en la zona marítimo terrestre y supervisar la remoción de materiales depositados sobre un humedal.

«La protección de los humedales y la zona marítimo terrestre constituye una obligación ineludible del Estado costarricense, y la Municipalidad de Talamanca, como ente responsable de la administración local, tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan estos ecosistemas», señala el documento.

La solicitud específica incluye cuatro puntos fundamentales:

  1. Un informe actualizado de las actuaciones municipales en cumplimiento de las tareas de supervisión asignadas.

  2. Una valoración sobre el estado actual de la remodelación dentro del plano mencionado.

  3. Un informe técnico y legal sobre las razones por las que no se ha procedido a la demolición de estructuras en contravención.

  4. Copias de las resoluciones administrativas relacionadas con la clausura y remoción de materiales.

El representante de la Asociación solicitó que el informe sea remitido en un plazo no mayor a diez días hábiles. La solicitud fue compartida con diversas autoridades, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría Ramsar, el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Imagen con fines ilustrativos. Los humedales sufren constantemente por los proyectos inmobiliarios.

Solicitan informe sobre viabilidad ambiental de proyecto inmobiliario en Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.

Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.

El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.

La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.

En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.

La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.

La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.

El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a la Contraloría auditoría de instituciones públicas

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para realizar una Auditoría Evaluativa Operativa en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Mediante el oficio AEL-00134-2025, con fecha del 31 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirigió a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, una serie de observaciones sobre deficiencias en varias instituciones del sector público.

El documento señala cuatro áreas de preocupación: deficiencias en las auditorías internas y ejecución presupuestaria, nombramientos inadecuados en puestos clave, sustituciones basadas en criterios personales y nepotismo en cantones de bajo desarrollo.

Según indica la misiva, existe «nulo o deficiente accionar de las auditorías internas, pese a las obligaciones establecidas en la Ley de Control Interno», así como «prácticas que afectan la eficiencia, la transparencia y la idoneidad en la gestión pública».

La asociación cuestiona las subejecuciones presupuestarias e incumplimientos en materia sanitaria y ambiental atribuidos a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. También menciona como problemática la designación exclusiva de personal médico como directores de Áreas de Salud, excluyendo profesionales con formación más adecuada.

La auditoría solicitada busca evaluar el desempeño de las auditorías internas, analizar las prácticas de nombramiento, identificar causas de subejecuciones presupuestarias e incumplimientos, además de proponer enmiendas para corregir estas irregularidades.

El oficio fue enviado con copia a autoridades municipales de Siquirres, Matina, Talamanca y Limón, así como a personal de auditoría de distintas instituciones públicas.

Asociación solicita al MINAE informes sobre protección del acuífero de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.

Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.

La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.

Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:

  1. Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.

  2. Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.

  3. Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.

  4. Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.

  5. Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.

  6. Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.

En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.

La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Imagen: Semanario Universidad.

Organización solicita información sobre situación del Sitio Ramsar Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó información detallada sobre el Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, y áreas asociadas en el cantón de Talamanca, mediante un oficio dirigido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El documento AEL-00120-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, fundamenta la solicitud en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, y hace referencia al Informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.

En la solicitud enviada a David José Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, y Rotney Piedra Chacón, encargado de Humedales, se requiere información específica sobre cuatro aspectos principales:

La organización pide las coordenadas oficiales y actualizadas del Sitio Ramsar 783, conforme se especifica en un oficio de enero de 2025. También solicita un informe sobre los ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Talamanca, detallando si son personas físicas o jurídicas y su ubicación respecto a bosques o humedales.

El documento requiere además una descripción y delimitación de ríos y quebradas ubicadas en el litoral de Talamanca, así como un mapa descriptivo de todos los humedales oficialmente documentados en Playa Negra.

Según se indica en la carta, esta información es requerida para fines legales y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El documento fue remitido también a expedientes judiciales, diputados de la Comisión de Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Alcaldía Municipal de Talamanca.

Adjuntamos dos documentos de referencia aportados por la organización. Les invitamos a descargarlos para conocer en detalle la información.

SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.pdf

SINAC-SE-DE-0046-2025

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.