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Etiqueta: audiencia

Red MICA pone en evidencia omisiones del Estado costarricense para evitar violaciones a la libertad de expresión en materia de radiodifusión

Audiencia ante la CIDH

  • Representantes de Red MICA denunciaron violaciones sistemáticas cometidas por el Estado costarricense a los estándares interamericanos y violaciones indirectas a la libertad de expresión en el país
  • Comitiva del gobierno fue incapaz de responder interpelaciones de la CIDH sobre concentración, falta de transparencia y ausencia de participación ciudadana

 

En una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles 6 de setiembre, en la ciudad de México, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA) puso en evidencia las graves omisiones en que ha incurrido el Estado costarricense en materia de regulación y administración del espectro radioeléctrico, las cuales, en criterio de Red MICA, generan violaciones indirectas a la libertad de expresión en materia de radiodifusión en el país.

El Estado encaró la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, y el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada. Red Mica, por su parte, acudió a la cita representada por Mónica Solano, Andrea Alvarado y Sebastián Fournier.

Como parte de sus alegatos, la representación de la Red Mica sostuvo que, mientras se restringen cada vez más las posibilidades de la ciudadanía de tener acceso al espectro radioeléctrico, se experimenta un proceso de concentración de medios en Radio y Tv. En este contexto, en incumplimiento de los estándares establecidos por la propia CIDH, el Estado realiza una administración del espectro radioeléctrico ―un recurso público― que favorece la existencia prácticamente única de medios comerciales privados, y ha evitado la apertura de medios públicos y ciudadanos. “Prácticamente el 90% de las frecuencias” se destina a actividades comerciales, señaló Sebastián Fournier, de la Red MICA, mientras que la radiodifusión pública y comunitaria ni siquiera se encuentra tipificada en la normativa vigente, lo cual ha conducido a que no existan medios comunitarios y ciudadanos en el país.

Red MICA, además, señaló que, ante la próxima aplicación del cambio digital en Televisión, el Estado ha emitido una normativa mediante la cual se concederá a los actuales operadores privados-comerciales el llamado “dividendo digital”, lo cual redundará en una mayor concentración y la imposibilidad de acceso ciudadano al aprovechamiento del espectro.

Después de un primer momento en que la representación de la Red MICA presentara sus alegatos, la comitiva del Estado presentó su descarga, con un argumento centrado en que el Estado sí cumple sus obligaciones y de que el acceso ciudadano a los medios se concretará a partir del acceso a internet y los procesos de convergencia mediática. Esta participación se concretó mediante afirmaciones generales carentes de datos concretos.

El Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien fuera inicialmente interpelado por la Red MICA ante el hecho de que llevaba dos años sin cumplir la promesa de concertar una cita con el Presidente de la República, señaló que siempre había lugar para “mejorar” lo que se venía haciendo, y que consideraba que la audiencia constituía un buen momento para iniciar un proceso de diálogo con representantes de la sociedad civil.

Después de las participaciones de ambas representaciones, los delegados de la CIDH interpelaron únicamente a la comitiva del Estado. En primer término, cuestionaron la consideración de que el acceso ciudadano a los medios quede restringido a un mero acceso a internet. En segundo término, interpelaron a la representación del Estado a propósito de aspectos relacionados con concentración, obsolescencia de la ley vigente, transparencia y participación ciudadana.

La réplica de la comitiva del Estado fue ligera y omisa, y –más allá de insistir en que se estaba trabajando en una nueva ley– prácticamente omitió dar respuesta a los aspectos interpelados. No hubo referencias a la situación de la concentración, la falta de transparencia y la participación ciudadana. A propósito de estos temas, en el cierre de la participación, el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, terminó titubeante y carente de claridad en sus planteamientos.

La audiencia celebrada este miércoles ante la CIDH se realizó ante una solicitud presentada a inicios de este año por la misma Red MICA, debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados por parte del Estado para dirimir estos temas, que son de absoluta trascendencia para la vida democrática del país.

La audiencia celebrada se puede observar de manera completa en el siguiente vínculo: https://www.facebook.com/elperiodicocr/videos/1606653406051420/

Para más información, puede comunicarse con:

Marvin Amador, 8335-3070

 

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Estado costarricense emplazado por la CIDH por denuncia de violación a la libertad de expresión en materia de radiodifusión

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Ley Participativa de Radio y Televisión CR.

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Estado costarricense emplazado por la CIDH por denuncia de violación a la libertad de expresión en materia de radiodifusión

Red MICA presentó solicitud de audiencia

  • Representantes de Red MICA expondrán el caso este miércoles, en audiencia programada para las 10 de la mañana en la Ciudad de México
  • Gobierno acudirá con comitiva encabezada por Ministro de Comunicación, el mismo que ha entorpecido por más de dos años la posibilidad de reunión de Red MICA con Presidencia de la República

 

El Estado costarricense estará encarando una denuncia por falta de regulación e inacción estatal en materia de radiodifusión y uso del espectro radioeléctrico, lo cual, según la acusación, está generando violaciones a la libertad de expresión en materia de radiodifusión. La participación del Estado de Costa Rica se dará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en Ciudad de México este próximo miércoles 6 de setiembre.

La audiencia, programada para las 10:15 am, tendrá como contraparte del Estado a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA), organización que presentara la denuncia ante la CIDH a inicios del presente año. Red MICA se presentará a la audiencia con el respaldo de una representación del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El Estado estará encarando la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, el Viceministro de Telecomunicaciones ―Edwin Estrada― y el encargado de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.

La denuncia que presentara Red MICA se fundamenta en el hecho ―denunciado y confirmado por diversas instancias de la sociedad civil, de las universidades públicas y por la propia Contraloría General de la República―, de que el país carece de una normativa actualizada y coherente con las nece­sidades de participación equitativa, diversa y plural en el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y que se refleja en el acaparamiento de este recurso por parte de un sector dedicado exclusivamente a utilizar los medios con fines comerciales, excluyendo visiones y opciones de comunicación con enfoque social.

Desde la Red MICA, al lado de diversos actores de la sociedad civil y de las universidades públicas, se ha denunciado la ausencia de acciones de parte del Estado para romper esta situación y propiciar un acceso equitativo de los diferentes sectores al espectro radioeléctrico, de manera que se asegure la presencia de otras propuestas, además de las actualmente existentes. La inacción del Estado se expresa no solo en la insistencia de no actualizar la normativa vigente en materia de radiodifusión, considerada obsoleta debido a que fue emitida hace ya más de 63 años ―cuando ni siquiera existía radio FM ni Tv―, tanto como por incumplir mandatos de la propia Contraloría General de la República. Esta ausencia de acción del Estado ha sido considerada por estas organizaciones como “extrañamente” conveniente a los sectores empresariales que tienen el control de los medios de radio y tv en el país, y contraria a los intereses públicos, de manera que violentan las posibilidades de libertad de expresión del resto de la ciudadanía.

Según los representantes de la Red MICA, de la audiencia se espera que se generen recomendaciones desde la CIDH para que el Estado finalmente acceda a propiciar la participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas, y que, desde allí, se concreten decisiones orientadas a permitir el acceso, uso y aprovechamiento del espectro por parte de otros actores interés y posibilidad en hacer radio y tv sin fines de lucro.

La Red MICA optó por elevar la situación ante la CIDH debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados, incluyendo el incumplimiento expreso del Ministro de Comuni­cación, Mauricio Herrera, de facilitar una reunión con la Presidencia de la República, de manera que el Estado sigue sin escuchar a la sociedad civil para tratar este tema, y sigue sin asumir sus responsabilidades al respecto. Como contrapartida, lo que se tiene es un plan del Viceministerio de Telecomunicaciones ―celebrado en conjunto con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) en un desayuno sostenido en diciembre del 2016, con participación del propio Presidente de la República y del mismo Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada― mediante el cual se estará entregando el llamado dividendo digital de Tv a los actuales empresarios de la Televisión nacional.

Para más información, puede comunicarse con:

Marvin Amador, 8335-3070 (martes antes de las 3:30 y después de las 6:30, miércoles en cualquier momento del día).

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Ley Participativa de Radio y Televisión CR.

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Cambio de fecha de inicio de audiencia de juicio luchadores sociales

Cambio de fecha de inicio de audiencia de juicio luchadores sociales por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social

Comunicado Urgente

  • Por resolución de juez de las 9:45 a.m. del 31 de marzo de 2017 se varía inicio de señalamiento a debate
  • Se mantiene manifestación y se invita a las organizaciones, colectivos y personas a acompañarnos el lunes 03 de abril en los Tribunales de San José

 

Manifestación / Piquete

Fecha: Lunes 03 de abril de 2017.

Hora: 8 am.

Lugar: Bulevar de los Tribunales de Justicia, I Circuito Judicial de San José.

 

Nueva Fecha de Inicio de Juicio

Miércoles 05 de abril de 2017.

Hora: 08:00 am.

Lugar: Salas de Juicio del I Circuito Judicial, San José

 

El día de ayer, 31 de marzo de 2017, se recibió notificación del Juez Tramitador Lic. Jeffrey Quesada Arroyo de la casusa penal llevada en contra de cinco personas que participaron en la manifestación del 8 de noviembre de 2012 en defensa de la seguridad social.

En la resolución, se varía el inicio de la audiencia de juicio para el miércoles 05 de abril a las 8:00 a.m. y se señala el debate para ese día en la mañana y en la tarde y para el jueves 06 de abril durante la mañana.

Consideramos que este cambio en el inicio del juicio es una maniobra de las altas jerarquías del poder judicial y del gobierno, que intentan desmovilizar la acción de calle convocada para el lunes 3 de abril. Por lo tanto reiteramos la convocatoria a la movilización y a la lucha, en la calle, que es el sitio natural en donde se debe dar la lucha por nuestro derecho a la libre expresión. Reiteramos nuestra solidaridad con la compañera y los compañeros enjuiciados injustamente, en un proceso claramente amañado, al tiempo que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a sumarse a las acciones que se están convocando para la próxima semana, para seguir coreando, juntas y juntos, como se coreaba en la jornada del 8N, por la tarde: “¡El pueblo no se va, no se va!”, exigiendo la liberación inmediata de las y los detenidos: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, trabajadores sociales, quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.

Colectivo Derecho a la Protesta Social.

 

Facebook: Colectivo Derecho a la Protesta Social

Twitter: DerechoProtesta

Canal Youtube: Colectivo Derecho a la Protesta Social

 

Imagen tomada de la página de Facebook de Colectivo Derechos a la Protesta.

Enviado a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

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Vecinos defienden el río San Rafael en audiencia de ARESEP

Comunicado de Prensa de FECON

  • ¡Pérez Zeledón: San Pedro se desborda!

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Este martes 13 de diciembre se realizó la audiencia pública de la ARESEP para el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, el cual pretende la concesión del 95% del agua del río.

Unas 400 personas llenaron el salón comunal de San Pedro, la mayoría de los asistentes se manifestaron en contra de la hidroeléctrica.

Las personas organizadas en la Comisión Defensora del Río San Rafael presentaron 800 oposiciones por escrito, y durante la audiencia hubo 15 exposiciones en contra de la hidroeléctrica, mientras solo hubo 2 exposiciones a favor.

Durante la audiencia la empresa H.Solís mostró un video con dibujos animados que explicaban los beneficios del proyecto, entre ellos las posibilidades de empleo y el compromiso de otorgar un 1% de las ganancias a las comunidades. Sin embargo los vecinos cuestionaron estos ofrecimientos.

Entre los argumentos presentados ante la ARESEP en oposición a la hidroeléctrica se habló del aspecto social, ya que un 90% de los pobladores están en contra de la hidroeléctrica, y se acusó a la empresa por dividir comunidades y familias.

Se externó la preocupación por el acceso al agua para el consumo humano, y los usos agrícolas y recreativos que tiene el río, más aún con la disminución de lluvias por el calentamiento global.

También se señaló que el proyecto hidroeléctrico estaría ubicado en una zona de deslizamientos y que los Usos de Suelo otorgados por la Municipalidad de Pérez Zeledón contradicen lo estipulado en el Plan Regulador vigente.

Además los vecinos indicaron que el caso ni siquiera debería ser analizado por la ARESEP ya que H.Solís no cuenta con requisitos previos, como la Concesión de Aguas del MINAE, ni la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Ejecutivo.

“Queremos desarrollo pero que éste sea en armonía con la naturaleza, que sea protegiendo el medio ambiente y heredando a nuestros hijos, nietos y las nuevas generaciones ríos, agua y vida”, expresó Melvin Solís, vecino de San Pedro.

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El sábado anterior se realizó una Caminata en defensa del Río San Rafael con la Asistencia de más de 100 personas. Durante la caminata se bloqueó el paso de vehículos en la Interamericana Sur, en protesta por la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA al PH San Rafael.

Este permiso se dio a pesar de la férrea oposición de las comunidades, que presentaron múltiples cartas de Asociaciones, miles de firmas, documentos, observaciones al expediente; así mismo realizaron decenas de reuniones, audiencias, visitas a la municipalidad.

Según manifestó Eliecer Corrales, vecino del distrito “Hemos ido legalmente, paso a paso agotando los recursos, pero las autoridades nos pasaron por encima como si fuéramos invisibles, por eso hicimos la caminata: para que nos vean ¡Y por eso estamos aquí hoy!»

La Audiencia Pública de la ARESEP y la Caminata son dos acciones para defender el río, pero la lucha de las comunidades continuará, ya que no están dispuestos a negociar y exigen que dejen el río San Rafael fluir en paz.

 

Para ampliar informaciones puede comunicarse con:

  • Mélvin Solís al 87408291
  • Raquel Bolaños, correo riosvivoscr@gmail.com / Comunicación Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

 

Texto e imágenes enviadas por FECON.

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Comunicación sin Paredes: Audiencia Preliminar de Demanda, ¡UNIBE está preocupado!

Por Comunicación Sin Paredes

 

El día de ayer, miércoles 16 de noviembre, se suspendió nuevamente la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013 CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE.

Esta es la tercera suspensión, sin embargo, es la primera vez que se suspende porque uno de los demandados está preocupado o asustado de que la Demanda continúe su proceso normal, que iba muy bien en esta etapa de trámite, impidiendo al Tribunal verificar la ilegalidad del contrato, que es lo que se está solicitando desde el 2013.

El representante de UNIBE se aprovecha de instrumentos procesales como lo es intentar desacreditar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer el caso, vía un recurso de casación al rechazo del Juez Tramitador de la excepción de incompetencia del Tribunal por la materia, sabiendo que la Sala I va a rechazar dicho recurso porque es manifiestamente improcedente, sin embargo este recurso es un ardid judicial que va a demorar, de manera significativa, el proceso de la Demanda pues el mismo va a tardar tiempo en resolverse por el retraso en las agendas de los Tribunales de Justicia en Costa Rica.

Hay que recordar que el proceso está cumpliendo 3 años desde que se interpuso en sede judicial y que falta 1 año para que la Contratación cuestionada finalice sin que ni siquiera se haya alcanzado la Etapa de Juicio.

Esto es gravísimo porque este proceso de UNIBE es la antesala de la privatización por medio de la figura de la concesión de los hospitales nacionales de la CCSS, los Hospitales San Juan de Dios, el México y el Calderón Guardia podrían en un futuro salir a concesión pública a empresas privadas porque existe el precedente de las concesiones de Áreas de Salud y porque la población no tiene una posibilidad efectiva de oponerse a las concesiones ni por la vía administrativa ni por la vía judicial, siendo que este tipo de contrataciones según el Reglamento de Compras a Terceros de la CCSS deberían ser excepcionales y no la norma, como se constata con este caso.

Más información:

Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595.

 

Lea también:

Audiencia Preliminar contra el Acto de Adjudicación de Ebais a UNIBE

 

Enviado a SURCOS Digital por Comunicación Sin Paredes.

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Audiencia Preliminar contra el Acto de Adjudicación de Ebais a UNIBE

Reanudan proceso

Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101(para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión De Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE

 

El próximo, miércoles 16 de noviembre a las 01:30 p.m. se reanudará la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión De Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Consorcio UNIBE.

La audiencia ha sido suspendida en dos ocasiones, la última audiencia se realizó el pasado 04 de mayo de 2016, siendo suspendida para que la CCSS pudiera completar el Expediente Administrativo del Contrato, por lo que siendo que la CCSS cumplió con el apercibimiento, se reanuda la Audiencia Preliminar, la cual se encuentra en la etapa de Excepciones, etapa donde los demandados tienen el poder jurídico de oposición que, sin negar el fundamento de la demanda, trata de impedir la iniciación del proceso paralizándolo momentáneamente retardando la contestación o extinguiendo el proceso definitivamente.

Importante recordar:

  • Que estamos a casi 3 años de que fue iniciado este proceso
  • Que han transcurrido más de 3 años de los actos demandados: cartel y acto de adjudicación, sin que a la fecha se haya logrado llegar a la Etapa de Juicio
  • Que estamos a 1 año del vencimiento del contrato vigente y
  • Que en enero de 2013 autoridades de la Caja indicaron que al terminar el período de cuatro años autorizado por la Contraloría, la Caja deberá tener organizada la prestación de servicios ya sea prestándolos directamente o bien mediante un proceso licitatorio ordinario

Por esto se invita a comunicadores/as, organizaciones sociales y populares, asegurados/as de las áreas de salud concesionadas por este contrato y a la opinión pública en general para que den seguimiento al desarrollo de la audiencia del miércoles y al juicio cuando se fije la fecha.

Antecedentes

Esta demanda ordinaria proviene del 2013, año de la lucha que dieron las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago, las Juntas de Salud de estas comunidades, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y otras organizaciones sociales, sindicales y políticas locales y nacionales para que en primera instancia no se disminuyera la cantidad de EBAIS por Área de Salud, ni se disminuyeran los servicios que en ese momento eran prestados por el Convenio PAIS-UCR/CCSS y para que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud no fueran concedidos a entes privados, sino que se mantuvieran en la esfera de lo público en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En este año 2013 se dio un hecho histórico para las Áreas de Salud del Este de San José, por primera vez después de ser creados y ser administrados por casi 15 años por la Universidad de Costa Rica, los servicios de salud fueron objeto de un Cartel de Contratación Directa Concursada, procedimiento autorizado por la Contraloría General de la República. Con este procedimiento, además de que se disminuyeron servicios (3 EBAIS menos en cada Área de Salud, sólo toma de nuestras del Laboratorio Clínico, no se reciben recetas Medicina Mixta ni de Empresa, por ejemplo); se abrió la posibilidad de que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud fueran entregados a entes completamente privados.

Por esto la Junta de Salud de Montes del periodo 2012-2013 efectuó tres tipos de acciones, las primeras de carácter administrativo ante las altas autoridades de la UCR y de la CCSS; las segundas de carácter legal administrativo y finalmente legal judicial, estas como último recurso.

Las acciones judiciales se interpusieron a nombre de Marcela Zamora Cruz, miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca 2012-2013, a título personal porque las Juntas de Salud no tienen personería jurídica y estas acciones judiciales fueron coadyuvadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Para más detalles se puede consultar el documento adjunto “CONFLICTO UCR-CAJA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS EBAIS”, extracto de la Rendición de Cuentas de la Junta de Salud de Montes de Oca del periodo 2012 – 2013.

 

Proceso Ordinario

Actora: Marcela Zamora Cruz

Coadyuvante: Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Demandados: La CCSS, el Estado, la Contraloría General de la República, el Hospital Universitario UNIBE S.A. y el Consorcio Hospital Universitario UNIBE S.A. y Asociación Universidad de Iberoamérica.

Expediente: 13-006255-1027-CA.

 

Audiencia Preliminar

Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2016

Hora: 01:30 p.m.

Lugar: Sala respectiva en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea

 

Más información:

Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595.

Marcela Zamora Cruz, 8705-6934, marce.zamoracruz@gmail.com.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ebaisunibe.com

Enviado a SURCOS Digital por Comunicación Sin Paredes.

Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena denunció problemas en audiencia de Sergio Rojas

Buenas Aires de Puntarenas

 

El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena alerta a la comunidad nacional e internacional sobre los acontecimientos que coincidirán en la población de Buenas Aires de Puntarenas, donde se vive un ambiente de tensión público y notorio, dado que grupos de pobladores no indígenas anunciaron que en días pasados, llevarían a cabo intensas medidas de presión contra el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

El pasado martes 10 de mayo a las 8:00 am en Buenos Aires, la Fiscalía Indígena realizaría la audiencia (diligencia judicial) por el caso contra Sergio Rojas y otras personas indígenas del Territorio Indígena de Salitre. Esta audiencia fue convocada fuera de recinto judicial, en un lugar absolutamente inseguro y no neutral, frente al Parque de Buenos Aires y sin justificación en la resolución que comunica el cambio.

Por otra parte, ese mismo días, se llevaría a cabo una reunión del Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas con Presidentes de las ADIS del Sur para tratar el asunto de las tierras indígenas junto con una fuerte de movilización de personas no indígenas hacia la Municipalidad, algunas de las cuales amenazaron no sólo con mayores medidas de presión sino con violencia física contra algunas de las personas en el proceso judicial.

A pesar que los abogados litigantes en esta causa realizaron una gestión frente a la Fiscalía de Asuntos Indígenas por asuntos de seguridad, fue rechazada y apunta que la Fiscalía de Asuntos Indígenas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial gestionó lo pertinente para garantizar la seguridad de las partes.

De la misma manera, se notificó la situación al Gobierno de la República y al Poder Judicial, ambas instancias comunicaron la responsabilidad y el control de la situación.

Es por esto que el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, responsabilizó al Estado costarricense de la seguridad de las personas que participaron en las diligencias judiciales y llamaron a la comunidad nacional e internacional a permanecer en estado de vigilancia ante eventuales actos de violencia.

Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

 

*Imagen tomada de Semanario Universidad.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Se reanuda Audiencia Preliminar Demanda Ordinaria contra la adjudicación al Hospital Universitario UNIBE

COMUNICADO

 

El pasado, 04 de mayo a las 01:30 p.m. se reanudó la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Hospital Universitario UNIBE S.A.

La audiencia fue suspendida el pasado lunes 11 de enero de 2016, dado que al ser una audiencia de preparación del expediente, se tenían que desarrollar 5 etapas, en la primera etapa; la etapa de saneamiento, la cual se estaba desarrollando bien. Se estaban aclarando y subsanando varias cuestiones, cuando de pronto el juez José Martín Conejo Cantillo se dio cuenta que él mismo es usuario de uno de los EBAIS concesionados a la UNIBE, asunto que hizo de conocimiento de las partes para que discutiéramos una posible recusación. Ante esta información, se consideró tanto la parte actora como las partes demandadas que sólo este hecho se puede prestar para malas interpretaciones porque al juez tramitador además de preparar el expediente para juicio, también le corresponde tomar decisión sobre las excepciones previas, algunas de las cuales pueden provocar que se archive el expediente o que se le dé continuidad, asunto muy relevante. Por tanto se solicitó una recusación del juez en ese momento, ahora después de tres meses el juez tramitador Rodolfo Marenco Ortiz rechazó la recusación, por lo que continúa la audiencia con el mismo juez tramitador original.

Antecedentes

Esta demanda ordinaria proviene del 2013, año de la lucha que dieron las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago, las Juntas de Salud de estas comunidades, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y otras organizaciones sociales, sindicales y políticas locales y nacionales para que en primera instancia no se disminuyera la cantidad de EBAIS por Área de Salud, ni se disminuyeran los servicios que en ese momento eran prestados por el Convenio PAIS-UCR/CCSS y para que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud no fueran concedidos a entes privados, sino que se mantuvieran en la esfera de lo público en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En este año 2013 se dio un hecho histórico para las Áreas de Salud del Este de San José, por primera vez después de ser creados y ser administrados por casi 15 años por la Universidad de Costa Rica, los servicios de salud fueron objeto de un Cartel de Contratación Directa Concursada, procedimiento autorizado por la Contraloría General de la República. Con este procedimiento, además de que se disminuyeron servicios (3 EBAIS menos en cada Área de Salud, sólo toma de nuestras del Laboratorio Clínico, no se reciben recetas Medicina Mixta ni de Empresa, por ejemplo); se abrió la posibilidad de que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud fueran entregados a entes completamente privados.

Por esto la Junta de Salud de Montes del periodo 2012-2013 efectuó tres tipos de acciones, las primeras de carácter administrativo ante las altas autoridades de la UCR y de la CCSS; las segundas de carácter legal administrativo y finalmente legal judicial, estas como último recurso.

Las acciones judiciales se interpusieron a nombre de Marcela Zamora Cruz, miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca 2012-2013, a título personal porque las Juntas de Salud no tienen personería jurídica y estas acciones judiciales fueron coadyuvadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Para más detalles se puede consultar el documento adjunto “Conflicto UCR-CAJA y la privatización de los EBAIS”, extracto de la Rendición de Cuentas de la Junta de Salud de Montes de Oca del periodo 2012 – 2013:

CONFLICTO UCR-CAJA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS EBAIS

 

Proceso Ordinario

Actora: Marcela Zamora Cruz

Coadyuvante: Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).

Demandados: La CCSS, el Estado, la Contraloría General de la República, el Hospital Universitario UNIBE S.A. y el Consorcio Hospital Universitario UNIBE S.A. y Asociación Universidad de Iberoamérica.

Expediente: 13-006255-1027-CA

 

**Para más información, comunicarse con el Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595; o con Marcela Zamora Cruz, 8705-6934, marce.zamoracruz@gmail.com

*Foto: Stella Chinchilla.

 

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Audiencia sobre la situación en el Bajo Ajuán

#CIDHAudiencias. Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, entrega una flor a la delegación del Estado de Honduras durante la audiencia sobre la situación en el Bajo Aguán.

Audiencia sobre la situacion en el Bajo Ajuan

“Mi mami era una lideresa constantemente amenazada por sostener sus convicciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Honduras, la defensa de nuestro territorio ancestral y nuestros bienes comunes de la naturaleza”, dijo ante los Comisionados y las Comisionadas y ante la delegación del Estado. “Le dispararon en el pecho tratando de detener su latido, pero su latido se encuentra en todo el pueblo lenca, en nosotros sus hijas e hijo, y en todas las personas que soñamos y luchamos por un mundo lejos de la injusticia. Su asesinato es reflejo de la preocupante y grave situación de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes alzan la voz y defienden derechos humanos en Honduras”.

Dijo que a más de un mes del asesinato de su madre, “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como coadyuvantes del proceso”.

*Para ver la audiencia completa ingrese en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XiUQCqUT7gY

Centro de Amigos para la Paz

Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Reglamento de transgénicos a audiencia en Sala Constitucional

Reglamento de transgénicos a audiencia en Sala Constitucional

Futuro del maíz transgénico está en juego y convocan a movilizarse

La Procuraduría dio la razón a ecologistas

 

La Sala Constitucional convocó para el jueves 7 agosto a las 9:00am a los accionantes y coadyuvantes a una audiencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad (12-017013-0007-CO).Esta acción, interpuesta por ecologistas, campesinos, indígenas y el exdiputado Villalta es contra el reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria y es la que tiene detenida las resoluciones para autorizar transgénicos, incluyendo el polémico maíz transgénico de la trasnacional Monsanto.

En la audiencia, estarán los protransgénicos defendiendo su posición y las instituciones del Estado. Ante un escenario negativo la compañía tendría luz verde para la siembra del maíz transgénico. Por eso, es que los ecologistas y sectores sociales se movilizaran este próximo jueves a los Tribunales de Justicia.

Las organizaciones sociales afirman que para autorizar la liberación de transgénicos, se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental el cual, de acuerdo con la legislación ambiental vigente -que responde al artículo 50 Constitucional y a tratados internacionales-, es necesario para “(…) cualquier actividad que pueda dañar, alterar o modificar la biodiversidad…” (PGR, 2013). Mientras que el Reglamento impugnado no exige tal cumplimiento, situación, que sumada a la gran cantidad de estudios científicos que demuestran el riesgo de la liberación de transgénicos en el ambiente, y a la consecuente posibilidad de que se contaminen otras especies; representa el riesgo de que la biodiversidad se vea afectada negativamente.

Para los ecologistas, si bien el procedimiento seguido por la Comisión Nacional de Bioseguridad – entidad que encargada de recomendar permisos – incluye una Evaluación del Riesgo, ésta es diferente del Estudio de Impacto Ambiental. La primera consiste en determinar las posibilidades de que la liberación de transgénicos afecte la biodiversidad, mientras que la segunda corresponde al efecto que dicha liberación conlleva. De esta manera, es posible afirmar, que el impacto ambiental se da tras concretarse las situaciones de riesgo.

Sobre la omisión del Estudio de Impacto Ambiental, la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que si “(…) el grado de afectación al ambiente es relevante la normativa debe contemplar a esa actividad entre las que deben ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto en el ambiente, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad.” (PGR, 2013)

Por otra parte, otro de los argumentos de la Acción, creemos que el Reglamento es inconstitucional porque vulnera el derecho de información -establecido en la Constitución Política-. En él se indica que será confidencial la información técnica o científica que se aporte por las personas interesadas para los registros de los transgénicos. Sobre el derecho fundamental vulnerado, la PGR manifiesta: “El derecho de acceso a la información pública o de interés público incluye el acceso a la información administrativa entendido este como el derecho de acceso a la información que se encuentra en las dependencias de la administración pública. Se trata de un derecho subjetivo de los ciudadanos frente al Estado que exige de este no impedir su ejercicio por lo que estamos frente a una libertad pública, la libertad de acceso a la información administrativa.” (PGR, 2013)

La Procuraduría también llega a las mismas conclusiones que ha venido sosteniendo el sector ecologista y que justificaron la presentación de esta Acción de Inconstitucionalidad. La PGR concluye: si se confirma que el Estudio de Impacto Ambiental y la Evaluación del Riesgo no son equivalentes: “la normativa legal y reglamentaria que regula el procedimiento para solicitar y otorgar los permisos de liberación de transgénicos es inconstitucional por omitir una evaluación del impacto ambiental y, con ello, quebrantar lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. El artículo 132 de Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria es inconstitucional en la medida en que impone vía reglamentaria una limitación al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública que, además, excede en su contenido las limitaciones a su ejercicio permitidas por el artículo 30 en relación con el 24, ambos de la Constitución Política.” (PGR, 2013)

Para los ecologistas la Sala tiene un criterio muy contundente de la Procuraduría que reafirma lo que venimos sosteniendo: que el reglamento fue hecho a la medida de las trasnacionales y no del interés público ni del ambiente. Por eso esperemos que las presiones e intereses no tuerzan los criterios sostenidos por la Procuraduría y especialistas.

Ver pronunciamiento de la Procuraduría General de la Republica, 2013:http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.asp?nValor1=1&param5=12-017013-0007-CO&paramInf=1

 

Información enviada a SURCOS por Fabián Pacheco y presidencia de FECON.