En una publicación reciente, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) condenó el enjuiciamiento arbitrario a la representante de Sector Sindical en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, por parte del gobierno bajo un mecanismo de persecución política.
En un video publicado en su página de Facebook, la organización expresó condena hacia las injerencias del gobierno en la institución particularmente desde la Junta Directiva, respecto a la cual se considera a la Sra. Martha Rodríguez González como la única directiva y representante legítima de los trabajadores dentro de la Junta Directiva de la institución.
Así, FRENASS lanza mensaje de apoyo a la directiva hoy perseguida así como un mensaje de condena a los intentos de injerencia y control por parte del gobierno, con estos llamados siempre enfatizando la Autonomía Constitucional de la CCSS así como el respeto a los movimiento laborales y sindicales.
En medio del paisaje cafetalero de la zona de Los Santos, un nuevo audiovisual producido por Prisma Latinoamérica propone mirar más allá del grano de café. El documental titulado Los Santos: un sendero experimentado para el desarrollo nacional pone en primer plano la historia de comunidades que no han esperado soluciones desde los gobiernos de turno, sino que han construido el cambio desde sus propios territorios, con esfuerzo, organización y dignidad.
A través de testimonios y reflexiones desde la base comunitaria, el video destaca cómo, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, Los Santos ha tejido redes de colaboración, abierto mercados alternativos y fortalecido su vida comunal, a pesar de políticas públicas que a menudo excluyen e invisibilizan a las regiones rurales.
Más allá de una historia sobre café, este trabajo habla de resistencia, innovación, autonomía y justicia. Es una invitación a repensar el modelo de país desde lo local, a descentralizar las decisiones sobre salud, educación, seguridad y ambiente, y a reconocer que el desarrollo puede nacer desde los territorios.
Le invitamos a ver el cortometraje completo y a sumarse a la reflexión sobre cómo fortalecer nuestro país desde nuestras comunidades.
Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.
El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.
El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?
Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.
Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente en la Facultad de Derecho-UCR, jueza en materia penal.
Por. Rosaura Chinchilla-Calderón
In memoriam a Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la UCR
Desde hace décadas, tanto el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) en la Universidad Nacional (2012) como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la Universidad de Costa Rica han medido las manifestaciones crecientes de autoritarismo en la población costarricense. Los acontecimientos-país de los últimos años confirman esa tendencia. El psicólogo social Marco Vinicio Fournier, apoyándose en Adorno, en su artículo El autoritarismo en Costa Rica (2023) destaca que, en condiciones sociopolíticas y culturales deterioradas y marcadas por la incertidumbre, las personas tendemos a refugiarnos en una personalidad autoritaria. Esta, entre otros rasgos, simplifica deliberadamente la realidad, muestra agresividad, rigidez e intolerancia; encuentra satisfacción en la sumisión, adopta normas culturales inflexibles y estereotipadas, desarrolla patrones de interpretación basados en el pensamiento mágico y dirige el enojo hacia grupos minoritarios de la sociedad. Aunque, según esos estudios, a mayor nivel educativo menor autoritarismo, es claro que este rasgo forma parte de un fenómeno cultural que permea a todos los colectivos y, por ello, la comunidad de la UCR no escapa a esa tendencia. Así las cosas, conviene repasar algunos eventos recientes a fin de encender las alarmas y hacer un llamado para que, desde todas las unidades académicas, empecemos a reflexionar sobre este tema.
Los hechos. Diversos eventos acaecidos en nuestra casa de estudios en los últimos días deberían generarnos una profunda reflexión y ser objeto de encendidos análisis institucionales. Pese a ello, salvo escasos pronunciamientos públicos[1] han estado atravesados por un preocupante y generalizado silencio. Veamos:
i.- 30 de mayo: un funcionario administrativo de la Escuela de Estudios Generales de la UCR arranca carteles de protesta pegados por el estudiantado en un edificio universitario. Cuando se le graba e interpela, con respeto según se muestra en los videos públicos, por la razón de su actuación, aduce que “se viola la reglamentación universitaria” y, de inmediato, pide el apoyo de oficiales de la policía universitaria (que ya estaban en el sitio) a fin de exigir la identificación de las personas que lo captan y se verifique “si cuentan con carné universitario”. Los oficiales, sin embargo, valga destacarlo, muestran una actitud respetuosa y aunque no siguen los requerimientos del funcionario sí permanecen cerca. Algunas personas estudiantes denuncian otros actos de violencia presuntamente acaecidos en esa ocasión y refieren haber presentado un recurso de amparo.
ii.- 02 de junio: las máximas autoridades administrativas y docentes de la Escuela de Estudios Generales —es decir, de lo que debería ser la cuna del pensamiento crítico y el humanismo en la UCR, pues así fue concebida en el III Congreso— suscriben un pronunciamiento conjunto en el que apoyan lo actuado por aquel funcionario. Nuevamente se alude a violaciones reglamentarias y que ese hecho “desencadenó una escala de violencia” (sic). Curiosamente, las autoridades que se dicen personalmente afectadas por los actos suscriben el pronunciamiento en solidaridad consigo mismas.
iii.- 03 de junio: un miembro del Consejo Universitario (valga indicar, el máximo órgano deliberante y decisor de las políticas universitarias) y representante del área de Ingenierías, presenta una moción para solicitar la intervención de la Unidad Especial de Intervención, policía adscrita a la Presidencia de la República, a fin de que esta diera el criterio técnico sobre cómo abordar las protestas estudiantiles. Ante intervenciones acertadas del resto del pleno, retira la moción. El órgano institucional, en un escueto comunicado, se limitó a describir lo anterior, sin calificar lo sucedido.
v.- 04 de junio: La Escuela de Estudios Generales efectuó la elección de su Dirección. Las instalaciones donde el acto se iba a desplegar tuvieron, desde primeras horas, una importante y atípica presencia de policías universitarios.
El marco jurídico. La protesta social es un derecho humano, integrante de la libertad de expresión, establecido en normativa nacional (Constitución Política) e internacional (CADH). Por tanto, no puede sancionarse (penal o disciplinariamente) a quien ejerce un derecho. Reglas jurídicas de menor rango, como reglamentos, no pueden dejar sin efecto normas constitucionales o convencionales. Por supuesto que ningún derecho es absoluto, sino que todos tienen límites derivados de otros derechos del mismo rango. Empero, para determinar cuándo ha habido exceso en el ejercicio de uno, debe hacerse un juicio de ponderación que solo pueden efectuarse las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes, previo debido proceso iniciado por quien se dice afectado y asumiendo esta persona la responsabilidad por denuncias calumniosas o falsas. Así, si en el ejercicio del derecho de protesta social se cometen delitos (contra la propiedad, contra el honor, entre otros), las personas afectadas (solo ellas en el último caso) pueden plantear procesos para que tal cosa se verifique, pero no actuarse de forma directa o por las vías de hecho.
Por otro lado, ninguna policía nacional, y tampoco la universitaria con un marco jurídico mucho más reducido, puede exigir identificaciones solo porque así se le ocurra a alguien. La obligación de identificarse alude a la cédula de identidad o, en algunos casos, a la licencia de conducir, no a documentos de pertenencia institucional, y solo puede ser exigida por autoridades públicas en ejercicio legítimo de sus cargos, sin que pueda ser invocada abusivamente, como lo ha establecido múltiple jurisprudencia constitucional. Inclusive, la transgresión a ese deber de identificación es una simple contravención y no un delito.
Asimismo, en espacios públicos como es el campus, el derecho a la intimidad no es pleno, por lo que, en principio, cualquier persona puede documentar, inclusive con uso de material audiovisual, lo que suceda. Cualquier exceso en el uso de la imagen debe ser resuelto por los tribunales nacionales civiles o constitucionales.
Finalmente, la sola moción para pedir la intervención de la UEI no es un asunto menor. No solo se le está pidiendo a un órgano político (cualquiera que este sea) que asesore en un tema delicado y que toca el núcleo duro de la autonomía universitaria como es la protesta estudiantil, sino que se pretendía que lo hiciera una unidad policial que ha estado en la palestra pública pues, desde noviembre 2024, vía decreto, se le modificaron sus competencias para quedar al mando directo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, entidad que ha atacado —verbalmente y mediante el no giro de recursos— a las universidades públicas. Además, se trata de la policía que, desde su origen, ha estado ligada a operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Es decir, con la referencia se implanta la idea subliminal de que la protesta social y estudiantil en particular tiene un ligamen con actividades delictivas. Esa ha sido, justamente, una de las excusas que han usado gobiernos autoritarios de la región, de derecha e izquierda, de ayer y de hoy, para intervenir universidades, lugares donde se gesta el pensamiento crítico, se articulan movimientos pro derechos y se denuncia y documenta la corrupción y la falsedad.
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA). El proceso final de la escultura con su autor, en el taller de este. (Foto. Ilka Tremino)
La interpretación. Los elementos referidos son indicios de un ambiente cultural en donde, tal y cual sucede a nivel nacional, se ha dado un importante retroceso en el respeto de derechos humanos y de la autonomía universitaria. Si eso es preocupante en cualquier ámbito, más debería serlo cuando sucede en donde debería primar el pensamiento y la discusión crítica y argumentativa. Nótese que, con actuaciones de autoridades universitarias en ejercicio de sus cargos, se han efectuado tentativas de afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria, tradicionalmente asociado tanto a la imposibilidad de ingreso policial al campus académico como a la actuación del movimiento estudiantil que, con sus reivindicaciones desde la Reforma de Córdoba de 1918, hizo emerger la propia autonomía de las universidades. Es decir, intentonas de disminuir la autonomía provienen de lo interno de la institución.
La criminalización de la protesta estudiantil ha sido una constante en la región en el marco del ataque al pensamiento crítico por regímenes autoritarios y por avances en el desmantelamiento de la educación pública. Así fuertes represiones a la protesta estudiantil, ya a escala nacional, se han registrado en países como Colombia y Argentina en 2024, en Guatemala en 2022-2023, en Nicaragua y en México en 2018-2020, para no mencionar casos más remotos en toda América Latina.
Los eventos reseñados de nuestra Alma Mater deben llevar a cuestionarnos si, inclusive con nuestra pasividad, estamos escribiendo la historia institucional con la “A” de la autonomía constitucional o la del autoritarismo de turno. Aquellos actos deberían generar honda preocupación, así como propiciar planes institucionales de capacitación general del personal docente y administrativo, incluyendo el policial, sobre cómo posicionarse democráticamente ante la protesta social y estudiantil.
El autoritarismo está entre nosotros, en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo y no es un juego. Es imperativo que, en el marco de todos los cursos, de todas las actividades administrativas y de todos los procesos, empecemos a examinar nuestras propias actitudes cotidianas (por ejemplo, aquellas en donde una persona docente no da argumentos para evaluar) que condenan la diferencia, la inflexibilidad y el diálogo. Nuestros tiempos demandan argumentos y razones, no imposiciones.
[1] Cfr. entre otros: Observatorio de Bienes Comunes (Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria, 3 de junio); Centro de Investigación de Estudios de las Mujeres-CIEM (Sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta, 16 de junio), de la Escuela de Ciencias Políticas en sus redes sociales; de parte del Movimiento Estudiantil a través del Consejo Superior Estudiantil (CSE) en su acuerdo CC-CSE-4-2025 del 16 de junio; de la docente PhD. Gabriela Chavarría Alfaro. (Retrato de una elección, 5 de junio) y de la seccional del SINDEU en la Escuela de Psicología (10 de junio).
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA) Ubicación actual de la escultura en la plazoleta de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales-UCR ornamentada con elementos naturales en homenaje a su creador recientemente fallecido. (Foto. Facultad de Ciencias Sociales)
Rosaura Chinchilla-Calderón Docente Facultad de Derecho-UCR
Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:
Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.
Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.
Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:
Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.
Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.
> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;
Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.
Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:
Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;
Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a laopinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;
Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:
– Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.
Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.
Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.
Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.
Complete este formulario para firmar y adherirte a esta carta.
Nosotras las mujeres indígenas Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, somos semillas, descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.
Este Día de la Mujer, “conmemorar” va más allá del discurso, es un llamado alzar la voz, seguir construyendo con amor en la sociedad sin discriminación, sin apartheid de género, en la política, en el hábito cultural y espiritual, honrar a las hermanas que no nos acompañan físicamente, pero que llevamos presente en esta lucha, en la lucha de cada una, en nuestros rezos y ceremonias, en nuestra vida diaria, en el fuego del fogón, en cada pensamiento y en cada palabra. Hoy 08 de marzo, levantamos la voz por nosotras, por las mujeres que aún no pueden levantar la voz, en espacios comunitarios; si hablamos: somos tratadas como locas, peleonas, histéricas. Vivimos bajo el yugo del neocolonialismo patriarcal y machista de la sociedad, abonado por el mismo Estado y sus instancias, que, en vez de brindar apoyo, nos oprimen, utilizan y discriminan.
Nosotras las mujeres indígenas, mujeres cuidadoras y portadoras de conocimientos ancestrales, portadoras de Clanes, de tejido espiritual, de cantos e historia sagradas, nos unimos a esta lucha común por nuestros derechos, para qué las empresas extractivistas dejen de llevarse nuestros recursos con falsas soluciones a nuestros Territorios ancestrales. Que el Estado todo, reconozca y cumpla su compromiso con nosotras, como actoras pensantes y sujetas de derechos, y no así como lo ha hecho históricamente, invisibilizándonos y cuando reclamamos nuestro derecho, nos persiguen y criminalizan.
Repudiamos el uso de nuestra imagen en revistas, en portadas de Informes de Derechos Humanos y Desarrollo, folclorizando nuestras raíces profundas y sagradas, que han resistido por más de 525 años, en este Estado costarricense.
Marchamos para denunciar las amenazas e inoperancia del Estado y sus Instituciones, su política represiva hacia las compañeras recuperadoras de Tierra – Territorio, criminalizadas por denunciar talas ilegales y contaminación de ríos, sólo por el hecho de ser mujeres luchadoras, pero aún más, por el hecho de ser mujeres indígenas, por tener un Clan, por vivir de la tierra, por usar vestidos al estilo ancestral, por exigir vida digna para nuestros Pueblos; Marchamos por nuestra autonomía, por el Buen Vivir, por cada decreto y proyecto que se nos impone, sin realizar la debida consulta libre, previa e informada en nuestros Territorios. Marchamos por las hermanas y familias de cada mujer asesinadas, desaparecidas y agredidas en este país, en Aby Ayala y el mundo, porque así como las mujeres son violentadas de muchas maneras, históricamente los pueblos indígenas también hemos sufrido asesinatos, desapariciones y exterminio.
Las mujeres Malekus, Bribris, Brörán, Cabécares, Brunkajs, Chorotegas, Ngabes -Buglé y Huetares, seguiremos en pie, como históricamente hemos resistido en este país; somos semillas somos descendientes de las abuelas que han luchado por más de 5 siglos.
08 de marzo 2025.
Mujeres del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI.
Ver a Trump y su esposa en la primera banca de una capilla donde una obispa le solicita que sea menos fuerte contra los migrantes a quienes va a expulsar desde el primer momento de ejercer, por segunda vez, como presidente de la nación más poderosa militarmente del mundo, fue interesante. Cualquiera se pregunta si él piensa y acepta ser menos poderoso que un ser supremo en el universo, aunque no dudamos que lo sienta así.
Sabemos que considera a los más altos tecnócratas del mundo, superiores a los mismos miembros de su propio gabinete de gobierno.
El segundo gobierno de Donald Trump, ideológicamente, es un movimiento hacia la derecha de los gobernantes de EUA de las últimas décadas. Ya derogó la mayor parte de los decretos ejecutivos de su antecesor Joe Biden y se manifiesta dispuesto a construir una nueva “América para los americanos”. Ahora mismo está expulsando a los migrantes que él considera delincuentes o criminales. Aun cuando él es descendiente de padre alemán y madre escocesa, se muestra como alguien que no tiene descendencia extranjera, algo así como un descendiente de indígenas estadounidenses que cruzaron el estrecho de Bering hace miles de años.
Como ha sucedido en el pasado con todo gobernante de los EUA, su estilo, mecanismos e ideología para gobernar, influye en nuestra Iberoamérica y nuestros gobiernos. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una científica, ha establecido pautas de lo que puede ser una relación de mutuo respeto. Así nuestros gobernantes tienen la pauta para darse a respetar en su dignidad y hacer respetar la autonomía de nuestras naciones. Después de estos ejemplos dados por México, sería una vergüenza que apareciera algún gobernante en nuestra región, sometiéndose a los dictados de Trump.
Tenemos una diversidad amplia de gobiernos en los cuales debería existir unión e integridad para hacer de Iberoamérica una región próspera, aprovechando sus múltiples recursos naturales, en particular los países que tienen en su suelo las tierras llamadas raras.
Todavía no hemos visto el sometimiento de los gobernantes centroamericanos a los decretos y dictados del magnate Donald Trump, tampoco nuestros pueblos verían en sus dictados el beneficio que les puede traer lo que él pregona, excepto a algunos grandes empresarios inversionistas en exportaciones hacia los EUA. No obstante, la demanda estadounidense está en decaída por la creciente depresión económica de esa economía.
La esperanza está puesta en el mercado oriental, principalmente China. No debemos sorprendernos si el gobierno de Trump venga a concretar la caída de la economía estadounidense. Desde luego, esa caída puede afectar toda Iberoamérica, dependiendo de nuestra preparación y resistencia. La preparación implica una ampliación en nuestro comercio y diversificación en las relaciones económicas, políticas y sociales. Por esta razón el fortalecimiento de nuestras organizaciones sociales y económicas debe ser una prioridad del desarrollo.
Las estrategias territoriales para fortalecer las dinámicas económicas solidarias representan una iniciativa integral que busca transformar el tejido socioeconómico de nuestras comunidades mediante la implementación de iniciativas asociativas alternativas centrados en las personas y el bien común. Este enfoque innovador propone una reconceptualización de las relaciones económicas tradicionales, privilegiando la colaboración sobre la competencia, la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato, y lo comunitario sobre el individualismo.
En un contexto marcado por crecientes desigualdades socioeconómicas y desafíos ambientales, estas estrategias territoriales se presentan como una respuesta coherente y articulada para fomentar un una inclusión social económica local más equitativa y sostenible. A través de la promoción de iniciativas sociales, asociativas productivas y otras formas de organización económica solidaria, se busca crear una dinámica económica que responda efectivamente a las necesidades locales mientras genera oportunidades de prosperidad compartida para todos los miembros de la comunidad.
Es así como la economía solidaria emerge como una propuesta transformadora para los territorios y comunidades, lo que destaca su impacto en el desarrollo local a través de la creación de empleos sostenibles, la mejora de servicios y la calidad de vida. En esta propuesta se utiliza sus recursos para garantizar un acceso equitativo a bienes y servicios, lo que contribuye a la supervivencia y a una vida con dignidad en las comunidades. Las iniciativas de economía solidaria enfrentan desafíos relacionados con su sostenibilidad local, abordando problemáticas diversas mediante estrategias democráticas que fomentan la participación y priorizan las necesidades de las personas sobre el capital.
Se pueden distinguir varias estrategias: las sectoriales (que optimizan el acceso a productos y servicios dentro de un sector), las territoriales (que integran la dimensión geográfica y promueven el desarrollo local) y las orientadas a beneficiarios (que responden a las necesidades de grupos específicos).
Las iniciativas de economía solidaria tienen una misión social clara, operando bajo los principios de solidaridad, sostenibilidad, autonomía, democracia, participación y priorización del trabajo humano. Estas entidades promueven una distribución más equitativa de los beneficios e invierten en sus territorios, fortaleciendo la economía local y generando un tejido social que fomenta el emprendimiento. Además, estas iniciativas son cruciales para mejorar la autonomía territorial en un contexto de descentralización, lo que permite a las comunidades gestionar de manera más eficiente sus recursos y necesidades.
Combinan relaciones entre la producción de bienes y servicios con las exigencias locales, lo que facilita el bienestar social mediante la oferta de servicios que responden a las necesidades comunitarias. Asimismo, generan una dinámica de innovación social y promueven la incidencia política contribuir a la eficacia del Estado en áreas como las políticas sociales, medioambientales y económicas. A través de su filosofía y enfoque democrático, la economía solidaria busca no solo responder a las necesidades económicas, sino también fortalecer la cohesión social y el tejido comunitario, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los territorios.
Asamblea realizada en la Casa de Cultura Las Jarillas, Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2024.
Con un gran Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra por la Paz en el mundo, como pueblos originarios ancestrales nos unimos contra este modelo imperialista, que nos impone guerras mediáticas, jurídicas, políticas, económicas, tecnológicas y con la seria amenaza de convertirla en una guerra nuclear, que destruiría nuestra forma de vida colectiva y podría suponer el fin de nuestra existencia como especie humana.
Nos reafirmamos como un espacio colectivo y de dialogo para seguir encontrándonos como pueblos hermanos que vivimos realidades similares; ante las cuales, constituimos como tarea de primer orden la necesidad de continuar uniendo nuestras voces por la defensa de la vida, de nuestros bienes naturales, de nuestros cuerpos y territorios contra la ocupación, genocidio, saqueo y destrucción que el sistema capitalista, colonialista, imperialista, patriarcal y racista nos impone.
Históricamente hemos aprendido a enfrentar la violencia estructural con una oposición firme expresada desde formas de vidas comunitarias, solidarias, de cuidados colectivos, de saberes arraigados a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Lo cual ha permitido fortalecer los procesos de resistencia y lucha de manera creativa y permanente.
Basta de violaciones a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos, no más impunidad, alto a las masacres y a los genocidios, fuera el militarismo y paramilitarismo de nuestros territorios.
La militarización es la imposición por la fuerza, es el medio que utilizan los Estados Unidos y la OTAN entre otros de sus aliados, para imponer su hegemonía, evitar el libre desarrollo de los pueblos y contener a los movimientos sociales que se resisten a estos fenómenos generados por la guerra. También y de manera brutal contribuyen a la destrucción ecológica en todo el planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifestamos una vez más nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la defensa y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos, como un instrumento vital para nutrir la solidaridad, la sororidad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz.
Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana y hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.
Queremos vivir en paz desde América Latina hasta Palestina y todos los territorios del mundo, esto significa avanzar en la construcción de sociedades justas, guiadas por la solidaridad, y plenas en sus capacidades para desarrollarse libres y soberanamente.
Nuestro continente, debe ser un territorio de Paz, libre de bases militares y de armas nucleares, desde el Observatorio siempre defenderemos las banderas de la Unidad y la integración del Abya Yala.
Nuestro modelo es por la vida, la colectividad, el dialogo, el respeto a nuestra Madre Tierra. Una paz con justicia social, dignidad y libertad.
Libertad a todas las prisioneras políticas y políticos del mundo. Todas las personas que habitamos este planeta tenemos derecho de vivir en PAZ. ¡Si a la Paz!, ¡No a la guerra!.
Alzamos nuestras voces y decimos que los pueblos queremos vivir en Paz, queremos que nuestros territorios sean espacios de paz y armonía con la naturaleza.
¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina y Líbano!
Isabel Rauber, en sus textos «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», «Revoluciones desde abajo: gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica», y «Refundar la política», propone una visión innovadora sobre el rol de la izquierda en América Latina. A través de sus reflexiones, señala la necesidad de una transformación profunda que vaya más allá de la mera toma del poder institucional y apunte a una “revolución social y cultural desde abajo”. Según Rauber, la izquierda debe reorientar su quehacer hacia las siguientes direcciones clave:
1. Construcción de poder popular desde abajo
Rauber insiste en que el cambio no puede ser únicamente impulsado por gobiernos progresistas o populares desde las estructuras estatales, sino que debe surgir desde los movimientos sociales y las bases populares. La izquierda debe enfocarse en fortalecer el poder popular, entendiendo este poder como la capacidad de los pueblos para autogestionarse, autoorganizarse y ser protagonistas de sus propios procesos de transformación. Esto implica que el cambio social no es algo que pueda ser “concedido” desde arriba, sino que debe construirse en los territorios, en las comunidades y en las organizaciones de base.
En este sentido, Rauber aboga por una “política desde abajo” que promueva la participación activa de los sectores populares en la toma de decisiones y en la creación de alternativas concretas al sistema capitalista. Para ella, la verdadera transformación revolucionaria ocurre cuando las personas se organizan para cambiar sus realidades cotidianas, en lugar de depender exclusivamente de las estructuras políticas estatales.
2. Refundar la política
En «Refundar la política», Rauber critica la forma en que la política ha sido secuestrada por una lógica partidista y electoralista que se enfoca en la conquista del poder estatal como fin último. Para ella, esta visión ha sido insuficiente para impulsar cambios profundos y duraderos. La refundación de la política implica repensar el rol de los partidos políticos, de las instituciones y de la democracia misma, para que estas no se conviertan en fines en sí mismas, sino en herramientas para el empoderamiento y la transformación social.
Rauber propone una nueva concepción de la política, que esté íntimamente ligada a la vida cotidiana de las personas, que escuche y aprenda de las luchas de los movimientos sociales y que se guíe por valores de solidaridad, igualdad y participación colectiva. Esto requiere que la izquierda deje de concebir la política como una competencia por el poder y la entienda como un proceso de construcción continua, en el que los sectores populares sean protagonistas.
3. Revolución cultural y social
Rauber enfatiza la necesidad de una revolución cultural que transforme no solo las estructuras políticas y económicas, sino también las formas de pensar, actuar y relacionarse entre las personas. La izquierda debe apostar por un cambio cultural profundo que cuestione los valores del individualismo, el consumismo y la competencia, e impulse valores como la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad.
Esta revolución cultural es esencial para crear las condiciones subjetivas que permitan la sostenibilidad de cualquier transformación política o económica. Para Rauber, los procesos revolucionarios deben ir más allá de la redistribución material, también deben transformar las relaciones sociales y los valores culturales que sustentan al sistema capitalista. Es un cambio de mentalidad que involucra a toda la sociedad y no solo a los sectores tradicionalmente organizados.
4. Articulación de las luchas múltiples
En sus escritos, Rauber subraya que la izquierda debe articular las diversas luchas sociales en torno a un proyecto emancipador común. Esto significa que la lucha de clases, aunque central, no puede ser la única preocupación. Los movimientos feministas, ecológicos, indígenas, de diversidades sexuales, entre otros, deben integrarse en un proyecto integral de emancipación que aborde las distintas opresiones que existen en la sociedad. La izquierda debe ser capaz de “tejer alianzas” y reconocer que la emancipación debe ser simultáneamente económica, de género, étnica, cultural y ambiental.
Rauber insiste en que el enfoque de la izquierda debe ser “multidimensional”. La lucha contra el capitalismo no puede dejar de lado otros sistemas de opresión, como el patriarcado, el colonialismo y el racismo. Todos estos sistemas se entrelazan, y solo con una visión amplia y articulada será posible construir una sociedad realmente justa y equitativa.
5. Autonomía y autogestión
Otro aspecto clave de la propuesta de Rauber es la importancia de la autonomía y la autogestión en los movimientos populares. Ella defiende la creación de espacios autónomos que no dependan del aparato estatal para su funcionamiento, como cooperativas, comunidades autogestionadas y organizaciones de base que practiquen formas alternativas de economía, producción y vida en común.
Rauber cree que estos espacios autónomos son cruciales para construir las bases de una nueva sociedad, donde las personas tengan el control de sus medios de vida y puedan desarrollar prácticas democráticas más profundas. La izquierda, en lugar de buscar siempre el poder estatal, debería promover y apoyar la “autogestión y la autonomía” de los pueblos, como un camino hacia la verdadera emancipación.
6. Superar el electoralismo
En «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», Rauber es crítica con la “deriva electoralista” de muchos movimientos de izquierda. Señala que la obsesión por ganar elecciones a menudo termina por desviar a los partidos de sus principios revolucionarios, llevándolos a “adaptarse al sistema” en lugar de desafiarlo radicalmente.
Para ella, el trabajo de la izquierda no debe reducirse a la conquista de espacios institucionales, sino que debe estar enfocado en “fortalecer el poder popular” y en construir alternativas desde las bases. Las elecciones pueden ser una herramienta, pero no deben convertirse en el eje central de la acción política. El verdadero cambio revolucionario no se da en los parlamentos, sino en los barrios, en las fábricas, en las tierras y en las calles.
Conclusión
En resumen, Isabel Rauber plantea que el quehacer de la izquierda en América Latina debe reorientarse hacia una “política de base”, que apueste por la construcción de poder popular desde abajo, la articulación de diversas luchas, y la creación de una nueva cultura política basada en la participación, la autonomía y la autogestión. Esta nueva izquierda no debe limitarse a la conquista del poder estatal, sino que debe fomentar una “revolución integral”, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, construyendo alternativas concretas al capitalismo desde las prácticas cotidianas de los pueblos.
