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Etiqueta: autonomía indígena

Los contratos de carbono y la amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Costa Rica

El Observatorio Bienes Comunes UCR comparte un análisis clave del abogado Rubén Chacón Castro sobre cómo los contratos de carbono, el PSA y REDD+ impactan los territorios indígenas en Costa Rica.

Bajo el discurso climático se esconden riesgos de restricciones a prácticas ancestrales, pérdida de autonomía y nuevos mecanismos de despojo territorial.

Descubra por qué este debate es urgente para la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas.

Lee la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/los-contratos-de-carbono-y-la-amenaza-a-los-derechos-territoriales-de-los-pueblos-indigenas-en-costa-rica

Proyecto Tierra Encantada UNA se pronuncia ante afectación a defensor de derechos indígenas

Universidad Nacional
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión
Programa Pueblos Indígenas
Proyecto Tierra Encantada

Comunicado público

Ante hechos acaecidos el 10 de agosto del presente año 2025, donde la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Brörán de Térraba (ADIIT), Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas otorga la posesión de un terreno de 10 hectáreas frente a la recuperación Brörán de San Andrés sobre la carretera Interamericana a una pareja de persona no indígenas. Terreno en posesión desde hace 13 años por el defensor de los derechos humanos y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Pablo Sibar Sibar. El documento, como argumenta el afectado Pablo Sibar, es irregular y carece de fundamento jurídico y se da en el contexto de serios cuestionamientos a legitimidad y representatividad a la ADIIT:

1) La ADIIT ha operado como un instrumento colonial de gobernanza que desconoce y sustituye formas ancestrales de organización y ha favorecido intereses foráneos en perjuicio de los derechos colectivos del pueblo Brörán.

2) Las ADI en general son una imposición del Estado y se les percibe como “agentes del Estado” (Anaya, James, 2011)

3) La falta de legitimidad se fundamenta en su papel histórico de favorecimiento de personas no indígenas, (Finca Volcancito 2007 y San Andrés, 2020) mediante la emisión de certificados de uso de suelo y la administración irregular de tierras dentro del territorio indígena, violando la Ley Indígena 6172.

4) La negativa sistemática de la ADI a reconocer y apoyar los procesos de recuperación de tierras, (Caso finca San Andrés y Crun Shurín) obstaculizando el acceso a servicios básicos, vivienda y derechos fundamentales de familias indígenas que luchan por restituir lo que les ha sido arrebatado.

5) El no reconocimiento de la base de datos oficial de identidad y pertenencia, (Decreto 41903-MP del 8/8/2019), promovido por el Consejo de Mayores como herramienta legítima para garantizar identidad y pertenencia y que las decisiones sobre el territorio sean tomadas exclusivamente por personas con linaje del pueblo Brörán.

6) La expresión colonial de su estilo de gobernanza, que reproduce lógicas de exclusión, verticalidad y despojo, contrarias a los principios de respeto, reciprocidad y horizontalidad. La falta de alternancia en la dirección de la junta directiva evidencia falta de democracia interna y transparencia en la gestión.

Exigimos al Estado costarricense y a sus instituciones el reconocimiento pleno de las estructuras autónomas, como el Consejo de Mayores Brörán, y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos. La continuidad de la ADI en su forma actual representa una amenaza y no representa los genuinos intereses de los habitantes originarios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la autonomía y el sagrado derecho de los pueblos originarios a vivir su vida según su cultura, espiritualidad y tradiciones.

Que la tierra, la Madre Tierra, sea devuelta a los habitantes originarios.

Víctor Madrigal Sánchez / Daniel Vindas Sánchez

Comunicado de FRENAPI por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Frente Nacional de Pueblos Indígenas –FRENAPI

Saludamos a toda la comunidad nacional e internacional en esta XXXI conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a 15 años de la toma del Salón de Benemérito de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A 15 años del Desalojo Violento (arrastrada) de 27 Indígenas de diferentes territorios y pueblos de la Asamblea Legislativa, arrastrados por las fuerzas de seguridad legislativas (encabezadas por Magaly Camacho, jefa de Seguridad) y la policía, tirados a la calle, por solo el hecho de exigir que aprobaran la Ley de Autonomía Indígena. De los 27 compañeros/as, 3 fundadores de FRENAPI, que ha hoy han retornado al espacio espiritual, con los ancestros: Esperanza Jurado (Ngöbe), Mariana Delgado y Sergio Rojas (Bribris), quién fuera asesinado y se mantiene Impune.

Celebramos la vigencia de los 8 pueblos indígenas, presentes en Costa Rica y reafirmamos nuestro compromiso con la agenda de los pueblos indígenas: espiritualidad, tierra, estructuras propias, salud y educación propia, ambiente e idioma.

Nuestro proyecto de VIDA, basado en la espiritualidad propia trasciende de las coyunturas electorales, discursos vacíos y la folclorización del saber y las celebraciones.

Por su parte el Estado, mantiene pendiente justicia para los compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera, asesinados impunemente por usurpadores y con la complicidad del Estado por omisión e inacción programada de manera sistemática.

Repudiamos la nefasta práctica de los gobiernos, que han realizado acciones aisladas, haciendo politiquería por coyuntura electoral, utilizando los derechos de los pueblos, consagrados, por decretos, leyes y convenios, como indicador, de que asume un compromiso, mientras viola y omite muchas de sus responsabilidades e impone sus políticas públicas, homogenizando la sociedad y realidades.

El Estado costarricense no tiene una proyección real y planificada, que sea construida, desde las comunidades, para sanear los territorios, por el contrario, impone negocios de carbonos REDD+, desfinancia planes sobre las necesidades, impone planes como el RTI sin resultados significativos, ni financiamiento, la falta de adopción de medidas administrativas y la falta de acciones afirmativas.

Este colectivo insistimos y seguiremos en la ejecución de la agenda propia construido desde el I COIN– Congreso Indígena Nacional 2019, construido desde la palabra, propuestas y recomendaciones de las comunidades de los pueblos, en espacios denominados PreCOIN – Precongreso.

Fundamentado en la autonomía y autodeterminación, anunciamos la preparatoria e instalación de los PRECOIN 2025, desde el corazón de las comunidades, vísperas al II COIN – Congreso Indígena Nacional 2026.

Este proceso será desarrollado desde la palabra, participación y representación de las estructuras propias, con soporte de los idiomas propios, tiempo y contexto de los territorios y pobladores.

Inspirados en el Proyecto de VIDA de los pueblos, consagrados en los derechos y legislaciones sobre los pueblos, nuestra lucha es colectiva, es por el bien común, es por la VIDA, es por las mínimas condiciones y respeto a los derechos, seguiremos reafirmando y posicionando, nuestros sueños que tenemos derecho a tejer con la sabiduría de ancestral.

Generado el día 09 de agosto 2025.

#EsperanzaJuradoVIVE!
#MarianaDelgadoVIVE!
#JerhyRiveraVIVE!
#SergioRojasVIVE!

¡¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!!

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org

Comunicado del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa

Se emitió un comunicado de parte de la organización Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa para abordar que dicha organización es autóctona sustentado en el derecho consuetudinario, en la propia autodeterminación y autonomía que alcanza 11 años de existencia. 

Además del trabajo al interno de dicho territorio en rescate y conservación de la madre tierra, medio ambiente y su naturaleza espiritual, cultural, en educación, y salud aplicado a los espacios de la cosmovisión Bribri en defensa de los derechos indígenas que han sido adquiridos desde la existencia de los mismos. 

Se defienden lo anterior a partir del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En el artículo 8, apartado 2, se menciona: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.

Adicional, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, donde en el artículo 4 se escribe:  “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”, y su artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

Asimismo la Ley Indígena #6172 artículo 4 dice así: “Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”.

El comunicado aborda que dichos principios tutelan conjuntos legales para los derechos colectivos de la población indígena. Adicionalmente, el Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa aclara públicamente que no tiene ningún tipo de vínculo de trabajo organizacional ni de representación, dentro ni fuera del territorio, con la señora Thais Vidal Navarro.

Mensaje de Pablo Sibar Sibar al finalizar 2023 e iniciar un nuevo año de lucha

SURCOS comparte este mensaje enviado por Pablo Sibar Sibar, miembro del Consejo de Mayores del pueblo indígena Brörán y luchador histórico por los derechos de los pueblos originarios.

Amigas y amigos que apoyan nuestras luchas de derechos indígenas, hoy finaliza el 2023 y entramos al 2024 con sufrimientos muy fuertes, como los que padece el pueblo palestino.

Solo escucho cómo los poderosos matan a tanta gente inocente que defiende sus territorios. Qué situación más difícil esa, que no se respete la vida y entonces pienso qué pasará con nuestras tierras si algún día lográramos liberarlas.

Es posible que nunca nos dejen liberarlas; llevo más de 40 años de escuchar mentiras como las que dijo Chaves por primera vez en su gobierno: que compraría tierra a los pueblos indígenas.

Nosotros luchamos por tener nuestra propia Autonomía, pero el Estado nos controla con la Asociación de Desarrollo (ADI). Un indígena no puede valerse o defender sus derechos, nos siguen viendo como el pobrecito indio que no piensa, que tenemos que depender del ADI. Yo digo: no se vale que el Estado nos controle de esa manera porque es una destrucción, no con armas que explotan, pero es una destrucción muy disimulada que ni nosotros nos damos cuenta.

Serán 14 años de la Arrastrada de la Asamblea Legislativa, donde afuera, tirados en la calle decidimos regresar a nuestros territorios a recuperar nuestras tierras, pero ya hace tiempo se encuentran paralizadas. Han sido dos asesinatos que están en la impunidad.

Chaves dijo en Buenos Aires a pocos meses de su gobierno que tiene plata para pagar a los poseedores de buena fe y tierra para reubicar a los que se irán desalojando, pero que si se seguimos con las recuperaciones nos meterá a la cárcel. No ha hecho nada, pero sembró el miedo.

Yo hablo de que las asociaciones de desarrollo en territorios indígenas son como un saco de anzuelos, pero ahí las está fortaleciendo porque desde ahí hacen lo que les da la gana, y muchas ADIs seguirán obedientes a lo que él les diga, porque si se revelan, solo les extiende un cheque de servicios ambientales y boca cerrada.

Así estamos los pueblos indígenas, pero les escribí esto porque ustedes son nuestras amigas y nuestros amigos, donde nos refugiamos, donde nos dan calorcito para seguir adelante y así hacer que nuestra lucha continúe creciendo y mejorando; aprendiendo para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en paz.

Me queda un sin sabor: si algún día lográramos tener nuestros tierras liberadas, ¿el poder nos respetará teniendo bosques, agua…?

Bueno, mejor les deseo un buen año 2024 y que la lucha siga y siga hasta que muera el sol.

Sala Constitucional ratifica autonomía de organizaciones propias del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra)

Comunicado

Miércoles 27 de setiembre de 2023. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución N.º 2023017107 de las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, declaró IMPROCEDENTE gestión de posterior, interpuesta por JOSE MAXIMILIANO TORRES TORRES, GUMERCINDO TORRES TORRES, ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, AVELINO GRANDA ORTIZ, y EMILIANO DÍAZ DÍAZ, en relación con la sentencia nro. 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023.

Mediante escrito presentado ante la Sala Constitucional, estas personas en representación del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores solicitaron revisión de la sentencia 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023 y además plantearon solicitud de audiencia a los magistrados y magistradas de esta honorable corte.

La sentencia 2023-001768 del 27 de enero de 2023 reconoció el carácter autónomo y la competencia del Consejo Iriria Sätkök y el Tribunal Indígena de Cabagra, para determinar la identidad indígena de los habitantes del Territorio Indígena de Cabagra.

Las gestionantes en su escrito les plantearon a los magistrados que con la sentencia “han generado un gran daño a la comunidad, que al día de hoy nuestra población sufre la más grave de las consecuencias, se nos ha violentado y desechado nuestro valor cultural y social en nuestro territorio por resoluciones de DINADECO fundamentados en dicho voto”.

Ante esta solicitud la sala constitucional indico que estas personas ”no se encuentran legitimados procesalmente para actuar ante este Tribunal a fin de solicitar lo pretendido. En consecuencia, la gestión planteada resulta improcedente y lo procedente es desestimarla”.

En cuanto a la solicitud de audiencia solicitada, la Sala indicó que el recurso de amparo que origino la resolución objetada, “pudo analizarse, valorarse y resolverse bajo hechos, principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal, por lo que la comparecencia peticionada resulta innecesaria.”

Importante recordar que las organizaciones que solicitaron la revisión del voto constitucional, Consejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores, recientemente presentaron como su asesora y representante legal a la abogada Thais Vidal Navarro, quien fue condenada penalmente por usurpación del Territorio de Salitre y representa judicialmente a algunas de las personas que ocupan ilegalmente los Territorios de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica.

Con este reciente fallo del 14 de julio del 2023, el tribunal constitucional reafirma la autonomía de las organizaciones propias de los Pueblo Originarios.

Consejo Iríria Sätkök

Tribunal Indígena de Cabagra.

CLSS: continúa diálogo por autonomía y derechos de pueblos indígenas

  • Organizaciones Propias de Pueblos Originarios del sur de Costa Rica se reúnen con Mesa Técnica Interinstitucional y DINADECO.

  • Diálogo continúa abierto en búsqueda de soluciones que respeten la autonomía y los derechos de estos Pueblos.

Jueves 8 de junio de 2023. Delegadas/os de organizaciones propias de los Pueblos Originarios Brörán de Térraba y Bribri de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra) sostuvieron una reunión de trabajo con miembros de la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos indígenas representada por Sergio Sevilla (Viceministro de Justicia y Paz) quien coordina dicho espacio, la Directora Nacional de DINADECO Fabiola Romero Cruz, Donald Picado Director del Departamento Legal, otros funcionarios de DINADECO y representantes del Ministerio de Seguridad Pública; durante la mañana de ayer miércoles 7 de junio en las instalaciones de DINADECO.

La audiencia fue solicitada por las organizaciones propias y la Coordinadora de Lucha Sur Sur para buscar soluciones ante la participación de personas que no pertenecen a estos Pueblos Originarios en los padrones de afiliados de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADIS) de los Territorios Brörán de Térraba y Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), así como la intervención de DINADECO en ambos casos.

La actual administración Chávez Robles por medio del “Plan de Acción Territorios Indígenas Buenos Aires” del 24 de febrero de 2023 impulsado por la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas, ha promovido la afiliación masiva a las ADIS de la zona sur del país por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) para promover la participación de la población indígena en las respectivas ADIS, lo que significa una intromisión y la violación a la autonomía de estos Pueblos en sus formas de organización y gobernanza propias.

En el caso del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), DINADECO emitió el Oficio DINADECO-DDN-OF-095-23 del 1 de febrero de 2023 por medio del cual se creó una Comisión para la revisión y conformación del padrón de afiliados de la ADI de Cabagra, quienes posteriormente nombraron un grupo de Mayores para validar la condición de indígena de las personas afiliadas o solicitantes.

El jueves 23 de marzo de 2023, 14 miembros del grupo de Mayores que trabajaba en la depuración del padrón, tomó la decisión de anular el requisito de tener clan para ser considerado como miembro del Pueblo Bribri y estar en el padrón de la ADI. Textualmente establece el parámetro 2 para determinar quién es indígena acordado por este grupo: “La descendencia indígena de padre o madre independientemente de su etnia será suficiente y se considera indígena y puede estar incluido en el padrón para que pueda desarrollarse dentro del territorio”.

El 27 de marzo de 2023, Naciones Unidas Costa Rica, expresa su preocupación por lo acontecido en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra) con la depuración del padrón de personas afiliadas a la ADI en relación a la identidad indígena y reiteró la importancia de aplicar las recomendaciones del Relator Especial de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas dirigidas al Estado de Costa Rica en setiembre del 2022.

Mediante resolución DINADECO-DDN-RE-035-2023 del 28 de marzo de 2023, DINADECO decidió “anular el nombramiento de la Comisión de revisión y conformación del Padrón de afiliados de la ADI de Cabagra y el Grupo de Mayores, así como sus actuaciones”.

Esta misma resolución indicaba que “con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de un nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e instituciones con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra”.

DINADECO mediante resolución DRB-099-2023 del 23 de mayo, autorizó la realización de una próxima Asamblea General de afiliadas y afiliados a la ADI para el 10 de junio de 2023, sin haberse realizado una depuración del padrón de personas afiliadas a esta organización, de acuerdo a las normas culturales de este Pueblo Bribri y sin cumplir lo indicado en la resolución DINADECO-DDN-RE-035-2023 del 28 de marzo de 2023 en cuanto a la consulta a organizaciones propias y otras instituciones; lo cual deviene en una evidente contradicción por parte de esta institución, la cual inició todo este proceso bajo el argumento de la necesidad de depurar dicho padrón, depuración que no se ha realizado.

En este momento existe una gran presión por parte de ocupantes ilegales de este Territorio Bribri para que se realice la asamblea programada para el próximo sábado 10 de junio sin la depuración debida del padrón y con la intención de incorporar a personas NO indígenas en dicho padrón.

Se debe tener presente que los Pueblos Bribri y Cabécar se organizan de acuerdo a clanes establecidos por Sibö, para ser Bribri o Cabécar hay que tener clan, el cual solamente lo hereda la madre, son culturas matrilineales y esto no lo puede modificar nadie. Es una norma cultural ancestral que da sentido a la organización social de estos Pueblos.

En relación al Territorio Brörán de Térraba se exhortó a DINADECO a cumplir con su obligación de aplicar la Resolución DND-121-2020 de esta institución en el sentido de ordenar la depuración del padrón de afiliados de la ADII de Térraba conforme a la Base de Datos oficializada en el Decreto Ejecutivo N.41903-MP del 8 de agosto de 2019 y se entregó el Oficio 01-06-2023-C-D-T-I-T-B.01 de la Comisión de Defensa de los Derechos del pueblo Indígena Térraba Brörán, con una serie de demandas en relación a la necesaria depuración del padrón.

La intervención de DINADECO se da en un contexto de ocupación ilegal de los Territorios Indígenas, discursos e intereses discriminatorios y racistas donde grupos de interés quieren “ser indígenas», aunque en la práctica estos grupos provocan una violencia material y simbólica sistemática contra los Pueblos Originarios y lo que persiguen es perpetuar la ocupación ilegal de los Territorios.

Como resultado de la reunión de trabajo, las personas representantes gubernamentales se comprometieron a que en la fecha en la que se realice la Asamblea General en Cabagra solo se permitirá la participación de personas indígenas y a continuar con el diálogo para garantizar el respeto a los derechos de este Pueblo Bribri; además, DINADECO deberá resolver el día de mañana viernes 9 de junio un recurso de apelación en subsidio presentado por un miembro de esto Pueblo contra la resolución DRB-099-2023 del 23 de mayo de este ente, que autorizó la realización de la Asamblea General para el 10 de junio.

En el caso del Territorio Brörán de Térraba la comitiva institucional se comprometió a cumplir con la resolución DND-121-2020 y acelerar las comunicaciones y el trabajo conjunto que deben realizar con el Tribunal Supremo de Elecciones para la depuración del padrón de afiliados de acuerdo a la Base de Datos.

Las organizaciones que suscriben este comunicado le recordamos al Estado de Costa Rica y especialmente a DINADECO acatar las recomendaciones emitidas en el Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU A/HRC/51/28/Add.1, de las cuales destacamos: “respetar los criterios de pertenencia a cada pueblo basados en sus procesos de autoidentificación y garantizar el reconocimiento explícito y formal de los pueblos indígenas en el derecho interno a través de medidas constitucionales, estatutarias o judiciales, conforme al principio de autoidentificación y la libre determinación” y exigimos el respeto a los derechos humanos, el derecho indígena, la identidad, la autonomía y las normas culturales de los Pueblos Originarios.

Durante la reunión un grupo de personas y representantes de organizaciones sociales manifestaron su apoyo a las luchas y demandas de los Pueblos Originarios y exigieron el respeto a sus derechos y culturas por parte del Estado de Costa Rica, en medio de un excesivo e innecesario despliegue policial, sobre lo cual prontamente se estará emitiendo un comunicado.

Para cualquier comunicación;

coordinadoraluchass@gmail.com

consejoiririasatkok@gmail.com

codiawdayedi@gmail.com

anselmoflores012@gmail.com

roberthmv1974@gmail.com

 

– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra).

– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö. China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego; China Kichá.

– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.

– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.

– Comité de apoyo a los Pueblos indígenas Iríria Tsöchok.

https://www.facebook.com/100068456688706/posts/pfbid0cAfTwspRkF65gJmJd2eb9r8FadFpP1mM5DFakTRLkrHBd5eYfoBr3PXFNpq8A5mWl/?mibextid=Nif5oz

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola, en Voces y Política

Este miércoles 19 de abril tendremos el programa: “Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola” con la participación de Eusebio Julián y Eulalia Tomás representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica https://www.facebook.com/radiouniversidad