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Etiqueta: autonomía indígena

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

Presentación del 18avo Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

Surcos comparte la siguiente invitación:

El día miércoles 10 de febrero a las 11:0am se llevará a cabo una transmisión por Facebook Live en las redes de @frentenacionaldepueblosindigenas en la que se abordaran aspectos en relación a la presentación del Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena.

Se tendrá la participación de los siguientes expositores:

  • Víctor Madrigal Sánchez

Participante de la 18A. Misión

  • Ana Castillo Delgado

Participante de la 18A. Misión

Adjuntamos la invitación formal del Evento:

Sobre marcha de indígenas Ngäbe de Sixaola: “Como Fentragh estamos acuerpando la acción de trabajadores y trabajadoras de pueblos originarios y nos solidarizamos con su lucha”

Personas indígenas Ngäbes de Sixaola se han movilizado desde el Caribe Sur hasta San José para protestar contra abusos y condiciones de trabajo precarias. Se trata de trabajadores de la etnia Ngäbe-Buglé, que a diario cruzan la frontera entre Costa Rica y Panamá para trabajar en las grandes plantaciones de banano en la zona de Sixaola, Talamanca.

Debido a lo anterior, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH), por medio de su secretario general Maikol Hernández, ha manifestado a la Regional Latinoamericana de la UITA lo siguiente:

“Es una protesta espontánea ante una serie de incumplimientos de las autoridades de gobierno en cuanto a un largo conflicto laboral con la transnacional Del Monte. Los trabajadores han venido denunciando el rechazo de la transnacional a negociar colectivamente y la ola de despidos que ha golpeado tanto a afiliados como a dirigentes del sindicato”, explicó Hernández.

Hernández también agregó: “Como Fentragh estamos acuerpando la acción de trabajadores y trabajadoras de pueblos originarios y nos solidarizamos con su lucha. Es importante que la UITA conozca de esta protesta y pedimos que nos ayude a dar a conocer a nivel internacional la flagrante violación de derechos laborales, sindicales y humanos que sufren estas personas”.

Después de reuniones infructuosas con alcaldes y autoridades nacionales, los trabajadores Ngäbe-Buglé están preparando las condiciones para movilizarse hacia San José.

Personas de la comunidad indígena Ngäbe de Sixaola marchan por sus derechos

Personas indígenas Ngäbes de Sixaola marchan hasta San José para exigir el respeto a sus derechos y peticiones relacionadas con la cédula, proyecto de vivienda y por los cortes de electricidad que se han hecho recientemente, mencionan en un video.

Recientemente este grupo de indígenas ngäbes se reunieron en modalidad virtual con autoridades del gobierno central, con el apoyo de la Municipalidad de Talamanca, para comunicar sus peticiones.

Puede apoyar la marcha de las personas indígenas ngäbes de Sixaola:

Cuenta IBAN del BNCR: CR61015111220010571594 a nombre de Galletano Villagra Torres.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

El Gobierno debe atender oportuna y adecuadamente las peticiones de población Ngäbe de Sixaola

SURCOS comparte el comunicado de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe:

La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe saluda y se solidariza con la lucha emprendida por las comunidades indígenas Ngäbes de Sixaola por su justo derecho como personas indígenas transfronterizas.

Dichas comunidades están compuestas por centenares de familias de obreros y obreras que trabajan para empresas bananeras nacionales y transnacionales, dedicando sus energías y vidas en el trabajo para la prosperidad de dichas empresas y la economía costarricense, sin embargo, no se les retribuyen dignamente, manteniéndoles en condiciones de explotación. Así, después de la huelga decenas de trabajadores fueron despedidos y defraudados por la transnacional Del Monte sin pago de sus derechos correspondientes. Los actuales dueños de la empresa quieren desalojar a las familias de las viviendas, cortándoles la luz eléctrica, negándoles el agua, entre otros.

Tratados como extranjeros en estas tierras y con las limitaciones que esto implica, la población Ngäbe históricamente habitan las áreas transfronterizas entre Costa Rica y Panamá desde mucho antes de la existencia de ambos estados. Esto es reconocido por la ley N.° 9710 del 9 de agosto del 2020 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza” que en su art. 4 entiende por persona indígena transfronteriza:

“persona indígena que forma parte de pueblos, cuyo territorio histórico y establecimiento, como entidad poblacional, se produce antes de la existencia de las fronteras que sirven de límite entre Costa Rica y sus países limítrofes, en concordancia con lo estipulado en el artículo 32 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales LEY N.° 9710 2 y el artículo 36.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Pese a la existencia de esta ley la situación de la población Ngäbe no ha cambiado, y las situaciones relacionadas con la pandemia han agudizado la problemática de la población.

La marcha iniciada por indígenas ngäbes hacia la capital San José representa un enorme sacrificio para las familias ngäbes y los expone a riesgos evitables al realizarse en un contexto de pandemia. Ya han caminado 47 kms el día lunes 11 de enero entre Sixaola y Cahuita.

Como red integrada por gestores y gestoras locales de 7 territorios indígenas de la región caribe sur y comunidades ngäbes de Sixaola, y 3 comarcas indígenas de Panamá, hacemos un llamado de urgencia al presidente de la República Sr. Carlos Alvarado y autoridades competentes para atender oportuna y adecuadamente las peticiones de la delegación, y evitar situaciones que puedan ser lamentables para los ngäbes.

Atentamente
Carlos Zúñiga Zúñiga
Cédula 1-1020 969
Coordinador
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe

 

Foto: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

Organizaciones, instancias institucionales y 96 personas firmaron un comunicado dirigido al presidente de la República y otros funcionarios de los Poderes de la República para solicitar una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

La mañana de este miércoles 02 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa al respecto, denominada “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sivar y demás recuperadorxs de territorios indígenas” con la participación de Ana C. Jiménez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Costa Rica (Acodehu); Julio Figueroa Calderón, dirigente territorio indígena de Salitre; Trino Barrantes Araya, Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu); y compañeras indígenas.

“La policía no está preparada para ser guardaespaldas, sino que están para mantener el orden. Es un territorio extenso y hay un par de policías, pero no están 24 horas. Pablo está expuesto”, expuso Figueroa, dirigente del territorio indígena de Salitre, refiriéndose a las amenazas de muerte que ha recibido el líder indígena Pablo Sivar.

SURCOS comparte el comunicado:

En defensa de la vida e integridad física y psicológica del líder indígena Pablo Sivar Sivar

“Tengo miedo de mi vida”

Pablo Sivar Sivar
San José, Costa Rica
30 de noviembre, 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
Señora Epsy Campbell Barr
Vicepresidenta de la República
Señor Fernando Cruz Castro
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Señor Eduardo Newton Cruickshank Smith
Presidente Asamblea Legislativa
Señor Michael Soto Rojas
Ministro de Seguridad
Señora Fiorella María Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz
Señora Emilia Navas
Fiscala General de la República de Costa Rica
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)

Reciban un cordial saludo. A la vez, hacemos de su conocimiento que las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a ustedes una acción urgente para proteger la vida del dirigente indígena Pablo Sivar Sivar y el respeto a los pueblos indígenas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la impunidad e inoperancia que se da desde el Estado Costarricense en la defensa plena de los Derechos Humanos y el reconocimiento y no invisibilización ni mediatización de la legítima lucha de los pueblos indígenas, siendo permisibles ante la estrategia de terror que se impulsa para acabar con el movimiento indígena.

Las organizaciones firmantes instamos a emprender, con carácter de urgencia, la siguiente acción, acatando las medidas dispuestas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Implementación inmediata de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del señor Pablo Sivar Sivar y del conjunto de las comunidades indígenas de Bribri de Salitre, Bröran de Térraba y de otras regiones.
  2. Llevar a cabo una investigación minuciosa e imparcial en torno al conjunto de hechos denunciados a lo largo de esta lucha, a fin de identificar a los responsables y viabilizar las sanciones penales y/o administrativas previstas que corresponden a la ley.
  3. Garantizar de manera urgente medidas que generen seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Ley 6172 de Costa Rica.
  4. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incorpore los componentes necesarios para la protección, prevención y lucha contra la impunidad.
  5. Demostrar, de manera práctica, la aplicación de lo dictado por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. El Estado Costarricense no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la tierra, a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas del país, incumpliendo con las medidas cautelares promulgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Resolución 16/15. Medida cautelar N°321-12 Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. Aprobada a los 30 días del mes de abril de 2015 por: Rose Marie Antonie, presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Segundo Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi, miembros de la CIDH”), violentando el derecho a la propiedad y a la integridad personal de dirigencia indígena y sus familias.

“Nos hace vulnerables en nuestras casas y territorios porque…el gobierno no ha garantizado nuestras vidas, nuestra seguridad.” Lideresa indígena Bribri

Por lo tanto, alertamos a la comunidad internacional ante el contexto que se vive en Costa Rica, donde, día a día, aumenta el estado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas defensoras de Derechos Humanos y de sus territorios, víctimas de constantes amenazas y agresiones a pesar de contar con medidas cautelares desde el 2015, en el que en menos de un año son asesinados el dirigente Bribri Sergio Rojas Ortiz y el dirigente Börán Jerhy Rivera Rivera.

Por el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.

Porque el Estado asuma todas las medidas necesarias para que se cumplan los protocolos correspondientes a la puesta en marcha de las medidas cautelares.

Por la vida de Pablo Sivar Sivar y cada lideresa y líder indígena quienes defienden sus territorios como Derecho Humano inalienable.

Organizaciones e instancias institucionales firmantes
1. Alianza de Mujeres Costarricense

2. Asambleas Patrióticas Populares en San Ramón
3. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
4. Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
5. Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
6. Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
7. Bloque Autónomo 12s
8. Bloque de Vivienda
9. Buen Vivir
10.Casa El Emigrante (Human Rights)
11.CEAAL- Colectivo Costa Rica
12.Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
13.Centro ETHOS
14.Círculo Bolivariano Yamileth López
15.Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
16.Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
17.Colectivo Político Semilla Ramonense
18.Comisión Interinstitucional para el seguimiento e Implementación de las
Obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH)- Ente Permanente de
Consulta (EPC)
19.Comuna Socialista
20.Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
21.Coordinadora Campesina del Caribe
22.Coordinadora de Lucha Sur Sur
23.Debate Feminista Costa Rica
24.Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
25.Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
26.Frente Ecologista Universitario
27.Fundación Pedagógica Nuestra América
28.Fundación Laberinto
29.Handmaids Costa Rica
30.Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
31.Juventud Vanguardista Costarricense
32.Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta (METJA)
33.Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
34.Movimiento Patriótico por Costa Rica
35.Mujeres Mano de Tigre
36.Organización Política Carmen Lyra
37.Partido Obrero Socialista (POS)
38.Partido Vanguardia Popular
39.Pri Laka (Nicaragua)
40.Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
41.Programa “Hablemos de Derechos Humanos”
42.Programa Kioscos Socioambientales-Universidad de Costa Rica
43.Red de Solidaridad con Palestina
44.Ríos Vivos de Costa Rica
45.Sembrando Libertad
46.Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
47.Sindicato Patriótico de Educadores (SINPAE)
48.Sindicato UNPROBANPO
49.Unidad del Pueblo Mayangna en Defensa de su Territorio (Nicaragua)
50.Universidad Bíblica Latinoamericana
51.Yo NO voy al Zoo
Personas firmantes
1. María Hidalgo Quesada – Abogada Jubilada

2. Alejandra Monge Arias – Abogada Notaria Jubilada del Poder Judicial
3. José María Villalta Flores-Estrada – Abogado, Diputado Fracción Frente Amplio
4. Cristina Rojas Rodríguez – Activista DDHH y Directora Ejecutiva Centro ETHO
5. Suy Wong Ugalde – Activista de Derechos Humanos
6. Eydis Ñurinda Guzmán – Agricultora
7. Roger Sánchez Alfaro – Agricultor
8. Liuba Ramírez Otto – Artista
9. Ana Cecilia Hernández Bolaños – Alianza de Mujeres Costarricense
10. Grace Valeria Bueso Ortega – Activista de DDHH, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
11. Ana Cecilia Jiménez Arce – Activista de DDHH, presidenta de ACODEHU
12. Denis Omar Calix – Activista de DDHH (ACODEHU), planificador económico-social
13. Tatiana Otto Golovina – Activista de DDHH (ACODEHU)
14. Temístocles Guerra Vargas – Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica y Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH). Ente Permanente de Consulta (EPC) Vocería
15. Gustavo Oreamuno Vignet – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
16. Mariano Sáenz – Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ
17. Osvaldo Durán Campos – Asociación Proyectos Alternativos-PROAL
18. Orlando Barrantes Cartín – Bloque de Vivienda
19. Edison Valverde Araya – Buen Vivir
20. Abelardo Brenes Castro – Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
21. Ignacio Dobles Oropeza – Catedrático Universidad de Costa Rica
22. Elisa Trejos Montero Catedrática – Universidad de Costa Rica
23. Ana Franz – Casa El Emigrante (Human Rights)
24. María Trejos Montero – CEAAL- Colectivo Costa Rica
25. Oscar Jara Holliday – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja
26. Amanda Méndez Ramírez – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
27. Laura Valverde Cuevillas – Colectivo Autonomía, Tierra y Libertad
28. Mario Cabrera Burgos – Colectivo Político Semilla Ramonense
29. Juan José Soto Morales – Colectivo Político Semilla Ramonense
30. Luis Alberto Soto Ramírez – Colectivo Político Semilla Ramonense
31. Dayana Ureña Solís – Colectivo Político Semilla Ramonense
32. Ana María Vega Torres – Comuna Socialista
33. Antonio Aguilar Umaña – Comuna Socialista
34. Héctor Ferlini-Salazar – Comunicador y docente
35. Miguel Marín Calderón – Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
36. Róger Sánchez – Coordinadora Campesina del Caribe
37. Melissa Chinchilla Romero – Coordinadora Colectivo Handmaids Costa Rica
38. Reinier Canales Medino – Coordinadora de Lucha Sur Sur
39. Hugo D. Fernández González – Coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
40. Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga – Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
41. Juan Carlos Ocampo Zamora – Coordinador Ejecutivo de la organización Prilaki
42. Julieta Montoya Molteni – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
43. Alberto Álvarez Toirac – Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
44. Allen Cordero Ulate – Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
45. Laura Arias Cabrera – Docente
46. Karol Montero Rony – Docente Técnico en Gestión Local – UNED
47. Joliem Figueroa Siles Docente Programa de Atención a Estudiantes Indígenas-UNED
48. Arnoldo Mora Rodríguez – Ex Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Catedrático Emérito UCR, filósofo
49. Rodrigo Hernández Jiménez – Fundación Laberinto
50. Ingrid Flores Salazar – Handmaids Costa Rica
51. José Amesty – Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
52. Bayron Bucardo Miguel – Líder indígena Mayangna de Bosawas Nicaragua
53. Julia María Peña Salas – Luchadora social
54. Yumira Cortés – Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC)
55. Francisco Cordero Gené – Movimiento Patriótico por Costa Rica
56. Carmen María Carlucci – Patronato Nacional de lnfancia (PANI) Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
57. Edgar Gutiérrez Cordero – Partido Pueblo Unido
58. Humberto Vargas Carbonel – Partido Vanguardia Popular
59. Pamela Campos Chavarría – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
60. Amilcar Castañeda Cortez – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
61. Rafael Eduardo López Alfaro – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
62. Carolina Somarribas Dormond – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
63. Adriana Villalobos Araya – Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia – UNED
64. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
65. Sary Rojas Leiva – Red de Mujeres Rurales de Costa Rica
66. Ann Marie Saidy – Red de Solidaridad con Palestina, pensionada
67. Elisabeth Cook Steike – Rectora Universidad Bíblica Latinoamericana
68. Raquel Bolaños – Ríos Vivos de Costa Rica
52. Trino Barrantes Araya – Secretario General Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU)
69. Rafael Contreras Cascante – Secretario General Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
70. Carlos Vega – Secretario General Sindicato UNPROBANPO
71. Ligia Isabel Castro Salas – Pastora OBF/OSC
72. David Solís Aguilar – Politólogo y geógrafo
73. Cinthia Crespo Campos – Profesora y artista, SINPAE
74. Ailhyn Bolaños Ulloa – Socióloga y Evaluadora
75. Daniel Camacho Monge – Sociólogo, Miembro Honorario del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR)
76. Fresia Eugenia Camacho Rojas – Socióloga, agremiada al CPSCR
77. Gerardo Enrique Cerdas Vega – Sociólogo, agremiado al CPSCR
78. Róger Chaves Grijalba – Sociólogo
79. Allen Cordero Torres – Sociólogo, Director de la Escuela de Sociología
80. Amilcar Ernesto Luna Palmás – Sociólogo
81. Roberto Pineda Ibarra – Sociólogo
82. David Quesada García – Sociólogo, El Servicio Paz y Justicia (SEPAJ)
83. Pablo Ramírez Otto – Sociólogo
84. Rodolfo Ulloa Bonilla – Sociólogo, asesor parlamentario
85. Karla Vargas Solera – Socióloga docente universitaria
86. Francis Muñoz Calvo – Sociólogo, agremiado al CPSCR. Revista digital
87. Guillermo A. Bueso Ortega – Técnico en Informática
88. Alberto Álvarez Toirac – Teólogo
89. Luis Henry Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Alto Chirripó
90. Carmen Villanueva Vargas – Territorio Indígena de Ujarrás, Buenos Aires
91. Felipe Figueroa Morales – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
92. Jéssica Jeannette Ortiz Ortiz – Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires
93. Alejandra Bonilla Leiva
94. María Elena López
95. Daniella Sola Morales
96. Gabriela Rodríguez Pizarro
CEAAL-Costa Rica
CEP-ALFORJA
ACODEHU
SINDEU
Responsable
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta ACODEHU

Declaran como de vulnerabilidad social desalojo de Kono Jú en territorio Cabécar

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DECLARÓ DE VULNERABILIDAD SOCIAL EL DESALOJO DE KONO JÚ, EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ

Martes 24 de noviembre. Ante la amenaza de desalojo de Kono Jú, que fue ordenada en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, los y las recuperadoras cabécares junto a la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitaron la declaración de vulnerabilidad social al Ministerio de Seguridad Pública. Medida que podría significar una postergación del desalojo que es planteado como medida cautelar.

El 20 de noviembre del presente año, según la Resolución 19-2020-DVUE, Seguridad Pública declaró al desalojo de Kono Jú de vulnerabilidad social. Ello, en medida que se consideró que: “ la finca a desalojar cumple con los parámetros establecidos en el decreto ejecutivo N° 39277, al tener un alto nivel de conflictividad social, una condición socio-económica precaria, además de contar con la presencia de familias compuestas por personas menores de edad y adultos mayores, entre otros factores importantes a valorar”. A partir de ahora el trámite le corresponde a la Procuraduría General de la República, según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID).

Por otro lado, este mismo día los y las recuperadoras de Kono Jú y la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá solicitarán que a este terreno se le abra un proceso administrativo dentro del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) que logre determinar sí Ángel Marín es o no poseedor de buena fé y sí debe ser indemnizado o no. Los y las recuperadoras y la ADI dan un plazo máximo de 3 meses para que este proceso administrativo sea resuelto en el INDER.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS!

Recuperador@s Cabécares de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cábecares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras/es Cábecares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

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