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Etiqueta: autonomía indígena

Recuperador de Crun Shurín a 12 años de la arrastrada

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Pablo Sibar Sibar
9 de agosto 2022

Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.

Ahí a las 2 de la madruga abrazados para poder repeler el frio de esa Ciudad fue que conversamos que habitamos agotado toda las vías para que el Estado Costarricense nos devolvieran nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.

Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los  comenzaríamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestro territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.
 
Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.

En mis más de 40 años de lucha he escuchado muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.

Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.

Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.

Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.

Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.

Muchas gracias por leer y solicito lo divulguen.

Programa Voces y Política. Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios

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Este miércoles 25 de mayo de 2022 el programa Voces y Política Radio Universidad 96.7 FM abordó el tema “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”, con la participación de Elí Ortiz Torres del Consejo Iriria  Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra); Heylin Figueroa Calderón del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre; Felipe Vargas y Jeison Ríos Ríos, personas recuperadoras de China Kichá.

Las comunidades indígenas han resistido desde hace siglos en luchas por sus territorios ancestrales. Los pueblos originarios pasaron de tener un 100% del territorio, a tener reconocidos por ley un 6.4% del territorio nacional actual. En los 90s iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas, que años después desembocaron en procesos de recuperación territorial al norte y sur de Costa Rica. Sin embargo, la usurpación continua; siguen robando tierras a indígenas propietarios legalmente.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad han marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la ley indígena en temas de tierra, sobre todo en saneamiento territorial. Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazados de muerte, más de 86 incidentes de violencia solamente en 2020 evidencian la amenaza que enfrentan estos pueblos.

Esto causó que en 2015 (con reiteración en 2016) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al gobierno tomar medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas de ocupantes ilegales a los indígenas. Lamentablemente, este proceso se caracteriza por una impunidad histórica.

Los invitados de los pueblos originarios relatan cómo eran sus territorios antes de la recuperación y platican sobre su identidad y vínculo con sus tierras pese a los diferentes conflictos. Además, señalan la dificultad de todas las recuperaciones de territorio, la escasa información y el poco apoyo con el que cuentan los pueblos indígenas.

La recuperación de los territorios también conlleva un desarrollo en otras áreas relevantes del buen vivir, como temas sociales, de educación, y de salud. Cabe destacar que contar con sus tierras les ha permitido retomar tradiciones propias, preparación en labores únicas dentro de la cultura (por ejemplo, cantores), y enseñanza de su herencia indígena a los niños de la comunidad. No hay que olvidar que no solamente se trata de recuperación de tierra, sino recuperación de su identidad y cultura indígena.

El relato del recorrido de estas poblaciones a través de la voz de sus propios protagonistas caracterizó el programa de radio.

Puede ver la transmisión completa del programa en https://www.facebook.com/vocesypoliticaucr/videos/1418998398514173

ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas

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Cindy Vargas y Heylin Figueroa*

En la década de 1970 se crearon las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) en Costa Rica. El Estado impuso esta figura en nuestros territorios indígenas para administrar conflictos respecto a la tenencia de tierra y para la implementación de programas sociales y proyectos de desarrollo rural. A pesar de que el Estado ha promovido las ADI como figuras legítimas en los territorios indígenas, lo cierto es que para nuestros pueblos esta es una forma de organización impuesta, creada por el Estado para dirigir, manejar y manipular los territorios indígenas. En repetidas ocasiones ha violentado nuestra autonomía y no coincide con nuestras tradiciones y cosmovisión.

Además, las ADI se han prestado para entorpecer procesos de recuperación de tierras y han dado pie a la corrupción, a la acumulación de poder por parte de personas y familias no indígenas y han desencadenado conflictos violentos que han resultado en los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, de Salitre y Térraba respectivamente.

Las ADI en territorios indígenas, al tener la administración de la tierras, pueden realizar traspasos, ventas, inscribir tierras a nombre de personas no indígenas e incluso certificar como poseedores de buena fe a quienes no lo han sido. En Térraba la ADI ha comprado fincas a personas que no son poseedoras de buena fe con dinero de Pagos de Servicios Ambientales, ha impulsado al Ministerio de la Vivienda, al AyA, al MEP, al mismo Dinadeco y a la CCSS a invertir recursos en personas a las que había que expropiar. Por ejemplo, en tierra que ha sido pagada por instituciones, la ADI permite que personas terratenientes que ya han recibido su pago sigan haciendo uso de la tierra para sus actividades extensivas. Entonces vemos el EBAIS, el Acueducto, el Liceo y el salón comunal de Térraba con ganadería a la par.

Y, por otro lado, vemos como la ADI bloquea apoyos a personas indígenas. Cuando se trató de familias San Andrés, no reconocieron su derecho a la tierra y les llamaron invasores (caso que perdieron y tuvieron que reconocer que sí son familias indígenas), además han impedido que el ICE ponga electricidad en recuperaciones o que den bonos de vivienda a familias indígenas que lo necesitan.

En el caso de Salitre, cuando Sergio Rojas era presidente de la ADI, encabezó la recuperación de tierras desde el 2010 y por esta última razón fue asesinado. Después de su muerte, las recuperaciones se detuvieron y la ADI dejó de dar seguimiento a los procesos de recuperación iniciados por Sergio. Actualmente, el Consejo de Salitre, órgano de determinación autónomo del territorio, está asumiendo las recuperaciones nuevamente.

Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses.

Ante este panorama, el pueblo indígena brörán se ha organizado para crear mecanismos de gobernanza propios que han puesto en evidencia la ilegitimidad de la ADI en su territorio. En el año 2010 lograron que la Sala IV resolviera que todas las personas brörán tuvieran derecho a afiliarse a la ADI, puesto que únicamente el Consejo de Mayores (autoridad tradicional del territorio) como autoridad consultiva puede reconocer su identidad indígena, no la ADI.

Como consecuencia, también se logró elaborar una base de datos a petición del Consejo de Mayores que consistió en un estudio histórico de las familias que desde un inicio formaron el territorio. A partir del estudio se obtuvieron 12 troncos genealógicos que son los que dan estructura al territorio: si una persona pertenece a alguno de esos troncos, entonces es reconocida como indígena bröran, tanto por el mismo pueblo de Térraba como por las instituciones del Estado.

Desde Salitre y Térraba estamos construyendo y tenemos otras formas de organización representativas de nuestras tradiciones y cosmovisiones como los consejos de mayores y territoriales, y más espacios que se han construido bajo la opinión, conceptos y criterios de diferentes personas. Dentro de nuestros territorios hay grupos que se organizan alrededor de temas de espiritualidad, vivienda, agua, ambiente, educación. Tenemos la capacidad de análisis y diálogo político con las instituciones y de tomar decisiones territoriales consensuadas en beneficio de la comunidad, por lo que reclamamos nuestro derecho al reconocimiento de nuestras estructuras de gobernanza autónomas.

* Fuente: semanariouniversidad.com

Conversatorio: Plan de recuperación de territorios indígenas: ¿avances?, cuestionamientos y desafíos, 2016-2026

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Este martes 19 de abril a las 2:00 p.m.  el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, realizará el conversatorio: “Plan de recuperación de territorios indígenas: ¿avances?, cuestionamientos y desafíos, 2016 -2026. Se contará con la participación de:

  • Líderes y lideresas indígenas: Doris Ríos, Clarita Quiel, Pablo Sibar, Lésner Figueroa, Aida Elizondo, de los territorios China Kichá, Térraba, Cabagra, Salitre y Guatuso. 
  • Lic. Oscar Retana Montenegro, Consultor en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
  • Msc. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Investigador CICDE-UNED
  • Msc. Luis Diego Aguilar Monge, Presidente Ejecutivo del INDER
  • Mag. Xinia Zúñiga Muñoz, Investigadora del CICDE-UNED

La moderación del espacio estará a cargo del Lic. César Moya Aburto, Investigador del CICDE-UNED. La transmisión se realizará vía Facebook Live (https://m.facebook.com/CICDEUNED/?ref=bookmarks) y en canal de YouTube (https://www.youtube.com/c/CICDEUNED).

Nuevas amenazas de muerte contra recuperadoras (es) cabécares de China Kichá

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SURCOS comparte la siguiente información de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur:

Comunicado

– Un sujeto de apellido Morales, con vínculos personales con la familia Rivera Venegas y con antecedentes penales, amenaza a recuperadores (as) cabécares de China Kichá.

Jueves 14 de abril 2022. Según fuentes confiables un sujeto que responde al apellido Morales, dentro del Territorio Cabécar de China Kichá declaró que con él las cosas eran diferentes. Dijo que él sí se encontraba armado y dispuesto a asesinar a cualquier persona recuperadora de China Kichá. Las declaraciones fueron realizadas el día de ayer miércoles 13 de abril en horas de la noche.

El sujeto de apellido Morales es reconocido en el Territorio por su relación sentimental con una integrante de la familia Rivera Venegas, es importante recalcar que el sujeto cuenta con antecedentes penales por distintos delitos.

Morales vive en la comunidad de Pejibaye, en las cercanías del Territorio Cabécar de China Kichá y ha sido visto cerca de la pulpería y el bar de la comunidad de China Kichá.

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, además de las autoridades estatales correspondientes. Denunciamos también que el puesto de la Fuerza Pública en la comunidad de China Kichá es deficiente, y por la escalada de agresiones de los últimos meses se pone en evidencia que no cumple con su objetivo de velar por el mantenimiento del orden público.

Reiteramos que cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado costarricense.

Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! Fuente: https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/498289631786440

Justicia para Jerhy Rivera

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Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.

Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.

Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera.  Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.

La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.

En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.

En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.

Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.

*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED

Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:

Enrique Rivera Rivera
Digna Rivera Navas
Asdrúbal Rivera Villanueva
Pablo Sibar Sibar
Jason Ríos Ríos
Paulino Nájera Rivera

Manifestación contra la violencia y la impunidad

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Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense sobre los atropellos y muertes de indígenas en Costa Rica

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COMUNICADO

¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que constantemente escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de {sus} derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín, y despojar a los huérfanos! Isaías. 10:1-2. BA.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la no violencia y las injusticias contra los más vulnerables, se solidariza con el compañero Leonel García Segura, indígena cabécar del territorio de bajo Chirripó en Matina, Provincia de Limón, y quien es, además, actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del territorio ya mencionado.

El mencionado compañero fue agredido brutalmente el 30 de diciembre del pasado año, hace apenas 15 días, por personas usurpadoras de territorios indígenas. Según su esposa, Gennye Segura Pino cuenta que, “…ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía: yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo”.

Nos envuelve un sentimiento de tristeza, indignación y enfado, ya que los usurpadores de tierras siempre actúan salvajemente contra los compañeros indígenas, estando cómodos por décadas y décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno, y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia costarricenses.

Se hace como normal matar a un indígena, marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazarlos de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora, picarlos a machetazos. Mientras las autoridades actúan sin diligencia en estos casos, ya que los agresores del compañero García Segura, están libres.

Lo que evidencia que la justicia en este país es racista.

Así mismo, según el periódico alternativo Informa.Tico, este hecho no es aislado pues en diciembre pasado, también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles Semanario Universidad, 6-1-22) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados durante 2019 Sergio Rojas, 2020, el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre.

Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

En este sentido, la Iglesia Metodista Wesleyana costarricense IMWC, deplora tales hechos, reiterando la solidaridad con los pueblos indígenas, así como haciendo un llamado vehemente a las autoridades competentes, para que se apresten a la zona y defiendan a los compañeros indígenas, quienes legalmente y amparados en las centurias de años en posesión de las tierras mencionadas y otras.

“Hacer justicia y juicio es al Señor, más agradable que cualquier sacrificio.” Proverbios. 21:3. BA.

Sin justicia no hay democracia. Se extiende la violencia impune contra comunidades indígenas en Costa Rica

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  • Intento de asesinato a líder comunal Cabécar por usurpador de territorio indígena de Bajo Chirripó.
  • El agresor ya había amenazado al compañero indígena cabécar y lo había sentenciado diciéndole: “lo voy hacer picadillo”.

Por Fabián Pacheco y Mauricio Álvarez, ecologistas

Mientras la mayoría de las personas celebraban las fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos, a Leonel García Segura, indígena cabécar de Territorio de Bajo Chirripó en Matina lo intentaron matar picándolo literalmente a machetazos, un hombre de apellido León y su hijo, quienes son usurpadores del territorio indígenas y quedaron libres de semejante acto. Entre tanto, la vida de nuestro compañero estuvo en juego en cuidados intensivos del Hospital Tony Facio, de Limón.

Leonel está vivo de milagro y gracias a una atención médica oportuna. El 30 de diciembre del 2021 fue llevado por la Cruz Roja a la clínica de Matina y de ahí a emergencias de Limón, donde sigue internado en recuperación. El intento de asesinato fue un acto de muchísima violencia y ensañamiento, le machetearon todo el cuerpo: brazos, piernas y manos. Las lesiones más profundas y extensas se las produjeron en el lado izquierdo de la cara, oreja, mejilla, cráneo, mandíbula y hasta el cuello, quedando estos últimos con hematomas importantes.

Estas heridas le produjeron un intenso sangrado por boca y nariz, por lo que requirió ser entubado en alguno de los momentos críticos. Tuvo infecciones graves por lo que ha tenido un fuerte tratamiento de antibióticos. Con los días ha podido mejorar, ha bajado la inflamación; pero hay que seguir estudiando el avance de los hematomas y posibles daños permanentes.

Su esposa Gennye Segura Pino cuenta que: “al principio cuando me enteré yo no sabía qué hacer, a quién llamar, a quién avisar, ni me salían las palabras para contar lo que pasó, ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo. Leo está todo cortado con machete y ahora cada herida tiene 4 o 5 puntadas, pero la cortada más grande está en la cara, la oreja y el cuello”. Sigue el relato diciéndonos que “Leonel ya salió de cuidados intensivos, sigue en recuperación esperando que baje la inflamación de todo su cuerpo, de esas heridas se pueden curar; pero en el corazón le va quedar eso para siempre”.

Lo más indignante de todo es que las personas que casi lo matan están libres mientras Gennye está viajando día a día hacía el hospital de Limón para estar pendiente de la recuperación de Leonel. Por eso hemos activado una campaña de solidaridad económica con la familia y pueden comunicarse con nosostros (bloqueverde@gmail.com) o directamente con Gennye y depositar en su SINPE.

Leonel es actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina. Nosotros lo conocemos desde hace casi 20 años, y desde siempre él ha sido un activo defensor de su territorio, cultura, semillas, de la tradición oral y todo el acervo de conocimientos ancestrales que guardan los cabécares.

Caminamos por las montañas de su territorio y muchas otras comunidades indígenas donde Leonel era siempre el primer apuntado a ir a buscar semillas, a enseñarnos la etnobotánica cabécar, a buscar un cantor o un Jawá (médico indígena) para ir hacer un festival o para hacer un Ju tsi̱ní̱̱i̱ (casa tradicional). Con Leonel conocimos casi todos los territorios indígenas cabécares del país para hacer distintos proyectos de fortalecimiento cultural, agrícola, ordenamiento y defensa del territorio ante las constantes amenazas de hidroeléctricas, minería, expansión del monocultivo de palma, así como la invasión de personas no indígenas sobre sus territorios.

Con esta comunidad realizamos un proyecto de “Fortalecimiento de la conservación de la naturaleza mediante las prácticas tradicionales de conservación que desarrollan las comunidades indígenas cabécares de Bajo Chirripó y Nairi Awari”, donde se logró plasmar un plan de gestión del territorio a partir de los conocimientos ancestrales de la cultura cabécar sobre el uso y aprovechamiento de los bienes naturales, culminando en una propuesta participativa de zonificación del territorio para habitar y producir, respetando los sitios sagrados y las normas de uso para dichos lugares.

También desarrollamos en conjunto un proceso de fortalecimiento de la cosmovisión agrícola que incluyó el rescate y protección de la diversidad de especies silvestres y cultivadas, el cuido y cultivo de las semillas ancestrales. Pusimos en marcha un novedoso proceso de repatriación de la agrodiversidad indígena desaparecida por el proceso imperante de erosión genética. Aprendimos que en cada semilla cabécar hay una profunda gama de conocimientos culinarios, agrícolas, climatológicos, espirituales, entre muchos otros que de forma integrada constituyen una parte importante del Siwä o conocimiento ancestral.

La ADI informó del hecho mediante un comunicado donde señala que el antecedente del ataque se remonta a una denuncia interpuesta ante tribunales por “la tenencia irregular de tierras por un no indígena”, cuyo juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre ese caso el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió en agosto pasado una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gomez para no corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso (Voto 2021000200).

Estos hechos nos llenan de mucha tristeza, indignación y enojo, pues los usurpadores de los territorios indígenas están envalentonados, ya no se trata solo de la Zona Sur o de casos aislados, sino que la situación de impunidad alienta esta barbarie. Los usurpadores han estado cómodos por décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia. Ya es claro que matar a un indígena o marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazar de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora picarlos a machetazos no tiene ninguna consecuencia legal, reina la impunidad contra los pueblos indígenas en Costa Rica, ¿por qué sí son muy diligentes las autoridades para juzgar u ordenar desalojos contra pueblos indígenas, pero no lo contrario? La justicia en este país no puede ser más racista y por ende está podrida y sin justicia no existe la democracia.

Este hecho no es aislado pues en diciembre también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles (Semanario Universidad, 6-1-22 y SURCOS) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados solamente durante 2020, en cuenta el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre. Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Nuestro llamado es a una movilización de la sociedad, de sus fuerzas vivas a unir esfuerzos con los pueblos indígenas y el ecologismo comunitario. La justicia no llegará sola, hay que pelear y poner en evidencia la impunidad que reina en las “otras Costa Ricas”, las profundas y silenciosas que han despertado para siempre.

Contactos e información:

Adrián Sanabria, 8844-5524, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina

Gennye Segura Pino, 8910-7048 (SINPE BN), esposa de Leonel y miembro de la Comunidad de Bajo Chirripó.

Costa Rica: Se necesitan reformas urgentes sobre los derechos de los pueblos indígenas, dice el experto de la ONU

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GINEBRA (17 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, expresó hoy su preocupación por los más de 40 años de incumplimiento por parte del Estado de Costa Rica de la Ley Indígena, que establece la obligación del Estado de devolver las tierras indígenas pertenecientes a los ocho pueblos indígenas en todo el país.

El experto de la ONU se mostró extremadamente preocupado por los continuos ataques a personas defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas indígenas en el sur del país, que sufren intimidaciones y amenazas de muerte y ataques en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En la mayoría de los casos, dijo, estos bienes están en manos de personas no indígenas.

“Es preocupante que, hasta la fecha, Costa Rica no haya contextualizado el asesinato de los dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera dentro del conflicto por la recuperación de las tierras indígenas, y la falta de avances en los procesos judiciales de estos dos casos”, dijo Calí Tzay al término de una visita de 12 días a Costa Rica. “Es urgente el establecimiento de un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, tal y como recomiendan los mecanismos de derechos humanos”.

El Relator Especial señaló la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas. También subrayó la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación, al autogobierno de cada pueblo de acuerdo con sus especificidades, a la tierra, al territorio y a los recursos.

El experto invitó al Estado a crear las condiciones para un diálogo constructivo y de buena fe con los pueblos indígenas para desarrollar una reforma legislativa integral y participativa de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Estoy muy preocupado por la información recibida sobre la presencia de racismo estructural y discriminación racial contra los pueblos indígenas, que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres indígenas, los niños y niñas, los y las  adolescentes y las personas con discapacidad”, dijo Calí Tzay.

“También recibí información sobre los obstáculos a los que se enfrentan los indígenas en Costa Rica con respecto al acceso a la justicia y a los mecanismos de reparación”, dijo el experto. Calí Tzay alentó a continuar con el proceso de elaboración de una política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares internacionales.

“Por último, quiero destacar el papel fundamental y el extraordinario liderazgo de las mujeres indígenas”, añadió Cali Tzay. “Después de reunirme con varias líderesas y organizaciones de mujeres indígenas, me siento esperanzado por el futuro de Costa Rica dada la claridad de las propuestas aportadas que ayudarían a construir un verdadero estado pluricultural”. El Relator Especial concluyó su visita pidiendo al Estado costarricense que priorice la agenda de las mujeres, atendiendo sus necesidades y favoreciendo su participación política.

Cali Tzay se congratuló del compromiso expresado por el Gobierno de iniciar en los próximos meses el proceso de compensación por el saneamiento de las tierras y territorios indígenas.

Durante su visita, el experto de la ONU se reunió con unos 400 indígenas en San José y en los territorios indígenas, con 70 representantes de organizaciones indígenas y con organizaciones de la sociedad civil. También se reunió con más de 20 autoridades institucionales del Estado, incluyendo representantes de alto nivel de la Presidencia de la República y varios ministerios, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial, incluyendo una reunión bilateral con el Fiscal General en funciones y su equipo.

El informe final de la visita a Costa Rica se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.

Fuente: http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/