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Etiqueta: autonomía indígena

Recuperamos nuestra Tierra y trabajamos por la seguridad alimentaria

Jorge Sibas Vega
Familia recuperadora en Crun Shurin
15 de mayo 2021.

Lo mejor que pasa en las tierras que los pueblos originarios estamos recuperando es la producción de alimentos.

Los suelos y toda la Tierra están reviviendo con la agricultura y también regresaron ya muchos de los animales silvestres que la talas, los monocultivos y el ganado habían espantado.

Todo eso va a ser mejor ahora porque muchas familias, mujeres y hombres, empezamos hace un par de semanas un trabajo junto con el INA para poner en práctica la agricultura orgánica. Estamos sembrando y cuidando la Tierra. Aprendiendo a producir insecticidas, abonos, a usar micro organismos y todo lo que conlleva la agricultura orgánica. Hoy le estamos devolviendo a nuestra Madre Tierra algo de lo mucho que nos ha dado. Queremos compartirles nuestra alegría y nuestros cultivos. Decirles que estamos seguros de que los alimentos que llevamos a las mesas de nuestras familias son limpios y son el resultado de nuestro trabajo ahora que estamos retornando a nuestra propia Tierra.

Esta nueva vida queremos compartirla con todas las personas amigas, conocidas, familias de nuestra zona y de todo el país. Con la gente que pasa por la interamericana y con quienes lleguen a nuestro territorio. Queremos intercambiar alimentos orgánicos, nuestro trabajo y queremos que la gente venga a conocer todo lo que estamos haciendo en las recuperaciones. No somos “indios vagos”. Somos gente trabajando y queremos que nos dejen hacerlo, que nos respeten y dejen de amenazarnos.

Gracias de verdad a toda la gente que nos han apoyado siempre en las recuperaciones de los pueblos originarios.

Recuperamos nuestras tierras porque son nuestras, para dar seguridad alimentaria a nuestras familias y a más personas y para fortalecer nuestro vínculo con la Madre Tierra.

Pedimos a nuestros Ancestros y a todos los animales del bosque que también los protejan a ustedes, que el abuelo sol caliente sus almas y sepan que ustedes también son parte de este gran proceso de saneamiento de nuestras tierras.

Hasta que muera el Sol.

Curas, “indios” y usurpadores

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo

El pasado 4 de mayo 2 curas hablaron en ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón con el fin de apoyar que la Municipalidad medie “ante el Gobierno para que el actual conflicto, desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá, encuentre cuanto antes una justa solución”. Ya aquí tenemos la primera imprecisión insalvable basada en la ignorancia técnica injustificada, pues ése no es el origen del conflicto. Ese desliz se le podría justificar a un finlandés que llegó antier al país, pero nunca a alguien que se autodenomina “pastor”, y dice que por años su actitud ha sido “de total respeto y afecto por los varios grupos étnicos que habitan estas tierras”, según responden los clérigos a los y las recuperadores de Kelpego, Kono Ju, Sekero Kaska, Saka Duwe Senaglö y Yuwi Senaglö, mediante comunicado a la Coordinadora de lucha sur-sur.

Si la iglesia pretende, con honestidad, seriedad e imparcialidad, “que las autoridades tomen las decisiones correspondientes en el marco de la ley”, lo primero que deben hacer es conocer, apegarse y exigir que se cumplan las leyes. Antes de haber ido a la Municipalidad, debieron repasar la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de trabajo/OIT, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, las numerosas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, los informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, la documentación de La Defensoría de los Habitantes, y cientos de documentos que dan cuenta de que “salvaguardar la justicia para todos los diferentes actores que este conflicto implica”, demanda reconocer, en primer lugar, los derechos de los pueblos originarios. Cuando los clérigos dicen que el conflicto fue “desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá”, están dando muestra de total ligereza e ignorancia, y si así pretenden aportar a la “búsqueda del diálogo entre todos y en favor de la justicia y la paz”, parece más bien que siguen los pasos de Lorenzo A. de Granda y Balbín, cuando dictaba sentencia de muerte por descuartizamiento y decapitación contra el Blu Presberu.

La historia de avasallamiento, desplazamientos y extermino de los pueblos indígenas originarios no se puede comprender sin y por la iglesia católica. No es extraño ni nuevo que la iglesia se alíe con quienes violentan los derechos de los más oprimidos, en este caso de la gente indígena, aunque su discurso vaya en otra dirección. Desgraciadamente esta posición clerical de emprenderla contra los pueblos originarios data de siglos, y por eso vale la pena desempolvar algunos legajos. El español Rodrigo Borja cuyo apellido cambió por Borgia para ser nombrado papa con el nombre Alejandro VI, “tuvo el cinismo de dividir a “América” y sus pueblos, que no le pertenecían, entre España y Portugal”. Ya como papa, Alejandro VI, “uno de los más corruptos en un tiempo de terrible corrupción”, escribió para los conquistadores varias bulas en las que decretaba que “como él era el dueño de todo el universo, como representante de Dios, se las daba a los españoles y portugueses” las riquezas, las tierras y sus habitantes que fueron convertidos en esclavos cristianizados o evangelizados (ver José de Souza Silva).

Los curas también pudieron haber leído, además de leyes y jurisprudencia, otros textos para comprender cómo es que se construyó históricamente, y sigue vigente, el despojo de los pueblos originarios. Así, sabrían (¡¡de repente lo saben!!) que en México la población (indígena) descendió de 21 millones en 1.500 a 1 millón en 1.600. En Perú de 6 millones a 1 entre 1.532 y 1.628. Que Latinoamérica en 1.492 estaba poblada por 70 millones de personas y en 1.620 el 95% había sido asesinada o muerto en los campos de cultivos, según narra Fernando Báez en “El saqueo cultural de América Latina” (2008); y hubiesen revisado los señores curas el clásico “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano.

La iglesia es, como bien sabemos, una institución con peso descomunal en la conformación de la visón de mundo o imaginario social, de la moral y de las prácticas que en teoría rigen la vida de al menos 1.300 millones de personas en el mundo (17 de cada 100/“cristianos” en total rondan el 33%). “Como maestra en la articulación entre saber y poder, la Iglesia (católica) participó de la colonización de varias formas, incluyendo su injusta contribución a la creación de la cultura del miedo que facilitó la dominación local: miedo del pecado, del infierno, del primitivismo, del salvajismo, de Dios y de sí mismos, institucionalizando formas de ser, sentir, pensar y hacer adaptadas a la conveniencia de los dominadores”, dice De Souza Silva. Quienes terminaron creyendo a fuerza de látigo, cadenas, torturas y esclavitud y quienes por aprendizaje forzado y hasta por voluntad respetan la iglesia y su planilla hasta el día de hoy, incluida mucha gente indígena, merecen que los que les representan hablen desde la justicia, las leyes y el respeto, pero sobre todo desde la responsabilidad y la ética.

Por las razones que sea, la negación de la historia, pasada y actual, no se justifica. Menos cuando proviene de voces, como la de los curas, que para mucha gente es infalible. ¿Cómo pretender que la población de Costa Rica respete la vida, los territorios y las culturas indígenas, si escucha discursos supuestamente neutrales, basados en la ignorancia y el irrespeto? En esa lidia los curas no están solos. Recordemos al expresidente Calderón Fournier (1990-1994) cuando dijo que “en nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” /[1].

La iglesia católica debería revisar el legado maravilloso de Helder Pessoa Câmera y los aportes inigualables para la justicia de Pedro Casaldáliga y Frey Betto. Debería buscar y hacer propios los diarios de Oscar Arnulfo Romero. ¿O acaso nadie lo recuerda al menos cada 24 de marzo, y lo olvidaron como lo olvidó Karol Wojtyla cuando supo que lo iban a asesinar y ni se inmutó? Deberían los curas volver la mirada a Leonardo Boff para poder hablar de justicia, de fusión entre pueblos indígenas y su común-unión con la Tierra que en Costa Rica y muchísimos otros países la mayoría de indígenas cuidan y defienden.

Los pueblos no necesitan una versión megalómana y manipuladora de “pastores” para que los “guarden”, “guíen” o “apacienten como el ganado, especialmente el de ovejas” (definición de la RAE). Los pastores son innecesarios cuando los pueblos son más independientes y libres. En todo caso la autoproclamación como “pastor” no es lo peor, si no el uso de una figura de poder social, como la de cura, para colocarse ante la tragedia de siglos que han vivido los pueblos originarios y que, evidentemente, los curas que hablaron desconocen u ocultan.

Muchas veces, a pesar de su nefasta historia en contra de la humanidad, y los pueblos originarios de América Latina en particular, buena parte de la iglesia católica se ha identificado con las causas de la justicia, como ocurre con la teología de la liberación, a la que la misma cúpula vaticana ha condenado y descalificado. Millones de seguidores del catolicismo son gente comprometida con la defensa de los derechos humanos de todo tipo, y en nada responsable de los ligámenes del alto clero con los círculos de poder. Ejemplos abundan pero recuérdese nada más el Tratado de Letrán de 1929 entre el Vaticano, bajo el mando de Pío XI, y el Gobierno fascista de Benitto Mussolini, o las relaciones entre la dictadura argentina y la iglesia de ese país (1973-1983).

En el caso de Pérez Zeledón, los prelados exhumaron ignorancia técnica y un peligroso acercamiento a quienes realmente provocan el conflicto. Las tierras adjudicadas por ley a los pueblos originarios están en injusta disputa por el hecho de que los Gobiernos nunca han reconocido esos derechos; y a eso se suman las usurpaciones de no indígenas. Pedir justicia “justicia para todos los diferentes actores” es un simplismo sólo posible si se niegan los derechos de los indígenas. China Kichá es tan sólo una cruenta manifestación del conflicto. Quienes legalmente son usurpadores, es porque pretenden derechos sobre tierras que ellos mismos, las instituciones nacionales y el Estado, ya debieran reconocer como tierras indígenas y con eso terminar el conflicto. Así se evitarían más confrontación y ausencia de convivencia pacífica, más muertes que las de Sergio y Jerhy y más divisiones entre la gente indígena y entre ésta y la no indígena que los curas más bien fomentan con sus manifestaciones.

Y a modo de coda, ya que hemos escrito sobre leer para conocer y comprender, los 2 abates que hablaron pueden leer un maravilloso poema de Mario Benedetti (¡es un poeta uruguayo por aquello!) que se llama “Si dios fuera mujer”.

[1]Diario ABC (España), 23 de julio de 1992, p. 41. Citado en: UCR. Concejo institucional. (2017). Comisión Especial de Salitre. INFORME FINAL).

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 5

El artículo 3 de la Ley Indígena establece que personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de sus reservas.

Esta es la quinta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Denuncian acoso a familia indígena en Salitre

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: USURPADORES CONTINUAN HOSTIGANDO Y AGREDIENDO AL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE

Usurpadores se apersonaron a una diligencia judicial en la finca que usurpan a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Alrededor de las 9 a.m. se escucharon tres detonaciones de un arma de fuego durante la diligencia.

Martes 11 de mayo del 2021. La comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre asistió a una diligencia judicial de reconocimiento del terreno que es usurpado a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Este reconocimiento judicial es realizado para que 2 hectáreas de la propiedad sean destinadas a la construcción de un colegio para la comunidad de Di Sié. El terreno se encuentra al oeste de la Escuela de la comunidad de Di Sié (Río Azul).

A este reconocimiento también se hicieron presentes los usurpadores. Alrededor de las 9 a.m. detonaron en tres ocasiones un arma de fuego y hostigaron a la comunidad durante todo el reconocimiento judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública a pesar de que el usurpador cuenta con orden de alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia.

Ambos sujetos, son ampliamente reconocidos por las agresiones contra los y las recuperadoras de Di Sié. El 9 de febrero del 2020, uno de ellos disparó a Minor Delgado Ortiz, del clan Tubolwak, en una de sus piernas. Fue puesto en libertad a días del siniestro y el 14 de marzo del 2020 Minor recibió información de fuentes confiables sobre amenazas de muerte en su contra y su familia por parte de los usurpadores.

A lo largo del 2020, desde el Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) hemos denunciado constantemente el hostigamiento y la participación en reiterados actos de violencia por parte de estas persomas. Estos sujetos son una amenaza para la vida e integridad física de Minor, su familia y la comunidad de Di Sié en general.

Una vez más presenciamos la negligencia, complicidad e imparcialidad por parte del Poder Judicial en contra de los Pueblos Originarios.

Exigimos a la inspección judicial, a la Corte plena y a la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial una explicación del porqué a pesar de las múltiples denuncias contra estos sujetos no se les aplican medidas preventivas y restrictivas que garanticen la tranquilidad, la integridad, la vida y la paz para Minor, su familia y la comunidad de Di Sié.

Cualquier agresión en contra de la comunidad de Di Sié es responsabilidad del Estado, por omisión y acción al no ejecutar acciones reales que garanticen la integridad física y vida de la comunidad. Alertamos, que al ser las 10:30 a.m. no se ha hecho presente la Fuerza Pública, según el Teniente José Ríos no es posible debido a los bloqueos que sostienen distintas organizaciones en la Zona Sur contra las políticas implementadas por el Ejecutivo en la atención de la pandemia del Covid-19.

Insistimos que la paz en los Territorios Indígenas es posible únicamente si los usurpadores son expulsados y la tierra-territorio regrese a manos de sus poseedores legítimos.

Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)

Publicación en Facebook:

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 3

El artículo 4 de la Ley Nº 6172, Ley Indígena, posibilita que los pueblos indígenas se organicen en sus estructuras comunitarias tradicionales. Es decir, la ley de Costa Rica posibilita desde finales de la década de los setenta del siglo XX, que las comunidades indígenas sigan un sistema de organización propio.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 2

El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Es por medio de Decretos administrativos con rango de ley, según la Ley Indígena de 1977, que se define la cabida de cada territorio. Se reconocen 8 culturas indígenas: Huetar, Chorotega, Térraba o Teribe, Brunca o Borucas, Ngäbe o Guaymí, Bribri, Cabécar y Maleku o Guatuso.

Esta es la segunda infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 1

Según la ley 6172, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. La última modificación a esta ley se dio el 4 de octubre de 1982.

La ley hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org