En mi calidad de ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ex Decano de la facultad de Medicina, Profesor Emérito: Me dirijo a la comunidad universitaria, a todo el pueblo hondureño y a la comunidad internacional para condenar la violación a la autonomía universitaria que se produjo el día 24 de junio en horas de la tarde, cuando incursionaron tropas de la Policía Militar, entraron violentamente a la ciudad universitaria y el acto de terror se convirtió en una cacería humana, resultando 8 heridos, 2 de ellos en extrema gravedad.
A partir de la llegada de 300 marines de Estados Unidos de América, en los momentos de las grandes protestas insurreccionales del pueblo, el gobierno se ha sentido más fuerte y por lo tanto se ha tornado más represivo.
El 26 de junio se conmemora el Día Internacional contra la Tortura. Sin embargo, a raíz de la llegada de los marines cuya misión es “humanista» se ha incrementado la criminalización de la protesta, la tortura y el asesinato de niños y jóvenes.
El Rector actual de la universidad, el Dr. Francisco Herrera envió un mensaje:
“Condenamos enérgicamente las acciones irresponsables realizadas por la Policía militar al ingresar al campus y haber disparado contra nuestros estudiantes universitarios.”
En este momento que existe una violación profunda a los derechos humanos del Alma Mater que son sus estudiantes, es fundamental, que tanto los claustros de los profesores, el Consejo Universitario y el Claustro pleno de la universidad manifiesten su condena ante este acto de barbarie contra la vida y la autonomía de la universidad. Para estos organismos existen tres posiciones, la primera es guardar silencio que es complicidad con el crimen de lesa humanidad; segunda es protestar y defender la vida y la dignidad del Alma Mater. La tercera apoyar la violación de los derechos humanos por la Policía Militar. No existen posiciones neutras. Es urgente desmilitarizar la universidad y las instituciones del Estado.
Respetuosamente solicito a todos los hondureños y hondureñas que se encuentran en diferentes países del mundo, para que organicen comités de solidaridad y defensa de los derechos humanos y ambiente en Honduras, porque no solamente se está afectando el Alma Mater sino la vida y la seguridad de todos los hondureños, por lo tanto, debemos protestar contra la ocupación militar y el coloniaje de Estados Unidos en Honduras.
Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias del pueblo de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, África, Australia y América Latina, porque en cada uno de estos pueblos existen seres que tienen una gran dedicación a la defensa de los derechos humanos y del ambiente que es profundamente violado y destruido por las empresas transnacionales y por la guerra total que ha desatado las fuerzas militares de Estados Unidos que defienden un gobierno militar policial y represivo que tiene encarcelada y enmascarada esta democracia que es una ficción donde la fuerza brutal es la ley y el verdadero derecho ha dejado de ser la fuerza.
Un abrazo solidario a la juventud heroica de Honduras.
¡Alta es la noche y Morazán vigila al Comando Sur y a la conciencia subalterna de las Fuerzas Armadas de Honduras!
Tegucigalpa 24 de junio de 2019
Juan Almendarez Bonilla
Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
*Foto tomada de https://www.univision.com. Crédito: Gustavo Amador/EFE.
Compartido en redes digitales.
Sea parte de SURCOS:
Existe un debate sobre el concepto de autonomía universitaria, sus implicaciones y alcances. Desde la Universidad de Costa Rica se desea aportar elementos a dicho debate.
La autonomía universitaria fue enunciada, a principios del siglo XIX, por Guillermo de Humboldt, cuando, junto con otras personas, fundó la Universidad de Berlín. Decía este erudito alemán que la sociedad se beneficiaría más de la universidad si ella fuera libre y pudiera desempeñarse sin la injerencia del Estado, de la religión o la política, ya que el desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural requieren de condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas.
En América Latina, estas ideas de Humboldt cobraron vida gracias a la llamada Reforma de Córdoba de 1918. En nuestro país se estableció en el artículo 84 de la Constitución Política de 1949, la cual rige hasta nuestros días.
La autonomía da independencia a las universidades públicas en el desempeño de sus funciones y plena capacidad legal. Garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna.
La autonomía se creó históricamente en la mayoría de universidades públicas de América, y del mundo, para democratizar la educación superior pública y para acercarla a las necesidades de la sociedad, a la vez que procuraba alejarla de los intereses de sectores económicos o políticos influyentes. Ese fue uno de los principales reclamos del movimiento que lideró la Reforma de Córdoba.
Concepto de autonomía
En nuestro país, como en muchos otros, las resoluciones de la Sala Constitucional marcan pauta sobre los alcances de la autonomía universitaria.
La sentencia de la Sala Constitucional No. 1993-01313, del 26 de marzo de 1993, en el apartado “Significación del concepto de autonomía”, es clara al manifestar que “las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico”.
Las universidades públicas han sido dotadas de facultades y poderes administrativos para llevar adelante el fin que se les ha encomendado, sin injerencias externas. Pueden establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal. Todas estas las modalidades: administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía, se han considerado como indispensables para asegurar la democracia de las universidades en el importante servicio que brindan a toda la sociedad.
La Sala Constitucional también manifestó que lo que se plasmó en la Constitución Política es que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra su cometido.
Según explica el Lic. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, la autonomía universitaria no se reduce al simple ejercicio de las funciones académicas, ni tampoco a las actividades de naturaleza puramente administrativa. Es mucho más amplia. Incluye las potestades de organizarse, de gobernarse y de celebrar contratos. Todos estos ámbitos, potestades y derechos corresponden exclusivamente a las universidades estatales, tal como lo garantiza la Constitución, de forma tal que en sus competencias y gestiones no pueden intervenir entes u órganos externos.
Por su parte, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, ha señalado que la autonomía universitaria no significa que las universidades estatales sean «repúblicas independientes», ni un estado dentro de otro estado. La autonomía no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico; al contrario, es una forma de vínculo socialmente responsable y comprometido con el bien común de toda la sociedad.
El rector Jensen, así como otras y otros rectores de la UCR, han manifestado que el ejercicio de la autonomía debe estar acompañado de una comunicación directa con la sociedad para que las universidades respondan a sus necesidades, para lo cual la independencia resulta una condición indispensable. Solo desde su autonomía la Universidad puede contribuir adecuadamente al bienestar ciudadano, la equidad y la justicia social.
Rendición de cuentas permanente
En materia presupuestaria y cumpliendo con los principios de transparencia y rendición de cuentas el presupuesto de la UCR, tras ser fiscalizado por instancias internas, es aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), y cada seis meses se presenta un informe de ejecución presupuestaria ante el ente contralor.
La UCR también contrata anualmente una auditoría externa que realiza un análisis de la situación financiera de la Universidad, que es presentada ante la CGR. Además la Contraloría realiza periódicamente auditorías a la institución. Es decir, no es cierto que la Universidad esté exenta de controles internos y externos.
Así mismo, la UCR cuenta con el sitio web de transparencia (www.ucr.ac.cr/transparencia), donde se encuentra toda la información actualizada de la normativa, presupuestos, escalas salariales y mucha otra información que es de acceso público.
La autonomía y la Reforma de Córdoba de 1918
La Reforma de Córdoba, fue impulsada por un fuerte movimiento estudiantil y social en 1918, en la provincia argentina de Córdoba, que promovió la democracia interna de las universidades, frente al dominio que tenía la oligarquía y los resabios del colonialismo español. Se exigía contar con universidades públicas que respondieran a la sociedad en su totalidad y que no privilegiaran los intereses de determinados grupos o sectores.
La Reforma se centró en la organización de un gobierno propio en las universidades, que pudiera garantizar la democratización en la toma de decisiones en todos los niveles.
Los jóvenes exigieron una educación laica, la libertad de cátedra y la participación del movimiento estudiantil en el rumbo de las universidades.
Además, lucharon por el derecho a la autonomía universitaria como principio rector del autogobierno en los aspectos académicos, docentes, la investigación científica de avanzada y control de las finanzas institucionales.
El concepto de autonomía viene de una lucha social generada por la Reforma de Córdoba, cuyos principios fueron incorporados en la educación superior pública de casi todo el continente y que han sido referentes en procesos de discusión sin precedentes en todo el mundo.
La autonomía universitaria no significa evadir la rendición de cuentas a los entes gubernamentales correspondientes o la creación de territorios soberanos.
Las universidades deben tener un ejercicio trasparente de sus funciones. Para ello poseen instancias internas que participan en la toma de decisiones, así como procesos internos de control y de rendición de cuentas, ese quizás es el principal aporte de la Reforma de Córdoba que sigue aún vigente, luego de cien años de historia.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Andrea Alvarado Vargas
Directora, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Este martes 22 de enero, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudiará y analizará la administración del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) comenzó a sesionar.
En esta primera reunión, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán el primer y tercer lunes de cada mes, después del Plenario, y se convocará a sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
Asimismo, se aprobó llamar a audiencia a Marta Eugenia Acosta, contralora general de la República, a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y a Edgar Mora, ministro de Educación, para que se refieran a aspectos relacionados con el FEES, su distribución, su administración y a otras formas en que las universidades se financian.
Igualmente, se llamará a Fernando Castillo, presidente a. i. de la Sala Constitucional para que hable sobre la autonomía universitaria y sus alcances.
Para dar insumos para el análisis y comprensión del funcionamiento de las universidades estatales, aportes de la educación superior pública y sobre la administración del FEES, se llamará a audiencia a los rectores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. De igual manera, se citará a las Federaciones de Estudiantes y a los vicerrectores o vicerrectoras de Acción Social e Investigación de las cinco universidades y al Programa Estado de la Nación.
Por otra parte, la propuesta presentada por Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, que pretendía contar con la presencia de un representante de cada una de las universidades para que pudiera servir como asesor técnico ante cualquier consulta de la comisión, se rechazó.
El diputado del Partido Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien preside la comisión, manifestó que la discusión debe realizarse con base en datos serios y tomando en cuenta la institucionalidad y la transparencia de la información y que bajo ninguna circunstancia se pretende una discusión ideológica.
Esta comisión trabajará bajo el expediente N.°21052 y está compuesta por Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y Erick Rodríguez, diputado independiente.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La Secretaria General de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) hizo un llamado a los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y manifestó su apoyo a las gestiones de las universidades públicas para obtener presupuestos justos.
Según el comunicado del CSUCA, los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia.
Además señalaron que las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región de reducir las asignaciones presupuestarias para la educación en general y para la educación superior en particular, ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.
Igualmente se resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.
Asimismo, que construya la identidad regional; genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y así contribuir con la creación de conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.
El documento señala que la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
Andrea Marín Castro,
ODI; UCR
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Suscríbase a SURCOS Digital:
El Consejo Universitario acordó solicitar a la Asamblea Legislativa que no se apruebe en segundo debate el Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dados los vicios de inconstitucionalidad que se encontraron en el texto.
El acuerdo explica que se pretende reformar al artículo 78 de la Constitución Política al incorporar a su contenido instituciones estatales ajenas a las que el espíritu de la norma intentaba resguardar, además de una modificación tácita en relación al concepto de autonomía universitaria.
Igualmente, reiteró que este proyecto tendrá implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública.
Según el órgano colegiado, el texto aprobado en primer debate, contiene, al igual que las versiones anteriores, normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.
El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente. Finalmente, elimina recursos económicos y grava actividades que resultan fundamentales para financiar parte de los procesos de regionalización, desarrollo institucional, así como acciones de alcance nacional, relacionadas con la investigación, monitoreo y supervisión, como, por ejemplo, de la red vial, las condiciones meteorológicas o sismológicas del país.
En caso que exista un texto sustitutivo, el Consejo Universitario solicitó que se considere modificar aquellos artículos inconstitucionales y que debilitan las finanzas universitarias. Entre ellos, eliminar el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así como abogar por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Señaló además que aunque la Rectoría ha alcanzado acuerdos importantes con las autoridades de gobierno y algunas fracciones legislativas en cuanto al financiamiento, se hace necesario que la voluntad política quede plasmada directamente en el texto de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Este acuerdo se tomó el 16 de octubre en sesión ordinaria, como respuesta a la solicitud del criterio institucional sobre el texto actualizado del Proyecto de Ley fortalecimiento a las finanzas públicas, que solicitó la misma Asamblea Legislativa.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Suscríbase a SURCOS Digital:
Universidad Nacional Costa Rica
Viernes, 14 de septiembre de 2018
Las universidades públicas costarricenses, adscritas al Consejo Nacional de Rectores (Conare) declararon que el 2018 como el “Año de las Universidades pública por la autonomía, la regionacionalización y los derechos humanos”, reafirmando la profunda vocación humanista y la contribución al desarrollo nacional y regional que caracterizan a la educación superior pública.
La Universidad Nacional, como institución pública y autónoma, denuncia, rechaza y censura el atropello a estudiantes universitario por parte de policías de la Fuerza Pública, quienes en una acción desproporcionada de fuerza, violentaron no solo la integridad física y humana de estudiantes, sino también de valores y principios de la convivencia social e institucional de un estado democrático.
Esta casa de estudios reiteradamente se ha pronunciado en contra de actos de violencia que atropellan los derechos de las personas y los pueblos, acontecidos tanto a nivel nacional como internacional. Sobre todo preocupa, cuando la violencia emana desde el estado o sus agentes, quebrantando el principio de protección de las personas, las leyes, las tradiciones políticas institucionales, la cultura general de un país y su gente.
La intromisión de las fuerzas policiales en el Campus Universitario Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, particularmente en el espacio de la plaza de la Libertad de Expresión, significa una ruptura inaceptable del respecto que los Estados democráticos tienen hacia las universidades libres del mundo y muy específicamente a las universidades públicas costarricenses.
La inaceptable y evidente transgresión de una tradición de respeto a las universidades y sus campus, que todos los gobiernos de la historia moderna de Costa Rica han asumido, preocupa en extremo; máxime al ser evidente el abuso de la fuerza en contra de estudiantes y comunicadores.
La Universidad Nacional concibe que el deber de un gobierno es asumir celosamente el resguardo de la autonomía universitaria, ya que este es el principio que garantiza el libre ejercicio en la formación de profesionales, la investigación, la creación artística, el rescate de la cultura y el trabajo en conjunto entre las Universidades Públicas y las comunidades; por lo que la vitalidad de la autonomía en las universidades, contribuye a fortalecer la democracia en el país.
El permitir que las universidades públicas sean atropelladas en sus derechos, abre la posibilidad para que en otros ámbitos de las comunidades y ciudadanía también se afecten sus libertades. Por lo que, la Universidad Nacional plantea que el respeto a la libertad de expresión y pensamiento es esencial para la convivencia humana, por lo que el gobierno debe ser consciente de que un acto como el que se produjo en la Universidad de Costa Rica podría poner en duda la libertad de discrepar y manifestarse.
En este contexto, se insta al Gobierno de la República a tomar las decisiones y acciones necesarias para que la Fuerza Pública no incurra en acciones similares, contrarias a la tradición institucional y a la cultura de paz, que podrían acrecentar la situación crítica que vive la sociedad costarricense.
La Universidad Nacional hace un llamado, tanto al Estado costarricense para resguardar el derecho de la ciudadanía a disentir; así como a las agrupaciones y manifestantes para que asuman una actitud pacífica en sus luchas y las cuales sean concordantes con las mejores tradiciones democráticas del país.
Finalmente, instamos al Gobierno y a las dirigencias del movimiento de oposición a la Ley “Fortalecimiento de Finanzas Públicas” expediente 20.580, a deponer los requisitos que impiden a sentarse a dialogar. Se exhorta a las partes a asumir una actitud de convergencia e inclusión en la diversidad de intereses que gravitan en la sociedad costarricense actual. La Universidad Nacional y las demás universidades públicas del país se han comprometido a acompañar este esfuerzo de diálogo según lo consideren las partes en conflicto.
Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, en sesión extraordinaria según el artículo I, inciso único, de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de setiembre de 2018, acta No 3756-495.
M.Sc. José Carlos Chinchilla Coto
Presidente del Consejo Universitario
Cédula 1-0537-0508
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Suscríbase a SURCOS Digital:
En un comunicado recibido por SURCOS, el rector de la Universidad Nacional, doctor Alberto Salom Echeverría, llama a una marcha pacífica ante la violación del espacio de la Universidad de Costa Rica por parte de la policía.
Compartimos el comunicado.
Información enviada a SURCOS por el docente de la UNA Alberto Rojas.
El doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, convocó a toda la comunidad universitaria a marchar hacia la Casa Presidencial este jueves 13 de setiembre, esto, para defender la autonomía universitaria luego del ingreso de la policía al Campus Rodrigo Facio a detener estudiantes.
Jensen Pennington dijo en una grabación para Radio Universidad: «Pido a toda la comunidad universitaria que me acompañen este jueves 13 a Casa Presidencial cuando estaré solicitando una audiencia con el señor Presidente».
La cita para la comunidad universitaria se fijó para las 8 am en el espacio conocido como «el pretil».
Una narración difundida en redes digitales contó lo siguiente:
«El dia de hoy un grupo de estudiantes realizó una manifestación frente al Oullet Mall en San Pedro, se manifestaron contra el combo fiscal. Luego de media hora de manifestación llegaron más de 10 patrullas y una gran cantidad de policías de la fuerza pública. Lxs estudiantes decidieron marchar hacia la UCR y los policías acorralaron a lxs estudiantes y les persiguieron. Cuando llegaron a la U lxs estudiantes de se metieron al edificio de arquitectura para resguardarse y la fuerza pública entró a la UCR quebraron una puerta de vidrio e hirieron a un estudiante en la cabeza. La manifestación era pacífica, la fuerza pública comenzó a atacar y arrestó a varixs estudiantes».
Según las denuncias en redes digitales, la policía golpeó estudiantes y a un periodista del Semanario Universidad. Los policías ingresaron corriendo hasta la Escuela de Arquitectura. En la imagen se observa un momento captado en un video cuando un vehículo policial para detenciones llega a la UCR.