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Etiqueta: autoridades

Condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

SURCOS comparte la siguiente información:

Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

  • En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra  la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.

Para contacto de medios:

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado.

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca,  Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Members of the press hold images of colleagues during a protest against the murder or disappearance of more than 140 journalists and photojournalists in Mexico since 2000, in front of the National Palace in Mexico City on June 1, 2018. – Racked by violent crime linked to the multibillion-dollar narcotics trade, Mexico posted a record number of homicides last year: 25,339. That included at least 11 murdered journalists, making the country the deadliest in the world for the profession after Syria, according to Reporters Without Borders. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP). Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.

 

Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.

Gobierno contra campesinos

La mañana del 20 de enero, 43 familias fueron desalojadas por las autoridades policiales en Las Orquídeas, Puerto Viejo, Sarapiquí. Estas tienen alrededor de 2 años cultivando plátano, yuca, malanga, palos frutales y pese a eso, les botaron los ranchos, lugar en el que estas personas habitaban. Las personas afectadas indicaron que el INDER, institución que debe velar por el desarrollo rural, desaloja a sus familias y les envía a la miseria.

A continuación puede dar click aquí para ver un video compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.

Relevo de autoridades del ACLAC

El ecologista Marco Levy nos comparte un comunicado referente al relevo de las actuales autoridades del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

 

Don Édgar Gutiérrez, el Director Ejecutivo del SINAC, don Walter Zavala y la mayoría de ustedes, son hombres y mujeres de ciencia que deberían enfocar todos sus esfuerzos en un relevo de las actuales autoridades del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). Es ahí donde está el problema. No es lógico que se siga en este inconducente intercambio de notas, lo cual constituye una monumental pérdida de tiempo, pese a las buenas intenciones expresadas por todos.

Es materialmente imposible esperar cambios contando con las mismas personas; no se trata sólo del REGAMA, estamos hablando de un caos general en el ACLAC, Centros de rescate que son en realidad “lugares de secuestro”, en los cuales se domestican las especies; permisos para el desove a organizaciones foráneas que no dejan nada a cambio a las poblaciones locales y que por el contrario, obtienen miles de dólares de supuestos voluntarios; desarticulación de los COVIRENAs y de la Comisión interinstitucional de Cuencas de los Ríos Banano, Bananito y Estrella, con lo cual se han favorecido desaciertos monumentales como el Tajo Asunción.

Cómo podríamos cambiar las cosas si en los puestos de poder intermedio siguen los mismos funcionarios, ¿o es que acaso no han comprendido que no estamos ante hechos circunstanciales, sino ante verdaderos depredadores que carecen de inhibiciones?

Los ejemplos están a la vista: ya trataron de sacar a Doña Carol y Pilliphe de la zona. Entonces, la pregunta respetuosa que les planteo es: ¿están esperando un ataque a la integridad física de algunos de nosotros para presionar con la adecuada vehemencia?

 

Enviado por Marco Levy.

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Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica

Nicolas Boeglin (*)

 

Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:

«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.

En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».

(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.

La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:

«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».

A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica2
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.

— Notas —

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS por Nicolas Boeglin.

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Diputados reconocieron aportes de la UCR al país

En ceremonia de homenaje por el 75 aniversario

 

Pablo Mora Vargas, Periodista de Rectoría

Lidiette Guerrero Portilla, Periodista Oficina de Divulgación e Información

Asuntos salariales no deberían analizarse en el Consejo Universitario
En el Salón de Expresidentes de la República se rindió un homenaje a la Universidad de Costa Rica en la celebración de sus 75 años de vida académica y de contribución a la sociedad costarricense (foto: Laura Rodríguez).

Las grandes y diversas contribuciones que ha hecho la Universidad de Costa Rica (UCR) a lo largo de 75 años de historia institucional fueron reconocidas por los jefes de fracción de los partidos Alianza Demócrata Cristiana (PADC), Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) en un acto de homenaje a esta Benemérita Institución de la Educación y la Cultura.

La actividad se efectuó la tarde del 26 de agosto, en la Sala de Expresidentes de la República, en la Asamblea Legislativa, en donde el Dr. Henning Jensen Pennington expresó en nombre de la institución, la gratitud hacia los legisladores que con su voto hicieron posible la creación de esta gran institución costarricense, un 26 de agosto de 1940.

“De esta manera la Universidad de Costa Rica quiere rendir un tributo y queremos expresar con inmensa gratitud la decisión tomada por la Asamblea Legislativa hace 75 años”, afirmó.

El Rector expresó que en el marco de esta celebración, es propicia la ocasión para celebrar los logros alcanzados, pero siempre con espíritu crítico y autocrítico y la mirada puesta en el horizonte de progreso que paulatinamente se hace visible.

El presidente del directorio legislativo, Rafael Ortiz, en su alocución manifestó que “la UCR es una institución que ha marcado huella y que ha hecho de Costa Rica un país con oportunidades para los hombres y mujeres que han ingresado a esta casa de estudios”. Destacó su labor el campo académico, de la investigación y en la acción social y en especial “esa formación que nos dieron a quienes pudimos formarnos en ella, esa formación humanista y crítica que nos permite colocar en el centro de nuestra acción al individuo, al costarricense, en condiciones de mayor vulnerabilidad”, expresó.

Para el jefe de bancada del PUSC, Johnny Leiva, la UCR ha venido a darle “desarrollo al país, ha contribuido con la formación de miles de costarricenses, de empresarios, de políticos y de una gran cantidad de personas de bien de esta sociedad”. Agregó que hoy celebramos lo que hicieron hace 75 años los antepasados y “debemos preguntarnos qué es lo que quieren que celebren dentro de 75 años, con base en lo que nosotros construyamos hoy, creo que ese es un gran reto que tenemos hoy, cada uno desde nuestras trincheras, en nuestros campos de trabajo”, afirmó

Por su parte, el jefe de bancada del PAC, Marco Vinicio Redondo, hizo un homenaje al contexto histórico de la década de 1940, momento en que se gestó la Universidad de Costa Rica, y expresó que incluso la Guerra Civil de 1948 no impidió que las reformas sociales avanzaran, sino que más bien las reforzó.

Diputados reconocieron aportes de la UCR al país
En nombre de la institución, el Rector Henning Jensen Pennington, expresó su inmensa gratitud a los legisladores que aprobaron la ley de creación de la UCR, hace 75 años (foto: Laura Rodríguez).

“Cualquiera hubiera pensado que esos grandes logros desaparecerían, sin embargo el costarricense llegó a tener esa claridad de pensamiento, que en lugar de hacer caer esos logros, más bien estos se repuntan”, indició. Para su criterio “no importa quién lo haya gestado, lo importante es para que lo gestamos”.

Mario Redondo, diputado del PADC, reconoció que ha sido crítico con el financiamiento de la UCR en momentos en que el Estado pasa por una situación fiscal complicada, aunque también felicitó a la UCR por sus logros académicos, de investigación y acción social, que la han posicionado como una de las mejores de América Latina.

“Algunos somos más estrictos con la UCR y yo me quiero incluir ahí, porque creo que tener un peso tan importante en la historia de este país es una gran responsabilidad, hacia el presente y hacia el futuro, y alrededor de esto un debate nacional que no puede esconderse, que es el debate para el uso óptimo de los recursos limitados de por sí del Estado costarricense”, manifestó.

Además del Rector estuvieron presentes en el homenaje, todos los Vicerrectores de la UCR, otras autoridades universitarias y estudiantes que presiden las asociaciones de diferentes escuelas y facultades de la institución.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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