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Etiqueta: autoritarismo

La rebelión de los cabreados y el neofascismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

El globalismo neoliberal y libertario (liberticida, Rogelio Cedeño QEPD) han enriquecido a un puñado de personas, el 1%, mientras han precarizado a los sectores medios y empobrecido a las mayorías, quienes pagan los platos rotos de sus extravagancias. Ninguna novedad, para quienes consideran que el mundo es de los audaces, y salados los que carecen de esa cualidad; sobrevivan o muéranse.

                Son estos sectores mayoritarios, los cabreados (molestos, enojados, indignados…), quienes en su desesperación se han convertido en la clientela electoral de una “nueva” clase política que les ofrece salir de su condición de marginalidad y precariedad a cambio de su adhesión incondicional. De esta manera, ha sabido aprovechar y capitalizar su enojo, desesperación y resentimiento, utilizando un discurso grandilocuente cimentado en una promesa de futuro próspero en lo económico, socialmente beneficioso y hasta pacífico. Está creando, así, las condiciones para legitimar su autoritarismo antidemocrático -revestido de una falsa democracia-, mostrándose como defensor y garante de derechos económicos y sociales de las mayorías.

                Al respecto, cabe destacar, el señalamiento de Benjamín Tijerina sobre la correlación entre los porcentajes de los electores protestantes, tanto en zonas rurales como urbanas, y a través de todas las capas sociales y generacionales, y los triunfos de Hitler. De ahí, se concluye que el Partido Nacional Socialista no era simplemente un partido de las clases medias radicalizadas, sino un partido popular de la protesta (Tijerina, B. 1998). Efectivamente, en la Alemania de posguerra, primera Mundial, el discurso racista y supremacista de Hitler, así como sus acciones genocidas se vieron favorecidos por las condiciones leoninas y precarias a que fue sometida (Tratado de Versalles). En ese contexto, se supo capitalizar el resentimiento social de las mayorías populares, incluidos por supuesto los protestantes que eran la mayoría religiosa. Un sector de la jerarquía católica y uno minoritario protestante: la Iglesia Confesante, mantuvieron oposición al régimen fascista de Hitler; incluso, uno de sus miembros, el destacado teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue víctima y mártir de la causa antifascista.

                Hay un sustrato religioso popular en el apoyo que recibió Hitler de protestantes y católicos, así como por los rasgos propiamente religiosos que asumió el fascismo. Este fenómeno, con nuevos matices, tiende a replicarse en el neofascismo contemporáneo. Gravita con fuerza el factor religioso en su versión tanto secular como confesional. La economía se convierte en religión neoliberal (de mercado, Franz Hinkelammert) y la religión en economía neoliberal (pseudoteología de la prosperidad). Es el revestimiento religioso de la economía y económico de la religión. Por lo tanto, ahora, religión y política no requieren legitimarse recíprocamente, a la manera del régimen de cristiandad, vía lo ideológico, simbólico y ritual -aunque esta legitimación se continúe dando- sino que, manteniendo su “autonomía”, se ven integradas, haciendo causa común alrededor de un proyecto económico y cultural: el neoliberalismo, que se comporta religiosamente, favoreciendo un neoecumenismo de corte fundamentalista. Este fenómeno explica, en alguna medida, la emergencia de los partidos confesionales evangélicos en alianza, siempre, con aquellos sectores y partidos que impulsan el proyecto neoliberal, pero disputándose un espacio propio para acceder al poder.

                De esta manera, el neofascismo ha encontrado asidero político-electoral en esta nutrida clientela de cabreados sociales, que asumen como ideario las nuevas promesas mesiánicas de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman) de la nueva religión neoliberal. Por lo tanto, no es casual el apoyo, por ejemplo, recibido por Donald Trump en la reciente contienda electoral, tanto por los sectores medios precarizados, también “radicalizados”, y los empobrecidos (contando ahora con un alto porcentaje del voto de afroamericanos y latinos), donde el factor que incidió e inclinó la balanza electoral fue, en buena medida, la promesa de salvación económica. Con un apoyo, desde arriba y desde abajo, avanza peligrosamente, por los derroteros del autoritarismo que induce a nuevos genocidios (hoy, particularmente, de rostro palestino) y ecocidios. El neofascismo neoliberal es intrínsecamente violento; se comporta como un cerco o gueto que está conduciendo al “suicidio colectivo”. A los cabreados se les ofrecerá “pan y circo” (también represión si se portan mal) y, mientras se entretienen, la riqueza seguirá fluyendo hacia arriba.

La prosperidad para todos, al igual que la “paz” que anunciaban los falsos profetas en tiempos de Jeremías, es la gran mentira del neofascismo, que resulta más digerible cuando asume los rasgos de la ficción literaria (la novela como la “mentira bien contada”, con la gran diferencia de que en la literatura esta “mentira” está al servicio de la bondad, la justicia, la belleza…) o se reviste de religiosidad, bajo el carisma de sus agentes (legitimidad carismática, Max Weber) y la fe de unos seguidores, cuyo fanatismo induce al odio y la violencia. El neofascismo se articula, así, desde un discurso de distracción, por lo consolador y lúdico, y socialmente polarizador, por lo confrontativo, apologético y violento.

Un análisis del régimen posfascista de Jair Bolsonaro en Brasil, señala, siguiendo los planteamientos de Antonio Negri, por un lado, que el posfascismo corresponde a una “fase dura” del neoliberalismo, propia de un período donde este se muestra incompetente para generar modelos de equilibrio político, atender las demandas sociales y enfrentar la fuerte resistencia social. Por otro lado, se trata de una transformación autoritaria del Estado para el salvataje del programa neoliberal; un período en el cual se da una “fuerte recuperación de soberanismo”, donde la multitud ocupa el centro de la lucha de clases como protagonista de los procesos históricos; una implosión de esta multitud “en términos de inseguridad económica o ambiental y de miedo al futuro” y de un repliegue sobre la “defensa de la identidad” (Diego Sztulwark https://www.revistaanfibia.com/lula-bolsonaro-neofascismo/)

Sí, estamos ante el avance político de un neofascismo o posfascismo de rasgos decididamente autoritarios y violentos, cimentado, en buena medida, en una religiosidad secular y confesional, que hace causa común alrededor de una promesa de salvación económica (el reino de Dios en este mundo) y de la seguridad que ofrece el retorno de los valores tradicionales para encarar las incertidumbres; desde ahí, utiliza y manipula la desesperación y el desencanto de las mayorías. La rebelión de los cabreados al servicio de sus victimarios.

Sin embargo, ahí donde está su fortaleza también está su talón de Aquiles. Como bien señala Paul Krugman en un reciente artículo, donde el resentimiento está conduciendo al poder a gente mala, este poder no se sostiene a largo plazo, pues cuando despotrican contra las élites la gente comprende que ellos también son elites; asimismo les cobrarán sus promesas incumplidas, y buscarán a quienes procuren decir la verdad. (https://www.nytimes.com/es/2024/12/10/espanol/opinion/elites-multimillonarios-tecnologia-gobierno.html).

                El gran desafío para enfrentar la creciente ola neofascista es continuar develando sus contradicciones, la inconsistencia de su discurso grandilocuente, cínico, demagógico y propiciador del odio y la violencia. “La verdad nos hace libres”.

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Las claves del triunfo chavista: fragmentación democrática y unificación de la derecha

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez, M.Sc.

Las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica dejaron un resultado que, aunque jurídicamente es incuestionable, merece una lectura más profunda. La victoria de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano se alcanzó con cerca del 48.3 % de los votos válidamente emitidos.

Sin embargo, cuando se observa el panorama completo del padrón electoral; 3,731,788 personas inscritas, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones; la realidad es otra: el nuevo gobierno cuenta con el respaldo directo de apenas el 31.9% del total de electores; y sus diputaciones con el 28,8%. Es decir, se trata de una victoria institucional y jurídicamente clara y legítima, de la que no cabe duda alguna; pero con una legitimidad social y política más bien moderada.

Este resultado no puede interpretarse como una adhesión mayoritaria de la sociedad costarricense al proyecto político de extrema derecha que representa el chavismo. Por el contrario, responde fundamentalmente a una estrategia que logró lo que durante años parecía imposible: absorber a prácticamente todo el espectro conservador, fundamentalista religioso y de derecha radical en una sola opción electoral; que atrajo a los sectores sociales históricamente más vulnerables y excluidos.

El Partido Pueblo Soberano absorbió y desplazó a fuerzas que hasta hace poco dominaban el centro derecha y la derecha política: Nueva República, el Partido Liberal Progresista, la Unidad Socialcristiana, Unidos Podemos y otras agrupaciones menores que juntas llegaron apenas al 8.07% de los votos válidos. La dispersión histórica del voto conservador desapareció y se concentró en un proyecto común, permitiendo alcanzar una mayoría relativa contundente entre quienes sí acudieron a las urnas.

Mientras tanto, el bloque democrático, progresista y de centro mostró una profunda fragmentación. Aproximadamente un 43.2 % de los votos válidamente emitidos se dispersó entre el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la coalición Agenda Ciudadana (que obtuvieron 1,080,000 votos) y otras fuerzas menores.

En total un 58.7% de los votos válidos fue para partidos de oposición (1,350,000 votos) mientras que Pueblo Soberano obtuvo el 48.3% (1,190,000 votos). Esta división resultó determinante. En conjunto, estas fuerzas de oposición representaron una porción significativa del electorado, pero al competir separadas facilitaron el triunfo de una derecha cohesionada. La historia electoral es clara: cuando un bloque político se unifica y su adversario se fragmenta, la victoria del primero se vuelve altamente probable, incluso sin contar con mayoría social.

A este escenario se suma un tercer actor cada vez más relevante: el abstencionismo. Cerca del 30 % del padrón electoral decidió no participar. Se trata de una población marcada por la apatía, la desconfianza en la política o la sensación de que ningún proyecto representa realmente sus intereses. Este sector, al margen del proceso democrático, termina siendo funcional a que proyectos políticos que no necesariamente son mayoritarios controlen el poder institucional del país. Esta población proviene principalmente de esos mismos sectores excluidos e históricamente marginados que nutrieron al chavismo en estas elecciones, pero que no pudieron ser enganchados por este, ni tampoco por las fuerzas democráticas.

Otro elemento revelador de estas elecciones es su dimensión territorial. Laura Fernández superó el 50 % de los votos en 44 cantones del país. De ellos, solo uno corresponde a un centro urbano: Alajuela Centro. Los otros 43 son cantones rurales, periféricos y de las regiones históricamente más excluidas: las zonas costeras, la Zona Norte y comunidades alejadas del centro económico del país. A estos se sumaron otros cantones y poblaciones con menor índice de desarrollo y mayores niveles de pobreza y exclusión.

Este patrón no es casual. En muchas democracias contemporáneas, los proyectos de extrema derecha han logrado arraigo precisamente en territorios golpeados por la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado ha llegado menos, el discurso autoritario y el fundamentalismo religioso encuentran terreno fértil.

Las lecciones políticas que deja este proceso son claras.

Primero, el nuevo gobierno no representa a una mayoría social absoluta, sino a un proyecto político que supo concentrar el voto, absorbiendo y unificando a las derechas; lo que fue clave para su triunfo.

Segundo, la fragmentación del campo democrático, de centro y progresista resultó decisiva para la derrota. Así como la ausencia de un proyecto político que resultara atractivo a la población.

Tercero, el abstencionismo sigue siendo un problema estructural de la democracia costarricense.

Cuarto, las regiones excluidas del país se han convertido en el principal escenario de disputa política, con predominio, por el momento, del proyecto de extrema derecha que representa el chavismo.

Todo esto evidencia la necesidad de que las fuerzas democráticas, progresistas y de centro superen la lógica de la división y apuesten por alianzas amplias, acuerdos programáticos y coaliciones que permitan enfrentar con mayor éxito a la extrema derecha en los próximos procesos electorales.

Pero estas alianzas no pueden limitarse a pactos electorales entre dirigencias y partidos. Deben ir acompañadas de la construcción de un proyecto político que atraiga nuevamente a la población, de un discurso y una narrativa que convenzan; y de un trabajo sostenido con los movimientos sociales y populares; en las comunidades, especialmente en los territorios rurales y periféricos que hoy se sienten abandonados. Es allí donde debe reconstruirse la confianza en la democracia, con presencia institucional, políticas sociales reales y propuestas que respondan a las necesidades cotidianas de la población.

Las elecciones municipales del 2028 serán clave para que los partidos democráticos rectifiquen sus estrategias y recuperen en los territorios el terreno perdido y logren consolidar proyectos reales dirigidos al bienestar del mayor número, especialmente en las áreas rurales y periféricas donde hoy la extrema derecha concentra su fuerza.

Las elecciones de 2026 no marcan un giro mayoritario del país hacia la extrema derecha. Revelan, más bien, una combinación peligrosa: una derecha estratégicamente unificada bajo un proyecto político y con una narrativa que convence y atrae a los sectores históricamente excluidos y decepcionados; una oposición democrática fragmentada, sin narrativa y sin proyecto político alternativo; y una ciudadanía distante y apática del proceso político.

El desafío para Costa Rica es enorme. O las fuerzas democráticas logran articular unidad, presencia territorial y un proyecto inclusivo capaz de reconectar con la ciudadanía, o el proyecto autoritario de la extrema derecha se consolidará, ganando poder aún con apoyos sociales minoritarios, pero políticamente bien organizados.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

Defender la democracia: un llamado urgente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Antivoto, conflicto social y salud mental

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Vilma Leandro Zúñiga
Psicóloga

Como si no estuviéramos en tiempos difíciles ya de por sí, encima hay «eruditos» que salen a decir en qué estado de ánimo hay que ir a votar y con qué lógica: que la razón, que la esperanza, que la alegría, que la fiesta electoral, que el miedo, que no hay que votar en contra sino a favor… y un largo etcétera.

Las recomendaciones no tienen nada de malo, pero los juicios e imposiciones morales estilo «cátedra política» no nos lucen mucho en este escenario tan dramáticamente difícil y peligroso.

Que lo ideal sería ir «feliz de la vida» a votar por la opción decidida, pues sí. Pero hace mucho rato dejamos de estar ahí, y, como en otras elecciones lo he dicho, estamos «padeciendo» el voto.

En psicología sabemos que el conflicto es parte inherente a la naturaleza humana. Y que el primer paso para resolverlo es reconocerlo y tratar de descifrar adonde está el núcleo. También sabemos que se da en todas las esferas: a nivel interno, de pareja, familiar, laboral, comunitario y, por supuesto, social/nacional.

Podríamos decir que en este momento nuestro país está atravesando una alta conflictividad social. Si en el 2007, con el TLC y, en el 2018, con las elecciones de los Alvarados estuvimos “como agua para chocolate”, ahora, me temo, sí es cierto que el país se quebró, sobre todo, porque tenemos casi 4 años de estar vivenciando discursos y acciones en las altas esferas políticas que no solo promueven el odio, la división y el irrespeto, sino que además predican con el ejemplo. Y encima, esa ha sido su estrategia imparable de campaña. De manera que era imposible que no llegáramos a esta parte bastante fracturados.

Hay investigaciones de psicología social y política que indican que, en este tipo de escenarios, las personas suelen sentirse mal, con miedo, con mucho enojo, con tristeza, con cansancio emocional, con sobre pensamiento (tener ideas fijas a cada rato que se vienen a la mente) con angustia que deriva en crisis de ansiedad y todo su correlato con síntomas físicos: dolores de cabeza, insomnio, afectaciones estomacales, incluso con episodios de llanto, etc. En general, se puede generar un gran malestar que hace que la gente no ande bien y no pueda funcionar como siempre, ni en el plano emocional, ni en el del pensamiento.

Digo todo esto porque si se han sentido mal en estos días y, especialmente, cuanto más cerca están las elecciones, pues están reaccionando de la forma más natural y esperada, ya que, como ya dije antes, la situación que enfrentamos es tremendamente delicada.

Se trata de definir qué país queremos en una coyuntura donde tenemos la vida amenazada de muchas formas y como nunca antes: desde la violencia en las calles desatada por el narco, hasta las listas de espera interminables de la Caja ( si alguien se enferma grave sabe que le toca un largo viacrucis), pasando por las «geniales» propuestas recientes de suspender las garantías individuales, lo cual es absolutamente grave y ya colocarnos sin tapujos en el camino de cualquier dictadura promedio de la región.

Yo quiero decirles que si ustedes son de las personas que no desean el continuismo y están abrumados, con estado de ánimo cambiante (de tristeza a miedo, de miedo a esperanza, de esperanza a enojo, etc.) ni están «mal de la cabeza», ni tienen problemas psicológicos, ni nada por el estilo. Son ciudadanía responsable, con un alto compromiso cívico, que aman esta patria, conocen y valoran la historia del país sabiendo cuánto pesa en lo que hemos sido como nación.

También se vale el antivoto, es decir, ir a votar en contra de algo, en contra de un proyecto de país considerado como amenaza a lo deseado. Lo fundamental es ejercer ese sagrado derecho al sufragio. Sería lindísimo que todo el mundo fuera a votar a favor de una candidatura que siente que le representa, pero eso no siempre va a ocurrir. La gente hace sus valoraciones y hay que respetarlas. Todos los votos cuentan: los emitidos con una gran convicción y los que se hacen con la lógica para evitar el mal mayor. Que ahora tiene un rostro prosaico de populismo con altos niveles de autoritarismo y de engaño.

Lo personal es político. Por eso las elecciones nos pueden descolocar, y eso no es necesariamente negativo, habla bien de nosotros, de nuestra humanidad, de que aun somos gente que nos preocupa e interesa el bien común y la reserva democrática que todavía tenemos y que es, ni más ni menos, lo que está en juego.

Las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas: no hay que perder la esperanza

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dra Yamileth González García
Ex- rectora de la UCR
Integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica

Las más recientes encuestas sobre el proceso electoral en Costa Rica dibujan un panorama poco alentador, para quienes tenemos preocupación por el peligroso rumbo del país que ofrece la tendencia política electoral oficial. Los sondeos conceden una amplia ventaja a la candidata oficialista, con una tendencia autoritaria. A primera vista, los números parecen contundentes, sin embargo, asumirlos como una sentencia definitiva sería un error de lectura política y, sobre todo, democrática.

Las encuestas son el reflejo de un momento, no una profecía. Muestran tendencias, estados de ánimo, pero casi nunca determinan el resultado final. En un contexto marcado por altos niveles de indecisión y abstención, esos datos deben interpretarse con cautela. Más que un veredicto cerrado, constituyen una señal incompleta, un mapa con zonas todavía en blanco.

El silencio que hoy parecen expresar amplios sectores del electorado, no equivale necesariamente a adhesión ni a resignación. Muchas veces es omisión, desconfianza o temor a expresar una opinión contraria a lo que perciben como mayoritario y optan por callar. Pero ese silencio no necesariamente pasivo puede transformarse en participación cuando se acerca el momento decisivo. La historia electoral costarricense ofrece varios ejemplos de giros inesperados, de definiciones tardías, de mayorías que emergen cuando la ciudadanía finalmente decide hablar en las urnas.

Conviene recordar una verdad elemental que a menudo se pierde entre titulares y gráficos: las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas. Y en ese espacio, el voto sigue siendo un acto fundamentalmente individual, muchas veces influido por factores que escapan a cualquier medición previa. La democracia no es lineal ni predecible; es, por naturaleza, abierta y múltiple.

Hay razones para la esperanza, aunque no sean evidentes. La democracia costarricense ha demostrado, una y otra vez, que la ciudadanía sabe sorprender cuando llega el momento de decidir. Ha sabido resistir crisis, tensiones y momentos de profundo desencanto sin renunciar del todo a la participación como mecanismo de corrección hacia el futuro. Esa memoria democrática, aunque hoy parezca debilitada, sigue ahí.

Escuchar el silencio del electorado, con confianza, es clave para comprender el verdadero pulso del país. En ese silencio se dan dudas, pero también posibilidades, de hecho, se está transformarlo en diálogo y en movilización; ese es el desafío central para quienes no nos resignamos a que el resultado esté escrito de antemano.

El desenlace aún no está cerrado. Costa Rica ha demostrado en otros momentos, que incluso en los escenarios más adversos, la democracia puede encontrar caminos inesperados. Creerlo no es ingenuidad; es entender que el futuro político del país sigue, todavía, en manos de quienes seguimos confiando en nuestra democracia.

Una deriva peligrosa

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.

La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.

De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.

Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.

La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.

Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.

De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.

El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.