Serían cerca de las 9 de la noche cuando el silencio en la calle fue roto por el estruendo de los motores de diésel de camiones que se escuchaba desde el tercer piso en que estaba nuestro departamento, que se estacionaban en plena calle frente al edificio en que residíamos. Cual si fuesen a entrar en combate decenas de soldados bajaron de ellos con arma en mano, e inmediatamente “asaltaron” el pequeño edificio de apartamentos, ubicado en la calle Pérez Valenzuela en Providencia, Santiago.
Por referencia de otros casos, esperábamos angustiados los golpes en nuestra puerta, como también nos había sucedido en la calle Mac Iver, en Santiago centro, pocos días después del sangriento golpe de Estado al presidente Salvador Allende, en 1973. Esta vez el “objetivo” no era este tico, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. No. La misión era otra. Los milicos no subieron las escaleras esa noche, se quedaron en el primer piso. Minutos después, salieron del edificio llevándose detenidos a más o menos una decena de personas, que logramos ver mientras eran iluminados por luces rojas intermitentes, que se reflejaban en sus caras, mientras eran subidos violentamente a los camiones verde olivo. Así como llegaron, después de unas cuantas órdenes del “comandante”, partieron rápidamente, y el resto fue silencio.
A la mañana siguiente, aunque saludamos a algunos vecinos, nadie se refería a lo sucedido. Los intercambios matutinos siempre cordiales, eran cortantes y las miradas esquivas. Una sensación de temor dominaba el ambiente, y, por lo tanto, comprendimos que no era prudente preguntar ni la hora.
Y es que la dictadura de Pinochet mantenía suspendidas las garantías individuales, antes consagradas en la Constitución Política que regía hasta el día de la acción militar contra el gobierno democrático. Estaban derogados derechos que tenemos los costarricenses, como la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad, de reunión pacífica, de libre opinión, de comunicación sin previa censura, de hábeas corpus, de amparo, y, como en todo régimen dictatorial, de la inviolabilidad de la vida humana.
Bajo un “toque de queda” la libertad simplemente no existe; solo la voz del dictador tiene valor, y Dios guarde al que se atreva a cuestionarlo siquiera, pues al Poder Judicial hasta se le saca de sus sedes; la fuerza bruta omnipotente, sustituye a las normas civilizadas que sustentan el Estado.
Lo sucedido esa noche allá en Providencia era consecuencia de esa situación. Resulta que, después de celebrarse una boda, a algunos de los familiares e invitados los sorprendió la hora en que iniciaba el toque de queda, durante el cual no se podía caminar por las calles de ciudades y otras comunidades, por lo que no les quedó más que quedarse reunidos en casa de la novia esa noche, irrespetando la prohibición a reunirse pacíficamente, y abriendo así la posibilidad de que el domicilio fuese violado sin orden judicial alguna, para llevarse detenidos a los que estaban violentando la injusta orden militar, sin saber cuál iría a ser su destino.
Algunos, quizá con razón, nos dirán que eso fue cosa menor, que no ameritaba este comentario (aunque nunca supimos qué había sucedido con los trasladados a celdas de la dictadura), pero fue nuestra experiencia personal. Por supuesto que conocíamos de los crímenes que se ejecutaban durante esas largas noches, y veíamos en las entradas de algunos edificios, cadáveres cubiertos por páginas de El Mercurio usadas como sábanas, o en las aguas poco profundas del río Mapocho. Los muertos ya eran solo estadísticas (como dolorosamente nos está sucediendo en Costa Rica) y se trataba, según Pinochet, de “delincuentes comunes que se matan entre ellos”.
Lo narramos porque no podemos pasar por alto a la que irreflexivamente dice que como presidenta “suspendería las garantías individuales”, aunque no creemos que ella tenga a Pinochet como espejo, sí es obvio que tiene a los dictadores Ortega y Bukele, como amigos que comparte con el presidente Chaves, ambos “expertos” en la aplicación de medidas semejantes, con cualquier pretexto.
Como es usual, en dicha candidata “de la continuidad”, Fernández no profundiza en sus planteamientos propagandísticos, por lo cual le preguntamos públicamente lo siguiente. ¿Si Costa Rica no tiene ejército, con qué soldados ejecutaría las acciones de fuerza militar que necesariamente se requieren para hacer efectivo un toque de queda? No vaya a ser que también esté pensando en otra cosa…
Sin duda alguna, lo más grandioso que tenemos los costarricenses es la prohibición para conformar un ejército, como los que conocemos en la gran mayoría de las naciones del planeta. Al haberse abolido constitucionalmente, nuestro pueblo optó por la paz, por un Estado respetuoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU. Derechos reflejados en las garantías individuales que son resguardadas celosamente, por los poderes Judicial y Legislativo, quienes, junto al Poder Ejecutivo, no solo se respetan entre ellos, sino que también se reconocen como poderes independientes, como garantía de nuestra democracia. Y es que si alguna vez, nuestra Asamblea Legislativa hubo de suspender algunas de dichas garantías, a solicitud de don Pepe Figueres, por un periodo corto de tiempo, lo hizo porque el país enfrentaba una invasión militar promovida por un dictador nicaragüense. Sin duda la emergencia lo justificaba, y lo bueno es que surtió efecto en la defensa de nuestra soberanía.
Pero, por otro lado, no se debe justificar una propuesta semejante, ante la incompetencia evidenciada por nuestras autoridades de policía, frente a la ola de criminalidad muy vinculada al narcotráfico escandaloso que afecta a Costa Rica, gracias a las puertas abiertas que nuestro gobierno ofrece a los traficantes.
“Si usted creyó que era incómodo en la pandemia no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de las garantías individuales. Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle salir de su casa sin tener orden judicial. Esto es lo que significa la suspensión de garantías individuales”, respondió el también candidato Álvaro Ramos ante preguntas de periodistas, lo que obviamente nos tranquiliza, pues evidencia que él sí está consciente de las consecuencias que tendría una ocurrencia semejante, aparte de que su mensaje es respetuosamente escuchado.
El día 8 de julio de 1942, pocos minutos después de las siete de la noche, el ciudadano José Figueres Ferrer, atenido al derecho constitucional de libre expresión, pronunciaba un discurso en la estación de radio “América Latina”, ubicada en el centro de la ciudad capital, San José. La disertación del entonces empresario agrario, prácticamente desconocido, consistía en una crítica al Gobierno encabezado por el Dr. Calderón Guardia. Le acusaba de ineptitud por el desorden público que cundía en relación a los ataques de bienes y propiedades de las colonias alemana e italiana en Costa Rica; lo cuestionaba por la enorme influencia que tenía el Partido Comunista en aquella Administración; le achacaba una desastrosa gestión de la hacienda pública y le reclamaba por la tardía respuesta a una plaga de langostas que tenía en la ruina a gran cantidad de campesinos. En resumen, el empresario demandaba la renuncia del gobierno en pleno.
Las fuerzas de policía entraron con violencia a la estación radial, interrumpieron el discurso, causaron destrozos en mobiliario y equipos, detuvieron a Figueres, lo condujeron a una mazmorra, lo tuvieron en condiciones denigrantes, incomunicado y humillado. Días después lo pusieron en un avión, lo expulsaron de hecho, sin ningún procedimiento judicial, con rumbo a El Salvador.
Pocos años después, en marzo-abril de 1948, con unos tres mil costarricenses muertos en lucha fratricida, y precisamente para evitar una mayor matanza ante la eventual batalla por San José, se consumó el desquite. Se acordó la rendición de las fuerzas del segundo gobierno calderonista, encabezado por don Teodoro Picado, ante el triunfo definitivo del Movimiento de Liberación Nacional comandado por Figueres. Los máximos representantes de aquél gobierno y del calderonismo, comenzando por el ex presidente Calderón Guardia, “fueron invitados” a salir, -en buen castellano expulsados del país- con rumbo a México. Igual destino corrieron algunos de los principales dirigentes comunistas de entonces, que tuvieron que elegir entre el exilio o la cárcel.
De manera colateral hubo al menos una ejecución extrajudicial de varios líderes sindicalistas en el Codo del Diablo y, en uno de los episodios más inhumanos de esta guerra civil, el gobierno figuerista ignoró la súplica de la destacada escritora Carmen Lyra, gravemente enferma, para regresar del exilio y morir en suelo patrio.
La Historia debe conocerse para aprender sus lecciones: la violencia política se sabe dónde comienza, pero nunca dónde acabará; las pasiones y odios desatados engendran reacciones y venganzas desproporcionadas; muchos ciudadanos dignos, desde los tiempos de Sócrates, prefieren la consumación de una injusticia y hasta la muerte, antes que soportar el destierro; la resistencia y rebelión civil se justifica ante la conculcación de derechos fundamentales; la tentación de aniquilar a la oposición política o enviarla al exilio, es un claro síntoma de un gobierno débil, con miedo, o en franco estado de pánico.
Por décadas discutí con mis alumnos el origen del artículo 32 de la Constitución Política. La contundente prohibición de que “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, se entendió siempre que abarcaba las acciones de hecho, tanto como la utilización del mecanismo legal de la extradición para obligar a un costarricense a abandonar el país. Precisamente veíamos en clase, que la raíz del problema estuvo en el enfrentamiento Figueres-Calderón y la necesidad de evitar, con prudencia y sabiduría, que aquella historia se repitiera.
Entonces como ahora, he considerado que es un error grave hacer excepciones a esta prohibición general, la cual, como sabemos, hace pocos meses ha sido relativizada mediante reforma que autoriza la extradición de ciudadanos costarricenses por casos de narcotráfico internacional o terrorismo. En el primer supuesto (narcotráfico), mi escepticismo radica en que no creo en la supuesta cruzada o guerra universal contra las drogas, fuertemente distorsionada por intereses de control geopolítico y la doble moral de las grandes potencias consumidoras y lavadoras. En el segundo supuesto (terrorismo), porque aún peor, se trata de un concepto jurídico indeterminado que, si bien está delimitado por la ley penal ordinaria, se puede prestar para todo tipo de abusos, sobre todo de naturaleza ideológica o partidaria para perseguir actos o manifestaciones de oposición al régimen imperante en cada época. Aquí mismo, en el Estado de Derecho costarricense, una simple obstrucción de vía pública –que de por sí ya es delito-, ha derivado en acusaciones de terrorismo por acción de infiltrados policiales que portaban bombas incendiarias o atacaban a otros efectivos de la policía, sin el conocimiento ni consentimiento de los auténtico –e ingenuos- manifestantes.
Otro derivado peligroso de esta cuestión es que comencemos a ver con normalidad la expulsión de nacionales, hoy por los supuestos ya autorizados legal y constitucionalmente, incluso con amplia aprobación política y popular, dado que vivimos la muy distorsionada época de la justicia en los tiempos del narco, en la que todo parece justificarse, incluso la pérdida de derechos y libertades, con tal de que parezca que estamos exorcizando al demonio del narcotráfico. El riesgo es que mañana serán otros los supuestos promovidos y por razones insospechadas.
Como ocurre cuando se remueve un ladrillo de la represa, las presiones crecen exponencialmente y todo el muro de contención termina arrasado. Las manifestaciones de un diputado, por lo demás silencioso, correligionario de Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves, invitando a hacer las maletas a todos los críticos y opositores de este gobierno, no hay que tomárselas a la ligera. Es lo que esta gente realmente cree que debería pasar, y no les va a temblar la mano para hacerlo si llegaran a tener las mayorías a las que aspiran. No ha sido de ninguna manera un lapsus o una ocurrencia. Seríamos muy ingenuos si creemos que esta manifestación autocrática, en sede parlamentaria, está desvinculada de la reforma que acaba de ser introducida al artículo 32 constitucional. Tal parece que algunos han descubierto una vía rápida para minar el estado de derecho.
Escribo desde la sala de mi casa, con la tranquilidad aún de que nadie me puede interrumpir o sacar de mi hogar a la fuerza, o hacerme sentir temor por lo que escribo y pienso. Vivo aún en una de las veinte democracias más plenas del mundo. Y eso no es fruto de la causalidad. Eso ha costa construirlo …y ahora debemos cuidarlo. He sido heredero de la Costa Rica edificada por mis padres y abuelos, y claro, ellos no fueron perfectos, pero de lo que no puedo dudar es que todo lo que hicieron, fue por nosotros; con sus errores y demás, este país es perfectible, y ellos nobles y honestos. Nací en un país donde la familia de mi mamá eran ardientes calderonistas. Y la de mi papa, fervientes liberacionistas. En eso, posiblemente no me debo diferenciar mucho de mi generación. En tanto, la Costa Rica en la que creen mis hijos y nietos, es un país multipartidista, el de la democracia bicentenaria y donde se requiere por parte de los gobernantes, mayor habilidad, mesura y prudencia para discernir el signo de los tiempos; sobre todo si se trata de política electoral. Pues por ahí andan unos pocos lobos con piel de oveja tratando de confundir a la gente noble y buena. ¿Si nuestra democracia es la mejor del mundo? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero de lo que sí estoy seguro es que nuestros antepasados no fueron tan tontos n sinvergüenzas como ahora nos quieren hacer creer. Ella ha sido instrumento transformador de la realidad, para que cada generación de costarricenses viva mejor que la anterior y disfrute a plenitud del conjunto de derechos y libertades de las que hoy disfrutamos, y que costó sangre, sudor y lágrimas de muchos. Nuestra historia no es lineal, es la suma de hechos consumados por un pueblo de hombres y mujeres estudiosos, sabios, trabajadores. Doscientos años de historia que nadie nos la robará; ni mucho menos nos confundirán ofreciéndonos la errada y pobre idea de que en el pasado todo fue malo, oscuro y malévolo. Como hijo de la educación pública costarricense, de mi padre afanoso trabajador y comerciante que alcanzó hasta séptimo año en su formación, de mi madre laboriosa mujer de hogar y que llegó hasta cuarto grado de primaria, no puedo callar ante la infamia y mentira levantada por quienes hoy nos gobiernan y desean golosamente seguir en el poder, arrebatándonos nuestros más grandes logros democráticos y republicanos. Damos hoy esta lucha por la patria que hemos de heredar a esta y futuras generaciones. Lucía, Víctor Emiliano, Leonora, Julián Gabriel, Camila y Leonel Mariano, esta patriótica lucha contras anarquistas, fascistas y “confundidos” es por ustedes.
Hay personajes que, en la historia, inmerecidamente han pasado desapercibidas. En esta caso, hago referencia al pensador florentino Brunetto Latini, quien en el siglo XII habitó Florencia, en Italia. Y que, con su sabiduría y aporte a la política, contribuyó a marcar derroteros de bien, decencia y humanismo, Brunetto abogó por la república y reconoció en ella, la mejor forma de gobierno para combatir tiranías, autarquías y monarcas injustos. A través de la Republica se incubaba la existencia de un conjunto de libertades y derechos en aquellas sociedades medievales, que poseían gérmenes democráticos. Mientras que el resto de Europa se desangraba en guerras, caos, violencia y muerte. Las ideas de Brunetto contribuyeron a que la paz prevaleciera y Florencia prosperara; allí el arte, la cultura, la música y el comercio, florecían en ese momento como en ningún otro sitio de Europa e Italia. Sus aportes a la política y la filosofía estaban imbuidos del sano y bien uso del lenguaje, disciplina y habilidad que privilegiaban para buen gobernar, para poder comunicar bien y desarrollar el difícil don de la escucha. Abogo para que, en la instrucción ofrecida en la época, partiera de las bases de las enseñanzas de los humanistas latinos de la Antigüedad. Sus ideas, poco a poco permitieron salir de la oscuridad a muchas de las sociedades medievales. Se tradujeron en prosperidad, progreso y buen gobierno para esos pueblos.
Desde días atrás he venido escribiendo y compartiendo algunas preocupaciones que me embargan sobre el futuro de nuestra democracia y su salud. Escribí el 4 de mayo de 2022 “En el poder político el traje también se lleva por dentro”. El 6 de diciembre de 2023 “Crisis educativa y golpe de timón”. El 14 de julio de 2024 “Songo le dio a Borondongo”. El 13 de setiembre de 2024 “Haca una sociedad más justa y equitativa”. El 14 de enero de 2025 “De cómo Tío Conejo no aparece en el cuento Domingo Siete”. El 26 de enero de 2025 “De aprendices y absolutistas”. El 30 de marzo de 2025 “De colmillos desafilados y felinos desdentados”. A través de estos escritos, he diseccionado el particular estilo de gobierno de Chaves Robles y las amenazas que desentrañan, que el poder político en Costa Rica continuara en las manos por el grupo que lo acompaña. A mí me embarga gran pena cuando algunos ciudadanos de a pie, defienden y confían ciegamente en lo que Chaves o Cisneros digan sobre esto o aquello. Y menciono “digan” porque en tres años y medio de allí no han pasado. Serán recodados ambos, por un periodo de gobierno absolutamente insulso e improductivo, lleno de retórica vacía, hueca, y mal intencionada muchas veces. Quienes sí deberían defender a este gobierno son los pequeños y endogámicos grupos de poder, que están detrás de él y que, desde la campaña política anterior, intentar permanecer ocultos tras el anonimato y las sombras. Por ejemplo, Calixto Chaves y otros financistas, poderosos empresarios con pérfidas intenciones, que ya no disimulan, sus ambiciones siguen siendo amasar mayor fortuna a través de los negocios que desde lo público, pueden llegar a establecer. Esos son los directamente beneficiados. Tras tres años y medio aun no comprendo la ceguera que acompaña a los acólitos de Chaves que lo presentan y creen en él y Cisneros como verdaderos mesías y redentores; que reescriben la historia patria a través de fugaz paso por el poder. Serán recordados por el cuatrienio de las fallidas y ruinosas Ruta de la Educación, la Ruta del Arroz, la Ruta del rebajo de los medicamentos, los récords en homicidios. El chavismo entregará un país más endeudado, pasando la deuda pública de 32 billones de colones en 2021 a 35,3 billones de colones en 2024; de simular inauguraciones de vías, como la punta sur hacia San Carlos, en mayo de este año, semejante más a inaugurar con carretillos trillos y trochas para perros y monteadores, con cutacha en mano. Así llega el chavismo al cierre de su periodo constitucional; exhausto, sin logros, vacío, profundo, amorfo y extremadamente peligroso.
En el ámbito educativo, esta administración disminuyó el aporte estatal de poco más del 7% del PIB a un 5,2%, agravando de esa manera las carencias que el sistema ya venía arrastrando y que no fueron acometidas con seriedad, dedicación y esmero. Como muestra, tan incapaces han sido que, en cuatro años, no fueron capaces de postular un solo educador o educadora para el Premio Nacional Mauro Fernández A. Diay una educación empobrecida limita severamente el salto cualitativo de muchas generaciones, hacia el futuro.
He hecho un esfuerzo para entender a los seguidores de Chaves y Cisneros, arropadas sus ideas e intenciones ahora en un partido taxi financiado por un exliberacionista -curioso, tanto que dan alaridos contra PLN y otros partidos- “que Chaves y Cisneros nos han abierto los ojos y oídos sobre lo que venía ocurriendo en CR”. “La verdadera dictadura de los Arias ha sido desenmascarada”. “Es que no lo han dejado trabajar”. “sus enemigos son la prensa canalla, los diputados, la contralora, la Sala Constitucional y ahora el Tribunal de Elecciones”. “Este gobierno esta haciendo historia porque aquí nadie roba y no hay corrupción”. “Que los corruptos fueron otros y eso se acabó el 09 de mayo de 2022”, “que la ola de homicidios y violencia es culpa de otros y de un poder judicial blandengue”. “Que la CGR estorba su trabajo y últimamente el TSE no lo deja anunciar “sus obras”. Veremos como desmenuzamos cada una de esas afirmaciones, que han contribuido a elaborar un relato de desinformación, mentiras y que han contribuido a cimentar un mensaje de odio y división. Y que amenazan seriamente nuestra democracia y régimen de libertades.
Estos elementos y otros diviesos más son los síntomas de una grave crisis de educación ciudadana, que carcome al país y que inició aproximadamente hace unos 25 años; cuando un conocido político nacional, contribuyó a cimentar un discurso venenoso que todo lo que oliera a política era nefato y corrupto. Que en este país había dos tipos de personas los corruptos -que son ellos- y los no corruptos -nosotros-. Esas peligrosas divisiones maniqueas, de separar la sociedad en dos bandos, ellos y nosotros; los corruptos y nosotros, es una manera reducida y perversa forma de dividir. Y esa división es malvada y deliberada. Por eso Chaves en sus estridencias, no viene a descubrir el agua tibia; se monta en esa retórica y un discurso que ya llevaba algún tiempo fraguándose en nuestro medio. Se enfoca sobre todo en el PLN, y en realidad ya Costa Rica a partir del 2000 iniciaba su tránsito del bipartidismo hacia el multipartidismo, lo cual debería conducir a afinar las capacidades de los gobernantes, pues los costarricenses, cansados del bipartidismo estaban ampliando el abanico electoral con lo cual habría mayor representación en otros partidos en la Asamblea Legislativa, de manera que la negociación se transforma en virtud para asegurar la gobernabilidad. Chaves y sus seguidores aún no entienden que no se gobierna solo. El PLN perdió el poder político desde 2014 y desde entonces sus fracciones parlamentaras cada vez son menores. En consecuencia, requerimos de una mayor sagacidad de nuestros gobernantes. Y aquí no defiendo al PLN, pues quienes me conocen saben que mi único familiar que fue liberacionista fue mi papá. El chavismo no contribuye a la creación de una nueva Costa Rica, pluripartidista; todo lo contrario, ese proceso ya inició desde años atrás y más bien Chaves y Cisneros representan una especie de contrarreforma antidemocrática. No les gusta la democracia, les molestan los controles y que se piense diferente a ellos. La democracia tiene sus propias reglas, y sigue siendo la mejor forma de gobierno conocida. A pesar de que un diputado afín a Chaves y a su candidata, ya nos esté amenazando de que mejor nos vayamos a vivir a otro lado, antes de que “ellos lleguen al poder otras vez” porque entonces se encargarán de hacerlo. Olvida este infame personaje, que el voto directo y secreto cumple cien años en Costa Rica. Esa opinión de que la política es nefasta y es de corruptos en nada ha contribuido a cimentar el civismo costarricense con mayor fuerza. Ha sido contraproducente y ha ocasionado que la gente se aleje de la política y renuncie a participar en ella y a asumir una actitud más activa sobre la res pública. No todas las personas que nos gobiernan o han gobernado han sido corruptas. La política es el arte del servicio y la búsqueda del Bien Común. No vamos a renunciar a soñar con mejores condiciones de vida para todas las personas. Por eso la educación cívica debe ser reforzada. La reforma impulsada desde 2010 ha contribuido a su debilitamiento y que se diluya; debemos construir ciudadanía y de esa manera cambiar programas de estudio y no seguir lo propuesto en programas de estudio vigentes. Creo más bien, que un año más en enseñanza secundaria, es necesario, semejante a los colegios técnicos y Bachillerato Internacional. Con predominio de formación cívica. Las ciencias y por qué no, otra lección más de filosofía.
Sobre la lucha contra la corrupción, qué podemos decir de este gobierno donde Chaves y varios su acólitos, seguidores de poses autoritarias, verborreas y confrontaciones estériles y amenazantes, no ocultan sus simpatías por Bukele u Ortega. Sobre este último el gobierno ha evitado tres años y medio señalarlo como dictador. Ahora que se abrieron los fuegos electorales, cómo entender que en la componenda Chaves-Cisneros, su candidata a través del partido del exliberacionista Calixto Chaves, es sujeto de diversas causas penales, así como el exvicepresidente y ahora candidato a diputado, el señor Brunner. ¿Que no han sido sentenciados y hay presunción de inocencia? Bendito Dios, eso es cierto, ¿pero hay mínimos de decencia y decoro que no deberían ser traspasados, por nadie y mucho menos por los que aspiran a gobernar? Las candidaturas de Pueblos Soberano suman 59 causas judiciales, ¡qué manera! Entre sólo 14 personas se concentra esa abrumadora y nada desdeñable cantidad, y quien encabeza esa lista tan particular es la flamante exministra de educación, con 8 causas. ¿Que algunas de estas causas van a ser subestimadas?, es muy probable, lo sé, pues el sistema funciona, y la presunción de inocencia sigue siendo algo invaluable en Costa Rica y así debe ser. Sin embargo, mucho cuidado han de tener los votantes sobre todo de Alajuela, San José y Heredia, para no dejarse engatusar por gente cuestionada. Los costarricenses no recordamos nada semejante en la historia política moderna del país. Y en el caso de Heredia, Marta Esquivel encabeza a pesar de que no le ha dado la gana devolver salarios que cobró a la CCSS. Los electores costarricense han de ser más exigentes para exigir mayor decoro y decencia a las Asambleas Nacionales de los partidos políticos a la hora de designar a las personas candidatas a los puestos de elección popular. Es muy probable que el cartel que presenta el partido chavista y su ungida, acumule mas causas que todos los demás partidos juntos. Cuando en realidad toda persona que aspira a un puesto de elección debería de llegar sin mácula.
¿Que este gobierno ha desenmascarado la corrupción de otros y que son paladines de la justicia? ¡por favor! Así como en el pasado ha habido tragos amargos asociados a casos de corrupción, ya la administración Chaves ha cosechado sus propios bochornosos casos. Hay otros hechos bajo investigación que también podrían ser configurados como tales. ¿A quién le va a echar la culpa ahora? Veamos: a) Caso Barrenador en la CCSS. Donde intentaron impulsar contratar a diversas cooperativas varios EBAIS del Área Metropolitana, con un perjuicio a la CCSS por 126 mil millones de colones, que nos costaría a todos los costarricenses. B) Caso Comején por favorecimientos a empresarios cercanos al gobierno en talas e incumplimientos ambientales en Caribe Sur, concretamente áreas protegidas de Gandoca Manzanillo. Estas conductas facinerosas presumiblemente son parte de favorecimientos a empresarios turísticos cercanos al gobierno, y otros que ahora aparecen en caso de Papagayo. C) Caso Richter en materia electoral, donde hay involucrados funcionarios de esta administración y políticos del PUSC, hoy algunos tránsfugas al chavismo. Pues hay favorecimientos en contrataciones del MEP y contribuciones no reportadas al TSE en elecciones del 2022 y para municipales de 2024. No nos debería de sorprender que investigaciones llevadas a cabo en el ICE y RACSA con posibles favorecimientos a empresas como CISCO y DATASYS sobre red 5G, por $42 millones y $160 millones respectivamente, sin mayor disimulo. Posible implicación de altos funcionarios del ICE y RACSA de esta administración.
¿Y sobre el mismo don Rodrigo Alberto Chaves qué podemos decir? Enfrentó días atrás un proceso de desafuero que no prospero en la Asamblea Legislativa, pues -gracias a Dios, nuestro sistema que, aunque imperfecto, funciona-, destaco el hecho de SI hubo 34 de 57 votos a favor de levantarle su inmunidad, ese es un número que habla por sí mismo. Esta misma semana el país ha sido testigo de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones eleva ante el primer poder de la República, solicitud de investigación para levantamiento de inmunidad por 15 causas, de 27 que mantiene abiertas aún. Su carencia de humildad y tacto político no le han permitido entender que esto no es una monarquía, es un régimen republicano con presencia de varios poderes y una constitución que él mismo juró respetar. Ahora esta causa, es por beligerancia política. Su arrogancia y temperamental conducta, no le han permitido mirar más allá de sus narices. Intentó meter sus narices en un banco público para indagar sobre el estado de un crédito para un cliente. O sea accedió a información sensible de manera indebida e irregular, así como podría fisgonear en cualquier asunto de la vida privada d cualquier costarricense. En su berrinche destituyo la Junta Directiva de ese banco y al hacerlo con violencia y sin razón, ahora la sala constitucional restituyes a eso señores. De igual manera meses atrás lo había hecho con la Junta Directiva de la CCSS la cual los tribunales restituyeron, al haber sido destituida sin seguir los procedimientos ordinarios y dejarse llevar por enojos calenturientos poco aconsejables para una persona de su investidura.
Ha atacado la prensa desde el día uno de su administración; pero no olvidemos que el 1 de diciembre de 2022, Chaves otorgó un premio doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica, como paladín de la libertad. Sin embargo, él y su séquito no han escatimado esfuerzos para basurear a ese medio. ¿Quién los entiende?
Han atacado Chaves y Cisneros a Asamblea Legislativa un día y otro también. Sin embargo, ese grupo de diputados, o al menos la mayoría, le han votado todos los préstamos que él ha solicitado. Y el mismo presidente en sus berrinches y poses de adolescente, ha decidido prescindir de un ministro de la presidencia que, en una democracia sana y madura, constituye el vínculo entre ambos poderes. En casi 4 años torpemente ha intentado avanzar con dos de su proyectos estrella: vender el Banco de Costa Rica, cuya estratagema se le cayó y ya algunos de sus amigos financistas se fueron del país. Y el otro el de jornadas 4X3 metido en procedimiento de vía rápida; éste chocará con pared, de lo cual estoy seguro. Nefasto proyecto que además atenta sobre todo contra las mujeres. Es en el escenario legislativo donde ha mostrado menos capacidades de gobernante, pues ante 10 vetos que ha ejercido sobre leyes aprobadas por los diputados, en cinco de ellas ha sufrido resellos. ¡Todo un récord! ningún otro presidente había llegado a ese nivel.
Que la cantidad de homicidios -esta administración ha roto el tristemente célebre récord año tras año- es culpa del Poder Judicial porque los jueces carecen de mano dura. Bueno, si las leyes y su aplicación no son las adecuadas -según el chavismo cisnerismo-; han tenido el control de la mitad del tiempo de los diputados, a través de las sesiones extraordinarias. Eso lo descubrió el chavismo, tiempo después, por favor ¡Entonces que no hayan tenido la capacidad para enviar proyectos bien redactados y/o viables, ¡es otra cosa! “Lo que natura no da, Salamanca no presta”.
Peligrosa la coyuntura de su segundo año de gobierno cuando mediante referéndum intento impulsar una ley para reformar normas de control presupuestario y lucha contra la corrupción. Deseaba debilitar a la Contraloría General de la República y normas de contratación. Gracias a Dios no lo lograron
Si efectuamos “una disección” de las manifestaciones de políticas de Cisneros y Chaves, veremos que su visceral obsesión anti-PLN, es pura pose. Esta misma semana presentan a una exvicepresidenta PLN para un importante puesto internacional. Y en las papeletas diputadiles del oficialismo, hay varias figuras exmilitantes del PLN. ¿¿Entonces??¡¡¡
Y para muestra un botón, hubo que recurrir a la Sala Constitucional para que se revelara que hay troles pagados desde la mismísima Casa Presidencial. Que manera de utilizar los recursos públicos, torpedeando nuestro régimen democrático desde Zapote. ¡Patético!
Em esta administración hemos visto como el narco-chavismo-cisnerismo ha utilizado tácticas como el miedo y la intimidación. Utilizan el grito y la mentira desparramar para una narrativa que hasta hace poco nos era desconocida. Utilizan la polarización como recurso y ello asfixia el discernimiento sensato de muchos.
Uno de los mayores errores de Carlos Alvarado, fue dejarse convencer por otros para que Chaves fuera ministro de Hacienda, en el gobierno del PAC, y allí no duró mucho. Desde que era ministro, temprano mostro simpatías por el desmantelamiento y ataque a la CCSS. No olviden que, siendo ministro de Hacienda, propuso que el impuesto de la renta se cobrara sobre salarios de 500 mil colones en adelante. Bajo su administración ha debilitado la CCSS, al ICE y su papel estratégico en el desarrollo nacional. Este gobierno, sobre el cual aquella muchacha pide continuidad…oh ingenuidad por Dios, ha entregado 27 mil bonos de la vivienda menos que las últimas cinco administraciones. Los recursos del IMAS orientados a la lucha contra la pobreza, llegó el año anterior a un 5% de hogares menos. El gasto social, paulatinamente en estos 4 años fue disminuyendo paulatinamente a pesar de que sus fuentes fundamentalmente están en FODESAF y leyes especiales. Movieron las bases de guardacostas en ambos océanos quien sabe con qué espurias e inconfesables intenciones; ha perseguido a quienes piensan distinto a ellos, me refiero a doña Patricia Navarro y al sr. Bulgarelli y su familia. Han permitido la operación de células sandinistas en territorio nacional que persiguen a opositores del régimen de Ortega. Y a raíz de la cercanía con la administración Trump que facilitó el ingreso de personas deportadas desde EEUU, deberían este gobierno preguntar por qué un costarricense -Randall Gamboa Esquivel. Habiendo sido detenido por autoridades migratorias en diciembre de 2024 en EEUU, lo enviaron al país casi como un vegetal.
Han atacado severamente la educación pública, la salud pública. Le han restado capacidades básicas al ICE que está en régimen de competencia. Han arruinado a los arroceros y han favorecido la importación masiva de papa, cebolla y otros. Pronto acabarán con la producción nacional de alimentos. Esto último para favorecer a algunos amigos cercanos al grupo económico que está tras Chaves y Cisneros. ¡Pero lo que no nos van a poder robar es la esperanza que esto puede cambiar!
Como sociedad sabremos reencontrarnos con la ruta del desarrollo, progreso y bienestar, pues nuestros jóvenes y niños merecen mucho más, más que circo y la continuidad de una engañosa y vacía propuesta, además de amorfa y peligrosa, antidemocrática, que amenaza con cambiar nuestra forma de vida para siempre.
Seria irrespetuoso de mi parte indicar por quién debiera de votarse en febrero; lo que SI estoy muy claro es por quién NO voy a votar.
Concluyo con estos versos del bellísimo poema de Jorge Debravo del poema Nosotros los Hombres … “Vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema que es traer el mundo a las espaldas. Soy como un perro que ruge a solas ladra a las fieras del odio y de la angustia de echar a rodar la vida en mitad de la noche”.
Rompieron los fuegos electorales en Costa Rica y las sospechas que veníamos planteando en anteriores columnas acerca de la instrumentalización de ciertos temas con fines políticos, ha empezado a asomarse con fuerza y hacerse realidad.
Las reglas del juego narrativo están planteadas: entre mayor sea el desaguisado verbal, mayor la multiplicación de algoritmos que encontrarán tierra firme en la persistencia de los enojos frente a la crisis, la inseguridad, el desempleo y la misma inoperancia del sistema político costarricense.
Si la campaña sobre la mordaza desplegada desde el mismo gobierno usando la vitrina de sus instituciones como caja de resonancia, tan solo unas horas después de iniciada la contienda electoral, nos enseñaba que el camino no estaría para nada llano, en los últimos días dos figuras políticas se han encargado de hacernos ver que esta será una contienda de la cual no saldremos intactos: será esta la contienda que marque el punto de inflexión sin retorno en el escenario democrático nacional.
El diputado oficialista Jorge Rojas nos ofreció una joya de antología alegórica y fantasiosa, al invitar a los opositores al presidente Chaves, abandonar el país si “no estaban a gusto” con su estilo o decisiones. En realidad, lo de alegórica y fantasiosa no son más que anécdotas retóricas, porque evidentemente hay que leer con cuidado esta clase de afirmaciones e invitaciones.
Así empiezan a construirse escenarios dictatoriales: de la narrativa y el discurso al hecho. La alerta está encendida.
No menos tendenciosas las declaraciones de la candidata presidencial Natalia Díaz, quien ha hablado de la “basura social” que llega a Costa Rica desde otros países.
Sin detallar nacionalidades o actividades, Díaz ha dejado abierta la percepción de que cualquier migrante puede ser concebido como basura social. Este tema claramente será uno de los tópicos top al que acudirán las variopintas opciones del espectro de centroderecha que atizan la parrilla electoral. Ya lo habíamos adelantado en anteriores reflexiones.
Deberemos prestar atención al tono, sentido y orientación de estas y otras narrativas que seguramente ganarán adeptos en medio de la volatilidad del voto que se avecina.
El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.
Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.
Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.
El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.
Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.
El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.
Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.
Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.
Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.
Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.
Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.
La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.
En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.
El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.
Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.
Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.
En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.
Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.
¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?
Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?
¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?
Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.
1. Nosotros somos los buenos, todos los demás son malos.
2. Yo no fui, fue teté: la corrupción, la inseguridad, el desempleo y todos los problemas que nos aquejan son culpa de la #AsambleaLegislativa, de la #Contraloría, del #PoderJudicial, etc. etc. que no nos dejan gobernar
3. Justifiquemos nuestros errores, nunca reconocerlos, aunque existan audios, videos, documentos y hasta expedientes completos como pruebas.
4. Digamos sin cesar que el pasado es malo y todos los gobernantes anteriores son los responsables de todo lo malo que tiene el país. Que el presente es difícil porque no nos dejan gobernar. Y que el futuro será un paraíso si seguimos gobernando.
5. Todo el que se nos oponga es malo, cómplice de las élites gobernantes del pasado y que quieren recuperar el poder.
6. Nosotros no manipulamos, no mentimos, no ocultamos información; hablamos con la verdad y le abrimos los ojos al pueblo.
7. Nuestra propia corrupción está justificada por la de otros en el pasado. No pagamos favores, apoyamos a los empresarios “comprometidos con el cambio”.
8. Las instituciones son buenas si están de nuestro lado y nos dan la razón. Si no, son corruptas, manipuladas por los Arias o similares.
9. La prensa que nos critica es canalla, solo la que nos piropea (prensa vasalla) es buena.
10. Mientan …mientan… y mientan que los ticos son muy básicos. Repitan…repitan y repitan lo que digan #Pilar y #Chaves.
11. A nuestros seguidores: griten…maldigan…desafíen la legalidad…inventen conspiraciones…culpen…ofendan…infundan miedo…amenacen…descalifiquen, etc. etc., como lo hace nuestro líder, contra toda persona que piense diferente o que critique al gobierno.
12. Nuestro líder supremo es un redentor, un mesías, un salvador…el mejor gobernante de la historia.
13. Cuando sea necesario, hablemos de la vías violentas, incluso de las armas, para defender al supremo líder.
14. Hablen de Dios y en su nombre, vayan a misa o a los cultos, aunque no crean ni practiquen principios religiosos.
15. Digamos que tenemos las mejores propuestas, aunque no nos da la gana mostrarlas ni discutirlas.
16. Juremos respetar la Constitución, las Leyes, La División de Poderes… pero si nos señalan faltas gritemos que están conspirando contra el #Gobierno y quieren hacer un golpe de Estado.
17. EL #TSE es bueno y ejemplar si ganamos las elecciones. Pero si nos recuerda límites legales es porque quiere amordazarnos e impedir que continuemos gobernando. Si perdemos las elecciones, hay que decir que hubo fraude.
18. Digamos que todas las obras públicas inauguradas han sido gracias a este gobierno, los anteriores no tienen nada que ver salvo porque las habían retrasado.
19. Practiquemos la violencia política y los discursos de odio contra personas adversarias, sobre todo contra mujeres y población LGBTQI+. Pero digamos que eso es hablar con claridad y sinceridad.
20. Digamos que nos gusta la democracia y la defendemos, aunque en realidad nos encantaría una dictadura como las que se perfilan o ya existen en otros países cercanos.
21. Los #Alcaldes y #Alcaldesas que antes eran corruptas y de los partidos malos, cuando se nos unen pasan a ser héroes y símbolos de esperanza.
22. A nuestros influencers, creadores de contenido y trolls: si se salen los quemamos, como en la mafia.
La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.
La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.
La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.
Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.
Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.
Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.
Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.
Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.
En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.
A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.
Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.
Luego de transcurridos 6 días después de una conexión irregular, como Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, conscientes de que el derecho a la vivienda y el derecho al agua son derechos fundamentales de todos y todas las costarricenses, y que para esto en todo el país deben de cumplirse los debidos procedimientos con el fin que exista una administración justa y equitativa, no así, las medidas autoritarias que desvirtúan el sano desempeño de nuestra democracia y nos ponen al lado de las dictaduras más vergonzosas y violentas que pertenecen al pasado lamentable de América Latina.
Rechazamos rotundamente la interconexión arbitraria y con el uso de la fuerza pública, del sistema de conducción de agua municipal que llevó a cabo el AYA, con el fin de conectar el Proyecto La Esperanza, obligado por el presidente de la república Rodrigo Chaves, quién en conferencia de prensa del miércoles 17 de setiembre lo declaró.
Rechazamos la intromisión ilegal dentro de la autonomía municipal y el ordenamiento jurídico costarricense, debido a que existen procesos en trámite al respecto del tema en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Reafirmamos que el principio de la soberanía y el principio democrático que contiene la autonomía municipal dentro de nuestro cantón y nuestro país, es un pilar fundamental del desarrollo y gestión de cada cantón.
Hacemos ver que la acción sienta un precedente y pone en peligro a la ASADAS, ya que, según el convenio de delegación con el AYA, y según la ley de ARESEP, lo que está haciendo el AYA le corresponde al desarrollador, abriendo así portillos legales que perjudicarían la administración y las obligaciones actuales de la ASADAS.
Hacemos un llamado urgente a las instituciones del país que tienen competencia en este acontecimiento para que procedan a interponer las respectivas denuncias y los mejores oficios por el acto indebido administrativo, el abuso de autoridad, la violación de los derechos fundamentales relacionados con del derecho al agua de todos los y las naranjeñas, y la protección del recurso hídrico.
Somos conscientes de los tiempos que atravesamos como país y en el planeta, donde las dictaduras, el populismo y el neofascismo están llevando a cabo avances estratégicos y con fuerza para instalarse dentro de nuestras democracias, somos conscientes de que esto no lo podemos permitir.
Esta Comisión iniciará los debidos trámites correspondientes que aseguren la salvaguardia y la disposición del agua para el cantón, como ha sido su fin desde un inicio.
Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote.
Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.
Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.
Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.
En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.
Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.
Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.
En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.
Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.
Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.
Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.
José Manuel Arroyo Gutiérrez
La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).
En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1
En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.
Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.
El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.
Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.
Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.
Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2
En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.
El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.
Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.
En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.
Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.
Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.
En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.
En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.
Compartido con SURCOS por el autor.
1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.
2(Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).
