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Etiqueta: autoritarismo

Estado de la justicia en Centroamérica1

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

1 Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).

En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1

En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.

Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.

El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.

Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.

Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2

En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.

El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.

Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.

En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.

Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.

Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.

En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.

En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.

Compartido con SURCOS por el autor.

1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.

2 (Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).

De la autocracia electoral a la autocracia total. Costa Rica a un paso

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele vino a Costa Rica en noviembre del 2024, su homólogo costarricense Rodrigo Chávez dijo una frase que no debe olvidarse ni pasar inadvertida: quisiera poder hacer en Costa Rica lo que Bukele hace en El Salvador; ¿qué hizo ese individuo en su país?, simplemente, transformarse en dictador a través de la autocracia electoral.

Después de pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de origen marxistaleninista, resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y San Salvador en 2015 bajo esa bandera, luego buscará dar el salto a la presidencia de la República. Pero conflictos internos con su partido y después de dar brincos partidarios por la izquierda salvadoreña, se afilia y es candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centro derecha para las elecciones del 2019, dando una cabriola política espectacular. En esas elecciones obtiene la mayoría absoluta (53.10%) en mucho gracias al desprestigio en que habían caído los gobiernos del Farabundo Martí, los cual él había participado antes de su salida definitiva hacia el otro extremo del espectro ideológico. Prueba que a los aspirantes a autócratas no les importa su línea de pensamiento, sino el afán de poder y destrucción de la democracia.

En junio del 2019 el presidente Bukele lanzó su plan “Control Territorial” con el que logró disminuir la inmensa tasa de mortalidad que había El Salvador, junto con acuerdos clandestinos y corruptos con la Mara Salvatrucha. Esto le dio una enorme popularidad, la verdad sea dicha, y eso le abrió la posibilidad de pedir en marzo del 2022 a la Asamblea Legislativa, ya dominada por él y sus partidos alados desde las elecciones del 2021, la declaratoria del Régimen de Excepción, lo que le permitió bajar aún más la tasa de criminalidad y gozar de un apoyo masivo de una población harta de la inseguridad provocada por las pandillas, maras y asesinatos; eso sí, todo cambio de perder las libertades fundamentales en una democracia.

La tumba de la democracia liberal en El Salvador estaba abierta, solo faltaba lanzar el cadáver y poner la lápida. El acta de defunción se firmó desde el 2021, cuando por una intervención del ejército quedaron borrados los límites entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y aprueba un permiso para que el presidente Bukele se aparte del cargo y pueda participar en las elecciones del 2024, las que gana con una votación del 84.65%, prácticamente sin oposición.

Proceso típico de la autocracia electoral, pues también ya había dado el zarpazo final con la toma del Poder Judicial; esto sucedió cuando la Asamblea también en mayo del 2021 destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional primero y otros jueces después, incluyendo al fiscal general. Pero la lápida cayó el 1 de agosto de este año 2025, cuando la dócil y aborregada Asamblea Legislativa salvadoreña, por votación de 57 de 60 diputados dóciles, aprobó la reelección presidencial indefinida. ¡Viva la dictadura!

Sin embargo, cuando en su show rutinario de los miércoles, uno de la prensa vasalla preguntó al presidente Rodrigo Chaves su parecer sobre este hecho, dijo que había sido un proceso aprobado por una Asamblea electa democráticamente… y como dice el viejo refrán: si las barbas del vecino ves pelar… pon las tuyas a remojar.

Precisamente, porque ese es el modelo o ejemplo que el presidente Rodrigo Chávez restriega constantemente en las narices de los costarricenses como su gran ambición política, es que lo hemos explicado con amplitud; y ejemplo de cómo utilizando los procesos electorales aparentemente democráticos, un autócrata de pocas luces y verbo demagógico creador odios, se roba un país. Pueden ponerle el nombre y apellido que quieran, que los hay por todo el mundo: desde Ortega en Nicaragua, Milei en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela o Trump en los Estados Unidos y hay más, para no salirnos de nuestro continente. Como puede verse, no se trata de ideología, los hay de todos colores, y su deseo es solo uno: acabar con la democracia liberal. Para ello atacan a los otros poderes del Estado y a las fiscalías; critican el pasado que consideran corrupto, pero intencionadamente ignoran los logros y avances obtenidos para crear así la imagen de un país en caos que necesita un salvador; por lo que para ellos el discurso creador de odio, ya sea desde un podio los miércoles o diariamente desde una curul legislativa, es fundamental.

Ante las próximas elecciones el 1 de febrero del 2026 es urgente que los costarricenses abran los ojos y vean que estamos al borde del abismo, que nuestra democracia está en peligro si de nuevo cae en manos de una pandilla ignorante y ambiciosa que, sin asco alguno, está por destruirnos para acumular poder y riqueza. Hace cuatro años ofrecieron que eliminarían la corrupción, hoy nos heredan la más grande que ha conocido nuestra historia con un presidente con dos expedientes penales en los tribunales y más de cien en trámite en la Fiscalía General, una candidata a la presidencia con una causa penal pendiente en la municipalidad de Cartago por la extracción ilegal de expedientes para beneficiar al Alcalde que era su jefe, y una buena cantidad de candidatos a diputados en los primeros lugares en las papeletas de cada provincia, que parecen un pizarrón del OIJ o la Fiscalía General; donde cabe destacar a Nogui Acosta por San José con 10 causas penales pendientes en la Fiscalía y Marta Esquivel por Heredia, ex Presidente Ejecutiva de la CCSS con expediente penal abierto y en proceso activo por el caso (chorizo) Barrenador y causante de mil perjuicios a la Caja y la salud de los costarricenses o el l Lic. José Miguel Villalobos por Alajuela, con dos suspensiones a cuestas de su ejercicio profesional por el Colegio de Abogados, y sigue ejerciendo como abogado de narcotraficantes y del presidente Chávez, entre otras cosas, mejor ni hablar.

Así funciona la autocracia electoral, llevan al ciudadano ciego y sordo, embobado por los mensajes de odio, al matadero de la urna electoral…para que crean que hay democracia. Precisamente, el historiador Steven Forti en su libro “Democracias en Extinción…El Espectro de las Democracias Electorales” publicado este año, cita el estudio del Instituto V-Dem cuyos investigadores han llegado a la conclusión que el proceso de autocratización de un país pasa por estas tres etapas:

–           “En primer lugar, una erosión democrática comportaría el paso de una democracia liberal a una democracia electoral; en segundo lugar, un colapso democrático conllevaría el paso de una democracia electoral a una autocracia electoral, y, por último, una autocracia electoral puede transformarse en una autocracia cerrada…”

¡Es decir, una dictadura! ¿En cuál de estos tres estadios estamos los costarricenses? Creo que peligrosamente estamos a punto de pasar del punto uno al dos, que nos pone en puertas de la autocracia cerrada, estilo Nayib Bukele. Para eso quieren los famosos 40 diputados, para cambiar las estructuras democráticas de equilibrio de poder y control constitucional con la Contraloría General de la República, y entonces, sin quien ponga los límites, hacer lo que les dé la gana.

Por eso, no a la pandilla chavista o rodriguista o como diablos se llamen, encaramados en el nuevo taxi electoral Pueblo Soberano, dispuesto a convertirnos en un… ¡pueblo de sorompos!

Sobre el vínculo constitucional entre el pluralismo político y la Democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alejandro Guevara Arroyo

1. La garantía constitucional del pluralismo político es una faceta esencial de toda comunidad ordenada constitucionalmente como una República Democrática, o sea, una comunidad constitucionalmente fundada en los principios de igualdad política y de su propio autogobierno. Cierto: dichos ideales abstractos pueden traducirse en muchas formas constitucionales. Pero si en un caso dado no hay garantía creíble de pluralismo político, su apelación a los términos ‘democracia’ o ‘república’ es meramente un nombre mal puesto (misnomer).

2. En un nivel bajo de abstracción, el pluralismo político consiste en la vigencia, en un espacio político dado, de una multitud de concepciones alternativas pero razonables sobre cuál es el bien común, la justicia o el alcance y la jerarquía adecuada de los derechos fundamentales para esa comunidad. He aquí, por añadidura, una manera de caracterizar el concepto de concepción política. Como son concepciones alternativas, la ciudadanía que las sostiene entra en desacuerdo sobre la forma correcta de abordar los asuntos políticos particulares. El hecho del desacuerdo, como lo llamó Waldron, es, por tanto, una consecuencia necesaria de la vigencia del pluralismo político en toda comunidad política moderna.

3. Así, que un orden constitucional garantice el pluralismo político significa que ha diseñado un conjunto de mecanismos institucionales para que dicha vigencia sea un hecho. Como mínimo, dentro de estos mecanismos deben encontrarse prohibiciones y protecciones contra la persecución (estatal o paraestatal) de algún conjunto de las voces políticas vigentes en esa comunidad. Pero en un orden constitucional con una preocupación profunda por la democracia deben también incluirse artefactos constitucionales para fortalecer la presencia efectiva y vibrante de dicha pluralidad política en el espacio público democrático (para que se dé el space of appearance de la política, del que habló Arendt).

4. Entiendo que las dos rutas actuales más importantes contra el pluralismo político están caracterizadas por los órdenes que (1) abiertamente no garantizan protecciones institucionales contra la persecución de disidencias políticas o voces críticas; y (2) no se preocupan por construir las condiciones sociales para que el pluralismo político adquiera vigencia y protagonismo en la esfera pública y, notablemente, para la constitución de una genuina y activa ciudadanía comprometida con la República.

Ejemplos brutales del primer grupo fueron la Rusia de Lenin y Stalin (1920-1953), el Chile de Pinochet (1973-1990) y la Argentina de Onganía (1966-1973) y de Videla (1976-1982). Pero también deben incluirse las nuevas estrategias mediante las que se ‘mata a la democracia por mil cortes’ (retomando la expresión de O’Donnell), en las cuales el pluralismo político se va erosionando progresivamente, hasta llegar a las formas más obvias de persecución y criminalización de la disidencia. Destacan palmariamente en este caso: Venezuela (ya sin duda desde 2015, aunque con tendencias que se retrotraen al menos una década), Nicaragua (desde 2018 claramente, aunque también en este caso la erosión del pluralismo político empezó mucho antes) y El Salvador (en una obvia deriva autoritaria desde 2019).

En el segundo grupo están todos los órdenes constitucionales que no gestionan constitucionalmente garantías para cumplir las precondiciones sociales y para incentivar virtudes cívicas en la ciudadanía, ambas necesarias para una comunidad democrática densa.

Vale la pena detenerse en este punto. Como se dijo, el genuino pluralismo político puede surgir sólo en un espacio social relativamente autónomo, el de la política democrática. Sin embargo, para que sea probable que la sociedad participe de ese espacio, es claro que resulta imprescindible que las personas encuentren satisfechas sus necesidades de fundamentales para llevar una vida digna. Pero, y esto es clave, también resulta determinante que la ciudadanía disponga de un alma política adecuada, democrática, para participar de manera cívicamente virtuosa en aquel espacio. Pues bien, las condiciones sociales modernas no hacen probable que este espacio y dicha ciudadanía surjan por sí mismos. Por ello, constitucionalmente, hemos de preocuparnos por diseñarlos, construirlos, garantizarlos.

Buena parte de los actuales órdenes constitucionales democrático-republicanos se encuentran en un serio déficit con respecto a esta dimensión de la garantía de pluralismo político. Especialmente notable es el caso del continente americano, aunque sospecho que la situación es aún más grave en países como los Estados Unidos de América, Ecuador y buena parte de Centroamérica.

5. En un nivel alto de abstracción, el pluralismo político es consecuencia de un espacio-tiempo social en el cual todas las personas nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos iguales en dignidad, integrantes de un mismo navío constitucional. Tal es la nota que delimita su comunidad. Se dice ciudadanía, no sólo personas, en tanto ahí nos transfiguramos en agentes autónomos que reflexionan y actúan en, para y sobre esa comunidad.

Al reconocernos iguales en dignidad, entendemos que aquello que nos caracteriza a cada uno en tanto ciudadanía -el expresar esa libertad esencial que se ejerce mediante la política (como creyó Arendt)- es también lo propio del resto de quienes nos acompañan en el navío de la comunidad. En ese contexto, mis razones políticas en tanto ciudadano sólo pueden transformarse en las razones que justifican la decisión para toda la comunidad, si también son las razones políticas del resto. Pero estas razones, por supuesto, sólo pueden ser aquellas asumidas autónomamente, con convicción. Y las razones políticas del resto se encuentran en las mismas condiciones que las mías, tanto con respecto a su estatus como a su ethos.

Eso es ser una comunidad política en la modernidad: reconocernos en un genuino desacuerdo político, como consecuencia de reconocernos como agentes políticos con igualdad dignidad. Constitucionalizamos (imperfectamente) este ideal en la forma de la República Democrática.

Participar en democracia en tiempos de amenaza al Estado social de derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Votar hoy en Costa Rica no es un trámite: es resistir.
El Estado social de derecho está bajo ataque del populismo y el autoritarismo.
Abstenerse es entregar el país.
La democracia se defiende en las urnas.

Roberto Salom Echeverría

La participación en elecciones libres es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, cuando el Estado social de derecho se encuentra en peligro y las conquistas sociales alcanzadas durante décadas están amenazadas, el deber de acudir a las urnas adquiere un significado aún más trascendente: no se trata solo de elegir autoridades, sino de defender un modelo de sociedad basado en derechos, equidad y libertades.

La convocatoria ciudadana y la limpieza del sufragio

En este contexto, todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar. El sufragio, como fundamento de legitimidad democrática, solo tiene sentido si se garantiza su limpieza, transparencia e imparcialidad. La pureza del voto no es únicamente un requisito técnico, sino la principal garantía de que la voluntad popular prevalezca.

A ello se suma la defensa de principios básicos como la libertad de expresión y la división de poderes, tal y como lo planteó Montesquieu, indispensables para mantener un equilibrio que evite la concentración autoritaria del poder.

La situación política en Costa Rica

La política costarricense de los últimos años se caracteriza por una gran volatilidad en la opinión pública y por la dispersión de la oferta electoral tras el colapso del bipartidismo tradicional. Este fenómeno ha generado tanto oportunidades como amenazas.

La ciudadanía se muestra fragmentada entre posiciones de estabilidad y volatilidad; entre la desideologización y las opciones políticas más definidas; entre la emocionalidad y la racionalidad en las decisiones. Por ello entiendo el debilitamiento de los partidos políticos dada la pérdida de los principios ideológicos que antes los cohesionaban. Conviven, además, la expectativa de un cambio incierto con la defensa de la institucionalidad democrática, el caudillismo con las propuestas orgánicas, la abstención con la participación, y el populismo con la demanda de más democracia.

La oferta electoral es inestable e incierta. Frente a los impulsos autoritarios y populistas que buscan ganar terreno, los partidos democráticos y progresistas aparecen dispersos y a la defensiva, sin un horizonte claro de articulación. Paralelamente, aumenta la desconfianza hacia las instituciones, que tienden a debilitarse y a perder credibilidad ante una ciudadanía golpeada por la polarización, la desigualdad y la inequidad.

Origen y contexto de la crisis

La problemática no puede entenderse únicamente desde lo local. Se relaciona también con los cambios globales tras la caída de la URSS y de los países socialistas de Europa del Este, que marcaron un viraje en la fe ciudadana hacia las instituciones del Estado social de derecho. El colapso de ese régimen representado por la URSS y de los países socialistas de Europa del Estele soltó las amarras al capitalismo, y a partir de entonces decayeron las políticas distributivas en las democracias capitalistas, dando paso cada vez más al neoliberalismo, que privilegió el mercado a costa del intervencionismo del Estado en la economía, como ente regulador de los excesos del libre mercado.

En este marco, se intensifica la amenaza de soluciones autoritarias frente a la necesidad de profundizar la democracia. Las conquistas sociales alcanzadas se ven cada vez más vulnerables, mientras surgen expresiones populistas que intentan capitalizar el descontento social.

El populismo, en su versión más agresiva, se presenta como un movimiento liderado por sectores de las clases altas y medias-altas que buscan manipular a los grupos más vulnerables. Su lógica se basa en la emocionalidad más que en la racionalidad, en el caudillismo por encima de la propuesta programática, y en discursos demagógicos que sustituyen las realizaciones concretas. Se trata, en esencia, de reemplazar unas élites por otras, sin otorgar concesiones reales a los sectores populares, e instaurar un régimen sin contrapesos, autocrático y autoritario.

A ello se suma el tema de la corrupción, entendida no solo como actos ilegales individuales, sino como el reflejo de un sistema de privilegios posicionales que profundiza la inequidad. Este fenómeno es la punta del iceberg de un deterioro mayor: la pérdida del sentido de comunidad democrática, que comenzó con la crisis del bipartidismo y que erosiona la confianza en la institucionalidad.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, la pregunta central es cómo fortalecer la democracia costarricense.

• Desde la sociedad civil, es fundamental organizar y estimular la participación ciudadana activa en defensa de la institucionalidad democrática. La democracia no puede reducirse al voto cada cuatro años; requiere vigilancia constante, acción colectiva y compromiso con el bien común.

• Desde los partidos políticos democráticos y progresistas, se impone la tarea de promover la unidad de fuerzas para defender y ampliar los derechos alcanzados. La fragmentación debilita y abre espacio a las corrientes autoritarias; la unidad, en cambio, ofrece la posibilidad de construir alternativas creíbles y sostenibles.

• Hacia una sociedad de derechos, el reto es avanzar en más democracia, más participación y más inclusión. En tiempos de amenaza, la respuesta no es menos democracia, sino todo lo contrario: más espacios de deliberación, de control ciudadano y de solidaridad social.

Conclusión

Costa Rica enfrenta hoy un momento de definiciones. La participación electoral y el fortalecimiento del Estado social de derecho son la mejor defensa frente a las amenazas autoritarias y populistas. La democracia costarricense, aunque frágil y tensionada, tiene en la ciudadanía organizada y en las fuerzas democráticas su mayor esperanza de continuidad y renovación

Nota del autor:
Este artículo fue elaborado a partir de mi intervención en un panel organizado por el Programa Alternativas, que produce el colectivo Reflexión Acción y es dirigido por el filósofo Luis Ángel Salazar Oses. La emisión del 15 de agosto de 2025 en la cual participé fue moderada por el teólogo Mainier Barboza.

El espejismo de la pertenencia: el populismo conquista cerebros y devora democracias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

JoséSo
José Solano-Saborío

En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fracturado, una paradoja define nuestra era: nunca hubo tanta información al alcance, y nunca fueron tan vulnerables las sociedades al engaño. Personas de todas las clases sociales —especialmente aquellas de estratos medios y bajos golpeados por la desigualdad— caen en la seductora telaraña de teorías conspirativas, discursos de odio y líderes populistas que les hablan «como uno más de nosotros«, prometiendo soluciones simples a problemas complejos: “acabamos con la corrupción dominante y todo Se resuelve solo”. Este fenómeno, global en su alcance pero local en sus manifestaciones, no es un error cognitivo inocente. Es el síntoma de una crisis democrática que aprovecha el miedo y la desesperanza para vaciar de sentido la política.

El mecanismo del engaño: identidad sobre razón

El éxito de los demagogos no reside en la veracidad de sus afirmaciones, sino en su capacidad para apelar a la identidad tribal. Estudios en psicología social —como los de Daniel Kahneman y Jonathan Haidt— revelan que bajo estrés económico o incertidumbre, los seres humanos priorizan la pertenencia grupal sobre el análisis crítico. Un político que grita «¡Ellos te roban!» o «¡Yo soy como vos, soy uno de ustedes que está igual de harto!» activa un atajo emocional: ofrece certidumbre identitaria en medio del caos. Así, el votante promedio perdona —o incluso celebra— las contradicciones flagrantes. En Europa, partidos como el Rassemblement National francés o Alternativa para Alemania han convertido a migrantes y élites en chivos expiatorios, mientras promueven agendas económicas neoliberales que profundizan la precariedad de sus propias bases. El Brexit fue el paradigma: comunidades empobrecidas del norte de Inglaterra votaron por una fantasía de soberanía, ignorando que sus empleos dependían del mercado único europeo.

América Latina: el caldo de cultivo de la ira útil

En nuestra región, este modelo encuentra terreno fértil. La historia de desigualdades estructurales, combinada con la desilusión tras ciclos de gobiernos tradicionales fallidos que solo hicieron lo que el FMI y otras instituciones financieras les indicaron como un manual, alimenta la demanda de «outsiders» que hablen sin filtros. Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ejemplifican la fórmula: retórica violenta («balas contra el crimen«), demonización de minorías (LGTBIQ+, indígenas) y ataques a la prensa («fake news» o “prensa canalla”), todo envuelto en un discurso de «hombre del pueblo«. La paradoja es cruel: sus políticas —recortes al gasto social, flexibilización laboral, privatizaciones— perjudican precisamente a quienes los aplauden emocionados. En Argentina, sectores populares apoyan figuras como Javier Milei, cuyo ultraliberalismo promete «quemar el banco central» mientras desarma redes de protección social. La pregunta obvia —¿por qué un desempleado celebra la reducción de pensiones? — tiene respuesta en la neuropolítica: el cerebro procesa el resentimiento antes que el interés económico.

Costa Rica: el sueño de la excepcionalidad agrietado

Costa Rica no es inmune. Aquí, el mito de la «Suiza centroamericana» choca con una realidad de pobreza creciente (el 25% en 2025) y desconfianza institucional. Políticos oportunistas han aprendido a empaquetar el odio con acento tico:

  • Contra el empleo público: Se sataniza a funcionarios como «privilegiados«, ocultando que muchos son enfermeras, maestros o técnicos municipales de salarios modestos. Mientras, se aplauden recortes al IMAS o al INA, pilares de movilidad social.

  • Contra migrantes: Se difunden bulos en WhatsApp sobre «invasores» nicaragüenses que «colapsan servicios», ignorando que su trabajo sostiene agricultura y construcción.

  • Populismo digital: Figuras como el presidente Rodrigo Chaves dominan el algoritmo con frases simples («¡Hay que poner orden!») y ataques a medios, mientras su gobierno recorta presupuestos para vivienda o ambiente. El resultado es un electorado que vota contra sus intereses: clases medias empobrecidas exigen menos impuestos a grandes capitales, y trabajadores informales apoyan reformas que debilitan sindicatos.

La Trampa Final: El Circulo Vicioso del Odio

Este fenómeno se retroalimenta. Las redes sociales —diseñadas para maximizar engagement mediante la indignación— amplifican mentiras que confirman sesgos. El ciudadano, atrincherado en su burbuja, desconfía de expertos («¡Son parte del sistema!») y normaliza la violencia retórica. En Costa Rica, esto se traduce en amenazas a periodistas como Ernesto Rivera, despedido del Sinart por investigar corrupción, o en marchas donde se pide «mano dura» mientras se defienden8 recortes policiales. La democracia se reduce a un espectáculo de gritos, donde el proyecto colectivo muere por mil heridas de egos individualistas.

Reflexión final: Las sociedades que intercambian hechos por consuelos identitarios no están ejerciendo «libertad«. Están cavando su propia fosa. Cuando el odio al diferente, el desprecio al conocimiento y la fe en salvadores autoritarios reemplazan el debate informado, el patrón es claro: no es una teoría conspirativa que élites manipulen a las masas. Son las masas, engañadas por su propia necesidad de pertenencia, las que eligen a sus verdugos. Y en ese camino, como bien advirtió Bertolt Brecht, llega un punto donde la estupidez se vuelve crimen contra uno mismo.

Un pueblo que cree en espejismos vota por espejismos. Y al despertar, solo encuentra el desierto que ayudó a crear.

#DemocraciaEnRiesgo #PopulismoTóxico #CostaRicaDespierta

Panel analiza los retos de la democracia ante el autoritarismo y el desmantelamiento del Estado Social

Escrito en . Publicado en Análisis.

El programa «Alternativas» realizará un panel de discusión el próximo 15 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (-6 UTC) para abordar una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: «¿Qué significa participar en las elecciones en democracia, con el Estado social de derecho en peligro? ¿Cómo definir una posición equilibrada ante el autoritarismo, desacreditación y el desmantelamiento del Estado social?»

Panel de expertos

El evento contará con la participación de tres destacados académicos:

Alberto Salom Echeverría, politólogo, ex rector de la Universidad Nacional, ex diputado, profesor universitario y autor de libros y artículos especializados en temas políticos y sociales.

Roberto Salom Echeverría, profesor universitario jubilado con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, autor de libros y artículos, y colaborador editorial de la revista Porvenir.

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado, investigador y autor de libros y artículos sobre temas económicos y sociales.

Transmisión en vivo

El panel será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, garantizando amplio acceso a la discusión.

Emisoras colaboradoras

El evento cuenta con el respaldo de importantes medios de comunicación alternativa:

  • Guanacaste 106.1 FM
  • Radio Soberanía
  • Radio Revolución
  • 506 Ondas Alajuelita Radio

Reflexión necesaria

En un contexto regional y global donde los sistemas democráticos enfrentan múltiples amenazas, desde el crecimiento de movimientos autoritarios hasta el debilitamiento sistemático de las instituciones del Estado social, este panel busca generar un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos actuales de la participación electoral y la defensa de la democracia.

La discusión promete abordar temas fundamentales como la crisis de legitimidad de las instituciones, las estrategias para fortalecer el Estado de derecho, y las alternativas para construir una posición política equilibrada que haga frente tanto al autoritarismo como a las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y la protección social.

El programa «Alternativas» forma parte de los esfuerzos por promover el diálogo académico y social sobre los grandes retos contemporáneos, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la democracia y la justicia social.

Partido Vanguardia Popular denuncia abuso y arbitrariedad del gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

Partido Vanguardia Popular– PVP
Fundado el 16 de junio de 1931

El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.

Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.

En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.

En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.

La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.

Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.

Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.

Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.

Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.

Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.

¡Cuidado, con los cantos de sirena! ¡Mucho cuidado!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto

Recordando la Odisea y la protección que recibe Odiseo de la Hechicera Circe, donde ella le recomienda que tape los oídos de sus hombres con cera y él, Odiseo, se amarra al mástil y así puede soportar los cantos de las sirenas y pasar con su barco y no perece.

Bueno, hoy las sirenas o una buena imitación de éstas, aparece en el escenario político de América Latina y en especial en este segundo decenio del siglo XXI. Ahora, ¿a qué viene la comparación? Las míticas sirenas, criaturas de la mitología griega, atraían a los marinos con su dulce y bello canto, que promete paz, belleza, conocimiento, por demás muy propio de la cultura helénica. Solo que la seducción de las susodichas conduce a la muerte.

Nuestra América tiene, desde el país del Norte imperial con Trump, en Argentina con Milei, Boluarte en Perú, Noboa en Ecuador, Mouliño en Panamá, Bukele en El Salvador, Chaves en Costa Rica, un canto que endulza, atrae, pero sabemos que ese discurso es falso y al igual que las sirenas sino no nos tapamos los oídos con cera y los Odiseos patriotas, no nos amarramos al mástil, del barco patrio, con su bandera blanco, azul y rojo, su escudo, su himno, con sus cuerdas para amarrarnos a la Constitución Política, los tres poderes del Estado, las instituciones icónicas de nuestro país, (La CCSS, el ICE, la Banca Nacionalizada, Las Universidades Públicas, El ICAA, CNP, RECOPE, FANAL, entre otras…), los días de la democracia en Costa Rica están contados.

El pueblo debería preguntarse, en especial los adultos, ¿cómo es posible, que un outsider, o en lenguaje castizo, un advenedizo, una persona que, en menos de 3 años, le haya borrado la memoria a mucha gente, que ha vivido aquí toda la vida, que ha disfrutado del Estado de bienestar, de las instituciones públicas, que ha sido la fuente de sus ingresos por años, que ha formado sus familias, que hoy muchas de ellas disfrutan de pensión; muchos han incluso, han ostentado puestos públicos en los tres poderes y dentro del régimen municipal, algunas personas aún los mantienen.

Tampoco nos engañemos, el señor presidente Rodrigo Chaves es parte de toda esa oligarquía y plutocracia que ha mantenido el poder por decenios de decenios, de modo que ese “distanciamiento” de los grupos de poder, representados en Liberación Nacional-dicho sea de paso-único partido que “ataca” de mentiras”; el ataque ideológico es al Frente Amplio, por su postura patriótica y digna en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos., la clase trabajadora y el ambiente. El ataque a Liberación Nacional es manipulado como táctica política, para reacomodar las diversas, tres por lo menos, tendencias que se disputan el poder, entre otros los sectores del Capital Financiero y bancario, el sector productivo nacional, sector productivo y financiero, ligado a las transnacionales, como las Zonas Francas, empresas de alimentos, APM terminals, las de alta tecnología…Aunque aquí se habla de alta burguesía, mediano empresariado, y clases intermedias, (profesionales, técnicos y otros), también tenemos gran parte de población, situada en los niveles de la pobreza y de la pobreza extrema.

Es hora de que toda la población costarricense se manifieste, nos están desmantelando ya no solo las instituciones públicas, autónomas, sino, la Asamblea Legislativa, La Contraloría, la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, en síntesis, los tres poderes del Estado Social de Derecho, y con el cuento de la prensa canalla, ya le puso un “bozal” a esa prensa y, a la que lo apoya, que tiene manipulada, sigue agitando la campaña política del chavismo, y utiliza el típico discurso falso del autoritarismo, “ es que no me dejan gobernar, y preguntamos los proyectos presentados, literalmente contra el pueblo y los sectores más deprimidos de la población. Así es muy fácil gobernar, sin hacer nada, solo bla, bla, bla; con el peligro de que “esos cantos de sirena” están dañando la memoria histórica, la patria, nuestros ancestros, la democracia, la estabilidad social, la seguridad alimentaria, física y humana.

Encuentro Democrático felicita al Frente Amplio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Desde la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático: Foro de Demócratas Progresistas., saludamos fraternalmente al Frente Amplio – Costa Rica por sus exitosos procesos internos, y por sus nuevos/as Candidatos/as a la próxima Asamblea Legislativa.

Recordamos que el Encuentro Democrático, no es un partido político, sino una organización y red ciudadana para incidir en el trabajo político, electoral, cultural y de educación popular. Y cuya orientación estratégica es la defensa del Estado Social de Derecho, la profundización de nuestras conquistas sociales, y la defensa de los valores republicanos de nuestra imperfecta (pero perfectible) Democracia.

Como sabemos también, en su calidad de individuos y ciudadanos /as, muchos/as miembros del Foro Encuentro Democrático, militan o simpatizan en diferentes partidos democráticos y progresistas, incluido obviamente el Frente Amplio (aunque no solamente).

Desde el Encuentro Democrático, modestamente, durante todos estos años de ardua labor patriótica, hemos colaborado juntos, para enfrentar electoralmente, a la corrupta Derecha Neoliberal, luego a la Derecha Fundamentalista religiosa, y ahora, a Extrema Derecha Populista y Autoritaria en el Gobierno.

Es nuestra modesta opinión, que en esta dramática coyuntura electoral, la unidad de todos/as los/las Demócratas, es la mejor táctica contra el embrión Neofascista y Ultra-Neoliberal del Gobierno de turno. Y que esta debe ser la línea política estratégica superior.

Sólo la auténtica vocación por la unidad en la diversidad, con una nueva articulación política junto a la Sociedad Civil, puede dar pie realmente, a una próxima alianza electoral más amplia, de carácter plural y pluriclasista, para así detener en las urnas, al peligroso avance del Oficialismo. A su nefasto servicio, tenemos la sistemática Desinformación y la vulgar Demagogia, y un gran y dudoso capital para financiar su nueva campaña electoral. Esta próxima Campaña Electoral, será aún mucho más sucia, inmoral y anti-ética, que las anteriores (y eso es decir bastante).

Pero la reelección de algún «partido-taxi» del Oficialismo, sería francamente letal, para nuestra Democracia, y para nuestras conquistas populares.

Nuevos y demenciales, intereses foráneos Geopolíticos, apuestan por el Autoritarismo Populista para Costa Rica, pese a los cuestionamientos del Narcotráfico. Y esto pesará mucho. El régimen tiene vocación autoritaria, y talante cipayo. Hoy también está amenazada nuestra Soberanía Nacional.

Mientras al interno, se juega y manipula con el justo descontento de las masas, heredado de décadas de Neoliberalismo, y de crecimiento de la Desigualdad estructural, acentuados con la crisis económica nacional y global, y la con peligrosa Crisis de Legitimidad de nuestra maltrecha Democracia.

Sin embargo, el «incendio social» no se combate con más gasolina, como propone la Irracionalidad Populista. Perseveraremos en la estratégica Defensa del Estado Social de Derecho.

Es mucho lo que está en juego ahora, en las próximas Elecciones; pues francamente están en peligro, nuestras libertades públicas, nuestras conquistas sociales, nuestras instituciones, y repetimos, nuestro Estado Social de Derecho, e incluso nuestro mismo Estado de Derecho.

En consecuencia, felicitamos públicamente al Frente Amplio por la tenaz labor de oposición patriótica de su Fracción Legislativa, y por la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares.

Al mismo tiempo, los/las instamos a seguir construyendo y sumando, en la más completa amplitud democrática, y a estar a la altura de estas dramáticas circunstancias políticas. Lo mismo señalamos respetuosamente, para otros partidos políticos progresistas, y sus diferentes alianzas electorales.

Un sincero abrazo fraternal desde el Encuentro Democrático.

Por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático,

MA.Tatiana Herrera Ávila, MBA. Johana Hernandez,

e ING. Alfredo Chocano, MA. Jiddu Rojas Jiménez, ING. Tamara Briceño

Frente al abismo neofascista: la izquierda progresista tica debe reconocer el mal mayor

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

La situación que vive Costa Rica hoy puede ser la más crítica desde la fundación de la Segunda República en 1948. Entonces, José María Figueres Ferrer apostó por reconstruir instituciones tras la guerra civil. Hoy, nos encontramos al borde del colapso del Estado Social de Derecho y la democracia centenaria, amenazada por discursos autoritarios que desprecian conquistas sociales y derechos humanos.

La encrucijada de hace cuatro años

En las elecciones pasadas, una parte del centro y el progresismo optó por no respaldar a Figueres Olsen por sus cuestionamientos éticos. Temieron la vuelta del bipartidismo, sin medir que la alternativa era un discurso populista, autocrático y ultraconservador. Aquella decisión, más que un gesto de principios significó dejarle campo libre al político neoconservador, populista y autocrático, envalentonado por su exitosa manipulación de un pueblo agotado y desesperado, cuyo discurso maniqueo y violento ya tiene claros tintes neofascistas y ya, hoy, pone en jaque la estabilidad democrática.

El peligro real: de Federico Tinoco a un nuevo autoritarismo

Negociar con sectores políticos moderados y democráticos, por imperfectos que sean, no implica renunciar a la ética, sino reconocer límites infranqueables: aquí no caben proyectos que desprecien los derechos sociales y civiles. No podemos permitir el surgimiento de un “Federico Tinoco” moderno—más astuto y manipulador—que prometa orden a costa de instituciones y libertades.

Lecciones de la región

Tenemos muchos ejemplos cercanos a nuestra realidad latinoamericana, para tener el espejo que nos permita vernos reflejados.

En el Chile de 1973 el golpe contra Allende abrió dos décadas de represión y retrocesos sociales.

En la Argentina de Videla la erosión progresiva de la democracia terminó en el brutal autoritarismo militar, dejando heridas que no terminan de cicatrizar y hoy Milei ataca con todo a su frágil democracia post Videla.

En Nicaragua un traidor de Sandino, disfrazado de socialista, tiene a Nicaragua sumida en el caos desde 2007, donde la sombra de Somoza se aprovechó del discurso “revolucionario”, para volver al control absoluto del poder.

Estos ejemplos demuestran que el mal mayor no siempre irrumpe de golpe, sino por erosión lenta de contrapesos y libertades.

Reconocer al verdadero enemigo

Antonio Gramsci nos recordó que la hegemonía se conquista también por consentimiento pasivo: hoy, la indiferencia ante ataques a la justicia social y la libertad de prensa nos hace cómplices. Herbert Marcuse advirtió que la sociedad “unidimensional” pierde la capacidad crítica frente a mensajes de “seguridad” y “orden”. Noam Chomsky nos insta a identificar siempre quién controla la narrativa y con qué fines.

Voces progresistas y nacionales como guía

José Mujica nos enseñó que la democracia no es un logro garantizado, sino una tarea cotidiana de resistencia. En Costa Rica, Rodrigo Facio defendió la Constitución ante amenazas golpistas; Manuel Mora Valverde luchó por los derechos laborales que Chaves hoy amenaza con sus jornadas de 48 horas 4×3; y José María Figueres Ferrer construyó este modelo de Estado Social de Derecho. Su legado nos invita hoy a cerrar filas.

¡Llamado a la Acción! Oigamos a nuestra conciencia

Oposición progresista, socialdemócrata y de izquierda democrática: urgimos a mirar de frente la magnitud de la amenaza y a reencontrarnos en el terreno de la defensa de la democracia y la justicia social. Identifiquemos al verdadero enemigo: no son los matices ideológicos internos, sino el autoritarismo que se abalanza sobre nuestras instituciones. Si no actuamos unidos y con urgencia, corremos el riesgo de perderlo todo. Ahora más que nunca, valga el optimismo de la voluntad de Gramsci: solo juntos podremos resistir y reconstruir la esperanza en Costa Rica y tiene que ser antes que sea demasiado tarde.