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Etiqueta: autoritarismo

Mientras Chaves-Fernández apenas van, Bukele ya regresa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Para lo que juzgará la Historia ya todo está escrito: la propuesta del continuismo Chaves-Fernández admira, venera, imita y añora ser como Bukele, concentrar todo el poder político, borrar la separación de poderes, eliminar los controles republicanos y, además, gobernar mediante decretos en medio de la suspensión de garantías constitucionales. Estas no son acusaciones de adversarios malévolos, son confesiones explícitas de quienes por desgracia nos gobiernan.

El “gran logro” del tiranillo tropical ha sido crear un enorme campo de concentración-exterminio, reduciendo ciertamente la tasa de homicidios y otros delitos, pero a cambio de encerrar a 120 mil personas (más del 2% de la población), de manera atolondrada, sin las mínimas garantías del debido proceso, sin importar su inocencia o culpabilidad, con denuncias de tratos crueles, torturas y 500 personas fallecidas (¿asesinadas?) a lo interno del sistema carcelario.

El modelito resulta insostenible desde el punto de vista moral y jurídico, pero también desde una perspectiva económica y política, tanto para el pueblo salvadoreño como para la comunidad internacional que observa estupefacta semejante experimento neonazi. De ahí que la manifestación de Bukele en el sentido de que está considerando –por supuesto él como consumado autócrata- la liberación de al menos el 50% de los encarcelados, deba ser analizada con lupa.

Recurro como fuente al medio salvadoreño El Independiente en artículo firmado por Walter Raudales: “El ´MODELO´ se desinfla. ¿Qué hay realmente detrás del anuncio confuso de liberar ´postes´?”:[1]

  1. La manifestación del mandatario salvadoreño es una confesión de fracaso. La férrea mano dura muestra sus fisuras y está buscando una desesperada salida a la trampa en que se ha metido. Es insostenible seguir alimentando la mentira y al fin de cuentas la verdad termina por imponerse.
  2. La propuesta bukeliana, para variar, resulta truculenta. Propone liberar a miles de presos arbitrariamente detenidos obligándolos a reconocer al menos su “colaboración” con las pandillas o el crimen organizado. En el fondo, para recuperar su libertad, los afectados han de manchar sus antecedentes penales y el régimen podrá alegar siempre que nunca fueron inocentes.
  3. A la hipócrita proclama de que “ningún inocente debe permanecer preso”, en el mismo acto, el tiranuelo advierte sobre la necesidad de prorrogar el Estado de Excepción, que ya dura más de 55 meses, como mecanismo para mantener la guerra contra las pandillas.
  4. Quedan sin explicarse las consignas originales que proclamaban el deber de detener a todo sospechoso en barrios y pueblos empobrecidos, porque todos eran potenciales terroristas.
  5. El tiempo ha dado la razón a defensores de derechos humanos y asociaciones de víctimas: combatir a los pandilleros no justifica las detenciones arbitrarias y la eliminación de garantías procesales. Tampoco es válido tachar a estos defensores como cómplices de los delincuentes.
  6. Ahora Bukele empieza a hablar de liberar inocentes, reparar en los distintos “grados de participación”, establecer quiénes han cometido delitos leves, estudiar cada expediente y determinar quiénes han sido “colaboradores involuntarios” para aplicarles la figura de la “libertad asistida”. Pero precisamente esa es labor de fiscales y jueces en un Estado de derecho. Bukele no puede seguir arrogándose facultades que no le corresponden.
  7. En este repentino ataque de empatía con los prisioneros sin debido proceso, pueden estar gravitando los siguientes factores:
    7.1. El próximo proceso electoral en El Salvador donde Bukele busca perpetuarse en el poder de conformidad con las reformas constitucionales hechas a su medida. Pacificar las calles no es suficiente si la pobreza y la extrema pobreza crecen, si la educación y la salud públicas se deterioran, si no hay fuentes de empleo, si no hay una Fiscalía independiente que investigue las denuncias de corrupción público/privada, si el mayor terrateniente es la familia presidencial, etc, etc.
    7.2. En ese contexto pre-electoral se puede estar negociando otro acuerdo territorial entre gobierno y estructuras criminales para asegurarse el voto en zonas rurales y periurbanas.
    7.3. Puede que la liberación precipitada y en desorden de prisioneros busque provocar, a corto plazo, un “rebrote delictivo” que justifique de nuevo la perpetuación del Régimen de Excepción.
    7.4. Los eventuales cambios en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones, pueden provocar cuestionamientos al modelo bukeliano, así como investigaciones y denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
  8. En definitiva, el articulista Raudales recomienda en todo caso aceptar la oferta de Bukele, liberar de inmediato a los inocentes, garantizar debido proceso a quienes tienen elementos de prueba en su contra, liberar también a presos políticos y, dado que el argumento principal para sostener un Estado de Excepción se ha resquebrajado –eliminación de derechos a cambio de orden y seguridad-, terminar de una vez con esa situación de excepcionalidad y recuperar el orden democrático.

Lo que resulta vergonzoso y patético del continuismo Chaves-Fernández, es verlos alabando y copiando un modelo que se desinfla y hace aguas por todas partes. No es casualidad que ni Bukele ni De la Espriella se hayan ausentado de la famosa inauguración de nuestra caricatura de mega-cárcel. Tampoco es casual que la reciente visita de Fernández a El Salvador haya sido inmediatamente seguida por la salida de Bukele a Washington, donde muy probablemente tenga oficios que diligenciar ante el incendio que lo amenaza.

[1] Los “postes” son colaboradores involuntarios, coaccionados por mareros militantes, pero que el régimen igual encierra indiscriminadamente.

¡Indignémonos!

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana que termina no podría ser diferente a este año de ruptura civilizatoria que nos tocó vivir.

En el mundo, la peor pesadilla política que registre la historia democrática contemporánea se ha manifestado contrariada por el no otorgamiento del Premio Nobel a su persona, dado el altruismo con que decide asesinar un día sí y otro también a poblaciones inocentes en todo el planeta.

Faltaba más que ese Nobel se lo otorguen algún día dados sus atributos manifiestos en “búsqueda de la paz mundial”.

En Francia lo mismo que en Argentina, España y Albania, los estudiantes han salido a las calles a manifestar su descontento e indignación por el deterioro en la educación pública, la crisis de financiamiento y la mala disposición de la infraestructura educativa. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la protesta.

En una historia que parece repetirse 15 años después, la indignación parece ser el motor que impulsa a estas generaciones a rebelarse contra su propio destino. Sus luchas materiales van hoy de la mano por la reivindicación de los derechos más elementales, como el derecho a tener una educación de calidad.

Hoy, como ayer, son los jóvenes quienes salen a contradecir la historia.

En un contexto más cercano, más local, la más aguda de las paradojas ha ocurrido en Costa Rica en cuestión de horas.

Como si se tratara de la teatralización de una escena de mal gusto, el gobierno costarricense inauguró un centro para privados de libertad siguiendo el pésimo guion de autoritarismos cercanos. La megacárcel es el proyecto estrella de una administración que apenas con cinco meses de funcionamiento ha mostrado una trayectoria errática y preocupantemente populista.

Pero al mismo tiempo, anuncia de forma contundente el recorte al presupuesto de la educación superior pública que provocaría cierre de sedes regionales, disminución de becas estudiantiles y el colapso institucional universitario a corto plazo.

Sí. Todo está al revés. Y asistimos a esta hora cargados de incertidumbre. El camino de la indignación empieza por indignarnos para que luego aparezca lo demás.

Pero hay que hacerlo.

Si estos anuncios provenientes desde el oficialismo costarricense no indignan y provocan la movilización, ya nada lo hará.

La vida en disputa: democracia, poder y resistencias en el 2026

Rodrigo Campos Hernández

Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?

No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.

Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.

La vida como problema político

La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.

Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.

En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.

La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?

Cuando la respuesta es la represión

La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.

Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.

No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.

La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.

La extrema derecha y la administración del malestar

Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.

Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.

Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.

Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.

La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.

Vaciar la democracia desde sus instituciones

La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.

Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.

Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.

Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.

Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico

Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.

La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.

Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.

El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.

Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.

Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.

La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.

En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.

Un orden mundial en disputa

Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.

Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.

En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.

La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.

También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.

La promesa de salvación y las políticas contra la vida

Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.

Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.

Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.

La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.

La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.

Resistir también es producir democracia

Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.

Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.

La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.

El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.

Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?

El chavismo es un proyecto totalitario

Óscar Madrigal

Las relaciones políticas de los partidos ocurridas en el pasado deben servirnos de enseñanza y tenerse muy presentes.

El Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), su fracción parlamentaria, mantuvo alianzas con los chavistas en el periodo legislativo pasado y terminó prácticamente desapareciendo, liquidado.

El partido político de Fabricio Alvarado se alió con el chavismo en la Asamblea Legislativa y desapareció.

Aunque los diputados que vendieron sus votos y conciencias al chavismo gozan de prebendas, como asesores o embajadores, sus partidos terminaron fuera del espectro político nacional.

Enseñanza importante: el chavismo absorbe y hace desaparecer a los que se hincan a sus pies o hacen acuerdos sin principios.

El chavismo no hace alianzas, absorbe a sus oponentes. Los liquida después de comprar a sus representantes.

Partiendo de esa experiencia que es real y está presente a los ojos de todos, es que hay que tener cuidado al negociar con el chavismo; tener en cuenta que siempre procurará comprar conciencias y hacer a esas personas o grupos parte de su proyecto autoritario.

Así ocurre en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, la Contraloría y otras instituciones.

Su proyecto político es el control total de la institucionalidad democrática, es vencer de cualquier manera posible a la oposición política y de otras índoles.

Liberación Nacional -especialmente- debe tener muy presente esa experiencia ante la disyuntiva en que se encuentra; es la llave para alcanzar los 38 votos y con ello el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho.

La Unidad debe recordar siempre su experiencia reciente.

El chavismo es un proyecto político autoritario, totalizante, que por su propia esencia querrá chantajear, comprar votos y absorber a las expresiones políticas opositoras. Siempre estará trabajando, actuando, en este sentido; buscando 38 votos para los proyectos de ley más entreguistas, buscando el control del espectro democrático nacional.

Los demócratas deben ser consecuentes ante el proyecto autoritario y totalitario que representa el chavismo.

La República entre barrotes: notas del subsuelo costarricense

Por Frank Ulloa Royo

La cárcel, en el siglo XIX francés, fue símbolo de modernidad y exclusión. Eugène Sue, en Los misterios de París (1842–1843), la retrató como destino inevitable de los marginados: “La prisión es el horizonte de los pobres, el lugar donde la miseria se convierte en delito.” Honoré de Balzac, en Esplendores y miserias de las cortesanas (1838–1847), la convirtió en escenario de corrupción y ruina moral, mostrando que los barrotes no eran más que prolongación del poder económico. Los hermanos Goncourt, en La fille Elisa (1877), mostraron la prisión como el último peldaño de la degradación femenina: “La mujer pobre no cae por el crimen, sino por la fatalidad social que convierte su miseria en culpa.” La literatura entendió pronto que la cárcel no era espacio de justicia, sino teatro donde la sociedad exhibía su desigualdad. La ironía histórica es que, mientras Europa se jactaba de haber dejado atrás los suplicios públicos, lo que realmente inauguraba era una maquinaria más sofisticada de control: muros, barrotes y reglamentos que disfrazaban la represión con el lenguaje del progreso.

En el siglo XX, Michel Foucault desmontó esa ilusión humanista con bisturí filosófico. En Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975) escribió: “La prisión no corrige, vigila; no libera, disciplina.” El panóptico, esa metáfora de la mirada invisible, se convirtió en el emblema de una sociedad que controla sin necesidad de látigo. La ironía es que la cárcel, presentada como conquista civilizatoria, era en realidad el laboratorio de la dominación. Y hoy, Costa Rica repite la escena con un guion ya escrito: se levanta un nuevo centro penitenciario como promesa de seguridad, mientras se desmantelan las políticas sociales que prevenían la exclusión. La historia se repite, pero con disfraz tropical: la República que abolió el ejército ahora multiplica cárceles y entrega soberanía, como si la memoria de la paz fuera un lujo que ya no podemos permitirnos.

No es casual que Víctor Hugo, en Los Miserables (1862), mostrara que el destino de los pobres era la muerte prematura o la cárcel. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la paradoja de un sistema que castiga la miseria en lugar de combatirla: “El hambre no es delito, pero la justicia lo convierte en crimen.” Esa alegoría sigue vigente: los miserables de hoy no son criminales por naturaleza, sino víctimas de un Estado que recorta derechos y multiplica barrotes.

El presupuesto 2026 desnuda la lógica del subsuelo: se recortan pensiones, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, vivienda y cuido infantil, mientras aumentan los gastos en Presidencia, Hacienda y Asamblea Legislativa, con asesores, vehículos y pines de oro. La república se desvanece: menos derechos, más cárceles, más cuchillos en la mano de la patria agraviada.

Defender la independencia judicial no es encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral. Es impedir que la justicia se convierta en rehén del poder político. La Sala Constitucional, tantas veces protectora de derechos sindicales y laborales, está bajo amenaza. Si cae, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso hoy es consigna política. No queremos una republiqueta punitiva al estilo Bukele, sino una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia sin miedo.

El subsuelo de Dostoievski es nuestro espejo: alienación y resentimiento marcan la vida pública, diputados que rechazan candidatos, instituciones que callan, magistrados que guardan silencio cómodo. Y en medio de esa penumbra aparece el ministro de Justicia, que un día se arrodilló frente a los reos no para reconocer su humanidad, sino para insultarlos y negarles toda dignidad. Ese gesto, más teatral que político, fue la confesión de un poder que desprecia a los más vulnerables y convierte la justicia en espectáculo de humillación. Hoy ese mismo ministro está siendo investigado, como si la ironía quisiera recordarnos que quien niega humanidad termina negándose a sí mismo. Dostoievski escribió en Notas del subsuelo (1864): “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse.

Hoy, proyectos que legitiman la violencia institucional amenazan con destruir esa memoria. Quienes denuncian ante la Sala Constitucional estas políticas infrahumanas, como el Dr. Ricardo Zeledón, serán maltratados en las oficinas presidenciales como enemigos de la sociedad. El subsuelo costarricense nos advierte: pronto las cárceles estarán llenas de opositores políticos a este modelo autoritario, también de mujeres y hombres excluidos por las políticas económicas en nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como Debravo, repetimos: no queremos cuchillos en la mano de la patria, queremos justicia libre, digna y humana.

Lo irónico es que, como en El Salvador, los votantes podrían quedarse con la última página del libro: la ilusión de haber recuperado las calles, aunque sea de manera temporal, mientras la democracia se reduce a barrotes y decretos punitivos. La historia se repite con disfraz distinto, pero con la misma moraleja: la seguridad que se compra con miedo termina siendo la antesala de la represión.

¿En qué consiste el cambio que propone la continuidad?

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

En Costa Rica se habla de cambio mientras se ofrece continuidad. La paradoja merece atención. Si el proyecto económico permanece, si continúan las políticas neoliberales y la subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿qué es exactamente lo que cambiaría?

La respuesta parece estar menos en el orden social que se propone que en la manera de ejercer el poder. Las viejas prácticas de corrupción, clientelismo y concentración de la riqueza no desaparecen. Se presentan con otro lenguaje: el del líder que habla directamente en nombre del pueblo, enfrenta a las instituciones y convierte cada límite al Ejecutivo en una ofensa contra la voluntad popular. El enojo con los partidos y las élites encuentra así un cauce, pero no necesariamente se dirige contra las relaciones económicas que producen desigualdad. Se vuelca contra quienes fiscalizan, deliberan o ponen freno.

En esa operación también intervienen ciertas corrientes fundamentalistas religiosas, en Costa Rica y en buena parte de la región. No hablo de las personas creyentes en general, sino de proyectos políticos que convierten una interpretación religiosa en programa de gobierno y en criterio para decidir quién pertenece a la comunidad moral. Sus discursos sobre la familia, la sexualidad, la educación y el género movilizan temores y presentan las conquistas de derechos como amenazas al orden. Así, diferencias sociales y económicas quedan desplazadas por una batalla moral que permite identificar enemigos y consolidar lealtades.

La alianza entre ese fundamentalismo y la política neoliberal no es contradictoria. La defensa religiosa de la jerarquía puede convivir con un orden económico que concentra riqueza y debilita la protección social. La desigualdad se explica como responsabilidad individual; la caridad sustituye a la justicia social; la obediencia se presenta como virtud y la crítica como desorden. El lenguaje de la fe aporta una legitimidad moral a un proyecto que, en el terreno económico, conserva las relaciones de poder existentes.

La clase dominante no necesita inventar un nuevo orden para defender sus intereses. Puede renovar sus formas de legitimación, intensificar la confrontación y hacer de la hostilidad institucional una señal de autenticidad política. El cambio se vuelve visible en el estilo, en la movilización y en el trato hacia los contrapesos. La continuidad se conserva en la orientación económica y en la distribución del poder.

Por eso, comparar Costa Rica con Venezuela exige decir con precisión qué se compara. El chavismo nació de una crisis de representación y formuló un proyecto de ruptura con el orden neoliberal, con una apuesta por la soberanía nacional y la transformación social. Su historia también debe examinarse con rigor, incluidas sus derivas autoritarias y las consecuencias de sus decisiones. Pero esa trayectoria no vuelve equivalentes proyectos distintos. En Costa Rica, la continuidad que se ofrece no plantea una transición socialista: profundiza una orientación neoliberal mientras presenta la institucionalidad como obstáculo para gobernar.

El temor a una ruptura socialista ayuda a sostener esa presentación. Cuando Venezuela, Cuba o Nicaragua aparecen como advertencias totales, mientras las derivas autoritarias de gobiernos de derecha se describen como respuestas de seguridad o como simples estilos de liderazgo, la crítica deja de aplicar el mismo criterio. El fundamentalismo refuerza ese temor al asociar cualquier propuesta de igualdad o ampliación de derechos con una amenaza contra la religión, la familia o la nación. No se trata de silenciar los abusos de los gobiernos que se identifican con el socialismo. Se trata de preguntar por qué el capitalismo suele ser evaluado por sus promesas, mientras al socialismo se le exige responder por sus fracasos aun bajo bloqueo, sanciones y presión externa.

También debemos mirar cómo se disputa hoy la política dentro de nuestras propias fronteras. Las redes de consultores, medios, operadores digitales y contactos políticos que conectan campañas latinoamericanas con Miami y Washington requieren investigación pública y cuidadosa. En el caso de Cerimedo se han descrito conexiones regionales y vínculos con operadores estadounidenses; para Costa Rica, existen nexos reportados que ameritan esclarecerse, aunque eso por sí solo no pruebe que Washington dirigiera una campaña específica. La soberanía también se erosiona cuando decisiones domésticas quedan condicionadas por intereses externos o cuando la propaganda importada se confunde con una expresión espontánea de la ciudadanía.

La alternancia electoral, por sí sola, tampoco resolvería este problema. Si se detiene el continuismo sin ofrecer una salida material al malestar, se pueden reparar procedimientos y recomponer relaciones entre poderes, pero permanecerían las condiciones que alimentaron la desconfianza. Una democracia que no mejora la vida de la mayoría pierde capacidad de convocar; esa frustración deja espacio para nuevos liderazgos que prometen destruirlo todo mientras protegen las mismas estructuras.

Tal vez ahí esté la respuesta a la pregunta inicial. La continuidad propone conservar el orden económico existente y cambiar la forma de defenderlo: más personalista, más confrontativa y con menos tolerancia hacia los contrapesos. El fundamentalismo religioso contribuye a darle arraigo y justificación moral. Su novedad consiste en presentar esa defensa como una rebelión popular y una restauración de valores. El cambio que falta es otro: ampliar el bienestar, democratizar el poder y hacer que las instituciones respondan a quienes hoy sienten que no tienen una salida.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

El lumpen político

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

Estética de lo horrendo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Son feos. Digo. Corporalmente.

Tienen patillas pronunciadas o barbas sospechosamente simétricas. Son anaranjados o de facciones desiguales que hacen lucir sus dentaduras como corredores desordenados. Visten la tosquedad del protocolo de la comunicación y la propaganda extremista de los años cuarenta del siglo anterior.

Eso es lo que son. Esa representación del poder mediante la mueca, la burla y el cinismo. Una observación de cerca a toda su teatralidad evidencia esa fea estética del poder que hoy campea por América Latina. Y más acá.

Feos, locos, desencajados.

Pero lo que sorprende, si es que algo sorprende ya en un país como Costa Rica, es la fealdad física de quienes detentan el poder (ellos mismos se han encargado de afear sus facciones a través de la mueca, la máscara, el insulto) sumada a la fealdad de espíritu que los caracteriza en su ejercicio político.

Ahí sí son feos con ganas.

Lo voy a decir con todas las palabras posibles: la fealdad y pobreza de espíritu mostrada por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa no tiene comparación alguna.

Recién se conoce la dimensión del drama migrante costarricense con dos personas fallecidas este 2026 en sus condiciones de detención por parte de ICE. La última de ellas falleció a falta de atención médica y acceso a alimentación adecuada, lo que produjo voces de indignación de varios sectores locales.

Lo que se solicitó en plenario fue solamente un acto simbólico de homenaje para esta persona, a lo que la bancada oficialista se negó en su mayor parte.

La estética del horror termina fusionando caras y cuerpos con sus espíritus. A esa representación acudimos hoy. Que esa fealdad absoluta no pueda cristalizar su proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática costarricense.

Una pequeña luz hermosa de resistencia y rebeldía se viene prendiendo. Ante la fealdad, la belleza.

Que así sea.

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.