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Etiqueta: autoritarismo

Las claves del triunfo chavista: fragmentación democrática y unificación de la derecha

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez, M.Sc.

Las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica dejaron un resultado que, aunque jurídicamente es incuestionable, merece una lectura más profunda. La victoria de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano se alcanzó con cerca del 48.3 % de los votos válidamente emitidos.

Sin embargo, cuando se observa el panorama completo del padrón electoral; 3,731,788 personas inscritas, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones; la realidad es otra: el nuevo gobierno cuenta con el respaldo directo de apenas el 31.9% del total de electores; y sus diputaciones con el 28,8%. Es decir, se trata de una victoria institucional y jurídicamente clara y legítima, de la que no cabe duda alguna; pero con una legitimidad social y política más bien moderada.

Este resultado no puede interpretarse como una adhesión mayoritaria de la sociedad costarricense al proyecto político de extrema derecha que representa el chavismo. Por el contrario, responde fundamentalmente a una estrategia que logró lo que durante años parecía imposible: absorber a prácticamente todo el espectro conservador, fundamentalista religioso y de derecha radical en una sola opción electoral; que atrajo a los sectores sociales históricamente más vulnerables y excluidos.

El Partido Pueblo Soberano absorbió y desplazó a fuerzas que hasta hace poco dominaban el centro derecha y la derecha política: Nueva República, el Partido Liberal Progresista, la Unidad Socialcristiana, Unidos Podemos y otras agrupaciones menores que juntas llegaron apenas al 8.07% de los votos válidos. La dispersión histórica del voto conservador desapareció y se concentró en un proyecto común, permitiendo alcanzar una mayoría relativa contundente entre quienes sí acudieron a las urnas.

Mientras tanto, el bloque democrático, progresista y de centro mostró una profunda fragmentación. Aproximadamente un 43.2 % de los votos válidamente emitidos se dispersó entre el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la coalición Agenda Ciudadana (que obtuvieron 1,080,000 votos) y otras fuerzas menores.

En total un 58.7% de los votos válidos fue para partidos de oposición (1,350,000 votos) mientras que Pueblo Soberano obtuvo el 48.3% (1,190,000 votos). Esta división resultó determinante. En conjunto, estas fuerzas de oposición representaron una porción significativa del electorado, pero al competir separadas facilitaron el triunfo de una derecha cohesionada. La historia electoral es clara: cuando un bloque político se unifica y su adversario se fragmenta, la victoria del primero se vuelve altamente probable, incluso sin contar con mayoría social.

A este escenario se suma un tercer actor cada vez más relevante: el abstencionismo. Cerca del 30 % del padrón electoral decidió no participar. Se trata de una población marcada por la apatía, la desconfianza en la política o la sensación de que ningún proyecto representa realmente sus intereses. Este sector, al margen del proceso democrático, termina siendo funcional a que proyectos políticos que no necesariamente son mayoritarios controlen el poder institucional del país. Esta población proviene principalmente de esos mismos sectores excluidos e históricamente marginados que nutrieron al chavismo en estas elecciones, pero que no pudieron ser enganchados por este, ni tampoco por las fuerzas democráticas.

Otro elemento revelador de estas elecciones es su dimensión territorial. Laura Fernández superó el 50 % de los votos en 44 cantones del país. De ellos, solo uno corresponde a un centro urbano: Alajuela Centro. Los otros 43 son cantones rurales, periféricos y de las regiones históricamente más excluidas: las zonas costeras, la Zona Norte y comunidades alejadas del centro económico del país. A estos se sumaron otros cantones y poblaciones con menor índice de desarrollo y mayores niveles de pobreza y exclusión.

Este patrón no es casual. En muchas democracias contemporáneas, los proyectos de extrema derecha han logrado arraigo precisamente en territorios golpeados por la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado ha llegado menos, el discurso autoritario y el fundamentalismo religioso encuentran terreno fértil.

Las lecciones políticas que deja este proceso son claras.

Primero, el nuevo gobierno no representa a una mayoría social absoluta, sino a un proyecto político que supo concentrar el voto, absorbiendo y unificando a las derechas; lo que fue clave para su triunfo.

Segundo, la fragmentación del campo democrático, de centro y progresista resultó decisiva para la derrota. Así como la ausencia de un proyecto político que resultara atractivo a la población.

Tercero, el abstencionismo sigue siendo un problema estructural de la democracia costarricense.

Cuarto, las regiones excluidas del país se han convertido en el principal escenario de disputa política, con predominio, por el momento, del proyecto de extrema derecha que representa el chavismo.

Todo esto evidencia la necesidad de que las fuerzas democráticas, progresistas y de centro superen la lógica de la división y apuesten por alianzas amplias, acuerdos programáticos y coaliciones que permitan enfrentar con mayor éxito a la extrema derecha en los próximos procesos electorales.

Pero estas alianzas no pueden limitarse a pactos electorales entre dirigencias y partidos. Deben ir acompañadas de la construcción de un proyecto político que atraiga nuevamente a la población, de un discurso y una narrativa que convenzan; y de un trabajo sostenido con los movimientos sociales y populares; en las comunidades, especialmente en los territorios rurales y periféricos que hoy se sienten abandonados. Es allí donde debe reconstruirse la confianza en la democracia, con presencia institucional, políticas sociales reales y propuestas que respondan a las necesidades cotidianas de la población.

Las elecciones municipales del 2028 serán clave para que los partidos democráticos rectifiquen sus estrategias y recuperen en los territorios el terreno perdido y logren consolidar proyectos reales dirigidos al bienestar del mayor número, especialmente en las áreas rurales y periféricas donde hoy la extrema derecha concentra su fuerza.

Las elecciones de 2026 no marcan un giro mayoritario del país hacia la extrema derecha. Revelan, más bien, una combinación peligrosa: una derecha estratégicamente unificada bajo un proyecto político y con una narrativa que convence y atrae a los sectores históricamente excluidos y decepcionados; una oposición democrática fragmentada, sin narrativa y sin proyecto político alternativo; y una ciudadanía distante y apática del proceso político.

El desafío para Costa Rica es enorme. O las fuerzas democráticas logran articular unidad, presencia territorial y un proyecto inclusivo capaz de reconectar con la ciudadanía, o el proyecto autoritario de la extrema derecha se consolidará, ganando poder aún con apoyos sociales minoritarios, pero políticamente bien organizados.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

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German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

Defender la democracia: un llamado urgente

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Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

Hay momentos en que la unidad por Costa Rica está por encima de cualquier diferencia ideológica

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Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas

Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.

La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.

¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?

Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.

Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses

Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.

No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.

En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.

Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes

En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.

En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.

En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.

El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.

Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad

La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.

Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.

Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…” especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.

Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional –aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).

Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.

Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática

Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.

En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.

Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.

Antivoto, conflicto social y salud mental

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Vilma Leandro Zúñiga
Psicóloga

Como si no estuviéramos en tiempos difíciles ya de por sí, encima hay «eruditos» que salen a decir en qué estado de ánimo hay que ir a votar y con qué lógica: que la razón, que la esperanza, que la alegría, que la fiesta electoral, que el miedo, que no hay que votar en contra sino a favor… y un largo etcétera.

Las recomendaciones no tienen nada de malo, pero los juicios e imposiciones morales estilo «cátedra política» no nos lucen mucho en este escenario tan dramáticamente difícil y peligroso.

Que lo ideal sería ir «feliz de la vida» a votar por la opción decidida, pues sí. Pero hace mucho rato dejamos de estar ahí, y, como en otras elecciones lo he dicho, estamos «padeciendo» el voto.

En psicología sabemos que el conflicto es parte inherente a la naturaleza humana. Y que el primer paso para resolverlo es reconocerlo y tratar de descifrar adonde está el núcleo. También sabemos que se da en todas las esferas: a nivel interno, de pareja, familiar, laboral, comunitario y, por supuesto, social/nacional.

Podríamos decir que en este momento nuestro país está atravesando una alta conflictividad social. Si en el 2007, con el TLC y, en el 2018, con las elecciones de los Alvarados estuvimos “como agua para chocolate”, ahora, me temo, sí es cierto que el país se quebró, sobre todo, porque tenemos casi 4 años de estar vivenciando discursos y acciones en las altas esferas políticas que no solo promueven el odio, la división y el irrespeto, sino que además predican con el ejemplo. Y encima, esa ha sido su estrategia imparable de campaña. De manera que era imposible que no llegáramos a esta parte bastante fracturados.

Hay investigaciones de psicología social y política que indican que, en este tipo de escenarios, las personas suelen sentirse mal, con miedo, con mucho enojo, con tristeza, con cansancio emocional, con sobre pensamiento (tener ideas fijas a cada rato que se vienen a la mente) con angustia que deriva en crisis de ansiedad y todo su correlato con síntomas físicos: dolores de cabeza, insomnio, afectaciones estomacales, incluso con episodios de llanto, etc. En general, se puede generar un gran malestar que hace que la gente no ande bien y no pueda funcionar como siempre, ni en el plano emocional, ni en el del pensamiento.

Digo todo esto porque si se han sentido mal en estos días y, especialmente, cuanto más cerca están las elecciones, pues están reaccionando de la forma más natural y esperada, ya que, como ya dije antes, la situación que enfrentamos es tremendamente delicada.

Se trata de definir qué país queremos en una coyuntura donde tenemos la vida amenazada de muchas formas y como nunca antes: desde la violencia en las calles desatada por el narco, hasta las listas de espera interminables de la Caja ( si alguien se enferma grave sabe que le toca un largo viacrucis), pasando por las «geniales» propuestas recientes de suspender las garantías individuales, lo cual es absolutamente grave y ya colocarnos sin tapujos en el camino de cualquier dictadura promedio de la región.

Yo quiero decirles que si ustedes son de las personas que no desean el continuismo y están abrumados, con estado de ánimo cambiante (de tristeza a miedo, de miedo a esperanza, de esperanza a enojo, etc.) ni están «mal de la cabeza», ni tienen problemas psicológicos, ni nada por el estilo. Son ciudadanía responsable, con un alto compromiso cívico, que aman esta patria, conocen y valoran la historia del país sabiendo cuánto pesa en lo que hemos sido como nación.

También se vale el antivoto, es decir, ir a votar en contra de algo, en contra de un proyecto de país considerado como amenaza a lo deseado. Lo fundamental es ejercer ese sagrado derecho al sufragio. Sería lindísimo que todo el mundo fuera a votar a favor de una candidatura que siente que le representa, pero eso no siempre va a ocurrir. La gente hace sus valoraciones y hay que respetarlas. Todos los votos cuentan: los emitidos con una gran convicción y los que se hacen con la lógica para evitar el mal mayor. Que ahora tiene un rostro prosaico de populismo con altos niveles de autoritarismo y de engaño.

Lo personal es político. Por eso las elecciones nos pueden descolocar, y eso no es necesariamente negativo, habla bien de nosotros, de nuestra humanidad, de que aun somos gente que nos preocupa e interesa el bien común y la reserva democrática que todavía tenemos y que es, ni más ni menos, lo que está en juego.

Las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas: no hay que perder la esperanza

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dra Yamileth González García
Ex- rectora de la UCR
Integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica

Las más recientes encuestas sobre el proceso electoral en Costa Rica dibujan un panorama poco alentador, para quienes tenemos preocupación por el peligroso rumbo del país que ofrece la tendencia política electoral oficial. Los sondeos conceden una amplia ventaja a la candidata oficialista, con una tendencia autoritaria. A primera vista, los números parecen contundentes, sin embargo, asumirlos como una sentencia definitiva sería un error de lectura política y, sobre todo, democrática.

Las encuestas son el reflejo de un momento, no una profecía. Muestran tendencias, estados de ánimo, pero casi nunca determinan el resultado final. En un contexto marcado por altos niveles de indecisión y abstención, esos datos deben interpretarse con cautela. Más que un veredicto cerrado, constituyen una señal incompleta, un mapa con zonas todavía en blanco.

El silencio que hoy parecen expresar amplios sectores del electorado, no equivale necesariamente a adhesión ni a resignación. Muchas veces es omisión, desconfianza o temor a expresar una opinión contraria a lo que perciben como mayoritario y optan por callar. Pero ese silencio no necesariamente pasivo puede transformarse en participación cuando se acerca el momento decisivo. La historia electoral costarricense ofrece varios ejemplos de giros inesperados, de definiciones tardías, de mayorías que emergen cuando la ciudadanía finalmente decide hablar en las urnas.

Conviene recordar una verdad elemental que a menudo se pierde entre titulares y gráficos: las elecciones no se ganan en encuestas, se ganan en las urnas. Y en ese espacio, el voto sigue siendo un acto fundamentalmente individual, muchas veces influido por factores que escapan a cualquier medición previa. La democracia no es lineal ni predecible; es, por naturaleza, abierta y múltiple.

Hay razones para la esperanza, aunque no sean evidentes. La democracia costarricense ha demostrado, una y otra vez, que la ciudadanía sabe sorprender cuando llega el momento de decidir. Ha sabido resistir crisis, tensiones y momentos de profundo desencanto sin renunciar del todo a la participación como mecanismo de corrección hacia el futuro. Esa memoria democrática, aunque hoy parezca debilitada, sigue ahí.

Escuchar el silencio del electorado, con confianza, es clave para comprender el verdadero pulso del país. En ese silencio se dan dudas, pero también posibilidades, de hecho, se está transformarlo en diálogo y en movilización; ese es el desafío central para quienes no nos resignamos a que el resultado esté escrito de antemano.

El desenlace aún no está cerrado. Costa Rica ha demostrado en otros momentos, que incluso en los escenarios más adversos, la democracia puede encontrar caminos inesperados. Creerlo no es ingenuidad; es entender que el futuro político del país sigue, todavía, en manos de quienes seguimos confiando en nuestra democracia.

Una deriva peligrosa

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.

La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.

De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.

Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.

La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.

Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.

De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.

El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.

¡Por la libertad de expresión y la protección del activismo en Costa Rica!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Servicio de Paz y Justicia ─ Costa Rica

El pasado 13 de enero de 2026, fue de conocimiento público el señalamiento contra Stella Chinchilla Mora por presuntamente motivar un atentado contra el presidente de turno de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

Desde el Servicio de Paz y Justicia ─ SERPAJ-CR, expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante lo que consideramos un uso desproporcionado del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Stella es una comunicadora social, activista por DDHH, vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz ─ CAP, a quién conocemos y extendemos nuestra solidaridad ante esta situación. Stella es conocida no sólo por Movimientos Sociales costarricenses e internacionales, sino también por sectores de poder por su activismo con su “cámara callejera” que ha denunciado e informado en múltiples ocasiones. Solo en su canal de YouTube, desde el 2009, Stella acumula más 1300 videos sumando más de medio millón de vistas.

La impronta activista de Stella es fácilmente verificable. La trayectoria documentada de Stella es testimonio de un compromiso ético con la denuncia social y la transparencia informativa. Su «cámara callejera» no es un arma, es una herramienta de visibilización ciudadana.

Denunciamos que la acusación contra Stella es un mecanismo simbólico de amenaza para quienes adversan al actual Gobierno. El show derivado de este hecho es una cortina de humo que pretende implantar en la colectividad un “enemigo” y así encuadrar al Gobierno actual como un “mártir” que requiere a toda costa la defensa de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar la violación a Derechos Humanos.

La acusación contra Stella no es un hecho aislado, es una narrativa que, mediante la amenaza, busca instalar el miedo en quienes ejercen su derecho a la disidencia. Estas acciones pretenden la polarización, paralizar conciencias críticas y convertir al activismo en un supuesto peligro para la seguridad nacional. Cuando se utiliza el discurso público para señalar a activistas como «enemigos», directamente se alienta una escalada de hostilidad que afecta la convivencia democrática.

Desde SERPAJ-CR denunciamos que la guerra y la amenaza son dos de las más graves expresiones de violencia individual y colectiva. Tanto la guerra como la amenaza buscan (y en muchos casos logran) paralizar la conciencia, polarizar, amedrentar, aterrorizar, destruir, desestabilizar.

Las acciones contra Stella impactan, exacerban y envalentonan a quienes ciegamente siguen al actual gobierno, su candidata presidencial y adeptos. Alinean y nublan conciencias que se movilizan precipitadamente y generan una escalada violenta contra toda persona que manifieste críticas.

La criminalización al activismo es un mecanismo de control social y político que opera contra Movimientos Sociales, opositores o personas comunes que no coinciden con el discurso y Agendas del oficialismo. En varios gobiernos este mecanismo ha judicializado activistas y líderes como estrategia de desgaste y paralización de conciencias. El actual gobierno ha sido altamente eficiente en incitar a muchas personas a defenderle desmedidamente. Sin importar si la disidencia viene de la familia, el vecindario o el trabajo, cualquier opinión crítica al gobierno es tachada de “enemiga” del pueblo.

En el SERPAJ-CR alertamos gran preocupación ante la estrategia del gobierno actual encaminada no solo en criminalizar al activismo, la libertad de expresión y pensamiento crítico, sino en victimizarse desde un discurso altamente populista para justificar el ejercicio del poder autoritario, delictivo y violento. Con el agravante de haber implantado en un sector ciudadano la idea de defender al oficialismo a toda costa y con “mano dura” de cualquier opinión disidente.

Desde SERPAJ-CR:

  • Convocamos a Movimientos Sociales, Colectivos y Medios de Comunicación Alternativos a pronunciarse en contra de la criminalización a Stella y activistas, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

  • Hacemos un llamado a espacios de lucha social para construir redes de protección y cuidado colectivo que nos permitan enfrentar incitaciones a la violencia que buscan dañarnos y paralizar a las generaciones que apenas crecen.

  • Instamos a la ciudadanía a no ceder ante discursos que promueven el odio o la división.

La actual coyuntura electoral: efectos en la juventud costarricense

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Nos encontramos a escasos días de la convocatoria para llevar a cabo nuevas elecciones y nombrar al presidente -o presidenta- que sustituirá al Sr. Rodrigo Chaves Robles. Asimismo, debemos renovar con nuestro voto a todos los representantes de los diversos partidos políticos en el seno de la Asamblea Legislativa.

Dado el particular estilo de gobierno del presidente en ejercicio, caracterizado por un notable irrespeto verbal e institucional hacia sus adversarios, sean estos representantes de otros partidos políticos, medios de comunicación o instituciones públicas, ello ha llevado a una coyuntura muy compleja en el marco del actual proceso electoral. Sin duda, esto lo está convirtiendo en uno de los procesos electorales más particulares y peligrosos de los últimos cincuenta años, cuyas repercusiones podrían ser nefastas en el conjunto de la ciudadanía, especialmente, en el sector integrado por las personas más jóvenes.

Desde la década de los años cuarenta, han transcurrido más de siete décadas durante los cuales los costarricenses vimos madurar un modelo de democracia social, aunque con ciertos vacíos no siempre resueltos. Sin embargo, debemos reconocer que ese modelo nos convirtió en un pueblo más educado y saludable gracias a la democratización de la educación pública, a la adecuada atención de los problemas de la salud por parte de la CCSS y al programa de vivienda digna llevado a cabo por el INVU. A ello se sumó el impulso dado a la enseñanza superior pública con la creación de nuevas universidades, las cuales le han aportado a nuestro país el capital humano necesario para modernizar los diversos sectores de la economía, la salud, la administración del Estado y la educación. Sobre esa base, los diversos sectores productivos pudieron llevar adelante sus proyectos económicos y sus aspiraciones de expansión empresarial.

Sin embargo, todo aquel esfuerzo no fue suficiente para enfrentar con éxito, desde la década de los años ochenta, los grandes retos asociados a la globalización de la economía mundial. De ahí en adelante, nuestro país, como tantos otros, ha vivido un difícil proceso histórico, con ambigüedades y disfunciones que no todos vieron venir con espíritu crítico y que aún hoy día, nos tiene inmersos en una crisis de nuestro modelo de país.

Por otra parte, el proceso electoral de hace cuatro años se encargó de hacernos ver claramente a los costarricenses los serios síntomas de un agotamiento social y político que hoy en día nos tiene en las puertas de una crisis de gobernabilidad.

El estilo autocrático e irrespetuoso del presidente Rodrigo Chaves ha venido a debilitar las formas civilistas de gobernar que caracterizó a la gran mayoría de las anteriores administraciones presidenciales, especialmente de los años cincuenta en adelante. Esto se está convirtiendo en un reto muy grave por la posible inestabilidad nacional que se pueda derivar. La sana convivencia familiar, vecinal, laboral e institucional es un bien inmaterial que no tiene precio. Debemos cuidarla por sobre todas las cosas.

Como ciudadana costarricense y estudiosa de la historia de nuestro país, me preocupan seriamente todas esas repercusiones negativas que podrían derivarse de la crisis actual. Una eventual agudización de las contradicciones políticas amenazaría la estabilidad y el progreso de la sociedad como un todo, pero, particularmente, iría en detrimento de las jóvenes generaciones, esas que apenas comienzan a experimentar sus primeras vivencias ciudadanas y que anhelan vivir en un país donde se respeten las reglas del juego democrático. Pero, sobre todo, esa juventud necesita oportunidades de estudio y de trabajo que les permita formarse de cara al futuro y, sobre todo, los libre de las amenazas que la expansión del narcotráfico significa diariamente para su seguridad emocional, existencial y vital.

El pésimo modelo que encarna el presidente Chaves con su lenguaje soez, sus actos públicos irreverentes y su vulgaridad de macho indómito, seguramente afectarán negativamente la formación política y emocional de tantos adolescentes costarricenses que hoy están hilvanando sueños profesionales, laborales, deportivos o artísticos, y que pronto se convertirán en los protagonistas que decidan el futuro de nuestro país.

En tal sentido, las generaciones que ya peinamos canas tenemos el deber de aportarle a nuestros jóvenes nuevas oportunidades de participación ciudadana para evitar que el pesimismo derivado de la crispación electoral y la violencia verbal del presidente y de algunos de sus seguidores, los lleve a construir una visión pobre y despectiva, respecto a la participación electoral. Al contrario, su activa participación en estas elecciones es la mejor forma de contrarrestar los efectos perversos que nos está dejando la administración Chaves Robles en la cultura política de nuestra juventud y en el país en general.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gusta Bad Bunny

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.