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Etiqueta: AYA

Ecologistas acusan de desobediencia al gobierno por incumplimiento de sentencia sobre agua contaminada con clorotalonil

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Sala Constitucional otorga tres días de audiencia a autoridades de Salud y AyA tras gestión presentada por el ecologista Fabián Pacheco.

  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.

  • Califican de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear metabolitos degradados de clorotalonil.

Organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua en la zona norte de Cartago denunciaron el desacato sistemático del Estado costarricense ante las órdenes emitidas por la Sala Constitucional. Mediante resolución del pasado 27 de agosto de 2026, el alto tribunal confirió un plazo perentorio de tres días a las jerarquías del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno para que respondan ante la acusación de desobediencia formulada en el expediente 22-026649-0007-CO.

La gestión fue interpuesta por el agrobiólogo y ecologista defensor del agua, Fabián Pacheco Rodríguez, señalando que las instituciones han incumplido la sentencia N° 2023013384 del 6 de junio de 2023. Dicho fallo ordenó adoptar y ejecutar de forma inmediata y en un plazo máximo de seis meses las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil» (emitido conjuntamente por Salud, MINAE y AyA el 14 de abril de 2023), con el fin primordial de tutelar la vida y la salud pública de la población afectada.

Incapacidad técnica y negligencia institucional

El colectivo ambientalista Frente EcoCipreses y comunidades organizadas fustigaron con vehemencia la inacción gubernamental. «Es absolutamente indignante que hayan transcurrido los años y el Laboratorio Nacional de Aguas siga sin contar con la capacidad técnica requerida para monitorear los productos degradados (metabolitos) del agrotóxico clorotalonil en las fuentes de consumo humano. La Sala Constitucional fue enfática y categórica: el Estado debía resolver este vacío técnico e implementar las recomendaciones oficiales, pero han optado por la negligencia y la dilación», manifestó Fabián Pacheco.

La ausencia de equipo y protocolos analíticos oficiales para cuantificar los metabolitos del plaguicida perpetúa la vulnerabilidad sanitaria de miles de personas, impidiendo verificar por parte del AyA con certeza científica si las tomas de agua son aptas para el consumo o si siguen comprometiendo la salud de las familias en Costa Rica.

Violación flagrante de las zonas de protección

Asimismo, el Frente EcoCipreses advirtió que la desprotección no es solo química y analítica, sino también territorial: en la zona continúan existiendo nacientes y tomas de agua donde no se respeta la franja de protección ecológica de 200 metros estipulada en la Ley de Aguas. Las actividades agrícolas intensivas continúan realizándose al límite mismo de los manantiales en la Zona Norte de Cartago, favoreciendo la escorrentía directa de agroquímicos hacia el manto acuífero y perpetuando la crisis hídrica.

Advertencia penal por delito de desobediencia

En su resolución reciente, el magistrado instructor Jorge Araya García recordó de manera expresa a las autoridades recurridas que, de comprobarse la desobediencia a lo ordenado en la sentencia constitucional, se abrirán procedimientos administrativos sancionatorios y se procederá al testimonio de piezas ante el Ministerio Público para el juzgamiento penal por el delito tipificado en los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Las comunidades y colectivos ecologistas reiteraron que no cesarán en la movilización legal y social hasta que se garantice agua potable limpia, libre de venenos, con zonas de nacientes rigurosamente delimitadas y con un monitoreo toxicológico riguroso que no dependa de la desidia gubernamental.

Parlamento Cívico Ambiental declara “alerta roja” en Corcovado y exige acciones inmediatas a 100 días de la administración Fernández

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El pronunciamiento solicita una investigación integral, una auditoría nacional de infraestructura y un fortalecimiento verificable del SINAC.

San José, Costa Rica, 12 de agosto de 2026. — El Parlamento Cívico Ambiental emitió una alerta pública ante las descargas de aguas residuales y materia fecal provenientes de la Estación Biológica Sirena hacia cuerpos de agua dentro del Parque Nacional Corcovado, comprobadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud.

Para el colectivo ciudadano, lo ocurrido no puede considerarse una falla técnica menor. El caso evidencia una crisis más profunda en la gestión, el mantenimiento, el financiamiento y la fiscalización de las áreas silvestres protegidas del país que se ha prolongado desde la administración anterior y durante los primeros cien días de la actual.

“Corcovado no es solamente un parque nacional. Es agua, bosque, biodiversidad y una promesa que Costa Rica ha hecho al mundo y a las futuras generaciones. Hoy esa promesa está en riesgo”.

El Parlamento advirtió además que la situación se habría prolongado pese a advertencias sanitarias, informes técnicos y conocimiento institucional previo. Cuando los controles llegan tarde y las responsabilidades se diluyen, señaló, la conservación deja de ser una garantía y se convierte en un discurso.

El pronunciamiento recuerda que esta situación compromete el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Cuatro medidas urgentes

  1. Verdad y responsabilidad. Realizar una investigación integral de lo ocurrido, determinar responsabilidades, publicar los informes y las órdenes sanitarias, y reparar de manera inmediata y efectiva la infraestructura afectada.

  2. Evaluación nacional. Ejecutar una auditoría pública, transparente y diferenciada de la infraestructura sanitaria, operativa y ambiental de las áreas silvestres protegidas, de acuerdo con su categoría de manejo, nivel de visitación y necesidades reales.

  3. Recursos para proteger. Fortalecer de forma real y verificable el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con personal suficiente, equipo adecuado, mantenimiento continuo y capacidad efectiva para prevenir, corregir y sancionar daños ambientales.

  4. Conservación por encima del lucro. Revisar los permisos, las concesiones y las actividades económicas dentro de las áreas protegidas, acompañando este proceso con datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y consecuencias ante el incumplimiento injustificado.

Un llamado a actuar ahora

El Parlamento Cívico Ambiental enfatizó que Corcovado no es el problema, sino la alerta. El país no puede normalizar que los lugares llamados a recibir la mayor protección funcionen con infraestructura deteriorada, servicios precarios, controles insuficientes y respuestas tardías.

El foro ciudadano también señaló que no es posible exigir resultados de conservación a instituciones debilitadas ni permitir que la negligencia, la presión turística o el interés económico pongan en riesgo el patrimonio común de la Nación.

“Defender Corcovado es defender el agua, la biodiversidad, la democracia ecológica y el futuro de Costa Rica. No mañana. Ahora”.

Sala Constitucional condena a Municipalidad de San Rafael por incumplir protección de pozo de abastecimiento público

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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la protección del pozo La Meseta, en San Rafael de Heredia, y condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber garantizado adecuadamente la protección del área de resguardo de esta fuente de abastecimiento de agua.

El recurso fue interpuesto por Carlos Campos Zamora, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas, quienes denunciaron la autorización de desarrollos constructivos dentro del área de protección del pozo y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar el recurso hídrico.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el criterio técnico aplicable es el emitido por SENARA, según el cual los pozos de abastecimiento público requieren una zona de protección de 200 metros de radio para prevenir riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. La resolución señala que esta área de protección no está siendo respetada y que las instituciones recurridas no utilizaron todas las herramientas legales disponibles para garantizar su cumplimiento.

El expediente judicial se originó tras una serie de gestiones realizadas desde 2023 por Carlos Campos Zamora y otras personas vecinas preocupadas por la construcción de proyectos inmobiliarios en las inmediaciones del pozo La Meseta. En diferentes ocasiones, se solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia detener el otorgamiento de permisos y visados dentro del área de protección señalada por los criterios técnicos especializados.

Según el colectivo CONCEVERDE, que acompañó las denuncias ciudadanas y promovió acciones de incidencia sobre este caso, la resolución representa una nueva condena contra las actuaciones municipales relacionadas con la protección del agua subterránea.

En un comunicado público, la organización afirmó que la sentencia evidencia una grave amenaza para las aguas que abastecen a miles de habitantes del cantón y cuestionó que se hayan otorgado permisos de construcción sin respetar el área de protección recomendada por SENARA.

La organización destacó que la Sala Constitucional concluyó que el principio precautorio obliga a adoptar las medidas más protectoras cuando existe riesgo para el recurso hídrico y recordó que el propio SENARA advirtió sobre la posibilidad de contaminación del acuífero.

CONCEVERDE señaló además que la defensa del agua constituye una responsabilidad pública fundamental y llamó a las instituciones a asumir un compromiso efectivo con la protección de los recursos hídricos y la salud de la población.

La controversia se desarrolló a partir de posiciones divergentes entre distintas instituciones. Mientras la Dirección de Aguas del MINAE y autoridades municipales sostuvieron que el retiro de protección aplicable era de 40 metros o se limitaba a los linderos de la propiedad, SENARA y AyA señalaron que, tratándose de un pozo de abastecimiento público, debía respetarse una zona de protección de 200 metros.

La resolución de la Sala Constitucional se suma a una serie de cuestionamientos y denuncias presentadas en los últimos años por organizaciones ambientales y vecinales sobre la necesidad de fortalecer la protección de las fuentes de agua subterránea frente a procesos de urbanización y expansión inmobiliaria en la provincia de Heredia.

Interconexión arbitraria e ilegal del sistema de conducción de agua del acueducto municipal de Naranjo – Comunicado

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Luego de transcurridos 6 días después de una conexión irregular, como Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, conscientes de que el derecho a la vivienda y el derecho al agua son derechos fundamentales de todos y todas las costarricenses, y que para esto en todo el país deben de cumplirse los debidos procedimientos con el fin que exista una administración justa y equitativa, no así, las medidas autoritarias que desvirtúan el sano desempeño de nuestra democracia y nos ponen al lado de las dictaduras más vergonzosas y violentas que pertenecen al pasado lamentable de América Latina.

Rechazamos rotundamente la interconexión arbitraria y con el uso de la fuerza pública, del sistema de conducción de agua municipal que llevó a cabo el AYA, con el fin de conectar el Proyecto La Esperanza, obligado por el presidente de la república Rodrigo Chaves, quién en conferencia de prensa del miércoles 17 de setiembre lo declaró.

Rechazamos la intromisión ilegal dentro de la autonomía municipal y el ordenamiento jurídico costarricense, debido a que existen procesos en trámite al respecto del tema en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Reafirmamos que el principio de la soberanía y el principio democrático que contiene la autonomía municipal dentro de nuestro cantón y nuestro país, es un pilar fundamental del desarrollo y gestión de cada cantón.

Hacemos ver que la acción sienta un precedente y pone en peligro a la ASADAS, ya que, según el convenio de delegación con el AYA, y según la ley de ARESEP, lo que está haciendo el AYA le corresponde al desarrollador, abriendo así portillos legales que perjudicarían la administración y las obligaciones actuales de la ASADAS.

Hacemos un llamado urgente a las instituciones del país que tienen competencia en este acontecimiento para que procedan a interponer las respectivas denuncias y los mejores oficios por el acto indebido administrativo, el abuso de autoridad, la violación de los derechos fundamentales relacionados con del derecho al agua de todos los y las naranjeñas, y la protección del recurso hídrico.

Somos conscientes de los tiempos que atravesamos como país y en el planeta, donde las dictaduras, el populismo y el neofascismo están llevando a cabo avances estratégicos y con fuerza para instalarse dentro de nuestras democracias, somos conscientes de que esto no lo podemos permitir.

Esta Comisión iniciará los debidos trámites correspondientes que aseguren la salvaguardia y la disposición del agua para el cantón, como ha sido su fin desde un inicio.

Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote.

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

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Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Cartago: Defensoría convocó a AyA y municipalidades por situación del agua

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La Defensoría de los Habitantes recibió a autoridades del AyA, a los alcaldes de Paraíso y Cartago, junto con sus equipos técnicos, para trabajar sobre el tema pendiente dentro del proceso de Diálogo Social que inició en junio anterior, respecto al borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen propuesto por AyA.

Ambos Gobiernos Locales presentaron por escrito sus criterios sobre esta iniciativa e hicieron propuestas de mejora, dejando claro que el principal problema es la discrepancia que tienen en relación con la razonabilidad y pertinencia de la tarifa vigente que les cobra el AyA, al tiempo que plantean la necesidad que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realice un estudio técnico para definir una tarifa específica para el servicio de suministro de agua cruda.

En ese sentido, la Municipalidad de Cartago señaló que semanas atrás se había valorado con la ARESEP la posibilidad de que se realice un estudio de esa naturaleza, para lo cual AyA debería presentar la información necesaria ante el ente regulador. Al respecto, en la sesión de diálogo del día de hoy, la Gerente General del AyA informó que, a finales de agosto, estarían presentando la información ante el ente regulador.

A la luz de lo anterior, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Las asesorías jurídicas de ambos gobiernos locales y del AyA trabajarán en conjunto para presentar una propuesta de convenio, en el entendido de que todo lo relativo al tema tarifario, queda sujeto a las acciones que las entidades competentes realicen en los próximos días. La Defensoría dará acompañamiento al trabajo conjunto relativo a la propuesta de convenio.

2. La Defensoría de los Habitantes, en el ejercicio de sus competencias de control de legalidad y protección y defensa de los derechos e intereses de los habitantes, dará seguimiento puntual a las acciones que, a partir de este momento, realicen AyA y ARESEP con miras la eventual elaboración de un estudio específico para determinar el precio al cual el AyA debe venderle el agua cruda a las Municipalidades de Paraíso y Cartago.

Asimismo, la Defensoría dará seguimiento a las acciones recursivas que en su momento hayan presentado ambos Gobiernos Locales en relación con la tarifa de venta de agua en bloque ante la Autoridad Reguladora y que aún están pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la ARESEP.

Con ello, la Defensoría da por concluida su rol de facilitador de diálogo y las acciones siguientes a emprender, se enmarcarán dentro de su labor de ente contralor de legalidad.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

AyA compromete más de 218 millones en servicios profesionales que podrían asumirse internamente

Escrito en . Publicado en Derechos.

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Colectivo CONCEVERDE agradece presentación de proyecto de ley que busca proteger zona de recarga hídrica en Heredia

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El colectivo CONCEVERDE expresó su agradecimiento al diputado Jonathan Acuña por haber acogido su solicitud de presentar el proyecto de ley 25016, el cual busca transformar en ley el decreto ejecutivo 39259-MINAE.

Este decreto, firmado en Concepción de San Rafael de Heredia el 15 de octubre de 2015, anexó más de 2300 hectáreas de terreno de la zona inalienable establecida por la ley 65 de 1888 al Parque Nacional Braulio Carrillo.

Imagen 1. Mapa de la ampliación propuesta del Parque Nacional Braulio Carrillo, se señala el área anexa mediante el decreto 39259-MINAE. Fuente: Tomado: https://www.facebook.com/photo?fbid=664059306620025&set=a.105237009168927

CONCEVERDE considera que la aprobación de esta propuesta legislativa contribuiría no solo a garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales, sino también al fortalecimiento de las acciones nacionales frente a la crisis climática.

Puede leer el proyecto de ley completo en este enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/06/Proyecto-ampliacion-Braulio-Carrillo.pdf

Partido Vanguardia Popular protesta contra la intimidación al SITRAA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Partido Vanguardia Popular dirigió una carta al señor Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA). El documento inicia expresando su preocupación ante los mecanismos de intimidación que se han instalado en la administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Asegura que dichas acciones, impulsadas por figuras como María Alejandra Mora Segura, Álvaro Sibaja Collado y Salvador Orozco, han generado una atmósfera de autoritarismo frente al ejercicio del sindicalismo. Entre los argumentos que menciona el partido se encuentra la denuncia de la criminalización del libre ejercicio del sindicalismo.

Se menciona que estas prácticas encontradas en la institución no solo constituyen una violación directa a los derechos humanos, sino que además se presenta como el resultado de discursos de odio y violencia desde las autoridades institucionales. Así, la carta pone en evidencia una situación de alerta en cuanto a la transgresión de compromisos internacionales, como los Convenios de la OIT ratificados por el estado. El Partido Vanguardia Popular, condena con firmeza las actitudes antidemocráticas que se han evidenciado. La carta señala que las prácticas de abuso e intimidación buscan desmantelar el derecho a la libertad de reunión, un pilar esencial del movimiento sindical en Costa Rica. Este ataque sistemático se presenta como una amenaza a la integridad del sindicalismo.

En un gesto de solidaridad, el documento reafirma el compromiso del partido de apoyar al SITRAA en todo el ámbito jurídico. Esta postura refuerza la idea de que la justicia y el respeto a los derechos fundamentales deben prevalecer en cualquier institución. La carta destaca, de manera reiterada, el compromiso del Partido Vanguardia Popular en la defensa de los derechos sindicales.

Por último, la carta se convierte en un llamado a la acción frente a prácticas antidemocráticas que amenazan los derechos laborales y humanos en Costa Rica. Al denunciar mecanismos de intimidación y criminalización del sindicalismo, el documento invita a la reflexión sobre el estado de la democracia y la necesidad de reforzar la libertad de reunión y la justicia.