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Etiqueta: AYA

¿Y el agua?

El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.

San José, Costa Rica

Sábado 4 de mayo del 2024

Al señor Presidente de la República

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Estimado Señor,

La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:

  1.     Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
  2.   Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
  3.   Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
  4. Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
  5.   Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.

Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.

  1.   Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  2.   Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
  3.   Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
  4.   Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

Imagen ilustrativa, UCR.

Defensoría expone ante Sala IV deudas del AyA con los Hatillos

Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.

Producto de un recurso de amparo presentado por habitantes en marzo anterior contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la falta de acceso a este servicio público y a solicitud de la Sala Constitucional, la Defensoría remitió un informe técnico sobre las afectaciones de los y las vecinas de esa comunidad del sur de la capital.

Si bien se encuentra en un proceso de aprobación del informe final con recomendaciones del caso Los Hatillos, en términos generales la Defensoría expuso al Tribunal Constitucional que ha constatado que las acciones realizadas por el AyA no han sido suficientes ni oportunas para dotar del servicio en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad para la población.

La Defensoría comparte el criterio de las personas recurrentes de responsabilizar al AyA para que se planifique, desarrolle y construya las soluciones que Los Hatillos y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo, en aras de cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.

Para esta Defensoría, Hatillo está enfrentando una situación crítica debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios de abastecimiento comunicados, los extensos períodos de desabastecimiento, las dificultades que enfrenta la población para acceder al reparto de agua en camiones cisternas. Todo esto con la consecuente afectación del derecho al acceso al agua potable, el derecho a la salud y demás derechos vinculados a disponer de agua potable en cantidades suficientes para atender las necesidades básicas de la población, especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores.

De acuerdo con la información facilitada por el AyA a la Defensoría, el desabastecimiento y racionamiento que enfrenta Hatillo y muchas otras comunidades, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, se debe a causas multifactoriales, tales como el Fenómeno El Niño, el aumento en la demanda y consumo de la población en época seca, la reducción en las fuentes de producción durante la época seca, y la modificación en el comportamiento de las lluvias, así como factores asociados a una desordenada planificación territorial y a la falta de protección de las zonas de recarga acuífera.

No obstante, la Defensoría considera que uno de los factores de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta tantas comunidades, se debe a la inadecuada planificación y falta de ejecución de proyectos por parte del AyA, algunos se encuentran en desarrollo o incluso en una etapa incipiente, pese a ser una problemática de larga data que se extiende a la actualidad en perjuicio de las personas usuarias, deviniendo en una eventual responsabilidad administrativa de esa institución.

La Defensoría considera necesario que el AyA tome las medidas que se requieran con el fin de implementar las acciones útiles y conducentes para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en el sector de los Hatillos, contando con períodos razonables de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Comunidades, sindicatos y grupos sociales, exigen decreto de emergencia hídrica y ambiental en más de 20 cantones del país

El pasado sábado 4 de mayo organizaciones sociales, sindicatos y grupos organizados de comunidades participaron del Foro por el Agua y Acciones, llevado a cabo por las Centrales Sindicales CGT, CUT, CCTD, dicha actividad contó con panelistas de importante conocimiento sobre el AyA, el agua, las comunidades y la contaminación, problemáticas que está viviendo con emergencia el país. Entre los y las panelistas estuvieron: la diputada Sofía Guillén, el biólogo Freddy Pacheco, Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación y Mario Rodríguez del sindicato del AyA.

En esta actividad se destacó información relevante sobre los proyectos de AyA, como la poca o nula acción para proteger zonas de captación de agua, la problemática del cambio climático y las no acciones para resolver la crisis de abastecimiento de comunidades como: Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las provincias y cantones de la periferia como el cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, faldas del Volcán Irazú, cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.

Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA Juan Manuel Quesada al decir que «No es posible dar agua a las comunidades» incumpliendo así su función como funcionario público, mismo que gana casi los 4 millones de colones al mes. 

Al problema del agua se le suma el posible tráfico de influencias y presiones por tener nuevos servicios, afirmación denunciada por el sindicato del AyA. En esto se dice que está involucrado un ex presidente ejecutivo de AyA que participa abiertamente en las solicitudes para servicios de agua del Condominio Terra Verbena en Alajuelita y Diamante Verde en Montes de Oca. 

Todos los presentes reconocieron la urgencia de brindar agua e infraestructura a las comunidades. También reconocieron las pocas acciones realizadas por el Gobierno en la búsqueda de soluciones reales para brindar agua y resguardar las zonas donde se capta el líquido vital para la población.

Tras la realización de este foro se creó un documento solicitando el decreto de emergencia hídrica y ambiental al Presidente de la República, el Sr. Rodrigo Chaves Robles. Este decreto se basó en una serie de argumentos, 9 en total, entre ellos los siguientes:

  1. Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales— en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27).
  2. Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32). 
  3. Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  4. Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación. 
  5. Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. 
  6. Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

Para mayor información sobre esta temática puede dirigirse a los documentos adjuntos.

Vergonzosa contaminación hacia el Pacífico

Freddy Pacheco León

Las playas Tárcoles, Bajamar, Tarcolito y Guacalillo, son receptoras permanentes, más en época lluviosa, de los desechos que recibe el río Grande de Tárcoles, el más contaminado del istmo centroamericano.

Río receptor de las peores inmundicias captadas desde el valle central, a lo largo de los recorridos de los inmundos ríos María Aguilar, Torres, Virilla, y afluentes.

Dolorosamente, los desechos sólidos y líquidos, de los vertederos de basura, se unen a los de la deficiente planta de tratamiento del AyA en tajos de la Uruca, e incontables «aportes» directos de aguas negras, descargas de fluidos de tanques sépticos y basureros clandestinos.

¡Basurero conocido y desdeñado por las autoridades ambientales y sanitarias!, que desemboca en el mar, al lado de esas, comprensiblemente, poco visitadas playas.

El esfuerzo que buenos compatriotas hacen, por recolectar plásticos en ellas, principalmente, es poco «rentable», pues en pocos días la situación «se normaliza», en virtud de que no es un asunto de visitantes cochinillos, sino de los residentes metropolitanos, que estamos a unos 70 u 80 km de la desembocadura del río, cerca de la boca del golfo de Nicoya.

Cabe mencionar, que la barda instalada para recoger desechos plásticos hace un año, con la participación de un organismo de la ONU, y empresarios privados, recogió una tonelada de plásticos en 12 meses, pero que ello no es suficiente, pues no se capturan partículas menores, ni los lixiviados de la basura, así como las aguas negras, desechos de tanques sépticos ni los contaminantes, que salen de la planta Los Tajos del AyA.

Señor Juan Manuel Quesada presidente ejecutivo de AyA … El agua es un derecho humano y se requiere su uso diario

Asociación Confraternidad Guanacasteca

El agua es un derecho humano y se requiere su uso diario.

Desde la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA afiliada a FECON y al FRENTE NACIONAL DE LUCHA exigimos AGUA YA MISMO para todas las comunidades del país.

Los niños, adultos, comunidades no tienen por qué esperar.

El AyA debe asumir su responsabilidad. Solo maneja el 10% del agua. La mayoría del recurso hídrico – 90 % – está en manos privadas vía concesiones tramitadas por MINAE.

La Constitución dice:

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. … tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

La Ley de Aguas 276 dice: artículo 137:

“El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: a.- Si se necesitan las aguas para abastecimiento de poblaciones …

Por eso exigimos que de inmediato, el AyA invoque el artículo 137 de la Ley de Aguas y paralice o reduzca las concesiones existentes para otros usos, en toda región que falte agua para abastecimiento humano de sus habitantes.

Los funcionarios públicos juran defender la Constitución y las leyes. Venimos a exigir que cumplan con ese juramento.

SITUN convoca a la movilización del 24 de abril

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UNA convoca a la Gran movilización del 24 de abril a las 9 am saliendo del Parque de la Merced. 

Convocan a la movilización por la defensa de los derechos de todos los costarricenses. Así mismo se posicionan en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Buscan defender la CCSS, la educación, AYA, ICE, el medio ambiente, la agricultura y el Banco de Costa Rica.

Indican que saldrá un bus a las 8 am de la Plaza 11 de abril en la UNA.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Comunidades afectadas por falta de agua anuncian que se organizan y hacen demandas al Gobierno y al AyA

Comunicado de la Mesa Intercantonal por el Agua

Jueves 18 de abril, 2024

Organizaciones cantonales afectadas por la falta de agua de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás, se han unido en un espacio desde el cual elevan sus reivindicaciones al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa, Acueductos y Alcantarillados y demás autoridades competentes con el manejo y distribución del recurso hídrico. Hacen un llamado a que las comunidades se organicen en defensa del agua.

Desde hace años, Alajuelita, Goicoechea y Hatillo han sufrido constantes interrupciones del servicio hídrico, que se agravan durante la estación seca. Este 2024 ha habido un salto en cuanto al acceso al recurso, que ahora se ha extendido a muchos otros cantones.

La contaminación con xileno en Coronado y en Turrialba, que se presume ha sido utilizado en la preparación de sustancias ilícitas y que afectó el abastecimiento de agua de decenas de miles de personas fue la gota que derramó el vaso. Es dramática la condición en que miles de personas quedaron ante la posición del Gobierno sobre la compra de agua ante la situación de la contaminación por xileno, que no consideraba las diversas situaciones económicas, con gente que debía escoger entre comprar agua o la comida del día siguiente.

Este ha sido un claro ejemplo del deterioro generalizado en que todas las anteriores administraciones permitieron que cayera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En este momento, por ejemplo, no se cuenta con un plano actualizado de las tuberías y alcantarillados a nivel nacional y se detuvo sin motivo aparente la construcción del proyecto Orosi II. En general, afrontamos un problema de distribución desigual del agua. Se han priorizado los sectores industriales y comerciales, las grandes empresas, frente a los intereses de las personas en sus comunidades. Así se pisotea la Constitución Política de nuestro país que prioriza sus ciudadanos ante los intereses económicos.

En el marco de la crisis climática global, la perspectiva se torna lúgubre para el pueblo costarricense, acostumbrado a pensar incluso en nuestra identidad nacional asociada al agua. La falta de acceso al recurso hídrico hace más difícil la vida para las amas de casas, para las mujeres trabajadoras, para las y los docentes en instituciones sin agua, para familias que no tienen agua para atender las necesidades de sus hijos o abuelos. 

Somos conscientes de que el agua es vida, y de que lastimosamente el Gobierno ha permitido el deterioro de los recursos naturales fundamentales para nuestra existencia y para nuestra identidad. Somos conscientes de que miles de vecinos y vecinas no pueden expresar su voz ni dar a conocer las condiciones cotidianas en que viven. Somos conscientes de que nuestra reivindicación por el acceso al recurso hídrico es parte de la necesidad de modificar nuestra relación con el medio ambiente para garantizar un futuro a las nuevas generaciones.

Nuestras peticiones se sintetizan en:

  • Abogamos por la protección de las fuentes naturales de agua, como nacientes y mantos acuíferos, los cuáles cada día se deterioran más con la construcción de nuevos condominios y su intervención para uso comercial.
  • Queremos agua en cantidad y calidad adecuada, tal como demanda la Constitución Política de Costa Rica; porque somos seres humanos y ciudadanos miembros de comunidades a las cuales no se nos está cumpliendo nuestros derechos.
  • Exigimos al AyA que se realicen las obras estructurales necesarias que asegure el flujo de agua para las generaciones actuales y futuras. Estas obras deben priorizarse y finalizar antes del 2026; así como la reactivación y financiamiento de Orosi II; la cuál sigue siendo necesaria para finalizar los problemas de agua en la Gran Área Metropolitana.
  • Clamamos por el desprocesamiento de los dirigentes y vecinos de Hatillo, que fueron cobardemente detenidos por la policía por exigir el acceso vital al recurso hídrico. Este tipo de detención y enjuiciamiento es en los hechos la criminalización de la protesta social, tal y como lo hemos visto en el caso de Orlando Barrantes, por ejemplo.
  • Denunciamos que este proceso tiene como objetivo desmovilizar a las y los Vecinos de Hatillo, que busca amedrentar a todos y todas las dirigencias cantonales y comunitarias que luchan por el agua. Es un accionar completamente antidemocrático de parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
  • Por todo lo anterior comités cantonales de vecinos de Alajuelita, Guadalupe, Hatillo, Moravia y Tibás se han organizado en un espacio unitario y lanzan el llamado a todas las comunidades del país afectadas por falta de agua para que nos sumemos a una plataforma nacional de defensa de recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Hemos dado el paso adelante en la conformación de la Mesa Intercantonal por el Agua, por la protección de nuestros derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 24 de abril, en el marco de la movilización

convocada por el Frente Nacional de Lucha, a las 09:00 a.m. para hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en la calle con las diversas organizaciones que ese día se movilizarán.

Representantes comunales de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás.

Costa Rica retrocede en la gestión del agua

Alberto Salom Echeverría

Datos Espeluznantes

Los mejores estudiosos que en Costa Rica han sometido a análisis el tema del agua han llegado a un consenso preocupante: se ha producido un importante retroceso tanto en la calidad del agua que recibimos, como en la cobertura. Aunque todavía estamos en capacidad de recuperar el terreno cedido, el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo, requiere de un drástico cambio de dirección en la manera como las principales instituciones responsables encargadas del manejo del recurso hídrico lo vienen haciendo. El gobierno de la República, lógicamente, queda determinantemente incluido en este aserto, por ser la cúpula que debería aupar a todos los demás entes y a la población en general.

En el sesudo documento del Estado de La Nación número XXIX, del 2022, se constata que del total del agua extraída en nuestro país por Acueductos y Alcantarillados un altísimo porcentaje del 57% se perdió por fugas, rebalses en los tanques, errores de micro medición y por la contaminación del recurso hídrico. En este mismo año, la población que recibió agua de calidad, potable y segura, descendió a un 91.2%.

El informe también destaca como uno de los principales hallazgos del estudio que, se hubiese producido una caída en un indicador siempre asociado con la salud de la población y el desarrollo humano, como es la cobertura de agua potable a nivel nacional, el cual mostró una caída de un 95.7% a un 89.9% en solo un año (más de cinco puntos porcentuales, como puede observarse).

De la lectura realizada por Delfino al XXIX informe del “Estado de la Nación”, elaboró sus propias gráficas que demuestran que la caída en la cobertura de agua potable descendió en todos los operadores: a nivel nacional lo ya descrito; en cuanto al agua suministrada por A y A también se produjo un descenso de la cobertura que registró un 96.7%; en el agua suministrada por las municipalidades el indicador evidenció una cobertura también descendente y reflejó un 91.6%; la cobertura de la ASADA/CAAR experimentó un descenso aún mayor en el mismo período para colocarse en un 75%.

En el mismo sentido se muestra un descenso en cuanto al saneamiento de las aguas residuales, volviéndose a estancar en el 2022, tal como ya venía ocurriendo. Destaca además Delfino que, de acuerdo siempre con el XXIX informe del Estado de La Nación, la mayoría de la población sigue careciendo de alcantarillado sanitario y que las tres cuartas partes dependen de un tratamiento apenas básico con tanques sépticos. (Cfr. https://delfino.cr/2023/11/pen-poblacion-con-acceso-a-agua-potable-se-redujo-en-2022).

Costa Rica padece, como en tantas otras iniciativas recientes relativas al progreso social, de una supina negligencia gubernamental. En efecto, las inversiones en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2045 se han ralentizado en forma considerable. Puesto que, de los seis proyectos de saneamiento establecidos como prioritarios en el plan para las zonas rurales, cinco de ellos se encuentran apenas en sus primeras etapas de desarrollo (Cfr, Ibidem).

La desigualdad social no la evidencia únicamente la enorme disparidad en los salarios

He venido insistiendo en este punto de vista en algunos otros de mis estudios y escritos anteriores. La desigualdad social, cada día más abrupta en Costa Rica, es mucho más grave que lo evidenciado por el coeficiente de Gini que, se basa en un rastreo de los salarios de la población ocupada. Ella -me refiero a la desigualdad- es palpable en la forma como está distribuida la riqueza; así como en las oportunidades para acceder a educación, salud, vivienda, hasta recreación y, desde luego, a los empleos de calidad. Ahora insisto, es bueno subrayarlo, en que las disparidades en la sociedad están presentes en el acceso al agua potable por parte de la población más vulnerable, tanto de la GAM como de las zonas rurales.

Ciertamente, el cambio climático que nos azota está contribuyendo decisivamente a disminuir el agua de los ríos y quebradas, así como el nivel de los pozos, como lo señala la expresidenta de “Acueductos y Alcantarillados”, Yamileth Astorga Espeleta. (Cfr. Astorga E.Y. “Ojalá ahora sí se resuelva el problema del agua en la GAM”. Foro de La Nación. 05.04.24 Pp.26). Sin embargo, desde mi óptica, un problema clave que, Yamileth Astorga lo menciona en su escrito, radica en “la ausencia o desacertada planificación territorial sin considerar los cuerpos de agua superficiales, falta de regulación del uso del suelo en zonas de recarga, irrespeto a las áreas de protección establecidas en la Ley de Aguas (1942) y la Ley Forestal (1996), y balances hídricos desactualizados por cuerpo de agua y aprovechamiento ilegal”. (Ibidem). Es decir, un problema que se deriva de una muy deficiente gestión del recurso hídrico, que tiene su origen en la falta de educación en la población desde la primera infancia, ya que se nos ha enseñado a creer que el agua es un recurso inagotable, y todavía actuamos como si en verdad lo fuera.

El académico de la UCR, Bernal Herrera, en la última miscelánea, da en el clavo, según mi opinión al afirmar: “Las fuentes de agua son abundantes en Costa Rica. Al mismo tiempo, miles de personas carecen de agua potable en sus casas, sea de forma permanente o cíclica, durante los racionamientos. Y la situación -agrega Bernal Herrera-, lejos de mejorar, va empeorando”. (Cfr. Herrera, Bernal. “El agua en Costa Rica: abundancia y escasez-2. Miscelánea en La Revista CR. Abril, 2024.).

No obstante, como también insiste Bernal Herrera, la explicación del problema del agua hoy, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, no estriba en la falta de agua, porque si así fuera, en la vertiente Atlántica -o Caribe, mejor dicho- mucho más abundante en el recurso hídrico que la Pacífica, y no solo en Costa Rica, sino en todo el Istmo centroamericano, no escasearía el invaluable recurso para la población, y, como sabemos, esto no es así. Es un problema, insiste Bernal Herrera, de una deficiente gestión, protección, conservación e inversión en infraestructura adecuada.

De no ser así, la población limonense, por ejemplo, no tendría por qué estarse abasteciendo de agua por medio de camiones cisterna, igual que ocurre en los barrios pobres de tantas comunidades de la GAM como en los Hatillos, Alajuelita, Moravia, Goicoechea, o también en Orosi, Palomo, Navarro de Muñeco y Paraíso, solo para mencionar algunos de ellos, contenidos en el Escrito de Yamileth Astorga. Otro tanto acaece en comunidades rurales de la vertiente del pacífico, donde se han brindado en el pasado reciente, soluciones parciales. Para constatar la negligencia que ha habido para consolidar los proyectos en particular en esta administración, pueden consultar el artículo antes mencionado de Yamileth Astorga. En el documento queda en evidencia que la administración Chaves Robles, hasta muy recientemente, no había logrado coronar con éxito proyectos, como el de Orosi II, o Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM), el cual requería finiquitar un contrato con el ICE, cuyos diseños habían progresado en un 80% para el 2021; no obstante que contaban hasta con una ley que había quedado aprobada desde el 2018, el A y A no formalizó los créditos correspondientes con diversas instancias del gobierno, por lo que el proyecto se perdió.

Conclusión

Un verdadero retroceso se ha producido en el acceso de miles de familias costarricenses al agua potable. Los datos evidencian, que los sectores sociales más afectados son las comunidades pobres de la GAM y de las zonas rurales.

Mientras que para los habitantes pobres el agua escasea, y en muchos casos sufren debido a la contaminación del valioso líquido, por el uso inadecuado de pesticidas en zonas como las cercanas a las fuentes de agua y zonas de recarga, hay otros sectores para los que el uso se extiende en abundancia a actividades como la práctica del Golf o como el riego de los sembradíos contaminados tales como la piña y otros.

Obviamente, no estoy opuesto a esas actividades, pues en el caso del Golf atrae población de nacionales y extranjeros que le dejan divisas al país. En el caso de los cultivos, el agua es un factor indispensable en su producción. El tema es otro, con frecuencia se autorizan estas actividades deportivas que requieren del uso abundante del agua, en zonas que desabastecen directamente a las poblaciones que requieren del líquido, pero se ven privados del mismo por la ausencia de políticas públicas adecuadas para construir infraestructura para su acarreo hasta las regiones pobladas donde hay viviendas, inclusive, en condiciones de precario, que requieren del agua para subsistir. Otro tanto podemos apuntar con relación a los sembradíos de piña u otros, en poder de grandes empresas a las que se les ha autorizado la actividad productiva, sin que existan previamente ni los estudios ambientales, ni mucho menos los planes reguladores que identifiquen las potencialidades apropiadas del uso del suelo. Existen numerosos ejemplos que dan muestran de la anarquía que persiste al respecto, en muchas regiones y territorios del país.

Por último, señalo junto con el tema de la educación a toda la población, desde edades tempranas, como lo consigné antes, la importancia de la gobernabilidad que, implica además, la incorporación de las comunidades debidamente informadas, en el proceso de planificación de los programas y proyectos relativos al desarrollo integral, en punto a asegurar el acceso de la población, sin discriminación de ningún tipo, al recurso hídrico, tal como lo manda la Constitución de La República.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Movilización por el Agua | Tibás por el agua

Diferentes grupos de la sociedad civil llaman a unir fuerzas en una movilización por el agua en el cantón de Tibás. La consigna es: ¡JUNT@S SOMOS MÁS FUERTES!

Fecha: 24 de abril del 2024.

Hora: 9 a.m. en el Parque la Merced, San José.