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La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) emitió un comunicado público en el que condena y denuncia las masacres ocurridas en las comunidades de Rigores, en el departamento de Colón, y Corinto, en Cortés, Honduras. La organización sostiene que los hechos representan una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre un contexto de creciente militarización, violencia contra comunidades campesinas y debilitamiento de las garantías democráticas. En su pronunciamiento, exige investigaciones independientes, sanciones para los responsables materiales e intelectuales, medidas de protección para las víctimas y acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción.

Comunicado público

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), ante los gravísimos hechos de violencia y las masacres perpetradas ayer en el territorio nacional, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más profunda consternación, condena y denuncia:

Antecedentes y hechos

1. Ataque previo y destrucción en Rigores (18 de mayo de 2026): El pasado lunes, la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, sufrió una violenta incursión por parte de elementos fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Nacional. Estos sujetos destruyeron y quemaron viviendas, enseres domésticos, herramientas y medios de transporte de niños y niñas para asistir a la escuela. Entre las víctimas se encontraba una joven mujer —quien ese día había denunciado públicamente en video la destrucción del sustento económico que con esfuerzo y préstamos financieros había construido para su familia—. Ella fue identificada posteriormente como una de las víctimas mortales.
2. Masacre en la Comunidad de Rigores (21 de mayo de 2026): En horas de la madrugada de ayer, jueves, se consumó una de las agresiones más sangrientas registradas en los últimos años contra el sector campesino organizado. Supuestos elementos policiales ingresaron fuertemente armados disparando indiscriminadamente contra las familias de la comunidad de Rigores. Este acto de barbarie deja un saldo preliminar alarmante de más de 19 personas asesinadas con total crueldad y alevosía. Es sumamente preocupante que esta masacre ocurra en un contexto de reformas legales punitivas y discursos estatales orientados a la militarización bajo el argumento del combate al terrorismo, lo que profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y los defensores de la tierra.
3. Masacre en Corinto, Cortés (21 de mayo de 2026): Casi simultáneamente, alrededor de las 11:00 a.m. de ayer, se registró un violento enfrentamiento armado en la comunidad de Corinto, departamento de Cortés, que cobró la vida de al menos cinco agentes policiales y tres civiles, sumando un total preliminar de ocho víctimas fatales. Exigimos el esclarecimiento inmediato de los motivos de este hecho y la transparencia total en la divulgación de las bajas.

Consideraciones

1. Impacto Humanitario y Psicosocial: Denunciamos el ensañamiento infligido contra las familias campesinas. El saldo de estas masacres se mide en vidas segadas, mujeres despojadas, madres en luto permanente e infancias profundamente traumatizadas tras haber presenciado el asesinato de sus padres y madres. El impacto psicológico en la niñez de Rigores constituye una violación flagrante a su derecho a la vida, integridad y desarrollo.
2. Regresión a las Épocas más Oscuras: La gravedad de estos ataques contra el sector campesino organizado no tiene precedentes cercanos desde la etapa autoritaria comprendida entre 2009 y 2022, periodo marcado por altos índices de impunidad, despojo y violencia que alcanzaron su punto crítico en 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Alertamos que el actual Gobierno, cuya legitimidad cuestionamos desde su instauración, continúe rodeándose de figuras de la administración anterior y replicando lógicas represivas que fortalecen las dinámicas del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona del Bajo Aguán y el norte de Honduras.

ACI participa exige:

1. Investigación exhaustiva e independiente: Al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes, realizar de forma inmediata una investigación rigurosa, científica y transparente que permita la identificación, captura y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre de más de 19 personas en la comunidad de Rigores.
2. Requerimientos judiciales y deducción de responsabilidades: Que se aplique todo el peso de la ley y se emitan los requerimientos judiciales pertinentes contra todos los involucrados directos e indirectos, incluyendo de forma categórica a autoridades estatales, empresarios y estructuras ligadas al crimen organizado o la narcoactividad en la región.
3. Cese de la violencia institucional y reparación integral: El cese inmediato del uso de la fuerza policial y militar orientada a la persecución de las comunidades agrarias. Exigimos una respuesta del Estado que garantice medidas urgentes de protección, asistencia psicosocial inmediata a las víctimas supervivientes y garantías de no repetición para el pueblo hondureño.

Llamado internacional

ACI PARTICIPA hace un llamado urgente y enérgico a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional, para que en el marco de sus mandatos de protección internacional se pronuncien con firmeza ante esta emergencia de derechos humanos y coadyuven en la veeduría y defensa del pueblo hondureño ante un alarmante repunte de la violencia estructural.

¡NO A LA PROMOCIÓN DE ASESINATOS SELECTIVOS EN HONDURAS!
¡NO MÁS MASACRES EN HONDURAS!
“POR EL RESPETO, LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, NI UN PASO ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2026.