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Etiqueta: banano

Costa Rica frente al espejo de los plaguicidas: los datos cuestionan el modelo agrícola

«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno?»
Jane Goodall (1934-2025)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Costa Rica enfrenta una contradicción: su imagen de país comprometido con la sostenibilidad convive con una agricultura de alta dependencia de plaguicidas. La evidencia científica plantea la urgencia de cuestionar este modelo y avanzar hacia sistemas de producción que protejan tanto la salud como la biodiversidad.

La agricultura costarricense se presenta con frecuencia como una actividad moderna, competitiva y comprometida con la sostenibilidad. Sin embargo, una investigación publicada en 2026 en la revista científica Environment International obliga a examinar críticamente esa imagen. El estudio Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture, de Soledad Castro-Vargas y sus colaboradores, aporta nuevos datos sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica y cuestiona la idea de que la modernización agrícola garantiza una reducción de sus peligros.

Una intensidad de uso excepcionalmente elevada

Los investigadores desarrollaron una base de datos integrada sobre plaguicidas que combina información comercial, registros de ingredientes activos y datos agrícolas.

Sus resultados estiman una intensidad media anual de uso de 21,91 kilogramos de ingredientes activos por hectárea cultivada, sin incluir los pastizales. Esta cifra supera ampliamente los promedios global y centroamericano utilizados en el estudio: 2,18 y 7,16 kilogramos por hectárea, respectivamente.

Las diferencias entre cultivos son igualmente reveladoras. El banano presentó una intensidad estimada de 78,88 kilogramos por hectárea al año, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 103,95 kilogramos, frente a 60,68 en 2012. La piña también figura entre los cultivos de mayor intensidad de uso.

El patrón territorial coincide con la concentración de estas plantaciones: la región Caribe presenta una presión particularmente elevada. Los promedios nacionales, por tanto, pueden ocultar realidades locales que requieren vigilancia específica.

Estas cifras representan estimaciones de intensidad de uso, no mediciones directas de exposición humana ni pruebas automáticas de daño. No obstante, constituyen una señal importante para orientar la investigación y las políticas públicas.

El problema de los modelos internacionales

El estudio demuestra que algunos modelos globales pueden representar inadecuadamente la realidad de la agricultura tropical. Cuando se extrapolan patrones de cultivos y plaguicidas de regiones templadas, se corre el riesgo de subestimar la utilización de determinadas sustancias en sistemas productivos como los del banano y la piña.

No se trata de una cuestión meramente estadística. Las estimaciones influyen en la identificación de territorios prioritarios, la asignación de recursos y la evaluación de los problemas ambientales.

Costa Rica necesita mantener datos nacionales transparentes, actualizados y desagregados por cultivo, sustancia y región.

En este contexto, la soberanía científica es indispensable para tomar decisiones acordes con las condiciones reales del país.

¿Son los plaguicidas modernos necesariamente más seguros?

Otro resultado preocupante es que los peligros asociados a los ingredientes activos no muestran una mejora general y consistente a lo largo del período analizado.

El mancozeb destacó como fungicida predominante; el glifosato, como herbicida; el diazinón, entre los insecticidas; y el ethoprophos, entre los nematicidas. En conjunto, estos cuatro ingredientes representaron cerca del 51% de la carga anual estimada.

El análisis encontró mejoras en algunos indicadores ambientales, pero también persistencia de peligros relacionados con carcinogenicidad, alteración endocrina y toxicidad dérmica para mamíferos. Además, varios indicadores de ecotoxicidad, especialmente los relacionados con organismos acuáticos, mostraron tendencias desfavorables.

Es importante distinguir entre peligro y riesgo: el primero se refiere a la capacidad de una sustancia de causar efectos adversos; el segundo depende también de la exposición, la dosis y las condiciones concretas.

El estudio no es una evaluación directa de los daños sufridos por personas o ecosistemas. Sus resultados, sin embargo, cuestionan la idea de que utilizar productos más recientes garantiza automáticamente una agricultura más segura.

La modernidad de una molécula no constituye una certificación de inocuidad.

¿Quién asume los costos del modelo exportador?

La elevada intensidad de uso en cultivos como el banano y la piña invita a examinar críticamente el modelo agrícola de exportación. Estas actividades generan ingresos y empleo, pero sus resultados económicos no reflejan necesariamente todos los costos ambientales y sanitarios asociados a la producción.

Cuando los impactos no se contabilizan adecuadamente, parte de esos costos recaen indudablemente sobre trabajadores agrícolas, comunidades cercanas, fuentes de agua y organismos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.

La pregunta no es si debemos renunciar a las exportaciones agrícolas, sino si podemos mantener su competitividad sin trasladar una parte de sus costos a la sociedad y la naturaleza.

Del registro a la prevención

Costa Rica necesita fortalecer la vigilancia de plaguicidas en aguas, suelos y ecosistemas, así como la investigación sobre exposición ocupacional y comunitaria. También debe mejorar la información pública sobre sustancias utilizadas, cultivos tratados y distribución territorial.

La insuficiencia de datos toxicológicos y ecotoxicológicos específicos para regiones tropicales exige especial atención. La falta de información no debe confundirse con ausencia de peligro.

Las decisiones sobre registro y renovación de productos deben apoyarse en evaluaciones rigurosas, transparentes e independientes. Asimismo, resulta necesario impulsar alternativas que reduzcan la dependencia química: manejo integrado de plagas, control biológico, diversificación de cultivos y prácticas agroecológicas adaptadas a cada territorio.

Esta transformación requiere investigación, asistencia técnica e incentivos que permitan a los productores cambiar sus prácticas sin asumir individualmente todos los costos.

Una decisión pendiente

La investigación de Castro-Vargas y sus colaboradores aporta evidencia para revisar las estimaciones internacionales y reconocer la magnitud del desafío costarricense. Pero medir el problema es apenas el comienzo.

El país debe decidir si utilizará estos resultados para fortalecer la prevención y transformar sus sistemas productivos, o si continuará considerando la dependencia de plaguicidas como un costo inevitable de la agricultura de exportación.

La verdadera modernización agrícola no debería medirse por la novedad de las moléculas utilizadas ni exclusivamente por el volumen de las exportaciones. Debería evaluarse también por su capacidad para reducir la dependencia química, proteger la salud de los trabajadores y las comunidades, conservar la biodiversidad y garantizar la calidad del agua y del suelo.

Costa Rica necesita una agricultura que no tenga que elegir entre producir y proteger la vida. La evidencia científica ofrece razones suficientes para comenzar esa transformación.

Referencia: Castro-Vargas, S. y colaboradores (2026). Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture. Environment International, 215, 110468. https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468