
Costa Rica frente al espejo de los plaguicidas: los datos cuestionan el modelo agrícola
«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno?»
Jane Goodall (1934-2025)
Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com
Costa Rica enfrenta una contradicción: su imagen de país comprometido con la sostenibilidad convive con una agricultura de alta dependencia de plaguicidas. La evidencia científica plantea la urgencia de cuestionar este modelo y avanzar hacia sistemas de producción que protejan tanto la salud como la biodiversidad.
La agricultura costarricense se presenta con frecuencia como una actividad moderna, competitiva y comprometida con la sostenibilidad. Sin embargo, una investigación publicada en 2026 en la revista científica Environment International obliga a examinar críticamente esa imagen. El estudio Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture, de Soledad Castro-Vargas y sus colaboradores, aporta nuevos datos sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica y cuestiona la idea de que la modernización agrícola garantiza una reducción de sus peligros.
Una intensidad de uso excepcionalmente elevada
Los investigadores desarrollaron una base de datos integrada sobre plaguicidas que combina información comercial, registros de ingredientes activos y datos agrícolas.
Sus resultados estiman una intensidad media anual de uso de 21,91 kilogramos de ingredientes activos por hectárea cultivada, sin incluir los pastizales. Esta cifra supera ampliamente los promedios global y centroamericano utilizados en el estudio: 2,18 y 7,16 kilogramos por hectárea, respectivamente.
Las diferencias entre cultivos son igualmente reveladoras. El banano presentó una intensidad estimada de 78,88 kilogramos por hectárea al año, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 103,95 kilogramos, frente a 60,68 en 2012. La piña también figura entre los cultivos de mayor intensidad de uso.
El patrón territorial coincide con la concentración de estas plantaciones: la región Caribe presenta una presión particularmente elevada. Los promedios nacionales, por tanto, pueden ocultar realidades locales que requieren vigilancia específica.
Estas cifras representan estimaciones de intensidad de uso, no mediciones directas de exposición humana ni pruebas automáticas de daño. No obstante, constituyen una señal importante para orientar la investigación y las políticas públicas.
El problema de los modelos internacionales
El estudio demuestra que algunos modelos globales pueden representar inadecuadamente la realidad de la agricultura tropical. Cuando se extrapolan patrones de cultivos y plaguicidas de regiones templadas, se corre el riesgo de subestimar la utilización de determinadas sustancias en sistemas productivos como los del banano y la piña.
No se trata de una cuestión meramente estadística. Las estimaciones influyen en la identificación de territorios prioritarios, la asignación de recursos y la evaluación de los problemas ambientales.
Costa Rica necesita mantener datos nacionales transparentes, actualizados y desagregados por cultivo, sustancia y región.
En este contexto, la soberanía científica es indispensable para tomar decisiones acordes con las condiciones reales del país.
¿Son los plaguicidas modernos necesariamente más seguros?
Otro resultado preocupante es que los peligros asociados a los ingredientes activos no muestran una mejora general y consistente a lo largo del período analizado.
El mancozeb destacó como fungicida predominante; el glifosato, como herbicida; el diazinón, entre los insecticidas; y el ethoprophos, entre los nematicidas. En conjunto, estos cuatro ingredientes representaron cerca del 51% de la carga anual estimada.
El análisis encontró mejoras en algunos indicadores ambientales, pero también persistencia de peligros relacionados con carcinogenicidad, alteración endocrina y toxicidad dérmica para mamíferos. Además, varios indicadores de ecotoxicidad, especialmente los relacionados con organismos acuáticos, mostraron tendencias desfavorables.
Es importante distinguir entre peligro y riesgo: el primero se refiere a la capacidad de una sustancia de causar efectos adversos; el segundo depende también de la exposición, la dosis y las condiciones concretas.
El estudio no es una evaluación directa de los daños sufridos por personas o ecosistemas. Sus resultados, sin embargo, cuestionan la idea de que utilizar productos más recientes garantiza automáticamente una agricultura más segura.
La modernidad de una molécula no constituye una certificación de inocuidad.
¿Quién asume los costos del modelo exportador?
La elevada intensidad de uso en cultivos como el banano y la piña invita a examinar críticamente el modelo agrícola de exportación. Estas actividades generan ingresos y empleo, pero sus resultados económicos no reflejan necesariamente todos los costos ambientales y sanitarios asociados a la producción.
Cuando los impactos no se contabilizan adecuadamente, parte de esos costos recaen indudablemente sobre trabajadores agrícolas, comunidades cercanas, fuentes de agua y organismos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.
La pregunta no es si debemos renunciar a las exportaciones agrícolas, sino si podemos mantener su competitividad sin trasladar una parte de sus costos a la sociedad y la naturaleza.
Del registro a la prevención
Costa Rica necesita fortalecer la vigilancia de plaguicidas en aguas, suelos y ecosistemas, así como la investigación sobre exposición ocupacional y comunitaria. También debe mejorar la información pública sobre sustancias utilizadas, cultivos tratados y distribución territorial.
La insuficiencia de datos toxicológicos y ecotoxicológicos específicos para regiones tropicales exige especial atención. La falta de información no debe confundirse con ausencia de peligro.
Las decisiones sobre registro y renovación de productos deben apoyarse en evaluaciones rigurosas, transparentes e independientes. Asimismo, resulta necesario impulsar alternativas que reduzcan la dependencia química: manejo integrado de plagas, control biológico, diversificación de cultivos y prácticas agroecológicas adaptadas a cada territorio.
Esta transformación requiere investigación, asistencia técnica e incentivos que permitan a los productores cambiar sus prácticas sin asumir individualmente todos los costos.
Una decisión pendiente
La investigación de Castro-Vargas y sus colaboradores aporta evidencia para revisar las estimaciones internacionales y reconocer la magnitud del desafío costarricense. Pero medir el problema es apenas el comienzo.
El país debe decidir si utilizará estos resultados para fortalecer la prevención y transformar sus sistemas productivos, o si continuará considerando la dependencia de plaguicidas como un costo inevitable de la agricultura de exportación.
La verdadera modernización agrícola no debería medirse por la novedad de las moléculas utilizadas ni exclusivamente por el volumen de las exportaciones. Debería evaluarse también por su capacidad para reducir la dependencia química, proteger la salud de los trabajadores y las comunidades, conservar la biodiversidad y garantizar la calidad del agua y del suelo.
Costa Rica necesita una agricultura que no tenga que elegir entre producir y proteger la vida. La evidencia científica ofrece razones suficientes para comenzar esa transformación.
Referencia: Castro-Vargas, S. y colaboradores (2026). Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture. Environment International, 215, 110468. https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468
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