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Etiqueta: Banco Central

La distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales

German Masís

Los cantones del país con el mayor aporte a la producción (PIB), al valor agregado de la producción, a la producción por persona (PIB per cápita) y a las exportaciones, están en su mayoría en la Gran Área Metropolitana (GAM).

El martes 28 de marzo, el Banco Central presentó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) Cantonal de Costa Rica, herramienta que permite conocer la distribución del valor agregado de cada una de las actividades económicas en los cantones, así como indicadores de exportaciones e importaciones de bienes, impuestos a los productos y PIB per cápita; información disponible en precios corrientes para el periodo 2020.

Esta información permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario, tienen una escasa participación en éstas.

Con respecto a la participación en el valor agregado de la producción, las cuatro provincias centrales que componen la GAM aportan el 83.5% del mismo y las tres provincias periféricas el 16.6%. Por cantones, entre los 10 con mayor aporte, 9 forman parte de la GAM, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Escazú, Desamparados, Montes de Oca y Santa Ana y sólo San Carlos es el único fuera de la GAM.

En tanto de los 10 cantones con menor aporte al valor agregado, todos pertenecen a las regiones periféricas, Río Cuarto, Guatuso, Montes de Oro, Alvarado, Nandayure, San Mateo y Turrubares y 2 cantones, Acosta y Dota, a las áreas periféricas de la GAM.

Por su parte, la distribución del PIB per cápita, tiene comportamiento muy similar a la variable anterior, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la GAM, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB per cápita más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones integran la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

El comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis reafirma el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021.

La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones periféricas.

Mientras que, en las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones periféricas.

Como se mencionó, con ocasión de la presentación del estudio de la MIP, la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las cuatro provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido en gran medida las políticas económicas, la inversión y el desarrollo empresarial. (Alterdescr.com,2022)

Un hecho que evidencia la concentración de la actividad económica es la ubicación de las principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman la GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país.

En tanto, la problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza; y en los territorios rurales, costeros y fronterizos los empleos son precarios, hay limitados servicios y mala distribución de la riqueza… la expresión de las dos Costa Ricas.

Foto: UCR.

La economía política del dólar

Luis Paulino Vargas Solís

La cuestión del dólar tiene su faceta técnica, en la cual pasan entretenidos los economistas de Costa Rica, incapaces (y no porque sean tontos) de raspar más que la superficie del problema. También tiene su faceta más profunda y compleja, la cual exige un esfuerzo que está, más en el ámbito de la ciencia que el de la técnica. Pero no es posible intentar un acercamiento científico, sino es desde la economía política, puesto que aquí lo económico va entrelazado a profundidad con lo político y lo social.

Hablamos, a fin de cuentas, del proyecto o modelo de desarrollo de Costa Rica, el cual es producto de determinadas visiones ideológicas y está sostenido por ciertos intereses muy poderosos.

Dejando por fuera muchos aspectos y detalles, anoto los siguientes, como facetas especialmente significativas:

  1. Un régimen dogmático de libre movimiento de capitales, el cual alcanza hoy un extremismo tal, que descarta cualquier posible control, ni siquiera sobre los capitales especulativos.
  2. Una exitosa estrategia de mercadeo, que ha explotado la relativa cercanía de Estados Unidos y aprovecha la imagen de Costa Rica como país democrático, pacífico, ambientalista y con un sólido Estado de derecho. Si bien muchas de esas cualidades están hoy en pleno declive, siguen ejerciendo un poderoso influjo a nivel internacional.
  3. Las dos cuestiones anteriores, en combinación con algunas otras, han dado lugar a un fenómeno bastante peculiar: la balanza financiera y de capitales en la balanza de pagos, genera un excedente positivo de divisas, que sobrepasa el déficit crónico en la balanza de bienes y servicios.
  4. O sea: como tendencia de largo plazo (con oscilaciones episódicas) compramos bienes y servicios al resto del mundo en mayor medida de lo que les vendemos -lo cual advierte sobre el frágil desarrollo de nuestra economía- pero atraemos capitales en una cuantía tal que eso genera un excedente relativo de dólares.
  5. De ahí la dolarización de la economía: muchos precios se expresan en dólares, muchos créditos se conceden en dólares. Todo lo cual conlleva un alto potencial de desestabilización, el cual se ha dejado entrever -sin explotar a plenitud- cada vez que el dólar sube o baja a un ritmo desusado.
  6. Además, ello conlleva un grado creciente de extranjerización de la economía, sin promover su modernización, puesto que el sector de alta productividad (sobre todo las zonas francas) es un universo aparte. En rigor podemos afirmar que vivimos en un país no desarrollado que, cada vez más, es propiedad de gente que no nació ni vive en Costa Rica.
  7. En los últimos siete meses, los diversos factores anotados se mezclaron con algunas cuestiones coyunturales (la situación mundial, el alza en las tasas de interés en Costa Rica) para propiciar un verdadero diluvio de capitales especulativos, sin que nadie mueva un dedo para moderar esa correntada desestabilizadora.
  8. El consecuente desplome del dólar, favorece directamente a la banca privada, cuyo negocio descansa principalmente en los créditos en dólares, y al comercio importador, el cual ha de estar haciendo clavos de oro. También a quienes tienen créditos en dólares, pero ganan en colones, y trae un beneficio más o menos generalizado, a través de la baja de los combustibles.
  9. Pero, en lo fundamental, esto pone en tensión amplios sectores de la economía, vinculados a las exportaciones, el turismo y las actividades e industrias que compiten con productos importados. Asimismo, se agrava la desarticulación interna de la economía, ya que los insumos producidos localmente no pueden competir con los importados. De prolongarse esa situación, ello produciría despidos, quizá cierre de empresas y, seguramente, ralentización, quizá recesión, de la economía.
  10. El Banco Central, feroz guardián de la dogmática ideológica que subyace a este modelo, parece querer darle largas a esto, seguramente con el fin de hacer bajar la inflación, y en bien de la banca privada. El precio a pagar será mayor desempleo.

Dos “magníficas” noticias económicas

Luis Paulino Vargas Solís

Nos anticipa el Banco Central que, al concluir este año, la inflación habrá caído por debajo del 4%, pero, además, nos confirma tan importante entidad pública, que el año pasado se registró un “superávit primario” en las cuentas del gobierno.

Son grandes nuevas, ¿cierto? La verdad, tengo mis dudas.

Empecemos por el segundo aspecto mencionado. Aclaremos, primero, una cosa: decir que hay “superávit primario” no equivale a decir que hay “superávit fiscal”. El “superávit primario” se da si los ingresos exceden de los gastos, pero sin incluir en esos gastos los intereses de la deuda pública. Aunque esto aparenta ser un detalle técnico, en realidad es una burda estratagema ideológica, cuyo propósito es enfocar los recortes y tijeretazos en “todo lo demás”, excepto los pagos por intereses.

Posteriormente sí se consideran los intereses. Volvemos, entonces, a hacer la resta: ingresos menos gastos, pero, ahora sí, incluimos los intereses. Sucede, entonces, que el “superávit primario” se transfigura en “déficit fiscal” (o “déficit financiero”, como le llaman también). Los intereses son los que se encargan de hacer que los números positivos pasen a ser negativos.

Pero aquí lo relevante es que los pagos por intereses son sagrados e intocables. El “dios mercado” decide las tasas de interés, y estas deciden cuánto deba pagarse. Nada más se diga al respecto. Recordemos que ya de previo los machetazos habían caído sobre “todo lo demás”. Algunos ejemplos de “todo lo demás” son: becas estudiantiles, comedores escolares, servicio 911, vivienda popular, albergues infantiles, hogares para personas mayores, instalaciones educativas, etc. etc.

O sea: cuando alguien celebra el tal “superávit primario”, lo que está celebrando es esa salvaje operación de recorte.

Y en cuanto a la inflación: siempre fue clarísimo que el origen de esta era externo, o sea, que era una inflación importada. Por ello mismo, siempre fue clarísimo que, en cuanto la inflación internacional empezara a ceder, también cedería en Costa Rica. Exactamente eso es lo que estamos observando.

Pero lo absurdo de esto es que el Banco Central nos ha sometido a una innecesaria, y perfectamente prescindible, dieta de latigazos, al forzar a una grosera alza de las tasas de interés, lo que, en este contexto, equivale a castigar a Pedrito, por travesuras que hizo Juancito.

Queda claro lo que es bueno para el Banco Central, es dañino para la gente.

Inflación en Costa Rica: Los desatinos del Banco Central

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

  1. Introducción

Como sabemos, la inflación ha tendido a subir recientemente, alcanzando una cota anual del 8,7% en mayo de 2022, la más alta registrada durante los últimos 13 años. Su origen es evidentemente externo, o sea, es importada, y está asociada al aumento de los precios internacionales del petróleo, de los alimentos y de algunas otras mercancías. Detrás de todo esto, como sabemos, subyacen tanto las disrupciones globales provocadas por la pandemia del Covid-19, en particular la llamada “crisis de los contenedores”, como los agudizados trastornos que ha traído la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.

Es importante tener esto presente, ya que, como intentaré mostrar en este artículo, las respuestas que se ensayan por parte del Banco Central, si bien admiten explícitamente el carácter importado de la inflación, contradictoriamente optan por medidas de política económica, que inciden directamente sobre la economía costarricense, como si la inflación se originase desde dentro mismo de ésta.

  1. La respuesta estándar

Subir las tasas de interés es la política estándar que los bancos centrales -incluido el de Costa Rica- acostumbran aplicar cuando la inflación da muestras de ir al alza. Y, por cierto, ello es hoy tendencia: los bancos centrales de todo el mundo toman este atajo, y elevan la tasa de interés que usan como referencia (en Costa Rica se la llama “tasa de política monetaria”), la cual usualmente incide de forma directa sobre las operaciones de muy corto plazo entre los propios bancos (ya que los bancos se prestan los unos a los otros todos los días), o de estos con el Banco Central, y luego tiende a propagarse, como en ondas concéntricas, sobre las diversas tasas de interés en todo el sistema financiero.

Al hacerlo de esa forma, hacen una especie de trueque: un mayor desempleo a cambio de una menor inflación. Porque, en último término, cuando un banco central empuja al alza las tasas de interés, lo que intenta es encarecer el crédito, para, eventualmente, frenar la inversión de las empresas y el consumo de las personas, y, así, “enfriar” la economía, o sea, frenar su crecimiento, lo cual normalmente implicará más desempleo. Alrededor de esto hay toda una parafernalia teórica, que, viene de autores como Milton Friedman y Edmund Phelps, la cual habla de la “tasa natural de desempleo”, la “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación”, y, a partir de lo anterior, una tal Regla de Taylor (atribuida al economista estadounidense John B. Taylor). Puesto en sencillo, lo que esto nos dice es que existe una tasa de desempleo mínima, por debajo de la cual la inflación se acelera, por lo que, presuntamente, resultaría inútil y contraproducente que los gobiernos intenten comprimirla hasta ese nivel.

Por lo tanto, se supone que los bancos centrales deben ser vigilantes, y no permitir que la tasa de desempleo caiga por debajo de ese piso, ya que ello desataría perniciosas fuerzas inflacionarias, asociadas al hecho de que, siendo el desempleo muy bajo, ello presuntamente haría que los salarios suban, generando en consecuencia una presión alcista sobre los precios. En un contexto de desorganización de la fuerza de trabajo, y ausencia de organizaciones sindicales fuertes, esa hipótesis se vuelve altamente improbable, no obstante lo cual, sigue siendo la que subyace, de forma más o menos implícita o explícita, a estos planteamientos.

Pero, además, sucede que ninguna de esas “tasas” es observable. O sea, cuál es la “tasa natural de desempleo” y cuál la “tasa de desempleo aceleradora de la inflación” es algo que, en rigor, nadie conoce. Se las establece por puro “bateo”, lo cual no impide que los diversos bancos centrales reiteren siempre el mismo ritual, disimulando su ignorancia detrás de un lenguaje eufemístico, que se pretende técnico y aséptico.

  1. Supuestos irreales

Implícito a lo anterior, está el supuesto de que la economía ha crecido a un ritmo significativo y el desempleo ha bajado hasta el (incognoscible) nivel de su “tasa natural”, o inclusive por debajo de ésta, lo que produce un “recalentamiento” que acelera la inflación. De ahí lo que indiqué más arriba: el propósito entonces es elevar las tasas de interés y encarecer el crédito para “enfriar” la economía y, así, cortarle las alas a la inflación.

Al proceder de esta forma, claramente convertimos el empleo -y, por lo tanto, a las personas de carne y hueso- en una variable subordinada. O sea: la prioridad es la inflación, y la gente es el cordero que se inmola en el altar de los sacrificios.

El caso es que, obediente a este recetario, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha optado por combatir la inflación subiendo su “tasa de política monetaria”.  En los últimos seis meses ha habido cinco alzas, las dos últimas muy fuertes: 2,50 puntos porcentuales el 23 de abril, y 1,50 puntos porcentuales el 16 de junio. De tal forma, esta “tasa de política monetaria” pasó de 0,75%, a inicios de diciembre de 2021, a 5,50% en este momento. Eventualmente este movimiento alcista debería hacerse sentir sobre los nuevos créditos que los bancos dan a personas y empresas, como también elevará las tasas que se cobran sobre créditos concedidos en el pasado, y que están sujetos a tasas variables. Muy seguramente también hará subir las tasas de interés que se cobran sobre las emisiones de deuda pública, las cuales son, de todas maneras, injustificadamente altas.

Como ya adelanté, cuando procede de esa forma, el BCCR está suponiendo -aún si no lo dice- que los brotes de inflación que se registran, están asociados a una situación donde la economía avanza a ritmo trepidante y el desempleo es muy bajo. Y si no lo supone, actúa como si lo supusiera. Y, sin embargo, esa no es, ni remotamente, la situación actual de Costa Rica. Los indicadores sobre empleo, aportan un contundente desmentido a tan disparatada tesis. Recordemos que, según los datos más recientes, tenemos alrededor de 325 mil personas desempleadas, y más de 900 mil personas en la informalidad laboral. A lo cual debe agregarse la notoria ralentización en la creación de empleos, que se registra desde al menos el mes de octubre del año pasado. Cuando, por otra parte, la proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) que se mantiene fuera de los mercados laborales remunerados, sigue siendo sustancialmente más alta que la que se registraba antes de la llegada de la pandemia del Covid-19. En aquel momento, ese porcentaje, que ya era bastante alto, se ubicaba en el 36,1% (febrero 2020), mientras en el dato más reciente (abril 2022) se sitúa en 40,0%. El que esas personas -sobre todo mujeres- permanezcan en su casa y no salgan a buscar trabajo, refleja el desaliento frente a una economía que no ofrece adecuadas oportunidades de empleo. Ello además disminuye sustancialmente la tasa de desempleo oficialmente registrada, ya que, si esas personas salieran de su casa a buscar trabajo, muy seguramente no lo obtendría o, en el mejor de los casos, tendrían que ubicarse en empleos informales.

Los datos de empleo nos dicen que la economía costarricense está lejos de cualquier cosa que pudiera considerarse un “recalentamiento”, porque está lejísimos de producir a plena capacidad. Y, sin embargo, el Banco Central opta por combatir la inflación como si, en efecto, nuestra economía estuviera “sobrecalentada”. Más que paradójico, es absurdo.

  1. Dos pifias más

Recientemente el Banco Central adoptó nuevas medidas, y decidió elevar del 12% al 15% el llamado “encaje mínimo legal”. Lo que esto significa es que, de cada depósito que un banco reciba, deberá “guardar” un 15% en el Banco Central, donde quedaría inmovilizado, lo que disminuiría su capacidad para generar nuevos préstamos. Sin embargo, hay en lo anterior, al menos dos pifias.

Primera pifia: la intención, implícita pero muy obvia, es tratar de restringir la “liquidez” en la economía -o sea, la cantidad de dinero que circula- limitando la capacidad de los bancos para conceder créditos. Pero ello supone que detrás del problema de la inflación hay un exceso de dinero en circulación. La teoría subyacente, que tiene raíces en los planteamientos monetaristas de Friedman, es errónea, pero el sinsentido que representa se agranda, tan solo con que recordemos que estamos ante un problema de inflación importada.

Segunda pifia: no es cierto que los bancos requieran de los depósitos para generar créditos. En un sistema de moneda fiduciaria como el nuestro, los bancos generan créditos tan solo con hacer una anotación electrónica a favor de su cliente. En ese contexto, los créditos más bien anteceden a los depósitos, y no a la inversa. Elevar el “encaje” no altera en nada sustantivo este mecanismo de creación endógena de dinero. Si el crédito se frena será porque las altas tasas de interés frenen la economía y, en consecuencia, frenen la demanda de crédito por parte de empresas y hogares. Aunque, y en todo caso, no es ocioso recordar que el crédito al sector privado, ya venía bastante frenado, desde al menos 2018, de modo que las medidas que ahora toma el Banco Central, simplemente implican llover sobre mojado.

  1. Breve conclusión

Retomo lo indicado al inicio de este artículo: la inflación que estamos sufriendo es enteramente importada, y no tiene relación alguna con ningún “recalentamiento” de la economía costarricense, ni tampoco tiene orígenes monetarios. Las medidas que el Banco Central aplica no corrigen esa situación, pero, en cambio, muy seguramente agravarán los terribles problemas del empleo que vivimos. Ello implica un intolerable, y desde todo punto de vista injustificado, sufrimiento humano y social.

Téngase presente que he dejado por fuera muchos elementos importantes. Trataré de retomarlos posteriormente.

Alajuela, 19 de junio de 2022

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/06/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

El dólar: la versión de los economistas “oficiales”

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Investigador CICDE-UNED

Leer la columna de Luis Mesalles en La Nación del domingo 29 de mayo de 2022, despejó cualquier duda que yo pudiera haber tenido sobre ese particular. Me dejó claro en qué consiste ese diagnóstico de los economistas “oficiales”, o sea, los de la corriente dominante (no hablo de “las economistas” porque no he visto que ninguna participe del debate).

La cuestión es así: durante el gobierno de Carlos Alvarado, y con Rodrigo Cubero en la presidencia del Banco Central, se siguió una “política monetaria expansiva”, que hizo descender las tasas de interés. Los “agentes económicos racionales” actuaron entonces según pronostica la teoría económica y prescriben las leyes del “libre mercado”: optaron por buscar formas de inversión más rentables, lo cual los llevó a sacar sus capitales del país, en busca de mejores y más atractivas opciones. Esa migración de capitales introdujo presiones sobre la tasa de cambio colón-dólar, que el Banco Central, bajo la conducción de Cubero, moderó echando mano de sus reservas en dólares. De ahí las desatinadas quejumbres del presidente Chaves: “me dejaron sin suficientes reservas para hacer yo, lo que critico que Carlos Alvarado hizo”. En todo caso, sabemos (y seguramente Chaves lo sabe), que no es el presidente de la República el que toma tales decisiones.

O sea, y en resumidas cuentas, Cubero y el Banco Central, no debieron propiciar tal baja en las tasas de interés, no obstante que el país sufría los violentos embates de la pandemia y la recesión económica asociada a ésta. He ahí el error y el origen del problema. Eso dicen los economistas “oficiales”.

Podríamos decir que hasta elegante resulta la lógica interna de esta narrativa. El problema es que parte de premisas incorrectas y deja muchos cabos sueltos.

En primer lugar, es demostrable que los bonos de deuda pública emitidos por el Ministerio de Hacienda, mantuvieron en todo momento, tasas de interés bastante altas. Inferiores, quizá, a sus promedios históricos, pero aún así muy favorables, y claramente superiores a las tasas de inflación nacionales.

Es también sabido que los bonos del Tesoro estadounidense, los bonos alemanes y otros bonos emitidos por gobiernos de países ricos, pagan un rendimiento ridículamente bajo. Por lo tanto, si de obtener una mejor rentabilidad se trataba, habría entonces que moverse hacia los circuitos de la especulación financiera, que domina ampliamente las bolsas de valores y los mercados financieros del mundo rico. El riesgo, en tal caso, sería mucho más alto.

Difícilmente hay detrás de esto nada racional. Todo lo contrario, más bien. Lo que hay son una serie de prejuicios ideológicos que maquillan, con tintes glamorosos, la jungla de la especulación financiera global, y un comportamiento de manada: “si todos van para allá, yo también iré en la misma dirección”. Y por ahí se fueron, entre algunos otros, los fondos de pensiones.

Por otra parte, sucede que durante este período de persistente fuga de capitales (desde mediados de 2020 en adelante), Hacienda nunca tuvo problemas para financiarse, y realizó todas sus colocaciones de bonos sin mayores contratiempos. Entretanto, escuchábamos reiterarse, una y mil veces, la trillada cantaleta: “no hay dinero para financiar la obra pública, por lo que ésta debe ser entregada en manos de las transnacionales”. Pero, contradictoriamente, “sí hay dinero” que, desde Costa Rica, es lanzado imprudentemente al agujero negro de los mercados financieros globales. En realidad, lo que no hay, y de lo que carecemos, es de un sistema financiero que haga su trabajo en serio, y genere los mecanismos -expeditos, confiables y transparentes- que permitan canalizar los fondos disponibles hacia el financiamiento de inversiones públicas que al país le urgen grandemente. Como tampoco ha habido liderazgos políticos con la lucidez y la capacidad para romper los cuellos de botella que, desde la normativa y la institucionalidad, ralentizan la ejecución de la inversión pública.

No puedo, además, dejar de referirme a la dogmática subyacente en el discurso de los economistas “oficiales”, la cual básicamente proclama: “dios mercado” ordena que lo “racional” es llevarse la plata para afuera, ante lo cual no hay nada que hacer, excepto mostrar resignación y humilde obediencia.

Las consecuencias que de esto derivan son conocidas y ya se han observado en otros países (por ejemplo: países del Asia Oriental hacia 1997): esa inflexible dogmática del “libre movimiento de capitales” puede resultar sumamente dañina. Y, claramente, le está haciendo daño hoy a Costa Rica. Si no se corrige esa ruta, sino se aplica cierta mínima dosis de racional pragmatismo en las políticas económicas, lo que pueda venir podría ser peor.

Objetivamente hablando, no cabe esperar que, ni Rodrigo Chaves ni el Banco Central, bajo la conducción de Roger Madrigal, quieran intentar ninguna corrección.

Concluyo: quedan diversos aspectos, todos importantes, a los cuales no hago referencia aquí (por ejemplo, el efecto derivado de las rentas del capital extranjero). Intentaré retomarlos posteriormente.

La UCR busca ser la primera universidad pública del país en certificarse como entidad libre de efectivo

Programa L del Banco Central de Costa Rica

Con esta iniciativa se procura potenciar una serie de prácticas que ya ha venido implementando la Institución en los últimos años

La utilización de tarjetas de débito es uno de los mecanismos que pueden implementar las unidades académicas y administrativas de la Universidad en el manejo de los recursos para gastos menores, en lugar del efectivo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en el proceso de certificarse como entidad libre de efectivo, mediante el Programa L, del Banco Central de Costa Rica, que procura precisamente que las instituciones públicas y privadas utilicen al máximo los servicios electrónicos para las transacciones de cobro y pago, minimizando riesgos y costos por su uso.

Para estos efectos, ya la Oficina de Administración Financiera (OAF), de la Vicerrectoría de Administración (VRA), con el apoyo de la rectoría, inscribió a la Institución en dicho proceso y a la fecha se encuentra en la etapa de recopilación de información que se debe enviar al ente rector financiero, para ser validada y posteriormente se obtendría la respectiva certificación, lo cual se prevé para principios del segundo semestre del presente año.

El requisito principal del Programa L es que no se utilice más allá de un 10% de efectivo en las transacciones que se realizan y por ello se envió la circular VRA-27-2021, con el fin de instar a las unidades académicas y administrativas de la Institución a hacer uso principalmente de las tecnologías para hacer los pagos requeridos, sobre todo con los fondos de trabajo, que son los recursos que se manejan para hacer algunos trámites propios, del día a día, de cada unidad.

En dicho documento se informa a la comunidad universitaria que la Universidad de Costa Rica se inscribió como entidad libre de efectivo en marzo del presente año, dados los beneficios que se asocian a implementar esta práctica. “Por lo anterior, les solicitamos su colaboración para que todos los pagos que se realicen en cada una de sus dependencias se efectúen por la vía digital, eliminando el uso del dinero físico o cheque bancario”, expresa Oldemar Rodríguez Rojas, vicerrector de Administración en la misiva.

“Este Programa lo que viene es a ayudarnos como Institución, a nosotros como Oficina y a la misma Vicerrectoría de Administración, es a tratar de tomar acciones en donde todavía tenemos algún manejo de efectivo y minimizarlo”, expresó Pablo Marín Salazar, director de la OAF.

Libre de efectivo

Según reporta el Banco Central, el Programa L, nació en el 2017 y tiene como objetivo lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos que tienen disponibles los clientes para sus transacciones de cobro y pago, lo cual se traduce en la reducción del riesgo en el manejo del efectivo y los costos asociados a este.

Según explicó Yuliana Sánchez Sánchez, parte del equipo técnico que se conformó para la certificación de la UCR como entidad libre de efectivo, uno de los beneficios que se destacan es precisamente la disminución de riesgos en la administración del efectivo y al respecto dijo que a veces con los fondos de trabajo se envía a personal de la Institución a retirar dinero de cajeros automáticos lo que implica un riesgo en el traslado por robo o pérdida, o porque se deja en el escritorio y alguien lo sustrae.

Otro de los beneficios que se apunta es reducir los costos operativos al utilizar medios electrónicos, esto por cuanto el uso de chequeras y de cajeros automáticos genera comisiones que deben pagarse para su uso.

También, Sánchez resalta que se busca brindar mayor seguridad en las transacciones de pago, las cuales pueden realizar las unidades académicas y administrativas a través de las plataformas de los bancos con los que trabaja la Institución, las cuales son muy robustas en este aspecto.

Se destaca también como un beneficio la mejora en los controles de los cobros y de los pagos que se realizan, esto por cuanto al hacer estas transacciones por medio de las entidades bancarias se da una mayor trazabilidad de todos esos dineros.

Además, se contribuye al desarrollo del sistema de pagos del país, dado el costo que implica para el Banco Central emitir monedas y billetes, lo cual podría disminuir si las instituciones públicas y privadas implementan prácticas para disminuir el uso de efectivo.

Uno de los beneficios específicos para la Universidad de Costa Rica es que se brindarían mejores servicios y alternativas de cobro y pago a los usuarios, lo cual favorecería tanto a la población universitaria, como a las jefaturas administrativas, por cuanto les facilita mucho más las gestiones de pago y de cobro.

En ese sentido, Luis Carlos Soto Quirós, jefe de la Sección de Tesorería, de la OAF, acotó que por ejemplo, antes cuando se pagaba a proveedores con cheque debían llenar un registro de firmas y esto hacía el trámite de pago más complicado para las empresas que ofrecían sus productos y servicios a la Institución.

En el caso de la UCR, el interés en el Programa L surgió a raíz de información suministrada al respecto por el Banco de Costa Rica, una de las entidades financieras con las que la Institución efectúa transacciones financieras y al analizar el tema se valoró que en la Institución un alto porcentaje de las transacciones de pago y cobro se hacen sin manejo de efectivo. Entonces, lo que se busca ahora es precisamente potenciar esta práctica que ya desde hace varios años se viene implementando en la Institución, explicó Marín.

Precisamente, la certificación en el Programa L, además de posicionar a la Universidad de Costa Rica como la primera institución de educación superior pública en el país y además demuestra el compromiso institucional con los procesos de mejora, dijo Soto.

Ya la UCR realiza la mayoría de sus transacciones de pago y de cobro por medio de vías electrónicas, pero este Programa viene a potenciar esas prácticas que ya se venían implementando desde hace varios años, manifestó Marín, quien agregó que incluso meses antes de la pandemia, por la Covid 19, no se hacían trámites en las cajas de la Institución, dado que se han implementado mecanismos de pago y de cobro, como transacciones bancarias y el uso de tarjetas de crédito y débito.

Es por ello, que con el llamado que se hizo, en la circular VRA 27-2021, para que se reduzca el uso de efectivo en el manejo de los fondos de trabajo, Soto explicó que en lugar de ello se les ofrece, a quienes gestionan esos recurso, la posibilidad de que utilicen tarjetas de débito de la Institución, Internet banking, o que se hagan transferencias electrónicas de fondos para el pago o compra de algunos requerimientos de las unidades.

Segundo semestre

Para obtener la certificación del Programa L se requiere seguir una serie de etapas que poco a poco ha ido cumpliendo la Universidad; una de ellas es incentivar a la comunidad universitaria al uso de medios electrónicos para el pago y cobro y además se han tenido varias reuniones con personeros del Banco Central y del Banco de Costa Rica, entidad asesora de la UCR en este tema.

Y se cumplió también con la inscripción al Programa, con el apoyo de la Rectoría, también se completó la matriz inicial de pagos, que es un cuadro donde se enlistan los conceptos de pago y cobro que tramita la Universidad y actualmente se está en la recolección de información, requerida por el Programa, y en la sensibilización del proceso, tanto a lo interno de la OAF, como a la comunidad universitaria.

Ahora, solo falta el envío de la información requerida por el Banco Central, ente que hará una validación de los datos; proceso que se estima tardará alrededor de un mes y luego correspondería definir una fecha para el evento de certificación respectivo.

Para Marín, el Programa L es de gran interés para la Institución “porque vamos a evidenciar que la Universidad trabaja utilizando las tecnologías de la información y minimizando riesgo, que esto es lo que toda auditoría, toda contraloría quiere que las instituciones realicen: minimizar riesgos”, expresó.

Un aspecto que destacó también es que con la coyuntura presupuestaria que experimenta la Institución en estos momentos, se van a bajar costos de administración y operación de los fondos de la Universidad, esto aparte de que en el contexto de pandemia disminuye la posibilidad de contagios por trasiego de efectivo.

“En la condición actual de pandemia, estos proyectos llegan a minimizar el traslado de personas a las oficinas de la Institución, así como la manipulación de efectivo, apoyando las acciones del Ministerio de Salud por minimizar el contagio”, manifestó Marín.

El Banco Central de Costa Rica ha certificado como entidades libres de efectivo a 20 instituciones públicas y privadas del país.

 

Nidia Burgos Quirós
Periodista de la Vicerrectoría de Administración

ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública

SURCOS comparte el comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

  • El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.

La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.

Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.

Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!

Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública

a) Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.

b) Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.

c) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.

d) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.

e) Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.

f) Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.

g) Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.

h) Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.

i) Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.

j) Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.

k) Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.

l) Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.

m) Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.

n) Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.

Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Por nuestra independencia económica

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Costa Rica frente al Fondo Monetario Internacional

Un pequeño país, con una economía precaria y en una situación de recesión inducida por la pandemia del COVID 19 observó como su gobierno recurre con candidez al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es algo así como le sucede al padre de familia sin empleo ni dinero que recurre a un prestamista, agiotista, mejor dicho, para evitar que su familia muera de hambre.

La sociedad ha creado esta función, el prestamista, que es frecuente en el mundo de los pobres, asalariados, carentes de riqueza. Es un alivio provisional que pronto se vuelve en un tormento. El capitalismo internacional por medio de los gobiernos de las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que le dio la posibilidad de crear la estructura económica favorable a sus intereses, es el gestor y dueño del FMI.

El FMI es uno de sus instrumentos de dominación económica, el más importante, para controlar a los países subdesarrollados. Es un instrumento poderoso del capitalismo internacional, representado por el Gobierno Estadunidense Americano, que mediante préstamos a países en dificultades económicas, establece reglas que lo mantendrán alineados estrictamente, evitando cualquier viso de desarrollo independiente. Se le exige siempre al país endeudado la reducción del gasto público y del aparato estatal, previendo que pueda ser factor determinante en inversiones que el sector privado del país en cuestión no las puede hacer. Se afirma por parte del FMI que una deuda reducida y un gasto público decreciente son determinantes del crecimiento económico del país, lo cual no siempre es cierto y muchas más veces es falso.

Obviamente los Estados Unidos de América no tiene nunca que recurrir al FMI, que se abstiene de opinar sobre la política económica de ese país, a pesar de tener ese país una deuda pública mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Como en el orden económico mundial está establecida la dominación monetaria, en donde el US$ es la moneda de intercambio internacional y de acumulación de valor, la Reserva Federal del gigantesco país, que funge como banco central emisor, sostiene la deuda de su gobierno con millonarias emisiones. Mientras los países periféricos subdesarrollados tienen que acumular en sus bancos los billetes verdes del país emisor y no los pueden usar aún cuando no tengan con que pagar sus deudas. ¿Por qué? porque el Capitalismo Internacional, mediante sus calificadoras de riesgo, los tiene amenazados de dejarlos fuera de sus inversiones y préstamos.

A.-) ¿Por qué en Costa Rica algunos tienen temor y prejuicios sobre la emisión monetaria?

La estructura económica tiene dos subestructuras concatenadas, una real y otra ficcional. Lo real son los bienes materiales, las ciudades, las estructuras públicas, a saber, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y todos los demás bienes de producción y de consumo, en manos privadas o públicas. Todo lo económico real está aparejado por una ficción matemática; se ha establecido una moneda, que es ni más ni menos que una unidad de medida, mediante la cual se mide el valor de todos los bienes económicos reales. Ella por si sola no tiene valor real, pero tomada como tal, o sea, si es aceptado por todos, un valor ficticio convencional, o cercano a ella, se convierte en un acumulador de valor y en un medio de intercambio. Es decir, cobra realidad. Así quien tiene el poder de emitir moneda, dinero, tiene la capacidad de acrecentar su riqueza muy por encima de la riqueza real que verdaderamente ostenta. En eso consiste el negocio bancario, reciben depósitos guardan un mínimo de dinero como reserva, lo prestan y vuelven a recibir depósitos de ese mismo dinero, así repiten indefinidamente el proceso creando más y más dinero.

La FED, la federación de bancos de la Reserva Federal, quien es el emisor del omnipresente US$, ha estado haciendo emisiones continuas, a pesar de que en el 2008 se consideró que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estas emisiones son usadas para comprar letras del tesoro, mediante las cuales se financia el enorme déficit del gobierno federal y para financiar a los bancos comerciales. El señor Ben Bernanke, quien comandó la FED por 14 años y quien fue el sucesor del connotado señor Greenspan, quien se retiró en el 2006 y fue acusado de provocar la crisis del 2008, continuó la misma política expansionista de su antecesor. Se le llamó el señor helicóptero, porque alguien decía que se debía repartir dinero desde esa aeronave. Ambos disminuyeron el encaje legal de los bancos para que estos crearan y crearan más dinero.

 Siempre existe el peligro de que la expansión monetaria no se trasforme en riqueza real mediante la producción y rebote produciendo inflación. Eso puede suceder cuando hay ocupación plena, que constituye el límite para la producción. Entonces y solo entonces el exceso de dinero y su velocidad de circulación hace aumentar los precios provocando la inflación, en cambio cuando hay capacidad de aumentar la producción “la ficción se vuelve realidad”.

Pero además el límite del dólar se estira sobre el de cualquier otra moneda, porque siendo la moneda de intercambio internacional este sobre pasa la capacidad de su país de origen y ejerce presión para aumentar la producción de otros países. El caso más connotado en los últimos treinta años ha sido China. Y si esto no fuera suficiente, se cuenta con una red de bancos mundiales que acumulan la moneda como riqueza, en respaldo no sabemos de que ya que la única razón que dan es tener reservas para financiar meses de importación, como si desapareciendo las exportaciones, no por ello no disminuirían las importaciones.

 El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo son los cancerberos del dólar, cuidan que los bancos centrales conserven celosamente sus reservas monetarias, apartándose de las necesidades de su país y de su gobierno, y ni siquiera en casos de absoluta necesidad, como es el caso de la pandemia actual, les permiten ni siquiera pensar en hacer uso de ella

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿De dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos porque decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas, T, multiplicadas por los precios, P.

 Esa igualdad se presenta así: M x V = T x P.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la temida inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta a la descrita en párrafo anterior, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo mediante una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10, entonces si T=100, P=100.

La igualdad sería: 1000 x 10 = 100 x 100.

Si en la época del –cobid 19 ; la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido. por ejemplo a 80, y la velocidad del dinero disminuid a 8, el resultado será la siguiente igualdad :

1000 X 8 = 80 x 100.

(Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad y un nivel de precios igual al anterior.)

Si mediante una emisión monetaria extraordinaria del BCCR la cantidad de circulante aumentara a 1200, lo que pasaría seria lo siguiente:

1200 x 10 igual a 120 x 100

El aumento se daría en las transacciones y no en los precios a pesar del lógico aumento de la velocidad de circulación del dinero.

B.-) ¿Cuál es la problemática económica que nos ha ocasionado la pandemia?

La pandemia ha desatado una recesión, ha inducido una recesión y se hace necesario un Ajuste Económico.

Si bien en el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales, aunque esto está bien, no es suficiente.

El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?

Sí sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar, no solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

El periódico diario La Nación en su editorial del día lunes 21 de septiembre encabeza diciendo: “Aumento Alarmante del desempleo”. Y a continuación nos muestra las cifras que reveló la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El hallazgo de esta encuesta en el trimestre de mayo a julio del presente año que el porcentaje de desocupados ascendió al 24 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo y no lo encontraron. Este dato no nos muestra el número de personas que han desistido de buscar trabajo ni tampoco las personas con subempleo de menos de 40 horas por semana. El 54% de la desocupación son personas que no terminaron su educación formal, y eso nos está indicando que clase de empleos debe crearse para ser ocupado por ellos.

Es obvio que sin trabajo no hay producción, estamos ante una disminución de la producción significativo, PIB que es el indicador que usamos para valorar nuestra deuda pública, y como lo dice el ex ministro de hacienda Señor Rodrigo Chávez: “Acuérdense que la razón deuda/PIB, que es el principal indicador que el fondo monetario quiere modificar, también depende del PIB. Si el PIB crece, la Deuda/PIB decrece”

El también exministro de hacienda señor Thelmo Vargas dice: “La solución obvia es volver a crecer, a alta velocidad y cuanto antes”, para lo cual propone incentivos a la inversión privada y también “la concesión de obra pública nueva y existente”.

Ya en el año 2015, Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, advertía del peligro de la histéresis que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.

Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?

Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:

1. Hay sectores económicos paralizados.
2. El desempleo se incrementó peligrosamente.
3. Las transacciones económicas disminuyeron.
4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido.
5. Ha aumentado la morosidad en los créditos.
6. La mayoría de la población está endeudada.
7. Hay muy pocas oportunidades de inversión.
8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente.
9. El valor de la moneda se mantenía estable, en los primeros meses, pero ha comenzado a disminuir.
10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.

C.-) ¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?

La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.

Por tres razones:

  1. Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
  2. El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.

Costa Rica ante la grave situación en que se encuentra está solicitando un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este organismo se apresta a poner montura y rienda a nuestro país para gobernarnos económicamente.

Si bien las consecuencias de la atención y prevención de la pandemia están afectando los fundamentos de la organización social y económica de nuestra población, nuestro Estado tiene la capacidad de establecer la política y los instrumentos económicos para salir delante de la crisis. No debemos ceder nuestra soberanía por un puñado de dólares.

Veamos cual es la situación en que nos encontramos y cuales puede ser la salida que nos permita superar la crisis creada por la pandemia.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

D.-) ¿Crédito disponible, a bajas tasas de interés y incentivos fiscales a las empresas serán la solución que esperamos para hacer crecer la producción y el empleo en forma acelerada?

Premisa fundamental que encontramos en cualquier libro de finanzas o de administración de negocios es la siguiente: “el planeamiento financiero de la empresa comienza con un pronóstico de ventas”

Toda empresa privada produce para vender en el mercado, por lo tanto, es el pronóstico de ventas la variable más importante para realizar una inversión, luego vienen las condiciones financieras y tributarias que servirán para establecer los términos de la inversión a realizar. El problema es que el mercado está super deprimido, son pocos los nichos de mercado que son favorables para la inversión y no es previsible a mediano plazo que esa situación sea diferente. El caso más significativo es el turismo, y ese sector dadas la circunstancia internacional se repondrá muy lentamente y no es posible prever cuando alcanzará la magnitud anterior a la pandemia.

En conclusión, los incentivos tributarios, que algunos economistas y ex ministros proponen, no servirán para incentivar la inversión; tampoco lo hará el crédito barato que ofrezca el sistema bancario nacional con base en los préstamos del Banco Central. Tómese en cuenta la lentitud con la cual crece actualmente el crédito bancario y el crecimiento inusual de los saldos en las cuentas bancarias. Eso nos está indicando la baja velocidad de circulación del dinero y la disminución de las transacciones económicas. Que también se reflejan en un índice de precios con disminuciones mensuales que son reflejo de la recesión económica que sufrimos.

Recuérdese que hace tres meses nada más la variación interanual de los bancos públicos estaba cerca de cero por ciento y la variación en crédito en dólares en menos doce por ciento. No creo que esos porcentajes hayan variado mucho en estos últimos meses. En compensación y dado el aumento en los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de esos bancos, su inversión en bonos de Hacienda ha tenido un aumento que hasta abril pasado llegó a ser de i,79 billones de colones. Esto significa un incremento del 37% respecto al saldo de diciembre anterior. Decía el reportaje de La Nación que el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras había explicado que la ralentización de la demanda del crédito obliga a los bancos a buscar opciones de inversión. Otros datos dados en el reportaje del periódico citado fue el aumento del saldo de la cuenta corriente de la banca pública y privada, que pasó de 2,87 billones en diciembre anterior a 3,93 billones de colones en mayo de este año. A todo esto, las tasas de interés estaban y están en mínimos históricos.

El índice mensual de actividad económica, IMAE, muestra variaciones negativas desde marzo de este año, en julio la variación interanual fue de un 7,8 %, eso significa una contracción de nuestra economía. El Banco Central estima que la producción se contraerá como nuca antes, el déficit será el peor que se ha registrado, el crédito no crecerá y los riesgos para un mayor deterioro persisten. La previsión del BCCR apunta a una contracción del 5% del PIB.

No creo necesario seguir aportando evidencia de la “pandemia económica” que estamos afrontando y tampoco de la necesidad de torcer el curso de los acontecimientos para lograr de nuevo el crecimiento. Es evidente que la actividad económica privada no volverá a crecer si no crece la demanda, y ante este círculo económico vicioso solo hay un actor que puede actuar para romperlo.

Y ese actor económico que está por encima de las exigencias del mercado y que es capaz de actuar con propiedad, y es más con responsabilidad histórica, es el Estado.

Y pensar que algunos lo quieren desmembrar cuando nunca en tiempos de bonanza fueron capaces de mejorar su estructura y su funcionalidad.

Todos los países en esta época aciaga de pandemia han recurrido a la emisión monetaria y al crédito público Los Estados Unidos de América tendrá un déficit fiscal del 18% del PIB y el coeficiente deuda/PIB superará el 100%. Recuérdese que USA para financiar la Segunda Guerra Mundial llegó a acumular una deuda equivalente al 119%. Ahora se enfrentan a una problemática más grave que una guerra, ya que esta generó empleo, mientras la pandemia de hoy está generando desocupación. Así como la economía americana se repuso en aquella ocasión aumentando la producción ahora lo podrá también superar si se proyecta hacia el crecimiento económico. No es reduciendo el gasto público como lo puede lograr, es aumentando este para generar una mayor demanda que reactiva las empresas a producir y vender.

En Costa Rica debemos también financiar la reactivación, para lo cual debemos aumentar nuestra deuda pública mediante créditos a baja tasa de interés y de largo plazo. Estos dos factores son muy importantes, pero lo es más el destino que se le de a los recursos provenientes de los préstamos. Debemos hacer inversiones que además de generar mucho empleo, para los puestos de trabajo que requieren los desocupados, deben ser estratégicos para generar producción y que esta mejore su competitividad internacional. Como ejemplo básico pongo la urgencia de modernizar el puerto de Caldera y poner a funcionar el ferry con el puerto de Acajutla en El Salvador. Ni que decir de las vías que van a los puertos y a las fronteras y las que terminaran con el entrabado vial del Área Metropolitana. Y con repercusión social y económica la construcción extensiva ya acelerada de vivienda popular y de centros educativos.

E.-) ¿Quién puede decirnos que estas inversiones no serían un disparador para la empresa privada?

Todas las obras públicas las construyen empresas privadas. Todos los materiales, herramientas, maquinarias y repuestos las producen, las importan y las venden empresas privadas. Todos los empleos que se generarían son demandantes de productos de las empresas privadas.

F.-) ¿Que podría aplicarse de los impuestos propuestos por el Gobierno?

 Respecto al financiamiento del Gobierno mediante nuevos impuestos debo opinar lo siguiente para cada uno de ellos:

  1. Impuesto a transacciones y retiros en los cajeros automáticos.

 Cubre en forma casi absoluta todos lo movimientos de dinero que pasan por las entidades bancarias y financieras. Se dice que este impuesto generaría un 3% del PIB, yo me pregunto, ¿de cuál PIB, de cualquier de los montos que adopte el PIB? Si es tan absoluto que prácticamente grava toda actividad económica, una y otra vez, sobre el mismo ingreso de la persona, entonces porque no convertirlo en impuesto único, sustituyendo el impuesto a la renta y al salario, eso sí dando un perfil progresivo hacia los de mayor ingreso. Si no me parece que mediante él tal y como está propuesto, se estaría gravando por segunda vez una misma transacción económica. Por ejemplo, el salario paga un tributo, y si al depositarlo en la cuenta del trabajador se e cobrara también la tasa cobin, eso significaría una doble imposición. Otro ejemplo, si compro un bien que paga el IVA y lo hago con una tarjeta pagaría un segundo impuesto por una misma compra. Si quiero hacer la compra con dinero efectivo, voy al cajero y saco el dinero, igual me cobrarían este nuevo impuesto. Este impuesto al igual que el impuesto de renta debería regirse por una tabla con excepciones para pensiones y sueldos menores a 840 mil colones y para compras menores a medio millón de colones.

Por otra parte, me pregunto lo siguiente: ¿si el gobierno estaría exento de pagar este nuevo tributo, porque la Caja Costarricense de Seguro Social, agobiada en su actuar y en sus ingresos por la pandemia, debería pagarlo?

  1. Impuestos sobre las remesas al exterior

Es un incremento de un 5% sobre impuestos que ya están legalizados según la reforma fiscal aprobada en 2018, se estima un resultado del un 0,18% del PIB lo cual resulta poco significativo, se plantea como temporal y a mi parecer debería ser permanente.

  1. Sobre tasa de un 10% sobre el impuesto de renta.

El impuesto de renta es progresivo, en igual forma lo debería ser el aumento que se propone a efecto que no distorsione el efecto progresivo.

  1. Impuesto sobre la propiedad.

Este gravamen no debería afectar a los productores agrícolas con pequeña propiedad y residentes permanentes en su finca, tampoco a los propietarios de viviendas cuya única propiedad sea su casa de habitación. Si debiera ser permanente para los propietarios de tierras en desuso, sean agrícolas o urbanas, no así las dedicadas a la arboricultura, silvicultura, y otros usos.

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.