Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.
Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.
Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.
Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.
El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.
La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.
Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.
Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.
Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.
Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.
Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.
Agradecimientos: Este informe fue escrito por Flora Sonkin con Frédéric Mousseau, Anuradha Mittal y Elizabeth Fraser. Estamos profundamente agradecidos a los muchos donantes individuales y de fundaciones que hacen posible nuestro trabajo. Gracias.
Publisher: The Oakland Institute es un grupo de expertos en políticas independiente que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más apremiantes.
El texto puede usarse de forma gratuita con fines de promoción, campañas, educación e investigación, siempre que la fuente se reconozca en su totalidad. El titular de los derechos de autor solicita que todos estos usos se registren en ellos a efectos de evaluación de impacto. Para copiar en cualquier otra circunstancia, reutilizar en otras publicaciones, o traducción o adaptación, se debe obtener el permiso.
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SOBRE ESTA TRADUCCIÓN
Traducido por el Dr. Fernando Zúñiga Umaña, César Olivares y Manuel Delgado, en San José, Costa Rica, en abril del 2022.
Esta traducción es un trabajo hecho con fines exclusivamente de promoción y campaña. No tiene fines comerciales.
El único texto oficial para citas es la versión en inglés del Oakland Institute.
INTRODUCCIÓN
Indonesia, sede de las reuniones anuales de 2018 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 1[i]ha sido durante mucho tiempo el «campo de pruebas” 2 para sus planes de desarrollo y reformas de políticas. Este año, las dos instituciones de Bretton Woods, responsables de políticas de reestructuración económica ampliamente criticadas,3 tienen la intención de mostrar a Indonesia como un ejemplo exitoso de sus reformas neoliberales. 4
La asociación entre el Banco Mundial e Indonesia ha sido fuerte durante más de cinco décadas con un apoyo inquebrantable a través de cambios políticos, desde la dictadura de Suharto (1967-1998) hasta la reforma democrática en 1998. Entre 1969 y 2017, los compromisos del Banco ascendieron a aproximadamente US$58.700 millones.5
Sin embargo, décadas de intervención política del Banco han convertido a los ciudadanos indonesios y los bosques en víctimas de las prescripciones de política del Banco basadas en el mercado y favorables al sector privado.6 La agenda del Banco Mundial para el mundo en desarrollo, centrada en la liberalización radical de las economías y la inversión extranjera directa (IED), se ha llevado a cabo en Indonesia a través de diversos medios. Estos incluyen asistencia técnica, condicionalidad de la ayuda, programas de ajuste estructural (PAE), servicios de asesoramiento, préstamos para políticas de desarrollo y, más recientemente, los Informes Doing Business (DBR) del Banco.7
El último informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs del Banco Mundial elogia Indonesia como uno de los diez principales reformadores del mundo, con 39 cambios de política relacionados con los indicadores adoptados por el DBR en 15 años de clasificación por países.8 Más de la mitad de estas reformas orientadas a «mejorar el clima de negocios» y atraer inversión privada se implementaron entre 2015 y 2018, bajo el liderazgo del presidente Joko «Jokowi» Widodo. Pero, a pesar del objetivo declarado del Banco de poner fin a la pobreza e impulsar una prosperidad compartida, sus reformas que recomienda responden a los intereses de los inversionistas corporativos a expensas de la mayoría de la población. Los recientes cambios de política apoyados por el Banco incluyen recortes en los beneficios sociales de los trabajadores, como el seguro de salud, al tiempo que ofrecen reducciones de impuestos para las ganancias de capital de las empresas privadas y reducen los costos de transferencia de propiedad.9
En Indonesia, donde el desarrollo ha dependido en gran medida de la explotación de su riqueza natural (madera, petróleo, minerales, suelos fértiles, etc.),10 y donde más de 40 millones de indígenas administran tierras boscosas bajo tenencia consuetudinaria, 11 las reformas de las políticas de inversión recomendadas por el Banco Mundial han sido particularmente destructivas. En la carrera por reformar y atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques gestionados consuetudinariamente han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, posicionando a Indonesia como el tercer país más buscado en el mundo para los acuerdos transnacionales de tierras a gran escala.12 Especialmente en el contexto del acaparamiento mundial de tierras,13 la ambición de Indonesia de escalar en la clasificación DBR ha tenido un grave impacto en la población y el medio ambiente. Las regulaciones laxas para que las empresas desarrollen grandes extensiones de tierra han alimentado los conflictos sociales en torno a los recursos naturales14 y la deforestación generalizada con la expansión de las industrias de la palma aceitera, la minería y la tala.15 Mientras las corporaciones continúan talando bosques para expandir las plantaciones y las actividades extractivas, la creciente desigualdad y destrucción ambiental de Indonesia provocan preguntas importantes sobre los verdaderos costos del modelo de «desarrollo», guiado implacablemente por el Banco Mundial.
UNA HISTORIA DE DESARROLLO CONTAMINADA CON DÉCADAS DE INTERVENCIÓN EXTRANJERA
La supervisión del Banco Mundial sobre la ruta de desarrollo de Indonesia comenzó en 1967, cuando los préstamos y la asistencia técnica alimentaron la dictadura de Suharto. Después de un golpe militar organizado, el nuevo régimen recibió un apoyo inquebrantable del Banco Mundial, con más de US$23,1 mil millones desembolsados durante treinta años de dictadura.16
Durante el gobierno militar de Suharto, las reformas de política económica apoyadas por el Banco, incluida la liberalización del comercio y la inversión extranjera directa,17 fueron acompañadas por nuevas regulaciones para explotar los recursos naturales. La Ley Forestal de 1967 afirmó el control del gobierno central sobre todas las áreas forestales, legalizando así el derecho exclusivo de Yakarta a explotar 143 millones de hectáreas de los exuberantes bosques del país, aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la nación.18 La Ley sobre las Disposiciones Básicas de Minería, también aprobada el mismo año, legitimó el control del estado sobre todos los recursos minerales y permitió concesiones extranjeras.19
En detrimento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que dependían de los recursos forestales comunes para su sustento, una serie de concesiones cedieron el control de una de las tres áreas más grandes del mundo de bosques tropicales a conglomerados forestales privados con estrechos vínculos con el gobierno.20 Durante la década de 1970, Indonesia se convirtió en el mayor exportador mundial de maderas tropicales.21 Pero tanto la riqueza natural como las ganancias económicas fueron saqueadas del país dado que las corporaciones multinacionales dominaban fuertemente la industria maderera.22 Esta explotación masiva y la mercantilización de los recursos naturales tuvo lugar en nombre del «desarrollo», muy en línea con la visión del Banco: «un rápido crecimiento de las exportaciones mediante el fomento de un entorno favorable a través de la estabilidad macroeconómica»,23 independientemente de los costos sociales y ambientales involucrados. Según el Banco, el Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia creció exponencialmente de US$7,5 mil millones en 1968 a US$242 mil millones en 1996.24 A su vez, el Banco Mundial consideró el entorno favorable al crecimiento y «políticamente estable» de Indonesia como un bastión de sus políticas neoliberales, convirtiéndolo en un «milagro económico de Asia Oriental». 25
Pero el «milagro» no sirvió a todos los indonesios por igual. Según los informes, al menos 500 mil indonesios fueron asesinados durante el baño de sangre anticomunista de Suharto, mientras que los países occidentales no solo permanecieron en silencio, sino que también apoyaron financieramente al régimen dictatorial a través de las instituciones financieras internacionales.26 Uno de los proyectos más escandalosos que hizo posible el financiamiento del Banco Mundial fue el Programa de Transmigración. Consistió en el reasentamiento de millones de personas desde las populosas «islas interiores» de Java, Bali y Madura, a las llamadas «islas exteriores» subutilizadas, con el objetivo de proporcionar mano de obra para plantaciones y minas e impulsar el desarrollo económico.27 Pero los supuestos beneficios económicos asociados con este proyecto de larga duración ocultaron la dolorosa realidad de que muchos grupos indígenas, con sus tierras expropiadas, se vieron obligados a abandonar sus estrategias tradicionales y medios de vida resilientes, como el cultivo itinerante.28 Mientras Indonesia continuaba con su agenda de crecimiento, las administraciones que siguieron el régimen de Suharto adoptaron, con pocas variaciones, el mismo modelo de desarrollo económico intensivo en recursos naturales y favorable a la inversión extranjera.
UN EJEMPLO CLÁSICO DE LAS POLÍTICAS DE REFORMAS PROMOVIDAS POR EL BANCO MUNDIAL
La nación del sudeste asiático fue uno de los muchos países en desarrollo que adoptaron los SAP perjudiciales del Banco en la década de 1990. Durante la Reformasi (período de reforma), que procedió al final del gobierno militar y la devastadora crisis económica asiática de 1997, el gobierno indonesio aceptó préstamos condicionados del FMI destinados a hacer que el país fuera más atractivo para los inversores extranjeros.
La crisis financiera asiática de 1997, una secuencia de devaluaciones de la moneda y crisis bancaria que se extendió por los países de Asia oriental, incluida Indonesia, expuso la vulnerabilidad de las economías elogiadas por el Banco Mundial por su rápido crecimiento.29 Pero, una vez más, las instituciones financieras internacionales trataron de resolver problemas económicos profundamente arraigados con las mismas medidas que los crearon: más reformas y desregulación económica y una mayor dependencia de los inversores privados extranjeros. Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras firmado en 1998, a cambio del apoyo financiero del FMI, Indonesia tuvo que implementar una estrategia «para liberalizar aún más el comercio exterior y la inversión, desregular aún más las actividades internas y se acelerara el programa de privatización».30 Esta fue otra oportunidad para expandir el control corporativo sobre la riqueza natural de Indonesia. El acuerdo requería que el gobierno llevara a cabo una serie de reformas políticas y regulatorias, incluida la abolición de la prohibición de inversiones extranjeras en plantaciones de palma aceitera,31 la liberalización del comercio en el sector agrícola, la reducción de los impuestos a la exportación de madera y minerales, y la aceleración de la privatización de las empresas públicas.32 Las reformas políticas de Indonesia garantizaron otro período de afluencia de fondos extranjeros. Después de 1998, los proyectos y préstamos de asistencia técnica del Banco Mundial se dispararon, alcanzando aproximadamente US$4,5 mil millones en 2003. 33
Tras una ola de resistencia mundial contra las instituciones financieras internacionales y las crecientes críticas de que las políticas neoliberales aumentaban la pobreza, la deuda y la dependencia de los países ricos, las protestas contra la interferencia del Banco Mundial barrieron el país en 2003.34 Ese mismo año, el gobierno indonesio declaró que quería liberarse de las dolorosas medidas de austeridad y los compromisos contra los pobres del FMI.35
Sin embargo, el gobierno indonesio y las instituciones financieras internacionales no aprendieron la lección. Incluso con el fin de los PAE, el Banco Mundial siguió desempeñando un papel importante en el impulso de las reformas favorables a las empresas de Indonesia para atraer a los inversores privados. Entre 2009 y 2017, el Banco comprometió más de US$20,6 mil millones en préstamos y garantías para Indonesia,36 de los cuales más del 22 por ciento fueron préstamos destinados a mejorar el clima de inversión a través de reformas normativas y de política, como la reducción de las cargas fiscales, la facilitación de procedimientos de concesión de licencias, las reformas de la administración de tierras, el financiamiento para proyectos de infraestructura comercial, etc.37
Los esfuerzos de Indonesia para hacerse atractiva para los inversionistas han sido elogiados continuamente por el Banco, como se refleja en sus calificaciones del Doing Business. Indonesia subió 34 posiciones en el DBR en solo dos años, de 106 en 2016 a 72, en 2018.38 Como consecuencia lógica de sus reformas proempresariales, Indonesia ha visto aumentar fuertemente las inversiones extranjeras directas en los últimos años. De perder US$ 4,5 mil millones en 2000 a una entrada neta de más de US$ 22 mil millones en 2017.39 Pero la pendiente resbaladiza de las reformas de política favorables a las empresas promovidas por el Banco Mundial está tomando una radical y peligroso giro para alcanzar el ambicioso objetivo del presidente Widodo de llegar al puesto 40 40, a medida que se pone en marcha la eliminación de miles de regulaciones comerciales.45
Las reformas políticas promovidas por el Banco Mundial ganaron más impulso con el fetiche del presidente Widodo por las clasificaciones de Doing Business. Desde que asumió el cargo, en octubre de 2014, ha lanzado 16 paquetes de reformas económicas para acelerar el proceso de hacer negocios en diversos sectores. Además, se han aplicado otras reformas destinadas a mejorar el entorno empresarial, incluida una mayor liberalización del régimen de IED en materia de logística, turismo y agricultura42 y se facilitó la adquisición de tierras.43 Para implementar las medidas de desregulación, el Presidente Widodo creó un Grupo de Trabajo especial en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, en 2016.44
Operando bajo la lógica del Banco, que presume que los procesos administrativos más rápidos y una reducción de las regulaciones mejorarán el entorno empresarial, el gobierno actual anunció la eliminación de 3.000 regulaciones regionales para acelerar los procesos de concesión de licencias.45
A partir de 2018, el rico archipiélago, hogar de más de 300 grupos étnicos, se erige como la economía más grande del sudeste asiático y la décima economía más grande del mundo en términos de poder adquisitivo.46 En la carrera desesperada para desregular y adoptar las prescripciones políticas del Banco Mundial, las nuevas reformas de Widodo para aumentar el comercio y la inversión podrían promover el crecimiento económico. Pero, como es evidente en las últimas décadas, esto se produce a expensas de los trabajadores indonesios, las comunidades indígenas y el medio ambiente.
CRECIMIENTO DESTRUCTIVO: ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS Y DESCUIDO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS A LA TIERRA
A lo largo de las cinco décadas de asociación, Indonesia ha sido alabada por seguir al pie de la letra las recomendaciones políticas del Banco.47 El último Marco de Asociación con el País del Banco Mundial en Indonesia –el documento más importante en la definición de las orientaciones de políticas y proyectos de desarrollo del Banco para 2016-2020, renueva el papel del Banco en la definición de las políticas económicas de Indonesia. El marco se centra en «reformas consistentes de política pública para apuntalar los fundamentos económicos de Indonesia, ayudando a crear un entorno más propicio para el sector privado que es la principal fuente de crecimiento y creación de nuevos empleos, y haciendo que el crecimiento sea sostenible y compartido más ampliamente».48 Si bien el Banco afirma que las «políticas macroeconómicas sólidas» y el aumento de las inversiones privadas están detrás del crecimiento del PIB de Indonesia49, la suposición de que las inversiones del sector privado generan prosperidad «sostenible» y «compartida» pasa por alto algunas realidades claves.
Detrás de las prósperas inversiones privadas está la biodiversidad de las selvas tropicales de Indonesia, las comunidades locales, cuyos medios de vida dependen de ellas y el medio ambiente.50 Sin embargo, el cambio acelerado de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos para obtener ganancias corporativas ha llevado al desplazamiento de un número masivo de pequeños agricultores y pueblos indígenas.51 Esto ha sucedido especialmente a través de concesiones de tierras consuetudinarias –tierras administradas por pueblos indígenas de acuerdo con su derecho consuetudinario a la tierra (Adat ley) – a las corporaciones, ya que todas las tierras han sido reclamadas durante mucho tiempo por el estado indonesio bajo la ley constitucional.52
Un estudio histórico del 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) llamó la atención sobre la violación sistemática de los derechos a la tierra comunal de las comunidades indígenas (Masyarakat Hukum Adat). En el informe se llegó a la conclusión de que la falta de reconocimiento oficial por parte del Estado de las comunidades indígenas y sus tierras consuetudinarias sigue siendo una de las causas fundamentales de las controversias sobre la tierra. En la práctica, como el conocimiento de los pueblos indígenas con respecto a la ubicación de los límites de sus bosques comunales se basa en la tradición oral, que no es reconocida por el gobierno, el estado indonesio trata arbitrariamente cualquier «bosque» como «bosque estatal». 53 Otra cuestión clave identificada fue que «la política de desarrollo [de Indonesia] para promover el crecimiento económico ha dado prioridad a la concesión de permisos de explotación a empresas económicas a gran escala sobre territorios indígenas, con el aparato estatal y/o las fuerzas de seguridad proporcionando protección a los intereses corporativos». 54
Recuadro 1: Campo de batalla mortal: Resistencia de los pueblos, abusos contra los derechos humanos y asesinato por violencia corporativa
Cada año, el Departamento de Quejas e Investigación de los Komnas HAM se ocupa de al menos 1.000 violaciones de derechos humanos atribuidas a abusos corporativos.55 Como era de esperar, la resistencia y la oposición de los agricultores a las plantaciones privadas, las compañías mineras y los desarrolladores se ha extendido por toda Indonesia en los últimos años, ya que a las empresas locales y multinacionales se les permite apoderar y deforestar tierras consuetudinarias.56
Lamentablemente, las personas que defienden sus tierras, bosques y los ríos contra las industrias destructivas se enfrentan con demasiada frecuencia a una violencia extrema. Abundan los ejemplos recientes de defensores de la tierra asesinados por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas estatales. En 2015, Indra Pelani, una activista ambiental y agricultora de 22 años, fue severamente golpeada y asesinada por las fuerzas de seguridad privadas que trabajaban en nombre de una subsidiaria de Asia Pulp and Paper (APP).57 El mismo año, Jopi Peranginangin, un activista que se oponía a la expansión de las plantaciones de palma aceitera, también fue asesinado.58 Nuevamente, en 2015, Salim, un agricultor local y activista contra la minería, fue golpeado hasta la muerte tres días después de organizar una manifestación para protestar contra las actividades de extracción de arena en la playa de Watu Pecak.59 En 2018, los activistas ambientales y los defensores de la tierra continúan siendo atacados y criminalizados.60
Pasando por alto esta situación compleja y profundamente problemática, el gobierno indonesio fue recompensado en 2010 por el DBR por hacer más fácil el registro de la propiedad mediante la introducción de plazos para los procedimientos en el registro de la propiedad, y en 2018, por reducir el impuesto sobre la transferencia de la propiedad.61 Las regulaciones revisadas permiten la revocación de los derechos sobre la tierra «en interés público» y permiten a las empresas adquirir tierras en nombre de las autoridades y ser reembolsadas más tarde.62 Además, se estableció una Agencia Estatal de Gestión de Activos (LMAN) para facilitar la financiación de las adquisiciones de tierras.63 Pero en el contexto de las reclamaciones concurrentes por los derechos sobre la tierra y la falta de reconocimiento estatal de los usos consuetudinarios de la tierra, existe un alto riesgo de que el marco de DBR socave aún más la capacidad de Indonesia para mantener normas sociales y ambientales adecuadas en la administración de la tierra. Al enfocarse en acelerar y reducir los costos de los procedimientos en el registro de tierras, las reformas hechas en el marco de la DB ignoran los problemas de tenencia de la tierra de larga data en Indonesia y, en última instancia, sirven a los intereses corporativos al acelerar el proceso de transferencia de tierras.
Más de 600 conflictos por la tierra registrados en 2011, con 22 muertes y cientos de heridos, evidencian los problemas involucrados en la «racionalización» del entorno regulatorio para hacer negocios y transferir tierras.64 Especialmente en los casos en que se considera necesaria la implementación de procesos largos y sensibles, como los estudios de impacto social y ambiental o el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas, los plazos dificultan la capacidad de verificación del registro de la propiedad antes del desarrollo de proyectos a gran escala en tierras consuetudinarias.
Otro proceso clave orientado a facilitar la inversión en tierras, pero que potencialmente puede obstaculizar los derechos indígenas a la tierra, es el Programa para Acelerar la Reforma Agraria de Indonesia, financiado por el Banco, aprobado en julio de 2018.65 Los documentos del Banco sobre el proyecto atribuye la larga historia de convulsiones y explotación de los territorio indígenas a “una débil gobernanza y administración”, ocultando la herencia de los intereses corporativos sobre la madera, el suelo, aceite y gas y el mercado de consumidores indonesios. Basados en esa visión parcializada, proveen el uso de mapas y registro formal de títulos sobre las tierras como una solución regulatoria adecuada, ignorando el hecho de que la sola oferta de títulos sobre la tierra no resuelve el problema del acaparamiento de tierras. Por el contrario, el programa podría proveer una estrategia legal para la adquisición de tierras a gran escala. Las consecuencias concretas del programa están todavía por verse, pero un primer acercamiento permite predecir grandes riesgos sociales y ambientales, incluyendo el reasentamiento involuntario y la posibilidad de mapear erróneamente áreas de alto valor para la conservación, como humedales y manglares.67 A pesar de asegurar que adopta métodos participatorios para mapear los derechos de tierra, la emisión de títulos formales individuales para demarcar las tierra apoyada por el Banco está fundamentalmente en contradicción con la forma como los pueblos indígenas definen los derechos a la tierra (adat law).68 Esto puede ser explicado por el hecho de que la adat law y el uso de la tierra se basa en la capacidad de los grupos en compartir la tierra para actividades diversas y superpuestas, como forrajeo, pesca y agricultura, etc., incompatibles con el enfoque del Banco de incrementar las inversiones privadas y el crecimiento económico.
Al ignorar el papel de las comunidades indígenas para garantizar la conservación, la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales,69 el camino de desarrollo reclamado por el Banco Mundial de Indonesia socava sistemáticamente sus derechos a la tierra en favor de los intereses corporativos.
EXPANSIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA Y APOYO AL ABUSO DE LAS CORPORACIONES
En el contexto de los complejos y diversos sistemas de tenencia de la tierra de Indonesia y su larga historia de corrupción, los esfuerzos para fomentar el desarrollo de la industria del aceite de palma, regalando tierras boscosas y ofreciendo exenciones fiscales a los inversores privados, no han logrado los resultados deseados.70 En cambio, la expansión de las plantaciones de palma aceitera a gran escala, especialmente por parte de empresas privadas, ha impulsado la deforestación, ha llevado a la pérdida de tierras indígenas y ha avivado el conflicto.71
El auge de la producción de aceite de palma en Indonesia – de 6,9 millones de toneladas en 2000 a 32 millones de toneladas en 2016 72 (véase la Figura 1) – puede atribuirse a las reformas de políticas y a la desregulación de la inversión extranjera y el comercio.73 Las instituciones de Bretton Woods han desempeñado un papel importante en el fomento de la expansión de la agroindustria del aceite de palma mediante la inversión en toda la cadena de suministro.74 Más del 50 por ciento de todos los compromisos del Banco Mundial relacionados con el aceite de palma se destinaron a financiar una serie de proyectos en Indonesia.75 Sin embargo, esto ha tenido un costo muy alto para las personas y el medio ambiente, con la destrucción de hábitats naturales y conflictos con las comunidades locales, que se ven obligadas a abandonar sus tierras para dar paso a las plantaciones.
Una gran parte del crecimiento económico de Indonesia se ha atribuido al «éxito» de sus exportaciones de biocombustibles a base de aceite de palma y aceite de palma.76 Pero mientras los países de altos ingresos, como los miembros de la UE, han instituido políticas para aumentar el uso de biocombustibles, los países en desarrollo, como Indonesia y Malasia, que representan alrededor del 85 al 90 por ciento del suministro mundial de aceite de palma,77 han pagado el peaje.78
La selva tropical de Indonesia, superada en superficie solo por la de Brasil y la República Democrática del Congo,79 alberga entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas, mamíferos y aves conocidas en el mundo.80 Pero un aumento de la IED y un mejor «clima de negocios» también han significado que solo entre 1995 y 2015, un promedio de 117 mil hectáreas de bosque, un área más grande que Hong Kong, fueron taladas cada año para dar paso a las plantaciones de palma aceitera.81 Según datos de la Agencia de Estadísticas de Indonesia, el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia fue de alrededor de 14 millones de hectáreas en 201782, un área más grande que el tamaño de Grecia. Y a pesar de las promesas del gobierno de detener los nuevos permisos de palma aceitera,83 se espera que el área de plantación continúe aumentando a medida que el país planea aumentar su producción para 2020.84
La expansión de las plantaciones de palma aceitera y la deforestación y la degradación asociadas a ella han convertido Indonesia en uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo (véase la Figura 2).86 La investigación muestra que las empresas privadas de plantaciones de palma aceitera son las culpables de la mayor parte de los impactos ambientales en el país, siendo responsables de aproximadamente el 90 por ciento de las emisiones totales de CO2 de Indonesia entre 2000 y 2010, en comparación con el 10 por ciento de las emisiones de los pequeños agricultores.87
Como el principal productor y exportador de aceite de palma del mundo, Indonesia depende de casi US$20 mil millones de ingresos anuales de las exportaciones de productos básicos.88 A su vez, las inversiones privadas en plantaciones de palma aceitera son presentadas por empresas y funcionarios gubernamentales como un medio para crear empleo y construir carreteras, escuelas y vivienda. Pero la expansión de las plantaciones a gran escala también amenaza la supervivencia de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos forestales menores de Indonesia para su sustento.89
Una serie de estudios y quejas de la comunidad han documentado el alcance de los impactos perjudiciales de las plantaciones de monocultivos a gran escala en las personas y el medio ambiente en el país.90 Un estudio reciente en profundidad de las plantaciones en Kalimantan Occidental descubrió la violencia cotidiana y la devastación de las vidas de los pequeños agricultores por las fincas corporativas de palma aceitera.91 La investigación reveló un sistema depredador de adquisición de tierras para plantaciones, que limitaba el acceso de las personas a los recursos naturales y reducía la capacidad de los trabajadores para organizarse. Comienza con la demolición o, a veces, el incendio para eliminar toda la cubierta arbórea para transformar permanentemente el paisaje en un campo abierto, una pizarra en blanco lista para plantar palma aceitera.92 Luego, las estrategias utilizadas por los operadores de plantaciones incluyen la destrucción de pequeñas aldeas, campos de arroz y tumbas, que se encuentran dentro de los límites de su concesión, así como la contratación de trabajadores de otras regiones que carecen de vínculos de parentesco con la población circundante.93 En resumen, la producción industrial de palma aceitera implica detener la capacidad de las personas para proveer para su propia subsistencia, utilizando coerción, amenazas y destrucción material para mantener el control sobre los recursos de subsistencia (tierras de cultivo, bosques, espacios habitables, fuentes de agua, oportunidades de ingresos).94 Como era de esperar, solo en 2017 se registraron más de 200 conflictos de tierras directamente relacionados con las plantaciones.95
A pesar de la amplia evidencia que desacredita la creencia de que las inversiones privadas en agronegocios a gran escala conducen a beneficios compartidos para las comunidades locales, el Banco Mundial ha apoyado sistemáticamente este modelo de desarrollo perjudicial (véase el recuadro 2).96
Recuadro 2: Las malas inversiones de la CFI en aceite de palma
La CFI, el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, se ha involucrado ampliamente en el sector del aceite de palma, con inversiones en plantaciones (Indonesia, Tailandia, Ghana, Nicaragua), refinación de aceite de palma (Indonesia y Ucrania) y comercio de aceite de palma (Indonesia y Singapur).97 Desde 2003, el Grupo Wilmar, uno de los conglomerados agroindustriales más grandes del mundo especializado en la producción y el comercio de aceite de palma, ha recibido apoyo financiero de la CFI para la producción en Indonesia con una garantía de US$33,3 millones y un préstamo de US$17,5 millones.
Entre 2007 y 2011, las quejas de las comunidades de tres regiones diferentes –Kalimantan Occidental,98 Sumatra,99 y Jambi100– se presentaron ante el Ombudsman Asesor de Cumplimiento (CAO) de la CFI, un mecanismo de recurso independiente del Banco Mundial. Todas las quejas contra el Grupo Wilmar y sus subsidiarias de propiedad total (otras plantaciones de aceite de palma) plantean preocupaciones similares en torno a los impactos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades locales, que incluyen:
1. Limpieza de tierras sin la aprobación apropiada de la comunidad o la finalización de los procesos de Análisis de Impacto Ambiental (EIA);
2. Violación de las regulaciones y leyes nacionales, así como de los protocolos de certificación de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible;
3. Cumplimiento inadecuado de los procedimientos operativos y los requisitos de diligencia debida de la CFI; y,
4. Uso de medidas coercitivas por parte de las fuerzas gubernamentales y el personal de la compañía para desalojar a las familias y destruir viviendas en tierras en disputa.101
Estas quejas condujeron a dos auditorías que encontraron un incumplimiento importante de la política de la CFI,102 y posteriormente del marco del Grupo Banco Mundial para invertir en aceite de palma.103 A pesar de estas revelaciones, en el Marco de Asociación de País 2016-2020 con Indonesia, el Banco se refiere a los servicios de asesoramiento de la CFI en el negocio del aceite de palma como una práctica óptima, que debe continuar. También reafirma las inversiones de la CFI en las principales empresas forestales y de plantaciones de aceite de palma como su principal estrategia del sector privado.104 Mientras tanto, una investigación de Greenpeace International de 2018 reveló que Wilmar International todavía está vinculada a la destrucción de bosques para el aceite de palma casi cinco años después de comprometerse a poner fin a la deforestación.105
Las organizaciones indonesias se han movilizado para denunciar las violaciones de derechos humanos de larga data, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente generadas por la industria del aceite de palma. En mayo de 2018, más de 230 grupos, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, sindicatos de agricultores, agricultores, trabajadores, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales, se unieron para instar al gobierno indonesio a tomar medidas y llamar la atención internacional sobre los impactos devastadores de las plantaciones de palma aceitera.106 Describieron este impacto en una carta abierta al presidente de Indonesia, el presidente del Consejo de la UE, y líderes de los Estados miembros de la UE: «Hemos […] perdido nuestras tierras de la aldea (porque nuestros derechos de gestión de la tierra han sido ocupados por plantaciones de palma aceitera), nuestras fuentes de alimentos, medios de vida, fuentes de medicina herbal, vegetación rara y plasma germinal, así como nuestras formas de vida colectivas basadas en nuestra sabiduría local y conexiones con nuestros lugares ancestrales que forman parte integral de nuestra identidad y patrimonio cultural. […] Nuestros territorios consuetudinarios ahora sufren desastres ecológicos a largo plazo, como sequías, incendios forestales, contaminación del agua y la disminución de las poblaciones de peces, pérdida de seguridad alimentaria». 107 Los grupos denuncian además el aumento de los conflictos por la tierra, el acoso, la criminalización y la negación de los derechos laborales asociados con la expansión de estas plantaciones.108
Estos relatos de las luchas cotidianas de las comunidades indonesias contrastan con el barniz positivo de «desarrollo económico» y «oportunidad de empleo» utilizado por el Banco para describir el negocio de las plantaciones.109 Un discurso similar es utilizado por el Banco para retratar el sector minero, 110 otro importante impulsor de la deforestación y los daños sociales y ambientales en Indonesia.
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: EXPLOTACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL Y OBSTACULIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Banco Mundial desempeña un papel clave en el apoyo a las actividades mineras en Indonesia, especialmente a través de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Según el Banco, «los ingresos de las industrias extractivas pueden tener un impacto en la reducción de la pobreza y en el impulso de la prosperidad compartida, respetando al mismo tiempo las necesidades de la comunidad y el medio ambiente». 111 En la práctica, si bien la minería contribuye financieramente a la economía a corto plazo a través de los ingresos fiscales, también tiene repercusiones irreversibles en los medios de subsistencia y el medio ambiente a través de la deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de las comunidades locales.
En la provincia de Maluku del Norte, el proyecto PT Weda Bay Nickel, garantizado por MIGA,112 cubre una proporción significativa de la isla de Halmahera y alrededor del 21 por ciento del área minera de la compañía se encuentra dentro de áreas forestales protegidas.113 Para dar paso al proyecto minero, las comunidades étnicas Sawai quedaron sin acceso a los bosques y las tierras agrícolas que han cultivado durante generaciones, perdiendo así su principal fuente de sustento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia concluyó que las comunidades afectadas no dieron su consentimiento libre, previo e informado antes de que comenzaran las actividades de la empresa y que los miembros del brazo paramilitar de la policía indonesia participaron en la intimidación de los miembros de la comunidad para que firmaran acuerdos.114
En Papúa Occidental, una región ocupada por Indonesia desde el final del dominio colonial holandés en 1963,115 las fuerzas de seguridad indonesias han asegurado el control corporativo sobre los recursos naturales a través de abusos generalizados de los derechos humanos y degradación ambiental. Desde que el ejército indonesio tomó el control de la región, el pueblo de Papúa Occidental ha sufrido violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición, detención arbitraria, violación y otras formas de lesiones mentales y corporales graves.116 El gobierno indonesio ha obligado sistemáticamente a los papúes occidentales a abandonar sus tierras (incluidos los desplazamientos resultantes del plan de transmigración), ha explotado sus recursos y socavado las prácticas tradicionales de subsistencia. Estas acciones han llevado directamente a enfermedades generalizadas, desnutrición y muerte entre los papúes occidentales.117
Es en Papúa Occidental donde Suharto entregó una montaña entera, el depósito de oro más grande del mundo y el tercero más grande de cobre, a inversores extranjeros.118 La mina Grasberg es operada por PT Freeport Indonesia, una subsidiaria del gigante minero estadounidense Freeport McMoRan. Como parte de la ola inicial de inversión extranjera que siguió después de que Indonesia liberalizó sus regulaciones de inversión en 1967, las operaciones de la mina Grasberg se encuentran en tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas. Específicamente, los Amungme en las tierras altas y los Kamoro en las tierras bajas costeras se consideran propietarios tradicionales de la zona, junto con Dani, Damal, Moni, Mee y Nduga.119
La mina a cielo abierto se hizo tan grande que cambió los límites del adyacente Parque Nacional Lorenz, un área catalogada por la UNESCO en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Sus impactos sociales y ambientales generalizados son de gran preocupación, aunque difíciles de cuantificar debido a la falta de monitoreo independiente. La mina descarga hasta 200 mil toneladas de desechos todos los días en los ríos circundantes, que han contaminado completamente las tierras que alguna vez fueron fértiles y las aguas claras río abajo hasta las áreas costeras.120 Lo que una vez fue una fuente de seguridad alimentaria para la población local se convirtió en tierras baldías por la minería.121 Aunque los métodos fluviales de eliminación de desechos están prohibidos en todos los países desarrollados, Freeport y Rio Tinto, las dos partes interesadas mayoritarias actuales en las operaciones mineras de Grasberg, sostienen que la eliminación de relaves fluviales es la mejor solución.122
A pesar de la resistencia de las comunidades locales contra las operaciones mineras explotadoras, que planean continuar al menos hasta 2041, el Banco Mundial sigue siendo uno de sus partidarios. En 2006, la CFI adquirió una participación accionaria del cinco por ciento en otra de las operaciones mineras de Rio Tinto,123 mientras que el Banco elogia a Freeport por «compartir beneficios» con las comunidades locales alrededor de la mina Grasberg a través de sus fondos fiduciarios establecidos para el desarrollo comunitario.124
Para una institución con el mandato de combatir la pobreza, el apoyo del Banco Mundial a las industrias extractivas plantea serias preocupaciones. Los ingresos de la industria minera apenas han beneficiado a la población local de las regiones donde las minas han prosperado. En cambio, obstaculizan drásticamente la capacidad de las comunidades para satisfacer sus propias necesidades. Esta sombría situación corre el riesgo de un mayor deterioro con la continua desregulación para atraer a los inversores extranjeros mediante la reforma de las políticas de acuerdo con los indicadores Doing Business del Banco.
Mientras las instituciones de Bretton Woods se preparan para reunirse en Bali en las Reuniones Anuales de 2018, la estrategia del Banco para el crecimiento económico de Indonesia sigue dependiendo de las inversiones extranjeras para la explotación de los ricos recursos naturales del país.125 En 2018, se aprobó un nuevo proyecto del Banco Mundial por valor de US$300 millones para el desarrollo del turismo «con el fin de mejorar la calidad y el acceso a la infraestructura relevante de turismo y a los servicios, fortalecer los vínculos de la economía local con el turismo y atraer inversiones privadas en determinados destinos turísticos de Indonesia.»126
UNA NUEVA FRONTERA PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: ABRIR TIERRAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y LA EXPANSIÓN DEL TURISMO
Dos propuestas centrales del Banco Mundial en su marco de asociación actual con Indonesia consisten en desarrollar infraestructura y aprovechar el «potencial turístico no realizado». 127 Aunque alejarse de la economía de exportación de productos básicos puede sonar como una buena idea, confiar en la construcción de nuevos aeropuertos y la expansión del turismo de lujo para «compartir la prosperidad» con las comunidades locales es probable que sea otra falsa promesa. Guiado por el Banco Mundial, el gobierno del presidente Widodo cuenta con la entrega de megaproyectos rentables de mega infraestructura a inversores privados extranjeros para acelerar el crecimiento económico de Indonesia.128
Para mejorar su clasificación en el DBR del Banco y alcanzar los ambiciosos objetivos de infraestructura, las reformas de política emprendidas por el gobierno para atraer nuevos inversores han sido drásticas. En 2017, el gobierno central de Indonesia prometió crear grupos de trabajo regionales para mejorar la «facilidad de hacer negocios». Para agilizar los procesos para iniciar un negocio, el presidente amenazó con castigar a las administraciones regionales que no aceleraran los procedimientos de concesión de licencias.129 Otras reformas favorables a las empresas incluyen una política de amnistía fiscal y la reducción de las restricciones para la propiedad extranjera en los nuevos proyectos de infraestructura, incluida la expansión de la red nacional, 1.000 kilómetros de nuevas carreteras de peaje, 3.258 kilómetros de nuevos ferrocarriles, 15 nuevos aeropuertos, diez mejoras aeroportuarias y 24 nuevos puertos marítimos.130
De acuerdo con esta estrategia, la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia (BKPM) y el Ministerio de Turismo asignaron destinos paradisíacos en la costa para nuevos inversores privados.131 Los lugares turísticos prioritarios se ofrecieron como proyectos altamente lucrativos y «fáciles» de desarrollar, con BKPM llevando a cabo una rápida autorización para garantizar la adquisición de tierras, el proceso de obtención de permisos y las regulaciones locales no son obstáculos para los inversionistas extranjeros.132
Mientras tanto, los megaproyectos de infraestructura para el desarrollo turístico llevados a cabo por el gobierno con el apoyo del Banco133 ya han tenido consecuencias problemáticas. El proyecto de construcción de la carretera Batang-Semarang, en Java Central, condujo al acaparamiento de tierras y al desplazamiento de comunidades de las nueve aldeas de Ngawensari, Galih, Sumbersari, Rejosar, Tunggulsari, Kertomulyo, Penjalin, Magelung y Nolokerto en abril de 2018.134 Una declaración de La Vía Campesina confirmó que el proyecto de construcción de la carretera, parte de los ambiciosos objetivos de infraestructura del gobierno del presidente Widodo, ha traído miseria a cientos de familias campesinas.135
El consejo del Banco de desplegar la alfombra roja para los inversionistas extranjeros en los sectores de infraestructura y turismo se basa en una mayor explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia.136 Pero el fanatismo de atraer inversionistas para la nueva frontera del desarrollo pasa por alto los graves impactos en los medios de vida de la población local y el medio ambiente (véase el recuadro 3).137
Recuadro 3: resistiendo el turismo extractivo. El caso de Benoa Bay
Durante varias décadas, el Banco Mundial ha financiado proyectos de desarrollo de infraestructura, que transformaron Bali en el principal destino turístico de Indonesia.138 Ahora, el anfitrión de las Reuniones Anuales 2018 del Banco Mundial y el FMI está a punto de liberar alrededor de 800 hectáreas para la creación de islas artificiales en las aguas de la Bahía de Benoa , anteriormente un área de conservación.139 Benoa Bay es una de las últimas zonas que quedan en Bali donde todavía se practican métodos de pesca tradicionales, pero esta estrategia de medios de vida sostenibles ahora está amenazada por un complejo turístico de lujo.140
El proyecto, con investigación y asesoramiento del Banco Mundial,141 tiene inversiones prometidas por un gran consorcio dirigido por un desarrollador PT Tirta Wahana Bali Internacional (TWBI). TWBI planea construir un resort de lujo de US$3.000 millones, que incluye villas, apartamentos, hoteles, un parque temático e incluso un circuito de carreras de Fórmula Uno, todo en un terreno que se recuperará para «revitalizar» la Bahia de Benoa.142
No es de extrañar que la propuesta haya estimulado uno de los movimientos ambientales más grandes en la historia de Indonesia: Bali Tolak Reklamasi (Bali Rechaza la Recuperación, conocido como ForBALI).143
Las manifestaciones masivas han traído a miles de manifestantes de diferentes partes de Bali desde que se hizo público el proyecto de recuperación. Sus principales preocupaciones son que el proyecto inundará y destruirá más de 60 sitios naturales y 24 templos que son sagrados para la población predominantemente hindú de la isla, así como obstaculizará los medios de vida de cientos de pescadores que se reúnen en alta mar durante la marea baja para recolectar peces, camarones, cangrejos y algas marinas.144 Hasta que se derogue el Proyecto, el movimiento se ha comprometido a mantener su fuerte Resistencia para defender al pueblo de Bali y al medio ambiente de este absurdo plan de Desarrollo.
CONCLUSIONES
La elección de Bali para las Reuniones Anuales afirma la perspectiva positiva del Banco Mundial hacia Indonesia. Pero la trayectoria de desarrollo de la nación del sudeste asiático es un excelente ejemplo de cómo la orientación del Banco sobre reformas regulatorias genera consecuencias desastrosas para las comunidades locales, los medios de vida de las personas y la seguridad alimentaria, y el medio ambiente.
Mientras el Banco trata de convencer al mundo de que el modelo económico de Indonesia ha llevado a un crecimiento milagroso y a la reducción de la pobreza, el país enfrenta enormes desafíos sociales y ambientales en medio de una creciente desigualdad.145
Las plantaciones de palma aceitera y la minería continúan expandiéndose bajo concesiones a gran escala, empeorando la contribución de Indonesia a la crisis climática mundial e impactando negativamente los medios de vida de millones de pueblos indígenas y pequeños agricultores.
Con su impulso por un crecimiento sin fin y ganancias para las élites, la carrera de Indonesia para reformar de acuerdo con el DBR del Banco facilita el camino para los inversores, al tiempo que permite un mayor saqueo de los recursos naturales del país. En lugar de invertir en proyectos y orientar políticas que contribuyan a su misión declarada de «poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida»,146 las reformas apoyadas por el Banco Mundial, como las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas, las normas laborales socavadas y los procesos de transferencia de tierras más rápidos, han llevado a la erosión de los derechos de las comunidades cuyos medios de vida dependen de las tierras y los recursos naturales codiciados por los inversores ricos.
Las prescripciones políticas del Banco Mundial y los planes de desarrollo vacíos para Indonesia lo han convertido en un milagro fallido de Asia Oriental. Por lo tanto, ya es hora de que las políticas centradas en las personas, en lugar de centradas en las empresas, guíen el camino del desarrollo de Indonesia.
Notas
1República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. http://www.am2018bali.go.id/ (consultado el 28 de junio de 2018).
2Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. http://documents.worldbank.org/curated/en/195141467986374707/ Indonesia-Country-partnership-framework-for-the-period-FY16-20 (consultado el 8 de junio de 2018).
3Véase, por ejemplo: Thomson, M., Kentikelenis, A. y T. Stubbs. «Los programas de ajuste estructural afectan negativamente a las poblaciones vulnerables: una revisión sistemática-narrativa de su efecto en la salud infantil y materna». Revisiones de salud pública Vol 38, 13 (2017). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ artículos/PMC5810102/ (consultado el 22 de agosto de 2018); Rodwan Abouharb, M., y D.L. Cingranelli. «The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981–2000». International Studies Quarterly Vol. 50, Número 2 (junio de 2006): 233–262. https://www.ucl.ac.uk/political-science/people/ academic/rodwan-abouharb/A_CISQ2006.pdf (consultado el 22 de agosto de 2018).
4República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. Op. Cit. monto aproximado alcanzado al sumar todos los compromisos en las operaciones del Banco Mundial por año fiscal, recuperado en: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm =&countrycode_exact=- ID (consultado el 28 de junio de 2018). 5 5Incremento de los compromisos del Banco Mundial
6Uno de los primeros proyectos del Banco Mundial en Indonesia, consistente en asistencia técnica para el desarrollo económico del país, fue aprobado en 1968. Véase: Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Proyectos y Operaciones. http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countryco de_exact=ID (consultado el 8 de junio de 2018). Esto incluye proyectos que apoyaron la explotación de los recursos naturales de Indonesia. Véase, por ejemplo, la asistencia técnica del Banco Mundial para el desarrollo de la industria de la celulosa y el papel a gran escala de Indonesia: http://documents.worldbank.org/curated/ en/831331468044129136/pdf/multi0page.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
7 El Informe Doing Business del Banco Mundial, la publicación emblemática del Banco, se lanzó en 2002 para «alentar a las economías a competir hacia una regulación más eficiente» y «mejorar el clima de inversión» para las empresas. Véase: Banco Mundial. Haciendo negocios. http://www.doingbusiness.org (consultado el 21 de junio de 2018); Ver también: Martin-Prével, A. Ceguera deliberada: cómo las clasificaciones de países del Banco Mundial empobrecen a los pequeños agricultores. El Instituto Oakland, 2014. https://www.oaklandinstitute.org/willful-blindness-howworld-banks-doing-business-rankings-impoverish-smallholder-farmers (consultado el 13 de septiembre de 2018). Para estudios de casos de países sobre los impactos perjudiciales de las reformas de Doing Business del Banco, véase: Our Land Our Business. Hojas informativas por países. https://ourlandourbusiness.org/reports-and-info/ country-reports/ (consultado el 6 de agosto de 2018).
8 Banco Mundial. «Indonesia continúa con un fuerte ritmo de reformas para mejorar el clima de negocios: Doing Business». 31 de octubre de 2017. https://www. worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/indonesia-continuesstrong-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-doing-business (consultado el 6 de agosto de 2018).
9Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Haciendo negocios. http://www. doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/ indonesia (consultado el 20 de julio de 2018).
Véanse los cinco principales productos de exportación de Indonesia: World Integrated Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https://wits.worldbank. org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/Summary (consultado el 28 de junio de 2018).
11 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. FAO, 1997. http://www.fao. org/docrep/w7732e/w7732e04.htm (consultado el 25 de julio de 2018).
13. Daniel, S. y A. Mittal. El gran acaparamiento de tierras: la prisa por las tierras agrícolas del mundo amenaza la seguridad alimentaria de los pobres. El Instituto Oakland, 2009. https:// www.oaklandinstitute.org/great-land-grab-rush-world’s-farmland-threatensfood-security-poor (consultado el 30 de abril de 2018); Daniel, S. y A. Mittal. (Mis) Inversión en agricultura: el papel de la institución financiera internacional en el acaparamiento de tierras. El Instituto Oakland, 2010. http://www.oaklandinstitute.org/ sites/oaklandinstitute.org/files/misinvestment_web.pdf (consultado el 30 de abril de 2018).
14 Wenda, B. «Todos se benefician de Papúa Occidental, excepto los papúes». The Guardian, 12 de octubre de 2011. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2011/oct/12/west-papua-striking-miners-indonesia (consultado el 10 de julio de 2018); Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». The Guardian, 25 de mayo de 2013. https://www.theguardian.com/world/2013/ may/25/indonesia-new-corporate-colonialism (consultado el 10 de julio de 2018). Para otros estudios de casos de países, informes e informes de políticas sobre los impactos generalizados de las reformas de políticas guiadas por las clasificaciones Doing Business del Banco Mundial, véase: The Oakland Institute. Nuestra campaña Tierra Nuestro Negocio. https://www.oaklandinstitute.org/our-land-our-business (consultado el 24 de julio de 2018).
15 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. «Carta abierta: El aceite de palma para biocombustibles aumenta los conflictos sociales y socava la reforma agraria en Indonesia». 26 de enero de 2007. https://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-palm-oil-for-biofuelsincreases-social-conflicts-and-undermines-land-reform-in-indonesia/ (consultado el 28 de junio de 2018); Siniwi, R.M. y M. Al Azhari. «El daño ambiental y los conflictos sociales eclipsan el futuro del sector del aceite de palma de Indonesia». Jakarta Globe, 21 de marzo de 2017. http://jakartaglobe.id/business/ environmental-damage-social-conflicts-overshadow-future-indonesias-palmoil-sector/ (consultado el 28 de junio de 2018); Biblioteca de la plataforma ECC. Protestas contra el aceite de palma en Indonesia. https://library.ecc-platform.org/conflicts/palm-oilindonesia (consultado el 28 de junio de 2018).
16 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos del Banco Mundial con Indonesia entre 1969 y 1997. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
17 Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Banco Mundial, 2004. http://documents.worldbank.org/curated/ pt/576941468774895009/pdf/307800IND0country01see0also0307591.pdf (consultado el 19 de julio de 2018); Thee, K.W. «Política industrial y de inversión extranjera en Indonesia desde 1967». Estudios del Sudeste Asiático, Vol. 25. Nº 3 (1987): 383-396. https://kyoto-seas.org/pdf/25/3/250305.pdf (consultado el 24 de julio de 2018).
18 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. CIFOR y WWF, 2001. http://www.cifor.org/ publications/pdf_files/Books/cbarr/Banking.pdf (consultado el 10 de julio de 2018), p. 20.
19 Ministerio de Minas y Energía. Ley 11/1967 de Disposiciones Básicas de Minería. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/77114/81602/ F847614695/IDN.77114.pdf (consultado el 20 de julio de 2018); Zulfan Tadjoeddin, M. Una futura maldición de los recursos en Indonesia: la economía política de los recursos naturales, el conflicto y el desarrollo. Centro de Investigación sobre Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad, Universidad de Oxford, 2007. https://assets.publishing.service. gov.uk/media/57a08c05ed915d3cfd001100/wp35.pdf (consultado el 20 de julio de 2018).
20 Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia afectan al medio ambiente». The Jakarta Post, 4 de mayo de 2018. http://www.thejakartapost. com/news/2018/05/04/indonesias-regional-elections-take-toll-onenvironment.html (consultado el 15 de junio de 2018); Okamoto, S. «El movimiento y las actividades de las ONG ambientales en Indonesia». Policy Trend Report, 2001: págs. 13 y 23.
21 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. Op. Cit.
22 Jakfar, F. e Y. Murashima. «Desarrollo de la industria maderera y el comercio en Indonesia». Journal of Forest Economics, Vol. 45 No. 3 (1999): 9-15. https:// www.jstage.jst.go.jp/article/jfe/45/3/45_KJ00004956857/_pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
23 Birdsall, N.M. et al. 1993. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Nueva York: Oxford University Press.
http://documents.worldbank. org/curated/en/975081468244550798/pdf/multi-page.pdf (consultado el 25 de julio de 2018); Ver también: Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.; Dang, G. y L. Sui Pheng. 2016. «Teorías del Desarrollo Económico». En Inversiones en Infraestructura en Economías en Desarrollo. Singapur: Springer.
24 Soetjipto, T. «Indonesia: 20 años después de la caída del General Muhammad Soeharto.» Al Jazeera, 21 de mayo de 2018. https://www.aljazeera.com/ indepth/features/indonesia-20-years-downfall-general-muhammadsuharto-180519141225082.html (consultado el 15 de junio de 2018); World Integrated www.oaklandinstitute.org 17 Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https:// wits.worldbank.org/ CountrySnapshot/en/IDN/textview (consultado el 28 de junio de 2018).
25 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.; Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.
26 Beech, H. «Estados Unidos se mantuvo al margen mientras Indonesia mataba a medio millón de personas, según muestran los periódicos». The New York Times, 21 de mayo de 2018. https://www.nytimes. com/2017/10/18/world/asia/indonesia-cables-communist-massacres.html (consultado el 15 de junio de 2018).
27 Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Con los pies en la tierra, 2001. http://www.downtoearth-indonesia.org/story/ indonesia-s-transmigration-programme-update (consultado el 10 de julio de 2018); Sobre cómo el papel del Programa de Transmigración ayudó al inicio y la difusión de las plantaciones de palma aceitera, ver: Gatto, M., Wayne, M. y M. Qaim. Auge de la palma aceitera y dinámica del uso de la tierra en Indonesia: el papel de las políticas y los factores socioeconómicos. Georg-August-Universität, 2014. http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/ mon/sfb990/dp-6.pdf (consultado el 26 de agosto de 2018).
28 El desplazamiento de millones de personas de las islas de Java y Sumatra a las islas exteriores del archipiélago se originó durante el dominio colonial holandés, cuando se llamó el programa de «colonización». Después de la independencia, el gobierno indonesio mantuvo esta política como una herramienta para promover el «desarrollo regional» y la «construcción de la nación». Véase Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Abdoellah, O.S. «Transmigration Policies in Indonesia: Government Aims and Popular Response». Centro de Estudios Migratorios, 1987, pp. 180-196. Sobre los impactos en los pueblos indígenas, ver: Departamento de Evaluación de Operaciones. Transmigración en Indonesia. Banco Mundial, septiembre de 1994. http://documents. worldbank.org/curated/ en/187401468042260249/pdf/28489.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
29 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.
30 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm (consultado el 21 de junio de 2018),
31 La palma aceitera se refiere a la palmera de la que se extrae el aceite de palma.
32 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. Op. Cit.; Fondo Monetario Internacional. Apéndices I a VII. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/041098.pdf (consultado el 21 de junio de 2018).
34 Francis, S. «La batalla de voluntad de Indonesia con el FMI». Foro Mundial de Políticas, 25 de febrero de 2003. https://www.globalpolicy.org/component/content/ article/209/43040.html (consultado el 15 de junio de 2018).
35 Ibíd.
36 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos contraídos por el Banco Mundial en sus operaciones entre los ejercicios fiscales 09 y 17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
37 La suma en miles de millones se alcanzó al agregar todos los costos del proyecto DPL entre FY09 y FY17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
38 Banco Mundial. Facilidad para hacer negocios en Indonesia. 2018. http://www. doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/indonesia (consultado el 21 de junio de 2018).
39 Banco Mundial. Inversión extranjera directa, entradas netas (en millones, US$ corrientes). https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID (consultado el 20 de julio de 2018).
40 Sundaryani, F.S. «Jokowi quiere a Indonesia en el puesto 40 en el índice doing business». The Jakarta Post, 15 de marzo de 2017. http://www.thejakartapost.com/ news/2017/03/15/jokowi-wants-indonesia-in-40th-place-on-doing-businessindex.html (consultado el 1 de julio de 2018)
41 Ribka, S. «BKPM to standardize investment procedures, forms». The Jakarta Post, 25 de febrero de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/25/ bkpm-to-standardize-investment-procedures-forms.html (consultado el 1 de agosto de 2018).
42 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Fondo Monetario Internacional, 2018. https:// www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/02/06/Indonesia-SelectedIssues-45615 (consultado el 30 de agosto de 2018), p. 21
43 US – ASEAN Business Council. «Las empresas estadounidenses involucran al gobierno indonesio para impulsar la cooperación en torno al comercio y la inversión». 15 de marzo de 2018. https://www.usasean.org/press-release/2018/03/15/us-businessesengage-indonesian-government-boosting-cooperation-around (consultado el 11 de julio de 2018).
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47 Unidjaja, F.D. y Z.P. Hakim. «El gobierno de Indonesia despliega una alfombra roja para los inversores». The Jakarta Post. https://www.oaklandinstitute.org/indonesiagovernment-rolls-out-red-carpet-investors (consultado el 8 de junio de 2018).
48 Para implementar estas reformas, el Banco se comprometió a continuar brindando asesoramiento técnico, así como otros US$2 mil millones en préstamos para 2020. Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit.
49 Banco Mundial. Indonesia sigue construyendo sobre un sólido crecimiento económico. 27 de marzo de 2018. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/27/ indonesia-continues-to-build-on-solid-economic-growth (consultado el 14 de agosto de 2018).
50 Indonesia, como muchos otros países tropicales, ha experimentado un rápido agotamiento de sus recursos forestales en favor de un sector agrario en expansión orientado a la exportación. La mayor parte de la deforestación es causada por las empresas de plantaciones y minería, aproximadamente el 88 por ciento del área total deforestada en el país. Ver: Krishna et al. «Mercados de tierras, derechos de propiedad y deforestación: Perspectivas de Indonesia». Desarrollo Mundial, Volumen 99 (2017): 335-349. https://www.sciencedirect.com/science/ artículo/pii/S0305750X17301808 (consultado el 25 de julio de 2018); Sobre los vínculos recientes entre la corrupción, la política, las inversiones en agronegocios y la destrucción del medio ambiente, véase: Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia tienen un costo para el medio ambiente». Op. Cit.
51 Aunque no hay datos completos sobre el número reciente de personas desplazadas en todo el país, se puede hacer una estimación aproximada al observar el número de personas desplazadas durante el Programa de Transmigración, que tenía como objetivo expandir el desarrollo de la agroindustria en todo el país. En noviembre de 2000, había 240.333 familias de refugiados, o 1 millón de personas desplazadas, que huían de sus hogares debido a conflictos relacionados con el programa. Ver: Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Ver también: Wildes, S. «Las comunidades forestales de Indonesia son víctimas de ‘acaparamiento legal de tierras'». Inter Press Service, 15 de noviembre de 2013. http://www.ipsnews. net/2013/11/indonesias-forest-communities-victims-of-legal-land-grabs/ (consultado el 25 de julio de 2018).
52 Gellert, P. «Expansión del aceite de palma en Indonesia: acaparamiento de tierras como acumulación por desposesión». Acomodación, facilitación y resistencia a las perspectivas actuales de la globalización en la teoría social Volumen 34, (2015): 65-99; Menon, M., Kapoor, M. y V. Viswanathan. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para los conflictos de recursos naturales en Indonesia. Center for Policy Research – Namati Environmental Justice Programs, 2018. https://namati.org/resources/midcourse-manoeuvres-community-strategiesremedies-natural-resource-conflicts-indonesia/ (consultado el 25 de julio de 2018), pp. 6-14.
53 Salim, T. y M.S. Aritonang. «El gobierno aún no ha otorgado derechos a las comunidades indígenas». The Jakarta Post, 17 de marzo de 2016. http://www.thejakartapost. com/news/2016/03/17/govt-yet-grant-rights-indigenous-communities. html#sthash.gzhlOSvw.TcIKjVrt.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/ AxjeiN39Ed (consultado el 10 de agosto de 2018).
54 Komnas HAM. Investigación Nacional sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas en sus Territorios en las Zonas Forestales. 2016. http://rightsandresources.org/wp- www.oaklandinstitute.org 18 content/uploads/2016/04/Komnas-HAM-National-Inquiry-on-the-Rightsof-Customary-Law-Abiding-Communities-Over-Their-Land-in-Forest-Areas_ abril-2016.pdf (consultado el 23 de julio de 2018).
55 Rinwigati Waagstein, P. Empresas y derechos humanos en Indonesia: de los principios a la práctica. Centro de Recursos de Derechos Humanos, 2015. http://hrrca.org/ wp-content/uploads/2015/05/BHR-in-Indonesia.pdf (consultado el 24 de julio de 2018), p. 8. 56 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit.; Para un resumen del complejo marco de tenencia de la tierra de Indonesia, véase: Kapoor, M., Menon, M. y V. Viswanatham. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para el conflicto de recursos naturales en Indonesia. Op. Cit. 57 Amigos de la Tierra Internacional. «Activista ambiental asesinado en Indonesia». Febrero 2015. https://www.foei.org/news/environmentalactivist-killed-indonesia (consultado el 21 de agosto de 2018). 58 Jacobson, P. «Activista del aceite de palma asesinado en Yakarta». Mongabay, 23 de mayo de 2018. https://news.mongabay.com/2015/05/palm-oil-activist-murdered-injakarta/ (consultado el 21 de agosto de 2018). 59 Boediwardhana, W. «Activista antiminería golpeado hasta la muerte en Java Oriental». The Jakarta Post, 28 de septiembre de 2015. http://www.thejakartapost.com/ news/2015/09/28/antimining-activist-beaten-death-east-java.html (consultado el 21 de agosto de 2018). 60 Harsono, A. «La ley ‘anticomunista’ de Indonesia utilizada contra activistas ambientales». Human Rights Watch, 12 de enero de 2018. https://www. hrw.org/news/2018/01/12/indonesias-anti-communism-law-used-againstenvironmental-activist (consultado el 26 de agosto de 2018). 61 Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Op. Cit. 62 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Op. Cit. 63 Ibíd. 64 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit. 65 Banco Mundial. Indonesia – Programa de Aceleración de la Reforma Agraria (Proyecto Un Mapa). http://documents.worldbank.org/curated/en/393931532143851037/ Indonesia-Program-to-Accelerate-Agrarian-Reform-One-Map-Project (consultado el 13 de agosto de 2018). 66 Ibíd., págs. 9 y 67 Ibíd., págs. 22 y 25. 68 Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de administración de tierras. http://documents. worldbank.org/curated/en/791061468266180238/Indonesia-LandAdministration-Project (consultado el 25 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de gestión de tierras y desarrollo de políticas. http://documents. worldbank.org/curated/en/407951468278683358/Indonesia-LandManagement-and-Policy-Development-Project (consultado el 26 de julio de 2018). 69 Garnett, S.T. et al. «A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation.» Nature Sustainability, julio de 2018, pp. 369-374. https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6.epdf?author_access_to ken=ZAToIUuNYxVkZk7d3hQ7M9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nlxfg9aDwpfTJ NvkjtOhlOfFlXDVJWZFueKjrvz_ddjYPdyZUDeslOuUlLw0kxM40S57aYeeIfxx5OnZm1_hkRRK99bTVuwMuTfscdzwTwg%3D%3D (consultado el 10 de agosto de 2018). 70 Arezki, R. et al. ¿Qué impulsa la «fiebre de la tierra» global? Banco Mundial, 2011.
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Cit. 75 Entre 1965 y 2014, el Banco Mundial comprometió casi US$1.000 millones en 35 proyectos en el sector del aceite de palma, en 12 países de África, América Latina y el sudeste asiático – US$500,6 millones se destinaron a proyectos en Indonesia. Véase Teoh, C. Cuestiones clave de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. Op. Cit. p. 11 76 Rusmana, Y. y E. Listiyorini. «Las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a la India se ven en un récord de demanda». Bloomberg, 4 de febrero de 2018. https://www.bloomberg. com/news/articles/2018-07-20/ripple-effect-of-fifa-world-cup-eggs-getcostlier-in-indonesia (consultado el 18 de julio de 2018). Si bien la evidencia científica muestra que el uso a gran escala de aceite de palma importado en la producción de diesel en la UE no puede justificarse por menores costos de emisión de gases de efecto invernadero, las políticas reales de biocombustibles en la UE fomentan la producción de diesel a base de aceite de palma . Véase Saikkonen, L., Ollikainen, M. y J. Lankoski. «Aceite de palma importado para biocombustibles en la UE: rentabilidad, emisiones de gases de efecto invernadero y efectos en el bienestar social». Biomasa y Bioenergía 68 (2014): 7-23. https://www. sciencedirect.com/science/article/ pii/S0961953414003018 (consultado el 25 de junio de 2018). En el marco de la Estrategia de 2006 sobre biocombustibles de la Unión Europea (UE) y la Directiva de Energía Renovable (RED) de la UE de 2009 y otros sistemas reconocidos por la UE, se ha fomentado el uso de biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles. Desde entonces, el consumo de aceite de palma de la UE para alimentar el transporte ha aumentado significativamente en los últimos años. Véase Transporte y medio ambiente para más datos y cifras sobre la UE y el aceite de palma para el combustible: https://www. transportenvironment.org/what-we-do/biofuels/10-facts (consultado el 1 de julio de 2018). 77 Indonesia Inversiones. Aceite de palma. Op. Cit. 78 Desde la introducción de una ley de la UE para promover los biocombustibles en 2009, el aceite de palma utilizado para fabricar biocombustibles ha aumentado constantemente de 825.000 toneladas en 2008 a 3,9 millones de toneladas en 2017. Ver: Transporte y Medio Ambiente. «Los automovilistas obligados a quemar más selva tropical para cumplir con los objetivos de energía verde de la UE: cifras de 2017». 6 de junio de 2018. https://www.transportenvironment.org/press/motorists-forced-burnmore-rainforest-meet-eu-green-energy-targets-2017-figures (consultado el 28 de junio de 2018). 79 Rainforest Action Network. Las selvas tropicales de Indonesia: biodiversidad y especies en peligro de extinción. https://www.ran.org/indonesia_s_rainforests_biodiversity_and_ endangered_species/ (consultado el 10 de agosto de 2018); Banco Mundial. 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Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit. 87 Lee, J.S.H., et al. «Los impactos ambientales de las empresas de palma aceitera a gran escala exceden los de las pequeñas propiedades en Indonesia». Op. Cit. www.oaklandinstitute.org 19 88 Indonesia Investments. Aceite de palma. Op. Cit.; Bovarnick, A. y S. Newport. «Las multinacionales no pueden prevenir la deforestación del aceite de palma por sí solas». The Guardian, 13 de mayo de 2015. https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2015/may/13/palm-oil-indonesia-collaboration-smallholdersmultinationals-government-ispo (consultado el 10 de agosto de 2018). 89 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. Op. Cit. 90 Li, T.M. «Después del acaparamiento de tierras: violencia de infraestructura y el «sistema mafioso» en las zonas de plantaciones de palma aceitera de Indonesia». Geoforum, 2017; Sirait, M.T. 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MIGA. «Resumen del proyecto. PT Weda Bay Nickel (Indonesia).» https://www.miga.org/pages/ projects/project.aspx?pid=828 (consultado el 20 de julio de 2018). 113 Balaton-Chrimes, S., Macdonald, K. y S. Marshall. Estudio de caso del enfoque de la CAO a la queja de pt Weda Nickel Mine: Barreras a la mediación en un clima de miedo. Investigación de Responsabilidad Corporativa, 2016. 114 Ibíd. 115 Woodman, C. «Papúa Occidental: Cinco hechos sobre la ocupación de Indonesia». Campaña Papúa Occidental Libre, 20 de septiembre de 2017. https://www.freewestpapua. org/2017/09/20/west-papua-five-facts-about-indonesias-occupation/ (consultado el 18 de julio de 2018). 116 Brundige, E. et al. Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control. Allard K. 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126 Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects. worldbank.org/P157599?lang=es (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. «Casi tres millones de indonesios se beneficiarán del proyecto turístico». Op. Cit.
127 Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. Op. Cit.; Véase también: Sheany. «El Banco Mundial estudia ayudar a Indonesia a impulsar el turismo y abordar la pobreza en las zonas costeras». Jakarta Globe, 10 de noviembre de 2017. http://jakartaglobe.id/news/world-bank-studies-help-indonesiaboost-tourism-tackle-poverty-coastal-areas/ (consultado el 18 de julio de 2018).
128 «Indonesia busca cerrar la brecha de US$157 mil millones en el plan de construcción de la nación». The Straits Times, 26 de enero de 2018. https://www.straitstimes.com/asia/ se-asia/indonesia-seeks-to-plug-us157-billion-gap-in-nation-building-plan (consultado el 23 de julio de 2018); Banco Mundial. «La inversión privada en infraestructura en los países en desarrollo mostró signos de recuperación en 2017». 17 de abril de 2018. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/17/privateinvestment-in-infrastructure-in-developing-countries-showed-signs-ofrecovery-in-2017 (consultado el 18 de julio de 2018).
129 «Indonesia prepara grupos de trabajo sobre la facilidad para hacer negocios». The Jakarta Post, 3 de noviembre de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/03/ indonesia-prepares-ease-of-doing-business-task-forces.html (consultado el 18 de julio de 2018).
130 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Jakarta Globe, 2 de mayo de 2017. http://jakartaglobe.id/news/jokowipromotes-ten-new-balis-to-investors-in-hong-kong/ (consultado el 8 de junio de 2018); Rahadiana, R., Kutty Abraham, T., y R. Mathieson. «Indonesia busca inversores para proyectos por valor de cientos de miles de millones». Bloomberg, 16 de octubre de 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-16/ jokowi-roots-for-private-investment-as-freeport-dispute-lingers (consultado el 18 de julio de 2018); Personal de Reuters. «Indonesia promete una mayor flexibilización de las reglas para atraer a los inversores extranjeros». Reuters, 20 de junio de 2017. https://www.reuters. com/article/indonesia-investment-regulation/update-1-indonesiapromises-more-easing-of-rules-to-attract-foreign-investors-idUSL3N1JH3H5 (consultado el 18 de julio de 2018).
131 Indonesia Investments. «Alfombra roja para inversores privados en el sector hotelero de Indonesia». 17 de octubre de 2017. https://www.indonesia-investments. com/news/todays-headlines/red-carpet-for-private-investors-in-indonesias-hospitality-sector/item8289 (consultado el 19 de julio de 2018).
132 Ibíd.
133 Banco Mundial. «El Banco Mundial aprueba un nuevo financiamiento para apoyar el desarrollo de infraestructura en Indonesia». 13 de marzo de 2017. http:// www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/03/13/world-bankapproves-new-financing-to-support-infrastructure-development-acrossindonesia (consultado el 19 de julio de 2018); Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects.worldbank.org/P157599?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018).
134 La Vía Campesina. «La Ley de Adquisición de Tierras y Construcción de Carreteras está dando como resultado el acaparamiento forzoso de casas y tierras campesinas: SPI, Indonesia». 28 de abril de 2018. https://viacampesina.org/en/law-on-landprocurement-highway-construction-is-resulting-in-peasant-houses-andlands-being-forcefully-grabbed-spi-indonesia/ (consultado el 19 de julio de 2018). El Banco Mundial prestó 208 millones a Indonesia para el desarrollo de la infraestructura vial entre 2006 y 2014. Véase: Grupo de Evaluación Independiente. Proyecto estratégico de infraestructura vial. 2015.
135 Ibíd.
136 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Op. Cit.; Salna, K. «¿Como Bali? Indonesia quiere crear 10 de ellos para atraer a turistas chinos». Bloomberg, 19 de octubre de 2017. https:// www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-19/creating-10-new-balisindonesian-tourism-plan-starts-with-china (consultado el 19 de julio de 2018).
137 Geddie, J. y A.S. Lefevre. «Las idílicas islas del sudeste asiático se doblegan bajo la presión del turismo». Reuters, 6 de abril de 2018. https://www.reuters.com/article/usasia-environment-beaches-analysis/southeast-asias-idyllic-islands-buckleunder-tourism-strain-idUSKCN1HD0KL (consultado el 19 de julio de 2018).
138 Banco Mundial. Indonesia – Bali Tourism Project (Inglés). 1974. http:// documents.worldbank.org/curated/en/705041468040578881/IndonesiaBali-Tourism-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali. 1997. http://projects.worldbank.org/P036047/ bali-urban-infrastructure-project?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali (inglés). 2005. http:// documents.worldbank.org/curated/en/625231468258305456/IndonesiaBali-Urban-Infrastructure-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Segundo Proyecto de Desarrollo Urbano de Java Oriental, Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali y Proyecto de Innovaciones Municipales (inglés). 2006. http://documents.worldbank.org/curated/en/794301468283544395/ Indonesia-Second-East-Java-Urban-Development-Project-Bali-UrbanInfrastructure-Project-and-Municipal-Innovations-Project (consultado el 18 de julio de 2018).
139 Benoa Bay, cerca del aeropuerto internacional de Depansar , fue designada como zona de conservación en 2011. Sin embargo , una regulación presidencial, firmada por el ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono justo antes de dejar el cargo en 2014, cambió su estatus. Sobre el proceso de definición de la Bahía de Benoa como un sitio de conservación, ver: De Suryiani, L. «Bahía de Benoa propuesta como Sitio de Conservación del Agua». The Jakarta Post, 5 de septiembre de 2013. http:// www.thejakartapost.com/news/2013/09/05/benoa-bay-proposed-waterconservation-site.html (consultado el 20 de julio de 2018). Sobre el estado cambiante de la bahía y la resistencia de la sociedad civil contra el proyecto de recuperación, ver: Langenheim, J. «Mounting Opposition to Bali Mass Tourism Project». The Guardian, 22 de marzo de 2016. https://www.theguardian.com/environment/ the-coral-triangle/2016/mar/22/mounting-opposition-to-bali-masstourism-project (consultado el 20 de julio de 2018).
140 Fitria, P. «Trouble Brewing in Paradise Over Fate of Bali’s Benoa Bay.» Jakarta Globe, 19 de enero de 2014. http://jakartaglobe.id/news/troublebrewing-in-paradise-over-fate-of-balis-benoa-bay/ (consultado el 26 de julio de 2018).
141 Juniarta, I.W. «El gobierno ordena otro estudio sobre el proyecto de recuperación de la bahía de Benoa «. The Jakarta Post, 23 de febrero de 2017. http://www. thejakartapost.com/news/2017/02/23/government-orders-another-studyinto-benoa-bay-reclamation-project.html; Motoki, C. «Indonesia: la resistencia de lo sagrado en Bali a la «revolución verde» y la industria del turismo». Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales [blog], 29 de abril de 2018. https://wrm. org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/indonesia-the-resistanceof-the-sacred-in-bali-to-the-green-revolution-and-the-tourism-industry/ (consultado el 26 de julio de 2018).
142 Langenheim, J. «Creciente oposición al proyecto de turismo masivo de Bali». Op. Cit.
143 ForBALI. http://www.forbali.org/en/ (consultado el 20 de julio de 2018).
144 Ibíd.; Topsfield, J. y A. Rosa. «El proyecto de islas de $ 3 mil millones para la bahía de Benoa en Bali tiene a los lugareños en armas». The Sidney Morning Herald, 29 de febrero de 2016. https://www.smh.com.au/world/3-billion-islands-project-for-balis-benoabay-has-locals-up-in-arms-20160228-gn5m1p.html (consultado el 26 de julio de 2018).
145 Wicaksono, E., Amir, H., y A. Nugroho. Las fuentes de desigualdad de ingresos en Indonesia: una descomposición de la desigualdad basada en la regresión. Instituto del Banco Asiático de Desarrollo, 2017. https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/229411/adbi-wp667.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
146 Banco Mundial. Poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. 19 de abril de 2013. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity (consultado el 6 de agosto de 2018).
Desconocido del público en Costa Rica hasta su aparición en el equipo de Carlos Alvarado, su breve incursión en el ministerio de Hacienda le dio el impulso que lo llevó a la presidencia de la República.
Como en el caso de Alvarado, una serie de circunstancias –más que el peso mismo del candidato o lo atractivo de sus propuestas– hicieron posible el resultado electoral. El presidente electo no tenía antecedentes políticos conocidos en el país y esto –en las circunstancias actuales– terminó favoreciéndolo.
Pero su historia política no era del todo desconocida. Durante seis años –entre 2013 y 2019– fue el director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Si no me equivoco, la mayor oficina del banco fuera de Washington. Desde allí implementó políticas que podrían ser también impulsadas aquí. No solo eso: esas políticas son parte de una visión del mundo, de una concepción de desarrollo que no fue discutida en campaña.
En las páginas del Banco se puede encontrar estimaciones positivas de esas políticas. En otras páginas hay evaluaciones críticas, aportes a un debate que no deberíamos rehuir.
Traté de buscar antecedentes cuando Chaves apareció en el ministerio de Alvarado. Algo escribí cuando fue designado en Hacienda. Durante la campaña no quise escribir nada. No me sentía representado por ninguna de las candidaturas en la segunda vuelta y expuse mi posición sobre eso en un artículo “En defensa del abstencionismo”.
Pero no dejó de sorprenderme que la candidatura de José María Figueres no hiciera ninguna alusión a las políticas promovidas por su adversario al frente del Banco Mundial en Indonesia. Hay algunos aspectos devastadores, como veremos.
Pensé, al principio, que era resultado de la dirección de una campaña mediocre. Pero después me pareció que no se podía descartar una cercanía a políticas privatizadoras, de promoción de mejores “ambientes de negocios”, cosas así, en las que ambas candidaturas se diferenciaban poco y que me hacían imposible inclinarme por alguna.
Lo cierto es que los grandes temas de campaña fueron el acoso o la corrupción, naturalmente relevantes pero insuficientes para ilustrar un debate entre aspirantes a la presidencia del país.
Escenario electoral
El resultado final es conocido: poco más de 43% de ciudadanos prefirió no participar. Si se les suman los votos blancos y nulos tenemos alrededor de 46% de los electores.
Me parece imposible disociar el crecimiento de ese porcentaje de una cierta desilusión con la política a partir del desarrollo del modelo neoliberal que, desde principios de los años 80, fue demoliendo las bases de un estado social cuya piedra angular –desde mi punto de vista– fue el decreto de nacionalización de los depósitos bancarios de junio de 1948.
Considerando que “las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado”, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca. Una lógica impecable, de la que se derivó la resolución de que “Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público”.
No es casualidad que el primer paso en el camino de las políticas neoliberales haya sido el de la privatización del negocio bancario, con plata de la AID norteamericana. El proceso siguió luego, implacable: la educación, la salud, las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etc… Lo público al servicio de los privados. El país transformado en una enorme alcancía donde los costarricenses echan sus monedas para engordar el chanchito de otros. Esas políticas fueron desdibujando el llamado “bipartidismo”. Uno y otro venían y avanzaban en la misma dirección, con las consecuencias conocidas para la forma de desarrollo del país y para el nivel de vida de las mayorías.
Para los que les gusta poner fecha a las cosas, permítanme sugerir una para el fin del bipartidismo en Costa Rica: el día en que Guido Fernández pasó a integrar el gobierno de Oscar Arias. El triunfo total de ANFE no puede haber pasado desapercibido por Figueres, en su tumba.
No es posible entrar aquí en detalles de ese proceso. El pasado 3 de abril los electores tenían dos opciones: votar por un candidato que no solo había sido parte de ese proceso de descomposición política, sino que se había ido del país para evitar ser preso por acusaciones de cohecho; y otro, del que el gran público desconocía todo…
… Pero no todo era desconocido
Sin antecedentes políticos en el país, volvamos la mirada al mundo político de Rodrigo Chaves: el del Banco Mundial en Indonesia, la oficina a su cargo.
Para dar seguimiento a esto nos parece útil un trabajo bien documentado –Indonesia: the World Bank failed East Asia miracle–, realizado por una fundación norteamericana orientada especialmente a temas ambientales: The Oakland Institute (el texto original, en inglés, puede ser visto aquí: https://www.oaklandinstitute.org/indonesia-world-bank-failed-east-asian-miracle).
No nos vamos a referir a las políticas promovidas por el Banco en Indonesia en los 31 años de la dictadura del general Suharto (1967-1998). Aunque sus consecuencias se extienden hasta hoy, trataremos de referirnos a lo más reciente, relacionado con el período en que Rodrigo Chaves estuvo al frente a la oficina, o a lo que, desde años anteriores, se proyectó sobre ese período.
Lo que sigue son referencias sacadas del texto del Oakland Institute. Ahí se menciona el “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report” donde el Banco destaca el papel de Indonesia como uno de los diez casos más exitosos de reformas económicas orientadas a “mejorar el clima de negocios” y atraer inversiones privadas.
Es el punto de vista optimista del Banco, para quien la aplicación de las políticas neoliberales hicieron de Indonesia un ejemplo de milagro económico en el lejano oriente. Pero el estudio analiza luego las diversas consecuencias de esa política. En la carrera por las reformas y por atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques hasta entonces manejados por la población local, han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, provocando inevitables conflictos sociales, deforestación, desigualdad y pobreza para la vasta población afectada.
Como Costa Rica, Indonesia adoptó las políticas de ajuste estructural en los años 90’s. En 1998 firmó un memorando con el FMI en el que, a cambio de apoyo financiero, debía promover una política de privatizaciones acelerada, de liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras y desregularización de las actividades locales. En 2003, los resultados de esas reformas, promovidas por el BM, desataron protestas en el país. Las imágenes que ilustran el texto son sobrecogedoras.
Entre 2009 y 2017 el Banco prestó o respaldó préstamos por 20,6 mil millones de dólares a Indonesia, 22% de los cuales se destinaron a promover medidas de desregularización en las más diversas áreas, como reducción de impuestos, facilitación de procedimientos administrativos, reformas en la administración de tierras o proyectos de infraestructura comercial, entre otros.
Todo esto puede presentarse como grandes avances modernizadores del país. Algo parecido a lo que ha hecho el actual ministro de Hacienda de la administración Alvarado, que presume de haber puesto “orden” en las finanzas de Costa Rica, como si eso reflejara el resultado exitoso de una administración.
Como consecuencia de estas reformas, Indonesia se adelantó rápidamente en el índice de negocios del Banco Mundial, pasando de la posición 106, en 2016, a la 72, en 2018, transformándose en la mayor economía del sudeste asiático. Supongo que el resultado fue considerado como un gran éxito de las políticas del Banco, precisamente en los años en que Chaves encabezaba la oficina. Un proceso del que es también gran entusiasta el presidente Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014. Widodo creó una Fuerza de Tarea coordinada por el ministro de Economía para promover las reformas. En Costa Rica un proyecto de reforma del Estado podrá estar en manos de una comisión legislativa que el diputado electo Rodrigo Arias ya anunció su interés en presidir, además de promover proyectos de cooperación público-privado mediante el cual avanzar en las privatizaciones.
Pero es evidente –dice el documento del Oakland Institute– que estos “logros” se alcanzaron a expensas de los trabajadores indonesios, de las comunidades indígenas y del ambiente. Un crecimiento destructivo mediante la atracción de inversión extranjera, que descuidó los derechos de los indígenas a la tierra.
En un documento sobre el marco de la cooperación con el país entre 2016 al 2020, el Banco reafirma su papel orientador en la política económica de Indonesia. La transferencia acelerada de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos a manos de empresas que buscan los beneficios corporativos “provocó el masivo desplazamiento de pequeños propietarios y de pueblos indígenas”. En muchos casos eso no se pudo hacer sin el uso de violencia extrema (nuevamente, las fotos que lo exhiben son estremecedoras). Solo en 2011 se registraron más de 600 conflictos por la tierra en Indonesia, con 22 muertos y centenares de heridos. Este proceso fue acelerado por el programa de reforma agraria aprobado en julio del 2018 y financiado por el Banco que, desconociendo el papel de las comunidades indígenas, sistemáticamente minó sus derechos en favor de las corporaciones.
Palma aceitera
Gracias a ese proceso, Indonesia se convirtió en el principal productor de palma aceitera del mundo. Las 6,9 millones de toneladas de aceite de palma que producía en 2000 se convirtieron en 32 millones en 2016. Más de 50% de los recursos dedicados por el Banco para la producción de palma se destinaron a Indonesia. “Solo entre 1995 y 2015 (Chaves asumió la dirección de la oficina en Indonesia en 2013), un promedio de 117 mil hectáreas anuales de bosques –un área mayor que Hong Kong– fue devastada todos los años para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el total del área de las plantaciones de palma aceitera en el país eran de cerca de 14 millones de hectáreas, en 2017. Un área mayor que la de Grecia.
“Las inversiones privadas en palma aceitera son presentadas por las compañías y los funcionarios gubernamentales como una forma de crear empleo y construir carreteras, escuelas y casas. Pero la expansión de grandes plantaciones también amenaza la supervivencia de cerca de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos del bosque para su sustento”. Los responsables de las plantaciones destruyen pequeñas aldeas, campos de arroz, cementerios ubicados en los bordes de sus concesiones, mientras contratan a obreros en zonas lejanas, sin contacto con la población local, para el trabajo en las plantaciones.
Minas
Pero no se trata solo de la palma aceitera. El Banco desempeña también un papel clave en el apoyo de actividades mineras en Indonesia, principalmente mediante operaciones de su International Finance Corporation (IFC) y la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Una actividad que, según el Banco, puede tener un impacto en la reducción de la pobreza.
Las enormes reservas de oro y de cobre son operadas por subsidiarias del gigante minero norteamericano Freeport McMoRan Inc, según el documento del Oakland Institute. Explotaciones que descargan diariamente 200 mil toneladas de productos contaminantes en los ríos. El resultado es que lejos de beneficiar a la población local, lo que fue alguna vez una fuente de alimentos para ellos se transformó en una tierra devastada por la minería. Como ocurre en todas partes y que también en Costa Rica ha provocado un intenso debate.
Turismo
En 2018, cuando preparaban su reunión anual en Bali, el Banco aprobó 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura y el servicio y atraer inversión privada en el sector del turismo.
Pero construir nuevos aeropuertos y expandir el turismo de lujo para compartir la prosperidad con las comunidades locales es otra “falsa promesa”, dice el documento que hemos venido analizando.
Las políticas gubernamentales incluían una amnistía impositiva y eliminación de restricciones para nuevos proyectos de inversionistas extranjeros, incluyendo la expansión de la red nacional de carreteras, mil km de carreteras concesionadas; 3.258 km de nuevas líneas férreas; 15 nuevos aeropuertos (mejorías en otros 10) y 24 puertos marítimos (Indonesia es un archipiélago con más de diez mil islas, de las cuales 922 están habitadas).
La costa fue entregada a inversionistas extranjeros. El Banco apoyó los megaproyectos de desarrollo turístico, provocando nuevos problemas. La construcción de la autopista Batang-Semarang, en Java central, por ejemplo, provocó el apoderamiento de tierras de la población local y el desplazamiento de la comunidad de nueve ciudades, en abril del 2018. Vía Campesina, una organización local, denunció que el ambicioso proyecto de infraestructura del presidente Widodo “había traído miseria para miles de familias campesinas”.
El documento concluye afirmando que la asesoría del Banco para favorecer la inversión extranjera en infraestructura y turismo se basa en la explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia. Pero “el fanatismo de la atracción de inversionistas para la nueva frontera de desarrollo pasa por alto los severos impactos en los medios de vida de los habitantes locales y del ambiente”.
El escenario político
Este es precisamente el debate, en vísperas de que Chaves asuma ahora, no la jefatura de una oficina del BM, sino la presidencia de Costa Rica.
Es razonable pensar que traerá las mismas recetas al país. Si es así (y conociendo los resultados de su aplicación en Indonesia y en el mundo, donde los años del neoliberalismo han llevado las tensiones y las desigualdades a niveles nunca vistos), también es razonable que sectores importantes de la sociedad se opongan a su aplicación.
Chaves no ganó las elecciones con este proyecto de gobierno. Como sabemos, los programas presentados en las elecciones no solo pecan de vaguedades, sino que son, en gran medida, una formalidad para cumplir con los requisitos electorales.
Pero el futuro gobierno cuenta con amplio apoyo en la asamblea para este tipo de políticas. Con Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea tendría una palanca importante para avanzar sobre la institucionalidad y las empresas públicas que todavía resisten los intentos privatizadores. Una persistente y abusiva campaña sobre abusos del sector público (que deben ser corregidos) ha sido orientada a minar todo apoyo a esa institucionalidad , sin que sectores importantes de la población alcancen a ver el objetivo de esa campaña. Y que los sectores que la adversamos no hemos sido capaces de explicarlo claramente.
Este será el escenario de los próximos cuatro años y la debida discusión de esas políticas es indispensable para que podamos enfrentar los esfuerzos privatizadores que la alianza Arias-Chaves (a la que se sumarán otras fracciones) impulsará en los próximos cuatro años.
No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.
Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano, ingresar a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas, en los países en vías de desarrollo.
Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías, se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez más inequitativas de la región.
Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.
¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos. Figueres recibe en donación, de un magnate amigo, el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.
En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.
Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en primera instancia. Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.
De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.
Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.
Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.
Parece un cuento de nunca acabar, pero no lo es. Para un reconocido depredador ambiental del planeta, el BANCO MUNDIAL y su «brazo armado», la GWP (Global Water Partnership), el agua es el recurso natural más valioso.
Ninguno tiene más valor y como tal, quien tome control de él, gozará de un bien apetecido por las bolsas de valores. Por eso, en Costa Rica ese organismo ejecutó un gran engaño disimulado por una campaña muy bien financiada, con que convencieron a miles de personas que creyeron que, con su firma, estaban actuando en defensa del acceso al agua en cantidad y calidad suficientes cuál DERECHO HUMANO.
Sin embargo, gracias a diversas voces de alerta, eventualmente el proyecto de una nueva Ley de Aguas, fue derrotado y «medio enterrado». Pero amigos, tomen en cuenta que las intenciones de la GWP-BANCO MUNDIAL jamás serán las de rendirse, y sus «socios» ticos obviamente van a la cola. Con la celebración del DÍA MUNDIAL DEL AGUA es responsabilidad nuestra tener presente esta situación, si no deseamos más sorpresas indeseables.
Agua suficiente tenemos en Costa Rica pero solo la aprovechamos parcialmente no solo en generación de electricidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino también para la producción agropecuaria, industrial y, por supuesto lo más importante, para el abastecimiento de agua potable de todos los habitantes. Logro derivado sin duda alguna, de la visionaria Ley de Aguas emitida originalmente con el ejecútese del presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1942. Esa misma ley que, precisamente, tanto incomoda a la GWP-BANCO MUNDIAL.
Cierto que nuestras fuentes de agua son de incuestionable utilidad, pero es inconcebible que también se desaproveche como sucede con las aguas subterráneas del acuífero Barva que brotan en el Balneario de Ojo Agua. Agua que luego de caer por «la catarata» y fluir por las piscinas y el laguito artificial, corren por una quebrada sin nombre para finalmente terminar en el muy contaminado río Virilla. Agua que podría abastecer a cerca de 140 mil personas que hoy la necesitan, si las piscinas tuvieran un sistema de filtración y recirculación, como se tiene en otras piscinas recreativas, deportivas y turísticas. Tarea pendiente que demanda acción inmediata.
Pero lo que sucede en Ojo de Agua es despreciable, si lo comparamos con lo que sucede con las aguas de embalse (lago) del gran Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Aguas que luego de generar electricidad en tres muy eficientes plantas del ICE, corren hacia abajo hasta llegar al mar, casi sin aprovechamiento alguno.
Situación que nos atrevemos a calificar de IRRACIONAL pues con esos billones de litros de agua votados allá cerca de la desembocadura del río Tempisque, se podría abastecer a más de 70 ASADAS en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, e incluso Liberia.
Además, y de extraordinaria importancia para la producción agropecuaria, se podrían regar unas 16 mil hectáreas repartidas en cientos de fincas que hoy sufren de severas sequías. Al tiempo que la industria turística que representa la principal fuente de empleo y divisas extranjeras de Costa Rica, podría, en algunos casos, sustituir el uso de aguas subterráneas que tanto limitan su desarrollo, por fuentes de agua potable que, teniéndose a mano, son desaprovechadas.
Asimismo, es importante dejar bien claro, ante la incomprensible oposición de algunos que usurpan el histórico nombre de «Confraternidad Guanacasteca», que el proyecto «AGUA PARA GUANACASTE» se sustenta en un embalse en la cuenca del río Piedras, formado a partir del agua que proveniente del lago Arenal, hoy solo se aprovecha para generación hidroeléctrica. Embalse que inundaría 4,9% de la reserva natural Barbudal de casi 2.300 ha. Para compensar las 113 ha inundadas se adquirieron 500 ha de dos fincas colindantes.
Así, como en toda evaluación ambiental, se valoró el impacto y las medidas de compensación y mitigación, y por supuesto, los beneficios sociales, económicos y ambientales de cada proyecto, según el estudio elaborado por la prestigiosa Organización de Estudios Tropicales (OET), donde participan universidades estatales y estadounidenses con programas en biología tropical; así como profesionales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el ICE.
En fin, que este resumido comentario nos ayude a valorar aún más la riqueza hídrica que nos pertenece, como bien demanial, a todos los costarricenses, para estar siempre prestos a procurar su más eficiente uso y salir en su defensa cuantas veces sea necesario.
Para el Pueblo no hay opción electoral el 3 de abril próximo. Ambos candidatos son defensores a ultranza del Sistema Capitalista Neoliberal que es Homicida -mata a conveniencia a la Humanidad-, de igual manera destruye a la Naturaleza por lo que es Ecocida, es Patriarcal pues, en su soberbia el varón dinero, imperio presidente, padrote se creen dueños de vida y hacienda, por lo que además, es Plutocrático -gobiernan los ricos- y Cleptocrático ya que gobiernan los grandes ladrones que, impunemente, le roban las riquezas al Pueblo trabajador que las produce. Figueres es ingeniero industrial, estudios que realizó al ingresar como cadete a la Academia Militar de West Point en USA y, Chaves es doctor en economía formado en la Universidad estatal de Ohio, con beca en Harvard y, contrato inmediato por el Banco Mundial donde estuvo 27 años, hasta que lo echaron por acoso sexual (Wikipedia). Todas estas entidades forman y contratan a los servidores más fieles del nefasto Sistema Capitalista al que reseñamos arriba. De manera tal que si, como Pueblo que somos, votamos por cualquiera de ellos, simplemente estamos afilando el cuchillo para nuestro pescuezo y/o, poniéndonos la soga al cuello y pateando el taburete en el que nos apoyamos. Si alguien quiere hacerlo R. I. P. ¿Qué hacer? ¿Todo está perdido? Todo lo contrario, ahora es la hora de la redención acá en la Tierra de nosotros como Pueblo honesto, solidario, laborioso amante de la Humanidad y de nuestra madre Naturaleza. Dejemos a Figueres con el 10% de la población y a Chaves con el 8.7 que, como dice el compañero Iván Molina Jiménez, «están muy alegres con eso» y, dediquémonos como Pueblo, reiteramos, a despertar, informarnos -estudiar-, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y, como corresponde en auténtica Democracia, que es el «… gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» (Abraham Lincoln), tomemos las riendas del país que históricamente hemos construido como Pueblo, mantenido y desarrollado y que, con patrañas y crímenes de todo tipo, nos ha robado desde hace más de doscientos años, la Plutocracia ladrona que hoy sufrimos. Tendremos que liberarlo, sanearlo, reconstruirlo, en fin, parirlo como la Patria que queremos donde reinen la Justicia plena económica, política, social, cultural y ecológica, mediante la cual se le garantice a todos los seres humanos su auténtico bienestar integral. Todo parto es doloroso y, tanto Figueres como Chaves artificialmente separados hoy pero férreamente unidos a partir del 3 de abril próximo, junto a sus secuaces «consientes» o incautos, nos echarán encima sus aparatos ideológicos -prensa, radio, TV, religión fanática, etc. etc. -, nos recetarán gases, leño, cárcel, y más pero, como evidentemente somos más y más fuertes, triunfaremos como lo han hecho el Pueblo chileno, el boliviano, el hondureño y lo están laborando el brasileño y el colombiano. Tengamos siempre presente que la utopía se alcanza mañana y lo imposible pasado mañana. Somos el futuro y la vida plena, la minoría encabezada por Figueres y Chaves, el pasado y el exterminio total.
Desde diferentes colectivas feministas denunciamos el abordaje que se le ha dado a la candidatura de Rodrigo Chaves Robles por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en donde se ha encubierto de manera solapada las diferentes denuncias por acoso sexual presentadas en su contra, mientras trabajó para el Banco Mundial (organismo internacional).
A lo largo de su campaña electoral Chaves se dejó decir que dichas denuncias eran falsas, sin embargo, en el debate del día viernes 04 de febrero transmitido por Teletica canal 7, el candidato dijo:
“Don José María (Villalta) habla de invitarlas a hacer una orgía con seis especies de animales diferentes; eso fue un chiste y a ellas les molestó, así como le molestó a una que yo dijera ‘amor de lejos, felices los cuatro’, porque ella consideró que, al tener ella un novio en Europa, yo estaba insinuando algo”.
Le recordamos a Rodrigo Chaves y al equipo que lo respalda, que realizar insinuaciones de carácter sexual, es acoso. Asimismo, le recordamos que el Banco Mundial sí sancionó su accionar, después de abrir un procedimiento administrativo por acoso sexual y ambiente laboral hostil en su contra, el cual terminaría en una degradación de su puesto, imposibilidad de ascenso y congelamiento de salario; dictamen por el que usted renunció y luego sería recibido en el país como ministro de Hacienda en el 2019.
En el debate de Canal 7 Chaves señaló que tres instancias judiciales determinaron que sus conductas no fueron acoso sexual, insistiendo en que las dos colegas denunciantes habían dicho que las situaciones fueron “comportamientos de carácter subjetivo”. Además, Chaves agregó: “Lamento muchísimo lo que pasó; me hubiera encantado que alguna de ellas se hubiera quejado”, sin embargo, en la Decisión 649 del Banco Mundial, en el punto 223 referente a las conductas de Chaves se señala claramente que: “Las denunciantes demostraron un inmenso coraje al presentarse a denunciar la conducta de un miembro del personal que se encontraba en una posición de poder sobre sus carreras”.
A su vez le recordamos a Chaves y a su partido que las acusaciones por acoso sexual, especialmente cuando este se encuentra mediado por puestos de poder, son un proceso complejo de llevar a cabo para las personas denunciantes, especialmente cuando dichos comportamientos suceden de manera repetida.
Finalmente, repudiamos la violencia política con la que se ha encarado a la candidata a la presidencia Lineth Saborío Chaverri (PUSC), en los dos debates desarrollados el día jueves 03 de febrero y viernes 04 de febrero en televisora nacional, de parte de los candidatos José María Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), en donde además de hacer muecas en las intervenciones de Saborío, Chaves a la hora de responderle a su pregunta sobre las acusaciones de acoso sexual, mencionó que Lineth “debería tener la ´capacidad intelectual´ para leer las respuestas a resoluciones judiciales”, comentario que además de fuera lugar, permite visualizar la misoginia internalizada del candidato Rodrigo Chaves.
Adjuntamos el documento oficial del Banco Mundial.
Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.
Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.
Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).
Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.
Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.
NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.
Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.
Luis Paulino Vargas Solís Economista, director a.i. CICDE-UNED Grupo Economía Pluralista
Uno de los argumentos favoritos para justificar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es aquel que insiste que ello nos dará una “carta de presentación” o, mejor aún, un “certificado de buena conducta”, ante los mercados financieros internacionales. Y entonces, nos dicen, al mejorar la imagen de Costa Rica, lograremos mayor acceso a financiamiento internacional en condiciones más favorables. Lo cual, a su vez, pondría en marcha una espiral virtuosa de baja en las tasas de interés, reanimación de la inversión empresarial, creación de empleos y, a fin de cuentas, bonanza económica.
Esto que digo no es ni quiere ser una caricatura. Es, casi textual, lo que repiten los economistas de la corriente dominante, cuyos rostros en la televisión se han vuelto tan familiares como los de los futbolistas más famosos. Y, sin embargo, la suya es la oferta propia de una casta de brujos y hechiceros: superstición y pensamiento mágico. Pende de supuestos épicos, extremadamente audaces, pero, además, no hay evidencia histórica que respalde tales desvaríos.
El caso de la crisis de la deuda pública europea
El problema estalló a finales de 2009, cuando se dio a conocer que, contando con la complicidad de Goldman Sachs, poderoso banco de inversiones neoyorkino, el gobierno griego había “maquillado” los datos. Falsamente se había informado que el déficit fiscal era del 3,7% del PIB, cuando la cifra real alcanzaba el 12,7% (meses después el dato se revisó al alza, por encima del 13%). Se desató así la crisis de la deuda europea, conforme los juegos especulativos en los mercados financieros extendían el “contagio” hacia las deudas de Italia, España, Irlanda y Portugal, o sea, los países de la así llamada “periferia de la zona euro”. Ello provocó que las tasas de interés sobre sus emisiones de deuda se elevaron peligrosamente.
Empezó entonces una sucesión de “programas de rescate” para estos países. En el caso de Grecia, el primer programa, por €110 mil millones, se aprobó en mayo de 2010. A poco quedó en evidencia el fracaso de esta iniciativa, lo que obligó a un segundo programa de rescate, aprobado en julio de 2011 por €130 mil millones. Programas similares fueron aplicados para los otros países involucrados en la crisis de la deuda. En todos los casos, sin excepción, estuvo presente el FMI, como parte de la llamada “troika”, junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).
¿Se logró así restablecer la “confianza” de los mercados financieros y la de esos entes fantasmagóricos llamados “los inversores”? ¿Se logró estabilizar la situación y reducir las tasas de interés, de forma que Grecia y los otros países afectados tuviesen acceso a financiamiento en condiciones favorables? Rotundamente NO.
Los acontecimientos a lo largo de 2011 y hasta bien entrado 2012 resultan muy ilustrativos. Mientras las tasas de interés de la deuda alemana de largo plazo se movían por debajo del 2%, la de Grecia por momentos alcanzaba la cota surrealista del 27-28%. La de Portugal llegó a rozar el 14%, la de Irlanda el 12%, y las de Italia y España rondaban el 7%.[1] Y, por favor, tangamos presente que en esos mismos momentos estaban en vigencia los célebres “programas de rescate”. Estos, conviene enfatizar, materializaban al detalle los énfasis de política económica característicos del FMI, es decir, su marcado sesgo hacia la austeridad fiscal, el recorte y la restricción, sumadas a las infaltables privatizaciones. Tal sería la vía “correcta”, de hecho, la única posible, para sanar los desequilibrios fiscales. Y, sin embargo, la realidad proclamaba ruidosamente otra cosa.
Y, a fin de cuentas, ¿cómo se logró estabilizar la situación e impedir que la eurozona colapsara? No fue gracias a estos programas austeritarios. Un momento, en particular, resultó decisivo para modificar el curso de los acontecimientos, cuando Mario Dragi, presidente del BCE, estando en Londres, lanzó el 26 de julio de 2012, su famosa frase: “el BCE está listo para hacer lo que sea necesario. Créanme que será suficiente”[2]. Ello marcó un punto de quiebre decisivo en el enfoque de la crisis por parte del BCE. Engavetada la ortodoxia, en adelante el BCE siguió la ruta que, desde finales de 2008, transitaba la Reserva Federal de Estados Unidos, la llamada política de facilitación cuantitativa (o “quantitative easing” según su designación original en inglés), lo cual incluye la adquisición masiva de bonos de deuda pública, con el expreso objetivo de reducir significativamente sus tasas de interés.
Posteriormente a esto las primas sobre la deuda de los países de la periferia europea, o sea, el margen sobre las tasas de interés de la deuda alemana, bajaron y se estabilizaron, lo que, a fin de cuentas, impidió que la eurozona implosionara.
O sea, y en breve, el patrocinio del FMI fue por completo incapaz de propiciar que se recuperara “la confianza de los mercados financieros”. No ocurrió tal cosa, y quizá la razón principal de ello es que los paquetes de rescate, lejos de “rescatar” las economías (a lo más “rescataban” a los bancos), más bien provocaron recesión, desempleo al alza e hirviente malestar social. Todo lo cual hacía mucho más difícil recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. De hecho, se fracasó dramáticamente justo en aquello que se suponía ser el objetivo prioritario: controlar y reducir la deuda pública. En el caso de Grecia, por ejemplo, siendo que la deuda representaba un 127% del PIB en 2009 -o sea, el año en que se gatilla la crisis de la deuda- a las alturas de 2019, se ubicaba en 165%. Es significativo el título que Stiglitz quiso poner al capítulo 7 de su libro sobre el euro: “Políticas de crisis: cómo contribuyeron las políticas de la troika a empeorar la estructura de la eurozona y a garantizar la depresión” (Stiglitz 2017).
Recordemos que en 2008-2009, el impacto de la crisis financiera y la Gran Recesión originadas en Estados Unidos, provocó una severa recesión también en Europa, incluyendo estos países de la llamada periferia. A las alturas de 2010, y con excepción de Grecia, las economías de los otros cuatro países involucrados en el problema, ya habían logrado reemerger a territorio positivo. Las políticas de austeridad impuestas a través de los “programas de rescate”, produjeron una segunda recesión, incluso más prolongada que la primera, ya que se extendió hasta 2013 (2015 en el caso griego), y cuyos efectos en el desempleo fueron incluso mucho más severos de los que se habían sufrido con motivo de la recesión de 2008-2009.
En síntesis: los programas de austeridad fiscal, liderados por el FMI como parte de la “troika europea”, fueron, desde cualquier ángulo que se les mire, un completo fracaso.
La crisis de 1997 en el sudeste asiático aporta material adicional para la reflexión
Es un tema que el célebre Joseph Stiglitz analiza en su libro “El malestar en la globalización” (Stiglitz 2002). El problema inició con la devaluación de la moneda de Tailandia (el bath) hacia julio-agosto de 1997, y rápidamente se extendió a Corea del Sur, Malasia e Indonesia, con repercusiones que se hicieron sentir posteriormente en Rusia y Brasil.[3] Las políticas de liberalización financiera que el FMI había promovido, crearon las condiciones propicias que dieron lugar a la crisis. Una vez que ésta se precipitó, las recetas fondomonetaristas de austeridad fiscal y privatización dificultaron su superación.
Malasia optó por rechazar la participación del FMI, y decidió seguir su propio camino y generar sus propias respuestas. Desestimó así las advertencias catastrofistas que se le formularon, las cuales le auguraban el castigo de “los inversores” y, desde luego, un desastre seguro (¿verdad que suena familiar?). Y, sin embargo, fue el país que logró la más rápida y sólida recuperación, aunque no fue el único “alumno mal portado”. Tampoco Corea siguió al pie de la letra las recetas que la ortodoxia prescribe.
La herejía de Malasia reiteró una blasfemia que también le dio buenos resultados a la India y China, y les mantuvo al resguardo de la tormenta: la imposición de diversas formas de control sobre los movimientos de capital, diseñadas con sentido pragmático y flexible.
En breve:no aplicar las políticas austeritarias, de privatización y desregulación que prescribe el FMI, puede resultar lo más sensato y correcto.
Y la década pérdida de América Latina…
Podríamos todavía extendernos ampliamente acerca de lo que significaron los programas de austeridad fiscal y “ajuste estructural”, que el FMI, en colusión con el Banco Mundial, aplicaron durante el decenio de los ochenta del pasado siglo en América Latina, como respuesta a la crisis de la deuda externa que tan duramente golpeó a nuestro continente a inicios de ese decenio. Correspondió eso a un paquete de política que a finales de los ochenta recibió la designación de “Consenso de Washington”. Este término fue propuesto por John Williamson (Williamson Septiembre 2003), y posteriormente devino de uso generalizado.
El abordaje que se hizo de la crisis, con base en esa propuesta de políticas, devino devastador para las economías, las sociedades y, en especial, los pueblos latinoamericanos, y sus perniciosos efectos se hicieron sentir durante todo ese decenio e, inclusive, entrados los años noventa[4]. Ello ameritaría una discusión mucho más amplia que, a fin de no alargar en exceso este artículo, dejaré para un momento posterior.
A modo de conclusión, quiero enfatizar que la experiencia latinoamericana de los años ochenta, ofrece conclusiones que coinciden con las que es posible extraer de la crisis de la deuda europea en el período reciente. En particular las dos siguientes:
Las políticas de austeridad fiscal, recorte y restricción que el FMI promueve, provocan recesión y desempleo, y conllevan elevados costos sociales y humanos, con repercusiones negativas que, potencialmente, se prologan por decenios. Tristemente es el camino que, con notoria terquedad ideológica, está siendo elegido por las élites políticas de Costa Rica (tanto el gobierno de Carlos Alvarado como asimismo la Asamblea Legislativa, con pocas excepciones).
El objetivo prioritario de estas políticas es devolverles sostenibilidad a las finanzas públicas, pero, sobre todo, poner la deuda pública bajo control. En ese sentido, su fracaso es total: no lo lograron en América Latina en los ochenta. No lo han logrado en Europa en el período reciente. Tampoco lo lograrán en Costa Rica.
Retomaré este asunto en artículos posteriores.
BIBLIOGRAFÍA CITADA
Alonso, Nuria, y David Trillo. 2015. «Riesgo soberano en la eurozona ¿una cuestión técnica?» Papeles de Europa Vol. 28 núm. 1 1-26.
Becker, Victor A. 27 septiembre 2013. «The experience of three crises: the Argentine default, American subprime meltdown and European debt mess.» Real-World Economic Review 64 65-115.
González Sarro, Iván. 2013. Impactos de la década perdida en América Latina ¿Una lección para los países periféricos de la Unión Europea? Reexaminando el modelo neoliberal. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Alcalá.
Kokkinakis, Yiannis. marzo 2018. «From Bologna to Athens: the political economy of reforms in Europe.» Real-World Economic Review 147-162.
Palley, Thomas. Septiembre 2017. «Fixing the euro’s original sins: the monetary –fiscal architecture and monetary policy conduct.» Real-World Economics Review 81 15-26.
Soros, George. 1999. La crisis del capitalismo global. México: Plaza & Janes.
Stiglitz, Joseph. 2017. El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Barcelona: Penguin Random House.
—. 2002. El malestar en la globalización. Buenos Aires: Aguilar Ediciones.
Ugarteche, Oscar. julio-septiembre 2016. «Lecciones de la crisis del euro para la cooperación financiera regional.» Problemas del desarrollo 186 (47) 31-57.
Vilariño Sanz, Ángel, Nuria Alonso Gallo, y David Trillo del Pozo. 2011. «La falacia del spread de la deuda soberana como indicador de la solvencia del Estado.» XIII Reunión de la Economía Mundial.
Williamson, John. Septiembre 2003. «No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencia sobre los pasos a dar.» Finanzas y Desarrollo 10-13.
Wishart, Ian. 2012. «ECB ‘will do whatever it takes’ to save the euro.» PolíticoPro, 26 de Julio.
[1] Algunos trabajos interesantes sobre la crisis europea de la deuda son los siguientes: (Alonso y Trillo 2015); (Vilariño Sanz, Alonso Gallo y Trillo del Pozo 2011); (Ugarteche julio-septiembre 2016); (Becker 27 septiembre 2013); (Kokkinakis marzo 2018); (Palley Septiembre 2017)
[2] Wishart lo cita en estos términos: “Draghi, the ECB’s president, who was speaking in London today (26 July), said he was “ready to do whatever it takes” to save the euro, adding: “Believe me, it will be enough.” (Wishart 2012)
[3] En (Soros 1999) se ofrece una crónica interesante de los acontecimientos, y un análisis muy sugerente.
[4] En (González Sarro 2013) se aporta una síntesis muy ilustrativa sobre las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del Consenso de Washington en América Latina.
Circunstancias de la vida nos han cruzado en el camino de los costarricenses que, desde hace una década, han venido propiciando las recetas sobre la administración del agua dictadas desde el Banco Mundial. Empezaron, nada menos, por cuidar que el acceso al agua no fuere considerado como un Derecho Humano, en “el texto mejorado” de una nueva Ley de Aguas impulsado por ellos y el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Luego siguieron con una trama central en la que su cuento tenía como argumento, que el manejo del agua se concentrara en ese mismo Ministerio de Ambiente, sin importarles que es un órgano político muy propenso a tomar decisiones determinadas por intereses particulares y no comunitarios. Así, empezaron a hablar engañosamente de «gestión integrada» del agua, mientras impulsaban una legislación que más bien busca una gestión monstruosa, acaparadora, centralizada, antidemocrática e irracional, en el Ministerio de Ambiente, buena para la satisfacción de entes como la GWP-Banco Mundial («Global Water Partnership») pero mala para un Estado que se espera busque el bienestar general.
Como parte del proceso silencioso, poco a poco, gracias al poder del dólar pero «como quien no quiere la cosa», desde el extranjero fluyeron invitaciones a gigantescos «foros mundiales del agua», donde los inconscientes e inconsecuentes turistas costarricenses, se maravillaban de las bellezas de Marsella, Estambul, Seúl, Brasilia, etcétera, y aplaudían hasta el paroxismo, junto a los otros 30 mil «participantes», las proclamas de los representantes de las grandes corporaciones transnacionales del agua vista como cosa comercial. Aplausos que eran verdaderas monedas de pago por los paseos y los contratos diseñados para «incidir» (¡así le dicen ahora!) en los cambios en la legislación nacional con los cuales se abriera nuevos cursos al agua que ha de verse como un «bien económico» y no como un «bien social». “No money, no water”, es su lema.
Ello sucedía más o menos silenciosamente, mientras la GWP-Banco Mundial reclutaba «sargentos» en instituciones nacionales, públicas y privadas, que podrían servirle para el cumplimiento de sus disimuladas intenciones. Sin que faltara, ¡cómo no!, la muy onerosa tarea de redactar propuestas de textos legales, que sirvieran para dar los saltos que les permitieran cumplir sus tareas.
Eso sí, sabían que antes, ¡y esto es de especial trascendencia!, había que quitar del camino los obstáculos que más les incomodaban, como lo es la visionaria Ley de Aguas que nos heredara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ley emitida en 1942 que desde entonces declara al agua como «un bien de dominio público», y que como tal no puede pasar a ser propiedad privada ni ser transada en bolsas de valores. Ley con la cual el señor expresidente hizo viable el sueño de darle agua potable a sus compatriotas, para con ello sustentar los servicios urgentes de salud que requería una población que, por las enfermedades y poco desarrollo sanitario, tenía una expectativa de vida menor a 50 años. Ley que con el paso de los años, no solo ha sido obviamente adaptada a nuevas necesidades, sino que pudo mantener su vigencia como instrumento legal de gran valor.
Pues resulta que esos «sargentos» que acostumbran moverse tras bambalinas, se han especializado a apuntar sus ballestas hacia la Ley de Aguas, con la intención expresa de destruirla porque… «es muy vieja». Tan vieja, agregamos, como el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, y otras, que no por «viejas» han de ser desechadas, como se pretende con la Ley de Aguas.
En su ataque incansable como batallón apertrechado con recursos externos, se les ocurrió otra estrategia que, según sus mentes, podría hacer posible el cumplimiento de sus compromisos de una manera expedita: usar la Ley de Iniciativa Popular, diseñada para que el pueblo pudiera legislar desde su estatus de soberano.
Y lograron así introducir en la corriente legislativa, un texto para una nueva Ley de Aguas, que el Tribunal Supremo de Elecciones había tramitado tan, pero tan mal, que las cerca de 150.000 firmas que lo acompañaron, fueron recogidas inocentemente, sin que existiera siquiera un texto que sustentara su trámite, como manda la citada ley. Los ciudadanos firmaron por un proyecto de ley… que no existía. Pero, en fin, más allá de ese desastre, el texto eventualmente agregado a las firmas, que no podía ser modificado por los diputados según su «derecho de enmienda», fue alterado sustancialmente en negociaciones con cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, en sesiones de comisión legislativa. De hecho, el ministro de la Presidencia de doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides, prácticamente se convirtió en el «coordinador» de ese ilegal proceso, que culminó con la aprobación del proyecto en Primer Debate en la sesión del lunes 31 de marzo del 2014, sin que fuere conocido por el Plenario legislativo, porque, se alegó, ya estaba vencido el plazo de dos años para su votación que rige para las iniciativas de ese carácter, y no había tiempo que perder…
¡Hubo júbilo inmediato! Al día siguiente, miembros nacionales de la GWP se presentaron en diversos medios de comunicación como parte de su celebración. Entre ellos doña Maureen Ballestero y doña Yamilette Astorga, y por supuesto algún que otro peón del ajedrez que habían estructurado. Eso sí, sin pensar ni un instante en lo que sucedería pocos meses después con su amañado proyecto mal llamado “de iniciativa popular”.
Como parte de esas cosas raras que suceden a veces en la Asamblea Legislativa, los diputados más interesados en su aprobación, propiciaron confiadamente una consulta a la Sala IV, que, al ser atendida, pensaron, les permitiría aprobar el proyecto en Segundo Debate en forma expedita. Sin embargo, en su atropellado trámite se equivocaron y los señores magistrados señalaron roces constitucionales que había que corregir. Tarea incumplida que por un momento detuvo su trámite.
Después vino otro proyecto, promovido principalmente por el diputado Antonio Álvarez Desanti, que al no ser por la vía de la “iniciativa popular”, permitía negociar más libremente con grupos de interés, por lo que les permitió presentar un supuesto texto consensuado para su aprobación. Sin prestarle la debida atención a los múltiples defectos que encerraba su contenido (parecía una mala fotocopia del anterior) se negoció entre fracciones políticas su aprobación y así sucedió.
Sin embargo, este segundo proyecto pasó a ser memorable por la torpeza cometida en su trámite. Fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre del 2017 cual si se tratara del tramitado por la vía de la iniciativa popular, por lo que se presentó con su mismo número de expediente Nº 17.742 como “texto sustitutivo”, por una moción aprobada un par de días antes avalada con entusiasmo por el presidente legislativo el diputado Gonzalo Ramírez, quien pareció no percatarse del grave error que se estaba cometiendo con un proyecto tramitado por la vía de la iniciativa popular.
Y como era de esperarse, al resolver una consulta ante la Sala Constitucional, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron por improcedente ese “mágico procedimiento”, pues era ni más ni menos, que una de las más vergonzosas chambonadas legislativas en muchos años. Los genios promotores, convencieron a los señores diputados de que al proyecto votado en abril del 2014 (el de “iniciativa popular”) le podrían trasplantar un nuevo texto “ya consensuado” para así cumplir aparentemente con las objeciones que emitieran los señores magistrados de la Sala IV ante la consulta que entonces se les hiciera. O sea, al proyecto ingresado con las 150 mil inocentes firmas, por arte de magia infantil, le trasplantaron el texto aprobado en comisión legislativa y Plenario Legislativo, por otro completamente diferente, absolutamente inconexo con el que se acompañó con 150 mil firmas.
Se frotaron las manos, y ajenos a las objeciones que, por supuesto se les comunicaron, dijeron “¡pa eso tenemos la mayoría!” y le dieron una alta votación esa noche del Día de los Santos Difuntos. Eventualmente sería archivado sin llegar a ser conocido en segundo debate.
Y llegamos al presente gobierno para conocer que nuevamente, el texto del trasplante, volvía a la vida, pero con su número de expediente original. Proyecto que caminó dando tumbos, y maltrecho por los golpes, gracias a la insistencia de la diputada Paola Vega y el apoyo medio disimulado de su colega Carlos Ricardo Benavides y otros diputados que confesaron no conocer el proyecto que se aprestaban a votar favorablemente. De hecho, después de un trámite de casi dos años en que la Comisión de Ambiente presidida por la diputada Vega Rodríguez, rechazó propuestas de audiencia necesarias para conocer detalles del proyecto que ella movía aceleradamente y por mal camino, llegamos a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, iniciadas en diciembre del año 2020, donde había sido ubicado por el Poder Ejecutivo en el primer lugar de la agenda. Ya, aparentemente, estaba servida la mesa para aprobarlo sin más dilación, nuevamente.
Pero sucedió algo insólito, consecuencia de la incompetencia que a veces contagia a legisladores cual virus epidémico. Mientras los que desde el colectivo «Agua es vida, no mercancía» cruzábamos los dedos muy discretamente desde semanas antes, para que llegara el día 15 de diciembre sin que se hubiere aprobado el expediente N°20.212, los diputados se mostraban indiferentes a la fecha, pues ni doña Paola Vega se había percatado que, de alcanzarse el plazo fatal de cuatro años que se cumplía al iniciar ese día, el «prioritario proyecto de nueva Ley de Aguas», el proyecto de su vida parlamentaria, ¡habría de archivarse! Hubo lamentos, insultos, recriminaciones, por «la metida de patas”, mientras los compañeros del colectivo “Agua es vida, no mercancía” iniciábamos nuestra celebración al ponerse el sol el día 14 de diciembre, pues sí teníamos certeza del error grave que estaban cometiendo.
Y es que había que celebrar, y mucho, pues, por ahora, el agua potable de los costarricenses sigue siendo gobernada por el Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillado (AyA) como un bien demanial, como bien social, ajeno a modelos de administración privada en el campo agropecuario, respetuoso de planes de uso de generación hidroeléctrica llevados adelante por el ICE, sin impunidad para los responsables de miles de pozos ilegales, sin que se erosionen las funciones del ente técnico responsable de la conservación de las aguas subterráneas (Senara) y sin que se le arrebaten torpemente al Ministerio de Salud sus funciones relacionadas con plantas de tratamiento de aguas servidas y control de vertidos, entre otros. ¡Claro que lo celebramos brindando, eso sí, con un vaso de agua! porque se trata del recurso natural más valioso de Costa Rica! ¡Por eso a usted también le invitamos a brindar!
Pero amigos, a dormir como los delfines, con la mitad de su cerebro alerta, pues anda por ahí otra fotocopia desmejorada del proyecto de nueva Ley de Aguas (expediente N°20.386) que podría saltar como la liebre y que se dice está empeñada en promover la diputada Paola Vega. Proyecto presentado en la legislatura pasada por Otto Guevara, Ottón Solís, Fabricio Alvarado, Víctor Morales Zapata, Mario Redondo, Epsy Campbell, y otros. Peor que los anteriores, pero uno más de las conspiraciones contra la Ley de Aguas.
