Freddy Pacheco León *
Circunstancias de la vida nos han cruzado en el camino de los costarricenses que, desde hace una década, han venido propiciando las recetas sobre la administración del agua dictadas desde el Banco Mundial. Empezaron, nada menos, por cuidar que el acceso al agua no fuere considerado como un Derecho Humano, en “el texto mejorado” de una nueva Ley de Aguas impulsado por ellos y el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Luego siguieron con una trama central en la que su cuento tenía como argumento, que el manejo del agua se concentrara en ese mismo Ministerio de Ambiente, sin importarles que es un órgano político muy propenso a tomar decisiones determinadas por intereses particulares y no comunitarios. Así, empezaron a hablar engañosamente de «gestión integrada» del agua, mientras impulsaban una legislación que más bien busca una gestión monstruosa, acaparadora, centralizada, antidemocrática e irracional, en el Ministerio de Ambiente, buena para la satisfacción de entes como la GWP-Banco Mundial («Global Water Partnership») pero mala para un Estado que se espera busque el bienestar general.
Como parte del proceso silencioso, poco a poco, gracias al poder del dólar pero «como quien no quiere la cosa», desde el extranjero fluyeron invitaciones a gigantescos «foros mundiales del agua», donde los inconscientes e inconsecuentes turistas costarricenses, se maravillaban de las bellezas de Marsella, Estambul, Seúl, Brasilia, etcétera, y aplaudían hasta el paroxismo, junto a los otros 30 mil «participantes», las proclamas de los representantes de las grandes corporaciones transnacionales del agua vista como cosa comercial. Aplausos que eran verdaderas monedas de pago por los paseos y los contratos diseñados para «incidir» (¡así le dicen ahora!) en los cambios en la legislación nacional con los cuales se abriera nuevos cursos al agua que ha de verse como un «bien económico» y no como un «bien social». “No money, no water”, es su lema.
Ello sucedía más o menos silenciosamente, mientras la GWP-Banco Mundial reclutaba «sargentos» en instituciones nacionales, públicas y privadas, que podrían servirle para el cumplimiento de sus disimuladas intenciones. Sin que faltara, ¡cómo no!, la muy onerosa tarea de redactar propuestas de textos legales, que sirvieran para dar los saltos que les permitieran cumplir sus tareas.
Eso sí, sabían que antes, ¡y esto es de especial trascendencia!, había que quitar del camino los obstáculos que más les incomodaban, como lo es la visionaria Ley de Aguas que nos heredara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ley emitida en 1942 que desde entonces declara al agua como «un bien de dominio público», y que como tal no puede pasar a ser propiedad privada ni ser transada en bolsas de valores. Ley con la cual el señor expresidente hizo viable el sueño de darle agua potable a sus compatriotas, para con ello sustentar los servicios urgentes de salud que requería una población que, por las enfermedades y poco desarrollo sanitario, tenía una expectativa de vida menor a 50 años. Ley que con el paso de los años, no solo ha sido obviamente adaptada a nuevas necesidades, sino que pudo mantener su vigencia como instrumento legal de gran valor.
Pues resulta que esos «sargentos» que acostumbran moverse tras bambalinas, se han especializado a apuntar sus ballestas hacia la Ley de Aguas, con la intención expresa de destruirla porque… «es muy vieja». Tan vieja, agregamos, como el Código de Trabajo, las Garantías Sociales, la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, y otras, que no por «viejas» han de ser desechadas, como se pretende con la Ley de Aguas.
En su ataque incansable como batallón apertrechado con recursos externos, se les ocurrió otra estrategia que, según sus mentes, podría hacer posible el cumplimiento de sus compromisos de una manera expedita: usar la Ley de Iniciativa Popular, diseñada para que el pueblo pudiera legislar desde su estatus de soberano.
Y lograron así introducir en la corriente legislativa, un texto para una nueva Ley de Aguas, que el Tribunal Supremo de Elecciones había tramitado tan, pero tan mal, que las cerca de 150.000 firmas que lo acompañaron, fueron recogidas inocentemente, sin que existiera siquiera un texto que sustentara su trámite, como manda la citada ley. Los ciudadanos firmaron por un proyecto de ley… que no existía. Pero, en fin, más allá de ese desastre, el texto eventualmente agregado a las firmas, que no podía ser modificado por los diputados según su «derecho de enmienda», fue alterado sustancialmente en negociaciones con cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, en sesiones de comisión legislativa. De hecho, el ministro de la Presidencia de doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides, prácticamente se convirtió en el «coordinador» de ese ilegal proceso, que culminó con la aprobación del proyecto en Primer Debate en la sesión del lunes 31 de marzo del 2014, sin que fuere conocido por el Plenario legislativo, porque, se alegó, ya estaba vencido el plazo de dos años para su votación que rige para las iniciativas de ese carácter, y no había tiempo que perder…
¡Hubo júbilo inmediato! Al día siguiente, miembros nacionales de la GWP se presentaron en diversos medios de comunicación como parte de su celebración. Entre ellos doña Maureen Ballestero y doña Yamilette Astorga, y por supuesto algún que otro peón del ajedrez que habían estructurado. Eso sí, sin pensar ni un instante en lo que sucedería pocos meses después con su amañado proyecto mal llamado “de iniciativa popular”.
Como parte de esas cosas raras que suceden a veces en la Asamblea Legislativa, los diputados más interesados en su aprobación, propiciaron confiadamente una consulta a la Sala IV, que, al ser atendida, pensaron, les permitiría aprobar el proyecto en Segundo Debate en forma expedita. Sin embargo, en su atropellado trámite se equivocaron y los señores magistrados señalaron roces constitucionales que había que corregir. Tarea incumplida que por un momento detuvo su trámite.
Después vino otro proyecto, promovido principalmente por el diputado Antonio Álvarez Desanti, que al no ser por la vía de la “iniciativa popular”, permitía negociar más libremente con grupos de interés, por lo que les permitió presentar un supuesto texto consensuado para su aprobación. Sin prestarle la debida atención a los múltiples defectos que encerraba su contenido (parecía una mala fotocopia del anterior) se negoció entre fracciones políticas su aprobación y así sucedió.
Sin embargo, este segundo proyecto pasó a ser memorable por la torpeza cometida en su trámite. Fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre del 2017 cual si se tratara del tramitado por la vía de la iniciativa popular, por lo que se presentó con su mismo número de expediente Nº 17.742 como “texto sustitutivo”, por una moción aprobada un par de días antes avalada con entusiasmo por el presidente legislativo el diputado Gonzalo Ramírez, quien pareció no percatarse del grave error que se estaba cometiendo con un proyecto tramitado por la vía de la iniciativa popular.
Y como era de esperarse, al resolver una consulta ante la Sala Constitucional, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron por improcedente ese “mágico procedimiento”, pues era ni más ni menos, que una de las más vergonzosas chambonadas legislativas en muchos años. Los genios promotores, convencieron a los señores diputados de que al proyecto votado en abril del 2014 (el de “iniciativa popular”) le podrían trasplantar un nuevo texto “ya consensuado” para así cumplir aparentemente con las objeciones que emitieran los señores magistrados de la Sala IV ante la consulta que entonces se les hiciera. O sea, al proyecto ingresado con las 150 mil inocentes firmas, por arte de magia infantil, le trasplantaron el texto aprobado en comisión legislativa y Plenario Legislativo, por otro completamente diferente, absolutamente inconexo con el que se acompañó con 150 mil firmas.
Se frotaron las manos, y ajenos a las objeciones que, por supuesto se les comunicaron, dijeron “¡pa eso tenemos la mayoría!” y le dieron una alta votación esa noche del Día de los Santos Difuntos. Eventualmente sería archivado sin llegar a ser conocido en segundo debate.
Y llegamos al presente gobierno para conocer que nuevamente, el texto del trasplante, volvía a la vida, pero con su número de expediente original. Proyecto que caminó dando tumbos, y maltrecho por los golpes, gracias a la insistencia de la diputada Paola Vega y el apoyo medio disimulado de su colega Carlos Ricardo Benavides y otros diputados que confesaron no conocer el proyecto que se aprestaban a votar favorablemente. De hecho, después de un trámite de casi dos años en que la Comisión de Ambiente presidida por la diputada Vega Rodríguez, rechazó propuestas de audiencia necesarias para conocer detalles del proyecto que ella movía aceleradamente y por mal camino, llegamos a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, iniciadas en diciembre del año 2020, donde había sido ubicado por el Poder Ejecutivo en el primer lugar de la agenda. Ya, aparentemente, estaba servida la mesa para aprobarlo sin más dilación, nuevamente.
Pero sucedió algo insólito, consecuencia de la incompetencia que a veces contagia a legisladores cual virus epidémico. Mientras los que desde el colectivo «Agua es vida, no mercancía» cruzábamos los dedos muy discretamente desde semanas antes, para que llegara el día 15 de diciembre sin que se hubiere aprobado el expediente N°20.212, los diputados se mostraban indiferentes a la fecha, pues ni doña Paola Vega se había percatado que, de alcanzarse el plazo fatal de cuatro años que se cumplía al iniciar ese día, el «prioritario proyecto de nueva Ley de Aguas», el proyecto de su vida parlamentaria, ¡habría de archivarse! Hubo lamentos, insultos, recriminaciones, por «la metida de patas”, mientras los compañeros del colectivo “Agua es vida, no mercancía” iniciábamos nuestra celebración al ponerse el sol el día 14 de diciembre, pues sí teníamos certeza del error grave que estaban cometiendo.
Y es que había que celebrar, y mucho, pues, por ahora, el agua potable de los costarricenses sigue siendo gobernada por el Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillado (AyA) como un bien demanial, como bien social, ajeno a modelos de administración privada en el campo agropecuario, respetuoso de planes de uso de generación hidroeléctrica llevados adelante por el ICE, sin impunidad para los responsables de miles de pozos ilegales, sin que se erosionen las funciones del ente técnico responsable de la conservación de las aguas subterráneas (Senara) y sin que se le arrebaten torpemente al Ministerio de Salud sus funciones relacionadas con plantas de tratamiento de aguas servidas y control de vertidos, entre otros. ¡Claro que lo celebramos brindando, eso sí, con un vaso de agua! porque se trata del recurso natural más valioso de Costa Rica! ¡Por eso a usted también le invitamos a brindar!
Pero amigos, a dormir como los delfines, con la mitad de su cerebro alerta, pues anda por ahí otra fotocopia desmejorada del proyecto de nueva Ley de Aguas (expediente N°20.386) que podría saltar como la liebre y que se dice está empeñada en promover la diputada Paola Vega. Proyecto presentado en la legislatura pasada por Otto Guevara, Ottón Solís, Fabricio Alvarado, Víctor Morales Zapata, Mario Redondo, Epsy Campbell, y otros. Peor que los anteriores, pero uno más de las conspiraciones contra la Ley de Aguas.
*PhD en Ciencias Biológicas