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Freddy Pacheco León*

Una trascendental tarea habremos de plantearnos los costarricenses con el fin de descontaminar el proyecto de ley de la nueva Ley de Aguas que ha hecho aparición ante una aparentemente dormida opinión pública, y que fuere aprobado en primer debate el pasado lunes 31 de marzo del 2014, sin que los señores diputados hubieran conocido el texto salido de comisión legislativa… un día hábil antes. Y es que entes y personas supuestamente interesadas en poner en vigencia una nueva ley, creen que tal necesidad urgente se satisface con «cualquier» nueva ley, y así actúan interesadamente.

Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías. Incluso, presentándose como representantes de Costa Rica ante uno y otro Foro Mundial del Agua, que no son más que centros de influencia auspiciados por empresas transnacionales del agua como la Nestlé, Vivendi, Avian, Suez, la Coca Cola internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Entre tales grupos destaca el llamado «Global Water Partnership» o GWP (Asociación Mundial del Agua) estructurada por el Banco Mundial como parte de su inhumana estrategia de arrebatar a los pueblos su agua potable de carácter de bien de dominio público, mediante procesos de privatización disfrazados de proyectos público-privados.Como parte de esa estrategia, dicho ente financiero estadounidense no solo han condicionado algunos de sus préstamos a la privatización del servicio público del agua, sino que ha hecho uso de las normas de la Organización Mundial del Comercio, por medio de los instrumentos del libre comercio. Es decir, por los tratados de libre comercio, como el TLC «pasado por agua» que entró en vigor en nuestro país. A partir de su experiencia como dirigente regional de la GWP, la ex diputada Maureen Ballestero se ha destacado en ese proceso.

Y es que la GWP, de tenebrosos antecedentes, favorece a las transnacionales del agua que actúan bajo la imposición del poder financiero y los dogmas del libre comercio, sin importar las crecientes amenazas que se ciernen sobre la sedienta población mundial.

Al revisar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, que ingresara por la Ley de Iniciativa Popular gracias a la recolección de firmas de personas en su mayoría engañadas de lo que estaban suscribiendo (¡muchos creyeron que se trataba de la declaratoria del acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes como un derecho humano!) se nota claramente la acción contaminante de la GWP en su redacción. GWP que en el programa Matices de Radio Monumental del pasado lunes 1º de setiembre, en palabras de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, se encuentra presente en el Minae, el AyA, el Senara, las universidades públicas, Cedarena, Fanca, Anda, etcétera.

Pero donde más se nota la contaminante influencia de la GWP–Banco Mundial, es en el agregado que como “sin querer queriendo” le hicieron al proyecto anterior (el del 2009) donde se sustituye como principio general que “EL AGUA ES UN RECURSO DE USOS MÚLTIPLES, SIENDO EL CONSUMO HUMANO EL PRIORITARIO”, por el que dice “El agua tiene un VALOR ECÓMICO en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un BIEN ECONÓMICO”. Tal vez porque hacían muy evidentes sus intenciones, no copiaron completo el “principio” que rige a la GWP (de la Declaración de Dublín) que textualmente dice que “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un BIEN ECONÓMICO más que como un BIEN SOCIAL”.

Principios que para ejecutar (¡y así lo aprobaron en primer debate los señores diputados que confiaron en un trabajo interesado de comisión!) le arrebata al AyA su gobernabilidad sobre las aguas de dominio público (como bien demanial que es), le baja el perfil a las Asadas que se rigen por la Ley General de la Administración Pública y por las directrices del AyA, para fortalecer a las llamadas “Sociedades de Usuarios del Agua” que en una misma región administrada por una Asada, pueden ser conformadas por cinco personas para ejecutar el derecho a “obtener concesiones para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios…” sin que se hubieren emitido todavía reglamentos  que serían propuestos (obviamente) por los mismos que promueven el nuevo proyecto de ley. Normativa que, según los antecedentes, nos hacen pensar que serán a la medida de los principios señalados antes.

De esta forma, mientras las Asadas ven erosionadas las competencias que una vez se les prometió irían a ser fortalecidas y casi ni son mencionadas en el nuevo proyecto que promueve la GWP, sí se le presta especial atención a las “Sociedades de Usuarios del Agua” para que, según sus escondidas intenciones, puedan disponer para fines agrícolas, de las fuentes de agua que podrían estar compartiendo y necesitando las Asadas en cientos de localidades.Aunque también podrían usarse para obstaculizar proyectos agrícolas según sean conformadas por quienes adversan, por ejemplo, monocultivos en sus regiones.

Aunque todavía no existe un criterio de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, avalando que se permita volver llevar en primer debate una Ley que cuando se votó el 31 de marzo pasado, ¡ya había superado su plazo fatal de dos años!, hay opiniones de juristas que dicen que al haberse votado ese lunes de marzo, la Asamblea Legislativa cumplió con lo señalado en la Ley de Iniciativa Popular en su artículo 6, que, por cierto, no prevé el caso que ahora se vive al haber sido declarada inconstitucional por la Sala IV… después de que se hubiere votado en primer debate en cumplimiento de la Ley de Iniciativa Popular.

Así que, de tramitarse nuevamente en primer debate, claramente se estaría ejecutando una acción legislativa contraria a lo que la misma ley determina (el plazo fatal pasaría a ser indefinido) existiendo, además, la posibilidad de que los señores diputados envíen una nueva consulta a la Corte Suprema de Justicia que, de tener resultados similares a la anterior que declaró inconstitucional el proyecto de ley, estaría provocando una situación en extremo ilógica con claros matices de ilegalidad. En fin, es algo que debería ser determinado antes de que la presidencia de la Asamblea Legislativa pueda proceder, pues el reconocido que no se puede achacar a los señores magistrados la situación que se está viviendo y que pudiere volver a repetirse por el fondo y por la forma (imposibilidad de repetir la votación ya cumplida incluso fuera del plazo fatal).

* Doctor en Biología

frepaleon@gmail.com

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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