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Etiqueta: Bernardo Archer Moore

¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

  • El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

  • La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

  • El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

  • La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

  • Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.

¿Quién impuso la norma que prohíbe interpelar públicamente a una persona negra en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore

En Costa Rica existe una norma no escrita, tácita pero profundamente enraizada, que prohíbe cuestionar públicamente a las personas negras en cargos de liderazgo, incluso cuando se trata de debatir sobre asuntos públicos que afectan al pueblo afrodescendiente.

Esta regla de silencio ni siquiera tolera el intercambio crítico entre personas de la misma etnia, y mucho menos permite que una persona mestiza o indígena cuestione una postura sostenida por alguien de ascendencia africana.

Y si quien expresa una opinión divergente proviene de raíces anglosajonas —aun cuando este se haya asimilado la cultura afrocaribeña— el rechazo es automático.

Pero curiosamente, esto no ocurre entre otros sectores del país. Los guanacastecos, josefinos, heredianos, alajuelenses y cartagos se interpelan libremente entre sí, y esa crítica mutua no es descalificada como racismo, odio ni envidia; sino de adversario político, ideológico o de partido contrario.

En cambio, cuando se cuestiona públicamente la posición de una figura afrocostarricense, de inmediato saltan los chillidos al cielo que se activan mecanismos de defensa: Se acusa de racismo, de odio o de envidia. Esto no puede seguir así.

Es urgente abrir espacio a la honestidad, al pensamiento crítico y al debate sincero dentro de nuestras propias comunidades. Ser negro no nos otorga una santidad automática.

Al igual que en cualquier otra etnia, entre nosotros hay personas íntegras y personas corruptas.

Esta realidad fue descrita con claridad por un líder afroamericano durante el movimiento por los Derechos Civiles de los años 60, al hablar de la diferencia entre los “negros de casa” y los “negros de campo”.

Nos corresponde a nosotros reconocer esa distinción cuando se manifiesta, y tener el valor de denunciarlo.

Porque quien promueve esta cultura del silencio selectivo, quien sostiene esa falsa lealtad basada en la complicidad y no en la verdad, actúa como un adversario dentro de nuestra propia trinchera.

Su función real no es protegernos, sino garantizar que nunca nos cuestionemos. Y eso lo hace más peligroso que quienes, sin rodeos, en el siglo pasado negaron nuestra dignidad con frases como la del Dr. Clodomiro Picado:

“El temor es que la sangre costarricense se convierta en carbón en lugar de crisol de oro”.

Sí, es cierto que haber nacido y crecido en Costa Rica hace difícil no asimilar algunos códigos de la cultura dominante.

Muchos de nosotros convivimos y trabajamos con funcionarios públicos, empresarios y sectores del Valle Central que ven el mundo desde una lógica distinta a la afrocaribeña.

En ese contexto, dominar el doble discurso se convierte no solo en una estrategia útil, sino en una necesidad de supervivencia y en una vía para ascender social y económicamente. Eso puede ser comprensible.

Pero es inadmisible cuando ese doble discurso se usa hacia dentro de la comunidad afrodescendiente.

Utilizarlo para manipular, silenciar o desacreditar a hermanos y hermanas negras, ya sea en Costa Rica, en la diáspora o en África, es una forma de traición que no podemos normalizar.

El pensamiento crítico entre nosotros es señal de madurez, no de división. Es hora de derribar esa norma tácita.

El pueblo Afrocostarricense necesita líderes que estén dispuestos a escuchar, responder y rendir cuentas.

No héroes intocables, sino compañeros y compañeras con coraje moral.

Reflexiones tras el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense

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Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.

En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.

Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.

Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)

En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).

Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.

  • La participación en reuniones, simposios y congresos;

  • Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.

Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.

Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.

En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)

Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:

(a) El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.

(b) El continuo despojo de tierras, y

(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.

Este contexto requiere un enfoque multidimensional.

Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.

Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.

Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.

Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.

Notas al pie:

1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.

2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.

Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.

En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

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Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.

Distraer a los líderes con promesas y reuniones: una vieja estrategia de despojo

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Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 06 de julio del 2025

Mientras los representantes del Estado aceleran en silencio el desarraigo de nuestras comunidades costeras, mantienen a muchos líderes comunitarios distraídos en reuniones interminables con altos funcionarios, entretenidos entre promesas, diagnósticos y propuestas que rara vez se concretan.

Pero un día cualquiera, al despertar de ese espejismo, la realidad golpea sin aviso: la casa de un vecino, o quizás la suya, ha sido demolida por tratarse, según las autoridades, de una “ocupación precaria”.

Perder de vista que el verdadero objetivo del aparato estatal en la zona costera del Caribe Sur es apropiarse de los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin pagar un colón en indemnización, es caer en una trampa peligrosa.

Lo hacen aun cuando en esos mismos terrenos nacieron nuestros padres y abuelos, décadas antes de la existencia de la Ley 6043 de 1977, y mucho antes de leyes como la 9242, que ahora los califica como simples “poseedores precarios” del dominio público.

Ignorar esta realidad no es inocente: Es contribuir, por omisión o distracción, con los propósitos del despojo institucionalizado.

A quienes deben dedicar tiempo y lealtad estos líderes no es a los burócratas de traje y protocolo, sino a sus representados y vecinos.

Deberíamos de estar en sesión permanente con los miembros de nuestras propias familias, y vecinos, organizándonos con urgencia para enfrentar la avalancha que ya asoma en el horizonte.

Esperar a que la tormenta nos caiga encima para decidir qué hacer es, sin duda, el peor de los caminos.

Si no nos organizamos ahora, como dice el refrán: El último que salga, que apague la luz.

Reflexiones finales

Debemos recordar que nuestras tierras heredadas son más valiosas que cualquier celebración o espectáculo promovido por quienes buscan despojarnos.

Durante décadas enviamos señales equivocadas al Estado y a nuestras futuras generaciones: Actuamos como suplicantes en lugar de defensores de nuestros derechos. La prioridad debe ser la unidad familiar y comunitaria bajo el principio: todos para uno y uno para todos.

Nota:

Llamado a la acción comunitaria

La historia nos ha enseñado que la unidad comunitaria es nuestra mayor defensa frente a políticas que buscan despojarnos de nuestros territorios. Por ello, hacemos un llamado urgente a los vecinos, asociaciones y organizaciones del Caribe Sur a mantenerse en sesión permanente, organizando comités locales, participando activamente en reuniones comunitarias y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa colectiva.

La resistencia pacífica, la acción legal informada y la visibilidad internacional son herramientas que debemos utilizar con firmeza y determinación. El tiempo de la dispersión ha terminado. Nos corresponde defender el legado de nuestros antepasados con dignidad y unidad.

Contacto:

Asociación de Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA)

Correo electrónico: acudheca@gmail.com

Representación simbólica de líderes comunitarios en reuniones institucionales, mientras el despojo territorial avanza en silencio.

Cuando el color de la piel decidía tu derecho a participar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA
Correo: acudheca@gnail.com*

En la Costa Rica de mis padres y abuelos, esa era la norma impuesta a los afrodescendientes: los espacios de decisión política estaban reservados exclusivamente para los blancos.

¿Se imagina usted, lo que se siente cuando te niegan la entrada a una reunión en tu propia comunidad, solo por el color de tu piel “blanca”, sabiendo que las decisiones que se tomen afectarán directamente el derecho sobre su propiedad?

Esa era la realidad cotidiana en Puerto Limón antes de la promulgación de la Ley N.º 4230 del 21 de noviembre de 1968, conocida como la Ley Contra la Discriminación Racial.

El artículo 1.º: Esta ley penaliza expresamente la negativa de acceso a personas, por motivos de raza, color de piel, origen étnico o nacionalidad, a asociaciones, centros de entretenimiento, hoteles, clubes y establecimientos afines.

Su aprobación fue impulsada por el entonces diputado Carl Eduardo Neil (Q.E.P.D.), tras una serie de incidentes que sacudieron al país, entre ellos, el conocido caso del Club Miramar en Limón en 1967, donde a ciudadanos afrodescendientes se les prohibió el ingreso únicamente por su color de piel. (Reina de Simpatía de los Carnavales de Limón – Dr. Katherine Sawyers Royal).

Gracias a esa lucha legislativa, la segregación racial en espacios sociales privados pasó a ser un delito.

Y sin embargo, me duele recordar cómo, aún en mi adolescencia, compañeros de secundaria me informaron con mucha pena:

«Que No me dejarían entrar con ellos a ese club ni a la piscina, por ser negro».

Hoy, ese dolor sigue presente.

Por ello, resulta profundamente preocupante observar cómo, en algunas zonas del Caribe Sur, se intenta revivir formas de exclusión del pasado, disfrazadas ahora de regulaciones, permisos y privilegios de figurar.

Ya no se trata de letreros en la entrada, sino de decisiones y prácticas en las que el color de piel, el origen cultural o la procedencia continúan influyendo. Solo que, en esta ocasión, la discriminación se dirige contra inmigrantes blancos.

Repetir ese patrón de exclusión, aunque invertido, constituye un retroceso histórico, jurídico y humano. Nuestra lucha no es solo por preservar la memoria de las injusticias sufridas, sino por afirmar la dignidad presente y futura del pueblo tribal afrodescendiente, en igualdad y justicia para todos.

Lo más desconcertante es que estas exclusiones se intenten justificar bajo el amparo del Foro Nacional Permanente de la Población Tribal Afrodescendiente de Costa Rica, creado por el Decreto Ejecutivo N.º 43532‑MP‑MINAE‑MCJ‑MEP, del 5 de mayo de 2022.

Este decreto establece el reconocimiento del pueblo tribal afrocostarricense y propone la creación de espacios de diálogo en comunidades como Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y Limón Centro, con el fin de garantizar procesos de consulta previa y protección territorial.

Sin embargo, desde su promulgación hasta la fecha, la comunidad tribal de Cahuita no ha sido convocada a ningún proceso de diálogo real ni representativo.

Es más, en diversas ocasiones se han realizado reuniones en el Salón Comunal de Cahuita sobre este mismo tema, sin que los habitantes locales hayan sido invitados ni informados, incluyendo a vecinos que viven justo al otro lado de la calle de dicho salón. Muchos de ellos, legítimamente, se preguntan:

“¿De qué se trata esa reunión?”

Una consulta sin inclusión es una simulación. Y excluir a Cahuita de este proceso no solo contradice el espíritu del decreto, sino que vulnera el principio de representatividad y participación activa que exige el derecho internacional en materia de pueblos tribales.

*Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de CAHUITA.

¿Vamos a aprovechar esta oportunidad — o a repetir los errores del pasado?

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Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, 26 de junio de 2025

El éxito o el fracaso de una nación, un pueblo o una familia depende, muchas veces, de la capacidad de sus líderes para reconocer los legados heredados — y actuar con decisión cuando se presentan esas escasas y valiosas ventanas de oportunidad.

Pero cuando el síndrome de “Hombre o Mujer GRANDE “ nos conduce a darlo por sentado, y así olvidar los sacrificios y luchas de quienes nos antecedieron; las oportunidades pierden su sentido y dejamos la puerta abierta: Al abuso, la injusticia e irrespeto de la dignidad de nuestros pueblos.

Y, finalmente cuando llega la cosecha de nuestra negligencia individual y colectiva, caemos en la misma trampa de siempre: Buscar culpables en todas partes (extranjeros, oligarcas nacionales, empresarios o políticos locales corruptos) en todos, menos en nosotros mismos.

A propósito de todo esto: ¿Qué lugar ocupamos los Afro descendientes en C.R.?

“Primeros en la fila del castigo, y últimos cuando reparten el dinero. Un país donde el apellido pesa más que el oro, y el color dicta la medida del respeto”.

“Un país donde el linaje abre puertas que el mérito ni siquiera toca”.

“Quien no entienda esta verdad amarga, no es libre ni rebelde: Solo se miente a sí mismo, con la venda bien atada al alma.”

Hoy, la región Caribe de Costa Rica —incluido mi propio pueblo, Cahuita, Talamanca— atraviesa uno de esos momentos escasos y reales de oportunidad: La posibilidad de recuperar el derecho legítimo a la propiedad privada en zonas costeras, tanto de lo que se encuentra en la superficie de la tierra como en el subsuelo; incluyendo los restos de nuestros antepasados, enterrados con confianza y luego confiscados y profanados por el irrespeto e indiferencia del estado – (nuestro primer cementerio ancestral en Punta CAHUITA).

Si no reaccionamos ahora, esta oportunidad desaparecerá — como tantas otras que dejamos perder en el pasado: El control sobre los ferrocarriles y Puertos Caribeños, dónde los ingresos de ambas actividades económicas, por ley, estaban destinados para el desarrollo socio-económico de la región; los cuales alimentaban nuestras economías locales, y las instituciones que construimos pero no defendimos.

Y ahora que la puerta de la migración hacia Estados Unidos está cerrada (excepto para unos pocos acusados de supuesto narcotráfico internacional), y que la capital de nuestra propia nación se ha vuelto hostil — plagada de crimen, desempleo y la continuidad de un racismo histórico hacia los afrocaribeños — ¿qué nos queda como comunidades sino levantarnos y defender lo que legítimamente nos pertenece?

Mi pregunta es simple y directa:

¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se esfuma esta oportunidad, como tantas otras?

¿O estás listo para levantarte — como pueblo, como comunidad — y reclamar lo que por derecho nos corresponde?

Como comunidad, tenemos la responsabilidad moral de defender las tierras que aún poseemos, sino también la legitimidad de lo que nuestros antepasados vendieron para poner alimento sobre nuestras mesas, guiados por el profundo principio cultural de “no morder la mano que nos dio de comer«, cuando el Estado nos abandonó por completo.

Mentira oficial sobre ordenamiento territorial: Un legado de vergüenza

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA

Tanto el Diccionario Real Academia Española como el Diccionario Jurídico de CR, coinciden en que la “mentira es una manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa”, es decir, “cosa que no es verdad u falta a la verdad. Así las cosas, tanto la Casa Presidencial como el Concejo Municipal y alcalde de Talamanca, le han mentido a los costarricenses sobre la naturaleza del Ordenamiento Territorial del Distrito de Cahuita en proceso de aprobación, y el ya aprobado y vigente Plan Regulador del Cantón Central de Limón.

En este último caso (Cantón Central de Limón), el recién aprobado Plan Regulador (ordenamiento territorial), cubre todas las tierras del Cantón, excepto, las áreas costeras de ZMT y la Ciudad de Limón.

Por otro lado, tenemos al Proyecto de Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca en proceso de aprobación, que abarca exclusivamente la zona restringida (150 metros) de las áreas costeras de ZMT, ubicados específicamente en el Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, hablan de ambos como si fueran de la misma naturaleza, cuando en realidad, una es sobre las tierras fuera de las áreas de ZMT (Limón), y la otra, es solo de las áreas restringidas (150 mts) de la ZMT de Cahuita (Talamanca).

Me pregunto: ¿Qué sentido tiene mentirle a la gente sobre algo tan importante para la vida cotidiana cuando no hay necesidad de tal engaño?

Es como si no se dieran cuenta o no les importa, que la verdad acabará saliendo a la luz en algún momento.

Soy consciente de que estoy siendo audaz al «jalarle el rabo a la ternera», como dice el viejo refrán, pero alguien tiene que hacerlo.

Ningún beneficio a corto plazo puede justificar semejante legado de vergüenza para las generaciones futuras.

Finalmente, ¡Qué curioso! La defensa habitual de un mentiroso es acusar a quien lo desenmascara de hacer lo mismo. Es el típico «rechazo» tico.

Misión imposible del alcalde de Talamanca

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Por: Bernardo Archer Moore

Tanto el Poder Ejecutivo como el Concejo Municipal del Cantón le han asignado la tarea imposible de “remover a todos los ocupantes en los 50 metros del área costera, sin excepción».

El primero, mediante la implementación de un Plan Regulador Costero a la medida del Plan nacional de desarrollo turístico Costero del ICT.

Obviamente, para “limpiar” el área de personas en situación de pobreza y de aquellos con recursos económicos limitados, con el evidente objetivo de facilitar un desarrollo turístico de alta gama en los 150 metros a concesionables, una vez que entre en vigor el Plan Regulador Costero (PRC).

Elogiados por el presidente por el inexistente “Proyecto de Plan Regulador Cantonal”, los regidores de la administración anterior aprobaron rápidamente un acuerdo que ordenaba al alcalde municipal “remover” a todos los ocupantes en un área de 50 metros de la ZMT. Este acuerdo fue adoptado en la Sesión Extraordinaria del 29 de febrero de 2024, a sólo 67 días del final de su mandato.

Cosa que puso al alcalde contra “la espada y la pared”. Si no cumple con el acuerdo del Concejo corre el riesgo de ser destituido de su cargo por falta grave. además, civilmente responsable por los daños causados.

Si lo cumple, condena al Municipio a la ruina financiera por las indemnizaciones correspondientes a los ocupantes del área pública (50 metros) legalmente poseídos por particulares, previo a la entrada en vigencia la Ley 6043 de 1977 sobre ZMT. Y de ellos hay muchos.

La situación del Concejo Municipal de turno es crítica, ya que el alcalde y el personal municipal enfrentan el riesgo de perder sus empleos debido a una eventual quiebra técnica del ayuntamiento por pago de indemnizaciones.

Como si eso no fuera suficiente, un abogado ha presentado un Recurso de Amparo por el incumplimiento de un acuerdo del Concejo, buscando que la Sala Constitucional ordene al alcalde cumplir con dicho acuerdo en un plazo determinado.

Ante un panorama tan sombrío para nuestra comunidad en su conjunto, ACUDHECA les ha lanzado este «salvavidas», por así decirlo, y esperamos que la humildad prevalezca sobre la petulancia que los ha caracterizado en el pasado.

Que Dios nos ayude a todos.

Salvemos nuestro pueblo, todavía tenemos tiempo

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Por Bernardo Archer Moore
Presidente
ACUDHECA*

Cahuita es el único pueblo costero de Costa Rica que aún no ha sido tomado y transformado en un enclave turístico para ricos y famosos, fuera del alcance de los ticos con limitados recursos económicos.

Tengo la visión y la esperanza de que Cahuita puede y será salvada. Sin embargo, para hacer realidad ese sueño, es necesario que todas las personas que aprecian la cultura y estilo de vida de Cahuita se unan y colaboren hacia ese propósito.

Al igual que los ricos y famosos, el ciudadano medio y el trabajador común tienen derecho a tener un “patio de recreo frente al mar”: esta es la base fundamental de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977, que debe ser respetada.

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin importar nuestra herencia étnica, el color de piel o la situación económica; todos llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él de la misma manera.

En los últimos años, he estado reflexionando sobre por qué el Todopoderoso me ha salvado de dos intentos de asesinato. Si mi colaboración con la resistencia popular de Cahuita es para defenderse del proceso final de gentrificación, así será.

Les aseguro, amigos y enemigos, que estaré aquí con ACUDHECA hasta que suenen las últimas campanadas.

*Asociación Promoción de la Cultura y Derechos Humanos de los habitantes de CAHUITA y Afines.