La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje al iniciar el proceso electoral del país, titulado “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, en el que llaman a la ciudadanía y a los partidos políticos a vivir esta etapa con responsabilidad ética y vocación de servicio.
El pronunciamiento recuerda que Costa Rica cuenta con la democracia más antigua de América Latina y el Caribe, y resalta que el sufragio debe ejercerse en un marco de valores como la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común.
Los obispos advierten, sin embargo, sobre signos de deterioro institucional: confrontaciones entre poderes de la República, polarización social, violencia criminal, narcotráfico, emergencia educativa, problemas en la seguridad social, informalidad laboral y pérdida de credibilidad en los partidos políticos. También señalan la corrupción y la penetración del narcotráfico como factores que debilitan la democracia y la confianza ciudadana.
En este contexto, hacen un llamado a una conversión ética profunda, a propuestas viables y responsables y a la construcción de acuerdos interpartidarios sobre los grandes temas nacionales: seguridad, educación y salud. Piden a los partidos y candidatos reivindicar la política como vocación de servicio, con transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo.
El mensaje también subraya la importancia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que ejerza el voto de manera informada y responsable, y que no se limite a votar, sino que acompañe y exija cuentas a las autoridades electas. Asimismo, destacan el rol de los medios de comunicación como facilitadores del discernimiento político y garantes de un debate público veraz y ético.
Finalmente, los obispos invitan a cultivar la esperanza como virtud transformadora, que permita superar el desencanto y recuperar la confianza en lo público. El texto concluye con una oración a la Virgen de los Ángeles para que Costa Rica avance en justicia, paz y solidaridad.
El liberalismo radical y el antiprogresismo de Javier Milei y Agustín Laje, presentados como supuestas trincheras contra la izquierda posmoderna y el llamado “marxismo cultural”, no son en realidad una alternativa a ese fenómeno, sino su reflejo invertido. Ambos insisten en que el wokismo es socialismo, colectivismo o incluso marxismo en estado puro, pero nada más lejos de la verdad; lo woke no es marxismo, es liberalismo llevado hasta su extremo. Por eso, más que enemigos ideológicos, Milei, Laje y el wokismo son variantes de una misma raíz moderna: la disolución de todo lazo comunitario y la glorificación del individuo aislado (solitario). La aparente guerra entre ellos no es una confrontación de sistemas como lo venden, sino una disputa entre herederos de la misma matriz liberal.
La llamada cultura woke, donde se inscribe la ideología de género que muchos insisten en negar, no es un desprendimiento del marxismo, como suelen repetir sus críticos, sino la culminación más coherente del liberalismo. Rousseau ya lo había formulado en su célebre premisa: “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”. Con ella no anticipaba lo woke, desde luego, sino una lógica contraria a todo colectivismo: la sospecha hacia los vínculos comunitarios y la desconfianza frente a las instituciones clásicas —Estado, Iglesia, familia, nación— vistas como estructuras opresivas contra la supuesta bondad natural del individuo. Esta bandera, retomada por el liberalismo, se convirtió en doctrina: liberar al individuo de cualquier identidad o pertenencia común. Incluso el marxismo, consciente o no, terminó asumiendo sin crítica buena parte de estos supuestos liberales.
Ahora bien, surge la aparente paradoja: si lo woke es profundamente individualista, ¿cómo explicar que sus activistas se organicen como colectivos y luchen unidos? La respuesta es sencilla: no se trata de construir una verdadera comunidad, sino de disolver pertenencias más amplias —como la nación, la tradición o la familia— para fragmentar al individuo en microcolectivos cada vez más pequeños, cuya única cohesión es la identidad subjetiva. En vez de fortalecer lo común, esta lógica lo divide en pedazos, sustituyendo comunidades amplias y orgánicas por tribus identitarias tan débiles como volátiles.
El contraste ideológico con la premisa ilustrada de Rousseau se evidencia claramente al compararlo con la tradición católica. Para esta, el hombre se realiza en comunidad; es en el bien común donde se supera el pecado original, mediante la abnegación, el sacrificio y la ayuda mutua. Incluso desde más antes, Aristóteles, y posteriormente Santo Tomás, habían comprendido que la justicia social y la vida compartida son el orden natural del ser humano. El liberalismo, en cambio, niega ese principio y coloca al individuo en el centro, reduciendo la existencia a un cálculo de intereses privados, sin finalidad trascendental ni espiritual. Así, lo colectivo, lo común y lo trascendente son descartados como obstáculos frente a la razón individual, subordinando la vida compartida a la lógica del beneficio personal.
El protestantismo preparó este terreno al desligar la fe de las obras y convertir la riqueza material y su acumulación en signo de predestinación divina. De ahí se desprende el burgués liberal moderno: un ser definido por su interés individual y no por su capacidad de entrega al bien común.
El wokismo es visto como una fuerza de izquierda, sin embargo, su base doctrinal no es colectivista ni socialista: es liberal de cabo a rabo. Este parte de la supremacía del individuo sobre lo colectivo, de la desconfianza hacia el Estado y de la necesidad de deconstruir toda forma de identidad compartida tradicional. En nombre de los derechos individuales, relativiza cualquier noción de comunidad, tradición o verdad trascendente.
Esto no es herencia del socialismo, sino de la Ilustración liberal. Kant lo expresó con claridad en 1784 cuando definió la Ilustración como la “salida del hombre de su minoría de edad”, es decir, la emancipación de todo principio de autoridad externo —ya sea religioso, político o social— para que el individuo piense por sí mismo. Esa proclamación de autonomía absoluta no es una idea socialista ni comunitaria: coloca al individuo como juez supremo, por encima de cualquier jerarquía mayor, sea Estado, Iglesia o familia.
El mito de que antes del siglo XVIII no había derechos, ni libertad, ni civilidad —sino solo oscuridad y barbarie— fue invento de Rousseau, Locke, Voltaire y compañía. El marxismo adoptó ese relato en lugar de cuestionarlo. Pero lo que incorpora es un ADN ajeno: el ADN liberal. Por eso, cuando Laje denuncia que el wokismo es marxismo cultural, confunde los términos. No es marxismo real lo que late en el corazón de lo woke, sino la más pura exaltación (neo)liberal del individuo posmoderno desarraigado.
Aquí se revela la paradoja. Milei y Laje defienden el liberalismo económico extremo y combaten al wokismo como si fuera su enemigo. Pero en realidad tanto liberalismo como wokismo son dos expresiones de la misma raíz. Milei predica la disolución del Estado, la primacía absoluta del individuo y el mercado como árbitro supremo. El wokismo promueve la disolución de identidades colectivas, la primacía de la autoidentificación individual y el deseo personal como medida de la realidad. ¿Qué diferencia esencial hay entre ambos proyectos? Ninguna. Son dos caras de una misma moneda.
El error de Laje es creer que combate un enemigo externo cuando en realidad combate al hijo legítimo de la ideología que él mismo defiende. Y el error de Milei es pensar que el liberalismo puede sobrevivir sin producir exactamente esas derivas culturales que él repudia.
Ese es el verdadero debate que Milei y Laje evaden: el liberalismo no es el remedio contra el wokismo, es su condición de posibilidad. Mientras sigamos atrapados en ese falso dilema, las alternativas comunitarias, trascendentes y sociales seguirán siendo sofocadas en nombre de un individuo abstracto que, paradójicamente, termina más desprovisto de sentido y manipulado que nunca. Al final, la diferencia entre la izquierda cultural y la llamada nueva derecha no es de esencia sino de matiz, la primera es liberal progresista, la segunda liberal conservadora. Dos estilos, un mismo tronco; el del nuevo totalitarismo de nuestra época, que, bajo la máscara de libertad absoluta, impone sus normas y redefine lo que se puede pensar, decir o sentir.
Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados
La Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, conformada por docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra la notificación pública de la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.
Esta resolución constituye un avance histórico al reconocer el cuidado como derecho humano autónomo y, a la vez, relacionado con otros derechos, expresado en tres dimensiones inseparables:
El derecho a cuidar
El derecho a recibir cuidados
El derecho al autocuidado
Este reconocimiento responde a una demanda histórica de los movimientos feministas y de los estudios críticos, y visibiliza el aporte fundamental de millones de mujeres que, dentro y fuera del hogar, han sostenido la vida en condiciones muchas veces invisibles y desiguales.
La Opinión Consultiva OC-31/25 no solo valida el cuidado como pilar esencial de las sociedades, sino que plantea un desafío claro al sistema interamericano y a los Estados de la región: definir estándares y diseñar políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio pleno de este derecho en la vida cotidiana.
Desde la Red reiteramos nuestro compromiso académico, político y ético con la transformación de los cuidados como dimensión central de la justicia social y de género. Esta resolución de la Corte nos convoca a seguir construyendo marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reconozcan el cuidado como un bien común, una responsabilidad colectiva y una base para la justicia social y de género. Reafirmamos que el cuidado es un bien común y una responsabilidad colectiva.
San José, 7 de agosto de 2025.
Integrantes
Ana Lucía Fernández Fernández, CICDE-UNED
Natalia Dobles Trejos, CICDE-UNED
Marcela Pérez Rodríguez, CICDE-UNED
Juliana Martínez Franzoni, CIEP-UCR
Nancy Piedra Guillen, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Laura Rivera Alfaro, Escuela de Trabajo Social, UCR
Adriana Monge Arias, Sede de Occidente, UCR
Ana Cecilia Escalante, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Irma Sandoval Carvajal, IDESPO-UNA
Sharon Rodríguez Brenes, IDESPO-UNA
María Leonela Artavia Jiménez, Escuela de Economía, UNA
Rocío Chamorro Tasies, Sede de San Ramón-UCR
Mariángel Sánchez Alvarado, Escuela de Trabajo Social, UCR
Ana Rosa Ruiz Fernández, Oficina de Equidad de Género, TEC
Mariela Campos Lizano, Escuela de Economía, UNA
Iliana Espitia Sutachán, Maestría Evaluación de Programas y Proyectos EVAPRO, UCR
María José Herrera Madrigal, Escuela de Economía, UNA
Jimena Zeledón Pérez, Programa Desarrollo Educativo, Vicerrectoría de Extensión, UNED
Sharling Hernández Jiménez, Oficina de Equidad de Género, TEC
El tema de la conferencia de prensa de este miércoles fue la Caja y los contratos privados para los EBAIS. El presidente de nuevo distorsiona los hechos y se concentra en la forma y no en el fondo del tema. Dice que los allanamientos y las detenciones fueron arbitrarias y que no había ningún delito para justificarlas. Como se sabe, si no se investiga primero no es posible establecer un delito.
Al fiscal general no se le ocurrió hacerlo, sino que un juez lo promovió basado en la denuncia del auditor interno de la Caja, el héroe de la historia.
En cuanto a la forma de proceder, se hizo siguiendo el protocolo establecido como antes se hizo cuando un ex presidente de la República vino a dar la cara y se procedió de la misma forma. Quizá ese protocolo debe revisarse.
El presidente de nuevo atiza la confrontación en un país altamente polarizado en donde ya hubo amenazas de muerte para el presidente de la Asamblea Legislativa y el fiscal general, así como una amenaza de bomba en la fiscalía.
Debemos resolver los problemas pensando en el bien común, sin llamar a la confrontación y preservando la paz que no ha sido interrumpida durante muchos años.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.
¿Qué son las patentes?
Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.
¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?
El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.
¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?
No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.
Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.
Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.
Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.
A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado
Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.
En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.
¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.
Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.
Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.
En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.
Conclusión
Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.
El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.
Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.
*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.
La gentrificación en Costa Rica desplaza a comunidades locales y causa estragos en los ecosistemas a un ritmo acelerado. Todo esto debido a la falta de planificación territorial, la entrega de permisos irregulares, los cambios ilegales en el uso del suelo, un mercado inmobiliario y agentes de bienes raíces voraces sin ningún tipo de regulación. A esto se suma el auge e incremento de alquileres de corto plazo y el enfoque de las políticas públicas en beneficio de proyectos megaturísticos que buscan la atracción de nuevos residentes a las localidades, y priorizando la garantía de los acuerdos de inversión en detrimento de la calidad de vida de las personas que históricamente habitan el territorio.
El colectivo Anti Gentrificación, le invita cordialmente a leer, firmar y compartir el formulario en petición de la lucha para frenar el proceso de gentrificación que atraviesa Costa Rica.
Ayudemos a que suene fuerte nuestro grito y que se sepa que aquí estamos quienes queremos un mundo mejor. Luchamos por nuestras vidas, por la vida misma. Aquí estamos, y no nos vamos. Vamos con todo, sin miedo al éxito, por el Bien Común.
En un análisis de la dinámica entre la legislación excesiva de un país y el adecuado funcionamiento de su democracia, se puede observar que un estado saturado de leyes, trámites y burocracia puede llegar a contradecir sus propios objetivos de orden y justicia. Este fenómeno puede entenderse desde la óptica del principio místico de la polaridad, que en tradiciones filosóficas milenarias como el Tao nos recuerda el yin y el yang, como polos opuestos y complementarios a la vez, que interactúan siempre y donde uno llevado a su extremo o en estado terminal, produce naturalmente su contrario.
Esto sugiere que la abundancia de normativas y procedimientos no solo complica la administración gubernamental, sino que también crea un entorno de confusión y caos, precisamente todo lo contrario a lo que busca. En este contexto, la anarquía y la anomia social se convierten en el estado dominante, y la sociedad pierde su sentido de dirección y cohesión, así como su fe en la democracia como el mejor de los sistemas para convivir en sociedad.
La anomia, entendida como la ausencia de normas por un lado, o su incumplimiento generalizado por otro, surge cuando las leyes y reglamentos se vuelven tan abundantes y complejos que resultan ineficaces. Los ciudadanos, frente a un sistema legal intrincado y contradictorio, empiezan a percibir la ley como un obstáculo en lugar de una guía. Esta percepción contribuye a un comportamiento social desorganizado, donde las reglas pierden su capacidad de orientar la conducta colectiva, y el individualismo radical sumado a mi interpretación de la realidad pasa a ser la única verdad válida, convirtiéndonos de esta manera en seres sectarios que compiten y no conviven en sociedad.
No es descabellado pensar que, frente a un estado profundamente enredado en su propia maraña de leyes y procedimientos, las personas busquen evolucionar hacia su estado contrario: lo rígido, lo simple y lo autoritario. Cuando la horizontalidad y la accesibilidad del sistema legal se ven comprometidas, y la burocracia asfixia la funcionalidad estatal, la sociedad puede anhelar un modelo de gobernanza más centralizado y autoritario. Este deseo de orden y simplicidad responde a la necesidad humana de claridad y estabilidad, que se pierde en un entorno burocrático excesivamente complicado que no da respuesta a las necesidades más básicas de las clases menos favorecidas por el modelo de desarrollo imperante.
Históricamente, este patrón ha sido observado en múltiples sociedades. En momentos de caos y anomia, la figura del líder autoritario suele emerger como una solución a la crisis de gobernabilidad. La promesa de restaurar el orden mediante la implementación de reglas claras y una autoridad fuerte apela a una población agotada por la incertidumbre y la ineficacia del sistema vigente. Así, el péndulo social oscila de la desorganización hacia la centralización del poder.
Esta premisa parece aplicarse con precisión a la situación actual de Costa Rica. En este país, la proliferación de leyes, trámites y una malentendida concepción de la democracia, donde cada individuo actúa según su propia voluntad sin considerar el bienestar colectivo (liberalismo radical), ha conducido a una degeneración del sistema. Esta degeneración ha provocado una búsqueda de orden que, en lugar de llevar a una regeneración equilibrada, ha resultado en una creciente tendencia autoritaria.
Karl Marx postuló que «la praxis es el criterio de la verdad», y en Costa Rica, la práctica diaria ha revelado la verdad del exceso de horizontalidad. La democracia, en su forma distorsionada, ha permitido que la falta de coherencia y disciplina en la administración pública y la vida social degeneren en un caos operativo. La respuesta a este desorden ha sido la emergencia de un gobierno que se presenta como el «ordenador» de esta anarquía. Sin embargo, esta figura de autoridad no ha logrado transformar la situación de manera positiva. En lugar de una regeneración consciente y equilibrada, lo que se ha manifestado es una degeneración autoritaria.
El gobierno, al intentar imponer un supuesto orden en medio de la desorganización, recurre a tácticas autoritarias y manipuladoras que socavan los principios democráticos fundamentales. Esta paradoja refleja la incapacidad del sistema para auto-regenerarse de manera efectiva, convirtiéndose en una mampara que oculta la continua decadencia y aceleración de la degeneración social, espiritual y política que sufre el país.
La experiencia de Costa Rica ilustra cómo la mala praxis de la democracia y la excesiva horizontalidad pueden llevar a una reacción opuesta, en la que el autoritarismo se presenta como una solución temporal pero ineficaz. En lugar de un renacimiento equilibrado y consciente de la gobernanza, lo que se obtiene es una degeneración acelerada que amenaza con desvirtuar aún más nuestros valores democráticos y la poca estabilidad social que nos queda.
Para evitar caer en esta trampa, es esencial que se fomente una democracia auténtica y funcional, basada en la claridad normativa, la eficiencia burocrática y el respeto por el bienestar colectivo. La regeneración verdadera requiere una reforma profunda del sistema, donde la horizontalidad se equilibre con una autoridad legítima y transparente que trabaje por el bien común.
El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio entre un marco democrático robusto y funcional, y la simplicidad necesaria para que las normas sean comprendidas y respetadas por todos sin excepción. La eficiencia burocrática no debe sacrificarse en aras de la cantidad normativa; más bien, se debe buscar la calidad legislativa, donde cada ley y reglamento tenga un propósito claro y una aplicación práctica evidente.
La sobreabundancia de leyes y trámites puede llevar a una disfunción estatal y a una sociedad desorientada, donde la anomia se convierte en norma. Esta situación, lejos de ser ideal, puede provocar un giro hacia modelos autoritarios en busca de simplicidad y orden. Es imperativo que los sistemas de gobernanza contemporáneos trabajen para simplificar y clarificar sus marcos normativos, asegurando que las leyes sirvan a la sociedad de manera efectiva, evitando así la trampa de la anomia y la tentación del autoritarismo. Costa Rica aún tiene la oportunidad de despertar y transformar esta compleja realidad.
SURCOS comparte el enlace al discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez pronunciado durante la actividad en la cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles presentó su informe anual.
Asimismo, le invitamos a seguir este enlace en el cual se informa acerca de la actividad Análisis del discurso presidencial que realizará este viernes 3 la Universidad Nacional (UNA).
Costa Rica se prepara para un proceso electoral en febrero de 2024, en el que se definirá el rumbo del país para los próximos años. Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía conozca las propuestas programáticas de los diferentes partidos y candidatos, así como su compromiso con la promoción de espacios de participación ciudadana y la democracia participativa. Una de las formas de fortalecer estos valores es apoyar a las asociaciones de productores que se rigen por los principios de la economía solidaria, es decir, que persiguen el bien común, la cooperación, la autogestión y la sostenibilidad.
La red de economía solidaria somos una plataforma que reúne a diversas entidades que fomentamos e impulsamos prácticas productivas asociativas solidarias, basados en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social. La red brinda formación, asesoría, intercambio de experiencias y articulación con otros actores sociales y políticos. De esta manera, se contribuye a crear una cultura de solidaridad y a construir otra economía posible desde abajo. Nos involucramos en el debate público sobre los problemas y las propuestas que afectan a sus sectores y a la sociedad en general, aportando nuestra visión y sus experiencias.
Las asociaciones de pequeños productores de Costa Rica son un sector clave para la economía y la sociedad del país. Estas entidades, que representan a miles de familias, se enfrentan a múltiples desafíos para mantener su producción y comercialización en un contexto adverso, marcado por 30 años de políticas neoliberales que han generado pobreza y exclusión en los territorios rurales. Los datos sobre la cantidad de asociaciones de pequeños productores en Costa Rica son limitados y dispersos. El último informe del Estado de la Nación ofrece algunas cifras que permiten apreciar su importancia y diversidad. Según este documento, en el año 2020 había 1.234 asociaciones de pequeños productores registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que agrupaban a más de 100.000 personas. Estas asociaciones se dedican a diversos sectores productivos, como café, leche, cacao, miel, frutas, hortalizas, productos procesados, artesanías, servicios, entre otros.
Para finalizar, queremos destacar el papel fundamental que desempeñan las asociaciones de pequeños productores en el ámbito local y nacional, y la necesidad de que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las autoridades y la sociedad civil.
En síntesis, las perspectivas para la economía solidaria son de expectativa y esperamos compromiso político de las nuevas autoridades, para propiciar transformaciones reales y duraderas. La economía solidaria puede contribuir a fortalecer la democracia participativa y la gestión sostenible de los territorios, pero sólo si habrá disposición de enfrentar los retos estructurales que aquejan al país.
Una agenda de apoyo a la asociatividad en los municipios
Un gobierno local que se orientan a fomentar el reconocimiento, visibilización, el apoyo y la articulación de las iniciativas de los emprendimientos que existen en el territorio, así como a apoyar estas nuevas formas de organización económica basadas en la asociatividad con mayor impacto social.
Crear marcos normativos e institucionales favorables para economías asociativas familiares, que facilite la gestión de las organizaciones, su acceso a recursos públicos, su participación en las políticas públicas y su inserción en las dinámicas económicas locales.
Generar espacios de diálogo, concertación y alianza entre los gobiernos locales y los actores de esta economía local asociativa, para construir una visión compartida del desarrollo local y definir estrategias conjuntas para su implementación.
Promover la formación y capacitación de estos actores tanto en aspectos técnicos como en valores y principios de economías sustentables, así como fomentar la innovación social en este ámbito.
Apoyar el fortalecimiento organizativo y financiero los emprendimientos, mediante la creación de redes, plataformas, fondos apoyo, proyectos, capacitación y servicios de asesoría y acompañamiento.
Estimular la demanda social de los bienes y servicios producidos por esta asociatividad , mediante campañas de sensibilización, educación y apoyo a los sistemas económicos locales así como facilitar el funcionamiento de los mercados locales que den participación a esta diversidad de expresiones económicas locales y estimular la producción ecológica de bienes y servicios (con certificación ecológica, de comercio justo y que permita una compra ambientalmente correcta), propiciar el consumo responsable.
