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Etiqueta: bienes comunes

Festival del Día del Ambiente en Puerto Potrero

Puerto Potrero, Guanacaste. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la comunidad de Puerto Potrero realizará el próximo sábado 6 de junio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza de Deportes, el Festival Día del Ambiente bajo el lema “Comunidad y agua para sostener la vida”, un espacio de encuentro comunitario que reunirá actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la defensa del territorio, la protección de las fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización local.

La jornada incluirá limpieza de playa, actividades recreativas para niñas y niños, música, stands informativos, conversatorio y el mercadito comunitario “Saberes y Sabores”, una iniciativa que busca promover la economía local, los emprendimientos comunitarios y el intercambio de conocimientos vinculados con la identidad y la cultura del territorio.

Más allá de una celebración ambiental, el festival representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta Puerto Potrero y otras comunidades costeras de Guanacaste ante el acelerado crecimiento de modelos de desarrollo turístico de gran escala, cuyos impactos se manifiestan en la presión sobre las fuentes de agua, el aumento del costo de la vida, la transformación de los territorios y los procesos de desplazamiento y exclusión de las poblaciones locales.

En este contexto, los espacios comunitarios adquieren una importancia estratégica desde una perspectiva territorial, ambiental, social y política. Son escenarios donde se fortalecen los vínculos comunitarios, se construyen propuestas para la gestión sostenible de los bienes comunes y se generan capacidades para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades.

Uno de los actores fundamentales en este esfuerzo ha sido la ASADA de Puerto Potrero, organización que durante años ha desarrollado acciones para la protección de las fuentes de agua y la gestión comunitaria del recurso hídrico. Su trabajo ha sido clave para impulsar procesos de monitoreo, conservación y sensibilización ambiental, así como para visibilizar las tensiones que surgen cuando el crecimiento turístico supera la capacidad de los ecosistemas locales.

Tendremos actividades de gestión ambiental y estaremos hablando de la afectación que se avecina, el impacto que vamos a tener otra vez por el fenómeno del niño. Alzaremos la voz con esta actividad para que el gobierno local tome en serio las cosas como se hizo en el 2016 que las comunidades ya estábamos informadas de lo que iba a pasar, se emitió la declaratoria de emergencia y se crearon planes de contingencia a nivel regional” indicó Leonel Duarte Caravacas, presidente de la ASADA.

El cuido del agua en Puerto Potrero no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un derecho fundamental para las actuales y futuras generaciones. Frente a un escenario marcado por sequías más frecuentes, aumento de la demanda hídrica y expansión inmobiliaria, la gestión comunitaria del agua se convierte en un pilar para la sostenibilidad y la justicia territorial.

El festival también es resultado de la articulación entre organizaciones locales y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, una alianza que ha permitido fortalecer procesos de formación, investigación participativa e incidencia comunitaria. Esta colaboración busca contribuir a que las comunidades cuenten con más herramientas para comprender las transformaciones que viven sus territorios, defender sus bienes comunes y participar activamente en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.

Para Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, “este festival es parte de un proceso socioeducativo que estamos realizando en la comunidad de Puerto Potrero ante un crecimiento voraz del desarrollo turístico que ha venido impactando la vida de la comunidad. En un contexto de enorme presión hídrica, es fundamental que se construyan estrategias locales para el cuido de las fuentes de agua y de la biodiversidad presente en la zona”.

La actividad es abierta a toda la población, las organizaciones convocantes invitan a vecinas, vecinos, visitantes y personas solidarias a sumarse a esta jornada de encuentro, aprendizaje y acción colectiva por la defensa del agua y del territorio.

Jairo Mora: trece años después, la impunidad y la violencia contra quienes defienden la vida continúan

Bloque Verde

Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.

Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.

La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.

Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.

Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.

La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.

A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.

Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.

Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.

Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.

Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.

También implica mirar lo ocurrido en Moín.

Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.

Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.

Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.

Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.

Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.

  • Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
  • Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
  • Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
  • Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.

Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.

Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.

Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

Conversatorio abordará la educación popular en tiempos de reconfiguración del poder

El Programa Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Bienes comunes de la Universidad de Costa Rica, junto al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) realizarán el conversatorio “Educación popular en tiempos de reconfiguración del poder”, un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos contemporáneos de la educación popular en América Latina.

La actividad se efectuará el martes 19 de mayo y contará con transmisión mediante Facebook Live, además de acceso virtual por Zoom.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca propiciar diálogo, organización y construcción colectiva frente a los retos sociales, políticos y culturales que atraviesan los territorios latinoamericanos.

Participarán:

  • María Rosa Goldar, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y CEAAL.

  • Rosaluz Molina, de la Universidad de Puerto Rico.

  • Jorge Osorio Vargas, de la Universidad de Valparaíso y CEAAL.

Como invitado especial participará Oscar Jara, sociólogo y educador popular ampliamente reconocido en América Latina.

La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socioambientales.

Los horarios anunciados son:

  • 17:00 horas para Centroamérica y México

  • 18:00 horas para Perú

  • 20:00 horas para Argentina y Brasil

La conexión virtual se realizará mediante Zoom en el enlace:
Ingreso al conversatorio

La actividad es impulsada por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, Kioscos Socioambientales, el CEAAL y el Observatorio de Bienes Comunes.

El agua no llega sola… y tampoco se cuida sola

Observatorio de Bienes Comunes

Desde Los Chorros, Grecia, compartimos una entrevista que pone en el centro algo que muchas veces olvidamos: detrás de cada gota hay organización comunitaria, trabajo cotidiano y luchas por defender las nacientes.

🎧 Escuchá el audio y leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-tiene-historia-cuidar-la-naciente-es-cuidar-la-vida-conversamos-con-alejandro-montero-fontanero-asada-tacares/

📌 En la conversación se aborda:

▪️ El agua como bien común, no como algo individual

▪️ El trabajo (muchas veces invisible) de las ASADAS

▪️ Las tensiones por el uso del territorio y los riesgos para las nacientes

▪️ La importancia de la memoria: esto no está así porque sí

▪️ El cuidado del agua como responsabilidad con las futuras generaciones

Una invitación a reconectar con el origen del agua que consumimos y a reconocer a quienes la cuidan todos los días.

¿Sabés de dónde viene el agua que tomás?

Manual práctico del 0%: disculpen las molestias, no pedimos permiso

Observatorio de Bienes Comunes

No fue solicitado. No fue validado. No pidió permiso.

Pero existe, porque algo está pasando.

Un “botiquín” que no busca tranquilizar, sino nombrar lo que el 0% deja en la vida universitaria… y poner a circular herramientas desde la memoria de las luchas.

Y quizá, incluso, esté sobrando el manual.

Porque ya hay estudiantes organizándose, movilizándose y sosteniendo la defensa de la universidad pública.

Porque esa experiencia viva también es un manual en marcha.

* El 0% no es neutral: se vive como retroceso en becas, proyectos y territorios.

* La defensa de la universidad no empieza de cero: recoge memorias de luchas en América Latina y el Caribe.

* Sostener la movilización en el tiempo convierte gestos pequeños en fuerza política.

* Salir del campus y conectar con la sociedad amplía el conflicto y lo vuelve común.

* Disputar el sentido importa: no es gasto, es una condición para sostener derechos.

* La organización también es cuidado: sostener implica ritmo, relevo y comunidad.

Si sirve, que circule.

Si incomoda, también.

🔗 https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/manual-practico-del-0-disculpen-las-molestias-no-pedimos-permiso/

“Gracias, disculpe las molestias”. A un año de su partida, recordamos el último susurro del Papa Francisco

Observatorio de Bienes Comunes

No fue un discurso… fue un gesto mínimo que revela una forma de estar en el mundo.

En ese instante final, no hubo solemnidad ni grandilocuencia. Hubo algo más hondo: reconocer al otro como centro, incluso en la propia fragilidad. Agradecer la presencia que cuida. Nombrar, con humildad, que vivir también toca y afecta la vida de los demás.

Desde ahí, esta nota abre preguntas urgentes para nuestro tiempo:

Algunas claves que atraviesan el texto:

* La cultura del encuentro como práctica cotidiana

* Frente al descarte: nadie sobra, nadie es prescindible

* Lo común se teje en lo pequeño: mirar, escuchar, detenerse

* El “poliedro” como forma de convivir en la diferencia

* ¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes?

Una lectura breve, pero necesaria.

Podés leerla aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/gracias-disculpe-las-molestias-el-ultimo-susurro-del-papa-francisco-y-su-legado-de-la-cultura-del-encuentro/

El Río Frío está en alerta

Observatorio de Bienes Comunes

Las comunidades de Guatuso alzan la voz, mediante un pronunciamiento público, frente a décadas de extracción que han transformado el río y puesto en riesgo la vida en la cuenca.

No es solo un tema ambiental: es territorio, historia y futuro.

¿Qué está pasando?

▪️ Más de 40 años de extracción en el cauce

▪️ Erosión, pérdida de pozas y disminución del caudal

▪️ Impactos en ganadería, turismo y vida comunitaria

▪️ Riesgos para los humedales de Caño Negro

¿Qué proponen las comunidades?

▪️ Crear una zona de cuido del río

▪️ Frenar la extracción mientras se evalúan impactos acumulativos

▪️ Apostar por alternativas sostenibles y comunitarias

▪️ Abrir un diálogo real sobre el futuro de la cuenca

Hablar hoy no es oponerse: es cuidar.

Leé la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/rio-frio-en-alerta-comunidades-denuncian-decadas-de-extraccion-y-proponen-una-zona-de-cuido/

UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.

Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.

Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.

Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.

El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.

Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Posición histórica de la Universidad de Costa Rica

Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).

En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.

Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.

Sin consulta a la UCR

Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.

Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.

Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.

Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg

Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.