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Etiqueta: Bloque Verde

Marco Levy Virgo responde artículo suscrito por Edwin Patterson

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SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:

Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses

Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.

Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson

1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.

2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.

3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.

La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca

El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:

• Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).

• Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.

• Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.

Llamado a la acción y exigencia de transparencia

Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:

1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.

2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.

3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.

4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.

Conclusión

Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.

Referencias:

• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.

• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.

• Informe SINAC sobre humedales, 2021.

• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.

• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.

Puerto Viejo de Talamanca
12 de mayo de 2025

Imagen con fines ilustrativos.

Mientras en Costa Rica quieren privatizar el sistema eléctrico, otros países sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho

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  • Apagón eléctrico masivo en España afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas. El evento fue declarado emergencia nacional.

  • Este tipo de incidentes son consecuencia directa de sistemas eléctricos privatizados, organizados en función de intereses corporativos.

FECON. El pasado lunes 28 de abril de 2025 se vivió el mayor apagón eléctrico en la historia de España, el cual se extendió también a algunas partes de Portugal y Francia. Un apagón masivo que afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas, provocando graves interrupciones en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. A raíz de ello, el gobierno de ese país declaró emergencia nacional.

Algunos medios y redes sociales atribuyeron este incidente a “oscilaciones atmosféricas” o incluso a un “ataque cibernético”, ignorando el elefante en la habitación: un sistema eléctrico privatizado que opera en función de los intereses de un oligopolio corporativo, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

España privatizó su sistema eléctrico en la década de 1990 y hoy paga muy caro las consecuencias. Desde entonces, se ha instaurado un auténtico cártel corporativo que controla los diferentes segmentos (producción, distribución y comercialización) del sistema eléctrico. De esta manera, el oligopolio conformado por Endesa, Naturgy (antes Unión Fenosa), EDP e Iberdrola se asegura beneficios millonarios mediante tarifas eléctricas abusivas, financiadas por el Estado y por los consumidores.

Ahora bien, ¿por qué los apagones son consecuencia directa de un sistema eléctrico privatizado?
Una característica fundamental de estos sistemas es que no existe una planificación centralizada de la producción y distribución de electricidad, sino que ambas están determinadas por la oferta y demanda de agentes privados. A esto se le conoce como “planificación indicativa”, un esquema en el cual el sistema eléctrico está organizado según las fuerzas del mercado, es decir, según los intereses de las grandes corporaciones.

Este modelo liberalizado de planificación indicativa puede provocar, en determinados momentos, una sobreproducción de electricidad que el sistema no tiene capacidad de absorber, generando así una saturación y un colapso generalizado. Esta es la verdadera causa del apagón en España —lo mismo que sucedió en Chile el pasado 25 de febrero— y lo mismo que, desgraciadamente, ocurre de manera cotidiana en otros países centroamericanos.

En Costa Rica, no estamos acostumbrados a este tipo de incidentes. El país cuenta con un sistema eléctrico bastante robusto, confiable y estable, gracias a que la producción y distribución de electricidad están organizadas mediante una planificación centralizada y ordenada, a cargo del ICE. En el modelo costarricense, dicha planificación responde a criterios técnicos, mientras que en los modelos privatizados responde a los intereses particulares de los inversionistas.

Este modelo está en riesgo con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (No. 23.414), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre sus puntos medulares, se propone la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un mercado mayorista —privado— de electricidad, que funcionaría con la misma lógica de los sistemas ya fracasados en otros países.

Aprendamos de las desastrosas experiencias de privatización alrededor del mundo. Ahí están las evidencias claras de lo que nos podría esperar si se aprueba el proyecto de Ley de Armonización. Este es un proyecto de ley anacrónico, que busca imitar lo peor y desmantelar lo que hasta ahora ha funcionado bastante bien.

Mientras en Costa Rica se pretende privatizar el sistema eléctrico, en otros países (como España) sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho y, más bien, plantean la necesidad de re-estatizarlo.

Comunidad denuncia tala injustificada que destruirá parte de bosque en Puerto Viejo de Talamanca

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  • Movilización comunitaria este lunes 28 de abril.
  • SINAC indujo al juez a tomar una decisión desproporcionada.
  • AyA obligado a eliminar árboles de un parche de bosque

Bloqueverde (25-04-2025). Puerto Viejo, Talamanca – Un grupo de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales del Caribe Sur se moviliza para frenar la tala de un grupo importante de árboles pertenecientes a un bosque ubicado en las inmediaciones de la planta de tratamiento del AyA en Puerto Viejo, en la calle conocida como «del Gueto«. La orden de tala fue emitida por el Juzgado Agrario de Limón (Exp. 24-000326-0465-AG) como parte de un proceso judicial, pero la comunidad denuncia que se trata de una medida desproporcionada, sin estudios técnicos formales, que pone en riesgo un ecosistema boscoso valioso.

Entre las especies que se pretende talar se encuentran guácimos y sangrillos, árboles nativos de gran tamaño que cumplen funciones clave para la biodiversidad local. Estos árboles forman parte de un bosque secundario maduro que se ubica dentro de una zona de protección de una quebrada y que alberga una gran diversidad de flora y fauna, entre ellas: aves, mariposas morfo, monos aulladores, perezosos (símbolo nacional de Costa Rica), martillas y una variedad de insectos polinizadores.

El guácimo es conocido por su rápido crecimiento, su capacidad para prosperar en suelos pobres y su gran valor para la fauna silvestre, ya que sus frutos son alimento para múltiples especies. Además, contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a capturar carbono. El sangrillo, por su parte, es típico de humedales y zonas inundables, y resulta especialmente vulnerable a alteraciones del terreno. Aunque no esté enfermo, su debilitamiento ocurre por la desecación de humedales; sin embargo, el SINAC suele autorizar su corta casi automáticamente, sin considerar estos factores ecológicos ni los impactos acumulados y sinérgicos sobre el ecosistema

Según la comunidad, no existe un informe técnico riguroso que justifique esta corta desmedida e injustificada. Su ejecución generará daños significativos al bosque y a su fauna. La resolución judicial se sustenta únicamente en un reconocimiento visual y verbal por parte del SINAC y el AyA, sin contemplar el impacto ambiental de largo plazo ni considerar alternativas como la poda dirigida o el manejo arbóreo especializado.

Vecinas y vecinos advierten que, dada la altura y el diámetro de los árboles, así como la densidad del sotobosque, su tala implicaría abrir brechas que destruirán muchas especies de vegetación secundaria. La caída de los árboles también afectaría gravemente el hábitat de aves, monos y otras formas de vida silvestre.

“Este tipo de bosques urbanos no solo tienen un valor estético o simbólico, sino que actúan como corredores biológicos, reguladores del microclima, protectores del recurso hídrico y refugio de biodiversidad. En Puerto Viejo, donde el desarrollo urbano avanza aceleradamente, cada árbol cuenta”, señala un artículo del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

El Observatorio también advierte que “otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentarse a lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional”.

Incluso la vecina que interpuso la denuncia original ante el tribunal ha expresado que su intención nunca fue la tala completa del bosque, sino que se atendiera un riesgo puntual. No obstante, el SINAC indujo al juez a autorizar la eliminación total del parche boscoso, lo cual ha generado un fuerte rechazo comunitario.

La comunidad convoca a una movilización este lunes 28 de abril desde tempranas horas de la mañana en el sitio afectado, para exigir la suspensión de la tala y una revisión de la resolución judicial. Solicitan además una evaluación ambiental rigurosa, con participación de especialistas y actores locales. También piden que el AyA asuma su responsabilidad por la falta de mantenimiento en la finca, lo que contribuyó al deterioro de algunos árboles.

Para Bloqueverde, este conflicto recuerda lo sucedido con la tala ocurrida en el sector de Tirol, en San Rafael de Heredia, pero en esta ocasión se trata de especies nativas ubicadas en una zona de protección hídrica. Además, resulta especialmente alarmante que mientras el SINAC actúa con rapidez para autorizar la tala en zonas sensibles, permanece pasivo frente a la deforestación, el drenaje de humedales y la construcción, todas realizadas de manera ilegal en la finca conocida como “los Puckets”, dentro del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.

Hoy no hay nada que celebrar – Costa Rica celebra el Día de la Madre Tierra en medio de un ecocidio impune

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(Bloqueverde 22-4-25).Costa Rica, país megadiverso y reconocido internacionalmente por su imagen verde, atraviesa hoy una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. Mientras el mundo conmemora el Día de la Madre Tierra, el gobierno costarricense impulsa reformas, toma decisiones y mantiene omisiones que profundizan un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el saqueo de la naturaleza y la impunidad ambiental.

Una de las amenazas más urgentes es la reforma normativa que permitiría legalizar la contaminación por plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. El Ministerio de Salud pretende modificar el reglamento actual para que ya no se prohíba la presencia de agroquímicos en las fuentes abastecidas por el AyA y las Asadas. De firmarse este decreto, el agua contaminada seguiría distribuyéndose sin garantía sanitaria, violando los principios precautorio e in dubio pro aqua, así como el artículo 50 de la Constitución Política.

A esto se suma el incumplimiento sistemático de leyes ambientales, marítimas, de ordenamiento territorial y de protección de la Zona Marítimo-Terrestre. Los manglares, humedales y refugios de vida silvestre están siendo arrasados para abrir paso a proyectos inmobiliarios y turísticos que se desarrollan sin controles efectivos. En tierra, la tala ilegal y la expansión urbanística se imponen sobre los ecosistemas. En el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y la permisividad estatal provocan un ecocidio silencioso y constante.

La situación de los tiburones expone esta contradicción con crudeza: Costa Rica es el quinto país exportador de aletas de tiburón en el mundo. Lejos de proteger estas especies clave para el equilibrio marino, las políticas actuales promueven su exterminio bajo la fachada de la sostenibilidad.

La erosión de la imagen ambiental del país es evidente. A tan solo un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio 2025), el gobierno eliminó la financiación y el respaldo institucional al decreto que daba seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta acción compromete la capacidad del país para articular esfuerzos nacionales e internacionales y pone en duda su legitimidad como líder ambiental global.

¿Cómo puede una nación hablar de liderazgo oceánico mientras incumple los compromisos ambientales en su propio territorio? ¿Cómo puede celebrar la vida silvestre cuando se permite que los ecosistemas colapsen y las especies desaparezcan?

Costa Rica alberga más de 8.500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 205 de mamíferos y 850 especies de aves. Sin embargo, más de 200 especies de fauna están amenazadas y 40 están en peligro de extinción, entre ellas la lapa roja, la lapa verde y el oso hormiguero gigante.

Hoy no hay nada que celebrar. Hoy alzamos la voz por los ecosistemas devastados, por el agua envenenada, por la biodiversidad arrinconada. Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus obligaciones constitucionales, que las leyes se respeten, que la conservación deje de ser un discurso vacío.

Hoy, en conmemoración del Día de la Tierra, rendimos homenaje a las personas valientes que, día tras día, defienden la naturaleza y sus territorios.  

La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, FECON, Bloqueverde, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, se unen para visibilizar a los defensores ambientales, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

Publicado el . Publicado en Derechos.

Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!

Perifoneo recorre las calles de San José pregonando contra el ministro Franz Tattenbach y en favor de Gandoca Manzanillo

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Comunicado:

  • Población reacciona con alegría y afinidad por la defensa de los ecosistemas y en contra de este gobierno ecocida.

(31/01/2025) La mañana de este viernes un grupo de manifestantes integrantes del Bloque Verde recorrieron las principales calles de la capital para llevar, con música y alegría, un mensaje de protesta contra la gestión del ministro de Ambiente Franz Tattenbach Capra. Una acción ecologista no violenta que se ha vuelto popular en redes sociales.

Al son de la canción “El ministro aserrín” compuesta por Bloque Verde e interpretada al ritmo de calipso cuyo coro denuncia la deforestación en el humedal de Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Caso de destrucción ambiental que destapó una cadena de actuaciones ilegales y de aparente tráfico de influencias a favor de empresarios inmobiliarios en contra de los ecosistemas del Caribe Sur.

Para Federico Lizano, activista de Bloque Verde: “la jornada de perifoneo en contra del ministro Tattenbach fue una acción contundente y necesaria ante la alarmante destrucción ambiental que está ocurriendo en Costa Rica. Fue muy alentador ver a la gente en las calles apoyando el movimiento, alzando la voz y reforzando un discurso que defiende nuestros recursos naturales frente a políticas que favorecen su deterioro.”

Además del perifoneo, se entregaron pronunciamientos en defensa de Gandoca Manzanillo en la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, en el MINAE y en la Contraloría de la República.

Para la licenciada en derecho y ambientalista Silvia Matamoros fue evidente el respaldo de la gente cuando escuchaba el mensaje en defensa de los ecosistemas. Tanto en el Mercado Central, como en las distintas calles y avenidas josefinas hubo cientos de muestras de simparía por el mensaje ecologista. Muchas personas dieron su adhesión por medio de la recolección de firmas para pedir la renuncia de Franz Tattenbach como ministro de Ambiente.

“El respaldo ciudadano demuestra que el país no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras se toman decisiones que comprometen nuestro patrimonio ambiental. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la protección de nuestros ecosistemas.” Señaló Matamoros.

Reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas

Publicado el . Publicado en Salud.

Expresidenta ejecutiva del AyA considera que reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas.

En una entrevista para el colectivo Bloque Verde, la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, ex presidenta del AyA, catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en recursos hídricos, expresó su preocupación por las modificaciones al Reglamento de Calidad de Agua Potable, impulsadas por la ministra de Salud, Mary Munive.

Astorga advirtió que «estos cambios podrían exponer a la población al consumo de agua con residuos de plaguicidas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer».

La última semana de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud (MinSa) publicó sigilosamente una consulta pública con una nueva versión del Reglamento de Calidad de Agua Potable DE-38924-S. Esta reforma deja desprotegido el agua destinada al consumo humano, permitiendo y legalizando la contaminación con plaguicidas en el agua que se distribuye a toda la población. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”, lo que faculta tanto al AyA como a las ASADAS para seguir distribuyendo agua con residuos de plaguicidas. Diversos sectores han manifestado su preocupación, y la ex presidenta del AyA respaldó los argumentos de las organizaciones ambientales.

Según Astorga, “esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo al consumir agua con residuos de plaguicidas, que son moléculas persistentes que se acumulan, principalmente, en el tejido graso del cuerpo humano. Conforme consumimos esta agua, los residuos se van acumulando hasta alcanzar concentraciones que, en efecto, pueden provocar algún tipo de enfermedad”.

Costa Rica cuenta con una Ley de Aguas desde 1942, que establece que cuando un manantial se utiliza para consumo humano, debe dejarse una zona de protección de 200 metros a la redonda. Astorga señaló una gran contradicción, ya que «en las fuentes que hoy día están contaminadas con clorotalonil, por ejemplo, en la zona de Cartago, el gobierno no está cumpliendo con lo que estipula la ley, y esta modificación al reglamento tampoco lo incluye».

En otros casos de contaminación por plaguicidas, como en las comunidades del Cairo y Milano (Guácimo y Siquirres) o en la Zona Norte (Veracruz y Pital), «lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo, dentro de un radio de 200 metros. Sin embargo, en Cartago no se ha aplicado la ley, lo que genera la pregunta: ¿por qué?», cuestionó la experta.

Otros expertos en contra del reglamento

Astorga mencionó que la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica ha mostrado su preocupación y enviado observaciones al Ministerio de Salud sobre el borrador del nuevo reglamento. «Nosotros enviamos unas observaciones, en las que participaron dos investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y yo, como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación por la modificación, pues consideramos que Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca en retroceso. Este reglamento, o mejor dicho, esta modificación, representa un retroceso para la salud de la población», afirmó Astorga.

Vea la entrevista completa en el siguiente enlace:

Créditos de la entrevista a la profesora Yamileth Astorga Espeleta sobre las pretensiones de modificar el reglamento de agua potable en Costa Rica:

Producción ejecutiva
IRENE BURGUÉS ARREA

Realización audiovisual
CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA

Una producción de Trópico Rural S.A. en apoyo al Bloque Verde
Costa Rica, 2025

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Sala Constitucional reafirma el derecho a la Consulta Indígena y determina que Plan Regulador Costero de Talamanca nuevamente violenta este derecho

Publicado el . Publicado en Comunidad, Portada.

  • Sala Constitucional comprueba desobediencia de la Municipalidad de Talamanca en audiencia pública realizada por la Municipalidad de Talamanca al no cumplir con la consulta libre, previa e informada al territorio Indígena de Këkoldi.

  • Voto de la Sala Constitucional invalida por segunda vez audiencia y evidencia incumplimiento de la Municipalidad en proceso de elaboración del Plan Regulador Costero del cantón.

  • La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el cuido de los recursos naturales.

Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.

El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.

En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.

Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:

«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»

Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.

COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.

20230007016538-28972368-1Descarga

Paren de Fumigar: un canto que recorre de la India a Costa Rica a 40 años del desastre de Bhopal

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Ecologistas estrenan video musical contra los plaguicidas con imágenes de fotógrafo premiado por National Geografic

El 2 y 3 de diciembre de 1984, en la planta Unión Carbide de Bhopal, India, se produjo un accidente que liberó más de 40 toneladas de isocianato de metilo, un gas tóxico utilizado en la producción de plaguicidas. Este suceso dejó unas 20 mil personas fallecidas y 500.000 con graves problemas de salud. En el año 2001 la empresa transnacional Dow compró la empresa Unión Carbide, sin asumir la responsabilidad de los hechos.

Todos los 3 de diciembre en todo el mundo, miles de organizaciones conmemoran el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas en la salud y el ambiente que generan los agrotóxicos.

A cuatro décadas del derrame de Bhopal, no se ha hecho justicia. Las personas que sobrevivieron y sus descendientes siguen esperando una compensación justa, una limpieza exhaustiva de su entorno, atención y tratamiento médicos adecuados, el castigo de todos los responsables, y una rehabilitación económica y social integral.

“Paren de Fumigar” ha sido una campaña que alerta sobre el uso y abuso de agrotóxicos en Costa Rica. Mediante acciones legales, incidencia política y pasacalles en ferias del agricultor, dicha campaña alertó, desde el año 2011, que Costa Rica es uno de los países más voraces en el mundo en el consumo de plaguicidas.

Esta pieza musical fue compuesta por Fabián Pacheco y la rapera costarricense Nativa para denunciar la grave situación que enfrenta el país en materia de plaguicidas. Año con año vemos nuevos casos de intoxicación en escuelas rurales, contaminación de fuente de agua para consumo humano, afectaciones a la salud, intoxicaciones masivas de peces, entre muchos otros impactos.

Todos los años ingresan a Costa Rica entre 15 y 20 millones de kilogramos de ingrediente activo de plaguicidas. La industria de los agrotóxicos sigue desregulada, sin controles y con grandes privilegios fiscales que los hace un sector muy poderoso. Esta industria tiene poderosos tentáculos dentro de la institucionalidad tica y hasta financian ONGs para impulsar su agenda contaminadora usando técnicas de greenwashing (o lavado verde).

¨Paren de fumigar” es una campaña y ahora un himno de las cientos de comunidades afectadas por las empresas biocidas que no les basta con envenenar la comida, sino además no paran de fumigar escolares, clínicas médicas y nacientes de agua.

El video clip fue producido por el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad, y la Revista Biodiversidad sustento y culturas. El clip contiene imágenes del fotógrafo Pablo Pivano, documentalista argentino reconocido a nivel global, premiado en 2023 por Natinal Geografic por su trabajo con el pueblo indígena mapuche. Disponible a partir del 3 de diciembre de 2024 en la plataforma de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HhAOcjwD704

Créditos:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición, voz, ocarinas y djembé
Nativa: composición de rap y coros
Javier Alvarado Vargas: dirección musical, bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: tambor surdo, pandeiro, triángulo, shaker, guasá y pito de samba
Oscar Jiménez Fernández: guitarra eléctrica
Luz María Romero Miño y Fernando Calvo Flores: coros
Heriberto Román Chaves: grabación, mezcla y masterización (Calle Uno Recording Studios)
Producción y arreglos: Fabián Pacheco Rodríguez, Javier Alvarado Vargas, Oscar Jiménez Fernández, Fernando Calvo Flores y Anyul Arévalo Acosta

El espeluznante dulce o truco de Tattenbach

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Muy bien disfrazado el ministro Franz Tattenbach apareció en Denver, Colorado, en Estados Unidos recibiendo un reconocimiento denominado defensor de los Océanos Rob Stewart 2024 en medio de la gala anual “Salvemos nuestros Océanos”, organizada por la fundación “Fins Attached” (Aletas Unidas traducido del inglés). Ante este evento tan indignante, Daniel Arauz Naranjo de Costa Rica por el Océano y Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) en conjunto con la activista y moderadora Ana María Arenas de Embajadores del Mar y Costa Rica por el Océano realizaron un video por medio de la plataforma Instagram en el perfil de Bloque Verde para remarcar la realidad nacional por causa de las acciones del ministro Tattenbach.

En el video hablaron sobre este tan cuestionado premio del ministro de ambiente Franz Tattenbach. Además denunciaron el incumplimiento de las leyes ambientales, las marítimas, las de ordenamiento, y la de zona marítimo – terrestre. Considerando como deber suyo con Costa Rica y el mundo evidenciar el incumplimiento de estas leyes por el Gobierno de la República. A pesar de que Costa Rica es 92% mar, el Gobierno de la República parece estar determinado a destruirlo cuando no cumple las leyes ni los convenios internacionales. Por otra parte, señalaron que esta actitud ha causado, ahora más que nunca, un ecocidio marino. Alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo instaron a recapacitar y redoblar esfuerzos para cumplir con lo que les exige la Constitución, los convenios internacionales y la Ley.

Y ahora todo resultó en el contradictorio reconocimiento por parte de una organización que explícitamente lleva el nombre del biólogo Rob Stewart quien fundó una organización de las aguas de tiburón (Por su nombre en inglés “Rob Stewart Sharkwater foundation”); y ahora premian de la forma más escalofriante a un hombre que lleva en sus manos las miles de toneladas anuales de aletas de tiburón importadas al continente asiático desde Costa Rica.

Le invitamos a ver el video realizado por las organizaciones: