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Etiqueta: Bloque Verde

Comunidad de Montezuma denuncia daño ecológico en zona sensible del Río Montezuma; Bloque Verde se suma exigiendo justicia ambiental

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.

La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.

Los hechos denunciados

El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:

  1. Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.

  2. Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.

  3. Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.

Argumentos y peticiones

La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).

La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.

Bloque Verde: “La acción en las calles es luminaria de esperanza”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Sin una sana separación de poderes, la defensa de nuestros territorios queda a merced de intereses extractivistas.

Las calles siguen siendo esperanza y resistencia frente a quienes destruyen y contaminan nuestra casa común.

Y esto no es un cheque en blanco al Poder Judicial: a ecologistas y pueblos indígenas nos siguen debiendo justicia pronta y cumplida.

Recordamos a Sergio Rojas, Jehry Rivera, Jairo Mora. Su memoria también es lucha.

Le invitamos a ver y compartir.

Arte, música y resistencia ecologista: América Latina se une en defensa de los manglares este 26 de julio

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En el marco del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar (26 de julio), activistas y artistas de América Latina unen sus voces y ritmos en una potente colaboración musical independiente que busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en defensa de nuestros humedales y zonas costeras.

La producción musical estará disponible a partir de este 26 de julio en SoundCloud y YouTube, y progresivamente durante los días siguientes en todas las principales plataformas digitales de streaming.

La iniciativa, impulsada desde el Bloque Verde de Costa Rica, fusiona el arte con la causa ambientalista para denunciar la degradación de estos ecosistemas vitales ante la expansión de modelos agroindustriales extractivistas en la región.

«La música es una herramienta fundamental de resistencia y memoria colectiva. Esta colaboración latinoamericana celebra la vida y biodiversidad de los manglares, pero también alza la voz por las comunidades costeras que los defienden día a día.» Indicó el compositor Fabián Pacheco

Memoria y lucha: El caso del Humedal Térraba-Sierpe

En forma paralela al lanzamiento musical, se comparte en el siguiente enlace un artículo de opinión firmado por el destacado ecologista y docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA): Mauricio Álvarez Mora.

En este texto reflexivo e histórico, Álvarez rescata la emblemática contienda ecologista y la resistencia en defensa del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los ecosistemas de manglar más importantes de Centroamérica, frente a la amenaza de destrucción ambiental impulsada por los enclaves de monocultivo de piña de la corporación PINDECO. El mensaje ecologista redactado por Álvarez también forma parte de la obra musical, siendo interpretado en el cierre de la canción.

Ficha Técnica y Créditos de la Producción

  • Composición y voz: Fabián Pacheco y Juan Trukyman

  • Bajo eléctrico: Hendrick Carranza

  • Piano: Maryan Cuevas

  • Trompeta y brass: Fabricio Muñoz

  • Percusión menor: Francisco Carvajal

  • Batería y timbal: Jonathan Alarcón

  • Coros: Na Salguero

  • Redacción del texto final leído por Fabián Pacheco: Mauricio Álvarez

Equipo de Producción:

  • Productor Ejecutivo: Fabián Pacheco Rodríguez

  • Productores Musicales: Fabián Pacheco Rodríguez, Juan Trukyman y Rialengo

  • Ingeniero de Grabación: Francisco Murillo (Rialengo)

  • Ingeniero de Edición, Mezcla y Mástering: Heriberto Román Chávez

  • Arte Gráfico de Portada: Fernando Yela

UCR presentará el zine y video Ahí viene(n) la(s) plaga(s), un proyecto artístico y transdisciplinario entre Costa Rica y México

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El Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura invita a la presentación del zine y video Ahí viene(n) la(s) plaga(s), un proyecto extra-disciplinario desarrollado entre Costa Rica y México que propone una reflexión crítica sobre la forma en que se entienden las llamadas «plagas» y las relaciones entre cuerpos, especies y territorios.

La actividad se realizará el lunes 27 de julio, a las 5:00 p.m., en el Auditorio Roberto Murillo, ubicado en el segundo piso de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.

El proyecto, coordinado por Diana Barquero e Ilana Boltvinik, invita a cuestionar las explicaciones simplistas sobre las plagas y a explorar perspectivas que articulan arte, conocimiento territorial y transdisciplinariedad.

El trabajo fue realizado por un grupo extra-disciplinario integrado por personas académicas de Costa Rica y México, mediante visitas de campo, entrevistas con voces locales y un proceso de escritura colectiva, con el propósito de abrir espacios para nuevas formas de comprender las complejas relaciones entre los territorios, las especies y las comunidades.

Durante la presentación participará Fabián Pacheco, integrante de Bloque Verde, ecologista y colaborador entrevistado para este proyecto.

También intervendrán Ilana Boltvinik y Diana Barquero, como coordinadoras del proyecto; Sebastián Coto, quien además de formar parte del equipo actuará como moderador; y Rocío Zamora.

El equipo colaborador está integrado por Andrea Guízar (México), José Alejandro Sánchez Vigil (México), Alessandro Valerio (Costa Rica-México), Rodrigo Viñas Miranda (México), Sebastián Coto (Costa Rica), Adrián Vergara (Costa Rica) y Rocío Zamora Sauma (Costa Rica).

La publicación fue realizada por Festina Ediciones (México) y el diseño del zine y del afiche estuvo a cargo de Ana Lucía Sánchez Vargas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de The Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability (SMUS), de la Universidad Técnica de Berlín, y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

En la organización también participan el Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura (PDESC); la Escuela de Filosofía; la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura: la Universidad Veracruzana; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Costa Rica.

Jairo Mora: trece años después, la impunidad y la violencia contra quienes defienden la vida continúan

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Bloque Verde

Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.

Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.

La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.

Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.

Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.

La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.

A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.

Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.

Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.

Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.

Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.

También implica mirar lo ocurrido en Moín.

Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.

Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.

Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.

Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.

Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.

  • Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
  • Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
  • Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
  • Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.

Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.

Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.

Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.

Proyecto de ley pretende recortar casi un tercio del territorio indígena de Këköldi y revertir fallo de la Sala Primera

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • El proyecto violaría el Convenio 169 de la OIT

Bloque Verde. Diversas voces han alertado sobre la presentación de un proyecto de ley que plantea una modificación sustancial al territorio indígena bribri de Këköldi, ubicado en Cocles, cantón de Talamanca, el cual implicaría una reducción aproximada del 31,5% de su extensión actual.

La iniciativa, titulada “Ley para la Delimitación Territorial de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi”, fue presentada al final del período legislativo 2022-2026 por la entonces diputada Carolina Delgado Ramírez, quien el 5 de mayo del 2026 fue nombrada presidenta ejecutiva del INAMU por la presidenta electa Laura Fernández. Aunque el texto del proyecto utiliza el término “modificación”, sus propias cifras evidencian un recorte significativo del territorio, pasando de 7.857 hectáreas a aproximadamente 5.386 hectáreas, lo que representa la pérdida de 2.471 hectáreas.

Esta propuesta busca revertir los avances logrados tras más de 15 años de litigio judicial que permitieron la restitución de tierras ancestrales legalmente reconocidas al pueblo indígena de Këköldi, incluyendo áreas que les brindan acceso al mar. En ese sentido, se advierte que el proyecto no contempla medidas de reparación ni garantiza un proceso amplio de consulta, limitándose a mencionar la participación de la Asociación de Desarrollo Integral de Këköldi y sus organizaciones representativas. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT establece que la consulta debe ser previa, libre e informada, es decir, debe realizarse antes de la formulación de este tipo de iniciativas y no cuando ya han sido presentadas.

Cabe recordar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia N° 004507-F-S1-2019 del 12 de diciembre de 2019, anuló los decretos ejecutivos de 1996 y 2001 que habían reducido ilegalmente el territorio, precisamente por no haber realizado la consulta previa obligatoria, y restableció los límites originales del territorio, incluyendo el área costera. Ese territorio restituido pertenece al pueblo Bribri de Këköldi y sobre este punto el Estado costarricense no puede retroceder.

La modificación de los límites de un territorio indígena debe regirse por los principios del derecho indígena y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense. En este caso, la propuesta no solo implica un retroceso respecto al nivel de protección alcanzado mediante una sentencia judicial, sino que también contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos. Al no haber sido consultada de manera previa, el proyecto vulnera el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales establecen que la consulta debe realizarse en todas las etapas del proceso, desde antes de la presentación de la iniciativa y durante su trámite.

Adicionalmente, el proyecto invoca la situación de propietarios no indígenas de buena fe atrapados dentro del territorio restituido para justificar el recorte. Es un argumento con resonancia humana, pero tiene una trampa, ya que ese problema ya tiene solución en el ordenamiento jurídico vigente, y el Estado se ha negado sistemáticamente a aplicarla. El artículo 5 de la Ley Indígena N.° 6172 obliga al Estado a reubicar o, si no es posible, a expropiar e indemnizar a esas personas.

La propia Sala Primera, en la sentencia que ahora se pretende revertir, ordenó expresamente al INDER y la CONAI iniciar esos procesos de expropiación. El plazo venció. El Estado no actuó. Y ahora, en lugar de cumplir lo ordenado por el tribunal, se propone rediseñar el mapa para que las fincas de terceros queden fuera del territorio indígena, trasladándole al pueblo de Këköldi el costo de la negligencia institucional. Que el Estado haya incumplido su propia sentencia no puede convertirse en argumento para despojar a una comunidad indígena de su territorio ancestral.

Desde el colectivo Bloque Verde se advierte que esta propuesta representaría un retroceso que aumentaría la vulnerabilidad territorial del pueblo Bribri de Këköldi, en beneficio de intereses vinculados a la especulación inmobiliaria.

Hacemos un llamado urgente a revisar con detenimiento el contenido y las implicaciones del proyecto, en resguardo de los derechos territoriales indígenas reconocidos tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional. La posible reducción del territorio no solo implicaría un grave retroceso jurídico, sino que sentaría un precedente altamente peligroso para otros territorios indígenas que enfrentan procesos históricos de ocupación por parte de personas no indígenas, en contextos donde el Estado tampoco ha cumplido la ley. Esto no solo agrava la deuda histórica, sino que alimenta escenarios de conflicto, como los que ya se viven en procesos de recuperación territorial, marcados por la violencia, la impunidad y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.

Información de la posición de la comunidad de Kéköldi: Proyecto de ley podría reducir en más de un 30% territorio indígena en Keköldi – YouTube

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

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  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

Denuncian “viabilidad ambiental exprés y oculta” del atracadero en Puerto Viejo

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● Comunidad y organizaciones señalan falta de transparencia y participación en el proceso. Evalúan acciones legales y administrativas.

Bloque Verde. Puerto Viejo, Limón — Vecinas y vecinos de Puerto Viejo denunciaron la existencia de una viabilidad ambiental otorgada de forma exprés al proyecto de atracadero vecinal, cuya tramitación fue desconocida por la comunidad hasta que JAPDEVA anunció su existencia a finales de agosto de 2025.

Según informaron representantes comunales, la población se enteró del proyecto únicamente a través del comunicado de JAPDEVA. A partir de ese momento, diversas personas comenzaron a solicitar información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la misma JAPDEVA, sin obtener respuestas claras sobre la existencia del expediente.

No fue sino hasta que una fuente anónima facilitó parte de la documentación, que confirmó la existencia de la viabilidad ambiental Nº D1-0883-2024-SETENA, otorgada en un trámite de apenas 18 días hábiles (entre el 7 y el 30 de octubre de 2024). Es decir que tienen el permiso ambiental aprobada desde hace un año sin que ninguna persona de la comunidad, asociación o parte interesada fuera notificada ni tuviera acceso al expediente, ni mucho menos apersonada en el mismo, es decir que permaneció oculto hasta que recientemente se localizó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN.

Por medios telefónicos, mensajes y solicitudes escritas, distintas personas de la comunidad habían consultado a SETENA sobre el expediente, pero —según las respuestas oficiales— fueron remitidas a proyectos antiguos que ya habían sido rechazados tanto por la institución como por la comunidad.

Ante estos hallazgos, abogados ambientalistas, profesionales, académicos, activistas y miembros de la comunidad analizan las posibles acciones legales y administrativas por la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso.

Asimismo, las personas de la comunidad denuncian que, mientras apenas se conoce la existencia de la viabilidad ambiental, están siendo convocadas a un supuesto proceso de consulta destinado a “legitimar” un proyecto que ya fue aprobado, lo que consideran una burla al derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública. Señalan además que el atracadero ha sido rechazado en múltiples ocasiones anteriores, ya que se ubica en una zona arrecifal altamente viva pero amenazada, donde los ecosistemas marinos enfrentan graves impactos por el exceso de sedimentos y el blanqueamiento coralino asociado al aumento de la temperatura de los océanos.

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.