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Etiqueta: Bloque Verde

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Artistas lanzan “Catarata sin tractor” en defensa de la catarata de Montezuma

Un colectivo de artistas y activistas ecologistas estrenará este sábado 24 de octubre la canción “Catarata sin tractor”, una producción musical de denuncia y resistencia ecológica en defensa de la catarata de Montezuma. Según el comunicado, responde a los daños ambientales ocurridos recientemente en sus alrededores. La canción se publicará en SoundCloud y, de forma simultánea, en los canales de YouTube del colectivo. A partir del 13 de noviembre estará disponible en Spotify y en las demás plataformas digitales.

La producción está a cargo del músico ecologista Fabián Pacheco, del proyecto Cantos de Batalla, y del cantautor Rialengo, por medio de su casa productora A La Batalla Records. Sus impulsores la describen como una pieza “con profunda raíz latinoamericana, alegre, combativa y frontal”. El arte de la portada es de la artista Gabriela García Calderón.

Según el comunicado, el objetivo de la canción es “denunciar sin miedo la destrucción ambiental que inversionistas irresponsables, bajo posibles complicidades u omisiones de funcionarios públicos, han ocasionado en este símbolo nacional del ecoturismo”.

Antecedentes del caso

La iniciativa responde a denuncias vecinales y a hallazgos oficiales sobre afectaciones en la zona de protección de la catarata:

  • Afectación al patrimonio: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó la afectación de al menos 554 metros cuadrados del Patrimonio Natural del Estado por obras de construcción irregulares en las cercanías.

  • Obras paralizadas: tras la presión de la comunidad, que denunció la tala ilegal y la invasión de áreas protegidas, las autoridades ordenaron detener las obras.

  • Investigación judicial: el caso está en investigación. Según el comunicado, gracias a las gestiones del Bloque Verde la denuncia fue elevada a la Fiscalía Ambiental y motivó reuniones de incidencia con diputaciones para exigir cuentas.

El colectivo atribuye la deforestación al debilitamiento de los controles ambientales en el país. Por su parte, el Bloque Verde expresó su preocupación y reafirmó su condena a los hechos documentados.

Las voces de la iniciativa

Quienes impulsan la canción consideran que el arte debe colocarse del lado de las comunidades y la naturaleza “frente al avance voraz del capital inmobiliario”.

“Es indignante ver que vengan empresarios extranjeros a Costa Rica sin ningún respeto a la legislación ambiental y hacia los recursos naturales, pero más indignante es que funcionarios públicos de Costa Rica faciliten o se hagan de la vista gorda ante los delitos ambientales que a todas luces destruyen el patrimonio nacional y, con ello, el futuro de seguir siendo un país ecoturístico”, dijo Fabián Pacheco.

Rialengo destacó la fuerza colectiva de la grabación: “El poder de levantar este mensaje a través de la música de tantos artistas es enorme; queremos que todos se enteren de la destrucción ambiental que en las zonas turísticas de Costa Rica se está realizando desde poderosas inversiones extranjeras. La catarata y la ecología se defienden”.

Ficha técnica

  • Fabián Pacheco: composición, voz y percusión.

  • Rialengo: composición, voz y programación.

  • Lucas Alberti: composición y voz.

  • Marypaz Munay: composición y voz.

  • Amanda Obregón: composición y voz.

  • Dani Contreras: piano.

  • La Voz Nativa: composición y voz (rap).

  • Jaguar: voz.

  • Luz María Romero: composición y voz.

  • Paolo Nájera: acordeón y voz.

  • Flor de Mar: composición y voz.

  • Rebeca Montero: voz en la denuncia final narrada.

  • Pedro Víquez: bajo eléctrico.

  • Mochilla Groove: saxofón.

  • Óscar Jiménez Fernández: guitarra y charango.

  • Producción musical: Fabián Pacheco y Rialengo (A La Batalla Records).

  • Arte de portada: Gabriela García Calderón.

Dónde escucharla

Le invitamos a ver el breve video con la invitación: 

El fuego del amor consciente: Rebeca y la defensa del río Montezuma

«La protección de la naturaleza no se decreta desde la comodidad de los escritorios oficiales; se defiende en el territorio cuando los ciudadanos asumen el coraje de denunciar el desprecio y la destrucción».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de las denuncias ambientales en la península de Nicoya y el reciente reconocimiento otorgado a la activista; una mirada crítica sobre el impacto de la gentrificación, el inmovilismo institucional y la urgencia de la fiscalización ciudadana.

Hay luchas socioambientales que nacen de la estricta necesidad material, pero hay otras, más profundas, que brotan de la coherencia ética y el arraigo territorial. La defensa de la cascada y el río Montezuma, en el distrito de Cóbano de Puntarenas, personifica este segundo escenario.

Las alarmantes intervenciones en una zona ambientalmente tan sensible, marcadas por la tala ilegal de hileras de árboles y movimientos de tierra, han encontrado un dique de contención definitivo en el coraje de la vecina Rebeca Montero Castro.

Su voz se ha levantado con firmeza para plantear una interrogante incómoda que exige respuestas inmediatas del Estado: «¿Quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza?».

En un video difundido de forma directa por la propia comunidad, Rebeca señaló con indignación la tala indiscriminada de árboles y la apertura arbitraria de un claro justo al frente de la cascada de Montezuma.

A través de este registro de denuncia audiovisual, la activista cuestionó con severidad que este tipo de acciones destructivas puedan ejecutarse de manera impune en una zona ambientalmente tan sensible y con una alta densidad de flora y fauna nativas, donde los pobladores locales poseen una -de verdad- arraigada conciencia ecológica de protección.

El origen de este ecocidio en la península de Nicoya responde a una lógica mercantil de exclusión agresiva. Bajo el amparo de la gentrificación y la búsqueda de un lucrativo «ocean view» impulsado por el poderoso caballero don dinero, se introdujeron tractores y se provocó la caída de rocas hacia el cauce del río y el sendero turístico.

Esta preocupante destrucción no solo arruina el paisaje. También compromete la estabilidad del terreno, altera la flora y fauna de la zona y amenaza directamente la seguridad de las personas que visitan uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

Atentar contra este ecosistema es destruir la gallina de los huevos de oro que sostiene buena parte de la actividad turística y la vida comunitaria.

La parálisis del SINAC y la respuesta comunal

El verdadero rostro de la crisis ambiental costarricense es la impunidad propiciada por el inmovilismo institucional. A pesar de que los vecinos informaron oportunamente a las autoridades sobre la construcción de gaviones y traslados de material pesado ocurridos entre agosto y noviembre de 2025, el Estado hizo la vista gorda, tal como consta en la pormenorizada reseña publicada por el diario SURCOS Digital («Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada…») y el Semanario Universidad («SINAC confirma afectación de patrimonio natural por intervenciones en catarata de Montezuma»).

La parálisis del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) obligó a la comunidad organizada y al Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA Cabo Blanco – Ario) a interponer la denuncia N.º 37.797 ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) para frenar la destrucción de la cobertura forestal dentro del margen de protección hídrica.

Frente a la pasividad estatal, la respuesta civil se ha consolidado a través de una masiva petición ciudadana en línea respaldada por las asociaciones de desarrollo de Santa Teresa, Mal País y Montezuma. El río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica, un galardón conquistado colectivamente por el pueblo durante años de esfuerzo comunitario que hoy se encuentra en grave riesgo por la desregulación, según detalla el informe de prensa.

Por ello, las exigencias de Rebeca superan la simple protesta. La ciudadanía reclama acceso público a los estudios de impacto ambiental y demanda una inspección de campo urgente acompañada por los vecinos para garantizar la restauración del ecosistema agredido.

El reconocimiento al coraje ecologista

La valentía de defender la vida invisible no pasa desapercibida para el movimiento social del país. En un emotivo acto público, el movimiento ecologista Bloque Verde otorgó un merecido reconocimiento y homenaje a Rebeca por haber tenido el valor civil de registrar con su celular los destrozos, levantar la alerta y avivar el fuego de la organización.

Su testimonio constituye una profunda lección de dignidad para una sociedad adulta habituada al desapego: «Siento como que hice caso a mi corazón y eso era lo correcto. Actué desde el amor, porque todo lo que sea una lucha desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto a la naturaleza, es algo de todos».

El Gobierno actual no puede permitir que el capricho del dinero pase por encima de las leyes de protección forestal. Nuestra patria se hace más fuerte cuando defiende sus bienes comunes y protege la integridad de sus agroecosistemas.

Es hora de que los inquilinos transitorios de los despachos públicos dejen la estridencia, salgan a los territorios periféricos y asuman con responsabilidad el mandato de proteger la trinchera fundamental de nuestra biodiversidad.

Tal como lo demostró de forma valiente Rebeca Montero Castro, si vemos que algo destructivo está ocurriendo, nuestro deber es gritar ayuda y organizarnos para que nadie quede atrás.

Bloque Verde denuncia presunto entierro de basura plástica en fincas bananeras de Chiquita en Sixaola

El Bloque Verde hizo llegar a SURCOS, desde Cahuita, Limón, una denuncia sobre el presunto entierro de desechos plásticos en dos fincas bananeras propiedad de la empresa Chiquita en Sixaola, en el cantón de Talamanca.

Según la denuncia, el lunes 5 de octubre se habría ordenado enterrar basura plástica y «daipas» (el forro con el que se cubre el banano en la plantación) en la finca Tayrona. Las personas denunciantes indican que esa misma tarde recibieron fotografías del hecho. De acuerdo con su relato, lo mismo habría ocurrido el martes 6 de octubre en la finca Cañaveral, también propiedad de la empresa.

Para las personas denunciantes, se trata de un «acto ecocida» que muestra que a las empresas transnacionales «solo les importa su propia ganancia» y no tienen respeto por la naturaleza ni por sus recursos.

Las personas denunciantes solicitan a las instituciones y autoridades competentes investigar los hechos y tomar las medidas que correspondan.

SURCOS comparte las imágenes y videos aportados como evidencia.

Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones exigen proteger a las comunidades de las fumigaciones agrícolas

Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley

Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.

Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.

Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”

El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”

Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.

El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.

En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.

Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”

El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”

Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.

Comunicado completo con adhesiones: https://docs.google.com/document/d/1oVRypfsWvdxee06iSHJN4THnCpKXizMD/edit?usp=sharing&ouid=118278187804590108810&rtpof=true&sd=true

Bloque Verde denuncia grave depredación ambiental en catarata de Montezuma

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Debilitamiento de los controles ambientales en Costa Rica favoreció la deforestación. Este caso está en investigación judicial.

El Bloque Verde expresa su profunda preocupación y reafirma su condena a los graves hechos documentados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en las inmediaciones del río y la catarata de Montezuma, en Cóbano, Puntarenas, donde informes técnicos oficiales acreditan la existencia de intervenciones sobre cobertura vegetal, áreas de protección hídrica y sectores pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado.

De acuerdo con el informe técnico ACT-OSRC-358-2026-firmado, funcionarios del SINAC verificaron la eliminación de sotobosque y regeneración natural, afectación de árboles, movimientos de tierra, construcción de terrazas, rellenos y otras intervenciones realizadas en un entorno de alta sensibilidad ecológica, incluyendo aproximadamente 827,3 metros cuadrados de área de protección del río y alrededor de 554 metros cuadrados de Patrimonio Natural del Estado afectados.

Asimismo, el propio SINAC confirmó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales y actualmente se tramita bajo la causa penal N.° 26-000414-0832-PE, evidencia de la seriedad de los hechos investigados.

Para el Bloque Verde, este caso representa mucho más que una infracción aislada. Se trata de una manifestación alarmante de un modelo de desarrollo inmobiliario desmedido que está transformando aceleradamente numerosos territorios costeros del país, desplazando ecosistemas estratégicos, aumentando la presión sobre las fuentes de agua y alterando paisajes naturales que constituyen patrimonio de todas las personas costarricenses.

La situación de Montezuma evidencia cómo la expansión inmobiliaria y los procesos de gentrificación están generando conflictos cada vez más severos entre los intereses económicos privados y la protección del patrimonio natural. La creciente valorización de zonas costeras ha impulsado una intensa presión sobre bosques, áreas de protección y corredores biológicos, muchas veces en territorios donde las comunidades locales observan con preocupación la pérdida progresiva de sus recursos naturales y el deterioro de su calidad de vida.

Resulta particularmente preocupante que las intervenciones documentadas se hayan producido en terrenos colindantes con uno de los atractivos naturales más emblemáticos del país. Las cataratas y el río Montezuma constituyen ecosistemas de enorme importancia ecológica, paisajística y turística, cuya protección debe ser una prioridad nacional.

El Bloque Verde advierte además sobre una problemática de alcance nacional: el progresivo debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control ambiental. En distintos puntos del país se multiplican las denuncias por tala, movimientos de tierra, afectación de áreas de protección, presiones sobre humedales y fragmentación de bosques, mientras las instituciones responsables operan con limitaciones presupuestarias, insuficiencia de personal y una creciente complejidad de los conflictos socioambientales.

La documentación oficial remitida a partir de la gestión legislativa realizada mediante el oficio AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC CATARATA MONTEZUMA confirma la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia, prevención y sanción ambiental para evitar que daños de esta naturaleza se sigan produciendo. Mientras el Poder Ejecutivo recorta los presupuestos de cultura, educación, salud y ambiente, la riqueza natural de Costa Rica se encuentra bajo ataque con una institucionalidad cada vez más debilitada por la administración de Laura Fernández Delgado.

Costa Rica ha construido su prestigio internacional sobre la protección de la naturaleza, los bosques y las fuentes de agua. Permitir la degradación de estos ecosistemas para favorecer intereses inmobiliarios de corto plazo representa una amenaza directa a ese legado y compromete el bienestar de las futuras generaciones.

Como respaldo, el Bloque Verde comparte los siguientes documentos:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC-CATARATA-MONTEZUMA-1.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/1655-2026-2.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/ACT-OSRC-358-2026-firmado-3.pdf

Ecologismo celebra reconocimiento a artistas comprometidos con la defensa ambiental en los Premios ACAM

  • Fabián Pacheco y Luz María Romero fueron reconocidos en la vigésima edición de los Premios ACAM por sus más recientes producciones musicales.

El Bloque Verde celebra el reconocimiento otorgado a dos artistas que, desde diferentes trayectorias y propuestas musicales, han acompañado y contribuido a las luchas por la defensa de la naturaleza, los territorios y los bienes comunes en Costa Rica.

La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) anunció anoche los resultados de la vigésima edición de los Premios ACAM, uno de los principales reconocimientos a la creación musical nacional, que celebra la diversidad de géneros y propuestas producidas en el país.

En esta edición fueron reconocidos Fabián Pacheco, ganador en la categoría Disco- Fusión Latina por Cantos de Batalla Vol. II, y Luz María Romero, ganadora en la categoría Disco- Música del Mundo por Entre Selvas y Desiertos.

Para el Bloque Verde, estos reconocimientos tienen un significado especial. Ambas producciones expresan, desde lenguajes musicales distintos, una profunda relación con la naturaleza, los territorios, la memoria y las luchas colectivas.

Una memoria musical de la resistencia ecologista. Fabián Pacheco, además de su trayectoria como músico, es uno de los fundadores y participantes activos del Bloque Verde y ha acompañado durante décadas distintas luchas ecologistas y territoriales en Costa Rica.

Al recibir el reconocimiento, Pacheco agradeció a las personas que han formado parte de la producción y recordó el vínculo entre la música y las luchas sociales: “Quiero agradecer a quienes han cantado durante estos treinta años de ecología social con nosotros en la calle, defendiendo Costa Rica de las represas, de las mineras, del extractivismo. Nuestro cantar es la memoria histórica musical de nuestra resistencia. Así que viva la música, viva la lucha ecologista”.

Cantos de Batalla Vol. II continúa un esfuerzo por recuperar y mantener viva la memoria musical de las luchas ecologistas del país. Sus canciones recorren resistencias contra la minería y la explotación petrolera, la defensa del maíz y la milpa campesina, las luchas de los pueblos indígenas por sus territorios y la defensa de los ríos, los humedales y otros bienes comunes.

La producción reúne la participación de músicos y artistas invitados y construye un recorrido sonoro por algunas de las principales luchas socioambientales de las últimas décadas. La percusión y el canto colectivo dialogan con ritmos latinoamericanos e instrumentos tradicionales, incorporando también sonidos y paisajes de la naturaleza.

Música que une territorios, culturas y naturaleza. El Bloque Verde también celebra el reconocimiento otorgado a Luz María Romero, artista chilena radicada en Costa Rica desde hace varias décadas, quien ha acompañado en el último tiempo con su canto y su trabajo distintas actividades y propuestas vinculadas con la defensa de los bienes comunes y la naturaleza.

Su disco Entre Selvas y Desiertos propone un diálogo musical entre sus raíces en el norte de Chile y su vida en Costa Rica. La producción construye un puente entre el paisaje del desierto de Atacama y la riqueza natural y sonora del trópico costarricense, combinando tradiciones folclóricas chilenas y andinas con ritmos que han formado parte de su proceso de arraigo en Costa Rica.

Una de las piezas centrales del disco, “Florece Mundo”, cuenta con la colaboración de Guadalupe Urbina y constituye un homenaje a la biodiversidad, los bosques, los ríos y los mares de Costa Rica.

Al conocer el reconocimiento, Luz María Romero expresó: “Gracias a todas las personas que transitaron en la creación de mi disco Entre Selvas y Desiertos. Esta noche me voy con el corazón completo de que estoy en el lugar correcto. Gracias, Costa Rica”.

Cuando la música también defiende la vida. Desde el Bloque Verde celebramos estos premios no solamente como un reconocimiento a la calidad y creatividad de dos producciones musicales, sino también como una muestra de la importancia que puede tener el arte en la construcción de memoria, conciencia y compromiso colectivo.

En un momento en que desde el actual Gobierno se han multiplicado las descalificaciones, los insultos y otras formas de violencia contra conquistas sociales, la institucionalidad pública e importantes logros socioambientales construidos durante décadas por la sociedad costarricense, este reconocimiento adquiere un significado especial.

Durante décadas, la música ha acompañado las movilizaciones ecologistas, las luchas comunitarias y la defensa de los territorios. Ha estado presente en las calles, en las comunidades y en los espacios donde las personas se organizan para defender los ríos, los bosques, los mares y la vida.

Celebramos a Fabián Pacheco, por su trayectoria artística y su compromiso permanente con el movimiento ecologista y las luchas territoriales; y a Luz María Romero, por su valiosa colaboración y acompañamiento a distintas iniciativas en defensa de la naturaleza y los bienes comunes.

Estos reconocimientos nos recuerdan que la defensa ambiental también se canta y se celebra.

Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada y lanza petición ciudadana para exigir protección

Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.

En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.

“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.

La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.

La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.

Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.

La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.

La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.

A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.

El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.

La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.

La ciudadanía también puede apoyar

La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.

La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.

Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:

Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.

La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?

Firmar la petición “Proteger el río Montezuma de daños ecológicos”

Comunidad de Montezuma denuncia daño ecológico en zona sensible del Río Montezuma; Bloque Verde exige justicia ambiental

Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.

La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.

Los hechos denunciados

El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:

  1. Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.

  2. Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.

  3. Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.

Argumentos y peticiones

La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).

La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.

Bloque Verde: “La acción en las calles es luminaria de esperanza”

Sin una sana separación de poderes, la defensa de nuestros territorios queda a merced de intereses extractivistas.

Las calles siguen siendo esperanza y resistencia frente a quienes destruyen y contaminan nuestra casa común.

Y esto no es un cheque en blanco al Poder Judicial: a ecologistas y pueblos indígenas nos siguen debiendo justicia pronta y cumplida.

Recordamos a Sergio Rojas, Jehry Rivera, Jairo Mora. Su memoria también es lucha.

Le invitamos a ver y compartir.