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Etiqueta: brecha digital

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.  De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales.  El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

 

Imagen: Semanario Universidad.

De nuevo atacan instrumento de protección del recurso hídrico

Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.

Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.

Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa, los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.

Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.

En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA. En el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.

El año pasado, cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.

Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.

Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.

Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.

Como resultado de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.

 

Publicado por CONCEVERDE.

Enviado por José Francisco Alfaro.

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Cobro por descarga un paso atrás en el acceso a la información

Comunicado Junta Directiva

Colegio de Periodistas de Costa Rica

 

La inminente declaratoria de competencia efectiva por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para el mercado de la telefonía móvil pospago, abre otra vez la posibilidad de que las compañías apliquen el cobro por descarga de datos.

El año pasado el Colper hizo pública su preocupación y rechazo ante una resolución anunciada por la Sutel, en donde se solicitaba el cobro por transferencia de datos para el Internet móvil pospago.

La iniciativa no prosperó, pero otra vez surge la amenaza de un aumento considerable en el cobro de este servicio, máxime en momentos cuando la población está de sobra acostumbrada a utilizar sus dispositivos para el envío de mensajes, fotos, videos y consumo de contenidos multimedia.

Hablamos de un impacto en el cobro de servicios cotidianos como WhatsApp, Waze, y Facebook, basados en Internet móvil.

De prosperar la propuesta anunciada por la Sutel el viernes pasado, este cobro afectará de manera particular a los comunicadores para quienes la transferencia de datos a través de sus teléfonos inteligentes es pan de todos los días.

La férrea oposición de varios sectores que desató en su momento la posibilidad del cobro por descarga para el sistema pospago (en prepago se paga por descarga desde el 2014), no se ha sentido aún, pero los argumentos de entonces siguen siendo los mismos.

Desde nuestra perspectiva, el potencial incremento de este servicio será una clara limitación a la labor de periodistas y comunicadores y tendrá un efecto negativo para el acceso universal de los servicios de Internet en la población, propiciaría un aumento en la brecha digital y por lo tanto una afectación a la democratización de las informaciones.

En esa línea se manifestaron el año pasado la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Consumidor.

Según la Sutel y las operadoras telefónicas, el cobro de datos podría contribuir a descongestionar la rede móvil, pero eso también se lograría con un aumento en las velocidades de transmisión, las cuales se ven afectadas por la poca penetración de la Internet fija en el país y por rezagos en la infraestructura.

Según un reciente estudio de la firma Open Signal, que analiza la calidad de las redes móviles a nivel global, nuestro país posee una de las peores velocidades del servicio de Internet móvil. Específicamente ocupa el puesto 94 de 95 países examinados.

En una entrevista publicada el año pasado por El Financiero, Guy de Teramond, físico pionero de Internet en Costa Rica, consideró que si bien los abusos del sistema se deben resolver, el cobro por transferencia de datos resultaba una solución «poco creativa y anacrónica» con el desarrollo de Internet.

Coincidimos plenamente con esa posición y creemos que el negocio de las telecomunicaciones y el crecimiento de un servicio tan relevante como el de Internet, no debe darse nunca a costa de limitar el acceso a la información a la población o de imponerle a los usuarios un precio de mercado que pueda llegar a ser prohibitivo.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink

Información generada desde Colegio de Periodistas.

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Hogares conectados es nominado proyecto campeón por Naciones Unidas

Procura disminuir la brecha digital ofreciendo servicio de telecomunicación a poblaciones vulnerables

 

Paola Guzmán Pérez

Periodista Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública

Hogares conectados
El Proyecto Hogares conectados, desarrollado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR, por solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), fue nominado finalista en los Premios 2016 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de las Naciones Unidas.

El Proyecto Hogares conectados, desarrollado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR, por solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), fue nominado finalista en los Premios 2016 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de las Naciones Unidas.

La propuesta plantea una estrategia para disminuir la brecha digital y asegurar servicios de telecomunicaciones a los habitantes del país que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y geográfica, por medio del fomento de la conectividad, la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de Internet de banda ancha.

Mediante una selección de familias registradas en la base de datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se otorgará una computadora y una conexión de 2 megas de Internet a las personas de escasos recursos. Fonatel asumirá parte del pago de la computadora y el servicio, y la familia beneficiada deberá pagar una mensualidad simbólica.

“El acceso a Internet no sólo incide de manera positiva en la forma en que la población se informa y mejora su calidad de vida, sino que aumenta la competitividad de las regiones y el desarrollo económico del país por medio de las oportunidades que trae consigo el acceso a la información”, explicó Esteban Mora, coordinador de Investigación e Innovación del CICAP.

De un total de 400 proyectos, Hogares conectados fue elegido entre los 5 finalistas en la categoría Acceso a la Información y el Conocimiento. La premiación oficial será el 3 de mayo, sin embargo su implementación oficial en el país será el próximo 28 de abril, como parte de la Estrategia Nacional CR digital y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

Desarrollo del proyecto

Durante los años 2013 y 2014 el CICAP trabajó en el desarrollo de la propuesta Proyecto del subsidio a Internet en hogares con terminal, el cual buscaría impactar a 140 mil familias de todo el país, con una inversión de 100 millones de dólares provenientes de FONATEL.

Carlos Sojo, Esteban Mora, Leonardo Castellón y Arllery Rivera fueron parte del equipo de trabajo que estuvo detrás de la iniciativa, que posteriormente adquiriría el nombre de Hogares conectados.

“Este tipo de proyectos generan las pequeñas victorias con las que cada día las instituciones públicas pueden hacer más por los ciudadanos y éstos por su comunidad, al conectarlos con el mundo y facilitar las condiciones para mejorar su calidad de vida”, manifestó la directora del CICAP, Mayela Cubillo.

Objetivos de Hogares conectados
  • Proveer un subsidio para un servicio de conexión a Internet de banda ancha a personas con insuficiencia de recursos económicos, condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
  • Asegurar a los estudiantes del país recursos de acceso a Internet como fuente de información primaria para el fomento de su proceso educativo.
  • Proporcionar a microemprendedores y trabajadores por cuenta propia herramientas tecnológicas para el desempeño de sus ocupaciones en la producción de bienes y servicios.
  • Facilitar a las personas con discapacidad el acceso a Internet en procura de potenciar sus capacidades y asegurar el pleno disfrute de sus derechos.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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