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Certeza jurídica, Estado digital y transparente para un país más eficiente (II y final)

Escrito el 24/10/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué hacer para avanzar con la velocidad y los tiempos correctos…?

Caryl Alonso Jiménez

El ENADE 2024 nuevamente puso en el debate nacional las prioridades presentes y futuras de país. No dijo cómo ni cuándo. Con dos extraordinarios expositores: Toomas Ilves, Expresidente de Estonia y Santiago Bilinkis, experto en innovación tecnológica.

La mañana del jueves 10 de octubre, en un espacio para funcionarios públicos se adelantaron las primicias de los dos expositores para compartir con decisores políticos visiones y experiencias claves.

La segunda ponencia de esa mañana estuvo a cargo de Santiago Bilinkis, argentino, empresario, escritor, experto en sistemas tecnológicos e IA (inteligencia artificial). Bilinkis, es dueño de una extraordinaria verbalización, con ruidos altisonantes del provocador de escenarios. Fue capaz de mantener la audiencia sometida a ráfagas de información que, por momentos alientan a escenarios optimistas y en otros, a verdaderas alarmas. Como todo buen expositor, apoyó con datos estadísticos sus afirmaciones, que hacen creíbles los escenarios abordados.

La ponencia sorprendió a los asistentes, funcionarios y asesores de entidades públicas. Usó el idioma florido del argentino encantador, condujo con interrogantes que resultaron en graves revelaciones de la verdad: en tres años, -dijo. La IA estará presente… y dejó la interrogante instigadora, ¿Estaremos listos…?

Bilinkis tiene mente comercial, desarrolló, extendió y elevó su negocio a los atractivos de inversionistas y al parecer, con habilidad propia del estratega vendió a tiempo. Ello le dio los bonos, al parecer suficientes… para detenerse en la poltrona de la sabiduría y dedicarse a pensar con mente matemática, con esas lógicas contemporáneas, que hacen del inventario de las crisis, oportunidades cotidianas y expectativas futuras… aunque no para todos, sino para los que están en la acumulación… el resto solo consume.

Es indudable, tiene ese don de visionario y calculador de las olas de transformación tecnológica, eso lo convierte en un agudo observador y pendolista de ideas para América Latina, y más con esa doble virtud del don de la palabra escrita y hablada.

Seguro fue eso lo que sedujo a los organizadores del evento. Compartir sus visiones, alarmas y sobre todo, por su capacidad persuasiva para hablarle a un público escéptico como el guatemalteco… que bueno, tiene sus razones acumuladas de años…

Publicó en el 2019 “Guía para sobrevivir en el presente”, de lectura obligada. Su último libro, “Artificial” (2023), en coautoría con Mariano Sigman, de lectura en aulas universitarias y con intensa presencia en redes sociales. El libro presenta el escenario para América Latina que adelanta el arribo en los siguientes años de la IA. Aunque revela escepticismo y dudas, ante el advenimiento indetenible, por esas realidades sociales y políticas que resultan en barreras para la expansión tecnológica.

El libro confronta los grandes desafíos de la ola de la IA que se avecina, pero no se deja obnubilar por las transformaciones que serán realidad en procesos que van impactar los escenarios educativos, laborales, investigativos y la vida cotidiana, como ya ocurre con el denominado “internet de las cosas” (Kevin Ashton, 1999).

Interroga la realidad latinoamericana, ¿Qué sentido tiene estar hablando de la IA cuando en muchas escuelas falta agua, calefacción o se cae la mampostería de los techos? ¿Hablar de tecnología cuando existe una tremenda desigualdad y una brecha digital enorme? (P.117). Explica que sin inversión ni compromiso las oportunidades se alejan.

Es indudable, el valor de los ENADE anuales, abonan al debate reiterado de las decisiones que faltan y omisiones históricas que ya no pueden esperar.

Me recordó aquel ENADE 2019, cuando James Robinson, coautor con Daron Acemuglo del libro, “Por qué fracasan los países” (2013), fue expositor principal de ese año. Recuerdo que insistía en los modelos económicos productivos que deberán modernizarse para las transformaciones del siglo XXI. Por cierto ambos autores, junto a Simon Johnson son los galardonados con el Premio Nobel de economía 2024.

Es incontestable, la certeza jurídica y la transformación digital son parte de la cadena de la eficiencia institucional del Estado, nadie lo discute. Pero no son automáticas. Lo primero son decisiones de políticas. Sobre todo diálogo, acuerdo y compromiso. Vale seguir la iniciativa, no me cabe duda, es una buena señal y va en la línea correcta…

Felipe Larraín, economista y exministro de hacienda de Chile, en un reciente artículo sobre la viabilidad de la transformación digital de Latinoamérica (2024), identifica a Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil por cuatro condiciones: certeza jurídica, estabilidad democrática, capital social y estabilidad macroeconómica. La evidencia es buena…

Esos países iniciaron políticas de transformación hace más de 30 años. ¿Es eso lo que se quiere…? Pero, hacerlo demanda decisiones, ¿Se tomarán a tiempo…? ¿Qué falta…?

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Escrito el 12/06/2023. Publicado en Derechos, Equidad, Salud, Trabajo.

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

La FOD, el MEP y el futuro de las TIC

Escrito el 14/05/2023. Publicado en Análisis, Educación.

Deyanira Sequeira

El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.

La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.

Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.

Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.

Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.

Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.

Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.

Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.

[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023
Edición de enseñanza y aprendizaje

*https://wakelet.com/@sdeyanira_xu8k4

Desigualdad social y pobreza en Costa Rica: Las cosas están mal pero se pueden poner peor

Escrito el 22/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Varios indicadores económicos y sociales nos están diciendo fuerte (o quizás gritando) que las cosas en Costa Rica, están mal pero pueden ponerse peores de cara al futuro, para amplios sectores de la población nacional. Cada vez con más frecuencia emergen números rojos en distintos indicadores económicos y sociales.

En el siglo anterior, el país asumió un liderazgo en el contexto latinoamericano y caribeño como resultado del impulso y desarrollo de un Estado de Bienestar, que aunque la redistribución de la riqueza no era la óptima, si permitió avances en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a agua potable, electricidad y telefonía, entre otros rubros.

Producto del esfuerzo mancomunado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria, se establecieron las bases de un Estado Social de Derecho (ESD), que José Figueres Ferrer en vez de hacerlo retroceder como líder triunfador de la guerra civil del 48, lo profundizó en algunos aspectos. Con zigzagueos, subidas y bajadas, ese ESD avanzó, pese a la férrea oposición de sectores oligárquicos.

Así las cosas cuando ese ESD llegó a su apogeo, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, se pensaba con algún optimismo que el país iba a seguir avanzando y que los índices de pobreza y desigualdad social iban a mejorar progresivamente. Pero no. El impulso de ese Estado de Bienestar emergió como una respuesta al avance del socialismo que cuestionaba las bases del capitalismo y en Costa Rica, adquirió características destacadas, que proyectaron a un país con cierto grado de desarrollo que lo posicionó como una nación de ingreso medio.

Se cumplía en parte la idea de Don Pepe (y su apuesta socialdemócrata) de avanzar hacia un país de «clases medias». Ese país se ha venido desvaneciendo, en forma dolorosamente sostenida. Hoy se ha transformado en el país controlado por una plutocracia de avaricia ilimitada, grandes mayorías que se debaten entre una creciente pobreza y miseria, y unas capas medias cada vez más reducidas y en proceso acelerado de pauperización y, por tanto, de extinción.

Esa época, que tiene como punto destacado de quiebre la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy se ha vuelto cada vez más lejana por el sostenido avance de la polarización económica y social, en la que cada vez hay menos que concentran mucho y muchos con cada vez más poco.

Hoy, esas cifras en rojo se manifiestan en áreas como las siguientes:

Costa Rica se sitúa como octavo en el triste «ranking» de desigualdad social en el mundo.
El país es el más desigual de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las finanzas de la CCSS están en crisis creciente como lo demostró la comisión legislativa que investigó sus finanzas mientras los partidos que han gobernado al país en las últimas tres décadas (PLN, PUSC y PAC) y otros aliados en el Parlamento, recetan acetaminofén y curitas cuando lo urge es una cirugía mayor, un tratamiento de choque. De esta manera, se pone a la salud pública en perspectivas sombrías.
El desempleo alcanza alrededor del 17 % mientras la llamada «informalidad» rompe records.
Los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, desde hace tiempo, superviven en situaciones precarias sin el apoyo significativo del Estado.
La brecha digital se ha mostrado en todo su esplendor cuando el país más necesitaba una conectividad digital cada vez más democrática, que alcanzara toda la geografía nacional.
La educación –que venía mal antes de la pandemia– entró en una zona de desastre que marca un enorme retroceso para el país en este campo.

Estos números en rojo no son generados por la coyuntura marcada por la pandemia. La pandemia es un factor multi agravante de problemas que vienen de atrás. Empero algunos la han colocado como pretexto de sus grandes fallas y vacíos. La crisis multidimensional obedece a problemas estructurales del sistema neo-liberal que le cayó como matapalo al árbol del Estado Social de Derecho, que el país hizo crecer entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior. Y ese árbol que era mediano hoy es poco más que un bonsai.

El desastre social que ya padece el país si no se adoptan soluciones y correcciones, tan dramáticas como impostergables, será peor en los años venideros. En este contexto, lo más preocupante es que este tema que debería definir la campaña electoral del 2022, no es el importante para la gran mayoría de los partidos que forman parte de la cargada oferta electoral.

El hecho de que este tema que no sea prioridad en la agenda electoral del presente para la mayoría de los partidos, obedece –a mi modo de ver– a tres causas asociadas:

(1) Los orienta la doctrina neo-liberal, que convirtieron en su creo aunque pregonen otra cosa,

(2) Han gobernado al país desde Zapote en los últimos lustros y forman parte del desastre social; no de las soluciones inclusivas y solidarias, y

(3) Desde la Asamblea Legislativa, a partir de omisiones y acciones, han empujado al país a esta situación de grave crisis multidimensional.

O para decirlo más resumidamente: Son partidos y líderes que son parte del gravísimo problema económico y social que enfrenta el país; no de la solución que debe emerger con genuino patriotismo, cuando entramos en una emergencia marcada por el desastre de pronóstico reservado.

(21 de octubre, 2021)

Oportunidades para atender la brecha digital en zonas rurales

Escrito el 18/08/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente evento:

El día jueves 19 de agosto a las 9:00 a.m. se llevará a cabo un conversatorio virtual en el que se expondrán las oportunidades para atender la brecha digital en zonas rurales. Contará con la participación de:

Sr. Patricio Solís, gerente general Coopesantos R.L.
MSc. Isabel Róman, directora del Informe Estado de la Educación, Programa Estado de la Nación (PEN).
Dra. Paula Villalta, Viceministra de Planificación y Coordinación Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP).
MSc. Hannia Vega, vicepresidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Ing. Harold Molina, director a.i de la dirección de Desarrollo Región Central, Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Sr. Eduardo Navarro, presidente del Consejo de Administración de Coopesantos y presidente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Conelectricas).

En la moderación estará:

Sr. Juan Castro, Coopesantos

Este evento se realizará vía zoom al siguiente enlace:

https://zoom.us/j/94512726280?pwd=bmdqTDRPNDBJRFg0d09MVTBVOXd5Zz09

Adjuntamos la invitación formal del evento:

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito el 14/07/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

Imagen: UCR.

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito el 27/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo. De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales. El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

Imagen: Semanario Universidad.

De nuevo atacan instrumento de protección del recurso hídrico

Escrito el 26/02/2018. Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.

Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.

Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa, los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.

Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.

En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA. En el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.

El año pasado, cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.

Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.

Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.

Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.

Como resultado de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.

Publicado por CONCEVERDE.

Enviado por José Francisco Alfaro.

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Cobro por descarga un paso atrás en el acceso a la información

Escrito el 13/10/2016. Publicado en Derechos.

Comunicado Junta Directiva

Colegio de Periodistas de Costa Rica

La inminente declaratoria de competencia efectiva por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para el mercado de la telefonía móvil pospago, abre otra vez la posibilidad de que las compañías apliquen el cobro por descarga de datos.

El año pasado el Colper hizo pública su preocupación y rechazo ante una resolución anunciada por la Sutel, en donde se solicitaba el cobro por transferencia de datos para el Internet móvil pospago.

La iniciativa no prosperó, pero otra vez surge la amenaza de un aumento considerable en el cobro de este servicio, máxime en momentos cuando la población está de sobra acostumbrada a utilizar sus dispositivos para el envío de mensajes, fotos, videos y consumo de contenidos multimedia.

Hablamos de un impacto en el cobro de servicios cotidianos como WhatsApp, Waze, y Facebook, basados en Internet móvil.

De prosperar la propuesta anunciada por la Sutel el viernes pasado, este cobro afectará de manera particular a los comunicadores para quienes la transferencia de datos a través de sus teléfonos inteligentes es pan de todos los días.

La férrea oposición de varios sectores que desató en su momento la posibilidad del cobro por descarga para el sistema pospago (en prepago se paga por descarga desde el 2014), no se ha sentido aún, pero los argumentos de entonces siguen siendo los mismos.

Desde nuestra perspectiva, el potencial incremento de este servicio será una clara limitación a la labor de periodistas y comunicadores y tendrá un efecto negativo para el acceso universal de los servicios de Internet en la población, propiciaría un aumento en la brecha digital y por lo tanto una afectación a la democratización de las informaciones.

En esa línea se manifestaron el año pasado la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Consumidor.

Según la Sutel y las operadoras telefónicas, el cobro de datos podría contribuir a descongestionar la rede móvil, pero eso también se lograría con un aumento en las velocidades de transmisión, las cuales se ven afectadas por la poca penetración de la Internet fija en el país y por rezagos en la infraestructura.

Según un reciente estudio de la firma Open Signal, que analiza la calidad de las redes móviles a nivel global, nuestro país posee una de las peores velocidades del servicio de Internet móvil. Específicamente ocupa el puesto 94 de 95 países examinados.

En una entrevista publicada el año pasado por El Financiero, Guy de Teramond, físico pionero de Internet en Costa Rica, consideró que si bien los abusos del sistema se deben resolver, el cobro por transferencia de datos resultaba una solución «poco creativa y anacrónica» con el desarrollo de Internet.

Coincidimos plenamente con esa posición y creemos que el negocio de las telecomunicaciones y el crecimiento de un servicio tan relevante como el de Internet, no debe darse nunca a costa de limitar el acceso a la información a la población o de imponerle a los usuarios un precio de mercado que pueda llegar a ser prohibitivo.

Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink

Información generada desde Colegio de Periodistas.

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Hogares conectados es nominado proyecto campeón por Naciones Unidas

Escrito el 28/04/2016. Publicado en Derechos.

Procura disminuir la brecha digital ofreciendo servicio de telecomunicación a poblaciones vulnerables

Paola Guzmán Pérez

Periodista Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública

El Proyecto Hogares conectados, desarrollado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR, por solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), fue nominado finalista en los Premios 2016 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de las Naciones Unidas.

La propuesta plantea una estrategia para disminuir la brecha digital y asegurar servicios de telecomunicaciones a los habitantes del país que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y geográfica, por medio del fomento de la conectividad, la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de Internet de banda ancha.

Mediante una selección de familias registradas en la base de datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se otorgará una computadora y una conexión de 2 megas de Internet a las personas de escasos recursos. Fonatel asumirá parte del pago de la computadora y el servicio, y la familia beneficiada deberá pagar una mensualidad simbólica.

“El acceso a Internet no sólo incide de manera positiva en la forma en que la población se informa y mejora su calidad de vida, sino que aumenta la competitividad de las regiones y el desarrollo económico del país por medio de las oportunidades que trae consigo el acceso a la información”, explicó Esteban Mora, coordinador de Investigación e Innovación del CICAP.

De un total de 400 proyectos, Hogares conectados fue elegido entre los 5 finalistas en la categoría Acceso a la Información y el Conocimiento. La premiación oficial será el 3 de mayo, sin embargo su implementación oficial en el país será el próximo 28 de abril, como parte de la Estrategia Nacional CR digital y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

Desarrollo del proyecto

Durante los años 2013 y 2014 el CICAP trabajó en el desarrollo de la propuesta Proyecto del subsidio a Internet en hogares con terminal, el cual buscaría impactar a 140 mil familias de todo el país, con una inversión de 100 millones de dólares provenientes de FONATEL.

Carlos Sojo, Esteban Mora, Leonardo Castellón y Arllery Rivera fueron parte del equipo de trabajo que estuvo detrás de la iniciativa, que posteriormente adquiriría el nombre de Hogares conectados.

“Este tipo de proyectos generan las pequeñas victorias con las que cada día las instituciones públicas pueden hacer más por los ciudadanos y éstos por su comunidad, al conectarlos con el mundo y facilitar las condiciones para mejorar su calidad de vida”, manifestó la directora del CICAP, Mayela Cubillo.

Objetivos de Hogares conectados

Proveer un subsidio para un servicio de conexión a Internet de banda ancha a personas con insuficiencia de recursos económicos, condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Asegurar a los estudiantes del país recursos de acceso a Internet como fuente de información primaria para el fomento de su proceso educativo.
Proporcionar a microemprendedores y trabajadores por cuenta propia herramientas tecnológicas para el desempeño de sus ocupaciones en la producción de bienes y servicios.
Facilitar a las personas con discapacidad el acceso a Internet en procura de potenciar sus capacidades y asegurar el pleno disfrute de sus derechos.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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