El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.
Comunicado
Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.
En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.
Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.
¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!
UNDECA y BUSSCO, nos oponemos a la propuesta remitida al Comité de Vigilancia del IVM, por parte del Lic. Ubaldo Carrillo, director de Administración de Pensiones de la CCSS, producto de una reunión entre representantes de la UCCAEP, el solidarismo y cooperativismo. La única excepción ante esta desafortunada iniciativa ha sido el representante del sector sindical, quien ha manifestado reiteradamente su oposición a estas reformas irracionales y nocivas para los trabajadores y las personas pensionadas.
En los últimos años, la CCSS ha ejecutado varias reformas al IVM, algunas con mayor consenso tripartito, la mayoría han sido reformas unilaterales, entre ellas, un ajuste del 1% a las cuotas solo de los trabajadores -respaldado por el SINAE-; y la eliminación de la pensión anticipada para hombres y el aumento de edad de 59 y 11 meses a 63 años para las mujeres.
“Desde nuestra perspectiva esta es una propuesta improcedente, totalmente regresiva, para los actuales y futuros pensionados”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Los principales retrocesos son:
Aumento de las cotizaciones: un aumento de 1,17% a las cuotas (rebajo de salario) inmediato a todas las personas trabajadoras.
Disminución del monto de las pensiones: reducción del monto de las pensiones a menos del 40% del salario promedio de los últimos 25 años.
Pago del seguro de salud: se propone rebajar de la pensión del seguro de enfermedad y maternidad, que hoy día no se cotiza.
Eliminación de la pensión mínima: actualmente ninguna pensión puede estar por debajo del 50% de la base contributiva respecto del salario.
Eliminación del retiro anticipado para las mujeres: subir la edad a 65 años.
Aumento de la edad de jubilación a 70 años: elimina la pensión proporcional para personas de 65 años con 180 cuotas. (Convenio 102 de la OIT)
Elimina el pago del Estado al IVM: en lugar de exigir el pago inmediato de la deuda de más de ¢710.000 millones de colones a diciembre de 2024.
“UNDECA repudia enérgicamente la propuesta, que violenta la dignidad y la calidad de vida de las personas más vulnerables y pobres. Es inaceptable el menosprecio hacia las personas trabajadoras y la ignorancia de la realidad socioeconómica del pueblo”, señaló Chavarría.
Estas propuestas no tienen ningún respaldo técnico y no pueden ser aprobadas por ese Comité, porque no tienen esa competencia.
¡La lucha por nuestras pensiones, es una lucha por la justicia y la dignidad!
Desde el gobierno neoliberal anterior se viene impulsando una durísima política de austeridad presupuestaria, que ha sido profundizada por el gobierno de Rodrigo Chaves, dicha política es el nefasto resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI.
Los resultados de estos acuerdos provocan un crecimiento acelerado de la exorbitante deuda del Estado con la CCSS de ¢4 billones (¢4.000 millones de millones); mientras que el pago de intereses de la deuda en 2024 fue del 4,83% del PIB, el más alto en 19 años; una deuda agudizada por la actual administración que sabotea la institución y le impide cumplir plenamente con sus funciones, la reducción de presupuesto a la educación pública, el más bajo en 25 años; afectando comedores escolares, inversión en infraestructuras educativas colapsadas, suspensión de becas, subsidios de transporte y otros, el desmantelamiento de los programas de ayuda social del IMAS y desaparición de programas especiales, disminución de recursos en programas para jefas de hogar y más.
Las duras restricciones presupuestarias a los ministerios e instituciones autónomas que obliga la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, están provocando un grave deterioro por un lado en la calidad y cobertura de los servicios públicos y por otro, en el rol y papel del Estado en cuanto a su función social Constitucional.
El interés de los grupos de poder económico es la reducción del Estado a su mínima expresión, la privatización de servicios fundamentales como la educación, la salud pública, la electricidad y telecomunicaciones, los seguros, entre otros, y la venta de activos estatales, para hacer negocios privados con la totalidad de nuestra institucionalidad pública.
Las Leyes de Finanzas Públicas y Empleo Público han empeorado las condiciones laborales en el sector público, generando precarización salarial y laboral para miles de trabajadores y sus familias, incluso con un retroceso en el ingreso real del 20%, en relación con los niveles prepandémicos. En el sector privado se profundizan no sólo los niveles de explotación laboral, sino los paupérrimos salarios.
El ejercicio de la actividad sindical, pese a ser un Derecho Humano Fundamental y estar establecido en la legislación y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido severamente violentado, se acentúa la persecución sindical y el irrespeto a la libertad de sindicalización, se limita el derecho a la negociación colectiva de los y las trabajadoras de los sectores público y privado.
El actual gobierno en lugar de buscar solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo costarricense ataca y agrede las voces de sectores populares pretendiendo acallarlas; lo anterior en un contexto de aumento de costo de vida, de la violencia e inseguridad, objeto de los preceptos del capitalismo salvaje.
El escenario preelectoral 2026 ya entró en acción, con partidos políticos que quieren profundizar la línea neoliberal de desmantelamiento del Estado y de peores condiciones para el pueblo. El PLN, el PUSC, el PAC los libertarios, los neopentecostales y el gobierno de Rodrigo Chaves no tienen diferencias ideológicas.
Se requiere un cambio radical de alternativas políticas, que realmente ponga en primer lugar las necesidades de los sectores populares, recupere el rol del Estado como redistribuidor de riqueza, garantice seguridad y paz a la ciudadanía, defienda la soberanía nacional y actúe realmente en proteger los intereses nacionales por encima de los privados.
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense llama a impulsar un gran encuentro nacional de sectores sociales populares y sindicales, para el diseño de una estrategia de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, por condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, por una educación y salud públicas de calidad, por políticas públicas que den respaldo efectivo a nuestros agricultores, que les permita conservar su derecho a la tierra y apoyo mediante condiciones crediticias y subsidios que garanticen nuestra soberanía alimentaria, por políticas de respaldo a los pequeños y medianos empresarios entre otras grandes necesidades que han sido desatendidas, pese a las demagógicas promesas de campaña.
Es importante unir esfuerzos por políticas efectivas de protección del medio ambiente, contra la privatización del agua, de nuestras playas y zonas costeras y contra la gentrificación en nuestras comunidades, por un verdadero combate a la corrupción político-empresarial, contra las políticas que favorecen la evasión y el fraude fiscal que según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).
Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.
Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.
Los dos afiches compartidos tratan sobre una protesta relacionada con la situación de la salud pública en Costa Rica y las deudas que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A continuación, se resume la información principal de ambos afiches:
El primer afiche señala que la salud pública debe ser un derecho de todos, enfatizando la demanda del pago de una deuda de 4 billones de colones. El mensaje central es «¡Exijamos!», haciendo un llamado a la acción para reclamar el pago de esta deuda. Se menciona una huelga programada para el jueves 31 de octubre, organizada en tres turnos y dirigida a los trabajadores para que se organicen en sus centros de trabajo. El afiche presenta los logos de UNDECA y BUSSCO, dos organizaciones involucradas en la movilización, reflejando la unidad sindical y social en la defensa de la salud pública.
El segundo afiche cuestiona la razón de las listas de espera en los servicios de salud, las cuales se califican como «listas de muerte». Se enumeran problemas como la falta de personal, medicamentos, equipo, infraestructura y camas. Estos problemas se atribuyen a la deuda que el gobierno mantiene con la CCSS, la cual supera los 4 billones de colones. La frase «Porque el gobierno no le quiere pagar a la CCSS» responsabiliza directamente al gobierno de la crisis. Se incluyen imágenes de personas esperando en los pasillos de centros de salud, destacando la gravedad de la situación. Al igual que en el primer afiche, se observan los logos de UNDECA, «Somos Gente de Salud» y BUSSCO, junto con un mensaje final: «¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!».
Ambos afiches buscan movilizar a la población para exigir el pago de la deuda que el gobierno tiene con la CCSS, subrayando la crisis que esto ha generado en el sistema de salud pública, incluyendo la escasez de recursos básicos y el deterioro de la atención a los pacientes.
Pese a que la empresa a la que se había adjudicado la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago retiró su oferta, el proyecto debe seguir adelante, pues continúa siendo una necesidad urgente para la población cartaginés.
El edificio actual del hospital de Cartago, que tiene 131 años de existencia, se encuentra colapsado y no da abasto para atender las crecientes necesidades de la población, por lo que desde UNDECA nos negamos a ceder en la lucha para lograr que este proyecto sea una realidad.
“No debemos olvidar que, desde la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la cabeza de Marta Esquivel se han fraguado gran cantidad de maniobras para evitar que el nuevo hospital fuera construido, las cuales condenamos contundentemente, pues ha ido desde tratar de eliminar presupuesto aprobado por la junta directiva, para desviarlo para construir el Hospital de Limón, hasta asegurar que el terreno no contaba con las condiciones aptas y que pasaba por una falla volcánica”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Desde un inicio de su gestión, Esquivel aseguró que la Caja estaba quebrada para no construir este hospital y otras obras que habían sido aprobadas en el portafolio de inversiones, aseguró que el terreno se inundaba, pese a que distintas autoridades competentes han mostrado criterios contrarios, todo con e fin de que este proyecto no se llevara a cabo.
Todas estas circunstancias fueron aprovechadas también por un grupo de personas cartaginesas que presentaron un proyecto para que le hospital fuera de carácter privado, para lo cual obviamente estamos en total desacuerdo.
Demandamos a la presidenta ejecutiva y a la junta directiva de la CCSS tomar las acciones inmediatas para resolver el cartel de construcción del Hospital de Cartago y brindar una pronta solución a la provincia y sus habitantes. Nos mantendremos vigilantes de que así sea.
Informes técnicos no recomendaron la contratación de 10 Áreas de Salud
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) apoya contundentemente la acción de la representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, quien presentó el 9 de julio ante la Junta Directiva de la Caja, FORMAL RECURSO DE REVISIÓN contra el Acuerdo 2°, de la sesión N° 9464 , celebrada el día sábado 6 de julio 2024 que corresponde a la Adjudicación de la Licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, que adjudicó 10 áreas de salud a diferentes Cooperativas y ASEMECO (Clínica Bíblica) por 10 años.
En marzo de 2023 (Sesión N° 9320) la Junta Directiva extendió la contratación directa por 18 meses de los servicios a las Cooperativas y ASEMECO y le ordenó a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística ANULAR EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 2021LN00034-0001101142, para elaborar un nuevo cartel que “no se impongan a terceros las rigideces institucionales”.
La directiva argumentó una Nulidad Absoluta del acuerdo, entre otros, porque:
Desde el 8 de mayo del 2024, la Junta de Adquisiciones de la Caja, competente en materia de Licitaciones, había dispuesto en el SICOP (Sistema de Compras públicas del Estado) que este concurso era infructuoso por sobreprecios. La Junta Directiva decidió que asumiría la decisión final.
En solo 3 días se adjudicó. El jueves 4 de julio la Junta acordó nombrar un nuevo equipo técnico intergerencial, un día después, se presentó una opinión de una sola funcionaria, que no era la competente que recomendó la adjudicación. El día siguiente, la Junta Directiva, se apartó de todos los criterios técnicos calificados que reiteraban que los precios estaban muy por encima del costo institucional, en algunos casos hasta lo duplicaban, y adjudicó la contratación en firme.
Este acuerdo, tomado con la ausencia de toda la representación laboral, contó con el voto de una representante del Gobierno, que a la vez es integrante del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, con participación reiterada en el tema, que compromete la imparcialidad y puede configurarse un conflicto de intereses.
En aras de la sana administración pública, los principios de probidad y transparencia este acuerdo de adjudicación debe ser revocado y anulado y desde el BUSSCO respaldamos la acción de la compañera Rodríguez, que es la representante designada por el movimiento sindical para atender los temas de esta importante Institución.
Durante la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, Jorge Coronado, quien es delegado del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), participó en la Plenaria de Encuentro de Organizaciones de la Federación Sindical Mundial (FSM) y allí denunció públicamente que en el país se viola el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga.
Según lo dicho por Coronado, desde el año 2019 el parlamento costarricense estableció una ley que restringe, limita y niega el derecho a la huelga en el sector público. También el delegado añade: “Esto viene ocasionando que Costa Rica trajeramos para esta 112 conferencia, el caso de denuncia por violación de los convenios 87 y 98, pero la alianza entre el poder corporativo empresarial y gobiernos reaccionarios de derecha neoliberales, como el actual en mi país, han hecho que Costa Rica no ingresara en la lista corta para ver este caso. Queremos hacer público ante la Federación Sindical Mundial que el caso nuestro amerita efectivamente una solidaridad muy importante: militante y activa; por parte de la Federación Mundial”.
Con esta denuncia, el delegado del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), Jorge Coronado espera que se garanticen los derechos plenos a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Nuevamente en palabras del delegado: “Costa Rica se presenta ante el escenario internacional como una democracia intachable pero en materia de derechos laborales es absolutamente violatoria de los requisitos mínimos de ley establecidos por el ordenamiento global de la OIT”.
Coronado concluyó señalando que desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) están satisfechos de participar de la Conferencia Internacional de Trabajo, y están muy satisfechos de formar parte de la Federación Sindical Mundial y que esperan que esta federación siga creciendo, siga fortaleciéndose y sea un brazo fundamental en apoyo a los derechos de la clase trabajadora global.
UNDECA y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, por ser parte del Frente Nacional de Lucha FNL, convocamos a la movilización nacional a realizarse el miércoles 24 de abril a partir de las 9:00a.m. en el parque la Merced.
Esta convocatoria tiene como propósito luchar contra las nefastas políticas económicas neoliberales que destruyen y debilitan las instituciones y los servicios públicos que favorecen el bienestar social y económico del entorno familiar.
Defender los servicios de salud de la CCSS, la educación, AyA, el ICE, el medio ambiente, la agricultura, el Banco de Costa Rica etc., es un deber patriótico.
Desigualdad económica: El neoliberalismo favorece la concentración de riqueza en las élites y grandes empresas mediante la desregulación financiera y laboral, marginalizando a los estratos más bajos.
Pobreza, precarización laboral y exclusión social: La disminución del rol estatal en la prestación de servicios básicos como salud, educación y vivienda, conlleva bajos salarios, desempleo, trabajo informal en el sector privado, inseguridad, delincuencia y drogadicción.
Deterioro de los servicios públicos: Las políticas neoliberales pretenden la privatización de servicios públicos como la electricidad, el agua y la salud, lo que resulta en un deterioro de la calidad y accesibilidad de estos servicios para la población, especialmente para aquellos de más bajos ingresos.
Impacto ambiental: El enfoque en el crecimiento económico a cualquier costo ha llevado a una explotación insostenible de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente.
En resumen, el modelo neoliberal ha generado profundas inequidades sociales, económicas y ambientales, lo que ha llevado a un aumento del malestar social y por ello, apoyamos esta iniciativa y llamamos a los funcionarios públicos y pueblo en general a salir vehementes a luchar.
Administración Chaves Robles genera caos en la CCSS
La Administración Chaves Robles le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de 3,5 billones de colones, y de paso se niega a pagar las obligaciones anuales que tiene con la población no asegurada, la pensión de los más pobres, los recursos de la niñez y de la adolescencia, los subsidios a población de bajos recursos económicos, entre otros. Todo esto ocasiona un verdadero caos institucional, pues al no pagar, incide en la falta de recurso humano calificado, personal de apoyo, insumos, equipos, infraestructura, medicamentos y recursos financieros que impiden mejorar la prestación de servicios y justificar la privatización de servicios en la CCSS.
El ataque indiscriminado a las instituciones públicas, las fallidas rutas del arroz, de los medicamentos, de la infraestructura, de la educación, la seguridad, de las listas de espera y de la salud, los juicios políticos, la burla y el abandono de los sectores más vulnerables, demuestran el desinterés y falta de seriedad de la administración por resolver las grandes necesidades de las familias costarricenses.
Los ajustes fiscales que deterioran los programas sociales, que solo favorecen a sectores cercanos a la “morada presidencial”, provocan un deterioro inclemente de las condiciones sociales, laborales y económicas de los y las trabajadoras del sector público, de lo cual la Caja no ha sido la excepción.
Las regulaciones en salario único, el congelamiento y la reducción de los salarios, los largos interinazgos, en materia de dedicación exclusiva y la continuidad laboral, entre otros, menoscaban las condiciones de trabajo, provocan la renuncia de personal de salud y el descontento de toda la población laboral de la CCSS.
“UNDECA condena que este gobierno, lejos de propiciar acuerdos con los diversos sectores y resguardar el derecho a la salud y la vida que requiere la ciudadanía, aproveche para impulsar la privatización y el desmantelamiento de los servicios institucionales, trasladando multimillonarios recursos para enriquecer a los grandes consorcios privados de la salud.”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
UNDECA demanda la inmediata solución del conflicto en la Caja, a través del diálogo y negociación. Hacemos un llamado a la unidad nacional para demandar soluciones a los grandes problemas en materia de salud pública y las justificadas exigencias de los sectores sociales.
Las recientes reacciones por lo ocurrido en el hospital de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, ponen en evidencia que, efectivamente, la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentra bajo un ataque directo.
Las intenciones son claras, destruir la CCSS y pasar a manos privadas los servicios otorgados por la institución.
Como era de esperarse, lo sucedido, fue politizado. En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, en la cual participó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Martha Esquivel, se hicieron evidentes las verdaderas intenciones: desprestigiar al personal del hospital, especialmente al personal médico, así como poner a los asegurados y la población en general en contra de la CCSS.
Marta Esquivel, en lugar de mostrarse prudente y basar sus opiniones en lo que apuntaba el diagnóstico, puso de manifiesto sus deseos de persecución contra el personal del hospital mencionado. Al Igual que Rodrigo Chaves, la susodicha apeló al sentimentalismo barato y la falsa empatía, lo cual ha sido sobredimensionado y explotado por los medios de comunicación que sin duda apuestan por la privatización de servicios.
Hay que destacar el papel irresponsable de los medios de comunicación. En la práctica los medios han venido intoxicando la opinión pública en contra de la CCSS y de otras instituciones (el ICE, por ejemplo) por décadas, por lo que en el caso en cuestión el abordaje está enfocado en satanizar al personal médico hospitalario, pero con el objetivo mayor de desprestigiar la CCSS. La prensa no se ha referido al diagnóstico, esto es ignorado. Explotando una falsa empatía, el objetivo es atacar la CCSS y a su personal. Y como era de esperarse no faltaron las cacatúas políticas que salieron a opinar públicamente al respecto, sin conocimiento y ningún respaldo técnico-científico.
Queda en evidencia la hipocresía de la administración Chaves Robles. Al parecer en este caso no hay prensa canalla, al contrario, bienvenida la prensa cómplice que defiende la destrucción de la CCSS que en el fondo es parte de su agenda política-económica compartida. Ahí no hay contradicciones. Lamentablemente, tal cual lo manifestaron los profesionales del hospital de Nicoya, el diagnóstico dado por el personal médico en el caso en cuestión se cumplió.
Este lamentable caso, ha sido distorsionado políticamente de manera absolutamente irresponsable por parte de la administración Chaves. Robles y la presidente ejecutiva de la CCSS, así como por parte de los medios de comunicación. Esto pone de manifiesto que, efectivamente, los sectores que conforman el conglomerado de la salud privada y los intereses asociados no se detendrán hasta lograr su objetivo, destruir la CCSS.
Piensan equivocadamente que no habrá resistencia al frente. En la práctica, estos sectores quieren convertir la CCSS en una veterinaria. No aceptan la existencia de la CCSS creada en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en la década de los años cuarenta del siglo pasado.
Costa Rica está enfrentada a situaciones difíciles. Los sectores dominantes quieren apropiarse de todo lo público, destruir la institucionalidad. A nosotros como pueblo nos corresponde parar a este cártel neoliberal.
Comisión Nacional de Enlace Organización miembro del BUSSCO
