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Etiqueta: cambio climático

Centroamérica se reúne para dialogar sobre cambio climático y sustentabilidad Post-Covid19

  • El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida articula a organizaciones de toda la región en temas de cambio climático y resiliencia comunitaria

  • Costa Rica tiene 3 años participando activamente del espacio

  • La región centroamericana es una de las zonas más vulnerables del trópico ante los efectos del cambio climático

Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el XI Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), en donde diversas organizaciones de la región se reúnen a dialogar sobre los retos, alternativas y demandas frente a la crisis climática.

Este 2020 el evento lleva por nombre Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica; pues se pretende reflexionar sobre reto de la sociedad Centroamericana hacia la construcción de la sustentabilidad frente al Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) que enfrenta la región, que se profundiza a raíz de la pandemia.

El Foro es una plataforma de articulación que reúne a más de 200 organizaciones comunitarias y de sociedad civil de todo Centroamérica cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.

Como parte del proceso de articulación el Foro desarrolla cada año el Encuentro Regional que se lleva a cabo en uno de los países miembros. Sin embargo, por encontrarnos en un contexto de pandemia global este año se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse por medio de sus plataformas como Facebook o Zoom.

El encuentro regional de este año está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y conflictos socio-ambientales, género y justicia climática, entre otros.

Costa Rica se prepara para el Foro Regional con el Panel Nacional Justicia climática para las Mujeres: Realidades y desafíos para Costa Rica que tiene como objetivo posicionar dentro del debate nacional una visión crítica sobre el impacto que tiene la crisis climática para las mujeres y cuáles son sus alternativas y demandas de justicia climática. Este se llevará a cabo el 22 de octubre de 2:00pm a 4:00pm.

Centroamérica además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es una de las zonas más vulnerables del trópico frente a los efectos del cambio climático. Este año la situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas.

La ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos. Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, políticas e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria Post COVID19.

El FCV-UV, desde hace más de 10 años, pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica. En este 2020, se promoverá un diálogo inclusivo que permita la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión Post COVID19.

Alternativas: Cambio climático

Este viernes 9 de octubre a las 6 p.m. en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre “Cambio Climático”.

Se contará con la participación de Carlos Álvarez, Rulberth Hidalgo, Ana Rita Chacón, José Salazar y Mark Oses.

Podrá sintonizarlo en los 1590 AM o bien a través de Facebook Live.

Goicoechea dice no a la combustión química o incineración de residuos sólidos

El Concejo Municipal se manifestó mediante un acuerdo en contra de la aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio (MG-AG-DGA261-2020, adjunto).

El criterio de la Dirección de Gestión Ambiental “considera que este tipo de tratamiento de residuos (incineración), no contempla el principio de jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839). Por otra parte, existen importantes vacíos en relación a los costos finales, que esta iniciativa podría traerle a futuro a nuestra Municipalidad, en el caso de que participemos en ella”.

Con esta declaratoria serían ya dos las municipalidades metropolitanas que le cierran el camino a esta cuestionada tecnología.

El Consejo municipal de Belén acordó en junio pasado oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores.

Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”

Camino cuesta arriba

La presidencia del ICE Irene Cañas aseguró que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad puesto que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad; no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable (oficio 0060-300-2020, adjunta).

Mientras la presidenta ejecutiva del IFAM Marcela Guerrero indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos”.

Informes del Dr. Ronald Arrita tel. 8355 8133.

 

Información enviada a SURCOS por Fabián Pacheco.

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

Impulsan manejo adecuado de la cuenca del Tempisque

Cristian Chaves Jaén (UNA)

De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersectorial para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Tempisque (Cigitem), el deterioro de la calidad de las aguas superficiales se ha convertido en motivo de preocupación a nivel mundial. El crecimiento de la población, la expansión de la actividad industrial y agrícola y el cambio climático son causas importantes de este deterioro y de las alteraciones en el ciclo hidrológico que garantiza el recurso. En las cuencas, el desarrollo de actividades agrícolas e industriales genera una importante carga de sólidos y materia orgánica provenientes de suelos erosionados y la descarga de agua residual.

Como parte de la iniciativa de Cigitem, de continuar impulsando propuestas que contribuyan con el adecuado manejo del recurso hídrico, el próximo año iniciará el proyecto “Evaluación Ambiental de las aguas de la parte baja de la Cuenca del Río Tempisque y una Propuesta de Gestión para la Protección de las Áreas Silvestres Protegidas”, financiado por el Fideicomiso Privado Costa Rica por Siempre, ejecutado para el Área de Conservación Tempisque (ACT) con fondos del II Canje de Deuda por Naturaleza EE. UU.-CR.

El proyecto tendrá una duración de un año y medio, iniciará en la época lluviosa de 2021 y finalizará en la época seca 2022.

Cigitem está conformada por representantes de instituciones públicas (Ministerio de Salud, AYA, SINAC, MINAE, Dirección de Agua, Municipalidades), el sector privado (Azucarera del Viejo, CANATUR), la comunidad y la academia (UNA, UCR).

Durante los años 2016 y 2017 esta comisión llevó a cabo el proyecto “Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en áreas silvestres protegidas de la Cuenca Baja del Río Tempisque”, a cargo del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec-UNA), igualmente financiado por el Fideicomiso Privado Costa Rica por Siempre, ejecutado para el Área de Conservación Tempisque (ACT) con fondos del II Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU.-CR.

Los resultados de este estudio evidenciaron una importante contaminación antropogénica producto de la actividad agrícola, industrial y acuícola desarrollada en la cuenca, principalmente relacionada con las altas concentraciones de sólidos sedimentables y suspendidos, coliformes fecales y Escherichia coli en las aguas del río Tempisque.

Así lo afirma Andrea Suárez, coordinadora de Hidrocec, quien recalcó que este proceso da continuidad al primer monitoreo que ya se realizó y que permitió la articulación de Hidrocec-UNA conjuntamente con la CIGETEM y de ahi se evaluó la necesidad de seguir impulsando propuestas que contribuyan con el adecuado manejo del recurso hídrico en esta cuenca basados en información científica en la toma de decisiones, así como el involucramiento de actores con la implementación de medidas que ayuden a recuperar la calidad del agua.

Etapas de ejecución

El proyecto tiene como objetivo “evaluar la calidad ambiental de las aguas en la parte baja de la cuenca del Río Tempisque afectadas por actividades socio productiva”, para lo cual se establecerá una propuesta de gestión del recurso hídrico de las áreas silvestres protegidas.

Johana Rojas, encargada del área de calidad de aguas en Hidrocec, informó que la recopilación de la información “se llevará a cabo a través de siete campañas de muestreo en diferentes épocas climáticas (seca, lluviosa y transiciones), en un plan de monitoreo de 12 sitios de muestreo que incluyen los ríos tributarios y canales que descargan en el río Tempisque, y cuatro sitios en el río Tempisque”.

Durante los muestreos se contará con la colaboración en campo de funcionarios de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Oficina Regional Liberia para la realización de aforos en los tributarios, y con el apoyo técnico para el levantar los datos de campo, por parte de funcionarios del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí, el Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica y azucarera El Viejo.

Resultados esperados

La evaluación de la calidad ambiental de las aguas de la parte baja de la cuenca del río Tempisque permitirá, mediante la comparación con datos de referencia tales como el Decreto N°33601 y el Decreto N°33903, o algunos otros índices de calidad del agua de fuentes reconocidas, conocer el estado de contaminación del río y tener una mejor comprensión de la carga de contaminantes y su dinámica, provenientes de las fuentes difusas de contaminación relacionadas con las actividades antropogénicas que se realizan en la cuenca. Esto facilitará el trabajo para formar alianzas con los responsables y buscar opciones de manejo y conservación.

Anthony Ruiz, administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre, justificó que “la cuenca del Tempisque es una de las más importantes de Costa Rica, no solo por lo que representa, sino por los servicios ecosistémicos que ofrece; parte de estos servicios es el de abastecer a la agroindustria para cultivar las tierras, además muchas personas dependen no solo del rio o estuario del Tempisque, sino de todos sus tributarios que hacen importante esta cuenca. Por lo tanto, es necesario saber que todos los que se benefician con esos servicios estén ayudando a proteger el ambiente al mantener las aguas en buen estado. Es por ello que este proyecto nos viene a indicar que todo esté balanceado y así tener este recurso para las futuras generaciones y el bien de muchos sectores en Costa Rica”.

Asimismo, Johana Rojas concluye que la importancia del monitoreo en esta cuenca se relaciona con la posibilidad de cuantificar el problema de contaminación del agua y principalmente conocer el origen de esta contaminación. Con esta información se pueden desarrollar propuestas de gestión más puntuales en conjunto con los mismos actores de la cuenca, con las que se disminuyan los impactos ecológicos en el río Tempisque.

**Mayor información con: Dra. Andrea Suárez de Hidrocec-UNA (8719-7499) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, (8674-8535).

 

Enviado por UNA Comunicación.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía: buenas perspectivas para la Transformación productiva y el Desarrollo territorial

German Masís

El Gobierno de la República dio a conocer hace pocos días, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del programa de cooperación con la República Federal de Alemania (Programa CEPAL-BMZ/GIZ).

La Estrategia es un marco para integrar políticas públicas y privadas y articular inversiones públicas e incentivos relacionados con lo productivo y lo ambiental y está prevista para implementarse en tres fases en las que se potenciará el uso de la riqueza biológica y aprovechamiento sostenible de los activos biológicos del país (ElPais.cr, Economía,7-8-2020).

El principal valor de esta estrategia se encuentra en la oportunidad de impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial equitativo e incluyente basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de nuestras olvidadas regiones periféricas.

El propósito según el planteamiento es, “hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, al promover la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y consumo”.

Al respecto hemos afirmado, que debe ser un objetivo del desarrollo nacional impulsar una transformación de la actividad productiva hacia una más sostenible e incluyente, a partir del uso y aprovechamiento de nuestra abundante biodiversidad y de una innovación apropiada y creativa, que garantice la generación de productos biodiversos de alto valor y empleo de calidad para la población local. (Alterdescr.com,2020).

Según el Ministro de Agricultura, “desde el sector agropecuario, vemos esta estrategia como una opción para alcanzar un mayor desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas de forma sostenible. Queremos fomentar la agregación de valor, el uso de biomasa para la producción de energía y la diversificación que hace a las personas productoras más competitivas, ya que se les genera mayores oportunidades de acceso a diversos mercados con nuevos productos y servicios y se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo” (ElPais.cr,7-8-2020).

Hace más de una década, se mencionaba la importancia del impulso de alternativas productivas que implicaran el uso y conservación de la biodiversidad y el paisaje, la generación de encadenamientos locales y el esfuerzo de las unidades de producción para gestionar oportunidades de comercio y servicios, entre esas actividades se ubicaban el biocomercio, la agricultura orgánica, el agroturismo (Masís, G,2007).

Asimismo, la estrategia señala que “La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos generados localmente”.

En ese sentido, la bioeconomía puede convertirse en la opción de desarrollo frente a la predominancia en las regiones periféricas costarricenses de dinámicas territoriales de poco crecimiento, inclusión social, y sustentabilidad ambiental, resultado de un modelo de desarrollo concentrador de las actividades en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de condiciones de acceso a los recursos e inversión inequitativas que se han profundizado en los territorios rurales y costeros.

Se requiere una nueva gobernanza territorial de los recursos naturales y de la biodiversidad, la generación de nuevas oportunidades económicas y la vinculación con mercados dinámicos; que superen las estructuras productivas de enclave o donde predominan unas pocas empresas, muchas veces de origen extraterritorial, que generan poco o mal empleo, con pocos encadenamientos locales, y que finalmente resultan en la extracción del territorio de una enorme proporción de los excedentes y a la creación de relaciones desiguales entre los territorios y las ciudades intermedias (Alterdescr.com,2019).

Igualmente en la actual coyuntura, la Estrategia de Bioeconomía puede convertirse en un marco orientador para promover una recuperación económica sostenible en el período postpandemia, con sistemas productivos que enfrentan un enorme reto frente a una contracción económica mundial, que exigirá producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y la rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.

De acuerdo a lo dicho por el Presidente en la presentación, en este contexto de pandemia debemos acelerar el paso hacía la bioeconomía que busca construir una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad y lograr una transformación productiva, basada en el conocimiento.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía es un paso en la dirección correcta hacia un desarrollo nacional endógeno, auto centrado y sustentable, que incorpore los sistemas agroecológicos, la agroindustria, la bioprospección, y la biotecnología agrícola y médica, ámbitos en los que Costa Rica tiene capacidades y potencial. (Ídem, ElPais.cr).

La comunidad de Argentina de Pocora se prepara para realizar el 4° Festival del Agua 2020, en versión virtual

El Programa de Gestión Local actualmente está apoyando, por cuarto año consecutivo, a la comunidad de la Argentina de Pocora en Guácimo, Limón, en su reconocido “Festival del Agua”, una actividad que recuerda a todas las personas la importancia de este líquido esencial para la vida y en especial para la prevención en la atención de pandemias. Este festival tiene por objetivo concientizar a la población acerca de la crisis mundial del agua, el cambio climático y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible y el saneamiento para todos a largo plazo.

Debido a la pandemia por el Covid -19, que afecta a todo el país, este 2020 el “Festival del Agua” de Argentina de Pocora, se realizará en un formato virtual. Como parte del apoyo que está dando el PGL a la Comisión para la Gestión Participativa del Recurso Hídrico de Argentina y en una nota firmada por las personas representes de la ASADA y ADI, Saida Sáenz López y José Gerardo Zamora González, dirigieron una solicitud al Instituto Costarricense de Electricidad, Área Socioambiental Región Huetar, para la instalación de una torre temporal que permita una transmisión por internet, con condiciones de conectividad y de calidad para que la comunidad de la Argentina de Pocora pueda disfrutar de las actividades del Festival del Agua los días del 20 y 21 de noviembre del presente año.

La comunidad de Argentina de Pocora, ha logrado obtener una pronta respuesta de las autoridades del ICE y está valorando la viabilidad para la instalación de la torre solicitada.

Nota por Michelle Castro y Rafael López.

Moratoria Petrolera Sí, Pero También Justicia Energética

(FECON, 17/06/2020) En los últimos días se ha desarrollado un fuerte debate sobre la desafortunada idea de que Costa Rica se abra a la explotación petrolera, a la minería de oro a cielo abierto y a la explotación de gas natural. Ideas empujadas por diputados y diputadas de dudoso prestigio ambiental. Pero el debate que merece el país debe ser más profundo y consecuente. Es necesario hablar de justicia energética, justicia climática y transición justa.

El debate ha despertado por la negativa por parte del directorio de la Asamblea Legislativa de recibir a Cristiana Figueres, ex-Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2010-2016), pero también miembro de una de las familias propietarias de embalses hidroeléctricos privados. Al menos se conoce que las plantas hidroeléctricas “Volcan” y “Pedro” están ligadas a su familia; de las cuales para 2018 recibieron por parte del ICE ¢2.863 millones y ¢2.678 millones, respectivamente.

La discusión de la generación eléctrica en Costa Rica es importante debido a la gran presión que existe para represar ríos. En 2015, se detectaron al menos 16 proyectos hidroeléctricos solamente en la Zona Sur. Gracias a la organización comunitaria esto se pudo parar, pero continua la insistencia por parte de intereses particulares por llamarlo a esta energía “limpia”. Escondiendo así las consecuencias graves de este modelo energético sobre el ambiente y la gente de las comunidades.

Pero este “enjambre hidroeléctrico” no es casual, se sabe que la generación eléctrica privada es un gran negocio gracias a la apertura que brindan la Ley #7200: “Ley de Generación Autónoma o Paralela” y la Ley #8345: Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.

Este marco normativo propicia un clima muy favorable para los negocios vinculados a la venta de energía al ICE. Que solo en 2018 significó un gasto por compra de energía innecesaria que ascendió a más de ¢25.000 millones de colones. Pero según informes del Diputado José María Villalta para el período 2010-2018 se ha pagado a las empresas privadas de energía ¢709.936 millones por energía que el ICE no necesitaba.

Sumas que año a año, de una u otra manera, las personas que pagamos el recibo de electricidad estamos condenadas injustamente para engordar las billeteras de unos cuantos. Que de paso, esos cuantos políticos y empresarios, siguen empeñados en destruir los ríos con sus represas.

Desde el sector ecologista por supuesto que deseamos que la moratoria a la explotación petrolera se convierta en ley. Pero aparejado a esto es urgente la justicia energética que proteja a los más pobres y genere las condiciones para transitar con justicia social hacia la sociedad post-petrolera.

El modelo que representa Cristiana Figueres pretende falsamente plantearse como el futuro, la Economía Verde propone la electrificación del transporte sin asumir los costos ambientales de la migración de la industria del vehículo eléctrico privado bajo el mismo modelo individualizado. A Cristina Figueres se le olvida que no solo existe el pico del petroleo, sino también estamos ante el pico en la extracción de minerales. Materiales necesarios para el impulso de la electrificación del sector automotríz. América Latina ya somos testigos de enfrentamientos armados y golpes de estado producto del extractivismo de oro, cobre, niquel, litio, cobalto, etc.

Costa Rica merece un debate profundo sobre su modelo energético. Proponemos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa abra un Dialogo Energético, espacios inclusivos, basados en la ciencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la distribución de la riqueza y el acceso universal a la energía.

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Hay que politizar la descarbonización

El suplemento “Ojo al Clima”, vinculado al Semanario Universidad, se ha constituido en los últimos años como un espacio importante para informar y divulgar noticias

Alberto Gutiérrez Arguedas (Docente e Investigador UCR)

El suplemento “Ojo al Clima”, vinculado al Semanario Universidad, se ha constituido en los últimos años como un espacio importante para informar y divulgar noticias y contenidos relacionados con el cambio climático, en Costa Rica y el mundo. Dicha tarea es digna de reconocer, considerando la gravedad y complejidad de esta problemática, la cual representa uno de los grandes desafíos, no solo ambientales, sino civilizatorios, de nuestra época. No obstante, luego de un cuidadoso seguimiento de los contenidos divulgados por este suplemento, es posible detectar una serie de sesgos y omisiones en el tratamiento de los temas, lo cual ha motivado la redacción de este artículo.

El cambio climático es quizás la manifestación más extrema y dramática de una crisis ecológica global, que va más allá del clima. Esta grave crisis no es producto del azar, sino que es resultado de un modelo de desarrollo basado en una explotación sin límites de la naturaleza y de los seres humanos, es decir, del capitalismo. Abundante evidencia científica demuestra la relación entre la expansión global de este sistema y la destrucción de la base material de la vida.

Ahora bien, a pesar de tan contundentes evidencias, el sistema capitalista y sus poderosos aparatos ideológicos han logrado desviar la atención de las causas reales de la crisis ecológica/climática, para ofrecer como solución ¡más de lo mismo! Este esfuerzo por hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista de mercado tomó fuerza en los años 90, con el famoso “desarrollo sostenible”, y posteriormente se ha reciclado en conceptos como “crecimiento verde” o “economía verde”, hoy de moda.

Estas propuestas visualizan la crisis ecológica y climática como un problema meramente técnico. Como tal, la solución a estos problemas –sostienen sus adeptos– radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y en la incorporación de instrumentos de mercado para un “uso racional” de los recursos naturales. El “capitalismo verde” ha logrado, con rotundo éxito, despolitizar la cuestión ambiental e incorporarla al ámbito del mercado. El núcleo duro del modelo de desarrollo permanece inalterado.

Uno de los ejemplos más actuales de este paradigma es la llamada “descarbonización”, término que, cada día más, abunda en los medios de comunicación y en la opinión pública, nacional y mundial. La descarbonización se propone como mecanismo prioritario para enfrentar el cambio climático, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, dióxido de carbono. No obstante, por detrás de su aparente carácter neutral y “técnico”, la descarbonización está cargada de ideología y refleja una perspectiva reduccionista y mercantil del cambio climático. Reduce la inmensa complejidad de esta problemática a una única variable: carbono, de forma tal que este puede ser cuantificado y eventualmente ser objeto de compra y venta en el mercado. De ahí la obsesión por las métricas, los números, la contabilidad del carbono.

Costa Rica, por su parte, ocupa un lugar estratégico dentro de este ambientalismo de mercado global, cuya máxima expresión es la propuesta reciente de convertir al país en “laboratorio mundial de descarbonización”. El Plan Nacional de Descarbonización, lanzado en febrero de 2019, ha dado fuerte visibilidad internacional a Costa Rica al posicionarlo como una especie de “vanguardia” en la lucha contra el cambio climático.

Más allá de las buenas intenciones y de los aspectos rescatables (por ejemplo, esfuerzos por mejorar el transporte público), llama la atención la incapacidad (¿o la falta de voluntad?) de este Plan para enfrentar aspectos medulares del modelo de desarrollo costarricense, que contribuyen decisivamente al cambio climático. Poco o nada se habla de la necesidad de replantear el modelo agrario del país, volcado hacia monocultivos de exportación y altamente dependiente de insumos derivados de petróleo. Por ejemplo, ¿por qué no impulsar la agroecología, que produzca alimentos sin necesidad de transportarlos a largas distancias y al mismo tiempo proteja los bosques y garantice la soberanía alimentaria de la población?

La intención de este artículo ha sido visibilizar que la descarbonización es un asunto político y, como tal, debe ser sometido a un debate público riguroso, democrático y amplio, que hasta el momento no se ha dado. El Plan ha sido concebido, diseñado e implementado sin tomar en cuenta las opiniones y puntos de vista de sectores que mucho podrían aportar para encontrar soluciones, como por ejemplo, los pueblos indígenas y los campesinos.

En consonancia con la tradición crítica e independiente del Semanario Universidad, se esperaría por parte de “Ojo al Clima” un tratamiento más equilibrado de este y otros temas, no que reproduzca el discurso oficial del Gobierno y de los agentes del capitalismo verde mundial sin ofrecer algún contrapeso o visión alternativa. Contrario a las declaraciones de Andrea Meza, directora de Cambio Climático de MINAE, publicadas por este medio el pasado 18 de marzo, hay que politizar la descarbonización.

Imagen ilustrativa, UCR.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado además en https://semanariouniversidad.com/

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