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Etiqueta: campaña electoral

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

El abstencionismo electoral. ¿Cómo considerar esta expresión?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del Poder hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana, de sus propios municipios.

La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los Diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.

Independientes los países latinoamericanos procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el Poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.

En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas, que garantizaban el acceso al Poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.

En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912 se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo, hasta 1924 se estableció el voto secreto y con la Constitución Política de 1949 se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974 los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien, y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.

En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos, mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.

La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, con la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aún en gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos de hecho se han impuesto en casi todo el mundo.

Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el Poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del Poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilita o permite su permanencia.

La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Sicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país, hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.

Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.

La lucha por el Poder Político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.

La Política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al Poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los Poderes públicos. De allí que la Política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.

En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto, otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes, otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.

Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la Democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y por ello a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la Política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes, dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al Poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.

Para mí el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.

El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.

Está el votante que se presenta a las urnas y vota en blanco, devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.

A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer, a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.

El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.

Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países, segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.

El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un Nuevo Pacto Nacional, a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.

Fotos, Biografías y Planes de Gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

A punto de que se vayan estableciendo y definiendo las candidaturas a puestos de elección popular, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Diputaciones, que es lo que nos moverá en los próximos meses para ir a votar, el primer domingo de febrero, y escoger, de esa manera, a quienes les tocará dirigir la gran nave nacional, en que nos encontramos, en este mar agitado y tormentoso, según se quiera ver. Me parece que nadie lo ve tranquilo, y pocas personas ven luz y claridad al final de periplo de estos próximo diez meses, que estarán plagados de cantos de sirenas.

Aparte de los formalismos de la edad, elemento básico para ser ciudadano y poder ejercer el voto, 18 años, para ser diputado, 21 años, y para ser Presidente o Vicepresidente, 30 años, que son los cargos o puestos que se elegirán, no se exige ningún otro atributo personal. Si hay restricciones de quienes no pueden desempeñarse en estos cargos.

En los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo de Elecciones, ha solicitado a los partidos políticos y a los candidatos que presenten una hoja de datos básicos personales, que los coloca en su página oficial a efecto de que se puedan analizar, por parte de los ciudadanos, esos atestados, y sepan, de esa manera quienes aspiran a esos puestos, y qué confianza puedan provocar.

No se exigen a esos puestos formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Basta ser ciudadano, común y corriente, para poder a aspirar a ser electo en esos altos cargos, de gran responsabilidad. Esa es la Democracia funcionando. Todos los ciudadanos están en la misma posición, posibilidad e igualdad de querer dirigir los destinos de la Nación costarricense.

A los partidos políticos, y a los candidatos, el Tribunal Supremo de Elecciones les exige que presenten un Programa de Gobierno.

Recientemente se ha puesto ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, que de acogerse por los diputados y de votarse prontamente, podría empezar a funcionar en el próximo proceso electoral, que es lo que se pretende con este Proyecto de Ley, que obligaría a los partidos políticos y a los candidatos incluir sus fotografías y sus biografías al inscribir oficialmente sus candidaturas. Eso está bien. Contribuye a conocer mejor a los candidatos que ofrecen los partidos y con ello también conocer mejor a esos partidos políticos.

En el caso de los postulantes a la Presidencia, y Vicepresidencias les obligarán a presentar su Plan de Gobierno. No suena mal. Desde hace muchos años y muchos procesos electorales así se hace. Cuando fui candidato presidencial así lo hicimos en 1998, en el 2002 y el 2006. En la práctica de cada campaña electoral, todos los candidatos hacen ofertas de lo que desean hacer, de lo que desean resolver y de las esperanzas que los electores quieren oír más allá de los Planes de Gobierno que tienen. En la práctica son puros cantos de sirena, en ese mar agitado electoral de la campaña política.

Cuando se produce el resultado electoral, y hay ganador, partido político y candidato presidencial, nada obliga a ese partido y a ese candidato a ejecutar su Plan de Gobierno, ni tampoco se puede hacer tan fácilmente. Hasta la última elección, la del 2018, cuyo gobierno termina en 13 meses, el partido que ganaba la Presidencia se encontraba el 8 de mayo, que la Asamblea Legislativa estaba en sus Sesiones Ordinarias, durante los siguientes meses desde mayo, junio y julio, y luego setiembre, octubre y noviembre, lo que imposibilitaba en la realidad que ese Partido y ese Presidente en ejercicio ya pudiera hacer algo respecto a la oferta de Plan de Gobierno que había hecho durante la campaña electoral, incumpliendo en ese sentido ante el electorado, razón que contribuía a bajar rápidamente su percepción ante los electores y el resto del pueblo electoral.

Además, se encontraba con que el Presupuesto Nacional que le acompañaría todo el primer año de gobierno, es el que aprobó el Partido de Gobierno desde noviembre anterior, y que en ese sentido no podía hacer casi nada, solo administrarlo de la mejor forma posible y tratar de hacerle alguna reforma en el mes de agosto, en sus Sesiones Extraordinarias. Esta situación sigue para el próximo gobierno que se instale. El Presidente que asuma, y su partido, se encontrará, en el 2022, con el Presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa en noviembre, para el año 2022, que es el Presupuesto elaborado por el Partido Acción Ciudadana, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El único favorecido en esa posibilidad es el mismo Partido Acción Ciudadana, en caso de que llegara a ganar, porque pueden darle continuidad a ese Presupuesto, sin poderle hacer modificación alguna, pero obviamente continuando las políticas y estrategias allí contenidas, como parte del gobierno de Acción Ciudadana. Los otros partidos, en caso de que ganara alguno de ellos, se encuentran con esa cadena, que tienen que arrastrar.

Sí ha cambiado el orden de las Sesiones Legislativas, de manera que el próximo año, por primera vez, las Sesiones Legislativas empiezan con las Extraordinarias, lo que le permitirá al nuevo Gobierno, del PAC o de otro partido, iniciar el 8 de mayo haciendo propuestas de Proyectos de Ley, en armonía y de conformidad con lo que se ofreció en campaña política. Esta es la gran novedad por ahora, pero amarrada esa posibilidad al Presupuesto en ejecución desde el primero de enero próximo.

Por lo anterior, lo de presentar un Plan de Gobierno, como requisito de inscripción, ya legalmente obligado, no está mal, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido se pueda reelegir para continuar en el Gobierno, el Plan de Gobierno que ofrezca generalmente no es el de continuidad del mismo gobierno. Esto se ha visto cuando los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, se han reelecto. Cada candidato, y el mismo partido para cada elección, lleva su propio Plan, y ninguno, que yo recuerde exalta la obra del gobierno que acaba para continuarla, porque en todos los procesos electorales el mismo partido que está gobernando, a los efectos de la campaña electoral se distancia de su propio gobierno, sobre todo cuando han sido muy criticados y cuestionados.

Así como se han cambiado la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se debe avanzar a establecer Presupuestos Nacionales Bianuales, por lo menos, y ciertos aspectos de esos Presupuestos Trianuales o Tetra anules, de manera que se puedan ir diseñando en la realidad Planes de Gobierno de mediano plazo. Los Planes Quinquenales que se han exigido a la Administración Pública, en este sentido fueron siempre una gran estafa política, un ejercicio carísimo institucionalmente al hacerlo, para que no pudieran implementarse como Grandes Planes Nacionales de Desarrollo Institucional y Nacionales en todo su sentido.

Obligar a la presentación del Plan de Gobierno no está mal, pero puede ser irrealizable, si no se cambian estos mecanismos para hacer mejor operable el aparato estatal e institucional.

El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

El progresismo social es la bandera fundamental de la próxima campaña electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Me señalan algunos amigos, a propósito de un anterior artículo, que todavía es temprano para analizar y ver el horizonte de las elecciones del 2022, que falta tiempo para que cuadren mejor los escenarios partidarios, y que todavía no se ven candidatos…

No es cierto, para mí, que sea relativamente temprano. En Costa Rica al terminar un proceso electoral, inmediatamente queda preñado el siguiente. Los óvulos y espermatozoides políticos se activan, algunos pegan tan rápido como ha asumido el nuevo gobernante, y empiezan en su difícil labor de gestación. Algunos son gestaciones fallidas que no maduran como embriones y fetos políticos, y se interrumpen en su embarazo político, o abortan naturalmente, y otros terminan de nacer en posibilidad de aspirar a la presidencia en el siguiente ciclo electoral. El crecimiento de estos que logran pegar o surgir no es fácil. Es también muy duro y algunos mueren infantes, adolescentes o jóvenes, en ese proceso, que en este caso es una edad que se mide en pocos meses. Otros logran su mayoría de edad sin éxito y pocos son los que finalmente culminan con la nominación presidencial de algún partido, especialmente de los grandes e históricos, no de los partidos que tienen rasgos muy personales, y que giran alrededor de una persona particularmente como hay algunos en el país.

En Costa Rica no hay tregua política electoral. No hay descanso político electoral entre una campaña nacional y otra. Los políticos no pueden descansar ni replegarse. Cualquier descanso o repliegue puede significar una sustitución. En política no hay espacios vacíos, alguien los llena.

Quien aspira a la Presidencia de la República con propósito de llegar a ocupar esa alta distinción no puede dejar espacios de tiempo, ni de lugar, en su lucha y objetivo de vida político, porque efectivamente alguna otra persona, de sus propias tiendas políticas, le puede superar y sustituir, o aparecerle como contrincante, sobre todo si lo encuentra débil en su aspiración.

Hoy además, por las elecciones de medio período para elegir alcaldes y consejos municipales, se activan las fuerzas políticas partidarias en todo el territorio nacional, porque hay que elegir en los 82 cantones más de 5000 funcionarios municipales, que son auténticos líderes políticos regionales, cantonales o comunales, que responden a los diversos partidos políticos, y muchos de ellos también responden a esos posibles candidatos presidenciales, que silenciosamente se mueven preparando sus baluartes y apoyos logísticos cantonales para la siguiente campaña electoral.

La campaña electoral municipal mueve las hormonas políticas desde la asunción del nuevo gobierno hasta las elecciones cantonales, de manera que no deja de haber movimiento y agitación política. Lo vimos en las recientes elecciones donde hubo una gran participación de partidos políticos cantonales y con relativo éxito. Igualmente vimos un fracaso electoral de partidos grandes y tradicionales, que incluso tienen diputados, pero que en las municipales les fue mal.

De alguna manera estas elecciones municipales son las bases de trabajo visibles para la siguiente campaña nacional. Por ello también tienen su importancia y obliga a los partidos a valorarlas para corregir lo que tengan que corregir con miras a la siguiente campaña electoral nacional.

Los aspirantes a la Presidencia de la República, de los partidos que logran elegir regidores, munícipes y alcaldes, luchan por tenerlos de su lado, como elementos muy importantes, como motores locales de la campaña nacional. Además, algunos de estos líderes municipales se ven a sí mismos proyectados hacia el futuro como posibles candidatos a diputados y a desarrollar una carrera política pública más activa. Igualmente, de la Asamblea Legislativa se proyectan hacia ministerios, viceministerios, juntas directivas de las instituciones públicas, puestos en servicio exterior y otras posibilidades que brinda el espacio político nacional.

El otro elemento que hace que el proceso político esté preñado desde el origen de instalación del nuevo gobierno hasta su término, con la siguiente campaña electoral, es el escenario legislativo, con sus 57 diputados, respondiendo a los diferentes partidos que representan.

El escenario legislativo es altamente politizado. Los diputados representan partidos políticos vivos y activos en la Política Nacional. Por el papel que tienen, durante seis meses al año, en las sesiones parlamentarias ordinarias, por su propia iniciativa y por las de sus partidos, impulsan proyectos de ley con lo cual tratan de darle contenido a sus promesas de campaña electoral y de los programas electorales que agitaron en las elecciones para lograr los votos. Son también cierta imagen de gobierno de lo que desearían impulsar si estuvieran en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

La politización mayor del escenario legislativo se da en cada sesión parlamentaria cuando los diputados tienen un tiempo dispuesto para el llamado “control político”, que es cuando diariamente tienen la posibilidad de criticar al Gobierno y a todos los funcionarios públicos, y tienen la posibilidad de cuestionar sus actuaciones y de llamarlos a “rendir cuentas” ante los diputados o ante comisiones investigadoras parlamentarias que se instalan para esos efectos.

El blanco de esta lucha es principalmente el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus vicepresidencias, y por los Ministros y sus actuaciones institucionales. Estos son los ojos de las tormentas políticas diarias, así como de chaparrones y lloviznan que siempre tienen. Por eso la actividad política no cesa, ni tampoco la electoral. Solo que la electoral adquiere a veces la forma de una laguna de aguas mansas, y aparentemente muy mansas, y casi plana, sin movimiento en su superficie, pero debajo de ella tiene profundas y agitadas corrientes de agua, que muchas veces terminan en verdaderos remolinos. Así es el mundo político.

En cuanto a que no hay candidatos a la vista, no estoy de acuerdo. Existen, respiran y trashuman. Los hay y no pocos lo que ya empiezan a moverse. En el Partido Liberación Nacional están de los candidatos nacionales Antonio Alvarez, que según me han dicho aspirará a la Presidencia si las encuestas de alguna manera lo repuntan, José María Figueres, que no oculta su deseo de volver a aspirar a esa candidatura presidencial. De estos dos más conservador y menos socialdemócrata es Antonio Alvarez. José María al menos hace alarde de sus posiciones socialdemócratas y su mensaje es más “progresista” y menos “conservador” que el de Antonio Alvarez. En el caso de José María no le veo posibilidades si no está en Costa Rica por lo menos de manera dedicada a su precampaña. No puede ser candidato viviendo fuera del país. Requiere su presencia por lo menos tres semanas por mes este año y a tiempo completo el próximo. Todos los candidatos de Liberación en este sentido le llevan ventaja al estar en el país. En Liberación Nacional están también Fernando Zamora, el ex Secretario General, muy apuntado en su lucha presidencial, pero muy “conservador” en sus planteamientos políticos, y más parece “socialcristiano” que socialdemócrata. Está trabajando duro y moviéndose por el territorio nacional. Está Guillermo Constenla, ex presidente del Partido Liberación Nacional, que no hace sentir sus pasos aún, pero dejó la presidencia del INS para vincularse a la lucha interna por la Presidencia. A nivel legislativo están los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. De estos a Carlos Ricardo es quien más le veo la fuerza para aspirar a la Presidencia, y en posibilidad de derrotar a los demás candidatos internos, en mucho dependiendo de su labor legislativa este año y el próximo.

En la Unidad Social Cristiana destaca Pedro Muñoz por su papel parlamentario, en esa lucha presidencial, tratando de controlar las estructuras del partido por sus dirigentes intermedios. Allí también, a la sombra por ahora, Rodolfo Piza que seguirá siendo el faro definitorio de esa candidatura presidencial mientras públicamente no renuncie a ella. Pero, igual que José María Figueres tiene que estar en el país al menos a finales de este año lo más, para amarrar los hilos internos de la Unidad Social Cristiana.

Si no fructifica, el llamado de Pedro Muñoz a la unidad del centro derecha en coalición de todos los grupos cristianos, tendrá que pelearla internamente. Y, si es en coalición electoral no le veo como el representante de esa coalición.

En el Frente Amplio solo vislumbro, por ahora, al diputado José María Villalta, que no tiene contrincante parlamentario ni partidario a la vista. Volverá a repetir su doble candidatura de diputado actual y candidato presidencial, sin el entorno y contexto nacional de la campaña del 2014 de la que resultó victorioso.

En el Partido Acción Ciudadana, hasta ahora, solo el diputado Welmer Ramos se menciona en posibilidad de aspirar a encabezar a ese partido en las próximas elecciones. Pero en ese Partido esto está todavía muy verde. Otros posibles candidatos hay que esperarlos hasta principios del próximo año para ver si renuncian a sus puestos públicos para poder aspirar a la candidatura.

Entre los partidos cristianos están Fabricio Alvarado, que es único en su partido y Carlos Avendaño que también parece único en el suyo. El Presidente legislativo actual dicen que aspira a pelear una de estas candidaturas.

El Partido Republicano Social Cristiano de permanecer solo tendrá de nuevo al Dr. Hernández de candidato. En coalición socialcristiana y de cristianos no lo veo encabezando la plana.

En los libertarios el que sobresale es Eli Feinzaig como el más representativo de estas tendencias político ideológicas.

Los troskistas probablemente de nuevo repitan con su candidato de la elección del 2018 que se desempeñó muy bien en la campaña. El Partido Nueva Generación postulará a la presidencia a Sergio Mena, que es el amo y señor en ese Partido, que la viene trabajando con giras y con programas radiales, con planteamientos muy “conservadores”, que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, o con la “nueva generación”. El conservadurismo mostrado en la última campaña mucho lo quemó.

Para algunos de estos personajes y partidos que se ven en los grupos cristianos no católicos es muy difícil pelearles sus nichos electorales, que manejan con sus mas de 4000 templos y locales religiosos que tienen en todo el país. Pero, como quedó demostrado en las elecciones municipales, estos grupos sin un tema nacional, como el que tuvieron en la campaña del 2018, poco tienen que hacer.

El mundo, en general, avanza hacia el progresismo social. Esta es la bandera fundamental para agitar en la próxima campaña electoral, con mira a los nuevos votantes, a los votantes menores de 40 años, que será un tercio de la población votante, y a la población nacional que poco a poco ha ido aceptando los cambios que en materia de Derechos Humanos se han ido consolidando en el país, con miras a la población mayor, y de adultos mayores, que será más de un tercio de la población votante, que requieren más apoyo institucional y especialmente la protección de la clase media, que ha sido duramente golpeada, con las políticas que se han venido impulsando relacionadas con ingresos, “congelamiento” real de salarios y de pensiones.

“Carta a Obispos y Párrocos” busca generar reflexión y acción en las comunidades

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Adjunto se comparte la propuesta de “Carta a los obispos y párrocos”, construida con los aportes de 6 integrantes del Frente Patriótico Distrital del Piedades del Sur (Jorge, Leti, Diego, José Manuel, Flory y Mario) y las observaciones de varias personas de Articulando Occidente por Costa Rica que participaron en el conversatorio sobre Espiritualidad, Religión y Política, el 23 de febrero de 2018, en el Museo Regional de Occidente en San Ramón de Alajuela.

La idea de los y las que originaron esta propuesta, es que esta carta se convierta en un instrumento de trabajo en nuestras comunidades, provocando la reflexión y la acción, a partir de su lectura, análisis y firma.

También se solicita que las hojas firmadas se hagan llegar a las Vocerías de las Comisiones de Articulado Occidente por Costa Rica, desde donde se canalizarán hacia la Conferencia Episcopal.

Articulando por Occidente llevará un registro de las personas que hagan llegar hojas firmadas desde sus comunidades.

Carta a Obispos y Párrocos

 

¡Firma la petición!

Contra los mensajes de odio que han surgido durante la segunda ronda electoral de Costa Rica.

«Necesitamos de nuevo el mensaje de la Iglesia de Monseñor Sanabria«.

http://chn.ge/2FgPTUh

 

Enviado por Articulando Occidente por Costa Rica.

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Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

Costa Rica y el derecho internacional una aclaracin en medio de una campaa convulsa
Figura extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Carlos y Fabricio arrancan parejos la segunda ronda: CIEP».

La actual campaña electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. Uno de ellos, entre muchos más, tiene que ver con el hecho que esta campaña ha sido extremadamente profusa en referencias al derecho internacional. Algunas declaraciones de uno de los candidatos a la Presidencia fueron puestas a prueba en este interesante artículo publicado por el Semanario Universidad (véase texto del artículo titulado «Las ideas de Fabricio Alvarado sobre la Corte IDH, puestas a prueba«).

Al haber dedicado varios años a la enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el observar la percepción que tienen unos y otros de esta rama específica de la ciencia jurídica, tanto en los partidos políticos como en los medios de prensa, así como en otros espacios de debate, constituye una inédita coyuntura, que amerita algunas breves reflexiones.

Soberanía y derecho internacional

Para iniciar, podemos recordar que ningún Estado se ve sometido contra su voluntad a aplicar normas internacionales. La base de las obligaciones internacionales de un Estado la constituye el consentimiento en obligarse expresado por el mismo Estado. Por ejemplo, si Israel no ha ratificado la Convención para la Prohibición y Uso de Armas Químicas de 1997 (véase estado oficial de ratificación), sus disposiciones no le son aplicables. Para citar otro ejemplo más cercano a todos nosotros, si Costa Rica no ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los de sus Familiares de 1990 (véase estado oficial de ratificaciones), no hay cómo forzar a Costa Rica a someterse a este tratado y a los mecanismos de monitoreo y supervisión previstos.

El consentimiento en obligarse a un tratado internacional constituye un acto libre y soberano, mediante el cual el Estado acepta internacionalmente obligaciones contenidas en un tratado, cual sea el ámbito de este (comercio, transporte, desarme, salud, derechos humanos, ambiente, u otro). Cada Estado prevé en su ordenamiento jurídico los procedimientos legales para manifestar este consentimiento.

Si un tratado establece un órgano o un mecanismo para examinar el cumplimiento del Estado con respecto a las obligaciones internacionales que contempla, ello forma parte del conjunto de obligaciones suscritas contraídas. Por lo tanto, afirmar que una resolución de un órgano internacional, cual sea la denominación de esta, “atenta contra la soberanía” de un Estado, es desconocer uno de los basamentos fundacionales del derecho internacional contemporáneo: la voluntad soberana del Estado.

Al inaugurarse un valioso espacio de reflexión propiciado por la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI), habíamos tenido la oportunidad de referirnos a la contribución histórica de Costa Rica al desarrollo del derecho internacional, que va mucho más allá del campo específico de los derechos humanos (Nota 1).

En este inicio del 2018, insistentes cables nacionales e internacionales tienden ahora a teñir de gris esta imagen de Costa Rica en la defensa y en la confianza en el derecho internacional, iniciada hace más de 100 años, y reforzada con la abolición del ejército en 1948, que lleva con gran orgullo cada costarricense. Tal y como lo planteábamos en la precitada nota “defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que movilizando tropas”. Las actuales autoridades de Costa Rica acaban de celebrar, al iniciar este mes de febrero de 2018, decisiones del juez internacional de La Haya que confirman esta apuesta costarricense hecha hace 70 años.

La posibilidad de liberarse de obligaciones internacionales

Todo Estado que asume libre y soberanamente compromisos internacionales, cual sea el ámbito de estos, puede, si así lo consideran sus autoridades, optar por suspender los efectos jurídicos de estos, procediendo a retirarse del instrumento normativo que los establece, según los procedimientos internos previstos en su ordenamiento jurídico.

Como ejemplos recientes, podemos indicar que desde el referéndum del 23 de junio del 2016, el Reino Unido está procediendo a retirarse de los instrumentos legales que crean la Unión Europea y negocia las condiciones de su salida. Promesas de campaña del actual ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2017 han llevado a Estados Unidos a renegociar el acuerdo comercial vigente con Canadá y México, y a retirarse del proceso de negociación de otro instrumento (el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica más conocido como TPP). Otra promesa de campaña llevó a Estados Unidos a anunciar en agosto del 2017 su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, procediendo el Departamento de Estado a redactar una nota formal cercana a un verdadero malabarismo legal, incluyendo el uso del término «reengage» inexistente en el léxico del derecho internacional (Nota 2): para presentarlo de la forma más sencilla, Estados Unidos pretende retirarse de un tratado al que no es aún parte, lo cual plantea serias interrogantes para muchos especialistas en el derecho de los tratados.

En efecto, es cuando han suscrito y luego ratificado un tratado internacional que los Estados pueden proceder a denunciar el tratado (y no antes). La figura de la denuncia está expresamente contemplada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual dedica una cláusula a esta figura legal, ampliamente reconocida por el derecho internacional (Nota 3). La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, también suscrita en 1969, incluye una disposición (el Artículo 78) relativa a su denuncia (véase texto), al igual que muchos instrumentos multilaterales.

En América Latina, podemos referir al lector a algunas denuncias a diversos tratados multilaterales realizadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en los últimos años (Nota 4). En el caso de la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las reacciones registradas lamentando esta decisión fueron de tan solo cuatro Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos – OEA -, de los cuales uno (Estados Unidos) no es parte a dicho instrumento.

Considerada como una atribución soberana del Estado, tanto la jurisprudencia como la práctica internacionales validan la denuncia de un tratado internacional, sujetándola simplemente a algunas condiciones, en particular en cuanto a sus efectos, que no pueden ser inmediatos.

En un ámbito distinto (el retiro de una declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal hecha por un Estado), la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la argumentación de Perú en 1999 dictaminando que este retiro tampoco podría surtir efectos de forma inmediata (Nota 5).

Declaraciones de campaña que merecen una aclaración

Un gobernante puede como Jefe de Estado retirar a Costa Rica de las organizaciones internacionales a la que es parte y denunciar los tratados que considere que son lesivos para el Estado, o retirar la declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal.

Lo que debería de precisar quién sostiene esta posición siendo candidato a la Presidencia (y hacérselo ver sus contrincantes si no lo hace), es que ninguno de estos actos surte efectos inmediatos, y mucho menos de forma retroactiva: el ordenamiento jurídico internacional puede resultar a veces un tanto inacabado para el jurista, pero las reglas para liberar a un Estado de una obligación internacional son extremadamente precisas.

Dicho en otras palabras, ninguno de los temas de derechos humanos que han motivado tan peculiar postura durante esta inédita campaña electoral se vería afectado al retirarse Costa Rica de una organización internacional o bien al denunciar un tratado: estos actos, de materializarse algún día, no surtirían efectos sino después de un plazo de 12 meses contados a partir de la notificación hecha por Costa Rica al depositario del tratado (figura cuya función recae usualmente en la Secretaría General de alguna organización internacional).

Por lo tanto, ninguna obligación internacional derivada de un tratado internacional o de una decisión de un tribunal internacional relativa a la discriminación de la población sexualmente diversa podrá ser desconocida por el Estado costarricense si Costa Rica optase, en algún momento, por denunciar un tratado o retirarse de una organización internacional.

El efecto inmediato de declaraciones de esta naturaleza

En cambio, un candidato a la Presidencia puede estar seguro del impacto inmediato que puede tener esta postura, generando titulares que pueden debilitar la credibilidad de Costa Rica en el plano internacional, al poner en tela de duda la seriedad de los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional.

Tratándose de un ámbito tan sensible como el de los derechos humanos, estos titulares pueden incluso estar dando ideas a gobernantes de Estados con una tradición mucho menos respetuosa de los derechos humanos (y en particular de los derechos de las minorías) que la que ha prevalecido históricamente en Costa Rica.

Una reciente declaración pública sobre un futuro gabinete formado por personas «moralmente heterosexuales» (véase nota de La Nación) plantea interesantes preguntas, que confirman la percepción antes apuntada. Las disculpas públicas presentadas con posterioridad (véase nota de ElMundo.cr) constituyen una buena señal, en medio de la crispación de actitudes y discursos que ha provocado la actual campaña electoral. En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio (Nota 6).

En Chile, en setiembre del 2017, su Presidente firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación (véase nota de prensa de Cooperativa): remitimos al lector al texto del proyecto de ley como tal, disponible en este enlace.

Una peligrosa deriva discursiva

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había advertido sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio que parecía haberse apoderado de la campaña electoral costarricense, después de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero (véase nota de prensa de ElMundo.cr). Semanas después, se registra un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad).

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la Corte Europea de Derechos Humanos, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por esta y algunas otras entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla (Nota 7).

Recordemos que desde 1966, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas estipula que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley” (Artículo 20, párrafo 2).

Volviendo a la situación en Costa Rica, en materia de lucha contra la discriminación y contra la intolerancia, la tarea pendiente es aún laboriosa. En sus observaciones al informe oficial presentado por Costa Rica (pocamente divulgadas en medios de prensa), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en abril del 2016, entre muchos otros puntos preocupantes en materia de derechos humanos en Costa Rica, que:

“10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación» (Nota 8).

Hace más de 10 años, en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había examinado el caso de Natividad Canda Mairena, recordando la imperiosa necesidad de prevenir el clima de discriminación y de xenofobia contra la población migrante originaria de Nicaragua: véase texto del informe sobre admisibilidad, en el que se lee que (párrafos 222-223):

«Ante este tipo de fenómenos, es obligación de los Estados adoptar medidas positivas para revertir o cambiar cualquier situación discriminatoria existente en la sociedad y velar porque se garanticen los derechos reconocidos en la Convención a todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinción de nacionalidad.

223. A la luz de estas consideraciones, la Comisión considera que, prima facie, los hechos alegados de ser ciertos podrían caracterizar violaciones a la Convención Americana en sus artículos 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en cuanto se refieren a la eventual existencia de una práctica sistemática de discriminación hacia los migrantes nicaragüenses en Costa Rica«.

Pese a haber sido adoptada esta decisión de la Comisión hace más de 10 años, este doloroso episodio en Costa Rica no ha dado lugar a programas educativos sostenidos en el tiempo tendientes a prevenir la discriminación y la xenofobia, las cuales se manifiestan a menudo en el seno de la sociedad costarricense (Nota 9).

A modo de conclusión

Las reglas imperantes en derecho internacional son bastante claras en cuanto a las obligaciones jurídicas de los Estados, en particular cuando estas últimas derivan de un instrumento normativo como un tratado multilateral.

El principio de irretroactividad de la norma es bien conocido en la ciencia jurídica. El mismo principio aplica a la hora de liberar a un Estado de sus obligaciones internacionales.

Esperamos, con esta modesta precisión, contribuir a un mejor conocimiento de esta peculiar rama de la ciencia jurídica como la es el derecho internacional, que tanto le debe a Costa Rica.

 

-Notas-

 

Nota 1: Véase nuestra nota BOEGLIN N., “Costa Rica y el Derecho Internacional. Una introducción”, ACODI, Blog, enero del 2017. Texto disponible en el siguiente enlace.

Nota 2: Véase nuestra nota al respecto, BOEGLIN N., «Formalizando lo prohibido: la carta de denuncia de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de París«, Debate Global, 2017. Texto disponible en este enlace. Nótese que la propuesta de «reengage» a Costa Rica luego de retirarse de un tratado también fue escuchada en los últimos meses por parte de uno de los aspirantes a la Presidencia.

Nota 3: Véase el artículo 56 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969. Texto disponible en este enlace.

Nota 4: Sobre la denuncia realizada por Bolivia, Ecuador y Venezuela de la Convención de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjero y Estado (CIADI), referimos a nuestros estimables lectores a la siguiente nota: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America: Criticisms, withdrawals and regional alternatives”, ISDS Platform, 2013, texto disponible en este enlace. Sobre la denuncia por parte de Colombia en el 2012 de un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital suscrito en 1948, véase BOEGLIN N., “Le retrait de la Colombie du Pacte de Bogotá de 1948”, Universidad de Laval, CEI, 2012, disponible en este enlace . Sobre la denuncia en el 2012 por parte de Venezuela de la Convención Americana de derechos Humanos suscrita en 1969, véase BOEGLIN N., “Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos”, Derechointernacionalcr, 2012, disponible en el siguiente enlace.

Nota 5: Véase párrafo 53 de la sentencia sobre competencia de la Corte IDH de 1999 contra Perú (caso Tribunal Constitucional vs Perú, texto disponible aquí ) que se lee de la siguiente manera: “Por las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta irrelevante”. De igual forma, en el caso Ingabire Victoire Umuhoza vs Ruandá, la Corte Africana de Derechos Humanos validó el retiro de la declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la CorteADH por parte de Ruanda, estableciendo que surte efectos jurídico 12 meses después de notificada (véase texto de la sentencia del 2016, párrafo 69).

Nota 6: Desde el 2014, una iniciativa de ley (Expediente Legislativo 19.062 titulado «Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación«) pretende tipificar este delito en el Código Penal. Véase referencia en el punto 3 de este enlace del 2016 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Tanto el expediente 19.062 como el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa están disponibles en la red. Manifestarse de forma pública contra un grupo determinado de personas constituye una incitación al odio: es una materia que ha interesado desde muchos años el derecho penal en otras partes de América Latina, en aras precisamente de prevenir esta conducta social y sancionarla cuando necesario de forma ejemplarizante: véase por ejemplo estudio titulado «Estudio sobre la prohibición de la incitación al odio en las Américas«, disponible aquí y documento muy completo preparado en el marco de un taller realizado en el 2011 por Naciones Unidas sobre la prohibición de la incitación al odio, disponible en este enlace.

A modo de ejemplo sobre formas de tipificar la incitación al odio, encontramos en el Código Penal del Uruguay el siguiente artículo:

«TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión».

ARTICULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión».

Nota 7: Sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, remitimos al reciente artículo publicado en México, que resume también el estado de la discusión a nivel internacional: ESQUIVEL ALONSO Y., «El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, UNAM, Cuestiones Constitucionales, 2016, disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto nuestro breve análisis, que contrapone lo indicado por el Comité de Derechos Humanos con el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, DerechoalDia, abril del 2016, disponible aquí.

Nota 9: Cabe precisar que la Comisión Interamericana rechazó en el 2007 en su informe sobre admisibilidad la petición de Nicaragua en el caso de Natividad Canda Mairena, al no haberse agotada la vía interna en los tribunales de justicia de Costa Rica. Por lo tanto, no entró a examinar todos los aspectos de fondo. En el 2012, los tribunales de Costa Rica absolvieron a todos los imputados aduciendo falta de pruebas (véase nota de prensa de La Nación). Sobre pendientes de Costa Rica en la materia, véase BARRANTES CECILIANO A., «Caso Natividad Canda: Pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia«, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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Realidad y ficción en la política de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro (*)

 

Conforme pasan los días, después de haberse efectuado las elecciones generales del pasado domingo 4 de febrero, hemos visto aflorar en las llamadas redes sociales, y hasta en las páginas de algunos medios de comunicación digitales, una serie de expresiones que revelan un estado de desasosiego colectivo, por un lado, y por el otro, una falta de contacto entre su reiterado uso arbitrario y la realidad propiamente dicha, la que se ha tornado inalcanzable, dada su carencia de algún sentido unívoco, o al menos general, que nos oriente para poder decir algo coherente. Quienes las emplean viven en mundos fantásticos, en quiméricos reinados como los de las mil y una noches, del Bagdad medieval del califa Harum Al Raschid, o en los recovecos del país de las maravillas-pesadillas de una jovencita llamada Alicia, lo peor de todo esto es que estas gentes pretenden que nosotros también nos instalemos allí, a pesar de que los tercos hechos nos dicen otra cosa, llevándonos a desconfiar de las manifestaciones que exteriorizan esos estados del ánimo colectivo.

Los resultados electorales de ese día elevaron a la categoría de realidad a una serie de quimeras, las que habitan en la cabeza de una gran cantidad de gentes, la mayoría de cuáles carecen del hábito del pensamiento riguroso y sistemático, además de que ni siquiera han tomado conciencia del cuidado con el que debemos tratar a nuestra más valiosa herramienta para construir conocimiento: el lenguaje y la significación precisa de las palabras de que hagamos uso para expresarnos.

Como en el universo totalitario que se nos muestra en aquella novela titulada “1984”, del escritor inglés George Orwell (1903-1950), publicada hace ya setenta años, una neolengua (newspeak) cada vez más empobrecida se ha instalado entre nosotros, en medio de una atmósfera de odio e intolerancia brutales, facilitada por las pantallas electrónicas de los llamados medios de comunicación social, pero sobre todo por la vía de las redes sociales que son los mejores vehículos para que las bajas pasiones de algunas gentes se amplifiquen y puedan conducirnos, de manera eventual, a verdaderos estados de histeria colectiva, dentro de la creciente atmósfera de irrealidad y odio que se ha instalado.

Al ambiente, cargado de tensiones y delirios, que se fue generando, en medio de una campaña electoral, caracterizada por el desencanto previo de grandes sectores de la población, como resultado de varias décadas de políticas neoliberales y el desmantelamiento del estado de bienestar, se unió el impacto de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca del matrimonio entre las parejas homosexuales y otras reivindicaciones de la llamada comunidad LGTBI, un factor que fue aprovechado por los oportunistas, presuntos apóstoles del integrismo religioso, anidado en las numerosas iglesias pentecostales o neopentecostales que han proliferado en este país centroamericano, a lo largo de las últimas tres décadas, un sector religioso que tiene ya veinte años de haber incursionado, con cierto éxito, dentro de la política electoral y que ha mantenido una presencia constante dentro del parlamento o Asamblea Legislativa de Costa Rica. De repente, en media campaña electoral, con la fuerza y la temible sorpresa ocasionada por un trueno en la noche, el fallo de la CIDH hizo crecer exponencialmente la candidatura presidencial del principal candidato de los pentecostales, el periodista y animador Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, dejando atrás a los aspirantes de los partidos políticos tradicionales, dentro de lo que se convirtió en un verdadero terremoto político, de cuyas consecuencias más visibles sus líderes no logran reaccionar todavía.

No muy lejos, y segundo lugar se ubicó el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana(PAC), la fuerza política que había irrumpido con gran empuje en la escena política, cuatro años atrás, para llevar a la presidencia de la república, al historiador y politólogo, Luis Guillermo Solís, quien suscitó enormes expectativas en un conglomerado de sectores sociales y políticos que se ubicaban dentro de una especie de centro izquierda, la que a lo largo de su gestión gubernamental, resultó estar más a la derecha de lo que se pensaba, además de caracterizarse por una constante indefinición, lo que permitió a la larga a las fuerzas de derecha retomar la iniciativa política, reconquistando el parlamento o Asamblea Legislativa, donde tanto el PAC, como el llamado Frente Amplio –presuntamente de izquierda y su aliado, al parecer incondicional- vieron reducida su representación parlamentaria, en el caso de este último de nueve a un solo diputado, como resultado de los comicios del domingo anterior. Los restantes once candidatos presidenciales quedaron fuera de la contienda  del ballotage, que deberá realizarse al no obtener ninguno de ellos el cuarenta por ciento de los votos emitidos, lo  que era una condición indispensable para triunfar en la primera vuelta.

En medio de los preparativos para esa segunda vuelta electoral, programada para el domingo 1 de abril, dos candidatos presidenciales se enfrentan en ella: el integrista religioso Fabricio Alvarado y el periodista, además de politólogo, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, quien ocupó la cartera de trabajo en el gobierno actual.

Así planteadas las cosas estalló, de una manera febril, la contienda entre los integristas religiosos y los llamados laicos progresistas, en medio de una ofensiva general de la derecha y de los sectores empresariales, quienes esperan más allá de quien sea el ganador de los comicios de ese día, imponer su agenda económica y social para hacer que los sectores laborales sean los que paguen las consecuencias de una recesión económica ya en curso, la que ha sido precipitada por el crecimiento de la deuda externa y el déficit fiscal, acelerado por los gobiernos del otrora dominante Partido Liberación Nacional, entre los años de 2006 y 2014.

Mientras los viejos partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se debaten en una especie de agonía que los ha llevado a experimentar, hacia lo interno, serios problemas de identidad, una parte de electorado ha dado rienda suelta a su integrismo religioso o a sus odios más profundos, hablando de actores sociales y políticos inexistentes, exteriorizando sus viejos temores anticomunistas, tan propios del período de la guerra fría, y sus obsesiones acerca de un inexistente socialismo del siglo XXI, el que no ha pasado de ser un mero enunciado que se mencionó, durante la primera década del siglo que corre, en otros países de la región. Como en aquel grabado de Francisco de Goya, donde el pintor nos decía que el sueño de la razón produce monstruos, en estos días ventosos días de febrero de 2018, cada uno ha perfilado y dimensionado los suyos, dando rienda suelta a sus odios y pasiones dirigidos incluso hacia meros fantasmas, sin ningún asidero en la realidad, como la satanización de los programas de educación sexual, impulsada por los gobiernos liberacionistas y la actual administración del PAC, llegándose a la ocupación de algunas instituciones educativas, por parte de algunos padres de familia, fanatizados y desinformados por los integristas religiosos.

Después de una puesta en escena electoral, donde como bien sabemos no se toman las decisiones más importantes, pues esta no pasa de ser una fiesta o carnaval para entretener a los incautos, la política verdadera ha irrumpido sólo que en los peores términos que hubiéramos podido imaginar, hace apenas unos meses en esta Costa Rica, donde muchas gentes, hábilmente manipuladas por los medios de comunicación social, piensan que somos una democracia excepcional por el sólo hecho de votar cada cuatro años.

 

(*)Sociólogo y escritor.

Enviado por el autor.

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UCR: Oferta de contenido político no se fortaleció durante campaña electoral

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  • Investigación revela que 2/3 partes de la información que consumió la ciudadanía entre agosto y diciembre anteriores se refirió a espectáculos, sucesos o deportes

UCR Oferta de contenido politico no se fortalecio durante campana electoral
Según la investigación, los medios de comunicación y los candidatos a la presidencia no fortalecieron el debate de la ciudadanía respecto a temas políticos durante la actual campaña electoral (Ilustración. CIEP). – foto Karla Richmond, UCR.

Los medios de comunicación y los candidatos a la presidencia no fortalecieron el debate de la ciudadanía respecto a temas políticos durante la actual campaña electoral, que convoca al país a las urnas este domingo 4 de febrero.

Así lo determinó la iniciativa “Democracia en Digital”, desarrollada por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) con el apoyo de del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA).

El proyecto inició en el año 2016, cuando los investigadores Ignacio Siles, Larisa Tristán, Carolina Carazo y Andrés Segura, decidieron consolidar en un proyecto su interés por reflexionar sobre el papel que juegan las plataformas digitales en los procesos democráticos.

Según Siles, la investigación comenzó por determinar cuáles notas publicadas de forma regular por seis medios de comunicación nacionales recibían una mayor interacción de la audiencia al ser compartidas en sus plataformas de redes sociales.

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Según el investigador Ignacio Siles, el consumo de noticias por áreas está muy segmentado, y tanto en política como en el resto de temáticas ocupa casi siempre la misma proporción.- foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Tras realizar un monitoreo sistemático de dicha oferta de contenido durante distintos periodos de tiempo entre el 2016 y el 2017, determinaron que sólo entre el 15% y el 20% de las notas divulgadas abordaban temas políticos y a partir de este referente, inició el monitoreo de la coyuntura electoral.

La nueva medición dio inicio en agosto, mes en que según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) da inicio formalmente la contienda electoral, y aunque la sistematización de información sigue en desarrollo durante el presente mes de enero, los resultados consolidados hasta diciembre anterior revelaron el mismo panorama.

Siles afirma que la investigación confirmó “la teoría de la ley potencial”, en la que sólo un pequeño grupo de noticias reciben muchas interacciones, pero además reveló que se destina casi siempre el mismo espacio en la agenda mediática para la cobertura de cada área.

“El consumo de noticias por áreas está muy segmentado y no sólo en política, todos los temas ocupan casi siempre la misma proporción… Hay un número limitado de noticias que la gente lee y lo reparte casi siempre de la misma forma”, explicó el académico.

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La investigadora Larisa Tristán afirmó que la agenda política de los medios de comunicación no abordó más de seis temáticas distintas durante el periodo de la actual campaña electoral. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El investigador afirmó que 2/3 partes de la información que consume la audiencia desde las redes sociales de los medios de comunicación se refiere a asuntos no públicos y por el contrario, abordan sucesos, deportes, entretenimiento o temáticas que no fortalecen el debate o la construcción de democracia.

Se determinó que pese a la coyuntura electoral, la “cuota de contenido político” se mantuvo similar a la que se destina de forma regular, pero además, la aparición del cuestionado caso sobre la importación de cemento chino al país dominó la sección y redujo el espectro de temáticas que se abordaban regularmente.

La investigadora Larisa Tristán detalló que durante todo el proceso de monitoreo de la contienda electoral evaluado, la agenda política de los medios de comunicación no abordó más de seis temáticas distintas e innegablemente estuvo dominada por el denominado “cementazo”, desde un tratamiento noticioso caracterizado por el tono sensacionalista y la ausencia de profundidad.

Detalló que, aunque a partir de un “hito informativo” puede darse un leve incremento de la cantidad de noticias sobre política publicadas en los medios que normalmente no cubren estas áreas del acontecer nacional, en los medios con agenda política no se amplía la diversidad temática abordada.

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La comunicadora Carolina Carazo señaló la ausencia de temáticas sustantivas en el debate propuesto por los candidatos para la consolidación de una discusión que aportara a la opinión de la ciudadanía. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Debate político tampoco fue prioridad para los candidatos presidenciales

Los aspirantes a la presidencia de la República no subsanaron la ausencia de debate en el marco de la coyuntura electoral, pues aunque entre el 75% y el 100% de sus publicaciones en redes sociales son de carácter político, las temáticas abordadas se redujeron a sus partidos políticos o a sus actividades de campaña.

Según la investigadora Carolina Carazo, el análisis de las publicaciones realizadas por los cantidadatos en la plataforma de Facebook evidenció la ausencia de temáticas sustantivas para consolidación de un debate que aportara a la opinión de la ciudadanía, a partir del abordaje de temas como economía, infraestructura o ciencia y tecnología.

Afirmó que existe una “estructura invisible que condiciona el consumo noticioso en periodos campaña y como parte de esta dinámica, la “cuota política” genera implicaciones muy relevantes en la consolidación del debate público.

“Lamentablemente no tenemos una discusión de fondo, ni constructiva ni provechosa en medios, tampoco los candidatos presidenciales aprovecharon ese vacío para tener esa discusión y finalmente, no se dio lugar a ese debate de fondo que como país merecemos y necesitamos”, concluyó la académica.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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