La Benemérita Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública de Limón «Mayor Thomas Benjamin Lynch», Palabras Viajeras y La Revista.cr le invitan al recital “Caribe en la Palabra”, con la participación de las poetas Arabella Salaverry, Shirley Campbell Barr, Delia McDonald, Macarena Barahona-Riera, Julia Hernández, Nelly Moraga, Jeanette Ibarra y la traductora María Roof.
Esta actividad se realiza en celebración del Día Nacional de la Poesía.
La actividad se realizará virtualmente el martes 31 de enero 2023, a las 4:00 p.m. y setransmitirá por los facebook:
El primer mural de realidad aumentada en Costa Rica se podrá apreciar en la Sede del Caribe de la UCR, y mostrará la historia de la provincia de Limón de forma cronológica. Foto Alexa Méndez.
La obra está en la Sede del Caribe
La elaboración del mural se inició el 21 de noviembre e incluye pinturas que muestran desde la época de los cacicazgos, hasta el Grand Parade
Como homenaje a la gran historia del Caribe costarricense, la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece a la comunidad limonense y a todo el país una obra de los artistas plásticos Elizabeth Arguello y Pablo Cárdenas, la cual se convierte en el primer mural de realidad aumentada en Costa Rica.
Esta idea nace gracias a la Coordinación de Administración y Acción Social de la Sede del Caribe.
“Este mural representa la historia de Limón desde los cacicazgos hasta la actualidad con el Grand Parade y están involucrados una serie de temáticas que me parecen muy acertadas porque incluyen diferentes grupos étnicos y nacionalidades de todos aquellos que aportaron un granito de arena para lo que hoy conocemos como Limón”, explicó el MAG. Axel Alvarado Luna, historiador y coordinador de Acción Social de la Sede del Caribe.
Un grupo de estudiantes de la Sede del Caribe acompañó a diferentes artistas limonenses, entre ellos Elizabeth Arguello (tercera de izq. a der.), para elaborar de manera conjunta el mural histórico del Caribe costarricense. Foto Alexa Méndez.
En esta obra se podrá apreciar la época de los cacicazgos, la llegada de los españoles junto a la siembra del cacao, los piratas y zambos mosquitos, también Pablo Presbere y el último levantamiento indígena en Costa Rica, además de la llegada del barco Lizzie y el nacimiento de una ciudad multiétnica.
Resalta también el Ferrocarril, la religiosidad, los movimientos panafricanistas, la historia de la Gran Huelga Bananera, la Fusariosis del banano raza 1, la salida de la UFCo de Limón en 1938, el hundimiento del San Pablo, los inicios de JAPDEVA y RECOPE, el Terremoto, el cierre del Ferrocarril y las diferentes festividades de Limonenses.
“Fue difícil lograr plasmar la historia de Limón porque, aunque sea una pared bastante grande de 12 metros de largo, es muy difícil incluir en ella todos los aspectos de la historia de Limón. Sin embargo, creo que logramos resaltar los más importantes y algunos incluso inéditos, poco conocidos para muchos sobre la historia de Limón. Creo que cualquiera que vea el mural podrá relacionarlo inmediatamente con la historia de Limón”, añadió Alvarado.
Elizabeth Arguello y Pablo Cárdenas son los artistas innovadores, quienes conceptualizaron el primer mural de realidad aumentada en Costa Rica. Foto Alexa Méndez.
Este mural es un homenaje al Caribe costarricense y la ciudad de Limón, que han sido un escenario de diversidad étnica, encuentro cultural y mestizaje con sus creencias, sabores, estéticas y maneras de ver el mundo.
Este mosaico cultural y étnico es resultado del encuentro y convivencia entre nuestras comunidades originarias y grupos de origen europeo, afroantillano, chino, centroamericano, así como personas de otras regiones del territorio nacional.
La realidad aumentada va a permitir ver de forma animada y con sonido la historia plasmada en el mural, una iniciativa que llegará a Costa Rica el 16 de diciembre por primera vez.
La artista limonense Morelia Abraham fue una de las pintoras quien participó en la creación del mural histórico. Foto Alexa Méndez.
Por medio de la aplicación para celulares Artivive se podrá ver ciertas imágenes del mural en movimiento. De igual forma, los organizadores pondrán la información necesaria en el sitio, para que las personas que visiten el mural puedan apreciar también su esplendor tecnológico.
“Esto nace como una iniciativa para mezclar ambas disciplinas de tecnología y mural. Pablo Cárdenas y yo tuvimos la inquietud de hacer un mural con realidad aumentada y queríamos una oportunidad para experimentar con esta técnica y la Sede del Caribe para trabajar en este proyecto. Ha sido bastante agradable y un poco retador porque para que el mural funcione en realidad aumentada tiene que estar muy exacto al boceto digital, ya que éste va a ser el activador que va a permitir que la realidad aumentada funcione. Por otro lado, creo que ha sido exhaustivo por ese aspecto, pero muy llevadero porque los estudiantes se han involucrado, los artistas locales también y otras personas de Limón. Hemos trabajado juntos y compartido de forma muy bonita; me he sentido muy incluida y eso se los agradezco montones”, comentó la artista Elizabeth Argüello.
La pared ha recibido el talento de artistas limonenses y estudiantes de la Sede del Caribe, “creo que esto es un gran aporte a la comunidad limonense y esta Universidad está complacida de hacer este tipo de entregas a la comunidad. Aquí hay muchos estudiantes pintando, lo que significa que están muy entusiasmados y han puesto su huella en este mural, así que no ha sido solamente un trabajo de un pintor como uno esperaría, sino que está construido con manos de muchos estudiantes, docentes y artistas de la zona”, indicó el MAG. Luis Serrano Franceschi, coordinador de Administración de la Sede del Caribe.
Para apreciar la realidad aumentada las personas deben descargar la aplicación Artivive a su celular y seguir las indicaciones que estarán en la Sede del Caribe. Foto Alexa Méndez.
Los estudiantes han participado de forma constante y consideran que representa un gran aporte para su cultura: “Este mural es muy importante, no solo para la Universidad sino para la provincia como tal, porque representa la cultura y también la historia de todo lo que se ha vivido. Significa mucho para mí también como estudiante de la Sede del Caribe porque muestra que la UCR está dando un espacio para que nosotros los limonenses representemos nuestra cultura y su historia”, mencionó Johan Loría Martínez, estudiante de la carrera de Informática Empresarial de la Sede del Caribe.
La participación de los artistas limonenses es algo fundamental para la Sede del Caribe, porque ha permitido un convivio entre los artistas visitantes y artistas limonenses junto a los estudiantes, lo que representa no solo una experiencia futura, sino que se pinta con el sabor y el movimiento comunitario característico de Limón.
“La participación que tenemos en este mural es muy importante, ¿por qué motivo?, pues primero que todo por el tema de incidencia participativa de parte de los universitarios, la incidencia participativa de parte de la docencia y la incidencia participativa de las personas que han llegado aquí y que puedan apreciar el trabajo que se está haciendo. Los procesos socioculturales son de gran importancia y aquí están reflejados en este mural con todo un contenido de historia, cultura, gastronomía, flora y fauna para que uno como limonense pueda ir denotando esos puntos claves de la historia de nuestra provincia como tal”, dijo Andrés Sevilla, artista y muralista limonense.
Con esta experiencia que va más allá de la pared, se develará el viernes 16 de diciembre a las 2:00 p.m. en el miniauditorio de la Sede del Caribe, este gran mural. Se trata de la vivir la experiencia de la realidad aumentada por primera vez en Costa Rica. ¡Se hará historia!
La historia de la concesión de los puertos del Caribe costarricense a la transnacional APM, amerita ser documentada y servir de base para una investigación exhaustiva sobre los intereses que se movieron para hacerla posible.
Salvo la defensa del ICE, ningún proyecto de corte neoliberal-privatizante, fue objeto de tanta polémica y tanta resistencia de diversos sectores. Incluso hoy, cuando se evidencia que la transnacional holandesa no es eficiente en la gestión de la carga y descarga en su muelle, sigue siendo “de mal ver” recordar que bajo JAPDEVA no se presentaban los problemas en dichas operaciones. Resulta una ironía que hasta los exportadores que apoyaron la concesión, hoy se quejan de las tarifas y de la ineficiencia de APM-Terminals.
Y es que no sólo se trata de la mala gestión portuaria y de las altas tarifas. Según han denunciado los especialistas, a través del muelle de APM-T se está movilizando hacia Europa, la mayor cantidad de cocaína en la historia del país. De ahí que, sin ningún ánimo conspiranoico, cabe preguntarse ¿quién o quiénes tienen tanto poder en este país para que, nadie haya sido capaz de frenar la entrega de los muelles del Caribe?
En el segundo gobierno de Oscar Arias se inició la batalla por la concesión de los servicios portuarios del Caribe. Arias utilizó todas las armas a su haber para sacar adelante la concesión: deposición arbitraria de la directiva del sindicato, oferta de soborno a los dirigentes, amedrentamiento físico, así como campañas mediáticas difamatorias contra JAPDEVA, la convención colectiva y los líderes sindicales.
Desde 2006 SINTRAJAP dio la pelea legal y organizó diversas actividades por la defensa de los muelles en manos del Estado costarricense, contando con el apoyo de la totalidad de los sindicatos y diversos sectores de la sociedad civil organizada. Una por una, se fueron desnudando las informaciones falsas sobre la ineficiencia de JAPDEVA y sobre el peso de la convención colectiva en el presupuesto de la institución.
En el sentido común de la ciudadanía consciente e informada, no ha habido duda de que renunciar al control estatal de los muelles es ceder soberanía y de que JAPDEVA juega un papel estratégico en el desarrollo de la vertiente, más allá de la generación de empleo.
Pese a que los datos duros daban la razón a quienes han defendido JAPDEVA, la élite neoliberal se impuso y los muelles fueron concesionados a la transnacional holandesa, los trabajadores de la institución despedidos sin que a cambio, el país y la provincia de Limón hayan experimentado ninguna ganancia. Las utilidades se van para Holanda, se incrementó el desempleo en la provincia y JAPDEVA perdió los ingresos que se invertían en obras de desarrollo local.
Cederle los puertos a la empresa extranjera se convirtió en un asunto de máxima prioridad para la élite neoliberal del país y, lo iniciado por Oscar Arias continuó con Laura Chinchilla así como con Luis Guillermo Solís, quien prometió revisar la cláusula del contrato de concesión que impedía a JAPDEVA competir con APM, pero fue una promesa vana.
Luego de consumados los hechos y tomando distancia temporal, surge una serie de interrogantes: ¿Qué explicación tiene la alta prioridad de esta privatización? ¿Cuánta plata hubo y hay de por medio, para que compraran y ofrecieran comprar tantas voluntades? ¿Fue acaso la existencia de un sindicato en el puerto estratégico, la razón? ¿Quién más se benefició (o se está beneficiando) con un negocio que, en apariencia, solo es rentable para los holandeses? ¿Ha valido la pena sacrificar la soberanía y la seguridad portuaria nacional?
Como parte de la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural” que inició el 9 de agosto del presente año, se comparte el segundo material visual.
En este se muestra la diversidad cultural de la sociedad costarricense y una forma de convivencia llena de empatía y respeto hacia los derechos humanos.
Una representación desde el Caribe costarricense y su cultura afrocaribeña.
La campaña es promovida por la Comunidad Epistémica Red de Interculturalidad, con la participación de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional y el Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.
Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.
Por Valeria Montoya y Mauricio Álvarez, docentes de Kioscos Socioambientales
Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles» (retocado de Bertolt Brecht).
El pasado 24 de junio, realizamos desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la UCR, un homenaje a la lideresa comunitaria Erlinda Quesada en el marco del curso de Ecología Política Feminista, el cual fue impartido por Diana Ojeda, quien es economista, geógrafa y docente en la Universidad de Los Andes en Colombia.
Este curso, fue organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en conjunto con el proyecto “Conflictividad socio ambiental e impactos de las piñeras en la zona norte” (EC-495) inscrito en el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) y el proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes” (ED-3526) inscrito en la Escuela de Geografía, ambos del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social. El mismo, tuvo dos espacios principales, uno teórico y conceptual impartido por Ojeda el jueves 23 de junio, y uno práctico en el que se realizó una gira a África de Guácimo el viernes 24 de junio.
África de Guácimo es una comunidad ubicada a un kilómetro del centro de cantón, dirección hacia Limón, que tiene el nombre del continente del cual procedían los antepasados de los primeros habitantes del pueblo. Nació con la construcción del ferrocarril al Caribe y el surgimiento del cultivo de banano.
La gira, fue facilitada por Erlinda Quesada, fundadora de la Asociación de Mujeres Unidas de África (AMUDA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAP), organizaciones que se han enfrentado a conflictos socioambientales, donde ha destacado el trabajo realizado y las luchas que han llevado a cabo.
El liderazgo de Erlinda la llevó en dos ocasiones a ser regidora Municipal y a encabezar las principales luchas por la defensa de los bienes naturales comunales, en especial el agua en la parte alta o zona de mayor recarga acuífera del cantón. Esto incluyó la defensa del río Parismina que hoy está libre de una represa privada que iba a afectar el turismo, la agricultura y la ecología.
Desde hace décadas Erlinda ha luchado no solo por los derechos de su comunidad si no por todo el cantón, provincia, país y planeta. Su lucha ha sido por la defensa de los derechos de las mujeres del campo, por una pastoral de la iglesia católica que atendiera los derechos de las mujeres, por mejorar las condiciones en las plantaciones de banano y piña, por la defensa del agua, de las comunidades y sus bienes.
Como lo compartía Erlinda en la gira, este grupo de mujeres de África, con mucho esfuerzo, compraron un terreno y gestionaron la Finca Educativa AMUDA, que es un proyecto de conservación y turismo comunitario. Para este grupo fundado en 1997 todo ha sido una lucha, como se atestigua actualmente en su finca que tiene un sendero de un kilómetro por un frondoso bosque, el cual, cuando se compró era un potrero. Para esto, tuvieron que pagar mes a mes a punta de rifas o ventas de comidas. Hoy es el pulmón de la comunidad.
La casa de Erlinda está en un alto a la orilla de la ruta 32 en la entrada de África, siendo una especie de sede interuniversitaria-comunitaria, aquí ha dado clases de historia ecológica de la organización comunitaria, de las luchas por los derechos de las mujeres, por los derechos comunitarios a un ambiente sano y del agua como un derecho humano.
Es por ello que en el marco del curso de Ecología Política Feminista y en el salón comunal de la comunidad entregamos un título que menciona “recocemos su incansable y destacada lucha por la salud ambiental de las comunidades caribeñas y su papel de educadora popular de cientos de estudiantes a través de tantos años”.
En el Auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR se dieron cita algunos estudiantes y profesores de la carrera Marina Civil, quienes quisieron ser testigos presenciales de la entrega de la homologación por parte del MOPT a la UCR. Les acompañaron el Lic. Nelson Soto y el Dr. Gustavo Gutiérrez (al centro, ambos con corbata), y Otto Noack Sierra, director ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM, de último a la derecha). Foto Karla Richmond, UCR.
Las autoridades de Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Sede del Caribe y del MOPT, trabajan en conjunto para subsanar todos los contratiempos y cumplir con el compromiso académico asumido con las y los estudiantes
Paso a paso, con una labor en equipo y con el objetivo de que la carrera Marina Civil, que se imparte en la Sede del Caribe de la UCR, cumpla con todos los requisitos para que sus estudiantes sean reconocidos internacionalmente como profesionales, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lograron completar uno de los requisitos primordiales: la homologación de la carrera.
Se trata de una certificación que entrega dicho Ministerio, por ser la entidad regidora de las actividades marítimas y portuarias de país, hacia aquellas instituciones educativas que pretendan formar a la gente de mar.
Como una primera etapa de este proceso, se entregó lahomologación provisional,quetendrá vigencia por un año, mientras la UCR cumple con ciertos requisitos adicionales para poder optar por la homologación permanente, la cual se extiende por cinco añosprorrogables.
El acto oficial de entrega de dicha certificación se realizó este lunes 4 de julio en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía de la UCR, actividad a la que asistieron representantes de ambas instituciones públicas, profesores y estudiantes.
Voces de aliento, perseverancia y satisfacción
El Lic. Nelson Soto Corrales, jefe de la Dirección de Navegación y Seguridad del MOPT, aseguró que la meta es que Costa Rica desarrolle su potencial en cuanto a la formación de profesionales marinos, para que se desempeñen en diversos puestos de trabajo tanto a lo interno, como fuera del país.
Sin embargo, una vez que se cumpla el proceso de homologación, todavía existen ciertos requisitos para que la carrera esté reconocida en todo el mundo.
El Lic. Nelson Soto Corrales del MOPT, el rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta de la UCR (al centro), y Yeison Mora Díaz, presidente de la Asociación de Estudiantes de Marina Civil, muestran el documento que certifica la homologación por un año. Foto Karla Richmond, UCR.
“La certificación ISO 9001, que es una norma de estandarización que busca que el ‘producto’ siempre sea el mismo, y en temas de formación marítima es lo mismo. La OMI (Organización Marítima Internacional)y los países firmantes de sus convenios buscan que todas y todos los marinos tengan una formación estándar al final del proceso educativo, para que se puedan embarcar en cualquier parte del mundo y en cualquier buque, sin que existan diferencias de criterios. Esa estandarización se busca promover por medio del sistema de gestión, en donde todos los procesos de formación y administrativos sean los correctos e iguales”, señaló Soto.
Asimismo, esa certificación establece que el sistema que rige la carrera garantiza que los estudiantes siempre tendrán al profesor adecuado, que el equipo tecnológico de los laboratorios y simuladores funcionarán debidamente y tendrán el mantenimiento adecuado, que la bibliografía estará actualizada, que las metodologías serán las adecuadas, entre otras aristas más.
“Ese es el principal requisito que necesita la UCR para obtener la homologación definitiva, aunque también hay otros temas en los que la idea es que el programa académico esté muy claro para que las competencias incluidas en el convenio STconvenio ST se vean reflejadas allí. De esa forma nosotros, como administración marítima nacional, podemos comprobar que lo que hace la UCR es lo requerido por el estándar internacional”, indicó Soto.
El Director de Navegación y Seguridad hizo énfasis en que ha trabajado a la par de la UCR porque a ambas instituciones las mueven objetivos comunes, “lo que nos interesa es el desarrollo de Costa Rica y no establecer meramente un proceso de auditoría, y al final establecer si se cumplen los requerimientos o no. De eso no se trata, porque lo que queremos es impulsar el desarrollo, por eso el acompañamiento del MOPT será hasta el final para que la carrera de Marina Civil se consolide adecuadamente. Esta Universidad ha realizado un gran esfuerzo y los frutos vendrán”, destacó Soto.
Existe un tema adicional dentro del sistema marítimo internacional, que es la inclusión deCosta Ricadentro de la conocida Lista Blanca de la OMI, que reúne a los países que han consolidado los requisitos arriba descritos y mantienen la calidad en la formación de las y los profesionales marinos.
“Tramitamos la solicitud a la Jefatura de Cooperación Técnica de la OMI, para quesolicitentoda la información querequieran y que vamos a generar desde acá, como por ejemplo todos los procedimientos y una muestra del proceso de homologación. Una vez que la OMI califique este proceso como robusto, entonces vamos a poder entrar en la Lista Blanca, para que los marinos nacionales tengan ese plus.”, subrayó Soto.
La carrera de Marina Civil se imparte únicamente en la Sede del Caribe de la UCR. Foto Karla Richmond, UCR.
Por su parte, el M.Sc. Julio Brenes Arroyo; asesor de la Rectoría UCR, coordinador de sedes y quien ha liderado este proceso desde que se dio el cambio de administración universitaria en enero del 2021, dijo que trabajan continuamente en tres procesos que son fundamentales para el fortalecimiento de la carrera.
“El primero es la homologación, que por ahora es provisional pero nos sirve para consolidar los otros procesos y después obtener la homologación quinquenal. Esto inclusive nos permitió graduar a los dos primeros estudiantes en la Sede del Caribe. El segundo paso es la certificación 9001, porque al tener ese sistema de gestión de calidad activo nos permite tener garantía de que los procesos internos de la carrera caminan de acuerdo al convenio internacional. Además, yacontamos con la aprobación de laauditoría interna y en estos díasla empresa Lloyd’s Register,contratadaparaque aplicarala auditoría externay es una de las más reconocidas en todo el mundo, nos comunicó que la primera etapa fue aprobada con muy buenos resultados, y que la segunda etapa de la auditoría la harán virtual, pues les parece que no hace falta que sea presencial, dada la calidad que pudieron comprobar. Esperamos que a finales del mes de julio tengamos esa certificación. El tercer proceso es la reapertura de la carrera, que forma parte de la enseñanza y el aprendizaje, aspectos que son evaluados por el sistema de gestión de calidad, y por lo tanto hay que contar con promociones de estudiantes, para que no se caiga todo el proceso”, detalló Brenes.
Precisamente, Brenes manifestó que de la mano con la Vicerrectoría de Docencia, del Centro de Evaluación Académica (CEA) y de la Sede del Caribe, se busca subsanar los inconvenientes detectados en el plan de estudios de la carrera Marina Civil, para presentar la reapertura de la matrícula ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y que sea aprobada.
Finalmente, los estudiantes Fressy Bustos Castillo y Yeison Mora Díaz, vicepresidenta y presidente de la Asociación de Estudiantes de Marina Civil de la Sede del Caribe, se mostraron confiados en que ellos formaran parte de la primera generación de profesionales marinos de Costa Rica.
“Ha sido un trayecto muy difícil, pero sentimos confianza cuando entró la nueva administración de la UCR y nos dijeron que iban a rescatar la carrera. El trabajo está rindiendo los resultados que queríamos y estamos muy complacidos con las gestiones hechas desde la Rectoría.Aunque queda camino por recorrer, nos sentimos esperanzados”, expresó Fressy Bustos.
“Llevamos 10 años de luchar y hoy me siento bien, nunca es tarde para ver los resultados llegar y de acá en adelante confío en la voluntad de la administración de la UCR para sacar esto adelante. Ha sido un proceso muy difícil y queremos disfrutar este momento, pero pensando en que hay que concretar lo que falta”, concluyó Yeison Mora.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Ha concluido la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales desarrollada en México por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Bajo el lema “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe” se desarrollaron actividades académicas, editoriales y culturales de toda naturaleza, en un momento clave para reposicionar el rol de las ciencias sociales críticas y reflexivas en un mundo en transición.
En su Asamblea Ordinaria se reflexionó acerca de la necesidad de incentivar el diálogo inter y multidisciplinario en especial con otras disciplinas y saberes como el arte y la cultura. En otros momentos, en esta columna hemos defendido el potencial de las artes como vehículo movilizador y transformador social. El camino está trazado.
Un resultado no esperado de la Conferencia, que movilizó al menos reacciones y pronunciamientos diversos, fue la situación experimentada por varias académicas y académicos que quisieron participar y que no les fue posible, como resultado de políticas migratorias restrictivas implementadas por las autoridades mexicanas.
Destaca en particular la situación vivida por académicos, académicas y congresistas provenientes de Cuba, Colombia, Brasil, Bolivia y Centroamérica, quienes fueron objeto de malos tratos, violencia e intimidación no más arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Incluso a muchos de ellos les fueron aplicados figuras como la detención y la deportación hacía sus países de origen.
Un pronunciamiento firmado por instancias como el Grupo de Trabajo CLACSO Fronteras: movilidades, identidades y comercios, Migraciones Sur-Sur, Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migraciones, Exilio y Repatriación/UNAM señaló este hecho, denunciando la arbitrariedad de las autoridades migratorias mexicanas y recordando además que precisamente este contexto pospandémico ha develado la complejidad adquirida por las movilidades humanas a escala regional.
Ciertamente, contrario a la expectativa de una desaceleración de los procesos migratorios como consecuencia del cierre de fronteras a partir de la emergencia sanitaria, el pronunciamiento citado indica cómo se profundizaron las situaciones y se ampliaron los perfiles migratorios (migrantes deportados, migrantes varados, migrantes de tránsito, migrantes en espera, solicitantes de refugio, migrantes con intención de retorno y migrantes encarcelados) develando la complejidad, el riesgo y la vulneración de los derechos para las personas involucradas a todo nivel.
Al tiempo que la Conferencia se llevaba a cabo y se sucedían estas incidencias en carne propia para personas académicas y congresistas, dos hechos hacían constatar la necesidad de seguir profundizando el abordaje sobre estos temas a nivel global y regional.
El primero de ellos, la formación de un nuevo corredor humanitario con más de 10.000 personas originado al sur de México, cuyo destino final sigue siendo Estados Unidos. El grupo fue disuelto días después, pero muestra la potencia de estas formas de lucha migrante, al decir de la colega mexicana Amarela Varela, y su rol político en medio de la despolitización de los movimientos sociales regionales.
El segundo hecho es una constatación empírica: el aumento de los desplazamientos forzados a nivel global, cuya cifra alcanza ya a más de 100 millones de personas. Esto fue indicado en un informe reciente publicado por la Oficina para las personas Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) que precisó el carácter expansivo de los desplazamientos forzados de personas en todo el mundo.
La tensión evidente entre control migratorio y protección de derechos aboga ahora más que nunca por nuevas formas de abordaje del tema. Personalmente hemos optado por el arte, específicamente la literatura, como un camino posible para procurar la sensibilización. Esperamos contribuir en esa dirección.
En un reciente informe de Naciones Unidas, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, analiza los efectos económicos y financieros del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, en América Latina y el Caribe.
Según Bárcena, el conflicto ocurre en un contexto de alta incertidumbre a nivel global asociada a diversos factores, entre los que destaca: el desigual ritmo de vacunación contra el COVID-19 y las nuevas variantes del virus, las presiones inflacionarias y la dificultad presente para mantener el estímulo fiscal, las tensiones comerciales y los riesgos en el sector inmobiliario de China, las disrupciones en las cadenas de suministro y la alza en los fletes, así como, los eventos extremos debido al cambio climático.
De acuerdo con el informe, este conflicto tiene un impacto en las economías de América Latina y el Caribe a través de los canales de transmisión de los efectos circunstanciales, principalmente el canal comercial (con efectos directos e indirectos), el canal de precios de las materias primas (incluidos los términos de intercambio y los problemas de inflación) y el canal financiero.
Los precios de productos básicos agrícolas y alimentos, la (in)seguridad alimentaria, la inflación, el desempleo y la pobreza son algunos de los efectos mencionados por la CEPAL como adversos, al contexto de incertidumbre y volatilidad que sufre hoy la Región.
Dicho informe fue presentado en el Diálogo de Alto Nivel “Escenarios ante el conflicto en Ucrania”, organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de la República Argentina el 23 de marzo de 2022.
“Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica.Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
Del 20 al 22 de abril del 2022, se reunió en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o «COP1» por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación que duró 5 años, 7 meses y 7 días.
Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Una Mesa Directiva creada en el 2018 y que culminó su tarea en el 2022
En esta última acta, se precisa que la Mesa Directiva del Comité de Negociación permanecerá integrada hasta la realización de la primera Conferencia de las Partes: esta Mesa Directiva está compuesta por Chile y Costa Rica, como copresidentes, así como por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto ) señalaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
¿Una Mesa Directica co-presidida por dos Estados que cuatro años después de su adopción, siguen sin haber ratificado el Acuerdo de Escazú (y uno de los dos no lo firmó sino hasta el 18 de marzo del 2022)? Así como se oye: es (lamentablemente) el espectáculo – algo peculiar – que ofrecen a la región (y al mundo) Chile y Costa Rica. Con relación a la región Caribe, cabe añadir que Trinidad y Tobago, al igual que Chile – hasta el 18 de marzo pasado – tampoco ha firmado el texto.
Este instrumento regional innovador desde muchos aspectos (Nota 1) ha sido firmado, a la fecha por 24 Estados de América Latina y del Caribe, de los 33 que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL): de estos 24 Estados que lo han firmado, 12 ya lo han ratificado, siendo los últimos en hacerlo Argentina y México en enero del 2021. Chile recientemente (marzo del 2022) inició su proceso de adhesión a este tratado regional; Costa Rica en cambio, sigue planteando interrogantes muy válidas (Nota 2). Con lo cual, de la precitada Mesa Directiva existente hasta esta primera COP, únicamente tres Estados son Estados Parte: Argentina, México y San Vicente y las Granadinas.
Para completar el panorama sobre firmas, ratificaciones o futuras adhesiones, permanece sin registrarse tan siquiera la firma la de los siguientes Estados: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago así como Venezuela.
Esta cita en la capital chilena, a la que participaron los 12 Estados que ya son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincidió con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) y vino acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se vistió de verde y de esperanza, y ello después de muchos años.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una celebración para entidades muy diversas
Como bien se sabe, el Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato).
En el marco de las celebraciones observadas en Chile los días 20-22 de abril del 2022, los «Legisladores por el Ambiente» circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no han logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy diversa índole que incluyen las de varias ONGs y coordinadoras de comunidades indígenas (véase documentos sobre las mismas que circularon en la sección Insumos del público).
Las delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual que las de Colombia y Perú, participaron a la cita en calidad de Estados observadores, invitados a presenciar el evento: sobre la participación de Colombia, a través de su embajador en Santiago de Chile – una persona muy conocida por manifestantes, organizaciones sociales y familiares de muertos y heridos en protestas en Colombia del 2019 así como ONG en favor de Escazú (Nota 3) – remitimos a nuestros estimables lectores a esta interesante nota publicada en la prensa colombiana (El Tiempo, edición del 23/04/2022). Días después de publicada esta nota, el Comisario de la Unión Europea (UE) en Asuntos Ambientales en persona, durante su visita a Colombia, indicó (véase nota de El Espectador del 28/04/2022) que:
«A escala continental, creo que el Acuerdo de Escazú es un gran paso adelante para América Latina y el Caribe en el ámbito de las políticas medioambientales y de derechos humanos. Prestaremos todo nuestro apoyo a los proyectos que faciliten su aplicación. Y por cierto, esperamos que el Congreso colombiano lo ratifique lo antes posible«.
Es muy factible que, de mantenerse el indignante nivel de violencia contra la integridad física y la vida de líderes comunitarios, campesinos, ecologistas e indígenas que alzan la voz en algunos Estados de América Latina (empezando por Colombia), la UE recurra en el futuro a condicionar algunas de sus acciones en el continente americano al grado de cumplimiento del Acuerdo de Escazú. No se sabe aún qué efecto podría incluso también llegar a tener sobre las importaciones de ciertos productos o frutas tropicales por parte de la UE, el hecho que sus principales cámaras productoras se opongan a un tratado regional que busca proteger los derechos de quienes defienden el ambiente.
Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú de 2018 sigue de muy cerca en cuanto a su contenido y a su estructura interna la Convención de Aarhus, adoptada para el continente europeo en 1998 (y que dicho sea de paso nunca ahuyentó a la inversión extranjera ni afectó negativamente a las economías europeas), con tres pilares principales: el primer pilar de Aarhus establece un conjunto de normas y requisitos para la divulgación por parte del Estado de información ambiental; el segundo pilar busca establecer un marco legal para la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter ambiental; y un último pilar trata del derecho a recurrir a la justicia en materia ambiental, en particular cuando se observa el incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el primer y segundo pilar (Nota 4).
Como punto de detalle sobre Colombia, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, un primer avance fue registrado en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). La coincidencia de esta decisión con la presencia del alto emisario de la UE puede recordar para algunos observadores el hecho que durante la COP26 celebrada en Glasgow, el Presidente de Colombia «radicó» con carácter urgente el Acuerdo de Escazú al Congreso para luego desentenderse de su suerte (véase nota de prensa de ElTiempo, edición del 1/11/2021).
Los defensores del ambiente en el centro de la atención
Esta primera cita formal del Acuerdo de Escazú reafirmó la importancia de las disposiciones que buscan proteger a los defensores del ambiente en América Latina y en el Caribe: como se ha escrito y divulgado desde su adopción, el Acuerdo de Escazú es pionero en el mundo (y se distingue de Aarhus) al ser el primer instrumento internacional en toda la historia del derecho internacional de los derechos humanos que contiene una disposición (Artículo 9) que busca proteger a los defensores del ambiente. Esta disposición específica se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aprobado en el 2018 (véase la nota oficial presentada por este grupo de Estados a las demás delegaciones durante el proceso de negociación).
Muy recientemente en el sitio del programa DLR del Departamento de Estado de Estados Unidos (véase enlace) que financia acciones diversas en materia de derechos humanos y gobernanza, se pudo leer que.
«In 2020, Global Witness and its partners documented 227 murders of land and environmental defenders around the world, making it the deadliest year on record for advocates seeking justice in environment matters. Nearly three quarters of these killings (165) took place in Latin America, with Colombia, Mexico, Brazil, and countries in Central America accounting for most of them. Available data also reveals the disproportionate number of attacks targeting indigenous peoples who often live in remote locations and have limited access to resources to seek justice and redress. Additionally, women environmental defenders face intersecting and reinforcing forms of discrimination and violence rooted in misogynist gender norms and socioeconomic and political marginalization, which create additional barriers to participation in decisions impacting their communities«.
En esta COP celebrada en Santiago de Chile, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron de manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase comunicado conjunto, pocamente divulgado en medios de prensa) al señalar que:
«En ese contexto, cabe reafirmar que el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó en la clausura del evento que:
«El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe» (véase comunicado final de la CEPAL)
La protección de los defensores del ambiente fue también objeto de un proyecto de decisión (véase texto integral de la Conferencia de las Partes, en el que se lee (punto resolutivo 4) que:
«Invita a las Partes y a todos los países de la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar y reforzar todas las medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«.
Desde ya esta invitación está hecha, y no solamente a los Estados Parte, sino a los demás que aún no lo son. Desde esta perspectiva, cabe destacar la adopción en Perú hace un año, el 22 de abril del 2021, del Decreto Supremo 004-2021 (véase texto) del Ministerio de Justicia que establece un mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los defensores ambientales (véase al respecto nota de Actualidad Ambiental): una primera iniciativa de un Estado que aún no es Estado Parte (Perú ha firmado el acuerdo, su aprobación en el congreso siendo archivada debido a presiones de varios sectores, incluyendo militares), y que ya instaura una política pública acorde con los objetivos de Escazú, que amerita ser afianzada y replicada en varias latitudes del continente americano.
Resulta también oportuno mencionar que un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú como Nicaragua, registra una serie de asesinatos de líderes comunitarios e indígenas Mayagnas (véase nota de La Vanguardia del 19/03/2022, este informe de la FIDH del 2021 y este reportaje muy completo de diciembe del 2021 del medio digital Divergentes titulado «Viaje al infierno de los Mayagnas. «¡Aquí un cerdo vale más que uno de nosotros!» «) sin que a la fecha se conozca de una sola iniciativa estatal para frenarlos e investigarlos.
En setiembre del 2021, en un Estado que sí es Parte al Acuerdo de Escazú, el Senado de México decidió declarar como «Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales» el 17 de julio (véase nota de prensa de LaJornada del 30/09/2021 y Decreto reciente en este 2022).
Los demás denominados «proyectos de decisión» de esta primera COP organizada en Chile se encuentran todos disponibles desde ya en este enlace oficial de la CEPAL.
De algunos detalles de interés sobre los Estados Parte
La Conferencia de las Partes (o «COP») reunió a los delegados de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Grenadinas, Santa Lucía y Uruguay, siendo este último el Estado que presidió esta primera COP.
En esta entrevista realizada por el medio Diálogo Chino (y publicada en la edición del 27/04/022) se pueden conocer las primeras impresiones del diplomático uruguayo que fungió como Presidente de esta primera COP del Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que algunos Estados Parte iniciaron con propuestas bastante sorprendentes: las ONG bolivianas debieron hacer ver a sus autoridades que limitar la participación de la sociedad civil en el marco de esta cumbre era todo menos una idea oportuna y aceptable (véase comunicado reproducido en esta nota del medio digital Servindi).
Por el momento, el Acuerdo de Escazú adolece en la COP de la participación formal como Estados Parte de los dos Estados que lo promovieron durante la fase previa de la negociación que culminó en marzo del 2018 con la adopción del texto final del tratado: Chile y Costa Rica. Una ausencia que ya tuvimos ocasión de analizar (Nota 5) y que merece una actualización.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile. En su discurso (véase texto), el Presidente de Chile afirmó que:
«este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere un compromiso de todas y todos. Tenemos el desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos de manera sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras, adaptarnos al cambio climático, y construir un país en el cual nuestras niñas y niños puedan crecer seguros y felices«
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena indicó también que «Nos hemos demorado más de la cuenta«, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.
Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos. En el caso del Acuerdo de Escazú, desde la academia y la sociedad civil intensos esfuerzo fueron llevados a cabo para intentar contrarrestar la campaña de desinformación promovida por sectores políticos y empresariales chilenos (Nota 6).
Como punto de detalle quedando por esclarecer en Chile, no está de más precisar el siguiente episodio: ante las fuertes críticas del sector social y académico en Chile contra las «razones» esgrimidas (de forma ligera y evasiva) por sus autoridades desde el 2018 para no firmar el Acuerdo de Escazú, en septiembre del 2020 un «documento» (véase el texto completo) sin firma, ni indicación de los departamentos del que procede, ni tampoco número de consecutivo, ni mayores detalles que toda buena administración pública incluye en cualquiera de sus oficios, fue divulgado por las autoridades chilenas, enlistando las «razones» que impedían, según ellas, a Chile firmar el texto y añadiendo nuevas que nunca habían mencionado antes. En lugar de la firma, en la parte final, nuestros lectores observarán que aparece simplemente la mención «Ministerio del Medioambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores«. ¿Quién lo redactó? ¿Quién ideó y ordenó semejante originalidad para presentar argumentos insostenibles e impresentables ante la opinión pública? Es todo un misterio a la fecha en Chile.
El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones
Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: a un Poder Ejecutivo poco congruente y comprometido con el Acuerdo de Escazú, y a un Poder Judicial empecinado en complicar innecesariamente su aprobación, hay que añadir a un Poder Legislativo en el que sus actuales congresistas (que iniciaron labores en mayo del 2018 hasta el próximo mes de mayo) se han visto presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«.
Recientemente (25 de febrero del 2022) la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase eltexto de la carta) indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país«.
Al respecto, cabe destacar que diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» (en abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR, y en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica. Algunos juristas costarricenses se han abocado a descifrar y a explicar el alcance de estos verdaderos «mitos» y de lo que denominan «falacias» que han circulado en algunos sectores alrededor del Acuerdo de Escazú (Nota 7).
Tomando en consideración el antes mencionado programa del Departamento de Estado de Estados Unidos, sus directores podrían también incluir un rubro específico de capacitaciones sobre el Acuerdo de Escazú para los círculos económicos y políticos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Estados Unidos en América Latina: contribuyendo así útilmente a mejorar la protección de los defensores ambientales en la región. En Costa Rica, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) también se ha opuesto a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase esta nota de prensa de La República del 24 del abril del 2021).
Un documental de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2021 titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» retrata de manera bastante completa la posición de estas cámaras y de algunas de sus fichas políticas (véase video); este video fue completado por otro sobre los defensores del ambiente titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales» que también se recomienda (véase video) y que incluye una entrevista a un líder indígena asesinado en el 2020 en Costa Rica y a una lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en la región de Guácimo. En el 2019, un muy completo reportaje publicado en el medio costarricense Delfino.cr, cuya lectura se recomienda, evidenció los alcances de los efectos negativos de la piña en Costa Rica (sobre los que las autoridades y muchos medios de prensa costarricences omiten convenientemente referirse). Por alguna razón que no nos queda muy clara, estos dos videos que fueron producidos en agosto del 2021 desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR – y que incluyen una entrevista al mismo Rector – siguen aguardando (aún) ser difundidos desde las redes institucionales de la UCR.
En cuanto al resultado electoral en Costa Rica del pasado mes de abril del 2022, este indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo publicado en el medio digital Divergentes (edición del 19/04/2022) sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hizo ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector, cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.
El 4 de marzo del 2022, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Un importante evento se realizó por parte de la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo del 2022 sobre el Acuerdo de Escazú: se asoció para la ocasión al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Sobre el Banco Mundial, referimos a su comunicado celebrando la entrada en vigor en el 2021 del Acuerdo de Escazú (véase texto). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista ameritaría ser explicada y conocida – o al menos investigada -, tanto el comunicado de prensa de CEPAL como el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión celebrada el 8 de marzo del 2022 pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas en Costa Rica
Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático costarricense, recientemente, desde el medio digital también costarricense de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar. Al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica. Se las volvimos a externar en ese mismo medio más recientemente (Nota 8).
Lo que llama la atención es que al no conocerse de ninguna cámara empresarial que haya desdicho o matizado públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por varias de sus influyentes homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica, y que ameritaría (también) ser investigado. No está de más señalar que las autoridades costarricenses a cargo del ambiente, del comercio exterior y de la economía tampoco han sentido desde el 2018 necesidad alguna de desdecirlas, en particular sobre los supuestos «efectos negativos» para la inversión extranjera y la economía que acaerría la aprobación del Acuerdo de Escazú.
En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalábamos que:
«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.
¿Primeros efectos de la COP?
Como indicado anteriormente, a muy escasos días después de concluida esta primera COP, en Colombia se registró una decisión en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del 26/04/2022). ¿Efecto directo o simple maniobra política de cara a la visita en Colombia del funcionario de la UE en materia ambiental con mayor rango dentro de la estructura de la UE? Planteamos simplemente la duda.
En Costa Rica en cambio, no se ha observado ninguna iniciativa por parte de sus legisladores salientes (lo fueron hasta el 30 de abril del 2022) con relación al Acuerdo de Escazú. Las nuevas autoridades ambientales electas, cuya designación ha provocado fuertes reservas en el sector ecologista (véase nota del Semanario Universidad del 22/04/2022) al parecer, ya están tensando (innecesariamente) las relaciones con varias agrupaciones ecologistas por algunas de sus declaraciones (véase nota de SurcosDigital del 26/04/2022). Con relación a noticias de agencias internacionales, este cable de la agencia española EFE ilustra desde su mismo título la total inconsistencia que exhibe Costa Rica ante el resto de la comunidad internacional.
Más generalmente, con relación a Costa Rica pero también a los demás Estados en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), en Suramérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y en el Caribe (Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, República Dominicana así como Trinidad y Tobago) que mantienen aún sus distancias con el Acuerdo de Escazú, pese a observar en algunos de ellos cómo se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las reflexiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:
«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 9).
A modo de conclusión
Es muy probable que la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú haya influido en otras latitudes, al ofrecer a sus principales detractores un argumento tan inesperado como sorprendente para muchos. Un falta de visión política en ambos Estados, cuyos efectos trascienden las fronteras de sus respectivos territorios, dejando en situación de total indefensión a muchos defensores del ambiente que viven una realidad mucho más dura y crítica que la que pueden vivir los defensores del ambiente en Costa Rica y en Chile.
No obstante, Chile en este 2022 parece estar a las puertas de enmendar este error y ello es de celebrar. No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric, cuyo emotivo y comprometido discurso en esta primera COP (véase texto) no pasó desapercibido: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.
El pasado 3 de mayo del 2022 , el primer pasó se dió en esta dirección en Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, este 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota) reportó lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como previsible, va en la dirección exactamente opuesta.
– – Notas – –
Nota 1: Sobre el Acuerdo de Escazú, dos muy recientes obras colectivas de universidades de Colombia y de Argentina merecen particular mención al lograr un análisis pormenorizado de su contenido y de algunas de sus principales disposiciones. La primera es: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L, TORRES V. (editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL /Universidad del Rosario de Colombia, 2021 (298 páginas), texto completo disponible aquí. La segunda es: NAPOLI A., PRIEUR M., SOZZO G. (editores), Acuerdo de Escazú : hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Universidad del Litoral (Argentina), Colección Ciencia y Tecnología, 2020, 330 páginas, texto completo disponible aquí. Una bibliografía sobre Escazú (tesis, artículos) en diversos idiomas preparada por GNHRE (a la fecha de octubre del 2021) está también disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Escazú sin Costa Rica? Así como lo oye, por más extraño suene«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 8 de mayo del 2021, disponible aquí.
Nota 3: El ahora diplomático Guillermo Botero fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y los movimientos sociales negociaron con las autoridades colombianas las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles que se mantenían muy movilizadas a nivel nacional: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación. Entre muchos esfuerzos para contarrestarla, el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia realizó un video de gran calidad, que busca explicar y responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos y económicos colombianos opuestos al Acuerdo de Escazú, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacerse los congresistas» (disponibleaquí).
Nota 4: Sobre las relaciones entre Aarhus (1998) y Escazú (2018), véase JIMENEZ GUANIPA H., «El Acuerdo de Escazú y el Convenio de Aarhus en el marco de la democracia ambiental«, Ideas Verdes, Heinrich Böll Stiftung / Colombia, diciembre del 2020, texto disponible aquí. Sobre la probable interacción entre Aarhus y Escazú antes de la aprobación final en el 2018 del texto de Escazú, véase DELZANGLES H. «L’accès à la justice dans le projet de convention sur l’information, la participation et l’accès à la justice en Amérique du sud et aux Caraïbes : analyse comparée avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus», in BÉTAILLE J. (directeur), Le droit d´accès a la justice en matière d´environnement», Toulouse, Presses de l´Université de Toulouse Capitole,2018, pp.79-90, texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita como los demás a… ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Véase en particular DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú«, Perspectivas, Cuadernos de Derecho Ambiental, Noviembre del 2020, texto disponible en este enlace de la Universidad de Chile, que concluyen señalando que: «Estimamos se produce un giro inédito que marca una incongruencia respecto de dos de los tres principios de la Política Exterior chilena, de la “promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos” así como el de la “responsabilidad de cooperar” ante las graves situaciones que como el cambio climático, las epidemias, y la degradación del medio ambiente, requieren una acción conjunta. A nivel interno, Chile pierde la oportunidad de trazar una agenda para mejorar en los derechos de acceso de manera progresiva y sin retrocesos, así como la oportunidad de aprender de los países vecinos y de las buenas experiencias. A nivel internacional, Chile pierde toda credibilidad con los países comprometidos con estos derechos y se torna aún más complejo al continuar su presidencia en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático«.
Nota 7: Véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviebre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)«, Delfino.cr, edición del 20 de abril del 2022, disponible aquí.
Nota 9: Véase ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Una versión en inglés de este mismo texto se encuentra disponible en este enlace. A version in English of this text is available here.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La entrevista a Diana Borges se da dentro el marco de la “Campaña latinoamericana y caribeña por la democratización de la educación superior y el conocimiento”, bajo el lema de “La educación superior no es mercancía”. La campaña regional se da en camino a la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022), que se celebrará en Barcelona, España, del 18 al 20 de mayo, organizada por la UNESCO; se inició con el propósito de defender la educación superior pública como derecho y acervo de nuestros pueblos.
En la entrevista se le hicieron diversas preguntas a Diana Borges dentro de las cuales están:
¿Qué piensan como organización de estudiantes sobre las posibilidades que pueda brindar o lo que pueda llegar a ocurrir en la Conferencia Mundial de Educación Superior?
A esta pregunta Diana responde que han hecho grandes esfuerzos para que haya una participación democrática de distintas organizaciones para que de esa forma, mediante la conferencia, definir el correcto rumbo que debe seguir la educación superior.
¿Qué trabas están identificando en materia de acceso y permanencia en los estudios a nivel latinoamericano? ¿Qué impacto tienen los procesos de privatización?
A esto responde que una de las principales trabas ha sido el efecto socioeconómico que ha tenido la pandemia ya que muchos jóvenes se han visto obligados a sacrificar su educación para empezar a trabajar y sacar a su familia adelante
¿De qué manera los sistemas públicos deberían responder a esa necesidad de acceso?
Para esta pregunta, Diana indica que una de las prioridades para los sistemas públicos debe ser establecer políticas contundentes para garantizar la inclusión de mujeres o grupos raciales de forma igualitaria en la educación superior.
¿Cuál es la contribución de los docentes, las docentes, les docentes, no solo las mujeres, en garantizar condiciones de mayor igualdad a todo nivel en las universidades?
La contribución es hacer clara la interseccionalidad del tema de la igualdad de género con lo que se menciona en las clases y también no adoptar métodos que puedan oprimir a las mujeres.
Esto es tan solo un breve resumen de algunas de las preguntas que se hicieron en la entrevista, la cual está accesible en el siguiente link: https://www.clacso.org/bianca-borges-oclae/
