Juan Carlos Cruz

La historia de la concesión de los puertos del Caribe costarricense a la transnacional APM, amerita ser documentada y servir de base para una investigación exhaustiva sobre los intereses que se movieron para hacerla posible.

Salvo la defensa del ICE, ningún proyecto de corte neoliberal-privatizante, fue objeto de tanta polémica y tanta resistencia de diversos sectores. Incluso hoy, cuando se evidencia que la transnacional holandesa no es eficiente en la gestión de la carga y descarga en su muelle, sigue siendo “de mal ver” recordar que bajo JAPDEVA no se presentaban los problemas en dichas operaciones. Resulta una ironía que hasta los exportadores que apoyaron la concesión, hoy se quejan de las tarifas y de la ineficiencia de APM-Terminals.

Y es que no sólo se trata de la mala gestión portuaria y de las altas tarifas. Según han denunciado los especialistas, a través del muelle de APM-T se está movilizando hacia Europa, la mayor cantidad de cocaína en la historia del país. De ahí que, sin ningún ánimo conspiranoico, cabe preguntarse ¿quién o quiénes tienen tanto poder en este país para que, nadie haya sido capaz de frenar la entrega de los muelles del Caribe?

En el segundo gobierno de Oscar Arias se inició la batalla por la concesión de los servicios portuarios del Caribe. Arias utilizó todas las armas a su haber para sacar adelante la concesión: deposición arbitraria de la directiva del sindicato, oferta de soborno a los dirigentes, amedrentamiento físico, así como campañas mediáticas difamatorias contra JAPDEVA, la convención colectiva y los líderes sindicales.

Desde 2006 SINTRAJAP dio la pelea legal y organizó diversas actividades por la defensa de los muelles en manos del Estado costarricense, contando con el apoyo de la totalidad de los sindicatos y diversos sectores de la sociedad civil organizada. Una por una, se fueron desnudando las informaciones falsas sobre la ineficiencia de JAPDEVA y sobre el peso de la convención colectiva en el presupuesto de la institución.

En el sentido común de la ciudadanía consciente e informada, no ha habido duda de que renunciar al control estatal de los muelles es ceder soberanía y de que JAPDEVA juega un papel estratégico en el desarrollo de la vertiente, más allá de la generación de empleo.

Pese a que los datos duros daban la razón a quienes han defendido JAPDEVA, la élite neoliberal se impuso y los muelles fueron concesionados a la transnacional holandesa, los trabajadores de la institución despedidos sin que a cambio, el país y la provincia de Limón hayan experimentado ninguna ganancia. Las utilidades se van para Holanda, se incrementó el desempleo en la provincia y JAPDEVA perdió los ingresos que se invertían en obras de desarrollo local.

Cederle los puertos a la empresa extranjera se convirtió en un asunto de máxima prioridad para la élite neoliberal del país y, lo iniciado por Oscar Arias continuó con Laura Chinchilla así como con Luis Guillermo Solís, quien prometió revisar la cláusula del contrato de concesión que impedía a JAPDEVA competir con APM, pero fue una promesa vana.

Luego de consumados los hechos y tomando distancia temporal, surge una serie de interrogantes: ¿Qué explicación tiene la alta prioridad de esta privatización?  ¿Cuánta plata hubo y hay de por medio, para que compraran y ofrecieran comprar tantas voluntades? ¿Fue acaso la existencia de un sindicato en el puerto estratégico, la razón? ¿Quién más se benefició (o se está beneficiando) con un negocio que, en apariencia, solo es rentable para los holandeses? ¿Ha valido la pena sacrificar la soberanía y la seguridad portuaria nacional?