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Etiqueta: CCSS

Saqueo en la CCSS: Gobierno de Chaves y sus títeres entregan la salud a la corrupción

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente el grave acto de corrupción y despilfarro cometido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pagó $1,9 millones a la empresa encargada del sistema contable ERP-SAP, pese a múltiples fallas, advertencias internas y evidencias de su fracaso. La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, es juez y parte en este contrato.

Este no es un “error técnico” aislado, sino un saqueo institucional coordinado. El sistema ha presentado graves problemas: fallos en el registro de recetas, descontrol en inventarios farmacéuticos y atrasos en pagos a proveedores, afectando directamente la atención médica. Desde diciembre de 2024 se habían emitido alertas que fueron ignoradas, y aun así se aprobó el pago de forma express, sin exigir correcciones ni revisar los entregables.

El Partido responsabiliza directamente al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Presidencia y a la Junta Directiva de la CCSS, que actuaron como títeres del poder político, avalando contratos espurios, pagos injustificados y removiendo ilegalmente a la directora Martha Rodríguez González, la única que cuestionaba estas decisiones.

Este caso es parte de un plan de saqueo sistemático disfrazado de “modernización estatal”. Por ello, el Partido Vanguardia Popular exige:

Investigación inmediata e independiente por parte de la Contraloría, Fiscalía y órganos de control, incluyendo auditorías forenses y trazado financiero.

Sanciones ejemplares a todos los responsables, políticos y técnicos.

Recuperación de los fondos desembolsados ilegalmente o pagados sin resultados positivos del ERP.

Que no se use la corrupción, fomentada desde las altas esferas político empresariales, como excusa para privatizar servicios o recortar derechos.

La corrupción afecta directamente la vida del pueblo. Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía a exigir justicia, vigilancia y rendición de cuentas.

Partido Vanguardia Popular
7 de octubre de 2025

Hospital Calderón Guardia viola derecho a lactancia materna

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, informa a trabajadoras y trabajadores de la CCSS y a la opinión pública nacional que nuestro sindicato, en defensa de las funcionarias del Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que se encuentran en período de lactancia materna, ha solicitado la intervención directa de la presidenta de la CCSS.

Esto a raíz de situaciones reiteradas de trato desigual y discriminatorio en la asignación de tiempo extraordinario, que afectan directamente el ejercicio de la licencia de lactancia, derecho protegido por el Código de Trabajo, la Ley 7430 de Promoción de la Lactancia Materna y convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT.

Durante más de dos años, UNDECA ha presentado denuncias ante las autoridades institucionales, señalando que la jefatura y dirección médica del hospital han establecido condiciones diferenciadas y excluyentes para las trabajadoras en período de lactancia.

La intervención directa de la Junta Directiva de la Caja es urgente ante la seriedad de estas denuncias y abre el camino para que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.

UNDECA reafirma que la licencia de lactancia es un derecho irrenunciable y de orden público, y exige a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las autoridades del Hospital Calderón Guardia que cesen toda práctica discriminatoria y adopten medidas correctivas inmediatas.

UNDECA continuará acompañando y defendiendo a las trabajadoras afectadas, y hace un llamado a todo el personal de la institución a mantenerse vigilante, organizado y unido en la defensa de sus derechos laborales y sociales.

UNDECA reitera disposición al diálogo y mantiene vigilancia por crisis del ERP-SAP

Comunicado

Este jueves 2 de octubre de 2025, UNDECA participó en reunión con la Dirección del Plan de Innovación de la CCSS por crisis del ERP-SAP.

En dicha reunión con el Lic. Héctor Arias Mora, director del Plan de Innovación de la CCSS, y la Dra. Rebeca Arias Durán, coordinadora nacional de Servicios Farmacéuticos, se expuso sobre las afectaciones generadas por la implementación del sistema ERP-SAP en la institución y el estado actual, tras cuatro meses de implementación.

Desde el primer día de la salida en vivo (2 de junio de 2025), UNDECA ha denunciado fallas graves que impactan la continuidad de servicios, abastecimiento de medicamentos e insumos, trámites logísticos y registros contables, crisis de pagos a proveedores y detención de entregas, con impacto directo en hospitales y áreas de salud, poniendo en riesgo la salud pública y el trabajo del personal.

UNDECA reitera su disposición al diálogo responsable y su compromiso histórico con la defensa de la salud de la población y de los derechos laborales, manteniendo la vigilancia sindical hasta que la CCSS restablezca plenamente la normalidad operativa.

Respaldamos solicitud sindical: Junta Directiva de la CCSS debe renunciar de inmediato

El Partido Vanguardia Popular respalda categóricamente la exigencia de UNDECA en demanda de la renuncia inmediata, en pleno, de la Junta Directiva y de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La CCSS es una institución fundacional de nuestro Estado Social y Democrático, creada para garantizar la salud, la vida y el bienestar de la población. Su autonomía constitucional, consagrada en el artículo 73 de la Constitución Política, debe blindarla frente a intereses privatizadores y mercantilistas. Sin embargo, hoy se encuentra golpeada por la mala gestión, la corrupción y la irresponsabilidad de sus jerarcas.

La Junta Directiva impuso, de manera atropellada y contra criterios técnicos, la implementación del sistema ERP-SAP, pese a las advertencias de especialistas internos que alertaban de sus riesgos. El resultado es un verdadero cataclismo institucional:

Interrupciones en procesos críticos y datos inconsistentes.

Diferencias contables y de inventarios con brechas superiores a ₡18 mil millones.

Rezagos de meses en el control de insumos y medicamentos, que provocan desabastecimiento y sobrecarga de trabajo al personal.

Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados como el fentanilo, que obligaron a suspender temporalmente el sistema.

Peligro sobre la estabilidad presupuestaria y financiera de la institución.

Este caos administrativo y operativo es responsabilidad directa de la Junta Directiva, encabezada por la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien se le delegó la gobernanza del proyecto. Lejos de rendir cuentas, han evadido su deber de probidad, descargando culpas y atacando a los sindicatos, en lugar de asumir las consecuencias de sus decisiones.

El PVP coincide con UNDECA, la permanencia de esta Junta Directiva constituye un obstáculo para la transparencia, la confianza pública y la defensa del derecho a la salud del pueblo costarricense. La renuncia en pleno es un acto mínimo de responsabilidad política, un mecanismo de control democrático y un requisito para encauzar la institución, restaurar su estabilidad y auditar rigurosamente los daños causados.

El Partido Vanguardia Popular se mantiene firme, junto a las trabajadoras y trabajadores, en la defensa de la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

¡Fuera la Junta Directiva de la CCSS!

La salud del pueblo no se negocia ni se privatiza.
Partido Vanguardia Popular

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Marcha conmemora el Día de la Defensa de la CCSS por doceavo año consecutivo

El próximo sábado 8 de noviembre de 2025 se realizará la marcha del Día de la Defensa de la CCSS, convocada por el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS). Esta actividad se ha consolidado a lo largo de doce años como un espacio ciudadano para expresar el compromiso con la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La movilización iniciará a las 9:00 a. m. en el Parque de la Merced, San José, y culminará frente al edificio central de la CCSS, donde se llevará a cabo una peña cultural.

Con la consigna “¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”, FRENASS invita a todas las personas a participar portando banderas, pancartas y consignas que reflejen la importancia de defender la seguridad social como patrimonio de Costa Rica.

La organización subraya que esta jornada busca reafirmar el papel histórico de la CCSS en la salud y bienestar de la población, en un contexto donde la ciudadanía se une para rechazar cualquier intento de debilitamiento de la institución.

Tribunal Contencioso Administrativo da curso a apelación de ANEP en el caso barrenador

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el denominado “caso barrenador”. Esto significa que, pese a que desde la Presidencia de la República se afirmó que el proceso estaba concluido, la instancia judicial determinó que el caso continúa vigente y programó una audiencia para noviembre. Todo esto en un video grabado por Don Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP.

Desde la ANEP se subraya que esta resolución desmiente las declaraciones recientes del presidente de la República, quien aseguró que el tema estaba cerrado. Por el contrario, el Tribunal notificó al sindicato que la denuncia fue admitida y que, en la próxima audiencia, se debatirá si el caso sigue adelante.

El sindicato sostiene que su tesis es clara: existen indicios de sobreprecios e irregularidades en el proceso de adjudicación de centros de salud a cooperativas y a un ente privado, en detrimento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este sentido, la organización reiteró su compromiso de continuar la lucha para garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa de este proceso.

La ANEP remarcó que la discusión final de noviembre será clave para definir el futuro de este expediente y reafirmó su llamado a la familia laboral de la Caja y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la evolución del caso.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace:

La deuda a la CCSS es un crimen social del neoliberalismo

El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.

I. Lo que está ocurriendo

Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.

Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.

Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).

Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.

II. Nuestra condena

El Partido Vanguardia Popular considera que:

Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.

El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.

La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.

La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.

III. Demandas del PVP

Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:

Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.

Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.

Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.

Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.

Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.

IV. Nuestro compromiso

El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.

Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.

Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.

Partido Vanguardia Popular

23 de setiembre 2025

Lenin Hernández, secretario general de SINAE AFINES, emplaza al presidente de la República

En un video difundido públicamente, Lenin Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), dirigió un mensaje al presidente de la República en el que cuestiona sus declaraciones recientes.

Hernández inició sugiriendo que el mandatario debería someterse a pruebas toxicológicas en orina antes y después de usar un micrófono, debido a lo que calificó como “barbaridades” en sus discursos. En el video, también comparó el uso de niños en actividades presidenciales con prácticas de manipulación similares a las que, según sus palabras, utilizó Adolfo Hitler.

Respecto al tema del fentanilo y otros medicamentos controlados, Hernández aseguró que no existe robo de estos insumos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino fallas en los sistemas informáticos de registro y trazabilidad. Citó como antecedente declaraciones de la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, e instó al presidente a presentar denuncias formales para que el Ministerio Público investigue si hubo irregularidades.

El dirigente sindical añadió que el SINAE AFINES nunca se opuso al sistema propuesto, sino a la forma “atropellada e irresponsable” en que se implementó bajo presión de Casa Presidencial. Finalmente, en un tono confrontativo, calificó al mandatario como “inútil, mentiroso y cobarde”.

Le invitamos a ver el vídeo completo.

¿Qué es defender la Caja Costarricense de Seguro Social?

Defender la Caja es defender sus nobles principios y óptima eficiencia asistencial y no implica en ningún momento tener que defender la gran incapacidad gerencial y administrativa de sus cúpulas dirigentes y líneas gerenciales, causantes directas del caos administrativo–financiero y de las “criminales listas de espera”.

Dr. Alfredo Ramírez Montero*

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Dicha crisis tiene una clara solución con pocas acciones viables e inmediatas que la resolverían en forma definitiva, pero que las altas dirigencias se han negado empecinada e ilegalmente a implementar.

La Universidad de Costa Rica, y principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, conformaron un organismo llamado CENDEISSS (elefante blanco institucional) y una tal “Comisión de Estudios de Posgrado” (de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR), los cuales se encargan de calcular cuántos especialistas necesita el país y se requieren en cada rama. Dichos organismos, con cierto tufillo prepotente, ponen las cuotas de ingreso a las especialidades “y santa palabra”. Con la iluminación del Espíritu Santo han sido capaces de saber cuáles serían las necesidades en cada uno de los siguientes años y se han encargado entonces de… ¡impedir la sobreoferta!… mientras que el país arrastra más bien, desde hace más de 15 años, un gran déficit de al menos 2.000 médicos, entre generales y especialistas, en clínicas y EBAIS del 1° y 2° niveles de atención (razón de las “filas madrugueras” en busca de consulta médica) y como faltante crítico en el 3er. y 4° nivel de atención hospitalaria, causa fundamental y primigenia de las “criminales listas de espera”.

Esta práctica podría ser legal en algunos mercados, pero en uno en donde media la salud y la vida de los ciudadanos, reviste entonces connotaciones morales, éticas y jurídicas muy delicadas. La ciudadanía es la gran perjudicada y las listas de espera actuales, de más de 1 millón 200 mil pacientes lo atestiguan.

Todo pinta a una solapada estrategia para crear poderes monopolizadores, restringiendo la cantidad de especialistas activos, dificultando su formación y manteniendo salarios en la Caja que no compiten con la media salarial del sector privado, así como altos precios en las consultas, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos de hospitales y clínicas privadas, lo que sería un atentado contra los derechos de los propios médicos generales, aspirantes a conseguir cupos de posgrado de especialidad, pero fundamentalmente contra los más elementales derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica oportuna de la ciudadanía, amparado por el artículo 21 de nuestra constitución y su amplia jurisprudencia, y en forma subsidiaria por los artículos 50, 73, 177 y Convenios Internacionales.

Las altas autoridades institucionales argumentan la incapacidad de los hospitales para recibir tantos practicantes en cada especialidad, hecho completamente falso, porque si algo necesitan, al menos los 9 hospitales nacionales generales y especializados y los 7 hospitales regionales (o sea 16 hospitales), son médicos residentes de posgrado de especialidad, que ya cuentan profesionalmente con la potestad de una gran capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica, para no tener que colocar irresponsablemente, como lo ha venido haciendo la Institución, dada su gran inopia de médicos residentes, a los internos universitarios en “rotación hospitalaria” (que todavía no son médicos incorporados al Colegio), a asumir y efectuar muchas de las funciones de los residentes, con el peligro de incurrir en “mal praxis”, al no ser todavía médicos titulados. Es claro que la conveniencia institucional con dicha práctica ilegal y desleal, es ahorrarse el salario que tendría que pagarle a los médicos residentes de especialidad, mientras que a los explotados y abusados “internos universitarios” no se les paga ni un cinco y muy pocos saben, que por el contrario, estos más bien tienen que pagar cada uno, aproximadamente una suma de 5,5 millones de colones, por la formación académica que el CENDEISSS alega, se les da en los hospitales públicos de la Caja, durante su año de práctica rotatoria como ”internos universitarios”. Valga además recordar que mientras esto sigue sucediendo, el año pasado 505 médicos generales ganaron el difícil (para no decir “coladero”) examen del CENDEISSS que les da derecho a optar por un cupo de residencia de posgrado de especialización, pero la Caja solo ofreció 300 plazas, que se constituyeron en la realidad en apenas ¡un poco más de 210, en medio de la tremenda crisis por falta de especialistas!

Ante todos estos hechos, que podemos respaldar con amplias y contundentes pruebas documentales y testimoniales, resulta claro que el gravísimo problema de las listas de espera (tipificado jurídicamente como verdadero crimen de “lesa humanidad”), que desprestigia a la Institución más querida y necesitada por nuestro pueblo, se solucionaría rápida, radical y definitivamente, con sólo que la Asamblea Legislativa, primer poder de la República y el Poder Judicial, en fiel acato del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exigieran “ipso facto”, a los ineptos funcionarios enquistados en las cúpulas dirigentes y líneas medias gerenciales de la CCSS (los mayores culpables del hecho y del caos institucional en general y únicos que pueden técnicamente solucionarlo), que contraten de manera inmediata a 1.000 médicos generales más en el primer nivel de atención (EBAIS) y se aboquen de lleno a la perentoria formación y contratación de los al menos 1.000 médicos especialistas más de los que hoy tenemos, y –que ellos mismos han reconocido– hacen falta en forma urgente en los actuales momentos, como una de las soluciones definitivas de la grave crisis médico-asistencial que hoy sufre la ciudadanía costarricense.

Esto resultaría poco oneroso para la institución (₵ 40.000 millones de colones anuales), cifra perfectamente viable para el Seguro de Salud de la Caja, si se paran sus grandes despilfarros de dinero en acciones absurdas e ineficaces (UTLE; call centers; «afán megaconstruccionista»; mega contratación hace algunos años de 11.000 funcionarios “fantasmas” que en nada ayudaron según la OPS a mejorar la eficiencia institucional; despilfarros burocráticos, etc., etc.) que han demostrado a través de los años su total inoperancia, o sea “no servir para nada”.

La otra complementaria solución que se debe exigir es el cese, ya indicado, del gran despilfarro de recursos que demagógicamente efectúa la Caja con su portafolio de inversiones, en la construcción de innecesaria infraestructura hospitalaria, cientos de EBAIS y más áreas de salud, etc. Para nuestro pequeño país de apenas 51100 Km. cuadrados y 5.300.000 habitantes, los 30 hospitales públicos (8 centrales nacionales; 7 regionales y 15 periféricos); las 105 áreas de salud; las más de 10 clínicas periféricas del área metropolitana; los 6 a 8 CAIS mayores y los más de 1.000 EBAIS distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, resultan más que suficientes como gran infraestructura médico-sanitaria, y las únicas construcciones pendientes y urgentes a la fecha son: la del Hospital de Cartago; modernos agregados a los hospitales de Limón, y al Geriátrico Blanco Cervantes y la “Torre de la Esperanza” del Hospital de Niños, las cuales, paradójicamente debieron haber sido construidas hace más de 10 años, dada su perentoria necesidad.

Como última y lógica consideración puede afirmarse por lo tanto, que nuestra infraestructura clínico-hospitalaria y médico–sanitaria en general, está sobrada, pero está también muy subutilizada, y lo que se necesita no es construir más, despilfarrando recursos sin ton ni son, sino más bien mantener en buen estado y equipar con la más alta tecnología diagnóstico-terapéutica hoy mundialmente disponible, todo lo bueno que ya tenemos, exigiendo claro está, que el Estado cumpla sus obligaciones contributivas con la CCSS respetando principalmente los artículos 21, 73 y 177 de nuestra Constitución; el 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (incisos a – f) y las leyes 5349 y 7374.

Solo con estas acciones viables y de inicio inmediato, se podría resolver, a corto plazo, el grave problema de las crueles y deshumanizadas listas y filas de espera, y esto resulta perfectamente factible “si existe la voluntad política para hacerlo”, la que por lo tanto, todo nuestro pueblo debería de exigir a los candidatos de la próxima contienda electoral.

*Secretario general Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN-