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Etiqueta: CCSS

Gestión ciudadana logra que la CCSS active trámite sobre reajuste de pensiones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Gerencia de Pensiones la solicitud de información y criterio técnico relacionada con el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), planteada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

Mediante el oficio SJD-1413-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de Pensiones remitir, a más tardar el 9 de enero de 2026, un criterio técnico y fundamentado sobre los puntos expuestos por la Auditoría Ciudadana en el oficio ACSS-003-2025, referido al deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y a la necesidad de su reajuste.

Un avance producto de la gestión ciudadana

Este traslado institucional constituye un avance concreto derivado de la gestión sostenida de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que en días recientes solicitó públicamente el reajuste de las pensiones del RNC y del IVM, señalando que desde 2019 no se realizan ajustes regulares, pese al impacto acumulado de la inflación.

Tal como documentó SURCOS en una nota previa, la Auditoría Ciudadana ha advertido que las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que en el caso del IVM se interrumpió una práctica histórica de revalorizaciones periódicas.

Contexto político e institucional

El traslado de la solicitud ocurre a las puertas del proceso electoral nacional, en un contexto donde la discusión sobre el derecho a una vejez digna, la seguridad social y la responsabilidad del Estado en la protección de las personas pensionadas vuelve a adquirir centralidad en el debate público.

Desde la Auditoría Ciudadana se ha señalado que, independientemente de las motivaciones institucionales, este paso permite recolocar el tema del reajuste de pensiones en la agenda oficial, luego de varios años sin respuestas efectivas, y obliga a la administración a pronunciarse técnicamente sobre solicitudes que cuentan con sustento legal y normativo.

Pensiones congeladas desde 2019

La organización recuerda que el congelamiento de los montos del RNC se mantiene desde hace más de una década, y que durante el actual gobierno tampoco se han aplicado reajustes, profundizando el impacto sobre una población en condición de alta vulnerabilidad social.

El seguimiento que realice la Auditoría Ciudadana y la respuesta que emita la Gerencia de Pensiones serán claves para determinar si este traslado se traduce en medidas concretas de corrección, o si se mantiene la postergación de decisiones que afectan directamente a miles de personas pensionadas.

Auditoría Ciudadana solicita reajustar pensiones del RNC y del IVM a partir de 2026

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a partir del 1.º de enero de 2026, con base en criterios técnicos, legales y de justicia social.

En el oficio ACSS-003-2025, la organización expone que las decisiones de la CCSS en los últimos años han provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las pensiones, afectando de forma directa a cientos de miles de personas pensionadas.

Pérdida acumulada en el Régimen No Contributivo

Según el análisis presentado por la ACSS, las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida acumulada del 9,3 % de su valor real debido a la inflación.

Con base en datos oficiales de la CCSS, el estudio concluye que, para reponer la pérdida del poder adquisitivo, el monto básico de la pensión del RNC debería incrementarse en ₡7.626 mensuales, fijándose en ₡89.626.

Revaluaciones omitidas en el régimen IVM

En el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Ciudadana señala que durante más de tres décadas las pensiones se revalorizaron dos veces al año, práctica que se interrumpió a partir de 2019.

El documento detalla que varias revaluaciones no se aplicaron o se hicieron de forma tardía, lo que generó pérdidas significativas para las personas pensionadas. Al cierre del período analizado, se estima una pérdida acumulada cercana al 1 %, por lo que la ACSS solicita una revalorización mínima del 1 % para todos los montos del IVM a partir de enero de 2026.

Ajuste de la pensión mínima

La ACSS recuerda que el Reglamento del IVM establece que la pensión mínima no puede ser inferior al 50 % de la base mínima contributiva, la cual se calcula con base en el salario mínimo.

Con el reajuste previsto del salario mínimo para 2026, la organización concluye que la pensión mínima del IVM debe aumentar de ₡159.692 a al menos ₡162.295, para cumplir con la normativa vigente.

Las tres petitorias centrales

En síntesis, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita formalmente a la CCSS:

  1. Reajustar la pensión del RNC de ₡82.000 a ₡89.626 mensuales.

  2. Revalorizar en al menos un 1 % todos los montos y el tope máximo de las pensiones del IVM.

  3. Aumentar la pensión mínima del IVM hasta un mínimo de ₡162.295 mensuales.

La organización sostiene que estos ajustes no constituyen concesiones extraordinarias, sino el cumplimiento de obligaciones legales y el respeto al derecho de las personas pensionadas a no ver deteriorados sus ingresos por efecto de la inflación.

UNDECA: Negar la crisis en la CCSS por puesta en marcha de ERP-SAP es negar la realidad

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Comunicado

UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.

UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.

Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.

“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.

Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.

Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.

SINAE Afines denuncia ante la Fiscalía el debilitamiento de la red digital de imágenes médicas de la CCSS

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El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntas irregularidades que, según señalan, están afectando gravemente la red digital de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La organización sindical advierte que el apagado y la ralentización de este sistema comprometen directamente la salud pública, incrementan las listas de espera y exponen a miles de pacientes a riesgos clínicos evitables.

La conferencia de prensa, realizada desde el auditorio del sindicato, estuvo a cargo del secretario general Lenin Hernández Navas, el asistente de sala de cirugía y directivo Gerardo Vargas Ramos, y el coordinador del área legal Justin Sánchez Hernández.

Un sistema clave para diagnósticos oportunos

En SINAE Afines se explicó que REDIMED es un componente esencial del proceso de digitalización aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en 2021, dentro del programa de establecimientos digitales de salud. Este sistema permite almacenar, coordinar y compartir todos los estudios radiológicos —radiografías, ultrasonidos, tomografías y resonancias magnéticas— entre los distintos centros de salud del país.

Su importancia es crítica: alrededor del 80 % de las enfermedades se diagnostican mediante un estudio radiológico, y su oportuna disponibilidad evita repeticiones innecesarias, reduce tiempos de atención, garantiza continuidad del tratamiento y protege la seguridad del paciente.

En la red pública se realizan, por ejemplo, más de 310 mil ultrasonidos anuales y cerca de 3 mil resonancias magnéticas mensuales, por lo que la calidad técnica del sistema digital es fundamental para atender la alta demanda.

Las acusaciones del sindicato

Según la denuncia expuesta públicamente, el debilitamiento del sistema inició tras la llegada de la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. SINAE Afines sostiene que, a partir de ese momento, se paralizó la implementación de REDIMED, se desacataron acuerdos de la Junta Directiva anterior y se ignoraron advertencias técnicas de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna.

Entre los señalamientos destacan:

  • Nombramientos “a dedo” en puestos técnicos clave.

  • Utilización de criterios desactualizados para justificar la no implementación del sistema.

  • Orden de apagado y migración sin sustento técnico.

  • Presunta complacencia del actual gerente médico Alexander Sánchez Cabo.

  • Falencias administrativas que recuerdan casos previos como el proyecto ERP o la adjudicación de cooperativas.

SINAE Afines advierte que este apagado podría generar un daño económico estimado en cerca de 30 millones de dólares, además de los graves efectos sobre la salud de la población asegurada.

Incremento de listas de espera

El sindicato presentó cifras oficiales de la CCSS que revelan un crecimiento sostenido en las listas de espera de imágenes médicas entre junio de 2024 y agosto de 2025. En este periodo:

  • La cantidad de personas en espera pasó de 527.031 a 586.968, un aumento de casi 60 mil pacientes.

  • Los ultrasonidos generales encabezan la lista, con 179.580 personas esperando.

  • Las radiografías generales registran 144.813 pacientes en fila.

Para los voceros, esta situación genera sufrimiento, ansiedad y desesperanza en quienes requieren estudios diagnósticos esenciales, y constituye un trato inhumano producto de decisiones administrativas tomadas sin responsabilidad técnica.

Personas denunciadas ante la Fiscalía

SINAE Afines informó que la denuncia penal se interpuso contra las siguientes personas funcionarias de la CCSS:

  • Marta Eugenia Esquivel Rodríguez —expresidenta ejecutiva.

  • Mónica Taylor Hernández —actual presidenta ejecutiva.

  • Robert Picado —director de Tecnologías de Información y Comunicación.

  • Alexander Sánchez Cabo —gerente médico.

  • Alejandro Vallecillo Torres —excoordinador nacional de radiología.

Los presuntos delitos señalados son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, afectación a la salud pública y perjuicio económico a la institución.

Llamado a proteger la salud pública

El sindicato reiteró que la situación no es un asunto meramente administrativo, sino un golpe directo a la salud pública y a la vida de miles de personas que dependen de diagnósticos radiológicos oportunos.

“Redimed no es un lujo, es una necesidad”, afirmó la representación de SINAE Afines, y enfatizaron que continuarán impulsando acciones para exigir rendición de cuentas y la restauración plena de la red digital de imágenes médicas.

Organizaciones sindicales denuncian bloqueo a la construcción del nuevo hospital Tony Facio en Limón

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Comunicado de FETRAL y Afines

La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL y Afines) divulgó un manifiesto público en el que denuncian que la el SINAC está bloqueando la construcción del nuevo hospital Tony Facio, una infraestructura indispensable para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población de Limón.

El documento recuerda que desde 2009 las comunidades limonenses han demandado, de forma organizada y persistente, la construcción de un hospital regional clase A, debido al colapso del actual hospital Tony Facio Castro, sus deficiencias estructurales y su ubicación en una zona altamente vulnerable a inundaciones y fenómenos naturales. Señalan que las personas enfrentan graves dificultades para acceder a hospitales de referencia en San José, especialmente ante cierres de rutas o emergencias recurrentes.

Conflicto por el terreno evaluado por el ICE

Según el manifiesto, la CCSS encargó al ICE la búsqueda y evaluación de un terreno viable. Entre 2019 y 2021 el ICE concluyó, mediante estudios exhaustivos, que la finca propuesta —ubicada sobre la Ruta 241— no era humedal según los criterios legales vigentes ni aparecía como tal en la plataforma SNIT. El informe técnico, citado en el manifiesto, incluso describe la propiedad como “la finca es un potrero (con muy pocos árboles dispersos)”.

No obstante, con base en un decreto posterior del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto n.º 42760-MINAE), el SINAC emitió un oficio en el que sostiene que el 100% del terreno corresponde a un “humedal tipo ilustre”, ordenando archivar el expediente de viabilidad ambiental ante SETENA.

Ante esta contradicción, la CCSS interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando que el criterio emitido por SINAC viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley y que además existieron solicitudes de información que quedaron sin respuesta.

Exigencias ciudadanas del manifiesto

El documento, firmado por Dr. Julio Humphreys Vargas (Comisión Mixta Nuevo Hospital) y Lic. Antonio Wells Medina (secretario general de FETRAL), formula dos exigencias principales:

  1. La anulación inmediata del criterio del SINAC, por considerarlo contrario a la Constitución Política, a los criterios técnicos, al interés público y al derecho superior a la vida y la salud de la población de Limón.

  2. La apertura de un expediente disciplinario por la presunta falta grave de las personas funcionarias del SINAC que, según el manifiesto, no respondieron oportunamente información solicitada y cuya actuación “amenaza con causar un grave daño socioeconómico y a la salud pública”.

El llamado señala que la decisión del SINAC pone en riesgo una obra largamente esperada por Limón y que resulta fundamental para atender la dignidad y la salud de toda la provincia.

Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica respalda la lucha comunitaria para mantener Ebais en manos de la CCSS

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.

El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.

La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.

El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:

  • Ericka Cascante Jiménez
  • Cecilia Morales Chavarría
  • Lorena Hueso
  • Alexander Castillo
  • Ronulfo Morera Vargas
  • Cristian Marrero Solano
  • Edgardo Santamaría Elizondo
  • Edison Valverde Araya
  • Carlos Muñoz Jiménez

La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

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9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

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UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

Un dorado “negocio oscuro”

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El proyecto sobre el oro del yacimiento en Crucitas avalado por diputados alajuelenses no es más que otro «negocio oscuro» de Zapote. ¡Veamos!

Primero. ¿Usted estaría de acuerdo en entregarle a una empresa privada el 95 % del valor bruto del oro extraído? Antes de responder recuerde que ese oro que se regalaría es suyo, de todos los costarricenses, de nadie más.

Segundo. Como no se conoce siquiera la supuesta empresa que saldría premiada, tampoco se podría conocer la cantidad del oro que se explotaría por año, y, por ende, nadie podría afirmar de cuánto dinero se estaría hablando. Como eso es así, el 5 % en dólares que se recaudaría como pago de impuesto, como «royalty minero», no existe ni en el papel, pues es imposible estimarlo según el procedimiento de “subasta» irrealizable que se inventaron.

Por tanto, frente al 95 % que pasaría a cuentas bancarias en el extranjero, solo el 3,6 % pasaría al Ministerio de Hacienda para cubrir gastos corrientes del Estado. Cifra que, en dólares o colones, no la conoce ni la adivina del barrio.

Tercero. Igualmente, el señor alcalde de San Carlos, aunque repite alguna cifra que le habrán “soplado”, no puede tener idea de cuánto significa en colones el 1,25 % que recaudaría como impuesto, que, al compararlo con el 95 % que se entregaría a los mineros extranjeros, nos percatamos del mal negocio que estaría haciendo Costa Rica, al no valorar el interés patriótico por encima de los intereses de un cantón.

Cuarto. Interés patriótico que sustenta la propuesta del Hospital del Oro, sistema hospitalario orientado específicamente hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro por parte de la CCSS, donde el 100 % del oro explotado en un área menor al parque de La Sabana, sería para los costarricenses que más lo merecen. Hablamos de unos ¢200.000 millones anuales, gracias al aprovechamiento de 3 toneladas de oro anualmente, que no es correcto decir, convertiría a Costa Rica en un país minero, pues de los 51.100 km2 del suelo patrio, menos de uno, altamente degradado ambientalmente, sería usado para una misión tan noble.

CGR aprueba recursos para el pago de licencias de cuido de la CCSS

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La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.

El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025.
La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.

Fondos aprobados

De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:

  • ₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.

  • ₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.

  • ₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

  • ₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.

  • ₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.

Aprobación y fundamentos legales

La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.

Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.

La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.

Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.

📘 El informe completo puede descargarse en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/SIGYD_D_2025026401.pdf