UNDECA denuncia: 30% del texto fue generado por Inteligencia Artificial
Comunicado
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia ante la opinión pública que el proyecto de ley impulsado por varios diputados y liderado por la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Socialcristiana, que promueve eliminar la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constituye un ataque directo contra una de las instituciones más emblemáticas y solidarias de nuestro país.
Un análisis técnico determinó que cerca de un 30,72% del texto del proyecto fue generado mediante Inteligencia Artificial, lo que pone en evidencia la ligereza y falta de rigor con que promueven reformas que afectan derechos fundamentales y la institucionalidad democrática.
El proyecto justifica la eliminación de la autonomía de la CCSS en que los costarricenses ya no la quieren, en deficiencias como listas de espera, casos de corrupción, problemas de infraestructura y el pago de un ajuste salarial de ¢7.500 a los funcionarios de la CCSS.
“Desconoce la diputada que la Junta Directiva, en sesión del 8 de setiembre de 2022, aprobó el pago de una deuda salarial a los funcionarios de la Caja, suscrito por el Ministro de Hacienda -actual presidente de la República- que estaba pendiente desde el año 2020, reconocida esa deuda por el propio gobierno en octubre de 2022, mediante Decreto Ejecutivo N° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN a todos los trabajadores del sector público.”, señaló Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA.
La CCSS financiada solo con cuotas obrero-patronales porque el gobierno no le paga.
¡La Caja es patrimonio del pueblo costarricense y su autonomía no se negocia!
En defensa de la CCSS y contra la propuesta de ley N° 25181 Manifiesto del Colectivo Mujeres por Costa Rica
Desde el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestro firme rechazo al proyecto de ley N° 25181, que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política con el fin de debilitar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nuestra posición se fundamenta en lo siguiente:
La autonomía de la CCSS es garantía de derechos Desde su creación, la Caja ha sido pilar del modelo de bienestar social costarricense, asegurando acceso a la salud y la seguridad social como derechos universales. Quitarle autonomía es poner en riesgo su capacidad de responder a las necesidades del pueblo.
Un ataque al principio de seguridad social como derecho humano El artículo 73 constitucional consagra la seguridad social como obligación estatal. Debilitar la CCSS abre la puerta a su manipulación política y a intereses económicos que no velan por la vida digna de todas las personas.
Amenaza de privatización y exclusión Las voces sociales han advertido que esta reforma favorece una visión privatizadora que dejaría a miles de familias —especialmente mujeres, personas trabajadoras informales, adultas mayores y población en condición de pobreza— en situación de mayor vulnerabilidad.
Riesgo para la equidad y la justicia social La Caja no solo brinda salud, sino también oportunidades de igualdad. Reducir su fortaleza institucional significaría retroceder décadas en conquistas sociales que garantizaron educación, salud y pensiones para todas y todos.
Una profunda contradicción histórica Resulta alarmante que este proyecto sea impulsado por una diputada perteneciente al partido que se inspira en las ideas socialcristianas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el mismo líder que, con visión de justicia social, promovió la creación de la CCSS en 1941. Pretender ahora desarticular la institución que encarna ese legado constituye una contradicción histórica y una traición a la memoria de quienes lucharon por consolidar la seguridad social en Costa Rica.
El pueblo costarricense ha defendido históricamente la CCSS Los movimientos sociales han sido claros: la autonomía de la CCSS se respeta. Esta institución pertenece a la ciudadanía, no a intereses particulares ni coyunturales.
Por estas razones, declaramos:
No al proyecto de ley N° 25181.
No a cualquier intento de debilitar o desmantelar la CCSS.
Sí a la defensa de la autonomía y fortalecimiento de la seguridad social como principio irrenunciable de nuestra democracia.
Convocamos a todas las mujeres, comunidades y organizaciones sociales a unirse en defensa de la CCSS, patrimonio colectivo y garante de derechos humanos fundamentales. La salud y la seguridad social no son mercancía. ¡La autonomía de la CCSS se respeta! Setiembre del 2025
UNDECA denuncia públicamente, que pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene a cientos de personas trabajadoras con atrasos salariales por varios meses.
Esta problemática no solo constituye una violación directa a los derechos laborales, sino que además genera una serie de consecuencias colaterales que afectan la estabilidad financiera, el bienestar y la dignidad de las y los trabajadores.
Exigimos que los salarios se paguen, a más tardar, en el mes de octubre, ya que estos atrasos también provocan la postergación, por más de un año, de los montos correspondientes al aguinaldo y al salario escolar. Además, las personas trabajadoras se ven obligadas a pagar el impuesto sobre la renta como si hubieran recibido todos los salarios en un mismo mes, cuando en realidad corresponden a varios meses acumulados.
Esta injusto y desproporcionado incumplimiento patronal no solo afecta la economía de las familias trabajadoras, sino también su salud emocional. El retraso en el pago de los salarios compromete el cumplimiento de obligaciones personales y familiares (alquileres, préstamos, alimentación, servicios públicos), generando un clima de incertidumbre y estrés permanente.
UNDECA recurrirá a las acciones que correspondan en defensa de la dignidad salarial.
¡Exigimos justicia laboral y respeto a los derechos de las y los trabajadores de la CCSS!
El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.
La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.
“La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.
Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.
En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.
Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.
En ese marco, expresan:
“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”
Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC
Una sociedad democrática requiere de un sistema de protección y seguridad social sobre una base universal, equitativa y solidaria. Entre otros ámbitos, en el centro de esa aspiración se encuentra la salud y, en nuestro país, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución cuyo fortalecimiento demanda reflexión crítica y acciones efectivas que aseguren su sostenibilidad.
El seguro de salud de origen contributivo evolucionó hacia la universalidad con la ampliación progresiva de asegurados cubiertos por este régimen, y con el incremento también gradual de prestaciones en los diferentes niveles de atención. Además, se creó un régimen subsidiado de carácter no contributivo, con prestaciones similares a las del régimen contributivo, pero financiado enteramente por el Estado con recursos fiscales.
No obstante, se ha dado un reiterado incumplimiento del financiamiento a la CCSS por parte del Estado a lo largo del tiempo, lo cual ha generado una importante deuda acumulada. Ello compromete seriamente la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y amenaza el acceso equitativo a la salud.
La actual administración, además, ha debilitado los principios de solidaridad y universalidad al promover la provisión de servicios en el mercado privado, pero sin regulación de precios por parte de la CCSS e ignorandoregulaciones existentes, con el riesgo de generar exclusión. También se ha debilitado la gobernabilidad de la institución, y se suspendieron temporalmente inversiones estratégicas.
Si bien se han acumulado reservas financieras del seguro de salud, e impulsado importantes inversiones en infraestructura y personal, persiste la necesidad urgente de fortalecer políticas de prevención, así como mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones.Es necesario lograr un acuerdo nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Estado que coadyuve a la viabilidad global del seguro de salud, así como analizar estratégicamente el modelo financiero de la CCSS para asegurar su sostenibilidad. Paralelamente, es fundamental garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución.
Está en curso un envejecimiento en el país, en el cual los grupos en edad laboral van a disminuir, en tanto que el grupo de personas mayores de 65 años va a aumentar. Este patrón demográfico contribuirá a causar un desbalance estructural entre ingresos y gastos en la CCSS. Se requiere un debate plural y técnicamente riguroso sobre opciones que permitan enfrentar este problema, tales como el pago de la deuda estatal, una política tributaria progresiva, impuestos a productos nocivos para la salud, reducción de la informalidad, promoción de mayor y mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral de la mano de políticas de cuido y aumento de la edad de retiro, entre otras alternativas.
La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles impone nuevas exigencias al sistema de salud, que hacen necesario fortalecer el primer nivel de atención, reducir inequidades territoriales y mejorar el acceso para poblaciones vulnerables. La investigación científica y tecnológica debe jugar un rol central para comprender y atender estos desafíos, mediante alianzas interinstitucionales nacionales e internacionales.
La gestión en la CCSS enfrenta serios problemas, tales como crisis de liderazgo, ruptura de la gobernanza institucional en cuanto a su autonomía conforme a la ley y turbulencias en la composición de la junta directiva de la institución, lo cual complica la toma de decisiones, nombramientos inestables de la máxima autoridad de la institución y de las gerencias, politización, debilitamiento de la rendición de cuentas y desmotivación del personal. Mejorar la gestión es una condición necesaria para que cualquier reforma tenga éxito. De lo contrario, la CCSS no podrá hacer frente a los enormes retos que tiene por delante.
El déficit de especialistas, agravado por la fuga de talentos y la sobrecarga laboral, exige nuevas estrategias de formación, incentivos adecuados y el uso de tecnologías como la telemedicina y la inteligencia artificial. Por otra parte, la crisis de las listas de espera, que refleja deficiencias en la planificación, podría reducirse significativamente con una mejor gestión. Es crucial reformar el sistema de contratación extraordinaria para enfocarlo en la eficiencia y así evitar incentivos distorsionados.
Costa Rica debe avanzar hacia un modelo que supere el enfoque reactivo que prioriza la atención de las enfermedades y evolucionar hacia un modelo centrado en la producción social de la salud y la promoción de la salud. En última instancia la salud es un producto social y la consolidación de nuestra seguridad social debe fortalecerse con una amplia participación ciudadana e institucional.
Nuestro país debe renovar los pactos sociales que permitan consolidar la seguridad social en salud y en otros ámbitos de la vida nacional. Es esencial fortalecer los valores de universalidad, equidad y solidaridad que han sido el fundamento de nuestra salud pública.
*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, Edgardo Moreno Robles, Henriette Raventós Vorst y Catharina Wesseling, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, celebrado el 19 de junio del 2025 con la participación como panelistas de María Luisa Ávila Agüero, Luis Rosero Bixby, Ana Sojo Martínez y Carlos Zamora Zamora.
El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
El próximo 3 de septiembre habrá elecciones de juntas de salud en todo el país. Los asegurados pueden acercarse a los centros de salud de su comunidad (EBAIS, clínicas, etc.) con su cédula para elegir a sus representantes ante la Junta.
Las Juntas de Salud pueden promover el mejoramiento de las relaciones de los EBAIS con la comunidad, fortalecer los servicios, impulsar la educación y la salud preventiva, así como defender a la CCSS.
Se alerta que los EBAIS, como los de Paso Ancho–San Sebastián, que ahora son administrados por la CCSS, podrían volver a manos privadas dentro de dos años y medio, con la experiencia de un pésimo servicio brindado anteriormente por la Clínica Bíblica, cooperativas, entre otros. Para evitar que esto suceda, los servicios deben mejorar, la comunidad debe participar activamente, los resultados deben ser exitosos y, además, en el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben representarnos personas que defiendan la seguridad social, no políticos que le deban a la CCSS o que busquen debilitarla privatizando o desmejorando sus servicios.
El mensaje es claro: es muy importante saber por quién votar, la salud no es un juego. Sería un suicidio votar por los enemigos de la CCSS.
Grupo de Apoyo Salud PASS Fotos EBAIS Paso Ancho San Sebastián, 25 de agosto 2025.
–ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.
El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.
Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.
La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.
Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.
1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.
2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.
3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.
4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.
En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.
¡Basta de persecución a dirigentes sindicales y sociales!
El movimiento sindical costarricense denuncia de manera enérgica la persecución política contra dirigentes sindicales, comunidades indígenas, ambientalistas y demás sectores sociales que defienden derechos fundamentales en nuestro país. Estas acciones constituyen una violación grave a la dignidad humana y al marco jurídico nacional e internacional que garantiza la autonomía institucional, la libertad sindical y los derechos humanos.
El propósito de esta conferencia es reafirmar nuestro compromiso con la defensa integral de la clase trabajadora y de la institucionalidad democrática costarricense, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía sindical, pilares del Estado social de derecho.
Reiteramos nuestro respaldo a la compañera Martha Elena Rodríguez González, víctima de una persecución sin precedentes. Su destitución, mediante un proceso viciado y espurio, dirigido por la Secretaría del Consejo de Gobierno -hoy convertida en candidata a diputada- evidencia la pretensión de conformar una Junta Directiva sumisa al presidente de la República, en abierta violación de la autonomía y Ley Constitutiva de la CCSS.
La libertad sindical y el derecho de organización se encuentran tutelados por instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, además de la propia Constitución Política. Estos compromisos imponen al Estado la obligación de proteger a dirigentes sociales, la autonomía de la CCSS y garantiza el derecho de trabajadoras y trabajadores a organizarse libremente, sin temor a represalias.
Exigimos el pleno respeto a la autonomía de la CCSS y a la libertad sindical, como garantías indispensables frente a injerencias indebidas y persecuciones políticas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Hacemos un llamado urgente a la unidad amplia, inclusiva y solidaria de todos los sectores sindicales y sociales. La defensa de la autonomía institucional, de la libertad sindical y de los derechos humanos es una lucha del pueblo costarricense.
¡Ni persecución ni retrocesos! ¡Unidad, autonomía y libertad sindical!
Movimiento Sindical Costarricense San José, 25 de agosto, 2025
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.
En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.
La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.
Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.
El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.
