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Por Martín Rodríguez Espinoza

Con claridad y transparencia: Martha Rodríguez plantea ante comisión legislativa las irregularidades y concentración de poder que están debilitando a la CCSS

La secretaria general adjunta de UNDECA y legítima representantes de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, compareció la mañana de este 3 de febrero ante la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Caja, Junto con otros exdirectivos, donde habló con claridad y transparencia sobre las verdaderas causas del debilitamiento de la Institución.

Rodríguez fue enfática al afirmar que la CCSS no enfrenta crisis por inviabilidad del modelo solidario, sino que ha sido una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.

“Lo que hoy se ve en la Caja no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, detalló ante los diputados.

Añadió que, con respecto a las listas de espera, hay que entender que no se habla de números, sino de personas, de una crisis humanitaria y no estadística. Acotó datos oficiales generados por la propia Caja, que evidencian que hay más de 1,3 millones de personas en listas de espera, de las cuales unas 200.000 esperan cirugías y más de 5.700 fallecieron entre 2023 y 2025, mientras esperaban un procedimiento quirúrgico.

Esto representa una crisis humanitaria, con la afectación directa al derecho fundamental a la salud y a la vida, pero aclaró Rodríguez que este problema no es por falta de capacidad técnica del sistema público, tanto así, que informes del CENDEISSS y la Gerencia Médica reflejan que con solo aumentar 1,5 cirugías por quirófano al día, la Caja podría realizar 72.000 cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria. Los datos demuestran que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas y políticas.

A esto se suma un déficit de radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos entre otras especialidades críticas, y las acciones hacia la tercerización de procesos menos complejos no resuelve estas causas, sino que traslada recursos públicos a terceros.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la supuesta manipulación de estudios actuariales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones y que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y EBAIS; así como la investigación del conocido caso Barrenador donde se promovió la contratación de servicios a terceros mediante licitación.

En este último caso, ocurrió algo muy grave, todas las unidades técnicas recomendaron declarar infructuosa la licitación porque los precios no eran razonables, los gastos indirectos aumentaban hasta en 206%, los materiales en 457% y los alquileres 585%.

A pesar de ello la junta directiva adjudicó el contrato apartándose de las opiniones técnicas, incluso uno de los recursos para revisar esa votación que impulsó Martha Rodríguez como legítima representante de los trabajadores en dicho órgano, fue rechazado y otro que presentó ni siquiera fue tomado en cuenta.

Otro de los temas a los que se refirió nuestra secretaria general adjunta, fue la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja que ha tenido impacto negativo en la gestión, en la continuidad del servicio, en el desabastecimiento, entre otros problemas.

Según informes de la auditoría interna la Caja no ha podido cerrar contablemente junio del 2025, no existen estados financieros confiables, hay diferencias millonarias en inventarios, activos y cuentas contables, y desde mayo del 2025 no hay informes financieros.

La salida en vivo del sistema no cumplía condiciones técnicas mínimas y lo más preocupante es la respuesta institucional que ha otorgado al menos cinco prórrogas, de hecho, el último plazo fue hasta abril del 2026; mientras se ha rechazado reiteradamente abrir auditoría externa. Esto no es una solución, al contrario, es normalizar el incumplimiento y debilitar el control interno de una institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.

“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.

La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.

“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.

Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.

Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.