La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población
El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.
Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.
El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.
Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.
Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.
La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.
UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.
No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.
La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.
Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.
Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.
Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.
Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.
La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.
¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!
Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.
Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:
1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;
2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;
3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.
4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.
5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.
6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.
7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM): a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago. b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera. c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras. d- Abordaje de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo. e- Que se respete la autonomía de la CCSS.
8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.
9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.
Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.
10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.
11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional: a- Fortalecer el mercado agropecuario. b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria. c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios accesibles. d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente. e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas. f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios; g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico. h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.
12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.
Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:
Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.
Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.
Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fraccionesmediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.
Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.
Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:
Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:
Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN) Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA) Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)
Gilda Montero Sánchez (ANDE) 401450893
Gilberth Díaz Vásquez (SEC) 50195021
Albino Vargas Barrantes (ANEP) 104570390
Martha Rodríguez González (UNDECA) 203430472
Lenín Hernández Navas (SINAE) 109670277
José María Oviedo Chaves
(UNAG) 105060146
Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.
El Consejo Universitario advierte que reformas sin base técnica causarían un ‘daño irreparable’ a la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Universidad de Costa Rica (UCR) instó a las autoridades del Estado a analizar con detenimiento el contexto, las causas estructurales de la situación actual y los efectos que cualquier transformación pueda tener sobre los principios de universalidad, equidad y solidaridad que han caracterizado históricamente a la seguridad social costarricense.
La preocupación de esta Casa de estudios superiores surge luego de que trascendieran las intenciones del diputado Nogui Acosta Jaén, de impulsar «cambios profundos» en la gestión de la salud pública.
Para la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituye la columna vertebral de la institucionalidad democrática surgida tras la guerra civil de 1948, por lo que su fortalecimiento y preservación son fundamentales para reducir las desigualdades sociales.
En ese sentido, considera que la persistencia de la deuda estatal con dicha institución es motivo de preocupación permanente la, ya que supera los cuatro billones de colones, afecta la sostenibilidad financiera del sistema y genera tensiones sobre la capacidad para garantizar la universalidad de sus servicios.
A esto se suman los datos de la Auditoría de la CCSS, que advirtió que el presupuesto estatal previsto para el próximo año apenas cubriría el 1,9% de la deuda pendiente. Para el Consejo Universitario, esta situación evidencia una marcada brecha entre las necesidades financieras de la Caja y el respaldo que recibe por parte del Estado.
Para la UCR, toda reforma debe basarse en un análisis riguroso de las tensiones estructurales del sistema, así como en criterios técnicos, científicos y jurídicos, para evitar medidas que puedan profundizar los problemas existentes y agravar la situación del sistema de salud.
El miércoles pasado fui a una cita de la especialidad de otorrinolaringología al Hospital Calderón Guardia a las tres de la tarde. La cita me la habían dado hacía como dos años antes. El papelito que portaba ya amarillento por el tiempo donde apenas se leía presentarse 15 minutos antes y el lugar, Clínica Central, segundo piso.
Disciplinadamente me presenté en la ventanilla respectiva 20 minutos antes; la respuesta de la señora que la atendía fue que ya en esa Clínica no se atendían pacientes de Oto porque todos se habían trasladado al Hospital Calderón Guardia. Mi reclamo fue que por qué no me habían avisado, con la consabida respuesta: No lo sé, pero vaya al Hospital en el segundo piso, edificio histórico.
Hacia allá me dirigí, ilusionado que en ese lugar me atenderían. Después de buscar por varios lugares dónde se encontraba el sitio, me presenté ante otras dos señoras o señoritas a la cuales les trasmití que había sido enviado por la señora de la Clínica. Mostré mi papelito amarillento de más de dos años. La señora casi ni quiso tocarlo, probablemente lo vio como un documento ajado y destartalado porque el paciente lo había andado quien sabe por dónde, sin comprender que su estado se debía exclusivamente al paso del tiempo y fruto de que las letras también se van borrando. Inmediatamente me lo devolvió. No, me dice. Para atenderlo aquí usted necesita una referencia del Ebais. Ante lo cual, le respondo: pero por qué otra referencia, dado que si yo ya tengo una cita en la especialidad de Otorrinolaringología en la Clínica Central y de ahí transfirieron todos los pacientes al Hospital es porque ya habían sido referidos por el Ebais. Entonces, ¿ahora tengo que ir al Ebais pedir cita para que me den una nueva referencia y que ustedes me den cita, dos años después? ¿No le parece absurdo? ¿Las diferentes instancias -le dije- no se hablan entre sí, no hay un solo expediente? Yo solo soy una empleada, responde. La verdad es que sí, me digo para mis adentros; habría que mover toda la estructura inmensa, gigantesca de la Caja, para cambiar algo tan sencillo, pienso. ¿Pero quién podrá hacerlo? ¿Las personas individualmente no, los sindicatos, las juntas de salud, las autoridades de la Caja?
Bueno, le digo ya rendido. Si traigo otra referencia ¿me atiende? No, contesta. Tiene que llevarla a la oficina que recibe las referencias que queda100 metros después de pasar la línea del tren y me señala el oeste. Luego ellos la estudian y días después usted debe pasar a recogerla para venir a sacar la cita. De donde me encontraba tenía que caminar como 300 metros, cerca de la Cancillería, para llegar, después de haber peregrinado por todo el edificio histórico del Hospital.
— ¡Ah!, pero hay algo más. Que allí atienden hasta las 3 de la tarde.
¡Casi me desmayo!, entre el calor, la ofuscación, la cólera y la incomprensión de cómo una institución de salud se había convertido en una Institución tan poco “amigable con el usuario”, como dicen ahora. La verdad no me salió del alma ni un gracias, porque hubiera sido muy hipócrita.
Ya me retiraba del Hospital derrotado, cuando pensé.
Hombre, cómo me voy a ir así. Y se me ocurrió la gran idea de que en ese lugar debía existir una Contraloría de Servicios. Me voy para allá, al fin y al cabo, esta experiencia podría ser una oportunidad de mejora.
Pregunté a los guardas, dónde estaba la oficina, estos no sabían y consultaron por radio. Al rato me informaron que quedaba frente al Corazón de Jesús, siguiendo ese pasillo. Al fin logré ubicarla, pero no había nadie. Esperé y esperé. Al rato vi una puerta con un rótulo de Contraloría de Servicios y toqué. Pregunté si nadie atendía en la ventanilla; se asomó la muchacha y dijo que probablemente el señor andaba en el baño. Que esperara. Al buen rato, llegó el señor, arrastrando los pies, con un andado que mostraba que estaba cerca de su hora de salida y que no quería que ya nadie lo importunara o que lo jodiera con mierdas de reclamos. Volví con mi cuento, enseñé el papelillo amarillento con mi cita dada hace dos años que el señor vio como con asco y ni siquiera tocó. En síntesis, vengo a poner una queja puede ser que estas cosas se puedan corregir.
—Yo lo más que puedo hacer, me dice, es darle una nota dirigida al director de Oto para que usted la lleve y ver si él le resuelve algo.
La verdad es que ese fue el tiro de gracia. Había sido liquidado, totalmente derrotado y aniquilado por el entramado hospitalario. Ni siquiera recibió mi queja, que es su obligación y darle trámite a la misma.
— No gracias, le contesté, y me fui.
¿Por qué hacen al usuario pasar por este calvario?
No estamos ante el asunto de las listas de espera, de los especialistas, de la saturación de emergencias y de otros problemas mucho más complejos. Son cosas más pequeñas, elementales, que aliviarían el trajinar de los asegurados, que pueden resolverse si se dan a la tarea de organizar de mejor manera las cosas, al servicio de los asegurados y no al servicio de los trabajadores de la Caja.
En la época de la tecnología hay cosas que me pregunto si no pueden ser corregidas y mejoradas sustancialmente, agregando un ahorro financiero para la Institución.
¿Pueden las referencias que remiten los Ebais ser enviadas directamente a las oficinas respectivas por correo electrónico, con un solo clic, sin que sea el asegurado el que tenga que hacer el trámite?
Además, las oficinas que reciben referencias tienen horarios diferentes para recibirlas, creando una dificultad más al asegurado, una pérdida de horas trabajo a los trabajadores.
Siempre me he preguntado por qué el Hospital no concentra en un solo lugar todo lo referente al otorgamiento de citas. Los hospitales nacionales tienen kilómetros de pasillos que para el asegurado es difícil transitar y orientarse.
Las personas tienen que deambular, ir de un lugar a otro por todo el Hospital y sus alrededores para concretar una cita: si es rayos X, ir a ese lugar, si es laboratorio ir ahí, si es cardiología y todo el resto de las especialidades, ir a cada una de ellas. Un único centro de citas ahorraría tiempo y fuerzas al asegurado y habría menos personal en estas tareas.
En la época tecnológica es absurdo esa organización del trabajo. Tal vez con un poquito de buena voluntad y pensando primero en el asegurado, se podrían resolver muchos problemas, pequeños pero que fastidian la vida de las personas.
Por mi parte, tendré que iniciar todo el procedimiento para que dentro de 2 años me vea el especialista en Oto. Claro si no cambian nuevamente el lugar de atención.
Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.
La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.
La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.
Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.
Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.
La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.
En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.
Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.
La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.
El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.
Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) expresó su reconocimiento y respaldo a la decisión del movimiento sindical costarricense de designar a Rocío Alfaro Molina como representante de ese sector ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Mediante un pronunciamiento, FRENASS destacó que continuará defendiendo el derecho a la salud pública y a la CCSS como institución benemérita y pilar del desarrollo y la paz social del país, labor que, según indicó, espera fortalecer en coordinación con la nueva representante sindical.
De acuerdo con declaraciones de Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS, la elección de Rocío Alfaro fue acordada por el movimiento sindical en asamblea y constituye una decisión que la organización recibe con satisfacción.
Ovares señaló que Alfaro se ha caracterizado por mantener una relación cercana con los movimientos sociales y por impulsar iniciativas legislativas orientadas a la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, destacó su participación en el informe de minoría elaborado durante la investigación de las irregularidades denunciadas en la institución, documento que calificó como una defensa contundente de la CCSS.
“Rocío se caracterizó por ser una diputada de puertas abiertas a los movimientos sociales para presentar iniciativas de ley a favor de esta gran institución”, afirmó el dirigente.
El coordinador de FRENASS agregó que la trayectoria de Alfaro le ha permitido conocer de cerca los principales problemas que enfrenta la institución, razón por la cual considera positiva su incorporación a la Junta Directiva en representación del sector sindical.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso histórico con la defensa de la seguridad social costarricense y manifestó su disposición de acompañar y respaldar el trabajo que desarrolle Rocío Alfaro Molina desde el órgano directivo de la CCSS.
La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.), el Foro Nacional de Taxistas, Multitaxi S.A., Asotranstur y otras organizaciones gremiales del sector transporte expresaron su respaldo al proyecto de ley que busca regular las plataformas electrónicas de transporte que operan en Costa Rica.
Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su apoyo al Expediente Legislativo N.° 23.736, iniciativa que pretende establecer un marco regulatorio específico para las plataformas tecnológicas de transporte y sus operadores. Según señalan, el proyecto representa un avance importante después de más de once años de funcionamiento de este modelo de servicio sin una normativa particular que regule su actividad.
Las organizaciones indicaron que el inicio de la discusión de las mociones de vía rápida permite que el expediente continúe avanzando dentro de la corriente legislativa con el propósito de establecer reglas claras para todos los actores involucrados en este tipo de servicios.
Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la obligación de que las personas conductoras se encuentren debidamente registradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como su inscripción ante la Administración Tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes, incluyendo la declaración del impuesto sobre la renta.
La propuesta también contempla la contratación de pólizas de responsabilidad civil para terceros y el establecimiento de requisitos relacionados con la antigüedad de las unidades y otras condiciones de operación. De acuerdo con las organizaciones firmantes, estas disposiciones contribuirían a generar condiciones de mayor igualdad competitiva dentro del mercado del transporte, al tiempo que fortalecerían la protección de las personas usuarias y el sostenimiento de la seguridad social.
El comunicado agrega que el proyecto establece obligaciones para que las plataformas digitales realicen los pagos y trámites correspondientes ante el Estado costarricense como condición para operar legalmente en el país. Según los firmantes, esto permitiría fortalecer la recaudación tributaria y mejorar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales asociadas a la actividad.
Las organizaciones sostienen que la iniciativa promueve una regulación moderna, equilibrada y transparente que beneficiaría tanto a las personas usuarias como a quienes laboran en el sector y al Estado costarricense. En ese sentido, hicieron un llamado a las diputadas y diputados para que respalden y aprueben el Expediente N.° 23.736.
Finalmente, los representantes del sector consideran que la aprobación de la propuesta contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica, la competencia leal y el sistema nacional de transporte, mediante reglas homogéneas para todos los actores que participan en el mercado de transporte remunerado de personas.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son:
Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS)
Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.)
Luego de un trabajo de campo realizado a través de la inspección a 40 Ebais y 06 Puestos de Visita Periódica en toda la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para conocer el plan de atención a corto, mediano y largo plazo, que integre el primer nivel, el hospital de referencia y los actores locales como la municipalidad y la sociedad civil.
Para tal efecto, trasladó 27 preguntas que procuran conocer la gestión que tiene programada la CCSS para toda la Zona Sur-Sur, que abarque la planificación de los servicios, el enfoque de red así como todas las acciones concretas en materia de infraestructura, conectividad, acceso a citas, medicamentos, servicios de laboratorio, recurso humano, servicios de apoyo, y en general, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Ebais.
Algunas de las inquietudes planteadas están relacionadas con los indicadores de seguimiento que utiliza la CCSS para medir mejoras en acceso, resolutividad y listas de espera asociadas a este primer nivel de atención. También las medidas inmediatas para mitigar riesgos sanitarios en Ebais con condiciones críticas en Pavones, Gutiérrez Braun, Sabalito, Los Chiles 2, por ejemplo, mientras se resuelven soluciones estructurales.
Otro aspecto que la Defensoría está interesada conocer es el plan de contingencia para aquellos Ebais con fallas graves de internet y EDUS que actualmente operan con expediente físico y, los plazos que se manejan para restablecer conectividad funcional en comunidades como Biolley, Alto Comte, Guagaral, Las Mesas y Villa Argentina.
Además, conocer los ajustes operativos que se aplicarán para mejorar la asignación de citas, especialmente en EBAIS con alta carga de pacientes crónicos y si se ampliarán o flexibilizarán los cupos presenciales y telefónicos, tomando como referencia experiencias positivas identificadas en Coto Brus.
La Defensoría hizo énfasis en saber las medidas urgentes que se adoptarán para evitar retrasos de hasta 24 horas en la entrega de medicamentos en EBAIS y Puntos de Visita Periódica (PVP) sin apoyo de farmacia y cómo se corregirán los desabastecimientos recurrentes en áreas como Río Claro, Osa y Pérez Zeledón.
La Defensoría preguntó a la CCSS si existe un plan para reforzar recurso humano deficitario (odontología, farmacia, laboratorio, medicina familiar, nutrición, psicología, trabajo social y sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria) en las áreas más afectadas. También cuál es el plan para la implementación efectiva del Lineamiento Técnico Indígena en todos los EBAIS de la región.
Dentro de la lista de preguntas se consultó a la CCSS si existe una priorización regional de inversiones para sustituir infraestructura obsoleta en EBAIS y PVP, así como los cambios estructurales que se impulsarán para que la red funcione de manera integrada y homogénea, reduciendo inequidades territoriales.
A su vez, es importante para la Defensoría conocer cómo medirá la CCSS la contribución de estas reformas del primer nivel a la reducción sostenible de las listas de espera del Hospital Fernando Escalante Pradilla.
La Defensoría de los Habitantes en el año 2026 realiza una intervención similar para la Región Huetar Norte.
Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.
La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.
Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:
• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.
• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.
• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.
• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.
• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.
La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.
UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.
Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.
UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.
La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.
