Salón Municipal Pococí, miércoles 18 noviembre 2015
El 19 de julio de 2013 el pueblo organizado de Pococí inició con los jerarcas de la CCSS una negociación para resolver problemas urgentes en la atención de los pacientes en el Hospital de Guápiles, clínicas de Guápiles, Guácimo y Cariari y alrededor de 50 EBAIS de la zona.
De esta forma se constituyó la Comisión Municipal de Salud con lo que se logra integrar a la Municipalidad de Pococí en este movimiento.
El pasado miércoles 18 de noviembre, se habilitó una sesión municipal especial extraordinaria a la que asistieron, entre otros, la gerente general de la CCSS Dra. Villalta, autoridades locales de esa institución, de la municipalidad y representantes de las comunidades.
El objetivo de esta reunión fue revisar los acuerdos tomados en negociaciones y actualizar lo pendiente.
Tomado para SURCOS Digital de la página de Facebook de Orlando Barrantes.
El día de hoy fue realizado el conversatorio «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa», organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de Ciencia Política y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
En esta actividad se plantearon críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, desde un análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución. Además se presentaron algunos avances de la investigación realizada por Andrey Badilla Solano, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
La actividad fue gratuita y abierta al público.
Información enviada a SURCOS Digital por Andrey Badilla Solano.
Este lunes 16 de noviembre a las 5p.m. en el aula 206 del nuevo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el investigador y magister Andrej Badilla participará del conversatorio: «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa». Esta actividad es organizada por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
Este conversatorio pretende plantear críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, a partir de la experiencia personas que participaron en la lucha por defensa de la CCSS y del análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social presentó una queja formal en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la instrucción del juicio que interpuso UNDECA contra la CCSS y el Estado en materia de incapacidades por enfermedad, la cual se tramita en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Dicha queja se refiere a anomalías procesales, en menoscabo del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de tutela judicial efectiva.
Este caso se remonta al año 2011, cuando la Junta Directiva de la Caja tomó un acuerdo unilateral que estableció el pago de las incapacidades por enfermedad de sus trabajadores como subsidio, en lugar del pago que tradicionalmente se realizó en la planilla salarial, generando un impacto en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones, cuotas de pensión, entre otros efectos perjudiciales.
El Tribunal Contencioso dictó sentencia y ordenó la nulidad de dicho acuerdo, declarando que la Caja quebrantó un derecho adquirido de los trabajadores.
La representación de la Caja y la Procuraduría General de la República, interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia ante la Sala Primera de la Corte, los cuales fueron admitidos para su trámite y la magistrada Instructora otorgó a UNDECA -organización que estableció la demanda- el plazo de ley para que hiciera valer sus derechos y presentara su posición, el cual vencía el día 23 de octubre del presente año.
El día sábado 24 de octubre, un diario de circulación nacional publicó un reportaje en el cual la magistrada que tiene a su cargo la instrucción del expediente aseguró: “ya hay un proyecto de sentencia que ella elaboró, el cual circula entre los magistrados integrantes de la Sala y que podría ser votado en menos de un mes”.
Estas declaraciones causan sorpresa y una profunda preocupación y poca certeza jurídica. “No resulta conveniente que la magistrada que está instruyendo el juicio, divulgue esta información sensible, que podría atizar la campaña urdida por ciertos sectores políticos y empresariales contra los legítimos derechos de los servidores públicos –aunque esta no haya sido la intencionalidad- y que ya se haya redactado un proyecto de sentencia, sin tomar en cuenta los motivos que desarrollamos en representación de los trabajadores de la CCSS para oponernos a dichos recursos”, manifestó Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA.
Según el comunicado emitido por UNDECA, resulta insólito, a contrapelo de los más elementales principios procesales, que el proyecto de sentencia haya sido redactado y puesto en circulación a los demás magistrados, previo al vencimiento del término del emplazamiento que nos concedió la misma magistrada para combatir esos recursos.
“Consideramos que existe una grave anomalía procesal, que violenta el debido proceso y nuestro derecho de defensa, porque los argumentos que expusimos para desvirtuar los motivos de los recursos de casación, jamás pudieron haber sido analizados por la magistrada Instructora”, añadió Chavarría.
En la queja se solicitó a la Presidenta de la Corte que esta denuncia se ponga en conocimiento en la Corte Plena, con la finalidad que se realice la investigación correspondiente, se respete la legalidad procesal, la objetividad y transparencia, principios inherentes al Estado Democrático de Derecho.
Para más detalle puede comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 2223-12-32 o al 83-67-27-37
*Imagen tomada de página de Facebook de UNDECA.
Información enviada a SURCOS Digital por Comunicación UNDECA.
Se cumplen tres años de la protesta en defensa de la CCSS que fue brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. En estos últimos años se ha profundizado, como política de Estado, prácticas autoritarias que buscan quebrar los distintos movimientos sociales de resistencia, los cuales son amedrentados con represión, criminalización, amenazas, judicialización y cárcel.
“La protesta social es un derecho, no un delito. No abandonaremos las calles en la exigencia de nuestros derechos. Exigimos libertad y absolutoria total de las y los luchadores sociales condenados y judicializados”, Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Celebran foro para celebrar 20 años de la Escuela de Salud Pública
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
Una de las conclusiones de este foro organizado por la Escuela de Salud Pública es que las bases de una política de sostenibilidad financiera para la CCSS incluye una ampliación de la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversión estratégica, y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios (foto Archivo ODI).
El corazón de la salud del país se divide en la sostenibilidad financiera de la seguridad social y el acceso al agua apta para el consumo humano, así lo considera el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR),
Es por esto que para el 20º aniversario de esta Unidad Académica invitaron al gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Lic. Gustavo Picado Chacón, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, para hablar de los retos y posibilidades de acción de estas instituciones dentro del sector salud.
El Lic. Picado Chacón aseguró que la CCSS se encuentra en una situación de equilibrio económico y explicó que se habla de estabilidad cuando hay equilibro financiero por un periodo, es decir, cuando se puede garantizar a largo plazo las prestaciones actuales.
Asimismo, manifestó que el tema de la sostenibilidad financiera es una discusión que se da en muchos países, porque existe una creciente preocupación sobre cómo mantener el sistema de salud que cada día se encarece más.
Ante esto, el Lic. Picado Chacón agregó que uno de los elementos que van a presionar la sostenibilidad financiera del seguro de salud, a corto y mediano plazo, es la atención de adultos mayores que consumirá el 30% del presupuesto para el año 2050. Así es como, en ese mismo año el 40.7% de los egresos del 56,8% de las instancias será consumido por esta población.
En el tema de las enfermedades crónicas, en el año 2020 el número de casos de cáncer aumentara en un 48.2% respecto al actual, lo que ocasionara que el monto que se gasta en medicamentos, que actualmente es del 8%, sufra un incremento; a esto se le debe sumar el aumento en los costos de la tecnología médica.
El Lic. Gustavo Picado Chacón hizo hincapié en que un sector público bien remunerado en salarios favorece al Seguro Social, pues así obtiene más recursos (foto Laura Rodríguez).
“La prestación de servicios de salud se caracteriza porque debe ser eficiente, oportuna y de calidad; lo cual pasa por la técnica, el protocolo y las normas. Por esta razón aunque la Caja está en una mejor situación financiera que en el 2011, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades y brechas en infraestructura, equipamiento y personal”, argumentó el Lic. Picado Chacón.
Inversión pública
El gerente financiero de la CCSS indicó que el 7.6% del gasto público se invierte en los servicios de salud, monto que supera el gasto promedio en los países de América Latina que es del 4%; del mismo modo, acotó que tienen claro que el resultado de la buena salud de las personas no depende sólo de la CCSS, pues tiene que ver con el acceso y la calidad el agua, la electrificación, los hábitos y la educación; es así como con $714 el país logra lo que otros realizan con $2800.
Otro de los datos expuestos por el Gerente Financiero de la CCSS es que en el año 2013, del total de consultas médicas hechas en el país el 37% consultó por vía privada y el 58% acudió a la Caja.
De las personas que acudieron a los servicios de la Caja, el 75% son parte del decil más pobre y el 43% son parte del más rico. Respecto a la consulta que se da en centros privados, el Lic. Picado Chacón destacó que el 4% de las personas más pobres fueron quienes accedieron a este servicio, “no es un mérito que esta parte de la población tenga que consultar en lo privado, por lo que es un llamado de atención para la institución”, indicó.
Cuando se habla del porcentaje de hospitalizaciones, el 96.9% de los casos son atendidos por la CCSS y 3% por hospitales privados, en donde sólo las personas que ocupan el sexto decil más rico tienen la posibilidad de pagar por estos servicios.
Dos aspectos medulares de la realidad costarricense, el seguro social y el agua, fueron abordados durante uno de los foros en conmemoración del vigésimo aniversario de la Escuela de Salud Pública (foto Laura Rodríguez).
Cargas sociales
“En términos reales las cargas sociales ya no crecen como antes por la baja actividad productiva”, comentó el Lic. Picado Chacón, ya que la tasa de contribuciones está creciendo a una tasa muy inferior a las que crecían hace algunos años, por ejemplo: en 1997 el 86% de los ingresos eran contribuciones y hoy en día es apenas el 78%.
Asimismo, explicó que aunque el sector público es solamente el 20% de los asalariados, es el grupo que aporta el 47% de las cuotas, “el que los empleados públicos ganen más tiene su beneficio para la Caja”, mencionó el Lic. Picado Chacón, y agregó que cuando hay crisis económica la institución tiene la capacidad de defenderse porque depende del empleo público, de la empresa privada formal y las transferencias del gobierno, las cuales han aumentado desde el 2012 hasta la fecha en un 9%.
El Gerente Financiero anunció que para el 2016 las inversiones en equipamiento, infraestructura y mantenimiento de las áreas de salud tendrán un aumento de 3.7 veces, con lo que el próximo año se tendrá la relación histórica más alta entre inversiones, contribuciones e inversiones respecto al gasto total, “el próximo año el presupuesto total de la institución será de 3.2 billones de colones, más o menos 6 mil millones de dólares, lo cual equivale a una tasa de crecimiento de un 8%”, detalló.
El Lic. Picado Chacón cerró su intervención dejando claro la necesidad del diálogo social para mantener la sostenibilidad y mencionó que los tres ejes para el desarrollo de una política de sostenibilidad financiera de la CCSS son: ampliar la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversiones estratégicas y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios de salud.
Acceso al agua
Este foro llamado Retos y posibilidades de acción en la Salud Publica costarricense se llevó a cabo el 22 de setiembre en el Auditorio del Edificio de Educación Continua de la UCR; aparecen en primer plano la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta y el Dr. Mauricio Vargas Fuentes (foto Laura Rodríguez).
La presidenta ejecutiva del AyA, M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, manifestó que actualmente el país tiene menos lluvias y las pocas fuentes de agua que hay están contaminadas, “tenemos que buscar el recurso hídrico más lejos y antes de tener seguridad de que el agua es apta para el abastecimiento poblacional debemos analizarla, ya no con los parámetros básicos, sino que ahora tenemos que estudiar metales pesados, pesticidas y antibióticos que están presentes ahí”, señaló.
La M.Sc. Astorga Espeleta afirmó que lo más básico es tener sostenibilidad de fuentes de agua y para esto es necesario la planificación y ordenamiento del territorio; acto seguido comentó el caso que se está dando en Limón, en donde casi todas las fuentes de agua analizadas aparecieron alteradas debido a los contaminantes que generan las actividades agrícolas de la zona.
La única cuenca con agua limpia es la del río Banano, dijo la M.Sc. Astorga Espeleta, sin embargo una empresa privada está extrayendo piedras del río para construir la base del nuevo puerto de Limón. Ante esta situación tomaron la decisión de proteger ese río y asegurar el servicio público de abastecimiento de agua.
“Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo en todo el país y de conservar la fuente, ahí estaríamos asegurando el servicio más básico que garantiza la salud de la población, protegerlo para las demás poblaciones que van a vivir, eso es sostenibilidad”, acotó la M.Sc. Astorga Espeleta, quien añadió que la idea es hacer algo similar en Guanacaste y en el Valle Central, en donde las municipalidades han quedado debiendo en planificación territorial.
La Presidenta Ejecutiva del AyA explicó que los distribuidores de agua privados son prohibidos, “en el caso de las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados) en materia de servicios de abastecimiento, cuando es comunal se va al AyA y se pide autorización para la delegación del servicio”. Actualmente hay 1500 acueductos comunales en donde se ocasionan conflictos entre comunidades cuando se contamina una fuente y se presenta el escenario de compartir el agua.
“Las personas se sienten dueñas del agua, cuando es un bien público. Las comunidades se apropian de la fuente y no la comparten con otras aunque haya suficiente agua para satisfacer la demanda”, resaltó la M.Sc. Astorga Espeleta. En Bagaces y Cañas no solo existe el problema de afectación de la sequía, precisó la jerarca, pues hay que sumarle la contaminación por arsénico, situación que se presenta desde el 2010 y que ha dejado un déficit de agua de hasta 60 mililitros por segundo.
Asimismo, indicó que se están llevando procesos sociales de gestión del agua en diferentes partes del país, por ejemplo en Guanacaste, donde hay un proyecto de búsqueda de arreglos para el acueducto, “cuando uno hace participes a las personas de la comunidad, se empiezan a encontrar soluciones”, concluyó.
La Alianza Cantonal Barveña por la Salud externó su preocupación por el deseo de prórroga en el contrato con Coopesiba, ya que manifiestan que el servicio de salud que presta esta entidad en el cantón es de pésima calidad, lo cual fue demostrado, según la Alianza, en la Auditoría realizada por la misma CCSS.
Información tomada para SURCOS Digital de la página de Facebook:
La mañana del pasado martes 11 de agosto, representantes de diversas organizaciones sindicales y sociales, se reunieron en el auditorio Dr. Juan Gabriel R. de la Unión Médica Nacional, con el fin de analizar la Agenda Nacional Unitaria para el Rescate de la CCSS.
Las organizaciones presentes en la actividad fueron el Comité Patriótico Nacional, SINASS, FRENASS, UNDECA, ANDE, la Unión Médica y SIPROCIMECA.
Los ausentes en la reunión fueron los representantes de la Presidencia Ejecutiva y Gerencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual causó disconformidad entre los presentes, quienes acordaron reprogramar la reunión con los jerarcas de la CCSS para el día martes 25 agosto de 2015 a las 8:00 a.m.
El miércoles 15 de julio, el periódico La Nación publicó, en portada, una información inexacta y malintencionada, con el evidente objetivo de perjudicar no solo a funcionarios de la Universidad de Costa Rica, sino también la imagen de la institución misma.
Hago esta aseveración basado en que los datos, a los que el mencionado diario no dudó en tildar como “salarios”, corresponden al pago de la planilla de octubre del 2014, proveniente del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por concepto de cotización para la factura patronal.
Dicha base de datos fue obtenida por el diputado Otto Guevara quien, sin ningún reparo, la publicó con nombres y apellidos en su blog. Llama poderosamente la atención que el diario La Nación tome esa información como una gran novedad, sin deseos de actualizarla, y publicó los datos sin corroborarlos ni contrastarlos con la planilla más reciente.
Producto de la categorización propia del SICERE, aparecen cargos que a lo interno de la universidad no existen, como acomodadores de cine o “tráficos” (que asumimos, se refiere a la policía de tránsito institucional).
Además, los salarios publicados por dicho medio no establecen desglose ni identifican la posibilidad de pagos retroactivos, sino que se consideran como montos habituales, o sea como salarios constantes, sin considerar algún tipo de variación en el tiempo. Tampoco se toman en cuenta las anualidades correspondientes al servicio a la institución durante décadas por parte de nuestros funcionarios más longevos.
Evidentemente, el artículo tampoco contempla la cancelación de cargas sociales y de renta, demostrando falta de acuciosidad del reportero o un interés infundado de no apuntalar la información lo suficiente, para dar una imagen de despilfarro.
Son estas y muchas otras las razones por las cuales llamo a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a estar vigilantes ante estos embates de ideologías que buscan reducir el aporte social de la Universidad de Costa Rica y minar su libertad de pensamiento, con el único objetivo de acabar con las pocas representaciones que aún quedan de la herencia del Estado Social de Derecho que nos legaron nuestros antepasados.
Yo, como ustedes, me siento consternado por lo ocurrido este miércoles desde una empresa que se considera a sí misma la representación máxima del periodismo en Costa Rica, un periodismo que, desgraciadamente, ha caído en errores serios con el único objetivo de causar un perjuicio a esta institución benemérita y de gran prestigio en América Latina y el mundo.
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica
Rector defiende uso correcto de la información institucional. Ingrese en el siguiente enlace:
“Alianza Cantonal Barveña por la Defensa del Derecho a la Salud” inicia plan de movilizaciones a nivel cantonal este viernes 12 de junio del 2015
Con la celebración del Foro cantonal sobre la situación actual y perspectivas del servicio de salud en Barva, la Alianza Cantonal inicia una serie de actividades de movilización encaminadas a exigir que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social asuma de una vez por todas la prestación del servicio de la salud y que se ordene la salida de la empresa COOPESIBA del cantón. El Foro está programado para las 6 y 30 minutos de la tarde del próximo viernes 12 de junio en las instalaciones de la Casa de ANDE, ubicadas 150 metros al sur del edificio Municipal.
La Alianza Cantonal Barveña ha decidido iniciar este proceso de movilización ciudadana de los usuarios afectados mediante la celebración de este foro en medio de una coyuntura marcada por el hecho de que las instalaciones del área de salud del cantón están en proceso de construcción, el 18 de diciembre del presente año vence el contrato entre la Caja y la empresa COOPESIBA que presta los servicios de atención de salud en los diez EBAIS del cantón y en este año han salido a la luz pública informes de la Auditoría y de la Contraloría internas de la CCSS sobre el funcionamiento irregular de la empresa.
El Lic Fredy Humberto Vargas Chavarría, uno de los abogados de la Alianza, manifestó que el Informe de la Auditoría Interna de la Caja No. ASS-03-2015 de fecha 10 de febrero del 2015 titulado “Estudio sobre la gestión en la prestación de los servicios integrales de salud en el primer nivel de atención reforzado en el Área de Salud de Barva” es claro, categórico y contundente en el sentido de que la empresa COOPESIBA es culpable de una serie de graves y sensibles incumplimientos de las obligaciones contractuales y de violación de numerosas leyes nacionales; la Junta Directiva de la Caja, en el ejercicio de las potestades de imperio que le asisten, la prevalencia del interés público y la cláusula del Convenio está en la obligación de resolver de manera unilateral el contrato con la empresa e iniciar un procedimiento administrativo para identificar a los funcionarios que consintieron que estas irregularidades se presentaran.
Señaló que entre los más graves incumplimientos en que ha incurrido la empresa y documentados en el informe de la Auditoría, destacan:
De cada diez horas de especialidades médicas solo una se destina para atención directa al usuario y las otras son para capacitación y reuniones internas de la cooperativa; ausencia de un médico internista, lo que afecta a un segmento de la población muy frágil que son personas mayores y de la tercera edad con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, alzhéimer, presión alta, a pesar de que la Caja lo ha venido pagando desde el año 2011; largas listas de espera, prácticamente en todos los servicios, por ejemplo para el 31 de octubre del 2014, había 219 en ginecología y 908 en psicología y para practicarse un electrocardiograma fue de 182 días.
Vargas Chavarría dijo que en el peor de los casos la Junta Directiva no debe prorrogar el convenio con la empresa, el cual vence el próximo 18 de diciembre del año 2015 y en su lugar, adoptar las medidas necesarias de transición para que la Caja, de una vez por todas, asuma la prestación del servicio de salud, como ordena el artículo 73 de la Constitución Política.
La dirigente Dorisa Ballestero de la Alianza Cantonal manifestó que la población está cansada de recibir un servicio deficiente y de mala calidad y de la campaña de mentiras que ha montado la empresa para proteger sus negocios y señaló que las condiciones de prestación del servicio son un desastre, frente a lo cual la Alianza ha acordado que la lucha no se detendrá hasta que la Junta Directiva ordene la salida de la empresa COOPESIBA de Barva de Heredia.
La dirigente recordó que además de los incumplimientos mencionados, la empresa incumple la Ley 8239 deberes y derechos de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, ya que ante el miedo de ser denunciada, la empresa ha quitado todos los rótulos y avisos informativos sobre los derechos que les asiste y la existencia de las Contralorías de servicios ordenados por los artículos 22 del reglamento de la Ley y el inciso a de la Ley.
Además indicó que la empresa viola el ordenamiento jurídico con el consentimiento de las altas autoridades de la Caja ya que no ha construido las mejoras y adaptaciones en sus instalaciones que ordena la ley 7.600 contra la discriminación de las personas con discapacidad, bajo el argumento de que los costos de las mejoras y las obras no se los reconoce la Caja.
La Alianza está integrada por el Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua, las asociaciones de desarrollo de los seis distritos y la Unión Cantonal, la Juventud del Frente Amplio, los Partidos Barva Unida y Acción Ciudadana, la asociación ambientalista SHURAKMA, el Club de Leones de Barva, La Comisión Especial Municipal Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva, el Sindicato Unión Médica Nacional y vecinos del cantón en general.
Para mayor información comunicarse con el Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83022347 y Dorisa Ballestero al teléfono 84322189.
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
