El pasado, 04 de mayo a las 01:30 p.m. se reanudó la Audiencia Preliminar de la Demanda Ordinaria contra el Cartel No. 2013CD-000061-05101 (para la contratación para la provisión de servicios de salud en las áreas de salud de Montes de Oca – Curridabat – San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago) y contra el Acto de Adjudicación al Hospital Universitario UNIBE S.A.
La audiencia fue suspendida el pasado lunes 11 de enero de 2016, dado que al ser una audiencia de preparación del expediente, se tenían que desarrollar 5 etapas, en la primera etapa; la etapa de saneamiento, la cual se estaba desarrollando bien. Se estaban aclarando y subsanando varias cuestiones, cuando de pronto el juez José Martín Conejo Cantillo se dio cuenta que él mismo es usuario de uno de los EBAIS concesionados a la UNIBE, asunto que hizo de conocimiento de las partes para que discutiéramos una posible recusación. Ante esta información, se consideró tanto la parte actora como las partes demandadas que sólo este hecho se puede prestar para malas interpretaciones porque al juez tramitador además de preparar el expediente para juicio, también le corresponde tomar decisión sobre las excepciones previas, algunas de las cuales pueden provocar que se archive el expediente o que se le dé continuidad, asunto muy relevante. Por tanto se solicitó una recusación del juez en ese momento, ahora después de tres meses el juez tramitador Rodolfo Marenco Ortiz rechazó la recusación, por lo que continúa la audiencia con el mismo juez tramitador original.
Antecedentes
Esta demanda ordinaria proviene del 2013, año de la lucha que dieron las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de la Unión de Cartago, las Juntas de Salud de estas comunidades, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y otras organizaciones sociales, sindicales y políticas locales y nacionales para que en primera instancia no se disminuyera la cantidad de EBAIS por Área de Salud, ni se disminuyeran los servicios que en ese momento eran prestados por el Convenio PAIS-UCR/CCSS y para que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud no fueran concedidos a entes privados, sino que se mantuvieran en la esfera de lo público en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social.
En este año 2013 se dio un hecho histórico para las Áreas de Salud del Este de San José, por primera vez después de ser creados y ser administrados por casi 15 años por la Universidad de Costa Rica, los servicios de salud fueron objeto de un Cartel de Contratación Directa Concursada, procedimiento autorizado por la Contraloría General de la República. Con este procedimiento, además de que se disminuyeron servicios (3 EBAIS menos en cada Área de Salud, sólo toma de nuestras del Laboratorio Clínico, no se reciben recetas Medicina Mixta ni de Empresa, por ejemplo); se abrió la posibilidad de que los servicios integrales del primer nivel de atención de salud fueran entregados a entes completamente privados.
Por esto la Junta de Salud de Montes del periodo 2012-2013 efectuó tres tipos de acciones, las primeras de carácter administrativo ante las altas autoridades de la UCR y de la CCSS; las segundas de carácter legal administrativo y finalmente legal judicial, estas como último recurso.
Las acciones judiciales se interpusieron a nombre de Marcela Zamora Cruz, miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca 2012-2013, a título personal porque las Juntas de Salud no tienen personería jurídica y estas acciones judiciales fueron coadyuvadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).
Para más detalles se puede consultar el documento adjunto “Conflicto UCR-CAJA y la privatización de los EBAIS”, extracto de la Rendición de Cuentas de la Junta de Salud de Montes de Oca del periodo 2012 – 2013:
Coadyuvante: Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).
Demandados: La CCSS, el Estado, la Contraloría General de la República, el Hospital Universitario UNIBE S.A. y el Consorcio Hospital Universitario UNIBE S.A. y Asociación Universidad de Iberoamérica.
Expediente: 13-006255-1027-CA
**Para más información, comunicarse con el Lic. Bernal Gamboa Mora, 8834-9595; o con Marcela Zamora Cruz, 8705-6934, marce.zamoracruz@gmail.com
La Caja Costarricenses de Seguro Social ofrece acceso universal a los servicios de salud pero tiene problemas de suficiencia (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
Una enfermedad crónica viene asfixiando el sistema de seguridad social costarricense, considerado como el más exitoso de América y entre los mejores del mundo, llevándolo en una trayectoria errática desde hace más de dos décadas, según la Dra. Juliana Martínez Franzoni.
Largas listas de espera, un sistema de pensiones al borde de la quiebra, biombos, morosidad y personal médico que tiene jornada en lo público y lo privado al mismo tiempo, son algunos de los síntomas que sufre día a día al sistema de seguridad social costarricense, mientras que en la acera del frente de cada hospital crece en forma desmedida la oferta privada.
La Dra. Martínez, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, analizó algunas de estas causas que han afectado al sistema de seguridad social en la conferencia: “Protección Social en Costa Rica: antes y ahora”, que se realizó el 28 de abril en el Auditorio de la Facultad de Educación.
Un modelo exitoso
De acuerdo a los estudios comparativos de los sistemas de protección social de distintos países realizados por Martínez, naciones como Costa Rica que han logrado construir una arquitectura unificadora, han tenido mayor éxito, mientras que en los países donde estas estructuras han sido fragmentarias como Chile o Argentina se tienen resultados poco favorables.
La Dra. Juliana Martínez Franzoni ha investigado los sistemas de protección social de diferentes países (foto cortesía Escuela de Ciencias Políticas).
Martínez destaca el caso del sistema costarricense de seguridad social creado en la década de 1940, el cual se construyó sobre una arquitectura unificadora que permitió ofrecer servicios de salud y pensiones de forma universal para las y los trabajadores y desde 1970 también se amplía para aquellos que no tienen trabajo remunerado.
Destacó que en 1990 a pesar de las presiones externas que ejercía el Banco Mundial, con la creación de los EBAIS el estado costarricense demostró seguir apostando por la universalidad llegando a todos los rincones del país con equipos básicos de atención primaria.
No obstante, señaló la investigadora que “el talón de Aquiles en la protección social en Costa Rica hoy no está necesariamente en el acceso, está en la suficiencia de ese acceso y es en los problemas de suficiencia donde tenemos la gran salida de los sectores medios y medios altos a lo que sea que el mercado puede garantizar en salud, en educación y en ahorro para la vejez.”
Trayectoria errática
La académica señala que en las últimas décadas se han favorecido políticas fragmentarias que están llevando la seguridad social en una trayectoria errática. Por ejemplo, mencionó la contratación de proveedores de servicios de salud privados que brindan servicios a la CCSS, como la contratación de anestesiólogos, patólogos y de equipos a entes privados que en muchos casos también trabajan para la Caja.
Según detalló Martínez, ha habido un crecimiento totalmente desregulado de los servicios privados que ha venido menoscabando el modelo de salud pública, y son los ciudadanos de los dos quintiles de ingresos más altos, quienes aportan el 50% de los fondos a la seguridad social, los mismos que pagan doblemente por los servicios privados.
La doble práctica pública privada ha potenciado el conflicto de intereses por horarios y productividad del personal médico, incentivado los biombos y el uso de los recursos públicos, desde materiales hasta infraestructura hospitalaria y la expertise desarrollada por los profesionales en el sistema público con fines privados.
Conclusiones
Para Martínez, el problema financiero que enfrenta actualmente tanto el sistema de salud como el de pensiones es el resultado de un problema de economía política, donde hay múltiples intereses y actores dispersos que hacen un uso rentista de los fondos públicos.
La politóloga se pregunta ¿cómo hacemos para reconstruir rutas universalistas de protección social “con sistemas fiscales débiles, con élites depredadoras, con élites cuyo principal interés es proteger sus ganancias y colocarlas en paraísos fiscales, con resistencias muy profundas a financiar bienes colectivos, con clases medias fragmentadas que han mercantilizado gran parte de su bienestar y por lo tanto su presente no depende tanto del estado hoy como en otros momentos?».
Para ella hay dos cosas centrales que el país debe resolver, la regulación de lo privado y el problema tecno-político de los actores involucrados. De otra forma, vaticina que las inversiones que se sigan haciendo en el sistema de seguridad social costarricense terminarán de una u otra forma fortaleciendo al sector privado.
La Dra. Martínez junto con el investigador Dr. Diego Sánchez Ancochea, analiza el caso de Costa Rica y otros tres países en el libro que publicará próximamente titulado “La búsqueda de universalismo actores, ideas y arquitecturas en países del Sur”.
La conferencia fue organizada por la Escuela de Ciencias Políticas con la colaboración del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas.
Llamado a las y los profesionales de trabajo social de la CCSS
Es innegable que estamos en un momento crucial de toma de decisiones y de posicionamiento ante una realidad que no podemos omitir.
Nuestros salarios y el bienestar de nuestras familias están en riesgo. Somos parte del sector público señalado por las élites de poder como los responsables de la crisis que se viene gestando desde hace años por los que promueven el neoliberalismo y sus nefastas consecuencias para los sectores populares y las instituciones que brindan servicios a los mismos.
Hace mucho tiempo que la clase media está siendo golpeada por las medidas económicas que en nada han beneficiado a los más débiles en el eslabón del poder.
En el escenario actual nos preocupa la pasividad de los sectores profesionales como el nuestro, ligadas y ligados desde la formación universitaria a principios de acción, con la visión de ser una disciplina que promueve el cambio, la cohesión social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva.
¿Qué credibilidad podemos ofrecer si no somos capaces de alzar la voz ante las acciones neoliberales que atentan contra nuestro bienestar y el de los grupos más desfavorecidos? ¿Seguir siendo profesionales operativas y operativos para la neutralización y control de la cuestión social? ¿Seguir promoviendo la legitimación de políticas y acciones que atentan contra nuestro propio bienestar y debilitan progresivamente las bases de instituciones como nuestra Caja Costarricense del Seguro Social?
No podemos continuar respondiendo pasivamente al encargo de legitimar las políticas de un Estado insolvente que no está cumpliendo su principal función de velar por el bienestar de la mayoría, el pueblo, sino que con los gobiernos de turno se ha beneficiado por décadas a las cúpulas de poder político y económico. Las mismas que ahora utilizan todas las estrategias y recursos a su alcance para manipular y decirle a la opinión pública que somos nosotras y nosotros quienes “tenemos que socarnos la faja”.
Tengamos conciencia de clase y un espíritu crítico; si queremos ayudar a los demás, primero tenemos que ayudarnos a nosotras y nosotros mismas.
No esperemos que otros grupos laborales y profesionales defiendan lo que también nos corresponde a nosotras y nosotros defender; tengamos vergüenza social. No seamos simples beneficiarias y beneficiarios pasivos (quienes no participan del movimiento pero se benefician de sus resultados).
Apoyemos activamente y con dignidad la protesta nacional del 26 y 27 de abril por las incapacidades, la prohibición de realizar manifestaciones, la cesantía; y ahora las propuestas de leyes en camino, que de ser aprobadas alguna de ellas son:
PROYECTO N°19431: Ley de empleo público (MOVIMIENTO LIBERTARIO)
PROYECTO N°19156: Limites a las remuneraciones totales en la función pública (PUSC)
PROYECTO N°19506: Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público (PLN)
PROYECTO 19787: Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión de calidad (PAC)
PROYECTO: 19.883: Ley de eficiencia salariales las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y los jerarcas de la función (FA)
PROYECTO 19.923: Ley para racionalizar el gasto púbico. (ML, PUSC, PASE Cristianos)
¡En las cúpulas de poder no duermen. NO más pasividad. Somos parte de la clase trabajadora amenazada. Tengamos conciencia de clase. Unámonos!
Los miembros de la Junta de Salud de Montes Oca, realizaron el pasado jueves 10 de diciembre del 2015 en las instalaciones del ICER (Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica) la rendición de cuentas del período 2014-2015. La misma se llevó a cabo 50 metros Norte de la Escuela de Lourdes, San Pedro de Montes de Oca.
Fundamentados en la participación ciudadana fue que los miembros de la junta invitaron a la población a ser partícipe de la presentación del Informe Final de las Labores del periodo 2014-2015, durante el cual se procuró el desarrollo local y la democracia participativa, por medio de la integración de la comunidad al quehacer político, fundamentada en mecanismos que hacen que la población tenga acceso a las decisiones gubernamentales de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político y la participación social que es el proceso de interacción, negociación y concertación, que se establece entre la población, las organizaciones y la Caja Costarricense del Seguro Social; esto mediante acciones de organización, contribución y toma de decisiones para la construcción de la salud general.
Salón Municipal Pococí, miércoles 18 noviembre 2015
El 19 de julio de 2013 el pueblo organizado de Pococí inició con los jerarcas de la CCSS una negociación para resolver problemas urgentes en la atención de los pacientes en el Hospital de Guápiles, clínicas de Guápiles, Guácimo y Cariari y alrededor de 50 EBAIS de la zona.
De esta forma se constituyó la Comisión Municipal de Salud con lo que se logra integrar a la Municipalidad de Pococí en este movimiento.
El pasado miércoles 18 de noviembre, se habilitó una sesión municipal especial extraordinaria a la que asistieron, entre otros, la gerente general de la CCSS Dra. Villalta, autoridades locales de esa institución, de la municipalidad y representantes de las comunidades.
El objetivo de esta reunión fue revisar los acuerdos tomados en negociaciones y actualizar lo pendiente.
Tomado para SURCOS Digital de la página de Facebook de Orlando Barrantes.
El día de hoy fue realizado el conversatorio «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa», organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de Ciencia Política y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
En esta actividad se plantearon críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, desde un análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución. Además se presentaron algunos avances de la investigación realizada por Andrey Badilla Solano, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
La actividad fue gratuita y abierta al público.
Información enviada a SURCOS Digital por Andrey Badilla Solano.
Este lunes 16 de noviembre a las 5p.m. en el aula 206 del nuevo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el investigador y magister Andrej Badilla participará del conversatorio: «Desnudan la Caja y no quieren que la vistamos: Crisis de la CCSS y la criminalización de la protesta por su defensa». Esta actividad es organizada por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y de Trabajo Social de la UCR en conmemoración del 8N.
Este conversatorio pretende plantear críticas y reflexiones sobre las recurrentes crisis de la seguridad social en nuestro país, a partir de la experiencia personas que participaron en la lucha por defensa de la CCSS y del análisis crítico y contra hegemónico de los problemas de índole financiero, político y administrativo que afronta la institución.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social presentó una queja formal en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la instrucción del juicio que interpuso UNDECA contra la CCSS y el Estado en materia de incapacidades por enfermedad, la cual se tramita en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Dicha queja se refiere a anomalías procesales, en menoscabo del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de tutela judicial efectiva.
Este caso se remonta al año 2011, cuando la Junta Directiva de la Caja tomó un acuerdo unilateral que estableció el pago de las incapacidades por enfermedad de sus trabajadores como subsidio, en lugar del pago que tradicionalmente se realizó en la planilla salarial, generando un impacto en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones, cuotas de pensión, entre otros efectos perjudiciales.
El Tribunal Contencioso dictó sentencia y ordenó la nulidad de dicho acuerdo, declarando que la Caja quebrantó un derecho adquirido de los trabajadores.
La representación de la Caja y la Procuraduría General de la República, interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia ante la Sala Primera de la Corte, los cuales fueron admitidos para su trámite y la magistrada Instructora otorgó a UNDECA -organización que estableció la demanda- el plazo de ley para que hiciera valer sus derechos y presentara su posición, el cual vencía el día 23 de octubre del presente año.
El día sábado 24 de octubre, un diario de circulación nacional publicó un reportaje en el cual la magistrada que tiene a su cargo la instrucción del expediente aseguró: “ya hay un proyecto de sentencia que ella elaboró, el cual circula entre los magistrados integrantes de la Sala y que podría ser votado en menos de un mes”.
Estas declaraciones causan sorpresa y una profunda preocupación y poca certeza jurídica. “No resulta conveniente que la magistrada que está instruyendo el juicio, divulgue esta información sensible, que podría atizar la campaña urdida por ciertos sectores políticos y empresariales contra los legítimos derechos de los servidores públicos –aunque esta no haya sido la intencionalidad- y que ya se haya redactado un proyecto de sentencia, sin tomar en cuenta los motivos que desarrollamos en representación de los trabajadores de la CCSS para oponernos a dichos recursos”, manifestó Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA.
Según el comunicado emitido por UNDECA, resulta insólito, a contrapelo de los más elementales principios procesales, que el proyecto de sentencia haya sido redactado y puesto en circulación a los demás magistrados, previo al vencimiento del término del emplazamiento que nos concedió la misma magistrada para combatir esos recursos.
“Consideramos que existe una grave anomalía procesal, que violenta el debido proceso y nuestro derecho de defensa, porque los argumentos que expusimos para desvirtuar los motivos de los recursos de casación, jamás pudieron haber sido analizados por la magistrada Instructora”, añadió Chavarría.
En la queja se solicitó a la Presidenta de la Corte que esta denuncia se ponga en conocimiento en la Corte Plena, con la finalidad que se realice la investigación correspondiente, se respete la legalidad procesal, la objetividad y transparencia, principios inherentes al Estado Democrático de Derecho.
Para más detalle puede comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 2223-12-32 o al 83-67-27-37
*Imagen tomada de página de Facebook de UNDECA.
Información enviada a SURCOS Digital por Comunicación UNDECA.
Se cumplen tres años de la protesta en defensa de la CCSS que fue brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. En estos últimos años se ha profundizado, como política de Estado, prácticas autoritarias que buscan quebrar los distintos movimientos sociales de resistencia, los cuales son amedrentados con represión, criminalización, amenazas, judicialización y cárcel.
“La protesta social es un derecho, no un delito. No abandonaremos las calles en la exigencia de nuestros derechos. Exigimos libertad y absolutoria total de las y los luchadores sociales condenados y judicializados”, Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Celebran foro para celebrar 20 años de la Escuela de Salud Pública
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
Una de las conclusiones de este foro organizado por la Escuela de Salud Pública es que las bases de una política de sostenibilidad financiera para la CCSS incluye una ampliación de la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversión estratégica, y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios (foto Archivo ODI).
El corazón de la salud del país se divide en la sostenibilidad financiera de la seguridad social y el acceso al agua apta para el consumo humano, así lo considera el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR),
Es por esto que para el 20º aniversario de esta Unidad Académica invitaron al gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Lic. Gustavo Picado Chacón, y a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, para hablar de los retos y posibilidades de acción de estas instituciones dentro del sector salud.
El Lic. Picado Chacón aseguró que la CCSS se encuentra en una situación de equilibrio económico y explicó que se habla de estabilidad cuando hay equilibro financiero por un periodo, es decir, cuando se puede garantizar a largo plazo las prestaciones actuales.
Asimismo, manifestó que el tema de la sostenibilidad financiera es una discusión que se da en muchos países, porque existe una creciente preocupación sobre cómo mantener el sistema de salud que cada día se encarece más.
Ante esto, el Lic. Picado Chacón agregó que uno de los elementos que van a presionar la sostenibilidad financiera del seguro de salud, a corto y mediano plazo, es la atención de adultos mayores que consumirá el 30% del presupuesto para el año 2050. Así es como, en ese mismo año el 40.7% de los egresos del 56,8% de las instancias será consumido por esta población.
En el tema de las enfermedades crónicas, en el año 2020 el número de casos de cáncer aumentara en un 48.2% respecto al actual, lo que ocasionara que el monto que se gasta en medicamentos, que actualmente es del 8%, sufra un incremento; a esto se le debe sumar el aumento en los costos de la tecnología médica.
El Lic. Gustavo Picado Chacón hizo hincapié en que un sector público bien remunerado en salarios favorece al Seguro Social, pues así obtiene más recursos (foto Laura Rodríguez).
“La prestación de servicios de salud se caracteriza porque debe ser eficiente, oportuna y de calidad; lo cual pasa por la técnica, el protocolo y las normas. Por esta razón aunque la Caja está en una mejor situación financiera que en el 2011, no es suficiente para satisfacer todas las necesidades y brechas en infraestructura, equipamiento y personal”, argumentó el Lic. Picado Chacón.
Inversión pública
El gerente financiero de la CCSS indicó que el 7.6% del gasto público se invierte en los servicios de salud, monto que supera el gasto promedio en los países de América Latina que es del 4%; del mismo modo, acotó que tienen claro que el resultado de la buena salud de las personas no depende sólo de la CCSS, pues tiene que ver con el acceso y la calidad el agua, la electrificación, los hábitos y la educación; es así como con $714 el país logra lo que otros realizan con $2800.
Otro de los datos expuestos por el Gerente Financiero de la CCSS es que en el año 2013, del total de consultas médicas hechas en el país el 37% consultó por vía privada y el 58% acudió a la Caja.
De las personas que acudieron a los servicios de la Caja, el 75% son parte del decil más pobre y el 43% son parte del más rico. Respecto a la consulta que se da en centros privados, el Lic. Picado Chacón destacó que el 4% de las personas más pobres fueron quienes accedieron a este servicio, “no es un mérito que esta parte de la población tenga que consultar en lo privado, por lo que es un llamado de atención para la institución”, indicó.
Cuando se habla del porcentaje de hospitalizaciones, el 96.9% de los casos son atendidos por la CCSS y 3% por hospitales privados, en donde sólo las personas que ocupan el sexto decil más rico tienen la posibilidad de pagar por estos servicios.
Dos aspectos medulares de la realidad costarricense, el seguro social y el agua, fueron abordados durante uno de los foros en conmemoración del vigésimo aniversario de la Escuela de Salud Pública (foto Laura Rodríguez).
Cargas sociales
“En términos reales las cargas sociales ya no crecen como antes por la baja actividad productiva”, comentó el Lic. Picado Chacón, ya que la tasa de contribuciones está creciendo a una tasa muy inferior a las que crecían hace algunos años, por ejemplo: en 1997 el 86% de los ingresos eran contribuciones y hoy en día es apenas el 78%.
Asimismo, explicó que aunque el sector público es solamente el 20% de los asalariados, es el grupo que aporta el 47% de las cuotas, “el que los empleados públicos ganen más tiene su beneficio para la Caja”, mencionó el Lic. Picado Chacón, y agregó que cuando hay crisis económica la institución tiene la capacidad de defenderse porque depende del empleo público, de la empresa privada formal y las transferencias del gobierno, las cuales han aumentado desde el 2012 hasta la fecha en un 9%.
El Gerente Financiero anunció que para el 2016 las inversiones en equipamiento, infraestructura y mantenimiento de las áreas de salud tendrán un aumento de 3.7 veces, con lo que el próximo año se tendrá la relación histórica más alta entre inversiones, contribuciones e inversiones respecto al gasto total, “el próximo año el presupuesto total de la institución será de 3.2 billones de colones, más o menos 6 mil millones de dólares, lo cual equivale a una tasa de crecimiento de un 8%”, detalló.
El Lic. Picado Chacón cerró su intervención dejando claro la necesidad del diálogo social para mantener la sostenibilidad y mencionó que los tres ejes para el desarrollo de una política de sostenibilidad financiera de la CCSS son: ampliar la cobertura contributiva, asignación de recursos e inversiones estratégicas y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios de salud.
Acceso al agua
Este foro llamado Retos y posibilidades de acción en la Salud Publica costarricense se llevó a cabo el 22 de setiembre en el Auditorio del Edificio de Educación Continua de la UCR; aparecen en primer plano la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta y el Dr. Mauricio Vargas Fuentes (foto Laura Rodríguez).
La presidenta ejecutiva del AyA, M.Sc Yamileth Astorga Espeleta, manifestó que actualmente el país tiene menos lluvias y las pocas fuentes de agua que hay están contaminadas, “tenemos que buscar el recurso hídrico más lejos y antes de tener seguridad de que el agua es apta para el abastecimiento poblacional debemos analizarla, ya no con los parámetros básicos, sino que ahora tenemos que estudiar metales pesados, pesticidas y antibióticos que están presentes ahí”, señaló.
La M.Sc. Astorga Espeleta afirmó que lo más básico es tener sostenibilidad de fuentes de agua y para esto es necesario la planificación y ordenamiento del territorio; acto seguido comentó el caso que se está dando en Limón, en donde casi todas las fuentes de agua analizadas aparecieron alteradas debido a los contaminantes que generan las actividades agrícolas de la zona.
La única cuenca con agua limpia es la del río Banano, dijo la M.Sc. Astorga Espeleta, sin embargo una empresa privada está extrayendo piedras del río para construir la base del nuevo puerto de Limón. Ante esta situación tomaron la decisión de proteger ese río y asegurar el servicio público de abastecimiento de agua.
“Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo en todo el país y de conservar la fuente, ahí estaríamos asegurando el servicio más básico que garantiza la salud de la población, protegerlo para las demás poblaciones que van a vivir, eso es sostenibilidad”, acotó la M.Sc. Astorga Espeleta, quien añadió que la idea es hacer algo similar en Guanacaste y en el Valle Central, en donde las municipalidades han quedado debiendo en planificación territorial.
La Presidenta Ejecutiva del AyA explicó que los distribuidores de agua privados son prohibidos, “en el caso de las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados) en materia de servicios de abastecimiento, cuando es comunal se va al AyA y se pide autorización para la delegación del servicio”. Actualmente hay 1500 acueductos comunales en donde se ocasionan conflictos entre comunidades cuando se contamina una fuente y se presenta el escenario de compartir el agua.
“Las personas se sienten dueñas del agua, cuando es un bien público. Las comunidades se apropian de la fuente y no la comparten con otras aunque haya suficiente agua para satisfacer la demanda”, resaltó la M.Sc. Astorga Espeleta. En Bagaces y Cañas no solo existe el problema de afectación de la sequía, precisó la jerarca, pues hay que sumarle la contaminación por arsénico, situación que se presenta desde el 2010 y que ha dejado un déficit de agua de hasta 60 mililitros por segundo.
Asimismo, indicó que se están llevando procesos sociales de gestión del agua en diferentes partes del país, por ejemplo en Guanacaste, donde hay un proyecto de búsqueda de arreglos para el acueducto, “cuando uno hace participes a las personas de la comunidad, se empiezan a encontrar soluciones”, concluyó.
