San José, lunes 22 de mayo de 2017.
- G. 13-17-2299-17
Honorables señores y señoras
Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Honorables señores y señoras
Integrantes mesa de diálogo social sobre futuro del régimen de pensiones de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
Desde el pasado 21 de marzo y en el marco del proceso sociopolítico conocido como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA planteamos que un real y verdadero diálogo social sobre el futuro del régimen de pensiones IVM exigía dos consideraciones fundamentales para un esfuerzo provechoso, potencialmente exitoso y de imperiosa transparencia:
1) Que se quitase la imposición de la rebaja salarial generalizada del 1 %, derogando el acuerdo de la directiva de la Caja; y, 2) la convocatoria con real papel protagónico y decisorio de otros importantes actores de la sociedad costarricense.
Al día de hoy, el primer aspecto se mantiene inconmovible pese al ya más que evidente rechazo generalizado socialmente hablando y hasta con burla de las apelaciones presidenciales al respecto. Con relación el segundo aspecto, esa participación multisectorial se ha materializado a medias, hasta hace pocas horas y mediando una presión y denuncia externas, fundamentalmente, no por convicción de la directiva de la Caja; sin embargo, la esencia del carácter espectador pasivo se mantiene.
En tal sentido y como corriente sindical hemos decidido no sentarnos en la mesa de ese peculiar esquema de diálogo social, pues todo permanece igual como cuando lo denunciamos por vez primera, repetimos, el pasado 21 de marzo.
Luego del 21 de marzo y como ya es de amplio conocimiento ciudadano, emergió con gran fuerza y solidez argumental la serie de planteamientos formulados por un grupo interdisciplinario de carácter cívico y de reconocida solvencia ética, moral, experta y profesional, el cual ha hecho fuerte denuncia pública de una especie de aparente “mala praxis” en el manejo de las finanzas de IVM-CCSS, luego del 2007; generándose un desbalance, un “hueco financiero” del orden de, conservadoramente hablando, de un millón de millones de colones, un billón (1.000.000.000.000), que le ha puesto en serios aprietos al punto de anticipar otro tipo de cambios que se hubiesen necesitado hasta el año 2043, con base en los acuerdos de la anterior reforma de IVM, socialmente acordada en el año 2005, si no hubiese ocurrido esa especie de mala praxis financiera.
Esta circunstancia, invisibilizada y negada tácticamente por las autoridades políticas de la CCSS, va aparejada con la incomprensible e inexplicable tardanza en la tramitación de una denuncia-acusación interpuesta en el Ministerio Público hace ya 5 años (bajo el Expediente Nº 12-000046-0621-PE), en contra de una serie de jerarcas de la CCSS que podrían tener mucho que explicar y dar rendición pública de cuentas acerca de sus decisiones sobre las finanzas de IVM al punto de haber generado tal hoyo en sus arcas; grave situación que implica sacrificar las finanzas familiares del pueblo trabajador, precarias hoy en día, producto de la política gubernamental de salarios congelados.
Es propicia la ocasión para recordar los nombres de las personas que están denunciadas ante el Ministerio Público y a efectos de que éste le explicara al pueblo trabajador las razones de esa tardanza de 5 años en el trámite de la indicada denuncia:
Lic. Manuel Enrique Ugarte Brenes.
Lic. Iván Guardia Rodríguez
Lic. Gustavo Picado Chacón
Lic. Carlos Montoya Murillo
Ing. Dinorah Garro Herrera
Lic. José Luis Quesada Martínez
Lic. Roy Retana Mora
Lic. Álvaro Vega Rojas
Lic. Christian Hernández Chacón
Lic. José Alberto Acuña Ulate
Lic. Luis Guillermo López Vargas
Licda. Sara González Castillo
Dra. Ileana Balmaceda Arias
Vistas así las cosas, de manera pública y por esta vía, manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Ratificar lo que pública e incansablemente venimos planteando, nuestra rotunda oposición a que sea el pueblo trabajador asalariado, con empleo formal (sectores Privado y Público), o sin él (trabajadores independientes, cuentapropistas y desempleados), el que tenga que pagar las consecuencias de una mala gestión en las finanzas del régimen de pensiones IVM-CCSS.
SEGUNDO: Derogación del injusto acuerdo adoptado por esa honorable Junta Directiva, adoptado en total opacidad en diciembre del año pasado, de aplicar a partir de este próximo 1 de junio, una rebaja salarial generalizada del 1 %, precisamente pretendiendo para poner a pagar a los que nada tienen que ver con la crisis financiera de IVM, por un lado; y por otro, mantener en total impunidad a los responsables de la misma, algunos de los cuales siguen ostentando posiciones privilegiadas en la institución y/o manteniendo los mismos puestos en los que estaban cuando tomaron esas malas decisiones.
TERCERO: Participación real y efectiva, con voz y con voto, en la mesa de diálogo de sectores que ya fueron convocados a la misma pero en condición de convidados de piedra y ubicados en una especie de “gradería de sol”, como espectadores pasivos pues lo seguirán siendo pese a una tenue modificación de tal estatus que se adoptó en las últimas horas. Hablamos de la Iglesia Católica, de la Defensoría de los Habitantes de la República, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), del Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor (Conapam), entre otros. Falta en esa mesa, entre otros, vocería actora de los trabajadores y de los productores agrícolas, de las personas trabajadoras desempleadas y de quienes están en la lucha diaria por la sobrevivencia desarrollando actividades en el sector informal de la economía.
CUARTO: Proponemos cinco grandes ámbitos de toma de decisiones político-técnicas para no golpear todavía más los bolsillos de la estrujada, financieramente hablando, clase trabajadora y en vista de la emergencia de la sostenibilidad del IVM en el corto plazo.
- CUARTO-A: La tramitación del proyecto de ley conocido como “Pensión Consumo”, actualmente en la corriente legislativa y en la agenda de la comisión parlamentaria de Hacendarios.
- CUARTO B: Establecimiento de un tasa temporal, de carácter progresista y de naturaleza progresiva, a las transacciones financiero-bancarias; del 0,02, 0,025, ó del 0.03 % y por un plazo predeterminado en la ley que lo establezca, que excluya el pago por tarjeta, el retiro de dinero por los cajeros y la operación bancaria por teléfono celular. Todos aportaríamos para salvar al IVM y en el caso del salario obrero ese aporte podría representar hasta un 90 % menos de lo que pretenden extraerle con el 1 % de su salario total.
- CUARTO C: De los 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado pierde, anualmente, por el sistema de exenciones y exoneraciones actualmente vigente, habilitar por 3 años cobro impositivo de, al menos, 2 puntos PIB por esta vía que podría allegarle a IVM, 1 billón 800 mil millones de colones en ese lapso, que es casi el doble del hueco que presentan sus finanzas en este momento producto de la ya denunciada mala praxis financiera. Esto es políticamente y técnicamente viable pues el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya última delegación de visita en el país se reunió con la ANEP, reconoce que en Costa Rica el 50 % de todas las exenciones-exoneraciones privilegia al 20 % de la población más rica del país.
- CUARTO D: Considerar la vinculación estratégica entre el sistema financiero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con el del primer pilar, el clásico IVM, de forma tal que haya un fortalecimiento de éste sin que la persona pierda un solo centavo de lo que le corresponderá por el ROP al momento de la jubilación.
- CUARTO E: Revisión profunda del proceso de transferencia ordenado por el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, de dineros de las empresas públicas estatales para el fortalecimiento de IMV; cuantificando lo transferido, lo que está pendiente o en mora y ampliando el esquema legal obligatorio para tal finalidad, con proyectos que ya están en la actual corriente legislativa al respecto.
QUINTO: Proponemos impulsar cambios estructurales profundos en el esquema gubernativo de la Caja para, por un lado, controlar el poder omnímodo que ostenta el aparato tecnocrático-burocrático de la alta jerarquía de la institución que se da el lujo de imponerse a la voluntad popular expresada en las urnas electorales; y, por otro, darle escaños de representación real en su directiva a sectores como las personas adultas mayores, las desempleadas y las que están en el mercado informal.
Tómese en cuenta que solamente quienes están en el mercado laboral formal tienen, en los actuales momento, voz y voto en la directiva de la Caja.
Finalmente es preciso puntualizar que, en términos generales, la clase trabajadora ha sido empobrecida por la actual gestión gubernativa en el plano macroeconómico por las siguientes circunstancias, lo que refuerza todavía más nuestra oposición rotunda a la rebaja salarial generalizada del 1 % para IVM. Veamos.
UNO. Jamás se distribuyó, vía política salarial y en una forma un poco más justa, los beneficios del crecimiento económico que el país mostró en los primeros años de esta administración y producto de un manejo adecuado de varias de las más notables variables macroeconómicas, según se reconoce desde varias posiciones político-ideológicas.
DOS. Pese a datos oficiales de inflación cero o ligeramente superior a cero, no hubo ajustes salariales semestrales por costo de vida que superaran ese indicador medidor de costo de vida, de forma tal que se pudiese ampliar un poco más el poder adquisitivo, de compra, del salario; considerando que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que más alto tiene su costo de vida.
TRES. Pasará a la historia la presente administración como la que eliminó los ajustes semestrales al salario mínimo, ahora éste será solamente revisado una vez al año. Esto es sumamente grave si consideramos que una tercera parte de la población trabajadora que cubre el mismo, tiene violaciones en cuanto a su aplicación real.
CUARTO. En el caso del sector Público, los puestos más desvalorizados del Gobierno Central y entes adscritos, víctimas de 35 años de enganche salarial médico y aunque éste fue modificado parcialmente por la presente gestión gubernativa, el perjuicio sigue existiendo. Por un lado, los puestos liberados jamás fueron resarcidos en su pérdida salarial acumulada por tanto tiempo de enganche (policías, oficinistas, técnicos y otros); por otro, los puestos de carácter profesional siguen enganchados y, por tanto, no pueden tener reajustes realmente justo por el impacto casi cuádruple en el esquema salarial médico.
QUINTO. La clase trabajadora prácticamente en su totalidad y en sus diversas modalidades, está altamente endeudada por diversos mecanismos. Una reducción en su liquidez salarial mensual del 1 % tiene considerables efectos negativos en las ya golpeadas finanzas familiares de quienes están en las más bajas escalas salariales. Por otro lado, solamente en tarjetas de crédito el endeudamiento ya superó el 1,1 millón de millones de colones, superando la barrera de los 3 puntos porcentuales PIB.
Como habrán visto, sobran razones para la lucha que hemos venido sosteniendo, al igual que otras corrientes sindicales que se han venido manifestando en tal sentido, contra la grave injusta que representa esa rebaja salarial generalizada del 1 %, pues ya solamente carece de ética y de moral, sino que profundiza un pernicioso esquema de desigualdad y de impunidad que está golpeando la naturaleza misma del sistema de la Democracia.
Por otra parte, resulta evidente que la decisión de la Junta Directiva de CCSS de cargar exclusivamente a los trabajadores asalariados el peso de cubrir el faltante de ingresos del régimen IVM, carece de justificación real y objetiva. Más inconsistente se torna esa decisión al valorar que ese sacrificio que se impone a los trabajadores asalariados no solucionará los problemas del régimen. Más bien este sector tendrá mayores afectaciones en el futuro, tal como lo muestran algunas manifestaciones contenidas en actas de Junta Directiva. Copiamos a continuación este extracto del Acta No. 8868, de 13 de octubre de 2016 (páginas 51 y 52), donde se hace constar por el propio Gerente de Pensiones de la CCSS que el aumento del 1 % en la cotización obrera no garantizará la sostenibilidad futura del régimen IVM. Veamos:
“Anota el Director Gutiérrez Jiménez que la Gerencia de Pensiones, le puede presentar a esta Junta Directiva, los argumentos en una semana porque ya los tiene. Le preocupa que lo que se está discutiendo hoy, es exactamente lo que se habló hace un año, en cuanto a su publicación, políticas y diálogo, entre otros. Todos esos aspectos continúan siendo válidos, pero hay que hacerlo. Por ese aspecto, le preguntó a don Jaime Barrantes, si creía que para no tomar intereses de la Reserva, era importante elevar el 1% al sector laboral y su respuesta fue categórica, respondió que sí, y más comprometedor para el Régimen, porque aún ese aumento en la cotización del 1%, no garantiza la sostenibilidad del Régimen de IVM y es la parte que más le preocupa”. (El destacado en negrita es nuestro).
Nos preocupa sobremanera la naturaleza de la intenciones reales del diálogo social que se viene promoviendo, toda vez que si nos atenemos a estos criterios de la propia señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, a final de cuenta lo que se busca es consenso para elevar la edad de jubilación, una vez alcanzado el aumento del 1 % en la cuota obrera. Así se lee en el Acta No. 8803, de la sesión correspondiente al 1 de octubre de 2015 (página 39). Veamos:
“Indica la doctora Sáenz que le parece muy bien el planteamiento de don Rolando, y tal vez en el tema del aumento de la contribución en un 1%, en vez de que se produzca un diálogo que se consulte, porque le parece que el diálogo está más relacionado con las medidas de largo plazo, es decir, con elevar la edad de retiro”. (El destacado en negrita y el subrayado es nuestro).
Destacamos, de manera respetuosa, la delicada circunstancia de que las nueve personas integrantes legítimas de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), están inmersas en la encrucijada más relevante de toda la historia de esta institución pilar de la Democracia costarricense; y, por tanto, las transformaciones en agenda requieren de abordajes integrales y lo más ampliamente compartidos, en un clima de paz y de tranquilidad. Para ello es vital modificar esa decisión de la rebaja salarial generalizada del 1 % que, como hemos reiteradamente apuntado, incrementa el escenario de desigualdad social que está golpeando la cohesión y la integración social costarricenses.
Por otra parte y finalmente, resaltamos que en estos momentos históricos dejamos expresión manifiesta y abierta de un nuevo llamado, vehemente llamado, a la unidad sindical en la acción de todas las corrientes que venimos reivindicando esta noble lucha; unidad sindical en la acción que es más que imperiosa ante la ausencia de pronunciamientos a favor de la clase trabajadora de otras entidades que bajo sus propios esquemas jurídicos de organización social, tienen en sus membrecías a importantes segmentos de esa clase trabajadora pero que, inexplicablemente, callan y, más bien, parecen haberse matriculado con estas políticas de empobrecimiento salarial y de potenciación de la desigualdad.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Lea también:
Concentración-manifestación de ANEP contra rebaja salarial del 1%
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por Secretaría General ANEP.
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