UNDECA deplora, que tras ser detenida la señora Marta Esquivel, ella nombró este miércoles a la coimputada Marielos Gutiérrez como Gerente General de la CCSS. Esto a pesar que tanto Marta Esquivel como María de los Ángeles Gutiérrez, fueron detenidas el lunes 23 de septiembre, por el caso Barrenador.
La señora Esquivel Rodríguez firmó el documento de nombramiento de gerente general de la CCSS a María de los Ángeles Gutiérrez, con un salario de ¢5.415.000 mensuales por 6 meses, en la tarde de este miércoles 25 de septiembre del 2024.
Un comunicado de UNDECA precisa: “Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales, un acto éticamente reprochable, en los momentos difíciles que vive la CCSS y el pueblo costarricense. Es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA. UNDECA sostiene que esa actuación Marta Esquivel constituye una burla al sistema de administración de justicia..
Le invitamos a escuchar la denuncia completa en el siguiente video:
Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López, matemático y actuario
Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.
Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.
Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.
Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.
Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).
La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).
Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.
Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.
Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]
Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]
El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.
En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.
Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).
La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).
Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.
Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]
Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].
Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.
Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.
La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a SURCOS que ha emprendido una ardua labor durante los últimos cuatro meses, investigando y denunciando lo que considera un conjunto de irregularidades en los procesos de contratación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estas denuncias, centradas en la adjudicación de contratos para la gestión de áreas de salud, revelan preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS. Se ha señalado que estas decisiones podrían estar orientadas al favorecimiento indebido de ciertos proveedores, específicamente cooperativas de salud, con contratos que implican cientos de miles de millones de colones. ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud con documentos presentados ante Contraloría, la Fiscalía y el Juzgado.
La primera denuncia formal presentada por la ANEP data del 15 de mayo de 2024, dirigida a la Contraloría General de la República (CGR). En esta, la organización expone la supuesta modificación de informes técnicos para favorecer a cooperativas en la adjudicación de áreas de salud en diversas regiones, afectando la competitividad del proceso y exponiendo al país a pagos inflados por servicios médicos. Esta denuncia es parte de un esfuerzo por prevenir lo que la ANEP describe como una operación que podría desviar más de 210 mil millones de colones en beneficio de unos pocos proveedores, a costa de los recursos públicos y de la ciudadanía.
Posteriormente, el 12 de julio de 2024, la ANEP emite un nuevo documento en el cual solicita una intervención inmediata por parte de la CGR. En esta ocasión, se denuncia específicamente una licitación por más de 470 mil millones de colones, adjudicada a tres cooperativas y una asociación, argumentando que el proceso está plagado de irregularidades y que las acciones de la Junta Directiva de la CCSS presentan serios vicios legales. La ANEP solicita que se investiguen estas acciones antes de que se concrete lo que califican como un acto administrativo nulo e ilegal.
En respuesta a las gestiones de la ANEP, la Contraloría General de la República emite un documento dirigido al denunciante el 10 de julio de 2024, en el cual se reconoce la recepción de la denuncia y se asegura que la misma será utilizada como insumo en una investigación formal en curso. La CGR detalla los pasos a seguir y confirma que los puntos planteados por la ANEP, junto con la documentación adjunta, serán evaluados en el marco de esta investigación.
Estos tres documentos reflejan la gravedad de las acusaciones y el esfuerzo de la ANEP por detener lo que consideran una serie de actos administrativos con graves consecuencias económicas para el país. Es crucial revisar en detalle estos documentos, que ya se encuentran disponibles para su análisis.
En una ocasión visité a Mario Devandas en las oficinas de la Caja cuando él era miembro de su Junta Directiva. Hablamos de muchas cosas; sin embargo, una me llamó la atención. Me decía que le sorprendía por qué participaban en esa Junta Directiva representantes del sector patronal y estatal que eran prominentes miembros de grandes bufetes de abogados o directamente de las empresas.
Mirá, me decía, las sesiones de Junta Directiva duran desde las 9 de la mañana hasta entrada la noche, hay que dedicar todo un día casi que a la semana a esta labor y muchas horas de estudio. Y las dietas que se pagan son de 40 mil colones por sesión. ¿Por qué dedican todo ese tiempo por tan poco dinero, personas que ganan muchísimo más plata diariamente en sus actividades empresariales?
Además, aquí aprobamos compras por millones de dólares en medicamentos o equipo médico, construcciones y muchas cosas más. Las responsabilidades son enormes, entonces ¿por qué se la juegan por tan poco?, me contaba.
A Mario le llamaba la atención esa situación.
Otra persona una vez contaba que la Caja era un pequeño ministerio de Hacienda, por ser una gran recaudadora de “impuestos” o cargas parafiscales ya que recaudaba miles de millones mensualmente, no solo para la Caja sino para luego dirigir determinados montos a otras instituciones.
Los recientes escándalos ocurridos con la Caja vuelven a poner de manifiesto que esa Institución es un ente apetecido para hacer grandes negociados corruptos. Ya ocurrió en el pasado con préstamos y ocurre ahora con sobreprecios exagerados a cooperativas de la salud.
La Caja mueve miles de millones de colones que son para la salud y las pensiones de los costarricenses. Por eso hablar de sobreprecios de 12.400 millones de colones por año o de 1.200 millones mensuales, por encima del precio que podría ser razonable, a pesar de ser una suma inimaginable para personas como nosotros, son cantidades propias del manejo de instituciones como la Caja o el ICE.
El escándalo de los sobreprecios a las cooperativas de salud es una transacción o compra de servicios absolutamente corrupta. Puertas giratorias, abogados de esas cooperativas y luego directivos, miembros de organizaciones cooperativas y luego personas que deciden millonarios contratos para esas cooperativas, visitas del gerente de logística de la Caja al bufete del directivo para conversaciones que no se aclaran, estudios de factibilidad o financieros del negocio, amañados o realizados por gente sin competencia para hacerlos, reuniones de Junta Directiva a la carrera y con cuórum arreglado para decidir la contratación. En fin, hacer a un lado a las estructuras normales y legales de la Caja para acomodar estudios técnicos a la medida de los corruptos. Y por supuesto, todo esto hecho bajo la dirección intelectual de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin cuya participación todo lo anterior no habría sido posible.
El alegato del Gobierno es que el contrato no está en firme y que no se ha pagado ni un centavo. Es posible. Pero entonces estamos en presencia de un intento o tentativa de aprobación de una contratación evidentemente irregular, con un gigantesco sobreprecio y absolutamente corrupta. Un intento que no cristalizó por la rápida intervención de la Auditoría de la Caja y del Ministerio Público. De lo contrario Marta y su grupo se habrían salido con la suya.
Creo que estamos ante el acto de corrupción más grande de la historia de la Caja y, tal vez del país.
¿Y la UCAEEP qué dice?
Rodrigo Chaves despidió a Ramos de la presidencia Ejecutiva por aprobar un aumento de salarios a los trabajadores pero ahora mantiene y apoya a Marta Esquivel responsable del acto corrupto más grande de la historia de la Caja.
La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.
“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.
Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel.
El convenio que rige esta materia establece una cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar el régimen no contributivo de pensiones (RNC). Este acuerdo regula la transferencia de recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) a la CCSS con el objetivo de otorgar pensiones a personas en condiciones de vulnerabilidad que no califican para los regímenes contributivos.
Las principales cláusulas del convenio definen la responsabilidad de la CCSS en la identificación y selección de beneficiarios, la programación y distribución de recursos, así como la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria y programática. Además, se estipula la obligación de reintegrar a FODESAF cualquier superávit de recursos y el uso del sistema SINIRUBE para la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.
El convenio tiene vigencia durante el año 2024, con la posibilidad de prórroga automática hasta el 2028, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización.
Resolución del Ministerio de Trabajo sobre Recurso de Revocatoria
El 17 de septiembre de 2024, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió la Resolución N.° RAD-MTSS-DMT-DVAS-DNP-DAL-24-2024. En esta resolución, se rechazó el Recurso Ordinario de Revocatoria presentado por los auditores ciudadanos Carlos Eduardo González Arroyo, Alfredo Ramírez Montero, Jorge Manuel García Araya, Juan Carlos Aguilar Zamora y Rodrigo Arias López contra el acto administrativo N.° MTSS-DMT-DVAS-DNP-1018-2024, fechado el 5 de septiembre de 2024.
El recurso fue presentado con el propósito de solicitar un aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), argumentando que muchas de estas personas se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Asimismo, se solicitó información detallada sobre el estado de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y una copia del convenio firmado entre el MTSS y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Dirección Nacional de Pensiones respondió que no es competencia del MTSS gestionar modificaciones en el RNC, ya que este régimen es administrado exclusivamente por la CCSS. La función del MTSS se limita a la transferencia de los recursos asignados por ley al programa, sin tener injerencia en la administración o ejecución del mismo.
Finalmente, la resolución mantiene el criterio expresado en el acto administrativo inicial y eleva el recurso de apelación al despacho del Ministro de Trabajo para su análisis y resolución conforme a derecho.
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor
No obstante la resolución del Ministerio, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida. Promueve su participación activa en la creación y aplicación de políticas que les afectan directamente, fomenta su integración en el núcleo familiar y comunitario, y facilita su organización y participación en la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimiento. Además, impulsa y fortalece una red de atención progresiva para asegurar su cuidado integral con la colaboración de entidades públicas y privadas, y garantiza su protección y seguridad social.
La ley también establece diversos derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como el acceso a la educación y preparación para la jubilación, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, y facilidades para obtener créditos. También asegura opciones de atención alternativa en caso de riesgo social, atención médica inmediata, pensión oportuna para satisfacer sus necesidades, asistencia social en situaciones de desempleo o discapacidad, y la participación en actividades productivas según sus capacidades y deseos. Además, protege contra la violencia y ofrece trato preferencial en trámites administrativos, promoviendo su unión con otros adultos mayores para buscar soluciones a problemas comunes.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social planteó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el oficio GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 del 13 de septiembre de 2024. La gestión se realiza ante la instancia superior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante el argumento esgrimido por un nivel de dirección que rechazó la competencia de esta cartera en resolver el aumento solicitado en beneficio de la población adulta mayor y a personas especiales.
Base legal: Artículos 1 y 38 de la Ley N.° 8687, artículos 342 y siguientes de la Ley N.° 6227, Ley de Regulación del Derecho de Petición y artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política.
Primera solicitud: Reajuste de pensiones de ¢82.000 a ¢102.500. Se argumenta que la falta de ajuste en más de seis años vulnera la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” y afecta a adultos mayores pensionados con ingresos insuficientes. La institución responde que no hay presupuesto para ajustes en 2024 y 2025, según instrucciones superiores y estudios técnicos no especificados.
Segunda solicitud: Se pide el reajuste de pensiones de la Ley de PCP. La justificación basada en prácticas pasadas no es considerada un argumento válido ni aceptable.
Tercera solicitud: Se solicita información sobre la causa de invalidez de las pensiones RNC/PCP. Se pide detalle específico de la causa de invalidez para 44,606 pensiones bajo el riesgo “INVALIDEZ RNC/PCP”, información que no se incluyó en los datos proporcionados.
Petitoria: Se solicita declarar con lugar el recurso de revocatoria y, en caso de rechazo, elevarlo a la autoridad superior para aumentar la pensión básica del RNC a ¢102.500. Se pide agregar la causa de invalidez a cada uno de los 44,606 casos enviados en el archivo correspondiente. También se solicita información sobre las “autoridades superiores” que emitieron las instrucciones para no revalorizar la pensión, así como copia de estudios técnicos y documentos que respalden la decisión.
SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.
UN LLAMADOAL RESPETO A LA DEMOCRACIA
Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:
1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.
2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.
3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.
4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.
5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.
En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.
Denuncias principales:
ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas.
UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
SINAE AFINES: Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.
Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública.
UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación.
Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país.
El Laboratorio cuenta con una unidad ciclotrón y un tomógrafo por emisión de positrones y en tomografía computada (PET y CT, por sus siglas en inglés). (Foto: Manrique Vindas)
Atraso en firma de contrato con la CCSS
Destituciones, sustituciones, detenciones y cuestionamientos a altos funcionarios de la CCSS, retrasan la firma de contrato con la UCR para que esta Universidad brinde valiosos servicios a pacientes con cáncer
Miles de pacientes con cáncer podrían beneficiarse del servicio que ofrece el Laboratorio Ciclotrón PET/CTde la Universidad de Costa Rica (UCR), pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha retrasado la contratación.
Debido a que será un contrato entre ambas instituciones que se regirá por el derecho público, el camino ha sido largo para poder cumplir con todos los requisitos que exige la Ley General de Contratación Pública, tanto para la Universidad de Costa Rica (UCR), como para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A pesar de los múltiples requisitos y trámites que se lograron cumplir por parte de ambas instituciones, no se tiene conocimiento, por parte de la CCSS, cuando saldrá publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el mencionado contrato.
Pero entonces, ¿por qué no se ha firmado el contrato entre la UCR y la CCSS para que el Laboratorio Ciclotrón PET/CT comience a brindar este valioso servicio de diagnóstico para los pacientes con cáncer?
¿Por qué el atraso?
La respuesta no es clara, no se sabe si han sido retrasos por parte de la Gerencia Médica de la CCSS, a la cual se le ha cambiado el gerente en varias ocasiones.
Es probable que algo tenga que ver el envío a un período de 20 días de vacaciones “forzadas” al Gerente Médico de la Caja Dr. Wilburg Díaz Cruz.
El pasado 9 de julio la Junta Directiva de la CCSS decidió otorgar al Dr. Díaz 20 días hábiles de vacaciones, período que se extendía desde el 15 de julio y hasta el 13 de agosto de este año. En su lugar, fue designado el Dr. Alexander Sánchez Cabo, por recomendación de la presidenta ejecutiva de la CCSS, la M. Sc. Marta Esquivel Rodríguez.
También el retraso podría originarse en alguna otra Gerencia de la institución, como la Gerencia General o la de Logística, lo cierto y preocupante es que la CCSS no ha sido capaz de realizar la contratación entre entes de derecho público en el SICOP.
Los radiofármacos se producen por la unión de un material radioactivo con un material farmacéutico. Actualmente se exportan estos a Guatemala y se espera poder exportar también a El Salvador y otros países. (Foto: Manrique Vindas)
Tomando en cuenta las recientes detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a altos funcionarios de la CCSS, aumenta la incertidumbre de cuando saldrá esta urgente contratación, necesaria para que la UCR pueda atender a los pacientes oncológicos de esa Institución.
Como resultado, mientras la CCSS se enfrasca en resolver esos problemas internos, los perjudicados son los miles de asegurados que padecen de cáncer. ¡No se trata de cualquier enfermedad, sino la enfermedad neoplásica de fatales consecuencias!
En estos meses ya se hubiera atendido a una gran cantidad de pacientes que requieren los exámenes diagnósticos que puede brindarles el Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la UCR, ya que en un solo turno se podría atender hasta 15 paciente por día, es decir 300 pacientes al mes, o bien 600 si se llega a trabajar en doble turno.
Gran proyecto
El Laboratorio Ciclotrón PET/CT consta de todo un edificio construido y adaptado especialmente para la operación de una unidad ciclotrón y un tomógrafo por emisión de positrones y en tomografía computada (PET y CT, por sus siglas en inglés).
Los equipos instalados son únicos en Centroamérica, todos ellos de alta tecnología, producto de la investigación y conocimientos más avanzados en el estudio del cáncer a nivel mundial.
La UCR adquirió todos estos equipos para cumplir con los tres pilares de esta institución, investigación, la docencia y la acción social.
En el caso de la docencia, estudiantes de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así como de Enfermería pasan por estas instalaciones, para depurar los conocimientos adquiridos en el aula. También estudiantes de Química, Física, Farmacia y laboratoristas químicos entre otros se encuentran haciendo pasantías, asistencias y practicas dirigidas en este Laboratorio.
Este acelerador de partículas puede crear más de 100 materiales radiactivos para fabricar radiofármacos. (Foto: Manrique Vindas)
Desde el punto de vista de la acción social, este laboratorio ha recibido cerca de mil pacientes, tanto del del sector público y del sector privado. Los precios de los estudios realizados en estas instalaciones son casi $1500 (casi 800 mil colones) menos que los que se estaban ofreciendo en el país antes de que este laboratorio abriera sus puertas.
Acelerador de partículas y radiofármacos
Según explicó el Dr. Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Laboratorio Ciclotrón PET/CT se trata de “un acelerador de partículas que se utiliza para la producción de radioisótopos, algunos de ellos de aplicación en medicina nuclear, tales como el flúor-18. Los radioisótopos de interés médico producidos en el ciclotrón se procesan posteriormente en un laboratorio de producción de radiofármacos, instalado en la misma infraestructura y a pocos metros del Ciclotrón, para obtener medicamentos inyectables que luego serán inyectados de forma intravenosa a los pacientes.
El Dr. Erick Mora Ramírez, explica la importancia que reviste para el país y para los enfermos oncológicos de la CCSS, la firma del contrato entre ambas instituciones, con el fin de que los asegurados puedan aprovechar este importante recurso tecnológico de medicina nuclear que pone a disposición esta Universidad.
Antes estos radiofármacos se debían importar, lo que implicaba al país un egreso de dinero muy importante, pero gracias a este Laboratorio los radiofármacos se pueden producir varias veces al día, en caso de que se tuviera que recibir una gran cantidad de pacientes”. Los radiofármacos son la unión de un material radioactivo con un material farmacéutico.
En ese sentido enfatizó que una de las ventajas principales de la tecnología de este laboratorio es: “proveer radiofármacos que permitan hacer un estadiaje inicial de las enfermedades, y luego de un tratamiento (cirugía, radioterapia o quimioterapia), un re-estadiaje, así los médicos tratantes puedan conocer si el mismo fue exitoso o se necesita seguir con otros métodos para tratar las enfermedades”.
Este acelerador de partículas puede crear más de 100 materiales radiactivos, los cuales pueden ser utilizados en el ambiente clínico o en investigación y actualmente se exporta seis veces por mes a Guatemala, se espera poder exportar también a El Salvador.
El Dr. Mora explicó que “una vez que el paciente es inyectado con el radiofármaco, debe esperar uso 45 minutos para que este se distribuya en el cuerpo, luego es colocado en el PET/CT – Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) combinado con un tomógrafo computadorizado (CT, por sus siglas en inglés)-. El PET/CT genera imágenes metabólicas y anatómicas del cuerpo del paciente, y también genera la fusión de estas. Estas imágenes pueden arrojar información valiosa para diagnosticar enfermedades como el cáncer, enfermedades neurológicas y cardiacas, lo que permite tomar decisiones sobre procedimientos e intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, determinar características, dimensiones y localización de tumores”.
El Dr. Mora detalló que este equipo PET/CT logra imágenes híbridas con capacidad de ubicar lesiones de hasta 4 mm de diámetro, lo cual puede llegar a ser muy importante en el curso del tratamiento de un paciente oncológico.
