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Etiqueta: CCSS

De advenedizos y otros figurones

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

Junta Directiva CCSS: vocación para servir, no obediencia política

Bach. Martha Elena Rodríguez González
Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social

A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.

En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:

“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?

“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”

Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.

Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.

La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan  quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.

La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.

Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.

Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.

La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.

La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.

UNDECA denuncia: persisten graves fallas en sistema ERP–SAP en la CCSS

A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.

UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.

Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.

“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.

Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.

“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.

Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.

¡Denunciar no es sabotear! Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.

Gestión ciudadana logra que la CCSS active trámite sobre reajuste de pensiones

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Gerencia de Pensiones la solicitud de información y criterio técnico relacionada con el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), planteada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

Mediante el oficio SJD-1413-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de Pensiones remitir, a más tardar el 9 de enero de 2026, un criterio técnico y fundamentado sobre los puntos expuestos por la Auditoría Ciudadana en el oficio ACSS-003-2025, referido al deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y a la necesidad de su reajuste.

Un avance producto de la gestión ciudadana

Este traslado institucional constituye un avance concreto derivado de la gestión sostenida de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que en días recientes solicitó públicamente el reajuste de las pensiones del RNC y del IVM, señalando que desde 2019 no se realizan ajustes regulares, pese al impacto acumulado de la inflación.

Tal como documentó SURCOS en una nota previa, la Auditoría Ciudadana ha advertido que las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que en el caso del IVM se interrumpió una práctica histórica de revalorizaciones periódicas.

Contexto político e institucional

El traslado de la solicitud ocurre a las puertas del proceso electoral nacional, en un contexto donde la discusión sobre el derecho a una vejez digna, la seguridad social y la responsabilidad del Estado en la protección de las personas pensionadas vuelve a adquirir centralidad en el debate público.

Desde la Auditoría Ciudadana se ha señalado que, independientemente de las motivaciones institucionales, este paso permite recolocar el tema del reajuste de pensiones en la agenda oficial, luego de varios años sin respuestas efectivas, y obliga a la administración a pronunciarse técnicamente sobre solicitudes que cuentan con sustento legal y normativo.

Pensiones congeladas desde 2019

La organización recuerda que el congelamiento de los montos del RNC se mantiene desde hace más de una década, y que durante el actual gobierno tampoco se han aplicado reajustes, profundizando el impacto sobre una población en condición de alta vulnerabilidad social.

El seguimiento que realice la Auditoría Ciudadana y la respuesta que emita la Gerencia de Pensiones serán claves para determinar si este traslado se traduce en medidas concretas de corrección, o si se mantiene la postergación de decisiones que afectan directamente a miles de personas pensionadas.

Auditoría Ciudadana solicita reajustar pensiones del RNC y del IVM a partir de 2026

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a partir del 1.º de enero de 2026, con base en criterios técnicos, legales y de justicia social.

En el oficio ACSS-003-2025, la organización expone que las decisiones de la CCSS en los últimos años han provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las pensiones, afectando de forma directa a cientos de miles de personas pensionadas.

Pérdida acumulada en el Régimen No Contributivo

Según el análisis presentado por la ACSS, las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida acumulada del 9,3 % de su valor real debido a la inflación.

Con base en datos oficiales de la CCSS, el estudio concluye que, para reponer la pérdida del poder adquisitivo, el monto básico de la pensión del RNC debería incrementarse en ₡7.626 mensuales, fijándose en ₡89.626.

Revaluaciones omitidas en el régimen IVM

En el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Ciudadana señala que durante más de tres décadas las pensiones se revalorizaron dos veces al año, práctica que se interrumpió a partir de 2019.

El documento detalla que varias revaluaciones no se aplicaron o se hicieron de forma tardía, lo que generó pérdidas significativas para las personas pensionadas. Al cierre del período analizado, se estima una pérdida acumulada cercana al 1 %, por lo que la ACSS solicita una revalorización mínima del 1 % para todos los montos del IVM a partir de enero de 2026.

Ajuste de la pensión mínima

La ACSS recuerda que el Reglamento del IVM establece que la pensión mínima no puede ser inferior al 50 % de la base mínima contributiva, la cual se calcula con base en el salario mínimo.

Con el reajuste previsto del salario mínimo para 2026, la organización concluye que la pensión mínima del IVM debe aumentar de ₡159.692 a al menos ₡162.295, para cumplir con la normativa vigente.

Las tres petitorias centrales

En síntesis, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita formalmente a la CCSS:

  1. Reajustar la pensión del RNC de ₡82.000 a ₡89.626 mensuales.

  2. Revalorizar en al menos un 1 % todos los montos y el tope máximo de las pensiones del IVM.

  3. Aumentar la pensión mínima del IVM hasta un mínimo de ₡162.295 mensuales.

La organización sostiene que estos ajustes no constituyen concesiones extraordinarias, sino el cumplimiento de obligaciones legales y el respeto al derecho de las personas pensionadas a no ver deteriorados sus ingresos por efecto de la inflación.

UNDECA: Negar la crisis en la CCSS por puesta en marcha de ERP-SAP es negar la realidad

Comunicado

UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.

UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.

Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.

“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.

Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.

Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.

SINAE Afines denuncia ante la Fiscalía el debilitamiento de la red digital de imágenes médicas de la CCSS

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por presuntas irregularidades que, según señalan, están afectando gravemente la red digital de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La organización sindical advierte que el apagado y la ralentización de este sistema comprometen directamente la salud pública, incrementan las listas de espera y exponen a miles de pacientes a riesgos clínicos evitables.

La conferencia de prensa, realizada desde el auditorio del sindicato, estuvo a cargo del secretario general Lenin Hernández Navas, el asistente de sala de cirugía y directivo Gerardo Vargas Ramos, y el coordinador del área legal Justin Sánchez Hernández.

Un sistema clave para diagnósticos oportunos

En SINAE Afines se explicó que REDIMED es un componente esencial del proceso de digitalización aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en 2021, dentro del programa de establecimientos digitales de salud. Este sistema permite almacenar, coordinar y compartir todos los estudios radiológicos —radiografías, ultrasonidos, tomografías y resonancias magnéticas— entre los distintos centros de salud del país.

Su importancia es crítica: alrededor del 80 % de las enfermedades se diagnostican mediante un estudio radiológico, y su oportuna disponibilidad evita repeticiones innecesarias, reduce tiempos de atención, garantiza continuidad del tratamiento y protege la seguridad del paciente.

En la red pública se realizan, por ejemplo, más de 310 mil ultrasonidos anuales y cerca de 3 mil resonancias magnéticas mensuales, por lo que la calidad técnica del sistema digital es fundamental para atender la alta demanda.

Las acusaciones del sindicato

Según la denuncia expuesta públicamente, el debilitamiento del sistema inició tras la llegada de la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. SINAE Afines sostiene que, a partir de ese momento, se paralizó la implementación de REDIMED, se desacataron acuerdos de la Junta Directiva anterior y se ignoraron advertencias técnicas de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna.

Entre los señalamientos destacan:

  • Nombramientos “a dedo” en puestos técnicos clave.

  • Utilización de criterios desactualizados para justificar la no implementación del sistema.

  • Orden de apagado y migración sin sustento técnico.

  • Presunta complacencia del actual gerente médico Alexander Sánchez Cabo.

  • Falencias administrativas que recuerdan casos previos como el proyecto ERP o la adjudicación de cooperativas.

SINAE Afines advierte que este apagado podría generar un daño económico estimado en cerca de 30 millones de dólares, además de los graves efectos sobre la salud de la población asegurada.

Incremento de listas de espera

El sindicato presentó cifras oficiales de la CCSS que revelan un crecimiento sostenido en las listas de espera de imágenes médicas entre junio de 2024 y agosto de 2025. En este periodo:

  • La cantidad de personas en espera pasó de 527.031 a 586.968, un aumento de casi 60 mil pacientes.

  • Los ultrasonidos generales encabezan la lista, con 179.580 personas esperando.

  • Las radiografías generales registran 144.813 pacientes en fila.

Para los voceros, esta situación genera sufrimiento, ansiedad y desesperanza en quienes requieren estudios diagnósticos esenciales, y constituye un trato inhumano producto de decisiones administrativas tomadas sin responsabilidad técnica.

Personas denunciadas ante la Fiscalía

SINAE Afines informó que la denuncia penal se interpuso contra las siguientes personas funcionarias de la CCSS:

  • Marta Eugenia Esquivel Rodríguez —expresidenta ejecutiva.

  • Mónica Taylor Hernández —actual presidenta ejecutiva.

  • Robert Picado —director de Tecnologías de Información y Comunicación.

  • Alexander Sánchez Cabo —gerente médico.

  • Alejandro Vallecillo Torres —excoordinador nacional de radiología.

Los presuntos delitos señalados son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, afectación a la salud pública y perjuicio económico a la institución.

Llamado a proteger la salud pública

El sindicato reiteró que la situación no es un asunto meramente administrativo, sino un golpe directo a la salud pública y a la vida de miles de personas que dependen de diagnósticos radiológicos oportunos.

Redimed no es un lujo, es una necesidad”, afirmó la representación de SINAE Afines, y enfatizaron que continuarán impulsando acciones para exigir rendición de cuentas y la restauración plena de la red digital de imágenes médicas.

Organizaciones sindicales denuncian bloqueo a la construcción del nuevo hospital Tony Facio en Limón

Comunicado de FETRAL y Afines

La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL y Afines) divulgó un manifiesto público en el que denuncian que la el SINAC está bloqueando la construcción del nuevo hospital Tony Facio, una infraestructura indispensable para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población de Limón.

El documento recuerda que desde 2009 las comunidades limonenses han demandado, de forma organizada y persistente, la construcción de un hospital regional clase A, debido al colapso del actual hospital Tony Facio Castro, sus deficiencias estructurales y su ubicación en una zona altamente vulnerable a inundaciones y fenómenos naturales. Señalan que las personas enfrentan graves dificultades para acceder a hospitales de referencia en San José, especialmente ante cierres de rutas o emergencias recurrentes.

Conflicto por el terreno evaluado por el ICE

Según el manifiesto, la CCSS encargó al ICE la búsqueda y evaluación de un terreno viable. Entre 2019 y 2021 el ICE concluyó, mediante estudios exhaustivos, que la finca propuesta —ubicada sobre la Ruta 241— no era humedal según los criterios legales vigentes ni aparecía como tal en la plataforma SNIT. El informe técnico, citado en el manifiesto, incluso describe la propiedad como “la finca es un potrero (con muy pocos árboles dispersos)”.

No obstante, con base en un decreto posterior del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto n.º 42760-MINAE), el SINAC emitió un oficio en el que sostiene que el 100% del terreno corresponde a un “humedal tipo ilustre”, ordenando archivar el expediente de viabilidad ambiental ante SETENA.

Ante esta contradicción, la CCSS interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando que el criterio emitido por SINAC viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley y que además existieron solicitudes de información que quedaron sin respuesta.

Exigencias ciudadanas del manifiesto

El documento, firmado por Dr. Julio Humphreys Vargas (Comisión Mixta Nuevo Hospital) y Lic. Antonio Wells Medina (secretario general de FETRAL), formula dos exigencias principales:

  1. La anulación inmediata del criterio del SINAC, por considerarlo contrario a la Constitución Política, a los criterios técnicos, al interés público y al derecho superior a la vida y la salud de la población de Limón.

  2. La apertura de un expediente disciplinario por la presunta falta grave de las personas funcionarias del SINAC que, según el manifiesto, no respondieron oportunamente información solicitada y cuya actuación “amenaza con causar un grave daño socioeconómico y a la salud pública”.

El llamado señala que la decisión del SINAC pone en riesgo una obra largamente esperada por Limón y que resulta fundamental para atender la dignidad y la salud de toda la provincia.

Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica respalda la lucha comunitaria para mantener Ebais en manos de la CCSS

El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.

El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.

La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.

El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:

  • Ericka Cascante Jiménez
  • Cecilia Morales Chavarría
  • Lorena Hueso
  • Alexander Castillo
  • Ronulfo Morera Vargas
  • Cristian Marrero Solano
  • Edgardo Santamaría Elizondo
  • Edison Valverde Araya
  • Carlos Muñoz Jiménez

La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA