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Carta Pública

¿La Caja en quiebra, o quebrar la confianza ciudadana en la Caja?

Las recientes declaraciones del señor presidente Rodrigo Chaves, refiriéndose a una supuesta situación de quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social, no solo no son de recibo, también son altamente preocupantes. Y es que, si bien se dan en un contexto de lucha sindical por un reajuste salarial absolutamente justo, buscan desprestigiar la institucionalidad y la autonomía de la Caja, a la vez que trasluce la visión que el mandatario tiene de la seguridad social. 

Durante treinta años el señor presidente fue un funcionario de carrera del Banco Mundial, institución que durante ese período impulsó la privatización de los sistemas de seguridad social, incluyendo la salud y las pensiones públicas en todo el planeta, con su foco en América Latina, Asia y Europa del Este. De manera sistemática, el Banco Mundial ha venido aconsejando y financiando a diversos países para abandonar los sistemas públicos de seguridad social y transformarlos en sistemas privados de salud y de pensiones, utilizando como argumento principal, curiosamente, su situación de quiebra. 

La privatización de la seguridad social, sin embargo, ha fracasado. Diversos estudios, incluyendo publicaciones de la OIT de alcance mundial, documentan que, de unos 30 países mal aconsejados por los organismos financieros internacionales que optaron por privatizar parcial o totalmente sus sistemas de pensiones, hacia el año 2018 el 60 por ciento de ellos se habían visto obligados a revertir las reformas privatizadoras. 

El ABC del manual del Banco Mundial para promover la privatización sigue tres pasos, dados en Costa Rica desde los años 90, apoyados por políticos locales y por un sector financiero ávido de lucrar con los recursos públicos de la seguridad social. Pero esta privatización ha enfrentado la resistencia de quienes apoyamos una seguridad social colectiva y pública.

El primer paso del manual es apoyar la creación de la institucionalidad necesaria para impulsar la privatización desde adentro del Estado, como es el caso de las “superintendencias de pensiones” cuyo papel, se dice, es regular los seguros públicos y privados. A la vez, permite colocar en puestos de poder a funcionarios casi siempre afines a la idea de la privatización de las pensiones.

El segundo paso es financiar estudios “técnicos” que sin excepción “demuestran” que el sistema sufre de un déficit financiero actuarial insalvable (es decir, de desequilibro entre ingresos y gastos de largo plazo) y por lo tanto que “está quebrado”. De ahí, a decir que hay que “apagar y cerrar” hay solo un paso.

El tercer paso consiste en prestar recursos para financiar la transición hacia el sistema privado basado en cuentas individuales mediante las cuales cada persona se financia a sí misma. Este camino es el que, de manera reiterada ha llevado a los países a asumir enormes compromisos fiscales, a eliminar la solidaridad, y a transferir enormes recursos a través de comisiones de administración altamente costosas para sus afiliados, sistema impopular y solo conveniente para quienes obtienen jugosas ganancias con esa administración. 

En Costa Rica, sucesivas misiones del Banco Mundial vinieron acompañadas de “ayudas” financieras del Banco Mundial y de su institución hermana, el BID, intentando (sin éxito), la privatización total el régimen IVM de la Caja. La meta de la privatización quedó a medio camino con la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), un fondo de ahorro individual que le devolverá a las personas, proporcionalmente hablando, una “pensión complementaria” mucho menor que la del régimen colectivo de la Caja de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

Una Caja quebrada es el sueño de quienes quisieran manejar privadamente todos los seguros sociales, pero también de quienes piden una reducción en las cotizaciones a la Caja, con el pretexto de crear empleo y disminuir la informalidad laboral

No es de extrañar, entonces, la desafortunada e incorrecta afirmación del presidente Chaves. 

La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo. Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros. 

La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.

Esta demostrada holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.

Las cifras anteriores desmienten de manera contundente las afirmaciones del señor presidente.

La solidez de la CCSS le permite soñar con tan ambiciosos planes de expansión, a pesar de la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022.

Pero si la Caja no está quebrada, la afirmación del señor presidente nos pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes. Y una crisis de confianza sí que podría generar una crisis estructural en la seguridad social, afectando de manera gravísima la salud y el bienestar de la población. 

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, y a aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos.

Fuentes consultadas

C.C.S.S. (2022), Gerencia Financiera, Informe de liquidación presupuestaria 2018-2021.

C.C.S.S. (2022), Deuda del Estado con la CCSS, abril 2022.

C.C.S.S. (2022), Gerencia de Pensiones, Dirección de Inversiones. Informe Preliminar de Inversiones. Seguro de Salud, al 31 de julio de 2022.

Nota: La proyección del excedente del SEM a finales del 2022 se realizó mediante una proyección lineal basada en datos financieros a julio 2022.

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