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Etiqueta: CCSS

Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados solicita investigación a la CCSS por informe de auditoría usado por el periódico La Nación en sus publicaciones

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados, SIFUPCR, solicitó a la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social la valoración para una investigación administrativa en relación con el  informe ASF-163-2021, emitido el 17 de diciembre de 2021.

En dicha solicitud, el representante sindical de SIFUPCR, Juan Carlos Duran Castro, señala la hipótesis de que dicho informe se elaboró mediante “una gestión informativa posiblemente distorsionada y débil en sus argumentos, lo cual le resta confiabilidad a la misma y sin duda debilita al medio en cuestión, pero más allá de esto, en definitiva, un informe en principio deficitario en lo técnico, por la forma y por el fondo, elaborado por cuatro funcionarios del área de servicios financieros, generan una actividad periodística que expone a la Caja Costarricense de Seguro Social en general y al Fondo de Retiro en particular a un escarnio público posiblemente innecesario”.

Por tanto, el gremio sindical y su representante, solicitan a las autoridades auditoras de la CCSS, determinar si dicho informe cuenta con la rigurosidad técnica o por el contrario existen falencias de forma y de fondo. 

Aunado a esta solicitud, el SIFUPCR solicita a la Caja, determinar los posibles mecanismos formales o informales por los que obtuvo el periódico La Nación el informe ASF-163-2021 de la auditoría interna. Esto, porque dicho medio de prensa elaboró notas periodísticas “con posibles parcialidades informativas, que podrían estar surgiendo a partir de las presuntas falencias técnicas del informe de rito y que podrían, al final, distorsionar y causar como mencionamos, perjuicios reputacionales de diversa variedad jurídica a la auditoría, a la CCSS, al Fondo de Retiro y a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS”, según Duran Castro.

La Caja y el oro de Crucitas

Freddy Pacheco León

Para las finanzas de la CCSS, la cifra para atender a la población de Ciudadanos de Oro como lo merecen es devastadora, y como tal imposible de hacer frente con los ingresos actuales y proyectados.

Se vislumbra una catástrofe si no hacemos algo ya. Por ello insistimos en la propuesta de explotar nuestro oro del subsuelo de Crucitas, para dedicarlo exclusivamente al sistema integral que llamamos Hospital del Oro, para la atención de la población mayor de 65 años.

Más de ¢110.000 millones anuales en oro esperan ser aprovechados en un área de menos de 1 km2, y como no hay otra posible solución al déficit proyectado en la Caja, insistimos en tal idea, pues, aunque ya es tarde no vemos el interés razonablemente esperado.

DE MAL EN PEOR

Oscar Madrigal

En estas fiestas de fin de año no seguí el consejo de la película “No mirar arriba” cuando dice que hay que dejar de leer y ver “noticias de mierda” (el lenguaje es de la película).

El diario La Nación publica en esos días dos artículos (iba a escribir informaciones, pero luego me arrepentí porque podría ser un atrevimiento). La primera es acerca de un estudio que realiza el economista Andrés Fernández, del grupo la Academia sobre la desigualdad en Costa Rica y el segundo una respuesta de la Caja al ministro de Hacienda. Ambos llaman la atención.

Sobre la desigualdad se recuerda que, según datos del Banco Mundial de 99 naciones, Costa Rica está entre los primeros 10 más desiguales y ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos de los países de la OCDE. No son informaciones que nos enorgullezca como país; es una vergüenza que señala el fracaso del modelo neoliberal.

El estudio del señor Fernández se reduce a estudiar la desigualdad únicamente entre los salarios de los trabajadores y concluye que la pandemia ha aumentado esa desigualdad, o sea, hizo más amplia la brecha salarial entre trabajadores. Pero lo interesante, dice el investigador, es que no fue porque los que ganaban más se hicieron más ricos y los que reciben salarios más bajos más pobres, sino que TODOS los trabajadores recibieron MENOS SALARIOS medios, sea todos se empobrecieron un poco; es decir, todos perdieron, solo que los más pobres perdieron más.

El estudio concluye, como era de esperar, que se debe reducir más los salarios de los empleados públicos, aprobar la ley de empleo público y reducir las cargas sociales. Por supuesto, no habla de un fuerte aumento salarial para todos los trabajadores y con mayor monto para los trabajadores más pobres, sino que la receta es nivelar para abajo, empobrecer más a las capas medias y con ello aumentar, de manera general, la desigualdad social. La medicina que sugieren es peor que la enfermedad porque las cargas sociales proponen quitarlas a los empresarios y fijar un impuesto general sobre toda la población, especialmente -con toda probabilidad- sobre los trabajadores. 

El ingreso por el trabajo, los salarios, son solo una parte de todo el problema de la desigualdad social que aqueja a nuestra sociedad de manera crítica. Pero como se observa, también en el campo salarial estamos retrocediendo en cuanto a disminuir la brecha. Si esta tendencia la ubicamos con relación a TODOS los ingresos (salarios, beneficios, ganancias de capital, renta, etc.), se llega a la conclusión de que el país camina a ser un país cada vez más desigualdad de que ya es y no hacia su reducción o acortamiento.

La lucha contra la desigualdad es muy diversa porque abarca desde la reforma de un sistema tributario regresivo, cerrar portillos legales a la evasión y elusión, reducir el papel monopólico de nuestra economía, eliminar subvenciones ocultas y exenciones odiosas, aumentar salarios y apoyar fuertemente a los sectores más desposeídos. Como se ve hay que tocar algunos puntales del actual régimen para redistribuir la riqueza. Y eso requiere voluntad política y decisión, difícil de encontrar en esta campaña electoral.

La otra noticia recoge la respuesta de la Caja al ministro de Hacienda, quien tiene una campaña para desmantelarla aduciendo cifras equivocadas. De la información se desprende que durante esta administración Alvarado, el Gobierno de lo que ha presupuestado como trasferencias corrientes a la Caja, solo ha cumplido con el 50%, es decir que la deuda del Gobierno con la Caja aumenta cada año en ¢250.000 millones. El menos indicado para criticar las finanzas de la Caja es Villegas porque no honra sus compromisos. Primero páguele a la Caja y después critíquela.

Pero La Nación como está en lo suyo, en no descansar ni en las fiestas de fin y principio de año en atacar a los empleados públicos titula: “Gobierno gasta más en pensiones de funcionarios públicos que en IVM…”, ignorando que esas pensiones salen del presupuesto nacional porque no crearon el fondo de pensiones que correspondía y como si los funcionarios públicos fueren los responsables de los impagos del Gobierno. La Caja simplemente le contesta a Villegas que el gobierno paga ¢900.000 millones en pensiones, pero ¢2,2 billones en intereses de la deuda.

Efectivamente dos noticias realmente de mierda: crece la desigualdad de los trabajadores porque todos se han hecho más pobres durante la pandemia y el Gobierno se escuda en los empleados públicos para no pagarle a la Caja.

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:

El regalo navideño de la Junta Directiva de la CCSS

Reforma de pensiones empobrecerá familias trabajadoras

La propuesta de reforma del sistema de IVM, está en la agenda de hoy, para ser aprobada por la Junta Directiva, aprovechando las celebraciones navideñas y político electorales. 

La consulta pareciera en un mero trámite, un requisito obligatorio, sin ningún proceso social participativo, manteniendo su carácter antidemocrático, su absoluta regresividad, recurriendo a la salida fácil, aumentar la edad de retiro y disminuir el monto de las pensiones. Reforzando, además, la deuda histórica, los obstáculos y discriminaciones en el acceso a sistemas de seguridad social para las mujeres. 

Mientras la ilegítima deuda del gobierno con el régimen aumenta exponencialmente, las pensiones de las personas no han sido revaloradas por muchos años, ni siquiera las pensiones mínimas, lo que produce pensionados del régimen de la CCSS cada día más pobres. 

El derecho a la seguridad social, así como el derecho a las pensiones, no son temas filosóficos, son derechos fundamentales, reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y en múltiples instrumentos internacionales, que deben ser inclusivos, progresivos y legítimos jurídica y socialmente. Esta neoliberal reforma, que se impone de manera autoritaria, carece totalmente de legitimidad democrática y desconoce principios fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la equidad y la justicia social. 

¡Con este acuerdo pierde la clase trabajadora y pierde el país! 

Martha E.  Rodríguez G. Representante sector sindical, CCSS.

San José, 14 diciembre de 2021.

UNDECA: ¡Ni vergüenza les da! El desastre hacendario no se puede ocultar atacando a la Caja

No hemos terminado con la pandemia de COVID-19, y de nuevo arremeten, con todo, contra el sistema público de salud y seguridad social de nuestro país.

Esta vez, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas,es el abanderado, quien se lució lanzando sus dardos más venenosos contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Ministro de Hacienda, proclamó la más aviesa afrenta contra esta institución. Declaró que su presupuesto erosiona la estabilidad fiscal, criticó las facturas que le pasa la Caja, por el perro tan amarrado y rabioso que le tiene el Gobiemo, y como si lo anterior fuera poco, censuró el costo de la atención médica que se le brinda a la población.

Las declaraciones del Ministro desprestigian esta institución, favoreciendo la privatización de los servicios de salud pública. No tenemos ninguna duda que los mercaderes de la salud estarán aplaudiendo, estas desastrosas manifestaciones, de un fiel escudero de los más opacos intereses.

¡Cuando el ministro hace una frívola comparación entre los presupuestos de Gobiemo Central y el de la Caja, tratando de manipular la verdad, no dice, que desde luego no ignora, que la causa principal del deterioro de las finanzas del Gobierno es producto de la enorme corrupción, de la evasión, elusión y el contrabando fiscal; además,de los privilegios fiscales que disfruta el poderoso sector empresarial y financiero, nacional y transnacional.

Detrás de esa cortina de humo, el Ministro no pretende otra cosa que no sea seguir eludiendo el pago de la deuda que tiene el Gobiemo, que asciende a la cantidad de 2.300.000 millones de colones, incítando públicamente a los diputados y diputadas a violentar el artículo 177 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asumir el pago de la deuda, que el inflamable discurso del ministro pretende que se le escamoteé a los asegurados y a la población en general

Don Elian, en lugar de fustigar a nuestra emblemática institución, constituida por más de 60.000 personas trabajadoras, que le han puesto el pecho a la pandemia, debería honrar esa vergonzosa deuda.

El Ministro de Hacienda lanzó una proclama nada velada, de guerra contra la institución, la cual resulta totalmente inaceptable proviniendo de un Ministro de Estado.

UNDECA exige que se le pague a la Caja, lo que se le debe.

Llamamos a todas las fuerzas sociales a reforzar la lucha en defensa de la Caja y la salud pública

Las organizaciones sindicales y la clase trabajadora debemos cerrar filas en esta defensa.

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

Atacar con mentiras a la Caja

Por Luis Paulino Vargas Solís

Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.

Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.

Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.

Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:

– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.

– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.

(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).

La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.

Respeto a pago bisemanal: logro de trabajadoras y trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social

UNDECA: La lucha de los y las trabajadoras de la CCSS logró consolidar que se mantenga el pago bisemanal de su salario. 

Además, según su representante «los actos de las y los trabajadores que logren afectar a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (Ley 9635) son correctas». Según su perspectiva, a través de movilizaciones y lucha se ganan las cosas.

Asimismo, consideran que las y los diputados de PLN, PAC, cristianos y evangélicos han afectado al sector en los últimos 8 años, por lo que establecen que no tienen la confianza y lo que se merecen es que voten contra esos partidos tradicionales. 

Añaden que la Ley 9635 tiene que seguir desintegrándose y se debe mantener la lucha para descarrilar el proyecto de Ley de Empelo Público para que no se apruebe.