El laboratorio del malestar: Costa Rica como advertencia internacional

«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.

Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.

Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.

¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.

Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.

La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.

El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.

El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.

A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.

El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.

El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.

Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.