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Etiqueta: CEJIL

Emergencia climática y derechos humanos: un nuevo marco jurídico para las Américas

El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva (OC) 32/25, un marco jurídico innovador que reconoce el cambio climático como una emergencia mundial. En respuesta a una solicitud conjunta de Colombia y Chile, la Corte declaró que todos los Estados miembros de la OEA tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de responder con medidas urgentes, concretas y basadas en la ciencia.

Este dictamen sienta un precedente jurídico histórico, al ofrecer una hoja de ruta vinculante basada en el derecho internacional y la ciencia, que afirma que la acción climática no es opcional; es una obligación para proteger los derechos humanos.

El CEJIL, se enorgullece haber apoyado este proceso desde el principio, aportando su experiencia, facilitando la participación regional y contribuyendo al desarrollo de esta poderosa herramienta jurídica para proteger a las personas de los graves efectos del cambio climático.

Profundice en esta histórica opinión explorando y compartiendo el nuevo sitio web con toda la información relacionada a la OC32, incluyendo:

El texto completo de la Opinión Consultiva N.º 32 y el resumen oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un resumen analítico para facilitar su lectura.

Próximos eventos sobre clima y derechos humanos.

Blogs de personas expertas que analizan el alcance de la OC32 sobre la emergencia climática y los derechos humanos.

Asamblea Legislativa debe evitar posibles conflictos de interés en la selección de magistratura para la Sala III

San José, Costa Rica 22 de julio 2025. Actualmente en la Asamblea Legislativa se realiza el procedimiento de selección de una persona magistrada para integrar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala tiene entre sus diversas competencias, la de juzgar a miembros de los supremos poderes (artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Penal). El procedimiento prevé que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) realice un proceso de evaluación de las candidaturas y haga una recomendación al plenario, que elegirá a la persona magistrada.

Como es de conocimiento público, varias personas diputadas están siendo investigadas penalmente por diversos delitos; incluso, contra algunas de ellas, ya se ha planteado acusación formal por parte del Ministerio Público y se ha efectuado -o está en trámite- el traslado a la Asamblea Legislativa de la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.

Considerando que estas solicitudes de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal contra diputaciones coinciden con el proceso de selección de una de las magistraturas de la Sala que eventualmente tendrá a cargo el juzgamiento final de estas personas, resulta importante hacer un llamado a la Asamblea Legislativa a asegurar que no existan conflictos de interés en este proceso de selección, en aras de no afectar la legitimidad del sistema de justicia y la imparcialidad del órgano decisor.

Es importante recordar que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública establece (artículo 48) el delito de legislar o administrar en provecho propio, señalando que este se configura cuando un funcionario público “sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”.

Por lo anterior, hacemos un vehemente llamado a las diputaciones que actualmente están siendo investigadas penalmente -particularmente a aquellas cuyo levantamiento de la inmunidad ha sido solicitado o está en proceso- a inhibirse de intervenir en el proceso de selección de la terna así como de votar en el plenario el nombramiento de la persona a integrar la Sala Tercera.

En consecuencia, llamamos al directorio de la Asamblea Legislativa, o en su defecto al Plenario, a realizar las consultas técnicas pertinentes sobre posibles conflictos de interés, previo a dar continuidad a este proceso de selección.

Firman
Organizaciones que suscriben el pronunciamiento:
Asociación Americana de Jurista, Rama Costa Rica
Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Costa Rica Íntegra (CRI)

A 30 años de su asesinato: se erige un monumento en memoria de Jeannette Kawas

Tela, Atlántida, 16 de mayo de 2025.- A más de 30 años del asesinato de la ambientalista y defensora Blanca Jeannette Kawas Fernández, organizaciones que formamos parte de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) alzamos la voz por su memoria y legado. Hoy, 16 de mayo, celebramos la instalación de un monumento en su memoria, un símbolo de su lucha por la vida.

El acto que se realizó el día de hoy en el Parque a La Madre en Tela, Atlántida, es resultado de una las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como garantías de no repetición en la sentencia de 2009 que responsabilizó al Estado de Honduras por el asesinato de la defensora Kawas.

Como organizaciones que hemos acompañado este caso, reconocemos este acto como un paso necesario para preservar la memoria, para hacer justicia para la familia de Jeannette Kawas y para que este tipo de hechos no se repitan. Este nuevo símbolo será un recordatorio de que el espíritu de Jeannette sigue vivo en cada persona que defiende los bienes comunes, los recursos naturales y la vida desde sus territorios.

Desde la Mesa de Seguimiento reconocemos la importancia de este acto como un paso necesario en el camino hacia la justicia integral para el caso de Kawas y de todas las personas defensoras en Honduras. Pero a su vez, insistimos en que a más de tres décadas del crimen que arrebató la vida de Jeannette, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de los hechos es una deuda pendiente del Estado. Sin el combate a la impunidad de violaciones a derechos humanos perpetradas contra personas defensoras, la historia está condenada a repetirse, como ha sido demostrado en decenas de asesinatos de defensores en los últimos años.

Hoy, Honduras continúa siendo uno de los países más peligros para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde el 2022 a la fecha hay un saldo de 35 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el país; la mayoría, en la impunidad. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, ocurrido en septiembre de 2024, como represalia por su labor de defensa y a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la grave situación de riesgo en que se encontraba.

Como organizaciones integrantes de la Mesa, llamamos al Estado a mantener el compromiso que asumió el día de hoy con la memoria de Jeannette Kawas para acatar las medidas de reparación pendientes decretadas por la Corte IDH en casos de similar naturaleza, velar por su cumplimiento íntegro y garantizar justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos del país. Por ello, solicitamos al Estado:

  • Garantizar una investigación real, imparcial y eficaz sobre el asesinato de Jeannette Kawas Fernández, que desmantele la impunidad y prevenga la repetición de estos crímenes contra quienes defienden nuestros bienes comunes.

  • Fortalecer de manera urgente el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de recursos adecuados y un enfoque preventivo que responda a las crecientes amenazas que enfrentan las defensoras y defensores del ambiente y en general, de derechos humanos en Honduras.

  • Acelerar la aprobación e implementación del Protocolo Carlos Escaleras, como una herramienta fundamental para el combate a la impunidad, asegurando investigaciones diligentes, y con un enfoque diferenciado en los crímenes perpetrados contra quienes defienden los derechos humanos y el ambiente.

Que el honrar de la vida de Jeannette Kawas se traduzca en acciones firmes, en la voluntad política y en la consecución de la justicia integral. Que actos como estos y los que faltan, sean el inicio de un camino firme hacia el cumplimiento total de las obligaciones del Estado con la justicia, la verdad y la no repetición.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con la familia de Jeannette Kawas y reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad y la justicia de todas las mujeres que defienden derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

Viviana Krsticevic recibe Premio Mujeres Destacadas en Derecho Internacional 2025

La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, ha sido galardonada con el Premio Mujeres Destacadas en Derecho Internacional 2025, otorgado por la Sociedad Americana de Derecho Internacional (ASIL).

El reconocimiento destaca su labor en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho internacional. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 18 de abril en Washington D.C., durante la Reunión Anual de ASIL.

Helen Mack, presidenta del Consejo Directivo de CEJIL, expresó sus felicitaciones a Krsticevic y al equipo de la organización por este reconocimiento que honra décadas de compromiso en la lucha contra la impunidad.

Krsticevic ha dedicado su trayectoria profesional al servicio público desde sus inicios como abogada en Buenos Aires, continuando con sus estudios en Stanford y Harvard, hasta su actual función como directora ejecutiva de CEJIL.

Bajo su liderazgo, CEJIL ha impulsado litigios emblemáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre graves violaciones y ha promovido casos sobre igualdad de género, libertad de expresión, reparaciones, justicia climática y protección a personas defensoras de derechos humanos.

Entre sus contribuciones destacan el desarrollo del Protocolo de la Esperanza —herramienta para investigar amenazas contra personas defensoras— y la cofundación de la Campaña GQUAL, que promueve la paridad de género en espacios internacionales de toma de decisión.

Actualmente, Krsticevic también se desempeña como experta en la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, creada por la ONU, donde visibiliza las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas durante las protestas iniciadas en 2022.

CIDH conocerá sobre situación general de los derechos humanos en Costa Rica

El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica.

Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial.  El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH),  Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)  y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).

Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.

Para seguir la Audiencia:

DÍA:  miércoles 5 de marzo

HORA: 1:00 (CR) /2:00 pm (Washington DC).

TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_GOXVRXDUQyehgA5Wrzl32w#/registration

CIDH conocerá sobre impunidad y obstáculos para la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala

El martes 4 de marzo de 2025 a la 3:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la impunidad y los obstáculos a los que se enfrenta la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala. El Estado deberá responder a las denuncias hechas y atender las recomendaciones que haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, la Guatemala Human Rigths Comissión y representantes de los casos Mujeres Achi y Masacre de la cumbre de Alaska.

Para seguir la Audiencia:
DÍA: martes 4 de marzo
HORA: 15:00 (GT) /16:00 pm (Washington DC).
TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_zJGUS-GEQYCcY0AU_H4_hQ#/registration

Mesa de Seguimiento de Sentencias: “Tras 30 años sin justicia, decimos: BLANCA JEANNETTE KAWAS, PRESENTE”

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.

Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las  tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.

Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas

Caso Molina Theissen: Guatemala debe garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos

Las Américas, 6 de febrero de 2025. Las organizaciones internacionales firmantes advertimos sobre el daño irreparable al acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, que podría producirse de anularse la sentencia condenatoria contra cuatro altos mandos militares implicados en el Caso Molina Theissen, cuyos hechos datan de 1981.

El 23 de mayo de 2018 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo C condenó a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por este delito también se condenó a Francisco Luis Gordillo Martínez. El tribunal también encontró responsables a los exmilitares por la violación agravada en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por ende, los señores Zaldaña Rojas, Callejas Callejas y Lucas García cumplen con una pena de 58 años de prisión, y el señor Gordillo Martínez de 33 años de prisión.

Este fallo representó un avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen en 2004 que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio y le ordenó investigar los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. La condena de estos altos rangos militares representó un hito en la justicia transicional guatemalteca.

Sin embargo, los cuatro condenados no han cesado de presentar recursos legales maliciosos para quedar en libertad y lograr impunidad. Además, sus representantes legales y allegados han mantenido una campaña de desinformación, acoso y criminalización en contra de la familia Molina Theissen.

El jueves 6 de febrero se desarrollará una audiencia ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, para resolver los recursos de apelación especial contra la sentencia. De proceder los recursos, los procesos realizados y las sentencias corren el riesgo de ser anuladas, y los perpetradores verían garantizada su impunidad. 

Advertimos que, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática y cooptación del sistema de justicia, el riesgo de retrocesos para las víctimas y familiares que siguen exigiendo justicia, verdad, reparación y no repetición, es cada vez más alarmante en Guatemala. El Estado se arriesga además al desacato de la sentencia de la Corte Interamericana.

Reiteramos nuestra solidaridad con la familia Molina Theissen, ejemplo de dignidad y resistencia en su demanda de verdad, justicia y no repetición.  Así mismo, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que cumpla las sentencias y resoluciones internacionales y ratifique la condena contra los cuatro militares responsables de los crímenes que se cometieron contra la familia Molina Theissen.

FIRMAN

Impunity Watch

Washington Office on Latin America -WOLA

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

Guatemala Human Rights Commission -GHRC 

Due Process of Law Foundation – DPLF

Robert F Kennedy Human Rights

Latin America Working Group – LAWG

Organizaciones internacionales piden a Corte Suprema de Justicia responder solicitud de Amparo de José Rubén Zamora para mantener su libertad – Guatemala

Las Américas. 13 de enero de 2025 Las organizaciones firmantes vemos con preocupación la falta de respuesta por parte de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, al amparo presentado por la defensa del destacado periodista José Rubén Zamora del 15 de noviembre de 2024, para evitar su regreso a la prisión.

En una audiencia programada para el lunes 13 de enero por la mañana, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal dará cumplimiento a la resolución de la Sala Segunda para revocar las medidas sustitutivas. Es urgente que la Corte Suprema de Justicia resuelva la solicitud de amparo de manera inmediata para garantizar su libertad, seguridad y sus derechos humanos.

El Sr. Zamora estuvo detenido 813 días por presuntos delitos financieros, desde julio de 2022, hasta que fue excarcelado bajo la medida sustitutiva de arresto domiciliario el 18 de octubre de 2024. Al mes siguiente, un tribunal de apelación guatemalteco revocó las medidas sustitutivas de uno de los casos y ordenó que el Sr. Zamora volviera a la cárcel; este lunes se daría cumplimiento a esta orden.

Su detención ha sido considerada arbitraria y una violación del derecho internacional por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) y un amplio número de estados a nivel global. Según el análisis del GTDA y numerosas organizaciones internacionales, el proceso en su contra se ha caracterizado por múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo.

El equipo de defensa del Sr. Zamora presentó una solicitud de amparo en noviembre de 2024; hasta la fecha, la CSJ aún no ha respondido. Si la CSJ no concede el amparo antes de la audiencia del día 13 de enero el Sr. Zamora podría reingresar a un centro de privación de libertad ese mismo día.

Además de las repetidas violaciones de sus derechos observadas a lo largo de este proceso judicial, también nos preocupan las repercusiones en su salud, bienestar y seguridad física en caso de revocarse sus medidas y reingresar a prisión preventiva.

El Sr. Zamora sufrió impactos negativos en su salud durante los más de 800 días de detención arbitraria. La preocupación por su seguridad es especialmente urgente tras la reciente muerte por heridas de bala de una persona privada de libertad en la prisión de Mariscal Zavala, ocurrido el sábado 4 de enero. Este es el centro donde el Sr. Zamora estuvo recluido durante su detención arbitraria, y donde se infiere que regresaría de revocarse sus medidas.

Es sumamente alarmante que el Sr. Zamora pueda encontrarse otra vez en condiciones de detención arbitraria. Él ha honrado en todo momento las condiciones de las medidas sustitutivas, demostrando que no se justifican las causales para determinar la prisión preventiva.

Instamos a la Corte Suprema de Justicia a resolver la solicitud de amparo sin más demora, poner fin a la detención arbitraria y garantizar el respeto de la presunción de inocencia del periodista Zamora.

Hacemos un llamado al Estado Guatemalteco a que garantice los derechos del Sr. Zamora y asegure que cualquier otro proceso legal contra el mismo se lleve a cabo con celeridad y de conformidad con el derecho internacional.

También instamos al Estado de Guatemala a garantizar la salud, seguridad física e integridad del Sr. Zamora y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y obligaciones legales.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la situación de derechos humanos, de la justicia y del Estado de derecho en Guatemala y brinde apoyo a los periodistas independientes y defensores de derechos humanos.

FIRMAN
Cyrus R. Vance Center for International Justice
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Luis Von Ahn Foundation
Due Process of Law Foundation (DPLF)
American Jewish World Service
Impunity Watch
Washington Office on Latin America (WOLA)
Latin America Working Group
Be Just
Guatemala Human Rights Commission
Robert F. Kennedy Human Rights
Article 19
Protection International
Fundación por la Justicia
Lawyers Without Borders

Guatemala: preocupan retrocesos en justicia transicional

Las organizaciones internacionales firmantes alertamos sobre el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional, a raíz de los recientes cambios que realizó la fiscal general Consuelo Porras en la Fiscalía de Derechos Humanos, así como las recientes resoluciones de las Salas de Apelaciones que buscan garantizar impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El 5 de noviembre, la recientemente electa Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló de manera arbitraria todo el proceso judicial del caso Creompaz,  uno de los casos más grandes de desaparición forzada de Guatemala, ordenando la libertad inmediata de todos los militares implicados en el caso.  Entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, acusado de genocidio en contra de la población Maya Ixil durante el gobierno de su hermano, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

El 28 de noviembre, después de 9 meses de juicio en el Caso Genocidio contra Lucas García, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la recusación del Tribunal de Sentencia Penal presentada por la defensa, ordenando que el caso sea conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B. Esto detiene el juicio en su fase final, impidiendo la emisión de la sentencia y anulando años de avance en dicho proceso.

El 4 de noviembre, la fiscal general ya había destituido al fiscal encargado durante años del caso Genocidio, Erick de León. Recordamos que la justicia guatemalteca determinó en dos ocasiones que el ejército implementó una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt.

La fiscal general prácticamente desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos, con la destitución de 3 fiscales y el traslado de 11 auxiliares y agentes fiscales que investigaban casos del conflicto armado. Además, nombró como titular de dicha fiscalía a Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien es una de las personas incluidas en la Lista Engel, y ha sido el principal impulsor de la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra, así como de otras personas defensoras de derechos humanos.  Preocupa que la fiscalía general profundice la estrategia de criminalización en contra de personas operadoras de justicia que han estado a cargo de dichos procesos, abogados, abogadas y personas defensoras.

Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que debilitan el Estado de Derecho y la democracia en el país.

Por ello recordamos al Estado de Guatemala, la urgencia de cumplir de forma inmediata con sus obligaciones internacionales, particularmente las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al deber de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además, hacemos un llamado al Estado para que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente la que se refiere a realizar un examen independiente sobre la labor del Ministerio Público y que cese el uso indebido del derecho penal para criminalizar.

FIRMAN

American Friends Service Committee (AFSC)
American Jewish World Service (AJWS)
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Fundación Luis von Ahn
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Impunity Watch
Latin American Working Group (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)