La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron el libro titulado “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe (2023 – 2024)”. El libro se centra en fortalecer la cooperación regional para impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes a la crisis. Las instituciones promueven el uso justo de este documento.
Esta publicación está disponible en formato electrónico (PDF) en las siguientes direcciones electrónicas:
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
El Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe se realizará entre los días 26 y 28 de septiembre de 2023, en la Ciudad de Panamá, Panamá
Organizan: CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno de Panamá, y el apoyo del Banco Mundial.
En el Segundo Foro que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá entre el 26 y el 28 de septiembre, se abordará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se compartirán experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente, y se continuarán las discusiones y consultas del Plan de Acción.
Objetivos del Segundo Foro Anual
a. Reflexionar y sensibilizar sobre la situación y riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
b. Conocer los mecanismos e iniciativas de promoción, prevención y protección de personas defensoras, existentes en el mundo y en la región.
c. Contribuir a fortalecer las capacidades y la cooperación entre las Partes, del público y otros actores clave en la materia.
d. Discutir y recibir propuestas para el Plan de Acción en las mesas de trabajo con todas las personas participantes.
Las conclusiones del foro y las mesas de trabajo se plasmarán en un informe final que servirá como insumo para la elaboración y revisión del plan de acción por parte del Grupo de Trabajo.
Modalidades de trabajo
El día 26 de septiembre habrá espacio para reuniones preparatorias previas al Foro. El 27 de septiembre se dará inicio al Foro y tendrá un formato de plenaria, donde a través de paneles de expertos, mesas redondas de discusión y testimonios seleccionados se buscará profundizar en la temática y dar a conocer el estado de situación de las personas defensoras en la región, identificar nuevos desafíos y las iniciativas o mecanismos nacionales y regionales de protección existentes en la materia.
Durante el día 28 de septiembre, se llevará a cabo una discusión focalizada del plan de acción, donde habrá mesas de trabajo centradas en cada uno de sus ejes y que reportarán sus resultados al pleno.
El foro será presencial con transmisión en vivo.
Las mesas de trabajo serán presenciales y virtuales, las cuales funcionarán en forma paralela.
Habrá interpretación simultánea español-inglés.
Panelistas y público objetivo
En el Segundo Foro participarán las Partes del Acuerdo de Escazú, especialistas reconocidos en el tema, actores clave, y el público en general, especialmente, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.
Participación y registro
Habrá cupos para la participación del público de manera presencial en todo el Foro (incluidas las mesas de trabajo), previo registro y confirmación de su acreditación, según el espacio disponible en el recinto del evento.
Adicionalmente, se habilitará la participación virtual del público en las mesas de trabajo durante el segundo día del Foro (28 de septiembre), previo registro.
El seminario internacional “Brechas de desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe” es organizado por la sede subregional de la CEPAL en México, con el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y tendrá lugar en San José de Costa Rica desde el 20 al 21 de junio del 2023.
La sede subregional de la CEPAL en México, ha emprendido la tarea de realizar investigaciones específicas sobre las desigualdades que afectan de manera particular a los países que atiende (Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana). En el período 2022 -2023 se realizaron más de 17 estudios en el marco del proyecto «Nueva ruralidad y brechas estructurales”, con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Los temas abordados fueron pobreza y desigualdad de ingresos, protección social y acceso a servicios públicos, agricultura y sistemas alimentarios, innovación, productividad e inversión, así como datos para la medición de la desigualdad.
Con el propósito de acompañar a los países de la subregión en acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estos estudios han derivado propuestas para cada tema analizado que contribuyan a mejorar la forma de hacer políticas públicas e incorporen el componente de la reducción desigualdad como un eje central de su quehacer.
El objetivo del seminario es analizar los desafíos que enfrenta la subregión de Centroamérica, México y el Caribe hispano en cuanto a la desigualdad y las brechas estructurales entre países y grupos de población, y proponer estrategias para abordarlas. En esta actividad se expondrán los resultados de estudios, realizados por funcionarios de sede subregional de la CEPAL en México y otros expertos , junto con experiencias y buenas prácticas del país anfitrión.
El temario provisional del seminario es el siguiente:
Brechas de desigualdad en Centroamérica, México y El Caribe
Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).
El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).
Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).
Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos
Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.
En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).
El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.
En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).
Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.
La COP 1 y la COP2 en breve
Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).
La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).
En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).
Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).
En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los acuerdos alcanzados en la COP2
Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.
A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.
En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.
Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).
Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.
Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).
Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).
A modo de conclusión
Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).
Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.
Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponibleaquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
Del 22 de noviembre al 23 de noviembre se llevará a cabo el primer foro sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, este foro dará inicio de manera presencial, en el Salón Imperial del Hotel Dann Carlton de Quito, Ecuador, ubicado en Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda, y paralelamente tendrá participación remota a través de Zoom y transmisión en vivo a través de Youtube.
Dicho evento es organizado por CEPAL, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.
El principal objetivo será generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, que reúna a las Partes del Acuerdo de Escazú, a especialistas reconocidos en el tema, y al público en general, especialmente, a personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales, además de personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.
Dicho foro será abierto para participación presencial o virtual vía zoom, con inscripción previa. Habrá cupos limitados para participar de manera presencial, según los aforos disponibles en el recinto del evento.
Inicios de los años ochenta del pasado siglo: la elevación, a niveles récord, de las tasas de interés en el mundo, gatilló la crisis de la deuda externa, en América Latina -incluida Costa Rica- y en otros países del sur, especialmente en África. Vinieron entonces los “programas de ajuste estructural”, y, con estos, la “década perdida de América Latina”, según el concepto que la CEPAL formuló para designar la devastación ocasionada.
Año 1989: el economista británico John Williamson propone el concepto “Consenso de Washington” para designar ese pernicioso conjunto de políticas estandarizadas que, bajo el epígrafe de “ajuste estructural”, le habían sido impuestas a los países endeudados del sur, especialmente nuestro América Latina. El término hacía referencia al hecho de que esas políticas eran promovidas, y de hecho impuestas, por tres organizaciones cuya sede principal está en Washington: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Williamson lo dejó planteado como un conjunto de diez políticas de inequívoca inspiración neoliberal.
Años noventa: favorecida por la caída del muro de Berlín, el derrumbe del socialismo real y la agresiva globalización de la economía mundial, la propuesta neoliberal, convertida en poderosa marejada, arrasa por doquier en América Latina. Salinas de Gortari en México, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú son las figuras más descollantes. Privatizaciones masivas, total liberalización de los capitales, desregulación financiera. En Costa Rica, Calderón Fournier y Figueres Olsen también lo intentan, pero la resistencia de los movimientos sociales solo les permite un avance parcial de su agenda.
Así, los noventas fueron una segunda década pérdida, cuya herencia fue sociedades aún más desiguales y violentas.
Las experiencias de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y centroizquierda en el nuevo siglo, dejan un legado heterogéneo: algunas relativamente exitosas (el Brasil del PT, pero, sobre todo, el Uruguay del Frente Amplio); otros con una mixtura de logros y desaciertos (Ecuador, Bolivia, inclusive la Argentina de Cristina y Kirchner). Otros, simplemente fallidos.
Y en lo que a Costa Rica compete, entramos, a partir de 2009, en una crisis que se cronificó. La crisis pasó a ser normalidad, y no ruptura momentánea de esa normalidad. Quienes pensábamos que eso podía resultar terreno fértil para la emergencia de algún “outsider” con aires de redentor, tristemente acertamos.
El “outsider” llegó, vio y ganó. Y con él, un programa que reproduce en Costa Rica la experiencia latinoamericana de los noventa: una propuesta neoliberal extremista y autoritaria.
Misma propuesta, dije. Y, con seguridad, los mismos nefastos resultados.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su página de Facebook.
En el marco de la colaboración con la OIT y la OPS, y del trabajo conjunto con la Cooperación Alemana y la Facilidad para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea, la CEPAL organizó el II Seminario Regional de Desarrollo Social del 30 de agosto al 1 de setiembre de 2022. En esta edición se tuvo por objetivo brindar un espacio de diálogo y reflexión sobre los sistemas de seguridad social en la región de América Latina y el Caribe, con atención a los diagnósticos, desafíos y orientaciones estratégicas para procesos de reformas y reestructuración en los sistemas de pensiones y salud ante un contexto incierto de recuperación por pandemia.
En la primera sesión llevada a cabo el 30 de agosto, abordó el tema de, fortalecimiento de la seguridad social, con varias personas profesionales en el tema.
En la segunda sesión realizada el 31 de agosto, se trató el tema del sistema de pensiones, con 4 presentaciones magistrales de diversos profesionales.
La tercera y última sesión realizada el 1 de setiembre, trató el tema de los desafíos de reforma en los sistemas de pensiones en la región y el nuevo escenario a partir de la pandemia.
El siguiente documento fue elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la cuarta reunión de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
En éste, se analiza el impacto que la pandemia por el COVID-19 tuvo en los países de Latinoamérica dado el contexto ya conocido de la región por sus grandes desigualdades, aumentadas por el embate de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el documento se plantean recomendaciones para la recuperación de las naciones latinoamericanas, no sólo en el tema de la pandemia sino que en otros temas de interés social.
Del 20 al 22 de abril se realizará la Primera de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, organizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este espacio constituye la oportunidad para compartir conocimientos, establecer redes e intercambiar experiencias en materias relacionadas con el Acuerdo de Escazú.
En este contexto, la Asociación Americana de Juristas es una O.N.G. fundada en 1975, con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas e invita a la conferencia: “Urge la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina”, a celebrarse el día viernes 22 de abril. Esta actividad contará con panelistas de Costa Rica, México, Brasil y Argentina.
Fecha:
Viernes 22 abril 2022
Hora:
15hrs Costa Rica y Centroamérica.
16hrs Colombia y México (CDMX)
17hrs Chile
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
De acuerdo con la CEPAL, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
